miércoles, 22 de mayo de 2013

Báez, en carrera para otra obra millonaria

Por Antonio Rossi - Diario Clarín
El Gobierno “precalificó” al grupo que integra su constructora en la licitación de las usinas de Santa Cruz.

Sin reparar en las denuncias de corrupción y lavado de divisas que involucran a Lázaro Báez, el Gobierno decidió convalidar la participación del polémico empresario ultrakirchnerista en uno de los consorcios internacionales que pugnan por quedarse con la mayor obra pública nacional que se realizará en Santa Cruz y costará unos $ 24.218 millones.

Con casi dos meses de atraso y en medio de las nuevas causas judiciales que enfrenta el empresario patágonico, la administración kirchnerista “precalificó” ayer a los grupos oferentes que pueden seguir compitiendo en la licitación de las usinas hidroeléctricas que fueron rebautizadas con los nombres de Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic.

Entre los cuatro consorcios precalificados se encuentra el que integra Austral Construcciones (AC), la empresa insignia de Lázaro Baéz que monopoliza casi todas las obras públicas de Santa Cruz y está presente en las UTE de los grandes proyectos de infraestructura del resto del país.

La empresa AC forma parte del consorcio oferente que lidera, con una participación del 60%, el grupo chino Sinohydro. Al igual que Iecsa (la constructora de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri), Baéz tiene un 15% de la sociedad, la cual se completa con otras dos constructoras de buena llegada a la Casa Rosada: Esuco (5%) y Chediak (5%).

Los otros tres consorcios que también siguen en carrera son los siguientes:
- Gezhuoba Group de China, Electroingeniería e Hidrocuyo.
- IMPSA (Pescarmona), Odebrecht y Alstom Brasil.
- Inter Rao y Power Machine (Rusia), Isolux Ingenieria (España), Isolux Brasil y las locales Panedile, Eleprint, Helport e Hidroeléctrica Ameghino.

Pese a que había presentado sus antecedentes técnicos y económicos, el consorcio conformado por la coreana Hyundai Engineering, la brasileña OAS y las locales CPC (del empresario K Cristóbal López), Cartellone y Rovella Carranza quedó excluido al no haber entregado la documentación respaldatoria del financiamiento que exigía el pliego licitatorio.

A partir de ahora correrá un período de 15 días para que los grupos puedan cruzarse impugnaciones. Para evitar contratiempos, desde el ministerio de Planificación de Julio De Vido ya la habrían bajado la instrucción para que no presenten cuestionamientos, pese a que todos los consorcios tendrían alguna que otra inconsistencia legal y operativa.

Si no se registran nuevas demoras, a mediados de junio deberían abrirse los sobres con las ofertas económicas. Según las reglas de juego, la megaobra se ajudicará al grupo que presente la propuesta “conveniente”. Para eso, los técnicos oficiales van a tener en cuenta no sólo el valor final de la obra, sino t

ambién las tasas de interés, los plazos, las garantías y los esquemas de financiamiento que presenten los consorcios.

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