Los papeles de Ducler revelan la trama oculta de los fondos de Santa Cruz

Por Nicolás Wiñazki - Clarin

Dos días antes de aparecer muerto, el financista anunció que revelaría cómo manejó Kirchner los millones santacruceños con cuentas off shore. Clarín accedió a los documentos.

Los papeles de Ducler revelan la trama oculta de los fondos de Santa Cruz - Aldo Ducler. Foto Enrique García Medina

Aldo Luis Ducler murió en las vísperas. Acababa de denunciar ante el Gobierno a sus clientes más poderosos, los Kirchner, pero no llegó a hacerlo de forma pública, o judicial. El jueves 1 de junio pasado caminaba por donde caminó siempre, la cuadra de la calle Corrientes al 400, cuando todo se terminó.

Fue en esas mismas veredas en las que todo, de alguna manera, también había empezado: en Corrientes 415 piso 6 funcionaba la financiera que el hoy jubilado de setenta y cinco años fundó y llegó a ser un banco, llamada “Mercado Abierto”. Allí donde gozó de la plenitud del éxito económico, siempre ligado al poder, empezó a perder también su vida. Ese jueves algo le pasó, aún no se sabe qué, pero una ambulancia lo llevó al Hospital Argerich, donde falleció.

El 30 de mayo, Ducler había presentado una carta ante la Unidad de Información Financiera (UIF), en la que pedía protección para él y para su familia. A cambio, aseguraba que iba a “colaborar” con “documentación” para que la Justicia revelara la trama desconocida de las estructuras bancarias internacionales que usaron los Kirchner para crear una “asociación ilícita”: Ducler estaba dispuesto a entregar papeles que ayudarían conocer como “los fondos” que recibió Santa Cruz por regalías petrolíferas mal liquidadas en 1993 fueron usados de forma irregular por los K.

Según el denunciante, hoy muerto, los K tomaron control privados de esos 630 millones de dólares del Estado y los desviaron para hacer política, sanear un banco, y después para comprar un paquete de acciones de YPF, a través de la familia Eskenazi. Clarín accedió a parte de la documentación que demuestra que Mercado Abierto efectivamente había manejado los “fondos de Santa Cruz” vía bancos de los Estados Unidos y Suiza.

Ducler dijo que entre los “datos” que podría aportar estaban de los “números de cuenta” algunos de esos bancos que protagonizaron esta trama, aunque los ubicó únicamente en los países ya nombrados y en Luxemburgo.

Clarín accedió a documentación de “Mercado Abierto” donde se encuentran esas especificaciones, y otras más. Parte de esa documentación de Mercado Abierto fue publicada por Clarín en septiembre del 2016. Ahora más de los detalles de esos papeles, antes no mencionados en los artículos de este diario, se reactualizan.

Por ejemplo: a través de documentación de una cuenta del banco Credit Suisse queda explícito que los “fondos de Santa Cruz” también “giraron” por financieras de Holanda, Francia y el Reino Unido, entre otros países.

Según los papeles de “Mercado Abierto”, la financiera de Ducler, la principal cuenta que vehiculizó los millones santacruceños pertenecía al banco Morgan Stanley, ubicado en la calle Eye Street 1775 NW, Suite 200, en Washington, la capital de los Estados Unidos.

El “Financial Advisor” (asesor financiero) que durante meses envió resúmenes de los balances, inversiones, débitos y transacciones realizadas con ese dinero estatal a “Corrientes 415” era una persona identificada como “Masci/Tarr/Atkinson”. El número de esa cuenta (Account Number) del Morgan Stanley era el “642 213721 058”.

Un documento de ese banco enviado a “Mercado Abierto” a fines del mes de diciembre del 2003 (con Kirchner ya en la Presidencia de la Nación), los “Total Custodial Holdings” (o tenencias totales en custodia) ascendían a esa fecha a 549.971.618, 75 dólares.

Otra de las entidades de los Estados Unidos que manejó parte de los “Fondos de Santa Cruz” se llama “Dean Witter Reynolds Inc”. Existen pruebas escritas sobre cómo en 1995 el entonces gerente adscripto del banco de la provincia, el hoy preso por lavado de dinero Lázaro Báez, ordenaba que se hagan transferencias de esa cuenta neoyorquina, con dinero público, a otras pertenecientes a sociedades comerciales privadas con dueños desconocidos.

Ducler había escrito en su carta a la UIF que uno de los bancos que participó de las maniobras para garantizarle a los Kirchner la posibilidad de comprar acciones de YPF vía la familia Eskenazi había sido el Credit Suisse, de Suiza.

Ese banco también hizo operaciones con los millones de dólares que desde el sur del mundo terminaron por dar vueltas por varios bancos europeos. Los “Fondos de Santa Cruz” fueron depositados y usados distintos modos desde la sucursal del Credit Suisse ubicada en la calle Zurich-Paradelplatz, 8070, en la ciudad de Zurich, Suiza.

Por esa cuenta pasaron cientos de millones de dólares que estaban a cargo de un agente de ese banco identificado como “Mr Schoch Frank”. De esos papeles suizos surge, también, que varios millones de dólares de Santa Cruz tuvieron como “depositario” al Rabobank Nederlan, Utrech”, de Holanda.

El de noviembre de 2003, por ejemplo, se produjo una operación de la plata estatal de la hoy quebrada Santa Cruz desde el Credit Suisse al Rabobank holandés. Kirchner era Presidente de la Argentina.

Desde el Credit Suisse se vehiculizó, entre muchas otras más maniobras, una transacción por “US$” por “100,000”, fechada el 10 de julio del 2003. El “Depositary” (depositario) de la plata está identificado como “CSPB Deposit Centre, ST Peter Port”. El “CSPB” es la sigla que corresponde a “Credit Suisse Private Banking.

La localidad de Saint Peter Port es la capital de un distrito del Reino Unido llamado Guernesey. Según Wiklipedia, los habitantes del lugar “reciben el mote de ‘villanos’” en la lengua que se habla en esa zona, el Dgernèsias. También desde el Credit Suisse se transfirieron fondos santacruceños al “Bayerische Landesbank, Paris”. Como siempre, el operador fue “Mr Frank Schoch”.

En su escrito ante la Unidad de Información Financiera (UIF) Ducler aclaró que quería colaborar con la Justicia buscando, un gran objetivo: “hacer caer” una demanda judicial contra la Argentina que se tramita en Estados Unidos vinculada a un reclamo por alrededor de 4 mil millones de dólares.

Es un pleito generado gracias a la “expropiación” del paquete accionario de YPF que perteneció a la familia Eskenazi, una acción impulsada por el propio Gobierno de Cristina Fernández en 2012, en medio de una promocionada gesta destinada -según las declaraciones- a promover la defensa de los intereses nacionales. Pero eso es otra historia, que se cuenta en estas páginas, en una nota aparte.

Investigan una estafa a Vialidad de sus propios directivos

Por Diego Cabot - LA NACION - Expropiaban terrenos de una futura autopista; el perjuicio es por $ 100 millones

La traza de la Autopista Perón, en el partido bonaerense de Merlo. Foto: Maxie Amena

Enquistada y de modo silencioso. Así trabajaba dentro de Vialidad Nacional la llamada "banda de los expropiadores", una organización que operó sobre todo en 2014 y 2015 y que ahora es investigada por haber causado un perjuicio al Estado por alrededor de $ 100 millones. La metodología era burda, pero efectiva. Burócratas del organismo conocían de antemano la traza de las líneas viales proyectadas, se presentaban en terrenos aledaños y los expropiaban a precios fuera de mercado.

En este caso, se trató de la autopista Perón, una continuación del Camino del Buen Ayre que será un tercer cordón circunvalar del conurbano bonaerense. A esos territorios llegaban aquellos burócratas viales con la ley de expropiaciones en mano y la lapicera de quienes decidían cuánto pagar por cada terreno expropiado. Hicieron romerías en tierra bonaerense, especialmente en Merlo y en Ezeiza, donde el camino corre por zonas más urbanas.

El método empezaba con el conocimiento de la línea expropiatoria. Entonces, integrantes de la banda iniciaban la negociación con los tenedores de los terrenos. La principal irregularidad que cometieron fue que en gran cantidad de los casos jamás contactaron al dueño real de la propiedad, es decir, al titular del dominio. Livianos de formalidades, optaban por negociar directamente con el superficiario, que en la gran mayoría de los casos eran ocupantes ilegítimos. Así empezaba a tejerse la maniobra, que terminaba con ponerle al inmueble un valor por encima del mercado, firmar la salida de la gente del lote y no pedir antecedentes sobre la cantidad de años que habían permanecido en ese lugar.

La alarma saltó cuando, a principios de 2016, algunos dueños de los terrenos ocupados y expropiados golpearon la puerta de Vialidad. Decían que por su propiedad pasaba una autopista y que nunca habían sido notificados ni indemnizados. Los nuevos funcionarios empezaron a escarbar expedientes y encontraron que entre 2014 y 2015 se habían expropiado la gran mayoría de las tierras.

