viernes, 13 de abril de 2018

El Tribunal Oral Federal 2 juzgará a Cristina por favorecer a Báez con obras viales

Un playón de Austral Construcciones, la firma de Lázar Báez, en Santa Cruz. Foto: Juano TesonePor Lucía Salinas - Clarin.com
Tras el fallo de Casación para separar este juicio y el de "la ruta del dinero K", ahora buscarán hacerlos en forma paralela.

Un playón de Austral Construcciones, la firma de Lázar Báez, en Santa Cruz. Foto: Juano Tesone

Tal como había sido sorteado, el tercer juicio oral que tiene Cristina Kirchner en la Justicia federal, quedó finalmente a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que este viernes informó que allí quedó radicado el expediente en el que la ex Presidenta, junto a Lázaro Báez y ex funcionarios como Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, y otras diez personas más, fueron procesados por asociación ilícita y defraudación al Estado por favorecer al Grupo Austral con contratos viales.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara, integrantes del TOF 2, llevarán adelante el juicio oral y público contra Cristina Kirchner y otros catorce acusados. La radicación se produjo después de que la Sala IV de la Cámara de Casación decidió que las causas contra la ex Presidenta deben juzgarse por separado para “otorgar más celeridad” a los procesos.

Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, el TOF 2 y el TOF 4- que realizará el juicio por la "ruta del dinero K", donde Báez está acusado y preso por lavado de dinero- pedirán algunas medidas de forma conjunta de cara al inicio de la próxima instancia , ya que buscarán que lo juicios se realicen en paralelo.

La Justicia determinó que estas causas están vinculadas, ya que la defraudación al Estado con la obra pública sería el origen de los fondos que posteriormente, Báez aplicó a maniobras de lavado.

El juez Julián Ercolini elevó la causa de obra pública a juicio después de que vencieran los plazos para que los imputados -entre ellos Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Báez- respondieran a la demanda civil por 22.500 millones de pesos que les realizó Vialidad Nacional.

En ese monto se estimó el daño y perjuicio ocasionado por los fondos otorgados al Grupo Austral ​del empresario K y las obras que quedaron inconclusas.

Es el expediente más importante de las causas por corrupción que tiene la ex Presidenta, ya que la Sala II de la Cámara Federal porteña determinó que las maniobras investigadas son ni más ni menos que un delito precedente que permitió expandir “la matriz de corrupción” a otras investigaciones por lavado de dinero, donde se reiteran prácticamente los mismos acusados.

"Debe destacarse la trascendencia de que la causa sea elevada inmediatamente a juicio, no sólo porque esa es la etapa en la que las partes discutirán con plenitud, y para ello se han cumplido con todos los pasos procesales penales previos exigidos (...) sino también porque desde el 22 de diciembre del pasado año se encuentra detenido a disposición de este juzgado el imputado Carlos Santiago Kirchner respecto del cual se dictó prisión preventiva", sostuvo Ercolini cuando elevó a juicio la causa.

El juez acusó a la actual senadora de Unidad Ciudadana de ser “jefa de una asociación ilícita” y haber defraudado al Estado por favorecer a Báez.

La imagen del juicio avizora a Cristina Kirchner por primera vez compartiendo el banquillo de los acusados con Báez. Se verá al Tribunal Oral Federal frente a quince personas procesadas por presunta participación en una misma maniobra, con diversas responsabilidades y, según la acusación, un único fin: "convertir al amigo presidencial en el principal empresario de la obra pública en Santa Cruz".

Para Cristina, en cambio, esta causa "encierra y consolida aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados por mi parte a través de las presentaciones".

Según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, durante las administraciones kirchneristas se instauró una "maniobra de corrupción" desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”, de Lázaro Báez.

Ese circuito de contrataciones "irregulares" permitió que entre 2004 y 2015 el patrimonio del "amigo presidencial" creciera un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares.

Pero no era la instancia final: los fondos "eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes" Cristina y Néstor Kirchner, afirmaron Pollicita y Mahiques. Se estableció que hubo “beneficios exclusivos" para Báez, quien se convirtió en el "empresario de obra pública vial más beneficiado" por las gestiones K.

La causa plantea que Cristina y sus ex funcionarios vinculados a la administración y control de la obra pública formaron parte de "una asociación" destinada a "cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".

La "operación criminal" fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina para "pervertir su función" y utilizar el Estado para "enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad".
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