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domingo, 23 de abril de 2017

Penas de cárcel para piqueteros violentos

Joaquín Morales SoláPor Joaquín Morales Solá - LA NACION
Hace unos meses, las imágenes de televisión mostraron a un grupo de manteros que corrían agresivamente a un patrullero policial. Parecía una sátira. Fue risible si no hubiera sido también lamentable y dramático. Hace poco, en los días de la epifanía piquetera, se vieron grupos de personas, por lo general con la cara cubierta, arremeter violentamente contra las fuerzas de seguridad. Un gendarme resultó con un ojo seriamente herido en las recientes refriegas para desalojar la Panamericana.

Durante 12 años, las fuerzas policiales fueron agredidas por manifestantes, y también lo están siendo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Una negociación avanzada ahora entre la administración de Macri y sectores del peronismo (en el Senado, fundamentalmente) promueve una dura modificación del Código Penal para elevar las penas de los que agredan o desobedezcan a integrantes de las fuerzas de seguridad. Un agravante que aumentará las penas será la agresión o la rebeldía con la cara cubierta. En las últimas manifestaciones apareció un grupo, que se autodenomina Resistencia Piquetera, cuya singularidad consiste en que todos sus integrantes llevan el rostro oculto. Esa modalidad es una advertencia inconfundible de que se está por cometer un delito. ¿Para qué, si no, esconderían la cara?

De esa negociación participan cuatro interlocutores, por ahora.

Los ministros de Justicia y de Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, y los senadores Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey. La presencia de este último permite agregar a un quinto protagonista: el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, jefe político del peronismo salteño. No se estableció todavía quién presentará formalmente el proyecto en el Senado. Podría ser el peronismo, a través de Urtubey, o el propio gobierno. El dato significativo es que tanto el oficialismo como la oposición seria concluyeron que la calle no puede ser propiedad de piqueteros sin límites ni medidas.

El objetivo final del proyecto es que la ley, más que la represión, sea la que termine disuadiendo a los violentos. El temor a la cárcel existe entre piqueteros y sindicalistas. ¿Ejemplo? En los días de fiesta piquetera de hace un mes, nunca apareció Fernando Esteche, el líder de la violenta agrupación Quebracho. Esteche está en libertad condicional y regresaría a la cárcel si fuera detenido por cometer un nuevo delito. Un caso aparte es el de la Justicia. La modificación del Código Penal busca también dejar sin alternativas a jueces demasiado benevolentes. Muchas veces las fuerzas de seguridad recibieron la orden judicial de no actuar ni detener a los autores de delitos cometidos en el marco de protestas sociales. Jueces y fiscales proclamaron que se corría el riesgo de un uso indebido de la fuerza del Estado.

Los autores del proyecto aclararon que éste "no busca criminalizar la protesta ni limitar o impedir el derecho a manifestarse". Pero tales manifestaciones sociales deberán hacerse pacíficamente y dentro de la legalidad. La idea (y la negociación) surgió después de que la administración y la oposición responsable constataran que se mezclaban en el espacio público el reclamo genuino con las operaciones desestabilizadoras. La CGT, por un lado, que pidió autorización para exponer sus críticas y hacer su acto, aunque éste se desmadró luego. Por el otro, los piqueteros con la cara cubierta o grupos violentos de izquierda, como los que terminaron arruinando la concentración cegetista. El problema se agrava porque los recursos actuales del Código Penal son muy limitados para llevar ante la Justicia a los grupos violentos.

En concreto, el proyecto que circula entre los negociadores aumenta a entre tres y seis años de prisión la pena para el que intimide o agreda a un funcionario público y a las fuerzas de seguridad que le presten asistencia. La pena será de cuatro a ocho años de prisión si la agresión se diera en el contexto de un piquete o se usaran armas, palos, proyectiles o material explosivo. Esta última y más elevada pena de prisión se aplicará para los que usen contra las fuerzas de seguridad algún vehículo.

El proyecto también prevé penas de seis meses a un año de prisión para el que desobedezca una orden de cumplimiento inmediato emanada de un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones. Esto es: para desalojar un piquete o cualquier obstrucción de la vía pública. La pena se elevará de uno a tres años de prisión si, además, empleara la fuerza o la intimidación para resistir la orden. La pena aumentará de dos a cuatro años de prisión si los culpables ocultaran su rostro o si tocaran con sus manos a las autoridades. Por autoridades se entiende a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.

La reforma está inspirada en legislaciones vigentes en Colombia, Chile, Uruguay, Perú y España. Y tiene antecedentes en anteproyectos de modificación del Código Penal de 2006 (gobierno de Néstor Kirchner) y 2012 (gobierno de Cristina Kirchner). También un proyecto parecido de reforma fue presentado en 2015 por diputados nacionales del massista Frente Renovador.

La participación de Pichetto y Urtubey consolida una mayoría en el Senado, donde el Gobierno está en franca minoría. El oficialismo espera sumar en la Cámara de Diputados a Sergio Massa y, quizás, a Diego Bossio. Primero el proyecto deberá ser aprobado por el Senado. Desde ya, esta modificación del Código Penal será duramente criticada por los partidos de izquierda y por los movimientos sociales. Si el Congreso finalmente aprobara la modificación, se acabaría con un enorme margen de impunidad para trastornar el espacio público. Cierto orden en las calles y rutas fue una promesa electoral de Macri, pero es también una ambición del peronismo que aspira a recuperar el Gobierno. En rigor, sólo el peronismo kirchnerista fue extremadamente condescendiente con el desorden público; el peronismo menemista no lo fue. Tampoco Perón, cuando estuvo en el gobierno, fue comprensivo ni tolerante con los disturbios en el espacio público.

La falta de respuesta del Estado en estos años a la violencia piquetera se respaldó en dos argumentos. Uno refiere al derecho a la protesta y a la defensa a ultranza de la política de no reprimirla, sobre todo cuando reclama por cuestiones sociales. El otro es más político y difícil de probar: desde Néstor Kirchner hasta Rodríguez Larreta se escuchó el razonamiento de que las fuerzas de seguridad podían tirarle un muerto al Gobierno. Es cierto que hay policías provinciales, como las de Buenos Aires y Neuquén, que no hacen nada o, cuando hacen, terminan con uno o dos muertos. Son emblemáticos los casos de Kosteki y Santillán, en Buenos Aires, y del maestro Carlos Fuentealba en Neuquén.

La Gendarmería, a su vez, siempre desmintió que fuera culpable de la muerte de dos activistas, en diciembre de 1999, durante el desalojo del puente que une Chaco con Corrientes. Es, en efecto, un problema más de la impericia (o de las conspiraciones) de las policías provinciales que una cuestión generalizada de las fuerzas de seguridad. Entre muertos reales y eventuales, entre el temor de la política y la parálisis de las fuerzas de seguridad, se fue consolidando una cultura según la cual todo es posible. Desde obstruir autopistas (donde los automovilistas quedan definitivamente atrapados) hasta escupirles y pegarles a policías, gendarmes y prefectos.

Otro proyecto de reforma del Código Penal, esta vez del Gobierno, limita seriamente el delito de sedición y amplía los márgenes de la libertad de expresión. En verdad, el director de la División América de la prestigiosa organización de derechos humanos Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le pidió en su momento a Macri que derogara el delito de sedición. Fue cuando protestó por la prisión de Milagro Sala. El Gobierno está negociando ahora con esa organización y con Amnesty International las modificaciones al Código Penal que prevé proponerle al Congreso. En síntesis, el proyecto estipula que en ningún caso podrán interpretarse como un delito de sedición las expresiones o los hechos que se efectúen en el ejercicio de derechos humanos o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.

En este caso, el Gobierno toma distancia velozmente de la experiencia venezolana, donde Nicolás Maduro mete presos a sus opositores por la mera sospecha de que quieren tumbarlo. O de lo que podría haber sido el cristinismo si hubiera continuado en el poder. También Cristina Kirchner apelaba a la supuesta sedición cuando alguien le decía que no. Vagamente redactado, el delito de sedición es una herramienta eficaz para los gobiernos autoritarios que tienen la eternidad como meta.

miércoles, 19 de abril de 2017

Suiza confirmó 139 operaciones bancarias vinculadas a Báez por U$S 20 millones

Suiza confirmó 139 operaciones bancarias vinculadas a Báez por U$S 20 millonesPor Lucía Salinas - Clarin.com
Se hicieron desde tres cuentas manejadas por el contador Pérez Gadín y Fabián Rossi, el ex esposo de Iliana Calabró. Suiza confirmó 139 operaciones bancarias vinculadas a Báez por U$S 20 millones

Lázaro Báez más complicado. Suiza confirmó operaciones vinculadas a él. Foto Marcelo Carroll.

La Confederación Helvética envió información clave vinculada a la Ruta del Dinero K, al juzgado del juez Sebastián Casanello, confirmando el movimiento de fondos millonarios del entorno de Lázaro Báez. Los datos corroboran un circuito utilizado para el lavado de activos. La cifra que figura en la documentación consigna 139 operaciones por un total aproximado de 20 millones de dólares. Son dos las empresas mencionadas en el informe: SGI y Marketing and Logistic Managment SA. Entre los nombres reiterados en las operaciones figuran Fabián Rossi y Daniel Pérez Gadín -contador del empresario K-, al igual que los dos administradores de la financiera "La Rosadita". Uno de los datos más significativos es que las transacciones realizadas por las dos sociedades a través de los bancos suizos PKB Privatbank y el J. Safra Bank, están asociadas “a cuentas de la familia Báez”.

Fuentes vinculadas al juzgado de Sebastián Casanello se excusaron de confirmar o desmentir la información obtenida por Clarín en fuentes oficiales. Las fuentes señalaron que Casanello respetará el compromiso de confidencialidad asumido por Suiza.