El 8 de abril de 2016 se inició el expediente 5330 de Vialidad Nacional, caratulado "Revisión de proceso de expropiación vigente a diciembre de 2015 y resoluciones 1642/2012 y 3076/2012". Una auditoría, que se adjuntó desde la página 36 del trámite, relata cómo funcionó en Vialidad el esquema, que se completaba con dos normas firmadas por el entonces número uno del organismo, Nelson Periotti.

La primera establecía un procedimiento que se apartaba de los vigentes (la ley de expropiaciones y la llamada "Ley Pierri") y que flexibilizaba los requisitos para demostrar la permanencia como ocupante del lugar. La segunda, clave para realizar la maniobra, establecía una fórmula para calcular el valor, por encima de lo que establecía el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), organismo encargado de ponerle precio al bien. El herramental estaba listo.

Según consta en la investigación interna, que pasó a la Oficina Anticorrupción, en el expediente 2486/14 se estableció un precio de 129.000 pesos por una vivienda, pero Vialidad pagó, gracias a una de las resoluciones, 531.437 pesos. En otro ejemplo, en el expediente 12.843/14, la casa fue tasada por el TTN en $ 129.000 y se canceló en $ 725.204. El boom inmobiliario a pleno en el conurbano bonaerense.

Roberto Gonçálvez, uno de los damnificados. Foto: Maxie Amena

El que paga mal paga dos veces, dice el refrán. Y así fue, se pagó dos veces. "Yo vivo lejos de aquí y acá había un terreno en el que me habían ocupado la casa. Una vez pasé a ver cómo estaba todo, y me encontré con que mi casa ya no estaba más. Por ahí pasaba la autopista", dice Roberto Gonçálvez, parado en el que alguna vez fue su lote. "Jamás me notificaron. Me dijeron que le habían pagado al ocupante de la casa. Fui a Vialidad y tuve que llevar toda la documentación que me acreditaba como dueño, y recién entonces, pude cobrar", agrega.

La estafa se terminó de configurar con la instalación de conocidos en terrenos de la traza para luego expropiarlos como ocupantes. Los funcionarios de Vialidad implicados, en varios casos, habían colocado personas cercanas pocos meses antes de la expropiación.

Casualmente, se encontró a varios empleados de la constructora que tenía a su cargo la obra, CPC -una empresa de Cristóbal López-, como ocupantes de terrenos, y obviamente se los indemnizó. Además, hubo empleados de Vialidad que también fueron sujetos de un pago por vivir sobre la traza. Coincidencias.

Hicieron de todo. En varios expedientes de terrenos distintos se encontró la foto de la misma casa y se repitieron testigos que explicaban la antigüedad de otros ocupantes. Amantes del desarrollo inmobiliario, varios expropiados tenían dos domicilios en diferentes lugares y fueron indemnizados por ambos.

Todo el andamiaje que terminaba con el Estado pagando más por estos terrenos estaba revestido de la legalidad que le daban las normas que Periotti había firmado. Por decisión de los propios funcionarios de Vialidad, el Tesoro pago hasta cinco veces el valor establecido por el TTN.

La operatoria duro hasta diciembre de 2015, cuando la nueva administración se hizo cargo y los antecedentes terminaron en una auditoría que inmediatamente se adjuntó y se remitió a la Oficina Anticorrupción. Según las cuentas del organismo vial, la maniobra le costó al Estado alrededor de $ 100 millones y aún queda más del 90% de la traza urbana ocupada y por expropiar. Años perdidos y millones malgastados.

La red funcionaba en las entrañas mismas de Vialidad Nacional. Una maraña de complicidades intervenían estos expedientes para desviar dinero público, que retornaba a los ahora millonarios burócratas viales. Fue una fiesta que terminó en una denuncia judicial.

Dinero público, negocios privados

Conocimiento - En Vialidad Nacional sabían por dónde iba a pasar la traza de la autopista Perón, un anillo que será la continuación del Camino del Buen Ayre

Al territorio - Burócratas del organismo iban a los terrenos sujetos a expropiación. Pagaban hasta cinco veces más a sus ocupantes y no se constataba la antigüedad en la vivienda

Conocidos - Además de que los propietarios no recibían dinero, varios expropiados eran empleados de la constructora CPC, de Cristóbal López, y de Vialidad Nacional

Sospecha - Se sospecha que toda la operatoria se hacía en connivencia entre el expropiado y los funcionarios

Investigación - El expediente interno se remitió a la Oficina Anticorrupción para hacer la denuncia penal

Empleados de Vialidad se hacían pasar por dueños de terrenos y cobraban dinero por expropiación

(La Nación) - La estafa se realizó en la gestión anterior; los mismos trabajadores del organismo conocían las traza de los nuevos caminos y se presentaban como damnificados de la obra.

Vialidad Nacional puso al descubierto una maniobra de sus propios empleados en la gestión kirchenrista por la que los mismos trabajadores del organismo, con la información del trazado de un camino, se hacían pasar por damnificados de la obra y solicitaban el dinero correspondiente a la expropiación.

La estafa, que incluía a empleados de Vialidad y trabajadores de las empresas constructoras, ronda los 100 millones de pesos.

El periodista Diego Cabot contó el procedimiento. "Vialidad en teoría había sacado a los ocupantes del terreno y no había informado a los dueños. Se sospecha que Vialidad colocaba sus alfiles y los expropiaban", indicó.

Ver: http://www.lanacion.com.ar/2026784-empleados-de-vialidad-se-hacian-pasar-por-duenos-de-terrenos-y-cobraban-dinero-por-expropiacion

"Reciclaban" alimentos vencidos

(La Nación) - Una banda que se dedicada a la venta de alimentos y mercadería vencida, en su mayoría recuperada de los rellenos sanitarios de la Ceamse, fue desbaratada al cabo de 36 allanamientos en los que hubo nueve detenidos y 14 aprehendidos, entre ellos, un policía de la ciudad de Buenos Aires y otro de la provincia. 

La investigación reveló que la banda recolectaba mercadería de los basurales, adulteraba las etiquetas y fechas de vencimiento, y revendía los productos en comercios. Los procedimientos se hicieron en Malvinas Argentinas, Tigre, Pilar, José C. Paz y en galpones de la Ceamse donde operan cooperativas de recicladores.

Bagayeros: el contrabando paga su peaje con sangre

Por Germán de los Santos - LA NACION

Enfrentamientos entre "pasadores" en las ciudades salteñas de Orán y Aguas Blancas se saldan hoy con atentados y ajustes de cuentas que multiplican los muertos y heridos en la ruta 50

Después de 20 cruces diarios de la frontera, un “pasador” puede ganar $ 1000. Foto: Marcelo Manera

ORÁN, Salta.- En medio de la penumbra Raúl "Coya" Martínez no tuvo tiempo para huir ni resistir. Despreocupado, comía un sándwich apoyado en su Toyota Hilux cuando toda la ciudad de Orán, en Salta, ubicada a 32 kilómetros de la frontera con Bolivia, estaba a oscuras por un extraño corte de luz.

Dos motos clavaron los frenos en la esquina de la rotisería Lela, en pleno centro, y tres sicarios, sin sacarse los cascos, comenzaron a disparar. Su esposa trató de alcanzarle a Martínez, de 37 años, una pistola Bersa de la guantera, donde había 10 cargadores de balas 9mm, pero su escasa agilidad no la hizo llegar a tiempo.

Al bagayero, como llaman a los contrabandistas de la frontera entre Argentina y Bolivia, lo ejecutaron de cinco tiros, tres de ellos en la cabeza. Unos días antes había recibido amenazas de que iba a ser blanco de la venganza por otro atentado, tramado por él, contra un colega del ramo de Orán, que fue acribillado de diez balazos.

Desde hace unos meses empezó a recrudecer en esa ciudad la guerra entre los bagayeros. Son más de 5000 en Orán y Aguas Blancas, un punto estratégico de la frontera entre Argentina y Bolivia, que desde hace décadas se transformó en un centro de acopio de todo aquello que traspone el límite geográfico: ropa, electrodomésticos, drogas y hasta personas.

Es una actividad ilícita, pero permitida, que creció de manera vertiginosa durante los últimos cinco años. "Calculamos que más de un tercio de la comunidad se dedica a esta actividad que va en ascenso", señala el fiscal José Luis Bruno.

Hasta ahora esa forma de vida era aceptada por las autoridades, pero el narcotráfico y la trata de personas hizo más oscuro y violento ese negocio ilegal, que ya dejó de ser un factor de subsistencia de parte de la comunidad de la zona para transformarse en una mafia que mueve millones.

Otro engranaje del negocio es el tráfico de ciudadanos chinos que cruzan la frontera de manera ilegal. Son "aguantados" en viviendas del barrio Caballito de Orán para después enviarlos en remises a distintas zonas del país, fundamentalmente Buenos Aires.

El tráfico es una maquinaria que no se detiene. Funciona sin feriados ni fines de semana. Y ese trajín se observa diariamente sobre todo a la tarde en la ruta 50, que es el conducto que une los dos países.

Unas horas antes de que Martínez fuera asesinado, Gendarmería secuestró 63 kilos de cocaína y una ametralladora Halcón en un auto que trasladaba bultos desde Bolivia a Orán por la ruta 50. Desde hace un año, la Justicia investigaba por narcotráfico a los dos detenidos.

