lunes, 18 de abril de 2011

Retiro: tierra de drogas, robos y usurpaciones

Por Pablo Tomino - Especial para lanacion.com
Puede que no todo se ajuste, en mayor o en menor medida, a la innegociable letra firme de las leyes que rigen en una sociedad. Pero habrá que convenir que el apego a las reglas será siempre garantía de un presente próspero y de un futuro alentador. Sin embargo, velar por el instrumento que consagrará la buena convivencia social suele no ser prioritario para los garantes de que las leyes se cumplan: el Estado, las fuerzas de seguridad y la Justicia.
La ciudad de Buenos Aires tiene hoy su monumento vivo a la ilegalidad, cuyo nombre propio bien podría registrarse como devaluada marca: Retiro. Donde el imaginario colectivo confluye en un único escenario con miles de viajeros que transitan desde y hacia las estaciones de trenes Mitre y San Martín, la terminal de ómnibus y las villas 31 y 31 bis, y ahora el pujante asentamiento San Martín, que en cuatro meses se pobló con 500 familias que convirtieron un predio del Estado en un barrio de casas de material.

En esa suerte de triángulo ajeno al cumplimiento de normas, invisible para los ojos de la autoridad, todo puede ocurrir. Y nada pasa. Los niños que se drogan en la calle; se cuentan de decenas los arrebatos a los pasajeros; hay taxistas que hacen trampas con billetes falsos; existen denuncias de comercialización de estupefacientes; se advierte la venta ambulante en la vía pública sin autorización; se multiplica el tráfico ilegal de materiales de construcción en las villas; hay prohibiciones de edificación que son desoídas, y no cesan las usurpaciones violentas y los asesinatos por 30 centímetros de tierra. Hay, por sobre todo, desidia, inseguridad y descontrol.

Un dato, el martes pasado, había tres (tres, sí) agentes de la Policía Federal custodiando la Villa 31, donde viven unas 26.000 personas. Al tamaño cerrojo policial habrá que descontarle un agente, que estuvo abocado a vigilar una ambulancia del SAME, según una disposición judicial. Esta custodia obligó a dejar al descubierto la intersección de las calles 6 y 5, la esquina de la villa 31 donde los llamados ¨bolseros¨, que roban las valijas de los ómnibus que salen de la terminal con pasajeros, tuvieron zona liberada para hacer de las suyas. Pero sólo hay 10 agentes por turno en la comisaría 46, con jurisdicción en la zona. Por ende, los recursos humanos no alcanzan.

La zona de la terminal de ómnibus también está minada de arrebatadores. Territorio dominado por quienes se bautizaron como "Las Lebas", un grupo de chicas consumidoras de paco, que roban para drogarse. Ellas suelen tener duros enfrentamientos con los policías; son violentas y hasta han llegado a golpearlos. Pero por ser menores, su estadía en la comisaría dura lo que un café en un bar de paso. "Las Lebas", observadas por este cronista, deambulan por los bares de la avenida Ramos Mejía pidiendo también dinero. Algo prepotente, toman los restos de cervezas que quedan en las mesas, y son echadas de todos lados. La policía admite que un buen tirón de orejas es el castigo más eficiente para disuadirlas.

No se trata de criminalizar la pobreza; otros habitantes de las villas de Retiro son trabadores y viven de las ¨changas¨ y del ¨cartoneo¨. Pero todos han usurpado un terreno, instalándose en estas tierras del Estado Nacional, las más caras de la ciudad, sin previo aviso. Van ganando posición a lo ancho y a lo alto, desafiando todas las leyes, incluso la de gravedad: cinco pisos de construcciones sin medidas de seguridad puede ser una graciosa anécdota para algunos, pero un verdadero drama si un día ceden los precarios ladrillos. En la villas 31, 31bis y ahora en la San Martín, rige la prohibición de ingresar materiales para la construcción. El gobierno y la policía deben controlar que esto no suceda. Sin embargo, basta con recorrer cada rincón de estos terrenos tomados para verificar que las obras tienen plena vigencia.

Pero... es como si un elefante caminara por la avenida Santa Fe y todos miraran para otro lado. Conviene aclararlo: no se trata de una falta de decisión política del Estado para atacar el problema, como suele explicarse. Muy por el contrario: la decisión política es, justamente, hacerse el distraído. Es controlar a medias; es evitar conflictos que lastimen políticamente y es estirar la agonía hasta que la realidad se imponga en las últimas consecuencias. El riesgo es muy alto, claro. Sólo queda rogar que el despertador del cumplimiento de las normas no suene con una tragedia.
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