La Ruta del Dinero K reconstruye otro circuito de lavado que se suma a la operación de 33 millones de dólares ya corroborada y que le valió a Báez un procesamiento por lavado de dinero. Suiza envió información bancaria suministrada por los bancos PKB Privatbank y el J. Safra Bank, radicados en Lugano y Ginebra respectivamente, donde dos empresas radicadas en Panamá: SGI y Marketing and Logistic Managment SA abrieron cuentas corrientes.

Las cuentas vinculadas a Báez no perduraron abiertas más de seis meses y operaron prácticamente en simultáneo entre 2012 y 2013. Se utilizaron para realizar 139 operaciones por 20 millones de dólares, según consignó la Confederación Suiza. Los principales administradores de dichas cuentas fueron los ejecutivos de la financiera SGI Argentina conocida como “La Rosadita”: Eduardo Castro, Gustavo Fernández y Fabián Rossi. 

Tras su constitución en octubre de 2010 en Panamá, SGI dispuso dos años después, otorgar un poder de representación a Fernández (presidente y dueño del 60 % de las acciones), a Castro (director y dueño del 40% de las acciones). Ambos eran para ese entonces, directores de SGI Grupo Financiero en Argentina. Además, también se autorizó a Fabián Rossi sin un puesto formal en la estructura de la empresa, pero que fue firmante autorizante en las cuentas bancarias.

Con el poder otorgado, decidieron abrir una cuenta corriente -de la que figuran como beneficiarios- en el Banco PKB de Lugano en mayo de 2012, donde después comenzaron a realizar diversas operaciones. ¿Cuál era el objetivo de esta cuenta? Manejar de manera “off shore” operaciones del Grupo SGI con sede en Argentina, cuya dirección registrada se encuentra en el edificio Madero Center.

Esta cuenta, según supo Clarín, registró 37 créditos por una suma de 3.004.979 dólares, entre mayo de 2012 y marzo de 2013. En ese momento la cuenta corriente fue cerrada sin registrar ningún saldo.

Las operaciones continuaron cuatro meses después, pero a través de otra cuenta en el Banco J. Safra Bank, cuya titularidad correspondía a SGI Argentina SA, una vez más. Castro y Fernández figuraban como beneficiarios y Rossi como firmante autorizado. El banco suizo en función de la pauta “conozca a su cliente” (KYC) consignó en la información remitida al magistrado, que esta cuenta tenía por objetivo realizar tareas de consultoría y servicios vinculados “a los intereses industriales de la familia Báez”.

En este punto, se estaría ante un nuevo circuito para el ingreso y movimiento de dinero a Suiza, las operaciones se vinculan con las cuentas que la familia del empresario K tenía en ese mismo banco: N° 608663, 608741, 608743, 608744. En este entramado de cuentas y nombres, se consignó que Rossi era un persona de “absoluta confianza de Lázaro Báez” y de Daniel Pérez Gadín, contador del dueño del Grupo Austral.

Dicha cuenta registró 33 créditos por 5.040.650 dólares entre agosto de 2012 y abril de 2013. También fue cerrada en dicho mes, sin ningún saldo.

Otras de las empresas involucradas y que abrió una cuenta corriente en el mismo banco -J. Safra Bank-, fue Marketing and Logistic Managment SA. Esta sociedad de origen panameño fue creada en septiembre de 2011 con un poder de administración, otorgado el mismo día de su constitución, a favor de Castro, Fernández y Rossi -nuevamente con firma autorizante-. Una vez más, la información proveniente de Suiza vincula dicha firma con SGI Argentina resaltando la relación comercial con Báez y Pérez Gadín, ambos presos desde el 5 de abril de 2016.

Fue la cuenta que más créditos registró: 69 en total por 12.002.541 dólares. Las operaciones fueron en un período similar a las anteriores: agosto de 2012 hasta mayo de 2013. La maniobra concluyó de igual manera, se cerró la cuenta el 27 de mayo de ese año sin registrar saldo.
Suiza confirmó 139 operaciones bancarias vinculadas a Báez por U$S 20 millones
Suiza confirmó 139 operaciones bancarias vinculadas a Báez por U$S 20 millones
Martín Báez y el contador Pérez Gadín cuentan dólares y euros en la financiera "La Rosadita".

Esta documentación fue utilizada para citar a ampliación de indagatoria a los cuatro hijos de Lázaro Báez, imputados por lavado de activos por Casanello, después que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) señaló la existencia de una serie de cuentas de las que serían beneficiarios Luciana, Martín, Leandro y Melina y con las que se movieron 25 millones de dólares a través de firmas radicadas en Panamá y Uruguay.

Poco después, el organismo antilavado remarcó -tras pedir la detención de los hijos del empresario K- que el informe de inteligencia no podía usarse como prueba en la causa. Después de una serie de exhortos y un viaje a Lugano en 2016, ingresó una parte de una gran causa abierta en Suiza que permite ir cerrando uno de los circuitos de lavado de dinero, complicando la situación judicial de la familia Báez.

miércoles, 12 de abril de 2017

Suiza confirmó la existencia de una cuenta de los Báez y complicó a sus hijos

Resultado de imagen para los Báez y suizaPor Daniel Santoro - Clarin
Hace unos diez días, llegó un exhorto oficial que ratifica que el empresario K tiene una cuenta con 25 millones de dólares.

La justicia Suiza confirmó oficialmente al juez federal Sebastián Casanello la existencia de por lo menos una cuenta de Lázaro Báez en su país con 25 millones de dólares y de la cual también participan como beneficiarios sus cuatro hijos. El exhorto suizo llegó hace unos diez días y está guardado en una caja fuerte del juzgado de Casanello, confirmaron a Clarín fuentes judiciales.

La cuenta está abierta a nombre de la fundación trucha panameña Kinski en el banco Safra y en ella, además de Lázaro aparecen sus cuatro hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina. En julio del año pasado, estos datos habían sido adelantados en un informe de inteligencia por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici, quien pidió la detención de los hijos del empresario K. Pero el juez solo indagó a los hijos de Báez y aún tiene pendiente la resolución de su situación procesal. El dato fue adelantado anoche por Alejandro Fantino en el programa Animales Sueltos y confirmado esta mañana a Clarín por fuentes judiciales.

Báez fue internado anoche en la clínica Los Arcos de Palermo porque sufrió una arritmia. Seguramente, está preocupado por la llegada de este exhortó desde Suiza, vía la cancillería.

Hasta el momento no se sabe si el informe contiene también otras cuentas que están en bancos suizos a nombre del contador de Báez, Daniel Pérez Gadín y del financista de Austral Construcciones, Ernesto Clarens, entre otros personajes clave de la causa de la ruta del dinero K.

La defensa de Báez especulaba con que Suiza no iba a contestar oficialmente y por lo tanto no se iba a confirmar el informe de inteligencia de la UIF.

En el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) entregado el año pasado al juez Casanello aparecen cuatro empresas off shore no fueron creadas por Mossack Fonseca –estudio metido en el escándalo Panama Papers- sino por su archirrival Icaza, Gonzalez Ruiz & Aleman, según una investigación de Clarín.

La fundación trucha Kinsky de los cuatro hijos de Lázaro Báez y otras dos empresas fantasma que colaboraron en enviar, por lo menos, 25 millones de dólares negros a Suiza también fueron creadas por Icaza y asociados: Tyndall Limited Incorporated y Fromental Corporation. Además, Clarín descubrió en el registro público de Panamá que la propietaria de Kinsky es National Founders Incorporated, también creada por Icaza en su rol de agente residente. En Kinsky aparecen como directores los procesados con prisión preventiva Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco en la causa de la ruta del dinero K.

Como suscriptores de sus acciones con un capital inicial de 10 mil dólares son dos panameños prestanombres y como fundador figura National Founders Inc. Extrañamente el representante panameño de esta última “no consta” según la parte de la documentación que es de acceso público. Fromental Corporation, otras de las offshore que aparecen colaborando con este giro de dinero negro también fue creada por Icaza y tiene como directores a Pérez Gadín y a Chueco.

Otras característica común de estas offshore truchas es que siguen vigentes, que tenían duración a perpetuidad y que sus representantes panameños comenzaron a renunciar a mediados del 2015 cuando el escándalo de la ruta del dinero K iba creciendo en su rebote internacional. Seguramente, como una medida preventiva para tratar de evitar citaciones judiciales argentinas.

En fuentes judiciales llamó la atención que el estudio Icaza y asociados ya había trabajado con Federico Elaskar, a quien Pérez Gadín y otros miembros del entorno de Lázaro Báez le compraron mediante presiones y amenazas la cueva financiera SGI conocida como La Rosadita, a mediados del 2011. Una de las cuentas bancarias desde la que se giró dinero a Elaskar está a nombre de Resen Corp, otra empresa de cartón panameña, en el AGI Private Bank de Zurich. Resen es una empresa creada en 2006.

Todas las empresas usadas en los giros a la cuenta de Kinksy en el banco Safra fueron creadas, a mediados del 2011, después de que Pérez Gadín tomó el control de La Rosadita a través de la suiza Helvetic Services Group que dirige el argentino Marcelo Ramos, quien está prófugo en Suiza.

¿Por qué Icaza es un hilo en común de La Rosadita antes y después del desembarco de Pérez Gadín? La explicación podría ser, según una fuente judicial el rol del ex esposo de la vedete Iliana Calabró, Fabián Rossi, otro de los procesados en la causa de la ruta del dinero K. En su declaración indagatoria, Rossi negó haber colaborado con el lavado de dinero o en alguna otra maniobra. Sin embargo, Rossi o alguien que haya tenido buena relación con Elaskar y Gadín a la vez pueden explicar esa continuidad en el agente residente panameño. 