"En el contrabando todo está mezclado en esta zona, pero cada vez tiene mayor peso el narcotráfico y la violencia que generan estos grupos que se enfrentan para tener el control", aseguró Bruno, fiscal de Orán, en diálogo con LA NACION.

Control de pasos ilegales

El Ministerio de Seguridad de la Nación pretende ordenar por primera vez este complejo entramado. El secretario de Fronteras Luis Green adelantó que se pretende cerrar este año 25 pasos ilegales, en un trabajo coordinado con las provincias.

Más de 5000 personas viven de sus ganancias como bagayeros en Aguas Blancas. Foto: Marcelo Manera

Pero en Orán y Salvador Mazza, dos puntos estratégicos del arribo de droga a la Argentina, no será sencillo. Allí gran parte de la población vive del tráfico ilegal y cuando se ha querido cambiar este esquema se producen conflictos, piquetes en la ruta y enfrentamientos, como ocurrió hace tres años cuando un grupo de bagayeros tomó de rehenes a un grupo de gendarmes hasta que los efectivos de esa fuerza no les devolvieran la mercadería de contrabando secuestrada. Luego se gestó un enfrentamiento en plena ruta 50, donde murió de un balazo un bagayero que vivía en el barrio Néstor Kirchner, de Orán.

No es fácil entrar en el rubro, controlado por representantes de Manuel Barrios, presidente de la Cooperativa 15 de Abril que agrupa a los "pasadores". Tiene dos causas abiertas en la justicia federal por contrabando.

Barrios es quien cobra por el traspaso de los bultos y el que paga a los bagayeros. Este hombre maneja la cooperativa desde fin del año pasado, cuando intentaron desplazar a una mujer de unos 50 años llamada Estefanía que manejaba con exclusividad el traspaso de mercadería desde hacía una década. Entonces, comenzó una guerra que se libra en las calles de Orán y en la ruta 50.

La disputa detonó en una feroz pelea entre bagayeros a palazos y machetazos, que dejó una decena de heridos. Ni la policía ni la gendarmería, que está ubicada a menos de 500 metros del predio, intervinieron. Fuentes de la justicia federal indicaron que no se metieron porque están en inferioridad de condiciones: "Son 20 contra 500".

Rubén Pereyra, un bagayero de 35 años, dice que desde hace unos meses comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Otros bagayeros empezaron a robar los cargamentos en la ruta 50. Se vieron obligados a hacer el trayecto hasta Orán, que son unos 20 kilómetros, con una especie de custodia informal que va armada.

Un alto funcionario de la justicia provincial explicó que el bagayero dejó de ser un rebusque, y se transformó en una mafia. Y cada vez tienen mayor peso e influencia en esta ciudad.

Ransomware: ¿qué debe hacer un usuario común ante el ciberataque?

Por Ricardo Sametband - LA NACION

Consejos para evitar que un software malicioso se apodere de nuestros archivos.

Un ransomware anuncia que ha encriptado archivos y que sólo los descifrará con un pago. Foto: Christiaan Colen bajo licencia CC BY SA 

El mundo amaneció con la noticia de un ciberataque masivo, que afecta a varios países, y que pone las computadoras de empresas e instituciones a merced de malhechores, que lograron capturar esos equipos, encriptar todo su contenido y que exigen un pago a cambio de brindar la contraseña necesaria para recuperar el acceso a la información que almacenan esas computadoras.

Ese tipo de software malicioso se conoce como ransomware (por ransom, rescate en inglés) y está lejos de ser un suceso nuevo, o ser ajeno a nuestro país; y es particularmente peligroso porque las técnicas de encriptación son las mismas que se usan para proteger archivos en forma legal; es decir, es casi imposible romper ese cifrado. Es algo que mucha gente ha sufrido, aunque no en la escala que vemos hoy en todo el planeta.

Consejos

¿Cómo puede evitar un usuario caer en esta trampa? Aplicando los mismos consejos que se dan cuando se habla de seguridad informática :

• Tener el sistema operativo actualizado (y sobre todo, sin posponer la instalación de actualizaciones)
• Tener actualizado el navegador, el mensajero, el cliente de correo
• Tener un antivirus activo, para detectar un ataque, y actualizado
• No abrir cualquier adjunto que llega por mail, sobre todo si el remitente es desconocido; confirmar con quien lo envió que efectivamente lo hizo (y que no fue un virus el que generó el mail)
• No cliquear en cualquier link en un mail o mensaje de chat, sobre todo si el pretexto del mail es actualizar datos personales, si promete un premio, etcétera
• Ignorar las ventanas que aparecen al navegar, afirmando que nuestro equipo está en peligro, o desactualizado, y que ofrecen alguna solución con un clic
• No entrar a sitios que el navegador considera que son peligrosos
• Tener una copia de seguridad actualizada de los archivos valiosos, fuera de esa computadora, sea en un disco externo o una carpeta online

¿Y si me encuentro con que no tengo acceso al contenido de mi equipo y que, en efecto, me piden un rescate? Las opiniones están divididas; hay quien aconseja pagar, y quien recomienda no hacerlo, porque no hay garantías.

En cualquier caso se debe dar aviso a las autoridades y recurrir a un experto; por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene el BA-CSIRT, un centro de ayuda para ciudadanos comunes sobre delitos informáticos; también está la UFECI, Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia.

La mayoría de los proveedores de antivirus, además, tienen herramientas gratis que intentan vulnerar el cifrado del ransomware (o encontrar un agujero de seguridad en ese mismo software malicioso) para recuperar el acceso a los archivos, pero lo hacen después de que este malware está circulando. El que afecta a compañías de 74 países, por ejemplo, no era detectado por todos los antivirus, y aprovechaba una vulnerabilidad que fue resuelta por Microsoft en marzo último; quienes esperaron para aplicar ese parche son los que ahora pagan las consecuencias.

Penas de cárcel para piqueteros violentos

Por Joaquín Morales Solá - LA NACION

Hace unos meses, las imágenes de televisión mostraron a un grupo de manteros que corrían agresivamente a un patrullero policial. Parecía una sátira. Fue risible si no hubiera sido también lamentable y dramático. Hace poco, en los días de la epifanía piquetera, se vieron grupos de personas, por lo general con la cara cubierta, arremeter violentamente contra las fuerzas de seguridad. Un gendarme resultó con un ojo seriamente herido en las recientes refriegas para desalojar la Panamericana.

Durante 12 años, las fuerzas policiales fueron agredidas por manifestantes, y también lo están siendo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Una negociación avanzada ahora entre la administración de Macri y sectores del peronismo (en el Senado, fundamentalmente) promueve una dura modificación del Código Penal para elevar las penas de los que agredan o desobedezcan a integrantes de las fuerzas de seguridad. Un agravante que aumentará las penas será la agresión o la rebeldía con la cara cubierta. En las últimas manifestaciones apareció un grupo, que se autodenomina Resistencia Piquetera, cuya singularidad consiste en que todos sus integrantes llevan el rostro oculto. Esa modalidad es una advertencia inconfundible de que se está por cometer un delito. ¿Para qué, si no, esconderían la cara?

De esa negociación participan cuatro interlocutores, por ahora.

Los ministros de Justicia y de Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, y los senadores Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey. La presencia de este último permite agregar a un quinto protagonista: el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, jefe político del peronismo salteño. No se estableció todavía quién presentará formalmente el proyecto en el Senado. Podría ser el peronismo, a través de Urtubey, o el propio gobierno. El dato significativo es que tanto el oficialismo como la oposición seria concluyeron que la calle no puede ser propiedad de piqueteros sin límites ni medidas.

El objetivo final del proyecto es que la ley, más que la represión, sea la que termine disuadiendo a los violentos. El temor a la cárcel existe entre piqueteros y sindicalistas. ¿Ejemplo? En los días de fiesta piquetera de hace un mes, nunca apareció Fernando Esteche, el líder de la violenta agrupación Quebracho. Esteche está en libertad condicional y regresaría a la cárcel si fuera detenido por cometer un nuevo delito. Un caso aparte es el de la Justicia. La modificación del Código Penal busca también dejar sin alternativas a jueces demasiado benevolentes. Muchas veces las fuerzas de seguridad recibieron la orden judicial de no actuar ni detener a los autores de delitos cometidos en el marco de protestas sociales. Jueces y fiscales proclamaron que se corría el riesgo de un uso indebido de la fuerza del Estado.

Los autores del proyecto aclararon que éste "no busca criminalizar la protesta ni limitar o impedir el derecho a manifestarse". Pero tales manifestaciones sociales deberán hacerse pacíficamente y dentro de la legalidad. La idea (y la negociación) surgió después de que la administración y la oposición responsable constataran que se mezclaban en el espacio público el reclamo genuino con las operaciones desestabilizadoras. La CGT, por un lado, que pidió autorización para exponer sus críticas y hacer su acto, aunque éste se desmadró luego. Por el otro, los piqueteros con la cara cubierta o grupos violentos de izquierda, como los que terminaron arruinando la concentración cegetista. El problema se agrava porque los recursos actuales del Código Penal son muy limitados para llevar ante la Justicia a los grupos violentos.

