Por Redacción de Notitrams - Los talleres navales de la Dársena Norte fueron recuperados por los trabajadores y posteriormente estatizados
El máximo tribunal rechazó un recurso de la defensa de dos procesados
en la causa penal por defraudación al Estado con la privatización de
Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) y dejó firme así el juicio
oral que debe realizarse por el supuesto perjuicio calculado en unos 45
millones de dólares que dejó la operación en el gobierno del ex
presidente Carlos Menem.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un "pedido de
revisión" hecho por el abogado Jorge Anzorreguy, en representación de
dos de los procesados por defraudación al Estado, los empresarios
Alejandro Boffil y Nachat Samman, según informaron fuentes judiciales.
La causa ya está enviada a juicio a cargo del Tribuna Oral Federal 5
que todavía no realizó el debate. En caso de concretarse el juicio,
además de los dos empresarios se sentarán en el banquillo de los
acusados el ex representante del Estado en el directorio de Tandanor,
Eduardo Tesoriere, y los responsables por entonces de Indarsa
adjudicataria de Tandanor- Gerardo Donato, Delia Lanfranco, Juan Alvarez
de Toledo, Miguel Larminat y Juan Vlastó.
“Las decisiones de esta Corte no son, en principio, susceptibles de
recurso alguno, sin que en el caso se configure algún supuesto
estrictamente excepcional que justifique apartarse de tal doctrina. Por
ello, se desestima la presentación”, consideró la Corte sobre un pedido
de revisión del rechazo a un recurso de queja presentado por el abogado.
Según la pesquisa, hubo una maniobra a través de venta fraudulenta del
90 por ciento de las acciones que el Estado poseía en Tandanor. Esto
derivó en un presunto fraude de 45.260.094,65 de dólares más intereses
de los tres primeros años de gracia del contrato.
Tras la declaración de presunta quiebra por parte de los principales
accionistas en 1999, los trabajadores continuaron trabajando de forma
cooperativa. El 30 de marzo de 2007 el gobierno del presidente Néstor
Kirchner reestatizó Tandanor por decreto, declarando nula de nulidad
absoluta la privatización realizada en la década anterior y estableció
que los trabajadores reciban un 10% de las acciones.
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