sábado, 10 de diciembre de 2016

La Argentina ganó un caso en el Ciadi

El Ciadi rechazó un reclamo en contra de la Argentina en concepto de indemnización planteado por las demandantes. foto: Archivo (La Nación) - Rechazaron un planteo de inversores españoles realizado en 2007.

Un Tribunal Arbitral internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) rechazó un reclamo en contra de la Argentina en concepto de indemnización planteado por las demandantes.

Se trata del caso Urbaser y Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia contra la Argentina (Caso Ciadi Nº ARB/07/26), en el que se resolvió rechazar un reclamo de varios millones de dólares.

El Ciadi rechazó un reclamo en contra de la Argentina en concepto de indemnización planteado por las demandantes. Foto: Archivo

El tribunal estuvo conformado por los profesores Andreas Bucher (suizo), Pedro J. Martínez-Fraga (estadounidense) y Campbell McLachlan (neozelandés). La defensa de la República Argentina en este caso fue llevada cabo por la Procuración del Tesoro de la Nación a cargo de Carlos Francisco Balbín, que es el cuerpo de abogados del Estado que, entre otras competencias, tiene a su cargo la defensa en los juicios iniciados contra el Estado.

El reclamo había sido presentado en 2007 por empresas españolas (Urbaser y CABB), debido a su participación en Aguas del Gran Buenos Aires (AGBA), una sociedad creada por inversionistas y accionistas extranjeros, a la que se le adjudicó, a principios de 2000, la concesión de servicios de agua potable y saneamiento en la provincia de Buenos Aires.

Las demandantes argumentaban que la Argentina había violado diversas obligaciones contenidas en el Tratado Bilateral de Inversiones celebrado en 1991 entre la Argentina y España, tales como la prohibición de expropiación o adopción de medidas injustificadas o discriminatorias y la obligación de dar trato justo y equitativo.

Esto, debido a la adopción de medidas relativas al régimen tarifario (pesificación y congelamiento de tarifas), entre otras, tal como la rescisión del Contrato de Concesión por parte de la provincia de Buenos Aires en 2006, pasando el servicio a manos estatales. Las empresas españolas reclamaban una indemnización de US$ 316.418.672 más intereses.

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