En concreto, el proyecto que circula entre los negociadores aumenta a entre tres y seis años de prisión la pena para el que intimide o agreda a un funcionario público y a las fuerzas de seguridad que le presten asistencia. La pena será de cuatro a ocho años de prisión si la agresión se diera en el contexto de un piquete o se usaran armas, palos, proyectiles o material explosivo. Esta última y más elevada pena de prisión se aplicará para los que usen contra las fuerzas de seguridad algún vehículo.

El proyecto también prevé penas de seis meses a un año de prisión para el que desobedezca una orden de cumplimiento inmediato emanada de un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones. Esto es: para desalojar un piquete o cualquier obstrucción de la vía pública. La pena se elevará de uno a tres años de prisión si, además, empleara la fuerza o la intimidación para resistir la orden. La pena aumentará de dos a cuatro años de prisión si los culpables ocultaran su rostro o si tocaran con sus manos a las autoridades. Por autoridades se entiende a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.

La reforma está inspirada en legislaciones vigentes en Colombia, Chile, Uruguay, Perú y España. Y tiene antecedentes en anteproyectos de modificación del Código Penal de 2006 (gobierno de Néstor Kirchner) y 2012 (gobierno de Cristina Kirchner). También un proyecto parecido de reforma fue presentado en 2015 por diputados nacionales del massista Frente Renovador.

La participación de Pichetto y Urtubey consolida una mayoría en el Senado, donde el Gobierno está en franca minoría. El oficialismo espera sumar en la Cámara de Diputados a Sergio Massa y, quizás, a Diego Bossio. Primero el proyecto deberá ser aprobado por el Senado. Desde ya, esta modificación del Código Penal será duramente criticada por los partidos de izquierda y por los movimientos sociales. Si el Congreso finalmente aprobara la modificación, se acabaría con un enorme margen de impunidad para trastornar el espacio público. Cierto orden en las calles y rutas fue una promesa electoral de Macri, pero es también una ambición del peronismo que aspira a recuperar el Gobierno. En rigor, sólo el peronismo kirchnerista fue extremadamente condescendiente con el desorden público; el peronismo menemista no lo fue. Tampoco Perón, cuando estuvo en el gobierno, fue comprensivo ni tolerante con los disturbios en el espacio público.

La falta de respuesta del Estado en estos años a la violencia piquetera se respaldó en dos argumentos. Uno refiere al derecho a la protesta y a la defensa a ultranza de la política de no reprimirla, sobre todo cuando reclama por cuestiones sociales. El otro es más político y difícil de probar: desde Néstor Kirchner hasta Rodríguez Larreta se escuchó el razonamiento de que las fuerzas de seguridad podían tirarle un muerto al Gobierno. Es cierto que hay policías provinciales, como las de Buenos Aires y Neuquén, que no hacen nada o, cuando hacen, terminan con uno o dos muertos. Son emblemáticos los casos de Kosteki y Santillán, en Buenos Aires, y del maestro Carlos Fuentealba en Neuquén.

La Gendarmería, a su vez, siempre desmintió que fuera culpable de la muerte de dos activistas, en diciembre de 1999, durante el desalojo del puente que une Chaco con Corrientes. Es, en efecto, un problema más de la impericia (o de las conspiraciones) de las policías provinciales que una cuestión generalizada de las fuerzas de seguridad. Entre muertos reales y eventuales, entre el temor de la política y la parálisis de las fuerzas de seguridad, se fue consolidando una cultura según la cual todo es posible. Desde obstruir autopistas (donde los automovilistas quedan definitivamente atrapados) hasta escupirles y pegarles a policías, gendarmes y prefectos.

Otro proyecto de reforma del Código Penal, esta vez del Gobierno, limita seriamente el delito de sedición y amplía los márgenes de la libertad de expresión. En verdad, el director de la División América de la prestigiosa organización de derechos humanos Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le pidió en su momento a Macri que derogara el delito de sedición. Fue cuando protestó por la prisión de Milagro Sala. El Gobierno está negociando ahora con esa organización y con Amnesty International las modificaciones al Código Penal que prevé proponerle al Congreso. En síntesis, el proyecto estipula que en ningún caso podrán interpretarse como un delito de sedición las expresiones o los hechos que se efectúen en el ejercicio de derechos humanos o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.

En este caso, el Gobierno toma distancia velozmente de la experiencia venezolana, donde Nicolás Maduro mete presos a sus opositores por la mera sospecha de que quieren tumbarlo. O de lo que podría haber sido el cristinismo si hubiera continuado en el poder. También Cristina Kirchner apelaba a la supuesta sedición cuando alguien le decía que no. Vagamente redactado, el delito de sedición es una herramienta eficaz para los gobiernos autoritarios que tienen la eternidad como meta.

Suiza confirmó 139 operaciones bancarias vinculadas a Báez por U$S 20 millones

Por Lucía Salinas - Clarin.com

Se hicieron desde tres cuentas manejadas por el contador Pérez Gadín y Fabián Rossi, el ex esposo de Iliana Calabró. Suiza confirmó 139 operaciones bancarias vinculadas a Báez por U$S 20 millones

Lázaro Báez más complicado. Suiza confirmó operaciones vinculadas a él. Foto Marcelo Carroll.

La Confederación Helvética envió información clave vinculada a la Ruta del Dinero K, al juzgado del juez Sebastián Casanello, confirmando el movimiento de fondos millonarios del entorno de Lázaro Báez. Los datos corroboran un circuito utilizado para el lavado de activos. La cifra que figura en la documentación consigna 139 operaciones por un total aproximado de 20 millones de dólares. Son dos las empresas mencionadas en el informe: SGI y Marketing and Logistic Managment SA. Entre los nombres reiterados en las operaciones figuran Fabián Rossi y Daniel Pérez Gadín -contador del empresario K-, al igual que los dos administradores de la financiera "La Rosadita". Uno de los datos más significativos es que las transacciones realizadas por las dos sociedades a través de los bancos suizos PKB Privatbank y el J. Safra Bank, están asociadas “a cuentas de la familia Báez”.

Fuentes vinculadas al juzgado de Sebastián Casanello se excusaron de confirmar o desmentir la información obtenida por Clarín en fuentes oficiales. Las fuentes señalaron que Casanello respetará el compromiso de confidencialidad asumido por Suiza.

La Ruta del Dinero K reconstruye otro circuito de lavado que se suma a la operación de 33 millones de dólares ya corroborada y que le valió a Báez un procesamiento por lavado de dinero. Suiza envió información bancaria suministrada por los bancos PKB Privatbank y el J. Safra Bank, radicados en Lugano y Ginebra respectivamente, donde dos empresas radicadas en Panamá: SGI y Marketing and Logistic Managment SA abrieron cuentas corrientes.

Las cuentas vinculadas a Báez no perduraron abiertas más de seis meses y operaron prácticamente en simultáneo entre 2012 y 2013. Se utilizaron para realizar 139 operaciones por 20 millones de dólares, según consignó la Confederación Suiza. Los principales administradores de dichas cuentas fueron los ejecutivos de la financiera SGI Argentina conocida como “La Rosadita”: Eduardo Castro, Gustavo Fernández y Fabián Rossi. 

Tras su constitución en octubre de 2010 en Panamá, SGI dispuso dos años después, otorgar un poder de representación a Fernández (presidente y dueño del 60 % de las acciones), a Castro (director y dueño del 40% de las acciones). Ambos eran para ese entonces, directores de SGI Grupo Financiero en Argentina. Además, también se autorizó a Fabián Rossi sin un puesto formal en la estructura de la empresa, pero que fue firmante autorizante en las cuentas bancarias.

Con el poder otorgado, decidieron abrir una cuenta corriente -de la que figuran como beneficiarios- en el Banco PKB de Lugano en mayo de 2012, donde después comenzaron a realizar diversas operaciones. ¿Cuál era el objetivo de esta cuenta? Manejar de manera “off shore” operaciones del Grupo SGI con sede en Argentina, cuya dirección registrada se encuentra en el edificio Madero Center.

Esta cuenta, según supo Clarín, registró 37 créditos por una suma de 3.004.979 dólares, entre mayo de 2012 y marzo de 2013. En ese momento la cuenta corriente fue cerrada sin registrar ningún saldo.

Las operaciones continuaron cuatro meses después, pero a través de otra cuenta en el Banco J. Safra Bank, cuya titularidad correspondía a SGI Argentina SA, una vez más. Castro y Fernández figuraban como beneficiarios y Rossi como firmante autorizado. El banco suizo en función de la pauta “conozca a su cliente” (KYC) consignó en la información remitida al magistrado, que esta cuenta tenía por objetivo realizar tareas de consultoría y servicios vinculados “a los intereses industriales de la familia Báez”.

En este punto, se estaría ante un nuevo circuito para el ingreso y movimiento de dinero a Suiza, las operaciones se vinculan con las cuentas que la familia del empresario K tenía en ese mismo banco: N° 608663, 608741, 608743, 608744. En este entramado de cuentas y nombres, se consignó que Rossi era un persona de “absoluta confianza de Lázaro Báez” y de Daniel Pérez Gadín, contador del dueño del Grupo Austral.

Dicha cuenta registró 33 créditos por 5.040.650 dólares entre agosto de 2012 y abril de 2013. También fue cerrada en dicho mes, sin ningún saldo.