En cambio, las 148 offshore creadas en Las Vegas por un pedido de Helvetic al estudio contable del uruguayo y presidente de Peñarol Pedro Damiani fueron constituidas por Mossack Fonseca. La empresa administradora de las 148, Aldyne, tiene sede legal en las islas Seychells y también fue creada por Mossack Fonseca. Como sostuvo el fiscal José María Campagnoli ese cambio de estudios panameños se da llamativamente luego de la muerte de Néstor Kirchner, a fines del 2010.

domingo, 9 de abril de 2017

La justicia brasileña apunta contra el ex ministro De Vido en el Lava Jato

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION (Extractado)
Dos condenados en Brasil dicen que el ex funcionario recibió sobornos como parte de la operación por la venta de Transener a la firma Electroingeniería SA

De Vido, implicado en una denuncia por coimasLa justicia brasileña dio otro paso hacia Julio De Vido . En la investigación Lava Jato, primero llegaron las condenas a dos operadores que se acogieron a la delación premiada y apuntaron contra él; ahora, los fiscales presentaron cargos por corrupción y lavado contra Jorge y Bruno Luz, dos lobbistas vinculados al ex ministro de Planificación Federal kirchnerista.

Los fiscales acusaron a los Luz de participar en una red dedicada a la distribución de coimas -"propinas", en la jerga- en el área internacional de la petrolera estatal brasileña, Petrobras, para obtener y destrabar negocios multimillonarios que beneficiaron a la firma cordobesa Electroingeniería, entre otras.

De Vido, implicado en una denuncia por coimas. Foto: Archivo

Los investigadores avanzaron contra ambos lobbistas tras detectar pruebas sobre el supuesto pago de coimas por US$ 15 millones por la venta de unos barcos a Petrobras, con la ayuda de Fernando Soares y Julio Camargo, y el entonces director de la petrolera, Néstor Cerveró.

Tanto Soares como Cerveró ya fueron condenados. El juez Sergio Moro, a cargo de la megacausa Lava Jato, le impuso 16 años de prisión a Soares y otros 12 años a Cerveró. Y ambos ya se acogieron al régimen de la delación premiada, entregaron documentación y relataron lo que hicieron y presenciaron durante aquellos años.

Al aceptar colaborar con la Justicia, Soares y Cerveró contaron, entre otras operaciones delictivas en las que intervinieron, cómo fue la venta de la empresa Transener -que pertenecía a Petrobras- a Electroingeniería, con la ayuda del entonces ministro De Vido.

Según reconstruyó Moro, el lobbista Soares primero tentó a Cerveró para influir en la venta de la compañía, y después completó el círculo. "A pesar de que el negocio estaba cerrado con el fondo americano Eton Park, después de que Cerveró aceptara beneficiar a Electroingeniería, la combinación del pago de una propina y la negativa del gobierno argentino a [aceptar] al fondo americano como comprador de Transener, incluso con la intervención criminal de políticos argentinos, Transener fue comprada por Electroingeniería", relató el juez.

Para eso, según detalló Moro en la resolución de febrero pasado por la que había ordenado la captura de los Luz, la venta de Transener entre 2006 y 2007 incluyó varias reuniones en Brasil, pero también en Buenos Aires entre Luz, Soares, Cerveró, los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, De Vido y su entonces asesor, Roberto Dromi.

Según el magistrado, Cerveró cobró US$ 300.000 cuando Electroingeniería se quedó con Transener, la misma cifra que retuvo Soares pero con un destino aún incierto. En su fallo, el juez apenas consignó que ese dinero que movió Soares sirvió para "el pago de propinas a diversos funcionarios públicos como resultado de tal negocio".

Cerveró admitió que cobró esos US$ 300.000, que utilizó para comprar un inmueble en Brasil, y luego apuntó contra el ex ministro: "Ciertamente De Vido recibió más que eso como propina", afirmó.

Con Cerveró y Soares ya como delatores, Moro avanzó sobre los restantes lobbistas. "El investigado Jorge Luz figura como intermediario de una propina relacionada con la venta de la empresa Transener, de Petrobras, para la empresa Electroingeniería, de la Argentina, lo que ocurrió en 2006 y 2007", explicó. Ese rol incluyó "actividades criminales de políticos argentinos".

Con Jorge y Bruno Luz ya detenidos en Estados Unidos y extraditados luego a Brasil, donde se encuentran detenidos desde fines de febrero, llegó entonces el turno de los fiscales de presentar la acusación formal contra ambos. "Les correspondió a Jorge y Bruno Luz la intermediación en los pagos a parlamentarios federales del PMDB [por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que integra el presidente Michel Temer] a través de estratagemas de lavado de dinero por medio de una cuenta oculta en Suiza a nombre de la forma off shore Pentagram, que era controlada por los acusados", indicaron.

Los fiscales detallaron que la operatoria del pago de sobornos a políticos del PMDB y ejecutivos del área internacional de Petrobras también contó con la ayuda de dos financistas uruguayos, Jorge y Bruno Davies, imputados en la megacausa Lava Jato.

Para los Davies no se trata de su debut en las noticias policiales. Ya en 2008 habían aparecido por primera vez en los radares de la justicia brasileña por su presunto rol en la triangulación de las coimas que Alstom pagó a políticos brasileños. Siete años después, en 2015, las autoridades uruguayas intervinieron y suspendieron su sociedad bursátil Interbaltic.

viernes, 7 de abril de 2017

¿Es esta una de las regiones más peligrosas del mar?

Por Redacción BBC Mundo
Personal armado de la guardia costera de Filipinas escolta el buque MV Giang Hai, de Vietnam, que fue atacado por piratas.
Personal armado de la guardia costera de Filipinas escolta el buque MV Giang Hai, de Vietnam, que fue atacado por piratas. REUTERS. Las embarcaciones han tenido que ser escoltadas por personal armado de la guardia costera de Filipinas.

Pocos habrán escuchado hablar de los mares de Sulú y Célebes, que comprenden aguas oceánicas comunes a Indonesia, Filipinas y el estado oriental de Sabah, en Malasia. Pero este estrecho de mar en el Sureste Asiático bien podría ser una de las regiones más riesgosas para el mundo marítimo.
Aunque la piratería y los asaltos en altamar han disminuido en el mundo, desde marzo de 2016 se ha registrado una oleada de incidentes de secuestros extorsivos en esas aguas y frente a la costa oriental de Sabah.

Swee Lean Collin Koh, experto en defensa marítima internacional, lo explica.

Hubo una época en que las dramáticas noticias de piratas y secuestradores operando alrededor de las costas de Somalia dominaron los titulares mundiales. En 2011, durante el período más crítico, un total de 237 incidentes se reportaron en esa área. A pesar de un reciente ataque contra un buque cisterna de Comoras, la piratería frente al Cuerno de África ha disminuido significativamente. "Comimos ratas, las cocinábamos en el bosque": el calvario de los marineros secuestrados durante casi 5 años por piratas somalíes
Foto suministrada por el Comando del Occidente de Mindanao de las Fuerzas Armadas de Filipina (WESMINCON), tras encontrar y abordar el yate
No así en los mares de Sulú y Célebes, donde el número de ataques contradice esta tendencia.
Foto suministrada por el Comando del Occidente de Mindanao de las Fuerzas Armadas de Filipina (WESMINCON), tras encontrar y abordar el yate - WESMINCOM

Extremistas de Abu Sayyaf han secuestrado y asesinado marineros, incluyendo las personas de este yate que fue encontrado a la deriva en el mar de Sulú.Los ataques han sido atribuidos principalmente al grupo extremista Abu Sayyaf, del sur de Filipinas, aunque algunos parecen ser obra de bandas criminales. Lo más preocupante es cómo está evolucionando su modus operandi. 

Al comienzo, sus blancos eran embarcaciones lentas y fáciles de abordar, como los remolcadores y barcazas cargados de carbón que típicamente navegan desde Indonesia al sur de Filipinas y barcos de pesca de arrastre. Desde entonces, sin embargo, se han vuelto más atrevidos, intentando abordar naves más grandes en la región. Una de estas fue un carguero de alta capacidad de bandera surcoreana que fue atacado frente a las costas del sur de Filipinas, en octubre de 2016.
Mapa del Sureste Asiático
Mapa del Sureste Asiático - Con miles de islas y alto tráfico marítimo, las aguas de la región representan una bonanza para los piratas.

Indonesia, Malasia y Filipinas han sostenido varias reuniones de alto nivel y emitieron comunicados conjuntos con miras a crear lo que llamaron el Acuerdo de Cooperación Trilateral (TCA, por sus siglas en inglés).

En mayo de 2016, los ministros de Exteriores de los tres países acordaron un plan de acción de cuatro objetivos, pero éste no ha progresado tan rápido como se esperaba, aunque ya existe un plan modelo de patrullas conjuntas en el estrecho de Malaca.

Yakarta inició la nueva propuesta y ha presionado con ahínco por la implementación del TCA, dado que muchas de las víctimas del secuestro extorsivo han sido indonesios. Pero la frustración del gobierno de Indonesia ante el lento progreso ha resultado en una moratoria de sus envíos de carbón a Filipinas, que será extendida "hasta que haya una garantía de seguridad por parte del gobierno de Filipinas". Después de eso, los dos países forjaron un acuerdo -basado en el tratado limítrofe de 1975- que permite a las fuerzas indonesias ir en "persecución" dentro de territorio filipino.
Guarda Costera de Filipinas inspecciona un barco en zozobra en el que los pescadores fueron asesinados por supuestos piratas
La Guardia Costera de Filipinas inspecciona un barco en zozobra en el que los pescadores fueron asesinados por supuestos piratas - AP

En subsiguientes declaraciones conjuntas, ambos han acordado seguir explorando medidas como patrullas coordinadas y el establecimiento de un corredor de navegación segura en los mares de Sulú y Célebes.

La creciente amenaza planteada por el autodenominado Estado Islámico aceleró varias medidas entre los tres países incluyendo, particularmente, un acuerdo para establecer puestos de comando en Bongao en Filipinas, Tawau en Malasia y Tarakan en Indonesia. Se aplicaron medidas de emergencia mientras las tres naciones trabajaban con sus instituciones internas en un acuerdo. Por ejemplo, Yakara y Manila formalizaron la realización de dos patrullajes coordinados al año.

