lunes, 29 de enero de 2018

Oficiales sancionados insisten en que el submarino estaba en condiciones

Por Mariano De Vedia - La Nación
Dispuestos a declarar ante la jueza, recurren a un informe firmado por el comandante.

Hasta la fatídica madrugada del 15 de noviembre, el ARA San Juan había tenido 53 días de navegación durante el año, con 7499 millas náuticas y 1029 horas de inmersión. Ese es uno de los argumentos que, cuando sean citados, llevarán a la jueza de Caleta Olivia Marta Yáñez los dos oficiales de la Armada que fueron separados por el ex jefe de la fuerza almirante Marcelo Srur.

En las últimas semanas, la jueza recibió a los abogados del contraalmirante Luis López Mazzeo (hasta diciembre último comandante de adiestramiento y alistamiento) y del capitán de navío Fernando Villamide (el suspendido jefe de la Fuerza de Submarinos), quienes se pusieron a disposición de los requerimientos del juzgado. Sus principales cartas son los descargos que presentaron ante el Ministerio de Defensa para objetar la suspensión disciplinaria.

Srur los acusó de "arriesgar la integridad física de sus subordinados por actuar con negligencia o imprudencia notoria y grave al no impedir que el submarino navegase con posterioridad a las severas anomalías detectadas en julio de 2017".

Sin embargo, Villamide y López Mazzeo sostienen que esas observaciones carecen de sustento y se basan en "informes desactualizados". Afirman que los desperfectos fueron subsanados y remiten al informe posterior, firmado el 5 de septiembre por el comandante del submarino, capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quien certificaba que el buque se encontraba habilitado y en condiciones de navegabilidad, al calificarlo con puntaje de 4,25 en una escala de 5 puntos.

Entre las anomalías advertidas en julio se mencionaba que el ARA San Juan contaba con un solo periscopio en servicio, presentaba fallas en el sistema de propulsión, comprobación del ingreso de agua de mar al ventilador de batería de proa al realizarse una maniobra de snorkel, disminución de los niveles de aceite y falta de pirotecnia de emergencia para inmersión.

En sus descargos, ambos oficiales aseguran que el ARA San Juan zarpó de Ushuaia con los dos periscopios en servicio y no tenía limitaciones para comunicarse en HF. Y argumentan que en las navegaciones posteriores al informe de julio el submarino realizó "al menos 30 maniobras de snorkel más sin que se produjeran novedades de ese tipo". Incluso sostienen que "el comandante del submarino calificó el sistema de ventilación con el máximo puntaje posible".

Respecto del reproche por la falta de pirotecnia, señalan que el avance tecnológico determinó que se reemplazaran esas señales por "radiobalizas eyectables, que envían un mensaje en la frecuencia de 406 Mhz a los satélites del sistema". Explican que ese mecanismo "supera ampliamente a la pirotecnia, pues permite recibir en las estaciones en tierra la información de un siniestro ocurrido mar adentro, identificando además al buque accidentado".

Tras los reclamos de López Mazzeo y Villamide, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, notificó a Srur que en su resolución había omitido considerar el informe 07/17 S, en el que el capitán del submarino certificaba que el ARA San Juan se encontraba en condiciones de "buque habilitado".

La jueza citó a marinos para hoy

La jueza federal de Caleta Olivia, doctora Marta Yáñez, comenzará a tomar hoy declaraciones testimoniales a personal de la Armada, en la causa en que investiga la desaparición del submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo. Para ello citó al juzgado a dos marinos que fueron recientemente tripulantes de la embarcación, uno de los cuales habría descendido en Ushuaia en noviembre pasado, días antes de la desaparición del buque. La magistrada también citó a declarar al capitán de navío Enrique Balbi, vocero de la Armada, que fue comandante del ARA Salta y es uno de los expertos submarinistas de la fuerza naval. Se presentará el jueves en los tribunales de Caleta Olivia. También declararán en los próximos días ante la jueza Yáñez los contraalmirantes Guillermo Luis Lezana y Eduardo Alfredo Pérez Bacchi, ambos auditores de la Armada.

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