Otras de las empresas involucradas y que abrió una cuenta corriente en el mismo banco -J. Safra Bank-, fue Marketing and Logistic Managment SA. Esta sociedad de origen panameño fue creada en septiembre de 2011 con un poder de administración, otorgado el mismo día de su constitución, a favor de Castro, Fernández y Rossi -nuevamente con firma autorizante-. Una vez más, la información proveniente de Suiza vincula dicha firma con SGI Argentina resaltando la relación comercial con Báez y Pérez Gadín, ambos presos desde el 5 de abril de 2016.

Fue la cuenta que más créditos registró: 69 en total por 12.002.541 dólares. Las operaciones fueron en un período similar a las anteriores: agosto de 2012 hasta mayo de 2013. La maniobra concluyó de igual manera, se cerró la cuenta el 27 de mayo de ese año sin registrar saldo.

Suiza confirmó 139 operaciones bancarias vinculadas a Báez por U$S 20 millones

Martín Báez y el contador Pérez Gadín cuentan dólares y euros en la financiera "La Rosadita".

Esta documentación fue utilizada para citar a ampliación de indagatoria a los cuatro hijos de Lázaro Báez, imputados por lavado de activos por Casanello, después que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) señaló la existencia de una serie de cuentas de las que serían beneficiarios Luciana, Martín, Leandro y Melina y con las que se movieron 25 millones de dólares a través de firmas radicadas en Panamá y Uruguay.

Poco después, el organismo antilavado remarcó -tras pedir la detención de los hijos del empresario K- que el informe de inteligencia no podía usarse como prueba en la causa. Después de una serie de exhortos y un viaje a Lugano en 2016, ingresó una parte de una gran causa abierta en Suiza que permite ir cerrando uno de los circuitos de lavado de dinero, complicando la situación judicial de la familia Báez.

Suiza confirmó la existencia de una cuenta de los Báez y complicó a sus hijos

Por Daniel Santoro - Clarin

Hace unos diez días, llegó un exhorto oficial que ratifica que el empresario K tiene una cuenta con 25 millones de dólares.

La justicia Suiza confirmó oficialmente al juez federal Sebastián Casanello la existencia de por lo menos una cuenta de Lázaro Báez en su país con 25 millones de dólares y de la cual también participan como beneficiarios sus cuatro hijos. El exhorto suizo llegó hace unos diez días y está guardado en una caja fuerte del juzgado de Casanello, confirmaron a Clarín fuentes judiciales.

La cuenta está abierta a nombre de la fundación trucha panameña Kinski en el banco Safra y en ella, además de Lázaro aparecen sus cuatro hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina. En julio del año pasado, estos datos habían sido adelantados en un informe de inteligencia por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici, quien pidió la detención de los hijos del empresario K. Pero el juez solo indagó a los hijos de Báez y aún tiene pendiente la resolución de su situación procesal. El dato fue adelantado anoche por Alejandro Fantino en el programa Animales Sueltos y confirmado esta mañana a Clarín por fuentes judiciales.

Báez fue internado anoche en la clínica Los Arcos de Palermo porque sufrió una arritmia. Seguramente, está preocupado por la llegada de este exhortó desde Suiza, vía la cancillería.

Hasta el momento no se sabe si el informe contiene también otras cuentas que están en bancos suizos a nombre del contador de Báez, Daniel Pérez Gadín y del financista de Austral Construcciones, Ernesto Clarens, entre otros personajes clave de la causa de la ruta del dinero K.

La defensa de Báez especulaba con que Suiza no iba a contestar oficialmente y por lo tanto no se iba a confirmar el informe de inteligencia de la UIF.

En el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) entregado el año pasado al juez Casanello aparecen cuatro empresas off shore no fueron creadas por Mossack Fonseca –estudio metido en el escándalo Panama Papers- sino por su archirrival Icaza, Gonzalez Ruiz & Aleman, según una investigación de Clarín.

La fundación trucha Kinsky de los cuatro hijos de Lázaro Báez y otras dos empresas fantasma que colaboraron en enviar, por lo menos, 25 millones de dólares negros a Suiza también fueron creadas por Icaza y asociados: Tyndall Limited Incorporated y Fromental Corporation. Además, Clarín descubrió en el registro público de Panamá que la propietaria de Kinsky es National Founders Incorporated, también creada por Icaza en su rol de agente residente. En Kinsky aparecen como directores los procesados con prisión preventiva Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco en la causa de la ruta del dinero K.

Como suscriptores de sus acciones con un capital inicial de 10 mil dólares son dos panameños prestanombres y como fundador figura National Founders Inc. Extrañamente el representante panameño de esta última “no consta” según la parte de la documentación que es de acceso público. Fromental Corporation, otras de las offshore que aparecen colaborando con este giro de dinero negro también fue creada por Icaza y tiene como directores a Pérez Gadín y a Chueco.

Otras característica común de estas offshore truchas es que siguen vigentes, que tenían duración a perpetuidad y que sus representantes panameños comenzaron a renunciar a mediados del 2015 cuando el escándalo de la ruta del dinero K iba creciendo en su rebote internacional. Seguramente, como una medida preventiva para tratar de evitar citaciones judiciales argentinas.

En fuentes judiciales llamó la atención que el estudio Icaza y asociados ya había trabajado con Federico Elaskar, a quien Pérez Gadín y otros miembros del entorno de Lázaro Báez le compraron mediante presiones y amenazas la cueva financiera SGI conocida como La Rosadita, a mediados del 2011. Una de las cuentas bancarias desde la que se giró dinero a Elaskar está a nombre de Resen Corp, otra empresa de cartón panameña, en el AGI Private Bank de Zurich. Resen es una empresa creada en 2006.

Todas las empresas usadas en los giros a la cuenta de Kinksy en el banco Safra fueron creadas, a mediados del 2011, después de que Pérez Gadín tomó el control de La Rosadita a través de la suiza Helvetic Services Group que dirige el argentino Marcelo Ramos, quien está prófugo en Suiza.

¿Por qué Icaza es un hilo en común de La Rosadita antes y después del desembarco de Pérez Gadín? La explicación podría ser, según una fuente judicial el rol del ex esposo de la vedete Iliana Calabró, Fabián Rossi, otro de los procesados en la causa de la ruta del dinero K. En su declaración indagatoria, Rossi negó haber colaborado con el lavado de dinero o en alguna otra maniobra. Sin embargo, Rossi o alguien que haya tenido buena relación con Elaskar y Gadín a la vez pueden explicar esa continuidad en el agente residente panameño. 

En cambio, las 148 offshore creadas en Las Vegas por un pedido de Helvetic al estudio contable del uruguayo y presidente de Peñarol Pedro Damiani fueron constituidas por Mossack Fonseca. La empresa administradora de las 148, Aldyne, tiene sede legal en las islas Seychells y también fue creada por Mossack Fonseca. Como sostuvo el fiscal José María Campagnoli ese cambio de estudios panameños se da llamativamente luego de la muerte de Néstor Kirchner, a fines del 2010.

La justicia brasileña apunta contra el ex ministro De Vido en el Lava Jato

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION (Extractado)

Dos condenados en Brasil dicen que el ex funcionario recibió sobornos como parte de la operación por la venta de Transener a la firma Electroingeniería SA

La justicia brasileña dio otro paso hacia Julio De Vido . En la investigación Lava Jato, primero llegaron las condenas a dos operadores que se acogieron a la delación premiada y apuntaron contra él; ahora, los fiscales presentaron cargos por corrupción y lavado contra Jorge y Bruno Luz, dos lobbistas vinculados al ex ministro de Planificación Federal kirchnerista.

Los fiscales acusaron a los Luz de participar en una red dedicada a la distribución de coimas -"propinas", en la jerga- en el área internacional de la petrolera estatal brasileña, Petrobras, para obtener y destrabar negocios multimillonarios que beneficiaron a la firma cordobesa Electroingeniería, entre otras.

De Vido, implicado en una denuncia por coimas. Foto: Archivo

Los investigadores avanzaron contra ambos lobbistas tras detectar pruebas sobre el supuesto pago de coimas por US$ 15 millones por la venta de unos barcos a Petrobras, con la ayuda de Fernando Soares y Julio Camargo, y el entonces director de la petrolera, Néstor Cerveró.

Tanto Soares como Cerveró ya fueron condenados. El juez Sergio Moro, a cargo de la megacausa Lava Jato, le impuso 16 años de prisión a Soares y otros 12 años a Cerveró. Y ambos ya se acogieron al régimen de la delación premiada, entregaron documentación y relataron lo que hicieron y presenciaron durante aquellos años.

Al aceptar colaborar con la Justicia, Soares y Cerveró contaron, entre otras operaciones delictivas en las que intervinieron, cómo fue la venta de la empresa Transener -que pertenecía a Petrobras- a Electroingeniería, con la ayuda del entonces ministro De Vido.

Según reconstruyó Moro, el lobbista Soares primero tentó a Cerveró para influir en la venta de la compañía, y después completó el círculo. "A pesar de que el negocio estaba cerrado con el fondo americano Eton Park, después de que Cerveró aceptara beneficiar a Electroingeniería, la combinación del pago de una propina y la negativa del gobierno argentino a [aceptar] al fondo americano como comprador de Transener, incluso con la intervención criminal de políticos argentinos, Transener fue comprada por Electroingeniería", relató el juez.