Tras una ola de ataques, el año pasado, contra pesqueros registrados en el este de Malasia con tripulaciones indonesias, Yakarta exigió garantías de las autoridades locales en Sabah respecto a la seguridad de unos 6.000 tripulantes indonesios que trabajan en pesqueros en aguas malasias.
El enmascarado pirata somalí, Hassan, frente a un buque encallado en Hobyo, Somalia. 23 de septiembre, 2012.
El enmascarado pirata somalí, Hassan, frente a un buque encallado en Hobyo, Somalia. 23 de septiembre, 2012 - AP. La piratería está asociada con Somalia, como se aprecia en la fotografía, pero el sureste asiático es también caldo de cultivo para el crimen marítimo.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, también intervino, manifestando una aparente frustración por el lento progreso del TCA cuando dijo "Malasia, Indonesia y Filipinas tiene que abordar esto de una vez por todas y producir una solución". "Necesitamos... hablar seriamente sobre esto y frenarlo porque, de alguna manera, ha paralizado el mercado y comercio en esa región", añadió.

Los navieros internacionales se han mantenido alejados de la región autónoma musulmana de Mindanao por los ataques, cortando a esa región de una muy necesitada inversión extranjera.
En diciembre, las fuerzas de seguridad de Malasia sostuvieron el primer enfrentamiento con piratas filipinos armados en las aguas frente a Semporna, matando a tres de ellos y capturando a otros tantos.

La acción parece haber surtido efecto. Ese mismo mes, Kuala Lumpur reveló que se encontraba en conversaciones finales con Yakarta y Manila para implementar el TCA. Pero una nueva serie de ataques este año -contra una embarcación registrada en Sabah y otra registrada en Vietnam- resaltaron la necesidad urgente de ir más allá de las palabras.

Manila ha solicitado a China y Estados Unidos que contribuyan a la seguridad marítima en aguas internacionales de la región. Y, en marzo, Indonesia, Malasia y Filipinas finalmente acordaron patrullar el propuesto corredor de tránsito. Los navieros podrían, finalmente, suspirar de alivio.
China rescata tripulación en manos de piratas
Lanchas de alta velocidad de la marina indonesia durante un simulacro de interceptación de un barco pirata. , 27 de julio, 2006.
Lanchas de alta velocidad de la marina indonesia durante un simulacro de interceptación de un barco pirata, 27 de julio, 2006 - AFP

Los países de la región llevan un tiempo realizando ejercicios antipiratería sin lograr frenar el problema. Sin embargo, llevar a cabo con éxito esta infraestructura trilateral de seguridad marítima requerirá que los tres gobiernos mantengan sus compromisos, incluyendo poner a un lado sus diferencias políticas. Por ejemplo, el desacuerdo entre Kuala Lumpur y Manila respecto a la soberanía de Sabah. El presidente Duterte ha insistido en que su gobierno "mantendrá firme nuestro reclamo".

Si el TCA tiene éxito, Indonesia, Malasia y Filipinas no sólo comprobarán a la comunidad internacional que los mares de Sulú Célebes no son una "nueva Somalia", sino que también demostrarán su capacidad de hacer de lado sus preocupaciones políticas y diplomáticas en aras de enfrentar una amenaza común.

Swee Lean Collin Koh es investigador del Programa de Seguridad Marítima del Instituto de Defensa y Estudios Estratégicos, parte de la Escuela de Estudios Internacionales S Rajaratnam, Universidad Tecnológica de Nanyang, con base en in Singapur.

domingo, 2 de abril de 2017

La banda de "abrevalijas" tenía el control de un escáner en Ezeiza

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION
La tecnología que debía utilizarse para evitar acciones terroristas y tráfico de drogas era usada por delincuentes para robar cámaras y perfumes
Los empleados de una empresa de seguridad habían montado un red delictiva en Ezeiza
Los empleados de una empresa de seguridad habían montado un red delictiva en Ezeiza. Foto: PSA

Tenían una posición privilegiada: el último control de los equipajes de los pasajeros que volaban a los Estados Unidos por Aerolíneas Argentinas. Entonces, cuando por medio del escáner descubrían objetos cuya venta supusiera una importante ganancia, comenzaba el plan criminal, seleccionaban la valija para llevarla a un sector donde no quedaban tan expuestos a las cámaras de seguridad para abrirla y sacaban lo que querían. Después, el botín era distribuido entre los integrantes de la asociación ilícita para ser vendido entre familiares, amigos, conocidos y por medio de páginas de Internet. Hasta tenían una lista de precios y un sistema de división de ganancias.

Así funcionaba la banda de "abrevalijas" que fue desbaratada el 11 de este mes por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), después de una investigación realizada durante 15 meses.

En las últimas horas, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, a cargo de la pesquisa, procesó por los delitos de asociación ilícita y hurto a 14 sospechosos, la mayoría empleados de una empresa de seguridad contratada por Aerolíneas Argentinas.

"Pudo verificarse la existencia de una organización criminal cuyo objeto a priori era la sustracción reiterada de elementos de valor (aparatos electrónicos, dinero de cualquier denominación y origen, indumentaria, relojes y perfumes), en principio, del interior del equipaje perteneciente a pasajeros de la empresa Aerolíneas Argentinas, cuyo destino era los Estados Unidos de América, la posterior comercialización ilícita de los mismos y finalmente, la distribución de las ganancias obtenidas entre sus miembros, sirviéndose para ello, de la oportunidad que les otorga ser dependientes de la firma GPS SA encargada de la seguridad de los mismos en el ámbito de la Terminal C del aeropuerto internacional de Ezeiza y de la empresa de limpieza Lessiver, que presta servicios en la misma terminal", afirmó el juez federal Villena en la resolución donde procesó a los 14 sospechosos y a la que tuvo acceso LA NACION.

Para el juez Villena, la banda criminal era liderada por dos de los procesados que "tenían a su cargo la dirección de esta asociación ilícita, la mayor disponibilidad de los elementos sustraídos, manejaban el rango de precios, se encargaban de organizar los arreglos de aquellos elementos que lo requirieran y eran quienes distribuían el producido [las ganancias]".

Los presuntos integrantes de la asociación ilícita fueron procesados sin prisión preventiva. A los dos supuestos jefes de la empresa criminal, el juez Villena les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 70.000 pesos. A los restantes, 30.000 pesos.

"Mientras algunos operaban el escáner, al observar algún elemento de interés se hacía una referencia encubierta de ello al resto de los involucrados, quienes adoptaban los recaudos necesarios para colocar los contenedores bloqueando el alcance visual de las cámaras de filmación, así como ubicarse a modo de campana en las periferias de la cinta que conduce al escáner a fin de vigilar los accesos a dicha área", explicó el juez en su resolución.

Más allá del sistemático robo de pertenencias a pasajeros expuesto por la investigación, resultó preocupante que un grupo de delincuentes tuviese el control del escáner, que sirve como barrera de prevención antiterrorista y antidrogas.

Maniobra filmada

En el operativo que se hizo en el aeropuerto de Ezeiza el 11 de este mes, en el que estuvo presente el juez Villena, los detectives de la PSA observaron "desde el Centro Operativo de Control (COC) de esa fuerza, a empleados de una empresa de seguridad en una actitud sospechosa, no compatible con su principal función laboral, la cual consiste en el escaneo, control y vigilancia de los equipajes".

Según el expediente, los sospechosos sacaron de la cinta una valija y la abrieron. La filmación mostró cómo uno de los custodios le entregó algo a un compañero para que lo guardara en el bolsillo. Entonces, el juez ordenó identificar a la pasajera que despachó esa valija. Se trataba de una ciudadana norteamericana que estaba por volar a Nueva York por Aerolíneas Argentinas.

"La pasajera antes mencionada procedió a reconocer dentro del mismo a su equipaje, el cual se trataba de una valija del tipo carry on de medianas dimensiones de color verde. La mujer abrió su equipaje y advirtió que el mismo se encontraba con su interior revuelto", según el expediente judicial.

Los investigadores se dirigieron donde está la máquina de rayos x que operaban los sospechosos y en una mochila de uno de los presuntos jefes de la banda fueron hallados un par de anteojos marca Tommy Hilfiger y un reloj de pulsera con apliques en piedras brillantes, que la ciudadana norteamericana reconoció como propios.

Además, en los allanamientos en los domicilios de los sospechosos, los detectives de la PSA secuestraron consolas de juegos marca Sony, teléfonos celulares, anillos, relojes, pendrives y perfumes. En las escuchas telefónicas, los sospechosos conversaban sobre la negociación para vender cámaras Go Pro.

"Gran parte de los elementos secuestrados en los domicilios de los imputados se condice con los elementos descriptos en el listado de reclamos aportados por la empresa Aerolíneas Argentinas", afirmó el juez Villena.

Hurtos en vuelos hacia los Estados Unidos
  • La organización criminal que operaba en el aeropuerto de Ezeiza fue desbaratada el 11 de marzo pasado tras una investigación de 15 meses a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Fueron arrestados 14 sospechosos.
  • El grupo estaba integrado por personal de una agencia privada de seguridad y tenía a su cargo el control de las valijas mediante un escáner.
  • Los detenidos se especializaban en robar pertenencias dentro de valijas despachadas por Aerolíneas Argentinas para sus vuelos hacia los Estados Unidos.

domingo, 29 de enero de 2017

Sicarios: mandar a matar en la Argentina puede costar $ 10.000

Por Gabriel Di Nicola, Germán de los Santos - LA NACION
Los criminales son contratados tanto por jefes de la mafia china y grupos narcos como por competidores comerciales y familiares enfrentados

Para la mayoría de las personas que lo conocían en el barrio de Balvanera, Freddy Amarilla, nacido hace 48 años en Aluminé, Neuquén, era un correcto electricista que se ganaba la vida con un trabajo honesto. Pero como Richard Kuklinski, el asesino a sueldo conocido en los Estados Unidos como "Iceman" y cuya historia fue llevada al cine, Amarilla tenía una doble vida. Cuando no estaba con los cables, disyuntores y tomacorrientes trabajaba para la denominada mafia china que le encargaba ataques y ajustes de cuentas a cambio de dinero.

