jueves, 12 de abril de 2018

El plan para expropiar tierras y dárselas a sus ocupantes en las villas tuvo amplio apoyo político pero su financiamiento genera dudas (II)


(iProfesional.com) - Los beneficiarios deberán costear una parte, junto con el Estado nacional, provincial y municipal. Si se aprueba, se favorecerían 3,5 millones de personas.



El Gobierno impulsará un proyecto de ley para expropiar las tierras donde se levantan 4228 barrios precarios en todo el país. Uno de los artículos de la norma -que busca darles el título de propiedad a los actuales ocupantes de esos inmuebles- específica que el financiamiento será compartido entre la Nación, las provincias y los municipios. E incluso, los beneficiarios tendrán que pagar en parte los terrenos que recibirán.

Desde el Gobierno advirtieron que los terrenos que se expropien "no se regalarán". Se implementarán "mecanismos accesibles" para que las familias beneficiadas -en total viven en los 4228 barrios populares unas 3.500.000 personas- compren la tierra, indicó el diario La Nación.

De la totalidad de barrios ocupados o tomados, el 61% pertenecen a propietarios particulares, el 7% son provinciales, el 13% son de los municipios y otro 13% no tienen información catastral que permita determinar a sus dueños.

Los diputados opositores se mostraron a favor del proyecto del Gobierno, lo que le augura a la iniciativa un recorrido sin complicaciones en el Congreso. La propuesta será formalizada con un proyecto que llevará las firmas de los diputados Mario Negri, jefe del bloque radical y del interbloque de Cambiemos ; Nicolás Massot , presidente de la bancada de Pro, y Elisa Carrió, jefa de la Coalición 

Los diputados Daniel Arroyo (Frente Renovador), Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y Juan Cabandié (Frente para la Victoria) elogiaron la idea en general. Pidieron, de todos modos, esperar para conocer los detalles de la iniciativa, agregó el citado matutino.

El proyecto que busca declarar de "utilidad pública y sujetas a expropiación" estas viviendas que, en su gran mayoría, no cuentan con título de propiedad y carecen de servicios básicos.

Si bien cerca de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a cargo del relevamiento, anticiparon que el proceso llevará "muchos años", la meta que se fijó su equipo es que para fin del año próximo estén firmados todos los convenios con las provincias y los municipios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). La urbanización llevará más de una década, admitieron fuentes oficiales.

Durante el trabajo, que duró un año y medio, también participaron organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), cuya cara visible es Juan Grabois; Barrios de Pie, Techo y Cáritas Argentina.

Desde las organizaciones sociales anunciaron que acompañarán y empujarán la sanción de la ley, pero también hubo quejas. Grabois fue claro: "Sin presupuesto no se puede llevar adelante, no se puede avanzar". Aunque aclaró que se trata de "una ley extraordinariamente importante porque establece una solución masiva para el problema de los asentamientos".

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