Para eso, según detalló Moro en la resolución de febrero pasado por la que había ordenado la captura de los Luz, la venta de Transener entre 2006 y 2007 incluyó varias reuniones en Brasil, pero también en Buenos Aires entre Luz, Soares, Cerveró, los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, De Vido y su entonces asesor, Roberto Dromi.

Según el magistrado, Cerveró cobró US$ 300.000 cuando Electroingeniería se quedó con Transener, la misma cifra que retuvo Soares pero con un destino aún incierto. En su fallo, el juez apenas consignó que ese dinero que movió Soares sirvió para "el pago de propinas a diversos funcionarios públicos como resultado de tal negocio".

Cerveró admitió que cobró esos US$ 300.000, que utilizó para comprar un inmueble en Brasil, y luego apuntó contra el ex ministro: "Ciertamente De Vido recibió más que eso como propina", afirmó.

Con Cerveró y Soares ya como delatores, Moro avanzó sobre los restantes lobbistas. "El investigado Jorge Luz figura como intermediario de una propina relacionada con la venta de la empresa Transener, de Petrobras, para la empresa Electroingeniería, de la Argentina, lo que ocurrió en 2006 y 2007", explicó. Ese rol incluyó "actividades criminales de políticos argentinos".

Con Jorge y Bruno Luz ya detenidos en Estados Unidos y extraditados luego a Brasil, donde se encuentran detenidos desde fines de febrero, llegó entonces el turno de los fiscales de presentar la acusación formal contra ambos. "Les correspondió a Jorge y Bruno Luz la intermediación en los pagos a parlamentarios federales del PMDB [por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que integra el presidente Michel Temer] a través de estratagemas de lavado de dinero por medio de una cuenta oculta en Suiza a nombre de la forma off shore Pentagram, que era controlada por los acusados", indicaron.

Los fiscales detallaron que la operatoria del pago de sobornos a políticos del PMDB y ejecutivos del área internacional de Petrobras también contó con la ayuda de dos financistas uruguayos, Jorge y Bruno Davies, imputados en la megacausa Lava Jato.

Para los Davies no se trata de su debut en las noticias policiales. Ya en 2008 habían aparecido por primera vez en los radares de la justicia brasileña por su presunto rol en la triangulación de las coimas que Alstom pagó a políticos brasileños. Siete años después, en 2015, las autoridades uruguayas intervinieron y suspendieron su sociedad bursátil Interbaltic.

¿Es esta una de las regiones más peligrosas del mar?

Por Redacción BBC Mundo

Personal armado de la guardia costera de Filipinas escolta el buque MV Giang Hai, de Vietnam, que fue atacado por piratas. REUTERS. Las embarcaciones han tenido que ser escoltadas por personal armado de la guardia costera de Filipinas.

Pocos habrán escuchado hablar de los mares de Sulú y Célebes, que comprenden aguas oceánicas comunes a Indonesia, Filipinas y el estado oriental de Sabah, en Malasia. Pero este estrecho de mar en el Sureste Asiático bien podría ser una de las regiones más riesgosas para el mundo marítimo.

Aunque la piratería y los asaltos en altamar han disminuido en el mundo, desde marzo de 2016 se ha registrado una oleada de incidentes de secuestros extorsivos en esas aguas y frente a la costa oriental de Sabah.

Swee Lean Collin Koh, experto en defensa marítima internacional, lo explica.

Hubo una época en que las dramáticas noticias de piratas y secuestradores operando alrededor de las costas de Somalia dominaron los titulares mundiales. En 2011, durante el período más crítico, un total de 237 incidentes se reportaron en esa área. A pesar de un reciente ataque contra un buque cisterna de Comoras, la piratería frente al Cuerno de África ha disminuido significativamente. "Comimos ratas, las cocinábamos en el bosque": el calvario de los marineros secuestrados durante casi 5 años por piratas somalíes

No así en los mares de Sulú y Célebes, donde el número de ataques contradice esta tendencia.

Foto suministrada por el Comando del Occidente de Mindanao de las Fuerzas Armadas de Filipina (WESMINCON), tras encontrar y abordar el yate - WESMINCOM

Extremistas de Abu Sayyaf han secuestrado y asesinado marineros, incluyendo las personas de este yate que fue encontrado a la deriva en el mar de Sulú.Los ataques han sido atribuidos principalmente al grupo extremista Abu Sayyaf, del sur de Filipinas, aunque algunos parecen ser obra de bandas criminales. Lo más preocupante es cómo está evolucionando su modus operandi. 

Al comienzo, sus blancos eran embarcaciones lentas y fáciles de abordar, como los remolcadores y barcazas cargados de carbón que típicamente navegan desde Indonesia al sur de Filipinas y barcos de pesca de arrastre. Desde entonces, sin embargo, se han vuelto más atrevidos, intentando abordar naves más grandes en la región. Una de estas fue un carguero de alta capacidad de bandera surcoreana que fue atacado frente a las costas del sur de Filipinas, en octubre de 2016.

Mapa del Sureste Asiático - Con miles de islas y alto tráfico marítimo, las aguas de la región representan una bonanza para los piratas.

Indonesia, Malasia y Filipinas han sostenido varias reuniones de alto nivel y emitieron comunicados conjuntos con miras a crear lo que llamaron el Acuerdo de Cooperación Trilateral (TCA, por sus siglas en inglés).

En mayo de 2016, los ministros de Exteriores de los tres países acordaron un plan de acción de cuatro objetivos, pero éste no ha progresado tan rápido como se esperaba, aunque ya existe un plan modelo de patrullas conjuntas en el estrecho de Malaca.

Yakarta inició la nueva propuesta y ha presionado con ahínco por la implementación del TCA, dado que muchas de las víctimas del secuestro extorsivo han sido indonesios. Pero la frustración del gobierno de Indonesia ante el lento progreso ha resultado en una moratoria de sus envíos de carbón a Filipinas, que será extendida "hasta que haya una garantía de seguridad por parte del gobierno de Filipinas". Después de eso, los dos países forjaron un acuerdo -basado en el tratado limítrofe de 1975- que permite a las fuerzas indonesias ir en "persecución" dentro de territorio filipino.

La Guardia Costera de Filipinas inspecciona un barco en zozobra en el que los pescadores fueron asesinados por supuestos piratas - AP

En subsiguientes declaraciones conjuntas, ambos han acordado seguir explorando medidas como patrullas coordinadas y el establecimiento de un corredor de navegación segura en los mares de Sulú y Célebes.

La creciente amenaza planteada por el autodenominado Estado Islámico aceleró varias medidas entre los tres países incluyendo, particularmente, un acuerdo para establecer puestos de comando en Bongao en Filipinas, Tawau en Malasia y Tarakan en Indonesia. Se aplicaron medidas de emergencia mientras las tres naciones trabajaban con sus instituciones internas en un acuerdo. Por ejemplo, Yakara y Manila formalizaron la realización de dos patrullajes coordinados al año.

Tras una ola de ataques, el año pasado, contra pesqueros registrados en el este de Malasia con tripulaciones indonesias, Yakarta exigió garantías de las autoridades locales en Sabah respecto a la seguridad de unos 6.000 tripulantes indonesios que trabajan en pesqueros en aguas malasias.

El enmascarado pirata somalí, Hassan, frente a un buque encallado en Hobyo, Somalia. 23 de septiembre, 2012 - AP. La piratería está asociada con Somalia, como se aprecia en la fotografía, pero el sureste asiático es también caldo de cultivo para el crimen marítimo.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, también intervino, manifestando una aparente frustración por el lento progreso del TCA cuando dijo "Malasia, Indonesia y Filipinas tiene que abordar esto de una vez por todas y producir una solución". "Necesitamos... hablar seriamente sobre esto y frenarlo porque, de alguna manera, ha paralizado el mercado y comercio en esa región", añadió.

Los navieros internacionales se han mantenido alejados de la región autónoma musulmana de Mindanao por los ataques, cortando a esa región de una muy necesitada inversión extranjera.

En diciembre, las fuerzas de seguridad de Malasia sostuvieron el primer enfrentamiento con piratas filipinos armados en las aguas frente a Semporna, matando a tres de ellos y capturando a otros tantos.

La acción parece haber surtido efecto. Ese mismo mes, Kuala Lumpur reveló que se encontraba en conversaciones finales con Yakarta y Manila para implementar el TCA. Pero una nueva serie de ataques este año -contra una embarcación registrada en Sabah y otra registrada en Vietnam- resaltaron la necesidad urgente de ir más allá de las palabras.

Manila ha solicitado a China y Estados Unidos que contribuyan a la seguridad marítima en aguas internacionales de la región. Y, en marzo, Indonesia, Malasia y Filipinas finalmente acordaron patrullar el propuesto corredor de tránsito. Los navieros podrían, finalmente, suspirar de alivio.