Amarilla está detenido y deberá enfrentar un juicio oral y público por el asesinato del ciudadano chino Chen Jian Zen, crimen ocurrido el 31 de octubre de 2013 en la avenida Caseros al 2400, en Parque Patricios. Está acusado de homicidio agravado por haber sido cometido por precio o promesa remuneratoria.


"Amarilla realizaba, a cambio de dinero, diversos «trabajos» para Xiao [integrante de la mafia china] que involucran el disparo de armas y asalto a locales vinculados a personas asiáticas", sostuvo el juez de instrucción porteño Osvaldo Rappa, que junto con el fiscal Carlos Velarde y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) tuvieron a su cargo la investigación del homicidio de Jian Zen.



Foto: Pablo Feliz
En otras palabras, para la Justicia y la PFA, Amarilla era un sicario de la mafia china. "Por cada «trabajo» que le encargaban cobraba entre 5000 y 10.000 pesos", sostuvo a LA NACION un detective que participó de la investigación. En el análisis de otros casos se puede determinar que esa cifra de 10.000 pesos es el valor de una vida en la Argentina.

Si bien no hay cifras oficiales sobre la cantidad de homicidios por encargo, en la Argentina el sicariato es un negocio criminal en auge. No sólo la mafia china contrata sicarios, también lo hacen las poderosas bandas narcos. Un caso emblemático fue el doble asesinato ocurrido en la playa de estacionamiento de Unicenter en julio de 2008 cuando acribillaron a dos presuntos narcos colombianos. Por el hecho hay ex integrantes de la barra brava de Boca Juniors detenidos, que según el expediente judicial a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, cobraron 1.500.000 pesos por un "trabajo" con más riesgos que los enfrentados por los sicarios en otros casos.

Pero, además de bandas narcos y la mafia china, en la Argentina hay lugar para todo tipo de sicarios. Desde el crimen organizado hasta venganzas por temas familiares o peleas de bandas sin mucho poder.

"La lógica de la contratación de homicidas, ya sea locales o extranjeros, es ajena a la estructura que tenga o pueda tener quien paga el encargo. En algunos casos obedece al profesionalismo de los ejecutores, a su discreción, a la necesidad de impedir que los ejecutores luego puedan hacer algún tipo de chantaje a quien encarga la operación, a la ciudad donde se va a llevar a cabo", explicó a LA NACION Nicolás Dapena, experto en seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los asesinos en motos

El sicariato tiene distintos niveles de sofisticación en el país. El crimen por encargo se impuso en Rosario después de que se desatara a partir de 2013 la guerra de bandas vinculadas al narcomenudeo. El joven en moto que dispara y huye se convirtió en un método eficaz para matar, garantizado por las dificultades de los investigadores en romper los códigos de silencio y miedo de los familiares de las víctimas y testigos.

A Milton Damario alguna vez lo apodaron "el señor de los sicarios". Arrancó en el oficio de matar en su adolescencia, cuando apenas tenía 15 años. Hoy está preso en el penal de Coronda en un sector aislado del resto de los internos, junto con Luis Pollo Bassi, el narco que se sospecha lo contrató para matar a Claudio Pájaro Cantero, líder de los Monos.

En agosto pasado, la justicia condenó a Milton Damario a 16 años por el crimen de Lucas Spina, un muchacho de 25 años que acribilló por error en una esquina de barrio La Tablada el 27 de enero de 2013. Acompañado por su hermano José -condenado a 17 años de prisión-, munidos de ametralladoras iban a matar a otro joven del barrio que estaba en un cumpleaños. Norma Bustos, la madre de Lucas, corrió la misma suerte que su hijo el 20 de noviembre de 2014, luego de que denunciara seis años antes en los medios y en la Justicia a los Damario como los sicarios que dominaban a sangre y muerte la zona.

Uno de los compañeros de Damario, en la cárcel de Coronda, es otro sicario, Pablo Andrés Peralta, de 34 años. Peralta vivía en un departamento con vista al río en Weelrigth y Dorrego, una de las zonas más caras de Rosario. Era "un hombre limpio" para la policía. Hoy trata de matar el tiempo mientras permanece aislado en un sector de máxima seguridad de la cárcel de Coronda. Cree que si el policía Carlos Alberto Dolce no se hubiera cruzado en su camino, estaría a la espera de que suene su teléfono para hacer algún trabajo.

Pero después de que lo detuvieron tras matar a Dolce, en pleno centro de Rosario, empezó a configurarse el perfil de un sicario. Aquel 5 de febrero, Peralta y Hernán Núñez, de 25 años, tocaron el timbre de una clínica en busca del médico Omar Ulloa. Le dijeron a la secretaria que debían entregar "una planta de obsequio para el doctor", que tenía un moño y una tarjeta. Ulloa salió del consultorio y recibió una golpiza y amenazas con un arma. "No abras la farmacia de Maipú y San Lorenzo. Ya te reventé a tiros la puerta de tu casa", le advirtió Peralta.

Un mes antes, el domicilio del médico había sido blanco de varios disparos. Todo se había originado, según consta en la causa, en una pelea entre cadenas de farmacias. Cuando escapaban, Peralta y Núñez fueron interceptados por Dolce, un policía que custodiaba los comercios de la cuadra. Peralta ejecutó al agente de cuatro disparos. Cayó detenido cerca de allí.

A la hora señalada

Peralta ya había intentado matar al abogado Alberto Tortajada en la puerta de su estudio, frente a los tribunales. Unos días antes, el letrado había recibido una llamada de un potencial cliente que requería sus servicios por un caso de narcotráfico. El abogado citó al interesado a las 17 en su oficina.

Tortajada estaba tomando un café en un bar de la esquina, y recibió una nueva llamada. El cliente le avisó que había llegado. El letrado entró al edificio y detrás suyo ingresó Peralta. "¿Usted me espera a mí?", preguntó el penalista de 71 años. Y le respondió con otra pregunta: "¿Usted es el doctor Tortajada?" Tras escuchar "sí", sacó una pistola calibre 22 y comenzó a disparar. Tres tiros impactaron en el cuerpo del abogado, que tuvo su golpe de suerte: la pistola se trabó y salvó su vida de milagro.

La investigación judicial estableció que los dos hechos estaban vinculados. Peralta había sido contratado por una persona ligada al negocio farmacéutico para matar a Tortajada -quien representaba a varios empresarios del sector- y amedrentar a Ulloa, que pensaba expandir su cadena de farmacias en Rosario.

Una discusión, un contrato y una muerte

"Homicidio agravado por promesa remuneratoria". Así encuadró la fiscal Georgina Pairola la imputación contra Darío Motier, quien está detenido desde agosto pasado, tras matar a Fabricio Zulatto, un joven de 21 años que murió de tres disparos en la cabeza y fue enterrado en un pozo en el búnker de una villa de la zona norte de Rosario. Pilo Motier nunca cobró el dinero que le prometió el narco Andrés Soza Bernard, un licenciado en Comercio Exterior que estaba bajo libertad condicional tras asesinar en 2008 a la estudiante Gabriela Núñez de un disparo en la nuca. El crimen de este joven se habría producido por una discusión que mantuvo un mes antes con Soza Bernard, que era proveedor de estupefacientes.

lunes, 16 de enero de 2017

Otro negociado: Lázaro Báez recibió $ 30 millones por una cantera que abandonó

Lázaro Báez recibió $ 30 millones por una cantera que abandonóPor Lucía Salinas - Clarín.com - Queda en Las Piedritas y ganó la licitación en 2013. Dejó maquinas destruidas y 25 familias sin trabajo.

Cantera Las Piedritas fue uno de los negocios de Lázaro Báez en el Chaco hoy pertenece a otra firma. Foto Emmanuel Fernández.

Fue otro negocio millonario que quedó en manos de Lázaro Báez, no en Santa Cruz donde recibió U$S 1.000 millones sólo en sobreprecios por los contratos viales otorgados, sino en el norte, en la provincia de Chaco donde hizo pie con la empresa “Sucesión Adelmo Biancalani”. Allí, el gobierno provincial bajo la gestión de Jorge Capitanich le otorgó la explotación de la cantera “Las Piedritas” hasta 2018. El costo inicial de la concesión fue por poco más de $ 4 millones, pero el empresario K terminó recibiendo $ 30 millones según los cálculos oficiales. “La provincia pagó a Báez por recursos propios”, señaló el diputado radical Livio Gutiérrez. La empresa Biancalani abandonó la obra y recientemente la Provincia readjudicó la explotación a la firma Polan SA.

A 200 metros del pueblo Las Piedritas donde viven unas 513 personas, se encuentra la cantera que le da vida al lugar. Su economía depende directamente de la explotación de material pétreo que alimenta a vialidad Provincial a diferentes constructoras radicadas en Chaco y también a los municipios, para el enripiado en sus respectivas localidades.

La rutina del poblado rodeado de zonas rurales, lo marca el trabajo de la cantera que supo emplear unas 25 personas en manos de Báez. Al mediodía el silencio es notorio en el gran predio donde inmediatamente se visualizan las montañas de tierra y la maquinaria detenida. El calor impide continuar con las tareas y el horario de verano otorga un respiro hasta las 16 que se reactiva el movimiento en la árida superficie, donde se destaca un gran cráter producto del tiempo que se viene explotando la cantera.

A la sombra cuatro camiones esperan el reinicio del trabajo en la cantera, para poder irse con el material pétreo. La explotación se está reordenando después de que Biancalani, empresa de Báez, abandonó la obra dejando un marcado deterioro en la maquinaria. “Se explotó a simple vista, sin orden y sin planificación, muy desprolijamente, también se encontró mucha falta de mantenimiento de todas las instalaciones”, indicó a Clarín uno de los ingenieros de Polan SA. El gobierno provincial rescindió la concesión que tenía Báez y realizó hace tres meses la nueva adjudicación.

