Por Fernando
Gutierrez -iProfesional.com
Los expertos
advierten que una eventual estatización de Edenor y Edesur, que están
técnicamente quebradas, no resolvería el problema sino que le traería más
complicaciones al Estado. Además, ven menos margen político para corregir el
retraso tarifario
-El crecimiento de la demanda es una condición necesaria, pero no suficiente.
-¿Sin aumento, podrán mantener la calidad del servicio?
-El servicio no es algo que se va a degradar rápidamente. Pero si no se hacen las inversiones necesarias, podría haber problemas a mediano plazo, caerá la calidad. No estamos en un nivel óptimo porque no podemos invertir en las redes.
El diálogo era en París, entre un grupo de periodistas argentinos y Gerard Creuzet, el vicepresidente de Electricité de France, por ese entonces accionista de Edenor. El momento de la charla: octubre de 2003, cuatro meses después de la asunción de Néstor Kirchner como presidente.
Hoy, en pleno debate por los servicios públicos, el repaso de ese diálogo puede causar un efecto deprimente, porque es un recordatorio de lo poco que han cambiado algunas cosas luego de una década.
Planteos sobre cómo había que hacer la suba tarifaria, polémicas sobre si se había ganado demasiado e invertido poco en los '90, acusaciones de "bajadas de palanca" para generar zozobra política, advertencias sobre sanciones si llegasen a ocurrir cortes... Absolutamente todos los condimentos que hoy se escuchan en la televisión ya estaban presentes en 2003, en el mismo inicio de la "década ganada".
Desde entonces, los accionistas han cambiado, se fueron los franceses y llegó un grupo empresarial alineado con la tónica de la "burguesía nacional", pero el tema de fondo sigue siendo el mismo.
Las tarifas casi no han cambiado desde 2003. Y, por cierto, lo que sigue siendo idéntico es el "manual K" para las situaciones de crisis.
Es algo que dejó en claro el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que ante cada aprieto se aleja más de su imagen de "renovación" que había dado a su llegada y se acerca al estilo de sus antecesores en el cargo.
Su actitud -por expresa indicación de Cristina Kirchner- de negar toda responsabilidad por los cortes de energía eléctrica y cargar todas las culpas sobre Edenor y Edesur deja en claro que la estrategia del "yo no fui" sigue prevaleciendo.
"Es lo mismo que hizo el Gobierno con el sector petrolero, con los trenes y con los problemas derivados del dólar. Siempre la derivación de la responsabilidad a un tercero, pero es una estrategia que está mostrando señales de agotamiento", marca Diego Dillenberger, experto en comunicación política.
"El kirchnerismo mantuvo un esquema donde se adueñó de las cajas derivadas de los subsidios mientras dejaba que los privados pusieran la cara ante los usuarios para no pagar el costo político si llegaba a haber problemas. Pero quedó demostrado que en el caso de los trenes les salió mal, y ahora con la electricidad también está mostrando fisuras", agrega Dillenberger.
A juzgar por las declaraciones de los afectados por los cortes, está en lo cierto. En estos días de colapso energético, aquellos que llevan varias jornadas sin luz no se limitan a criticar a los prestadores privados sino que también exigen que el Gobierno se haga cargo.
La sensación de los expertos es que, en la medida en que el problema se prolongue, la tendencia de la población a responsabilizarlo irá en aumento.
"Se están planteando argumentos contradictorios, porque Capitanich dice que acá el problema no es la generación de energía sino la distribución. Y lo que quedó en evidencia con esta crisis es que el gran responsable es el Gobierno", sostiene Manuel Solanet, ex secretario de Hacienda y experto en temática energética.
"Cuando los cortes son tan diversos, en tantas zonas y tan prolongados y cuando hace falta importar energía desde Uruguay, entonces significa que el inconveniente no está sólo en la falta de mantenimiento de las redes de Edenor y Edesur, sino en la generación de energía", agrega.
Hay, además, otros factores que se conjugan para que el oficialismo pague un costo político en este contexto: uno fue el "teléfono descompuesto" que llevó a Capitanich a proponer la medida "ochentosa" de los cortes programados que luego De Vido tuvo que salir a desmentir.
El otro es el hecho de que esta crisis está cobrándose el alto costo de un parate industrial, algo malo para cualquier Gobierno, pero particularmente pernicioso para uno que ha cultivado el discurso "productivista".
Las críticas apuntan, además, contra el argumento que en un principio habían tratado de enarbolar los funcionarios: que este colapso eléctrico, como tantos otros problemas, correspondía a los "dolores de crecimiento" de un país donde la economía avanzaba a tasas chinas.
Un violento choque contra la realidad
El problema del argumento que planteó Capitanich, en definitiva, es que choca contra el diagnóstico que hacen todos los expertos. En resumen, afirman:
• Que el principal responsable de la falta de inversión en redes es el Gobierno, que al no retocar las tarifas llevó a las empresas a una situación de "quiebra técnica".
• Que no sólo hay problemas en la distribución, sino también en la generación, a pesar de que el Gobierno plantea que existe un colchón de reserva.
• Que el incremento de la demanda eléctrica no implica una economía pujante, sino que es consecuencia del normal crecimiento demográfico, junto con el efecto de la exacerbación del consumo por el congelamiento tarifario.
• Que el subsidio estatal a la energía, que ya asciende a $80.000 millones y viene creciendo geométricamente, no sólo no resuelve los problemas sino que tiende a agravarlos.
• Que el esquema tarifario premia a los sectores más pudientes y castiga a los más pobres, lo que implica una distribución regresiva de la renta y que supone una escandalosa contradicción con el discurso del "proyecto nacional y popular".