China rescata tripulación en manos de piratas

Lanchas de alta velocidad de la marina indonesia durante un simulacro de interceptación de un barco pirata, 27 de julio, 2006 - AFP

Los países de la región llevan un tiempo realizando ejercicios antipiratería sin lograr frenar el problema. Sin embargo, llevar a cabo con éxito esta infraestructura trilateral de seguridad marítima requerirá que los tres gobiernos mantengan sus compromisos, incluyendo poner a un lado sus diferencias políticas. Por ejemplo, el desacuerdo entre Kuala Lumpur y Manila respecto a la soberanía de Sabah. El presidente Duterte ha insistido en que su gobierno "mantendrá firme nuestro reclamo".

Si el TCA tiene éxito, Indonesia, Malasia y Filipinas no sólo comprobarán a la comunidad internacional que los mares de Sulú Célebes no son una "nueva Somalia", sino que también demostrarán su capacidad de hacer de lado sus preocupaciones políticas y diplomáticas en aras de enfrentar una amenaza común.

Swee Lean Collin Koh es investigador del Programa de Seguridad Marítima del Instituto de Defensa y Estudios Estratégicos, parte de la Escuela de Estudios Internacionales S Rajaratnam, Universidad Tecnológica de Nanyang, con base en in Singapur.

La banda de "abrevalijas" tenía el control de un escáner en Ezeiza

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION

La tecnología que debía utilizarse para evitar acciones terroristas y tráfico de drogas era usada por delincuentes para robar cámaras y perfumes

Los empleados de una empresa de seguridad habían montado un red delictiva en Ezeiza. Foto: PSA

Tenían una posición privilegiada: el último control de los equipajes de los pasajeros que volaban a los Estados Unidos por Aerolíneas Argentinas. Entonces, cuando por medio del escáner descubrían objetos cuya venta supusiera una importante ganancia, comenzaba el plan criminal, seleccionaban la valija para llevarla a un sector donde no quedaban tan expuestos a las cámaras de seguridad para abrirla y sacaban lo que querían. Después, el botín era distribuido entre los integrantes de la asociación ilícita para ser vendido entre familiares, amigos, conocidos y por medio de páginas de Internet. Hasta tenían una lista de precios y un sistema de división de ganancias.

Así funcionaba la banda de "abrevalijas" que fue desbaratada el 11 de este mes por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), después de una investigación realizada durante 15 meses.

En las últimas horas, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, a cargo de la pesquisa, procesó por los delitos de asociación ilícita y hurto a 14 sospechosos, la mayoría empleados de una empresa de seguridad contratada por Aerolíneas Argentinas.

"Pudo verificarse la existencia de una organización criminal cuyo objeto a priori era la sustracción reiterada de elementos de valor (aparatos electrónicos, dinero de cualquier denominación y origen, indumentaria, relojes y perfumes), en principio, del interior del equipaje perteneciente a pasajeros de la empresa Aerolíneas Argentinas, cuyo destino era los Estados Unidos de América, la posterior comercialización ilícita de los mismos y finalmente, la distribución de las ganancias obtenidas entre sus miembros, sirviéndose para ello, de la oportunidad que les otorga ser dependientes de la firma GPS SA encargada de la seguridad de los mismos en el ámbito de la Terminal C del aeropuerto internacional de Ezeiza y de la empresa de limpieza Lessiver, que presta servicios en la misma terminal", afirmó el juez federal Villena en la resolución donde procesó a los 14 sospechosos y a la que tuvo acceso LA NACION.

Para el juez Villena, la banda criminal era liderada por dos de los procesados que "tenían a su cargo la dirección de esta asociación ilícita, la mayor disponibilidad de los elementos sustraídos, manejaban el rango de precios, se encargaban de organizar los arreglos de aquellos elementos que lo requirieran y eran quienes distribuían el producido [las ganancias]".

Los presuntos integrantes de la asociación ilícita fueron procesados sin prisión preventiva. A los dos supuestos jefes de la empresa criminal, el juez Villena les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 70.000 pesos. A los restantes, 30.000 pesos.

"Mientras algunos operaban el escáner, al observar algún elemento de interés se hacía una referencia encubierta de ello al resto de los involucrados, quienes adoptaban los recaudos necesarios para colocar los contenedores bloqueando el alcance visual de las cámaras de filmación, así como ubicarse a modo de campana en las periferias de la cinta que conduce al escáner a fin de vigilar los accesos a dicha área", explicó el juez en su resolución.

Más allá del sistemático robo de pertenencias a pasajeros expuesto por la investigación, resultó preocupante que un grupo de delincuentes tuviese el control del escáner, que sirve como barrera de prevención antiterrorista y antidrogas.

Maniobra filmada

En el operativo que se hizo en el aeropuerto de Ezeiza el 11 de este mes, en el que estuvo presente el juez Villena, los detectives de la PSA observaron "desde el Centro Operativo de Control (COC) de esa fuerza, a empleados de una empresa de seguridad en una actitud sospechosa, no compatible con su principal función laboral, la cual consiste en el escaneo, control y vigilancia de los equipajes".

Según el expediente, los sospechosos sacaron de la cinta una valija y la abrieron. La filmación mostró cómo uno de los custodios le entregó algo a un compañero para que lo guardara en el bolsillo. Entonces, el juez ordenó identificar a la pasajera que despachó esa valija. Se trataba de una ciudadana norteamericana que estaba por volar a Nueva York por Aerolíneas Argentinas.

"La pasajera antes mencionada procedió a reconocer dentro del mismo a su equipaje, el cual se trataba de una valija del tipo carry on de medianas dimensiones de color verde. La mujer abrió su equipaje y advirtió que el mismo se encontraba con su interior revuelto", según el expediente judicial.

Los investigadores se dirigieron donde está la máquina de rayos x que operaban los sospechosos y en una mochila de uno de los presuntos jefes de la banda fueron hallados un par de anteojos marca Tommy Hilfiger y un reloj de pulsera con apliques en piedras brillantes, que la ciudadana norteamericana reconoció como propios.

Además, en los allanamientos en los domicilios de los sospechosos, los detectives de la PSA secuestraron consolas de juegos marca Sony, teléfonos celulares, anillos, relojes, pendrives y perfumes. En las escuchas telefónicas, los sospechosos conversaban sobre la negociación para vender cámaras Go Pro.

"Gran parte de los elementos secuestrados en los domicilios de los imputados se condice con los elementos descriptos en el listado de reclamos aportados por la empresa Aerolíneas Argentinas", afirmó el juez Villena.

Hurtos en vuelos hacia los Estados Unidos

• La organización criminal que operaba en el aeropuerto de Ezeiza fue desbaratada el 11 de marzo pasado tras una investigación de 15 meses a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Fueron arrestados 14 sospechosos.
• El grupo estaba integrado por personal de una agencia privada de seguridad y tenía a su cargo el control de las valijas mediante un escáner.
• Los detenidos se especializaban en robar pertenencias dentro de valijas despachadas por Aerolíneas Argentinas para sus vuelos hacia los Estados Unidos.

Sicarios: mandar a matar en la Argentina puede costar $ 10.000

Por Gabriel Di Nicola, Germán de los Santos - LA NACION

Los criminales son contratados tanto por jefes de la mafia china y grupos narcos como por competidores comerciales y familiares enfrentados

Para la mayoría de las personas que lo conocían en el barrio de Balvanera, Freddy Amarilla, nacido hace 48 años en Aluminé, Neuquén, era un correcto electricista que se ganaba la vida con un trabajo honesto. Pero como Richard Kuklinski, el asesino a sueldo conocido en los Estados Unidos como "Iceman" y cuya historia fue llevada al cine, Amarilla tenía una doble vida. Cuando no estaba con los cables, disyuntores y tomacorrientes trabajaba para la denominada mafia china que le encargaba ataques y ajustes de cuentas a cambio de dinero.

Amarilla está detenido y deberá enfrentar un juicio oral y público por el asesinato del ciudadano chino Chen Jian Zen, crimen ocurrido el 31 de octubre de 2013 en la avenida Caseros al 2400, en Parque Patricios. Está acusado de homicidio agravado por haber sido cometido por precio o promesa remuneratoria.

"Amarilla realizaba, a cambio de dinero, diversos «trabajos» para Xiao [integrante de la mafia china] que involucran el disparo de armas y asalto a locales vinculados a personas asiáticas", sostuvo el juez de instrucción porteño Osvaldo Rappa, que junto con el fiscal Carlos Velarde y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) tuvieron a su cargo la investigación del homicidio de Jian Zen.

Foto: Pablo Feliz

En otras palabras, para la Justicia y la PFA, Amarilla era un sicario de la mafia china. "Por cada «trabajo» que le encargaban cobraba entre 5000 y 10.000 pesos", sostuvo a LA NACION un detective que participó de la investigación. En el análisis de otros casos se puede determinar que esa cifra de 10.000 pesos es el valor de una vida en la Argentina.

Si bien no hay cifras oficiales sobre la cantidad de homicidios por encargo, en la Argentina el sicariato es un negocio criminal en auge. No sólo la mafia china contrata sicarios, también lo hacen las poderosas bandas narcos. Un caso emblemático fue el doble asesinato ocurrido en la playa de estacionamiento de Unicenter en julio de 2008 cuando acribillaron a dos presuntos narcos colombianos. Por el hecho hay ex integrantes de la barra brava de Boca Juniors detenidos, que según el expediente judicial a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, cobraron 1.500.000 pesos por un "trabajo" con más riesgos que los enfrentados por los sicarios en otros casos.

