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domingo, 18 de febrero de 2018

Argentina, tercera en el ranking de los países con economías "más miserables"

Argentina, tercera en el ranking de los países con economías "más miserables"
(Clarin.com) - Es según un estudio de Bloomberg entre 66 naciones y basado en los datos de desempleo e inflación. Venezuela, primera.



El presidente Mauricio Macri en la planta de Córdoba de Fiat, en la presentación de su nuevo modelo Cronos, a principio de mes. Foto: Daniel Cáceres

La Argentina mantuvo el tercer puesto en el ranking de economías "más miserables" que realiza la agencia Bloomberg (Misery Index) y que resume las perspectivas en materia de inflación y desempleo para 66 economías. Por arriba están Venezuela, que mantiene el primer puesto, y Sudáfrica, que desde el cuarto lugar.

"Argentina desmiente un tercer año de mejora en su puntaje general, que se apresta a ser el más bajo desde al menos 2013, el año en que el FMI censuró al país por encubrir la inflación elevada y en que Bloomberg comenzó a calcular los datos", dice la agencia de noticias.
Argentina, tercera en el ranking de los países con economías "más miserables"
Ranking de los países "más miserables" (Misery Index) de Bloomberg.

Venezuela marca su cuarto año como economía más miserable del mundo, con un puntaje que es tres veces superior al de 2017.Brasil, en tanto, se mantiene en el puesto 9.

Tailandia volvió a reivindicar la categoría de “menos miserable”, si bien la manera singular del país de calcular el desempleo hace que el número dos, Singapur, sea digno de mención. En otros lugares, México espera dar grandes pasos este año con una inflación más manejable, en tanto Rumania absorbe más miseria por el motivo opuesto.

Argentina, tercera en el ranking de los países con economías "más miserables"
Ranking de los países "menos miserables" (Misery Index) de Bloomberg.

El Bloomberg Misery Index se basa en el viejo concepto de que una inflación y un desempleo bajos generalmente ilustran en qué medida deberían sentirse bien quienes viven dentro de una economía. A veces, naturalmente, un conteo bajo puede resultar engañoso en cualquier categoría: los precios persistentemente reducidos pueden ser signo de una demanda floja, y un desempleo demasiado bajo encadena a los trabajadores que desearían pasar a mejores puestos, por ejemplo.

Los resultados indican en gran medida una perspectiva económica que en líneas generales sigue siendo brillante: los economistas calculan un crecimiento interanual de 3,7 % para el mundo en 2018, igualando el nivel del año pasado que fue el mejor desde 2011, según la mediana de sondeos de Bloomberg.

Algunos no han sido tan afortunados. En Venezuela, la hiperinflación generó frustración en muchos economistas con respecto a la tasa real de crecimiento de los precios. Los tipos de cambio del mercado negro dieron una perspectiva sobre las cifras, mientras que mediciones alternativas fueron tras las oscilaciones de los costos. Una rebaja gubernamental reciente en los precios de los comestibles dio un breve respiro a la inflación, en tanto los economistas consultados consideran que subirá 1.864 % este año.

Es una incógnita: la estimación más reciente del Fondo Monetario International fijó la cifra en 13.000 % para este año después de alrededor de 2.400 % en 2017.

En el otro extremo del espectro, México hace sus mayores progresos este año, avanzando 16 escalones hacia “menos miserable” en tanto persiste el optimismo de los economistas.

Para estos, el banco central podrá dominar el brote de inflación alta del año pasado, llevándola este año hasta un promedio de 4,1% después de un 6 % en 2017.

sábado, 17 de febrero de 2018

La Ciudad completó su canje de deuda

Por Javier Blanco - La Nación
La operación fue diseñada para bajar la exposición al dólar

La Ciudad de Buenos Aires (CABA) completó ayer la operación financiera que diseñó y comenzó a ejecutar en noviembre pasado para reducir la exposición que su deuda tenía al dólar. 

En ese momento emitió un bono en pesos que se podía canjear por otros ya en circulación y colocados oportunamente (en su mayoría) con ajuste al tipo de cambio.

Ayer reabrió el bono en pesos a tasa variable (pagará Badlar +375 puntos que, a valores de hoy, supone una tasa de interés del 26,5% anual), que precisamente había colocado hace tres meses y con el que había captado en ese momento $7063 millones. Ayer, con la nueva oferta, consiguió otros $6185 millones y aprovechó además para rescatar otros títulos emitidos también en pesos pero que le vencían próximamente, con lo que pudo alargar los plazos de pago.