La cantera “Las Piedritas” es propiedad del Estado chaqueño y desde 2013 estuvo en manos del empresario K. “Fue otro gran negocio que tuvo Lázaro acá y se fue y dejó unas 25 familias en la calle y el trabajo que hicieron fue desprolijo”, contó a Clarín Gustavo González (UCR) delegado municipal del pequeño poblado. La nueva empresa fue recontratando parte del personal que trabajaba en el lugar.

Bajo la concesión de Biancalani -desde comienzos de 2013 hasta octubre de 2016-, Vialidad Provincial que le pagaba al comienzo $ 4.200.000, le terminó comprando 370.000 toneladas que al precio oficial, arroja $ 32 millones a favor de la constructora. “El Estado pagó por piedras de una cantera que le pertenece, fue un negocio redondo. La cantera es fundamental porque le ahorraba mucho del costo de fletes para la construcción de ripios y fletes por la cercanía con la sobras”, explicó a Clarín el diputado radical Gutiérrez.

domingo, 15 de enero de 2017

Ruta 7: costó $ 224 millones pero sigue sin asfaltar

Por Lucía Salinas - Clarin.com
Es un tramo de 42 kilómetros que conecta 10 poblaciones y campos de productores en Chaco.
Ruta 7: costó $ 224 millones pero sigue sin asfaltar
La Ruta provincial 7 en Chaco, sin asfalto y con puentes sin terminar y señalizacion precaria. Fotos Emmanuel Fernández

Con el sol del mediodía y el calor que no da tregua, en ese camino necesario para escuelas rurales, colonias y pequeños productores, se levanta una nube de tierra que dejan atrás las camionetas y motos que se animan a transitar la Ruta Provincial 7, abandonada por Lázaro Báez y por la que recibió $ 224 millones de Vialidad Nacional. Durante los 42 kilómetros que debían pavimentarse para 2014, sólo se observa tierra, carteles hechos a mano, puentes anunciados pero no construidos.
Ruta 7: costó $ 224 millones pero sigue sin asfaltar
La ruta provincial 7, otro camino abandonado por la empresa de Lázaro Báez. Foto Emmanuel Fernández.

La licitación de la Ruta 7 estaba dividida en dos tramos. El primero tenía un costo de $ 170 millones. Al comienzo la tuvo Biancalani -la empresa de Báez-, pero la abandonó, con los fondos iniciales cobrados. El tramo más polémico es el que no cuenta ni con un kilómetro de pavimento: son los 42 kilómetros que el empresario nunca terminó, convirtiendo el camino en una odisea de tierra. Clarín recorrió este tramo.

La tierra árida se convierte en una gran nube que limita cualquier visibilidad. Es el rastro que dejan los vehículos que transitan la Ruta 7. El camino no se puede evitar, conecta más de diez colonias chaqueñas y campos de minifundistas. Es una imagen de la huella de Báez en el Chaco. Transitar este tramo de la ruta que une Presidencia de la Plaza, una tranquila y pequeña localidad, con Colonias Unidas, es un desafío. Los lugareños bromean y aseguran que al Dakar 2017 que pasó por Chaco hace días, le hubiera gustado más el desafío de ese camino roto, abandonado y con un marcado deterioro que las máquinas de Vialidad Provincial intentan disminuir sin mayor éxito.

“El suelo tiene su tiempo y a este lo están destruyendo poco a poco”, contó el concejal Roly Trepo. Son visibles las grietas que se van generando en el suelo al comienzo del recorrido que es anticipado por un cartel que no se ajusta a la realidad: "Precaución obra en construcción". El agua ayuda poco y las lluvias fuertes de la última semana también contribuyeron al mal estado de ese camino. “Si no tenés camioneta, es imposible con el agua, este camino se inunda porque nunca se pavimentó y no se hicieron las alcantarillas”, cuenta el concejal.
Ruta 7: costó $ 224 millones pero sigue sin asfaltar
Una obra millonaria que Báez también dejó sin terminar. Foto Emmanuel Fernández.

El vehículo disminuye la velocidad, no se puede circular a más de 40 kilómetros por hora y en otros tramos, la marcha disminuye a 20. Los pozos son el primer obstáculo a superar. A medida que se avanza en la ruta, la traza empeora. Aparecen carteles que anticipan uno de los tantos puentes contemplados en la obra, pero al aproximarse no hay nada. En el mejor de los casos una estructura de concreto rodeada de barro que sólo empeora el camino.

Cerca del mediodía, con el sol a pleno y una leve brisa que intenta ayudar, la circulación disminuye. A mitad del recorrido un cartel pintado a mano llama la atención: una flecha que no conduce a ningún lado, como si quisiera indicar un desvío que sólo señala la arboleda que rodea la ruta. El camino se hace más estrecho a medida que avanza y quienes allí circulan deben cederse el paso. Para muchos no hay opción y deben viajar por la ruta 7 duplicando el tiempo y arriesgando sus autos. "Accidentes, vuelcos, vehículos rotos, de todo deja este camino", contó Jorge Ramire, presidente de la UCR de Presidencia de la Plaza.
Ruta 7: costó $ 224 millones pero sigue sin asfaltar
La precaria señalización de la obra por la que Báez cobró $ 224 millones. Foto Emmanuel Fernández.
La ruta que ni siquiera tiene espacios delimitados para banquinas.

Quieren restringir el ingreso de inmigrantes que tengan antecedentes penales


Por Ignacio Ortelli - (Clarin.com) - El Gobierno busca aplicar controles inteligentes e intercambiar más información con otros países. No podemos volvernos un país cerrado, aclaran sin embargo.

Los cinco detenidos en los incidentes y corridas en Once con los manteros eran extranjeros. Foto: Gerardo DellOro.
Aunque ya venía trabajando en reforzar los controles migratorios, el impacto por el crimen de Brian Aguinaco aceleró la discusión y el Gobierno planea avanzar en una política migratoria más dura. A sabiendas de que se trata de un año electoral y que, por consiguiente, puede implicar un costo político, en la Casa Rosada se esfuerzan por aclarar que será a través de "controles inteligentes" y "sin estigmatizar" ni caer en la "xenofobia".

El tema forma parte de la agenda de la mesa que se desprendió del "Gabinete Nacional del Programa Siria", creado por el Presidente a través de un decreto. En ese marco, los ministros y representantes de las áreas que articulan la recepción de los refugiados sirios, especialmente los ministerios del Interior (Migraciones y Renaper), Desarrollo Social, Seguridad y la Cancillería, también analizan alternativas para dar una respuesta a una situación que, admiten en el Gobierno, preocupa: el desembarco de inmigrantes con prontuario delictivo intenso en sus países.

"Estamos recibiendo inmigrantes que vienen con una carga personal que hay que revisar. Cuando estás recibiendo gente que ya de por sí tiene un registro de delincuencia, es una situación particular, no es un migrante: es eventualmente alguien que está escapando de la ley, o alguien con estado de inmigración que al mismo tiempo delinque", razonó la canciller Susana Malcorra en diálogo con Clarín.

"No podemos -agregó la ministra- volvernos un país cerrado, pero al mismo tiempo tenemos que ser un país responsable de que acogemos a aquellos que vienen a la Argentina a ser parte de un proyecto con buena voluntad". ¿Qué se entiende por 'buena voluntad'? "Esas cuestiones son las que la ley o la revisión de la ley va a tratar de ajustar", deslizó Malcorra.

En efecto, en el Gobierno no dudan que hay que tomar medidas. Aunque sí subyacen diferencias respecto a cómo implementarlas. Hay quienes creen que se debe hacer a través un proyecto de ley o un decreto, otros que entienden que alcanza con aplicar con firmeza la legislación vigente. Y citan el inciso C del artículo 29 de la ley 25.871, de Migraciones, que fija como impedimento para el ingreso y permanencia a aquel extranjero que haya sido "condenado" o tenga "antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas" o por "un delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más".

Este último punto, creen en el Gobierno, es la llave para "depurar" el ingreso. El asunto es que, en muchos casos, no se cuenta con la información de los países de origen. "Con algunos, como Colombia, ya empezó a funcionar el intercambio de información migratoria, pero nos falta mucho", confiesan desde Migraciones. La intención es avanzar en más acuerdos de cooperación para reunir esos datos. Y, al mismo tiempo, acelerar los plazos de expulsión de los inmigrantes que delinquen: "Hoy con la industria de la apelación hay casos que tardan hasta ocho años", señalan. El porcentaje de extranjeros que delinquen es bajo: según datos oficiales, apenas el 6 por ciento de la población carcelaria son extranjeros.

Si bien descartó que una posición más rígida pueda impactar en las relaciones exteriores ("La Argentina tiene una de las leyes de inmigración mas permisivas del mundo"), Malcorra advirtió: "Al mundo le fue muy mal siendo xenófobo. No llegamos a ningún buen puerto con eso. No es que cualquiera puede entrar, pero tampoco podemos estigmatizar y cerrarnos, porque nuestro país es lo que es por los inmigrantes que vinieron".

Para la canciller, "hay que hacer controles muy inteligentes, cruces de la información con la que se cuenta" y no caer en la xenofobia, "que es ideología". "La mayoría de inmigrantes vienen con buena voluntad. Esto no se tiene que hacer por razones de ideología sino para preservar a nuestro territorio de aquellos que no tienen buena voluntad", indicó.

A fines de este mes, la mesa de coordinación se volverá a reunir y podría haber novedades. Pero, si bien hay consenso en todas las áreas, la última palabra la tendrá el jefe de Gabinete Marcos Peña y, por supuesto, el Presidente.

martes, 27 de diciembre de 2016

Prevén endurecer la ley de expulsión de extranjeros que cometen delitos

Resultado de imagen para delincuente extranjeroPor Martín Dinatale - LA NACION
El Gobierno contempla crear un fuero especial y acotar los plazos procesales en causas que involucran a inmigrantes.