"Tarifas congeladas por 12 años generaron incentivos perversos: fomentaron un aumento poco eficiente del consumo a la vez que achicaron márgenes de rentabilidad provocando la caída de inversiones y producción", señala Eliana Miranda, economista de la Fundación Mediterránea.
Y, al analizar los números del sector, revela cómo la situación ha ido empeorando progresivamente, al punto que los subsidios ya apenas alcanzan para solventar los gastos corrientes del sistema.
"En principio, nacieron para cubrir la diferencia entre tarifas congeladas y el costo real de generación. Pero, con el correr de los años vinieron, además, a cubrir las necesidades crecientes de importación de un país que perdió en 2011 el autoabastecimiento".
Al decir de Emilio Apud, ex secretario de energía, "el Gobierno debe hacerse cargo de su responsabilidad; los funcionarios están relatando una realidad cuando ellos son los protagonistas del problema".
"Hace diez años el sistema eléctrico funcionaba muy bien. Había una demanda bien abastecida, que creció un 60% pero con una red que sigue siendo la misma. A las empresas no se les puede exigir que reinviertan porque no reciben subsidios y cobran lo mismo que hace diez años", describe Apud.
Su crudo diagnóstico es que "hay que rezar para que no haga más calor".
En la misma línea, Daniela Cuan, analista de la agencia de riesgo crediticio Moody's -que califica la deuda de Edenor-, advierte que los problemas del sistema energético son ya de índole estructural.
"Hoy no sólo pierden plata las distribuidoras, sino que también está desfinanciado el sector de la generación de electricidad, porque los recursos que recibe, incluyendo los subsidios, no alcanzan para pagar los costos. Y si mágicamente aparecieran dos plantas generadoras nuevas, también se generaría un cuello de botella en el segmento de la transmisión. El problema está en toda la cadena", afirma la experta.
Una estatización sin clima de festejo
Con semejante cuadro, no da la sensación de que exista un incentivo para la estatización, sino que más bien parecería que al Gobierno le conviene la continuidad de los prestadores privados.
Sin embargo, aparecen señales que llevan a pensar que la re-estatización no es una posibilidad descabellada. Por lo pronto, las usinas de información oficial, como la agencia Télam, están difundiendo la versión "conspirativa", lo cual induce a pensar que hay predisposición a una medida drástica.
Afirma el cable de la agencia: "Una fuente de Edenor aseguró a Télam que no tomaron las precauciones que debían porque ‘en este contexto de conflictos políticos como el paro policial y los saqueos, sabíamos que medios como Clarín también le iban a echar la culpa de esto al Gobierno'".
Más allá de que no se entiende bien cuál sería el beneficio para los accionistas de Edenor y Edesur en autoboicotear su negocio, esta versión deja en claro que, lejos de adoptar cualquier actitud autocrítica o de revisión de sus políticas, el Gobierno está dispuesto a agotar el recurso de desviar la culpa.
Es entonces cuando surgen grandes interrogantes de esta crisis: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno? ¿La advertencia de Capitanich quedará sólo en el esgrima de declaraciones o realmente habrá disposición a reestatizar?
En el caso de que se decidiera dar el paso, no parecería que el kirchnerismo pudiera reeditar el tono épico que tuvo la expropiación de YPF. Y, más bien, lo que los expertos advierten es que se estaría comprando un problema.
La descripción que hace Cuan, de la agencia Moody's, es de una elocuencia que exime de comentarios: "Edenor pierde unos 350 millones de pesos por trimestre. Tiene un margen bruto negativo, es decir que pierde plata incluso antes de pagar sus sueldos".
Y agrega: "La calificación sobre su capacidad de repago de las deudas es bajísima y con tendencia a empeorar. A duras penas puede hacer algo de mantenimiento, así que ni hablemos de inversiones nuevas. En fin, si se la quiere estatizar, no será porque tenga un buen negocio...".
Las cosas cambiarían, claro, si el Gobierno accediera a revisar su política de tarifas y subsidios. A fin de cuentas, un hogar promedio en Buenos Aires, paga un décimo de lo que se abona en Uruguay.
Este es el gran tema: si Cristina Kirchner se animará a avanzar en este asunto o si, como ya hizo en dos oportunidades, volverá a ponerlo en stand by por temor a exacerbar más los ánimos.
Para algunos, la reacción que está teniendo el Gobierno en estas horas no hace más que complicar el panorama.
"Con esta disposición a mantener el relato, es casi imposible que se corrija el tema. Porque si se acusa a las empresas de no haber invertido, entonces se da a entender que aun con los subsidios era posible poner plata. Es decir, se crea el argumento contrario a la quita del subsidio, y si llegan a bajarlos se exponen a que se los vea como contradictorios, casi como si estuvieran dándole un premio a las empresas incumplidoras", analiza Solanet.
En todo caso, no oculta su pronóstico sombrío: "Si se llegan a estatizar, sería terrorífico para el Gobierno, y para el usuario ni te digo".
Mientras tanto, el nuevo índice de riesgo país está en el servicio meteorológico. Para la semana próxima está pronosticado temperaturas cercanas a los 40 grados en Capital.
Y el Gobierno ya tiene sus armas preparadas ante la crisis: cruzar los dedos para que llueva, mostrar un villano a quien culpar y preparar una doble dosis de "relato".
El gobierno no tiene un relato, sino un gran "cuento"... Según la Real Academia, la definición de cuento es: cuento. (Del lat. compŭtus, cuenta).
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