Pero, además de bandas narcos y la mafia china, en la Argentina hay lugar para todo tipo de sicarios. Desde el crimen organizado hasta venganzas por temas familiares o peleas de bandas sin mucho poder.

"La lógica de la contratación de homicidas, ya sea locales o extranjeros, es ajena a la estructura que tenga o pueda tener quien paga el encargo. En algunos casos obedece al profesionalismo de los ejecutores, a su discreción, a la necesidad de impedir que los ejecutores luego puedan hacer algún tipo de chantaje a quien encarga la operación, a la ciudad donde se va a llevar a cabo", explicó a LA NACION Nicolás Dapena, experto en seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los asesinos en motos

El sicariato tiene distintos niveles de sofisticación en el país. El crimen por encargo se impuso en Rosario después de que se desatara a partir de 2013 la guerra de bandas vinculadas al narcomenudeo. El joven en moto que dispara y huye se convirtió en un método eficaz para matar, garantizado por las dificultades de los investigadores en romper los códigos de silencio y miedo de los familiares de las víctimas y testigos.

A Milton Damario alguna vez lo apodaron "el señor de los sicarios". Arrancó en el oficio de matar en su adolescencia, cuando apenas tenía 15 años. Hoy está preso en el penal de Coronda en un sector aislado del resto de los internos, junto con Luis Pollo Bassi, el narco que se sospecha lo contrató para matar a Claudio Pájaro Cantero, líder de los Monos.

En agosto pasado, la justicia condenó a Milton Damario a 16 años por el crimen de Lucas Spina, un muchacho de 25 años que acribilló por error en una esquina de barrio La Tablada el 27 de enero de 2013. Acompañado por su hermano José -condenado a 17 años de prisión-, munidos de ametralladoras iban a matar a otro joven del barrio que estaba en un cumpleaños. Norma Bustos, la madre de Lucas, corrió la misma suerte que su hijo el 20 de noviembre de 2014, luego de que denunciara seis años antes en los medios y en la Justicia a los Damario como los sicarios que dominaban a sangre y muerte la zona.

Uno de los compañeros de Damario, en la cárcel de Coronda, es otro sicario, Pablo Andrés Peralta, de 34 años. Peralta vivía en un departamento con vista al río en Weelrigth y Dorrego, una de las zonas más caras de Rosario. Era "un hombre limpio" para la policía. Hoy trata de matar el tiempo mientras permanece aislado en un sector de máxima seguridad de la cárcel de Coronda. Cree que si el policía Carlos Alberto Dolce no se hubiera cruzado en su camino, estaría a la espera de que suene su teléfono para hacer algún trabajo.

Pero después de que lo detuvieron tras matar a Dolce, en pleno centro de Rosario, empezó a configurarse el perfil de un sicario. Aquel 5 de febrero, Peralta y Hernán Núñez, de 25 años, tocaron el timbre de una clínica en busca del médico Omar Ulloa. Le dijeron a la secretaria que debían entregar "una planta de obsequio para el doctor", que tenía un moño y una tarjeta. Ulloa salió del consultorio y recibió una golpiza y amenazas con un arma. "No abras la farmacia de Maipú y San Lorenzo. Ya te reventé a tiros la puerta de tu casa", le advirtió Peralta.

Un mes antes, el domicilio del médico había sido blanco de varios disparos. Todo se había originado, según consta en la causa, en una pelea entre cadenas de farmacias. Cuando escapaban, Peralta y Núñez fueron interceptados por Dolce, un policía que custodiaba los comercios de la cuadra. Peralta ejecutó al agente de cuatro disparos. Cayó detenido cerca de allí.

A la hora señalada

Peralta ya había intentado matar al abogado Alberto Tortajada en la puerta de su estudio, frente a los tribunales. Unos días antes, el letrado había recibido una llamada de un potencial cliente que requería sus servicios por un caso de narcotráfico. El abogado citó al interesado a las 17 en su oficina.

Tortajada estaba tomando un café en un bar de la esquina, y recibió una nueva llamada. El cliente le avisó que había llegado. El letrado entró al edificio y detrás suyo ingresó Peralta. "¿Usted me espera a mí?", preguntó el penalista de 71 años. Y le respondió con otra pregunta: "¿Usted es el doctor Tortajada?" Tras escuchar "sí", sacó una pistola calibre 22 y comenzó a disparar. Tres tiros impactaron en el cuerpo del abogado, que tuvo su golpe de suerte: la pistola se trabó y salvó su vida de milagro.

La investigación judicial estableció que los dos hechos estaban vinculados. Peralta había sido contratado por una persona ligada al negocio farmacéutico para matar a Tortajada -quien representaba a varios empresarios del sector- y amedrentar a Ulloa, que pensaba expandir su cadena de farmacias en Rosario.

Una discusión, un contrato y una muerte

"Homicidio agravado por promesa remuneratoria". Así encuadró la fiscal Georgina Pairola la imputación contra Darío Motier, quien está detenido desde agosto pasado, tras matar a Fabricio Zulatto, un joven de 21 años que murió de tres disparos en la cabeza y fue enterrado en un pozo en el búnker de una villa de la zona norte de Rosario. Pilo Motier nunca cobró el dinero que le prometió el narco Andrés Soza Bernard, un licenciado en Comercio Exterior que estaba bajo libertad condicional tras asesinar en 2008 a la estudiante Gabriela Núñez de un disparo en la nuca. El crimen de este joven se habría producido por una discusión que mantuvo un mes antes con Soza Bernard, que era proveedor de estupefacientes.

Otro negociado: Lázaro Báez recibió $ 30 millones por una cantera que abandonó

Por Lucía Salinas - Clarín.com - Queda en Las Piedritas y ganó la licitación en 2013. Dejó maquinas destruidas y 25 familias sin trabajo.

Cantera Las Piedritas fue uno de los negocios de Lázaro Báez en el Chaco hoy pertenece a otra firma. Foto Emmanuel Fernández.

Fue otro negocio millonario que quedó en manos de Lázaro Báez, no en Santa Cruz donde recibió U$S 1.000 millones sólo en sobreprecios por los contratos viales otorgados, sino en el norte, en la provincia de Chaco donde hizo pie con la empresa “Sucesión Adelmo Biancalani”. Allí, el gobierno provincial bajo la gestión de Jorge Capitanich le otorgó la explotación de la cantera “Las Piedritas” hasta 2018. El costo inicial de la concesión fue por poco más de $ 4 millones, pero el empresario K terminó recibiendo $ 30 millones según los cálculos oficiales. “La provincia pagó a Báez por recursos propios”, señaló el diputado radical Livio Gutiérrez. La empresa Biancalani abandonó la obra y recientemente la Provincia readjudicó la explotación a la firma Polan SA.

A 200 metros del pueblo Las Piedritas donde viven unas 513 personas, se encuentra la cantera que le da vida al lugar. Su economía depende directamente de la explotación de material pétreo que alimenta a vialidad Provincial a diferentes constructoras radicadas en Chaco y también a los municipios, para el enripiado en sus respectivas localidades.

La rutina del poblado rodeado de zonas rurales, lo marca el trabajo de la cantera que supo emplear unas 25 personas en manos de Báez. Al mediodía el silencio es notorio en el gran predio donde inmediatamente se visualizan las montañas de tierra y la maquinaria detenida. El calor impide continuar con las tareas y el horario de verano otorga un respiro hasta las 16 que se reactiva el movimiento en la árida superficie, donde se destaca un gran cráter producto del tiempo que se viene explotando la cantera.

A la sombra cuatro camiones esperan el reinicio del trabajo en la cantera, para poder irse con el material pétreo. La explotación se está reordenando después de que Biancalani, empresa de Báez, abandonó la obra dejando un marcado deterioro en la maquinaria. “Se explotó a simple vista, sin orden y sin planificación, muy desprolijamente, también se encontró mucha falta de mantenimiento de todas las instalaciones”, indicó a Clarín uno de los ingenieros de Polan SA. El gobierno provincial rescindió la concesión que tenía Báez y realizó hace tres meses la nueva adjudicación.

La cantera “Las Piedritas” es propiedad del Estado chaqueño y desde 2013 estuvo en manos del empresario K. “Fue otro gran negocio que tuvo Lázaro acá y se fue y dejó unas 25 familias en la calle y el trabajo que hicieron fue desprolijo”, contó a Clarín Gustavo González (UCR) delegado municipal del pequeño poblado. La nueva empresa fue recontratando parte del personal que trabajaba en el lugar.

Bajo la concesión de Biancalani -desde comienzos de 2013 hasta octubre de 2016-, Vialidad Provincial que le pagaba al comienzo $ 4.200.000, le terminó comprando 370.000 toneladas que al precio oficial, arroja $ 32 millones a favor de la constructora. “El Estado pagó por piedras de una cantera que le pertenece, fue un negocio redondo. La cantera es fundamental porque le ahorraba mucho del costo de fletes para la construcción de ripios y fletes por la cercanía con la sobras”, explicó a Clarín el diputado radical Gutiérrez.