Tan polémico como pragmático. Así se prevé la letra fina de un proyecto de ley que prepara en sigilo el Gobierno para acelerar los procesos de expulsión de extranjeros en condiciones irregulares o con causas judiciales pendientes. En los últimos días comenzó a redactarse un proyecto de ley que prevé reformular la actual ley de migraciones con un objetivo: avanzar en los demorados procesos de expulsión de extranjeros en situaciones jurídicas contrarias a las normas de la Argentina. 

Según revelaron a LA NACION fuentes calificadas de la Casa Rosada, el proyecto de ley se está elaborando entre los ministerios de Seguridad, Justicia e Interior. En este último caso, bajo el mandato de la Dirección Nacional de Migraciones. Sustancialmente, lo que plantearía el nuevo proyecto de reforma a la ley de migraciones será:

  • Fuero migratorio. La intención sería crear un fuero especial para tratar allí todas las causas judiciales en las que estén involucrados inmigrantes extranjeros con problemas judiciales. En el Gobierno aducen que en la justicia ordinaria hay casos que llevan muchos años frenados porque los jueces están atiborrados de causas y no dan prioridad a los casos de ciudadanos extranjeros. Un fuero migratorio especial -evalúan- agilizaría esos casos.
  • Acotar plazos. La intención de la reforma a la ley también sería reducir los plazos y pasos de recusación de una causa. "Hay una industria de la recusación y una avivada de los abogados que hace que un caso de un delincuente extranjero con pruebas fehacientes de un delito demore muchos años por las recusaciones que se presentan", dijo un funcionario del Gobierno que trabaja en este tema. Hay casos en los que un juicio se puede extender por 400 días hábiles en primera instancia por la flexibilidad que permite hoy la ley de migraciones en cuanto a pedidos de recusación.
  • Diferenciación de figuras. La intención de la iniciativa oficial de reforma también es ajustar la figura de reincidente de un delito. Es que en muchos casos el extranjero se va del país con una causa penal, pero al volver a delinquir nuevamente en la Argentina no se lo considera reincidente y extiende los plazos de permanencia en el país.

Desde lo conceptual, el Gobierno busca establecer una clara diferencia entre aquellos extranjeros que delinquen y que deben ser expulsados de inmediato de aquellos que están radicados con sus papeles al día y dispuestos a trabajar.

Según datos oficiales a los que accedió LA NACION, en la Argentina existen en la actualidad unos 15.000 extranjeros en condiciones de ser expulsados por diversos motivos que van desde irregularidades en su documentación de radicación hasta casos de acusados de delitos.

A la vez se estima que el 30% de la población del sistema penitenciario federal son casos de extranjeros con condena o proceso en condiciones de ser expulsados. Se trataría de unos 3500 extranjeros cuyas causas judiciales fueron postergadas en el tiempo por la demora de los jueces o por una eventual situación de aprovechamiento de los abogados que utilizan los resquicios legales actuales para alargar los plazos de permanencia. En el Gobierno evalúan que "la mano garantista" que imperó en la administración kirchnerista de los últimos años hizo que exista un parate absoluto de las expulsiones de extranjeros con causas penales. De esta manera se supo que en los últimos 10 años, la Argentina expulsó a 70 extranjeros con causas judiciales y delitos comprobados. De ese universo, 30 fueron eyectados del país durante la actual administración macrista en este último año.

Las autoridades de la Dirección de Migraciones, por su parte, destacaron a LA NACION que "no existe una política de expulsión, sino que, por el contrario, la Argentina es un país altamente receptivo de inmigrantes". Esto lo fundamentan con cifras: en lo que va de este año se efectivizaron 280.000 trámites de radicaciones de extranjeros en el país. Así, la Argentina es uno de los países de América latina con mayor índice de radicación de extranjeros. En Brasil, el año último hubo 70.000 trámites de radicación de extranjeros, y en Uruguay apenas 3000.

"No se puede decir que el gobierno de Macri es expulsivo. Todo lo contrario. Es inclusivo. Pero hace falta cumplir a rajatabla la ley y evitar abusos legales para aquellos que delinquen", graficó un funcionario del Gobierno que trabaja en el proyecto de reforma. Como ejemplo de ello, el funcionario explicó que el plan para albergar a 3000 refugiados sirios es una estrategia de inclusión que no todos los países de América latina llevan adelante.

viernes, 23 de diciembre de 2016

Auditoría a la Justicia: hay 2000 causas abiertas por corrupción y jueces sobrecargados

Por Claudio Savoia - Clarin.com
Se desprende de los datos preliminares de la auditoría a los juzgados federales que pidió el Consejo de la Magistratura. Hay causas abiertas hace más de diez años y problemas de infraestructura.
El edificio de la calle Comodoro Py 2002, en Retiro, escenario principal de los juicios por corrupción contra funcionarios nacionales. Allí funcionan 12 juzgados federales, las dos salas de la Cámara Federal y las cuatro de la Cámara de Casación, además de los tribunales orales. Foto: Rolando Andrade Stracuzzi.
El edificio de la calle Comodoro Py 2002, en Retiro, escenario principal de los juicios por corrupción contra funcionarios nacionales. Allí funcionan 12 juzgados federales, las dos salas de la Cámara Federal y las cuatro de la Cámara de Casación, además de los tribunales orales. Foto: Rolando Andrade Stracuzzi.

Con la mirada fija de la sociedad sobre sus pasos, y para cerrar un año de duros diagnósticos sobre las tareas indelegables del Estado, los jueces y tribunales federales argentinos acaban de entregar los primeros datos preliminares de una histórica auditoría ordenada por el Consejo de la Magistratura de la Nación, cuyo pleno acaba de aprobar en la sesión de hoy. Aunque la información aún está incompleta y debe ser procesada, las primeras noticias indican que en todo el país hay en trámite unas 2000 causas por corrupción, y que en los últimos veinte años se investigaron y concluyeron otras 4000.

La intención del trabajo, encargado hace cinco meses a instancias del presidente del Consejo -Miguel Piedecasas- y tras sortear la resistencia de consejeros y magistrados poco acostumbrados a los controles, era lograr un conocimiento del universo total de causas en materia de corrupción y cotejarlas con otros países de la región o desarrollados; medir el plazo de duración de los procesos, para ver si se logra una respuesta eficaz o no del sistema de justicia. Para despolitizar el análisis y alejarlo de la coyuntura, se pidieron datos sobre las causas concluidas y en trámite de los últimos veinte años (1996-2016), en las que haya sido imputado algún funcionario de los sucesivos gobiernos nacionales.

Una vez vencida la resistencia política a la auditoría, el desafío siguiente fue sistematizar el trabajo. Primero se seleccionaron los delitos contra la administración pública cuya posible violación sería auditada: cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones Incompatibles con la función pública; exacciones Ilegales; enriquecimiento Ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; estafas y otras defraudaciones al Estado. Luego, el 14 de julio, se sortearon los auditores, que de inmediato comenzaron a visitar los juzgados, cámaras y tribuanales orales de todo el país.

El 24 de noviembre, finalmente, el Cuerpo de Auditores entregó su informe preliminar, que luego de ser analizado por Piedecasas se discutió en la sesión plenaria del Consejo que concluyó esta tarde.

Veamos entonces algunos datos. Teniendo en cuenta que por ahora la estadística no diferencia las decisiones de fondo que jueces y camaristas fueron tomando en los expedientes de las que sólo representan una "incidencia" administrativa o procesal, el total posible de causas en trámite en el país estaría oscilando entre 1900 y 2000, un número que aumentaría por los informes faltantes, pero que a la vez se reduciría en una escala importante cuando se unifiquen las causas con sus recursos e incidencias, para evitar que se compute en forma duplicada o triplicada.

La misma advertencia debería tenerse en cuenta respecto de las causas concluidas, en cuyos datos falta información que debe procesarse. La información preliminar dice que se investigaron y se cerraron entre 4000 y 5000 causas por corrupción en los veinte años en análisis.

Fuentes importantes de la Magistratura estiman que, cuando el proceso de consolidación termine, las causas en trámite se han de reducir a unas 1000 y las culminadas a 2000, en números absolutamente relativos.

Pero no todas son estadísticas. El análisis descubrió, por ejemplo, que aún hay causas en trámite iniciadas en 1997, 1999 y 2000: hace más de una década. También será clave para medir la eficacia judicial poder ver los porcentajes de condenas, sobreseimientos, absoluciones, falta de mérito y sobre todo tener información precisa sobre las prescripciones, suspensiones de juicio a prueba o archivos. El paso del tiempo, asociado a la inacción judicial suele ser el principal aliado de los corruptos. Ya se sabe, por ejemplo que según las mediciones del propio Tribunal Oral Federal, el porcentaje de condenas en Bahía Blanca es muy bajo.

¿Números? Algunos ya hay. La Cámara Federal de Casación Penal, con todas sus salas, tiene en trámite unas 108 causas. Y en los seis Tribunales Orales Federales de Capital hay unas 150. Las dos salas de la Cámara de Apelaciones que funciona en Comodoro Py atienen ahora a unos 80 expedientes, y los doce juzgados federales porteños, donde se inicia la gran mayoría de las causas por corrupción contra funcionarios nacionales, tienen unas 720 causas en trámite. 

Según las estadísticas -aunque la complejidad de cada expediente es distinta y eso relativiza los casos, el juez más sobrecargado allí es Claudio Bonadio, con 96 causas. Le siguen los doctores Ramos, con 83, Casanello y Lijo, con 70, y Julián Ercolini, con 69. Del otro lado, quienes hipotéticamente tendrían más tiempo para dedicarse a cada expediente son los doctores Rodríguez (36 causas en trámite), Canicoba Corral (37 causas), Rafecas (39 causas), Torres (49) y Servini (52). En su juzgado y el que subroga tras la denuncia de Norberto Oyarbide, Marcelo Martínez de Giorgi atiende ahora  61 y 56 causas respectivamente.

En las jurisdicciones del interior (juzgados, tribunales y cámaras), estarían en trámite unas 900 causas, siempre teniendo en cuenta que como en los casos anteriores aún hay que consolidar los recursos e incidentes para ver en cuántos expedientes se están tomando decisiones de fondo. Las jurisdicciones de Rosario; Mendoza y San Martín, en el Gran Buenos Aires, son las que ofrecen mayor cantidad de causas en trámite, rondando las 100 cada una de ellas.

Los cinco primeros meses de trabajo también sirvieron para recoger datos sobre los problemas que la justicia federal enfrenta en materia de infraestructura, sistemas informáticos, recursos humanos, cuerpos periciales y relaciones con organismos externos, que sin dudas afectan el plazo de los procesos y los resultados en relación a la eficiencia de los recursos.

Ahora viene la etapa de procesamiento, análisis de los datos recogidos, además del pedido de informes complementarios, para que durante 2017 toda la información debidamente procesada, unificada, consolidada y analizada permita al cuerpo de Auditores realizar un informe mas sustancioso correspondiente a la segunda etapa del trabajo.

A medida que esa información esté disponible, y si el pleno del Consejo sostiene su decisión, los datos alimentarán un portal abierto de datos, que comprenderá no solo esta auditoría sobre corrupción, sino también las que se realizaron o se están realizando en materia de narcotráfico, delitos de lesa humanidad, causas laborales y aquellas en las que están involucrados menores de edad. 

Según pudo saber Clarín de fuentes del Consejo, "la idea es que a partir de ahora el seguimiento de las causas de corrupción y narcotráfico continúe año a año, lo que nos brindará un grado de certeza mucho mayor en el futuro y nos permitirá comprobar el aumento o disminución de las causas en esa materia, lo que hace al mejor o peor nivel de institucionalidad."

No será fácil. El funcionario recuerda que, con la orden de hacer estas auditorías y el esfuerzo en concretarlas, se cambió el criterio de anteriores composiciones del Consejo, que en 2007 y 2010 rechazaron de plano la idea de controlar a los jueces que investigan la corrupción.

Los Kirchner, involucrados en el escándalo de Odebrecht

Por Daniel Santoro - Clarin.com
El pago de 35 millones de dólares en coimas entre 2007 y 2014. La constructora brasileña abonó $ 80 mil a la inmobiliaria de la ex presidenta, mientras investigan por lavado al primo de Néstor.
Factura de Odebrecht para el pago a la inmobiliaria de los Kirchner.
Factura de Odebrecht para el pago a la inmobiliaria de los Kirchner.

Los Kirchner quedaron involucrados en el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht que admitió el pago de coimas a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner entre el 2007 y el 2014 por obtener contratos públicos por 270 millones de dólares por varios caminos. Una a través de una denuncia por lavado de dinero contra el primo de Néstor y ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, y otra por una factura que Odebrecht pagó a Negocios Inmobiliarios, la inmobiliaria de los Kirchner que maneja el “Bochi” Sanfelice, entre otras pistas.

En abril de 2014, Odebrecht transfirió a través del Banco Galicia 80.000 pesos a una cuenta del Banco Santa Cruz a Negocios Inmobiliarios SA, la inmobiliaria de los Kirchner, según una factura difundida por el sitio web Tangoleaks y publicada el año pasado. Ante otras extrañas facturas como estas, Sanfelice había dicho que eran pagos en concepto de alquileres de “inmuebles o máquinas”. La factura está firmada por Mauricio Perez y Arlindo Sergio de Olivera Facadio, apoderados de Odebrecht en la Argentina. Pero el acuerdo judicial de ayer en EE.UU aportó nuevos datos. Entre el año 2011 y 2014, Odebrecht pagó una suma aproximada de US$ 2.9 millones a “un intermediario quien trasladaría dichos gastos a los funcionarios del gobierno argentino”. 

Una fuente empresaria dijo a Clarín, en forma enigmática, que el intermediario podría ser un personaje que años atrás tuvo un romance con una famosa actriz y que, además, estuvo relacionado con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido. El intermediario hizo gestiones para que Odebrechet consiguiera jugosos contratos como el del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.En el punto 50 del acuerdo entre la justicia de EE.UU y la constructora brasileña revela que entre enero del año 2011 y marzo del año 2014, Odebrecht realizó “pagos por la suma de USD$500.000 a cuentas privadas de un intermediario que se habría comprometido a trasladar dicha suma a los funcionarios argentinos”. Uno de esos pagos por 80 mil dólares habría ido al ex secretario de Transporte K, Ricardo Jaime, a través de la cuenta Prinnbont Corporation SA del First Caribbean International Bank.

Según fuentes judiciales se pagaban sobornos para cobrar contratos y también para cobrar los certificados de obras. Por eso resultó significado que la Unidad de Información Financiera (UIF) -que dirigen Mariano Federici y María Eugenia Talerico pidieron al juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita que inhiba los bienes e investigue por lavado de dinero al primo de Néstor. Ercolini y Pollicita investigan la causa por el redireccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez en la que Carlos Santiago Kirchner declaró, el mes pasado, como sospechoso de haber sido parte de la maniobra.

La UIF descubrió que el primo tiene una pinturería en Río Gallegos cuyo nombre legal es K-Sanc S.A. y que la “usó para la compra” de departamentos, vehículos de alta gama y la apertura de plazos fijos millonarios, más que para vender pinturas. En un informe, se señala que la empresa fue creada en el 2011 y al año siguiente compró 5 unidades funcionales por 29 millones de pesos y luego un departamento en Puerto Madero por unos 10 millones de dóalres. Más tarde, adquirió un Mercedes Benz Coupe 350, un Peugeot 408 y un Volkswagen de alta gama.

En el 2013, el primo de Néstor había aumentado sus bienes en casi $2 millones en 2012, según su declaración jurada de bienes. A comienzos de 2012, informó tener bienes, depósitos y dinero por un total de $6.142.031,31 y al finalizar ese período contabilizó $8.078.619,32, convirtiéndose en uno de los funcionarios más ricos de todo el gabinete K.

Arquitecto de profesión, en 1988, fue designado en la Jefatura de Departamento del área de Estudios y Proyectos de la Municipalidad de Río Gallegos. Dos años más tarde, en 1990, fue nombrado vocal del Poder Ejecutivo del Instituto de vivienda de Río Gallegos, y en 2003 pasó a presidir ese organismo. Recién a mitad del mandato de Kirchner, en 2005, "El Negro" Carlos pasó en la órbita nacional. Su primo le creó un cargo a medida: subsecretario de coordinación de Obra Pública. Ya la Auditoría General de la Nación había advertido en 2009 que el primo político de Cristina Kirchner en su subsecretaría había un “muy débil control del destino final de los fondos”.

Los negocios de Odebrecht en Argentina están investigados por varios jueces a la vez. La denuncia de Ocaña la tiene el juez Martínez De Giorgi, la de la diputada Margarita Stolbizer, el fiscal Carlos Stornelli, mientras que la líder del ARI-CC Elisa Carrió denunció a De Vido por el cobro de coimas y a Odebrecht por maniobras con las declaraciones juradas únicas de importación (DJAI). Mientras la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pidió datos a los fiscales brasileños sobre el pago de sobornos de la constructora en la Argentina.

Un área paralela y un banco en el Caribe, las vías del soborno

Resultado de imagen para MyWebDay" y "Drousys"Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
Documentos de EE.UU. y Brasil exponen cómo pagó sobornos por US$ 439 millones en doce países.

Fueran tantas las coimas que pagó, que Odebrecht montó toda una estructura paralela para manejar la operatoria ilegal. Y le puso un nombre entre anodino y burocrático para identificarla. Un nombre que no llamaba la atención: División de Operaciones Estructuradas. Pero dio otro paso más. Porque si hay algo mejor que un banco ajeno para moverse en las sombras es operar un banco propio. Entonces compró un pequeño banco del Caribe para circular su dinero negro.

Todo eso y más surge de las investigaciones que durante los últimos años desarrollaron los investigadores brasileños del Lava Jato -en especial el juez Sergio Moro, un equipo de fiscales y la policía-, y su contraparte del Departamento de Justicia estadounidense y de la Fiscalía de Nueva York. Ahora, esa labor transnacional comienza a salir a la luz.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Primero, que esa División de Operaciones Estructuradas también manejó un presupuesto paralelo entero a través de dos sistemas, "MyWebDay" y "Drousys".

Segundo, giró fondos a decenas de compañías offshore a nombre de terceros que en la práctica eran títeres de Odebrecht.

Tercero, compró en 2010 una pequeña filial en la isla de Antigua, en el mar Caribe, de un banco de origen austríaco. Su nombre no surge del informe oficial del Departamento de Justicia, pero sí de la investigación brasileña. Es el Meinl Bank.

Cuatro, ordenó miles de transferencias bancarias a través de cuentas abiertas en distintos paraísos fiscales. Así, por ejemplo, el dinero llegó a pasar por cuatro cuentas intermedias antes de llegar al destinatario final, de modo de ocultar su beneficiario y dificultar la labor de aquel que quisiera seguir la ruta de ese dinero negro.

Y quinto, a menudo los pagos fueron en efectivo. Ya fuera, según admitió Odebrecht ante el Departamento de Justicia, en "paquetes" y "maletines", que transportaron valijeros, a los que en Brasil conocían como "doleiros".

¿Cuánto dinero negro movió la División de Operaciones Estructuradas? El cálculo de los investigadores estadounidenses es que rondó los US$ 788 millones, de los que US$ 349 millones terminaron en los bolsillos -o las cuentas offshore- de funcionarios brasileños y los restantes US$ 439 millones en manos -o cuentas- de autoridades argentinas y de otros 10 países.

Para eso, los responsables de Odebrecht en cada país involucrado debían contactarse con dos ejecutivos de la División de Operaciones Estructuradas. El Departamento de Justicia los identificó como los enigmáticos "empleados de Odebrecht" número 4 y 6.
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