"Esta colocación forma parte de una estrategia de administración de pasivos, con la intención de extender el perfil de la deuda y mejorar el mix de monedas. Hacia 2015 nuestra deuda estaba 95% nominada en dólares y solo 5% en pesos. Luego de esta emisión, ya rebalanceamos el pasivo 50 y 50 en cada moneda, que es el objetivo que nos habíamos propuesto recién para 2019", valoró el ministro de Hacienda porteño, Martín Mura. "Esto permite que la Ciudad tenga un mayor control de su deuda ante posibles escenarios de incertidumbre que sufra la economía a nivel global", agregó.

"La Ciudad recauda en pesos, así que lo más saludable es tener su deuda relacionada con el peso", había definido el subsecretario de Finanzas porteño, Abel Fernández Semhan, al explicar los objetivos de la operación en noviembre.

Con la reapertura del bono, la Ciudad recibió ofertas de compra por $6534 millones y la emisión se hizo a un precio de corte de $100,55 por cada $100 de valor nominal, respetando el precio que el papel tenía en el mercado. La colocación estuvo a cargo de los bancos Ciudad, Galicia, BST y la financiera Balanz Capital.

"Sin duda, esto muestra que los inversores, tanto locales como internacionales, apoyaron el cambio de perfil de deuda de dólares a pesos y de corto a largo plazo", sintetizó precisamente Claudio Porcel, CEO de Balanz Capital, satisfecho por haber colocado el 43,91% del libro adjudicado.

El bono, que podía canjearse por otros títulos como los BDC19, BD2C9 y BDC20 (que ajustaban capital por la variación del dólar) o por los BD2CO o BD3CO, que pagaban tasa variable; pagará capital a su vencimiento (el 22 de febrero del año 2028), pero abonará los intereses con periodicidad trimestral desde el 22 de mayo próximo.

"La colocación fue muy exitosa. El rescate de bonos en dólares estuvo en el orden de los US$71 millones sobre un total emitido equivalente a US$314 millones", especificó el gerente de Banca Corporativa del BST, Daniel Gowland, quien precisó que la demanda por parte de inversores extranjeros se llevó "entre 40 y 45% de la emisión" de ayer.

A fines de enero, la calificadora de riesgo Standard & Poor's había confirmado la nota B+ con perspectiva estable para los bonos en moneda local y extranjera de la Ciudad de Buenos Aires.

Por rojo externo, Argentina es uno de los países más vulnerables a un shock global

Por rojo externo, Argentina es uno de los países más vulnerables a un shock globalPor  ANA CLARA PEDOTTI - Cronista.com
"La vulnerabilidad externa puede ser más aguda cuando existen grandes déficits de cuenta corriente", remarcó el Instituto de Finanzas Internacionales en un informe. En el reporte también advierten que el peso podría estar todavía sobrevaluado.

Junto con Turquía, Argentina es uno de los países emergentes que está en peor situación para hacer frente al cambio de tendencia global que significa el alza de tasas en los países centrales y la consecuente volatilidad que genera. Así lo remarcó un informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), compuesto por las entidades financieras más importantes del mundo.

Las economías emergentes suelen ser las que están es más expuestas a la volatilidad que genera el cambio de sentido de las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bajo el paraguas de emergentes, la institución agrupa a países como China, Brasil, India, Ucrania, Tailandia, Polonia, Filipinas, Malasia, Corea, Indonesia, Hungría y la República Checa, entre otros.

Para el IIF esta es "una mezcla que históricamente ha resultado difícil para los mercados emergentes, especialmente aquellos con grandes requerimientos de financiamiento externo".

Justamente por este aspecto, es que la entidad ubica a la Argentina junto con Turquía en el podio de las naciones que más pueden se pueden resentir por el cambio de signo global.

El talón de Aquiles de la economía local es el fuerte incremento del déficit externo. El año pasado, la balanza comercial argentina registró el mayor déficit en la historia: una sangría de u$s 8471 millones.

"La vulnerabilidad externa puede ser más aguda cuando existen grandes déficits de cuenta corriente, especialmente cuando esos déficits se amplían rápidamente, como es el caso de Argentina y Turquía", afirmó la institución en un memo que fue difundido ayer.

En este sentido, advirtieron que la velocidad del crecimiento del rojo en las cuentas externas puede presionar a las monedas de esas economías a la baja. "Destacan Argentina y Turquía, con monedas que, a pesar de las recientes caídas, aún podrían estar materialmente sobrevaloradas", afirmaron.

"En el caso de Argentina, el peso ha caído bruscamente en los últimos meses, planteando la cuestión de si la moneda más débil ya incorpora un déficit más amplio", remarcaron.

En ese sentido, la banca internacional advirtió que la reciente devaluación del peso puede corregir en cierta medida el rojo de las cuentas, ya que puede ayudar a impulsar las exportaciones afectadas por el atraso del tipo de cambio. Sin embargo, esta posible mejora de la competitividad de la moneda no alcanza para corregir los efectos de la apreciación que tuvo en los meses anteriores. Ambos países están en la mira de la institución de un tiempo a esta parte. Ya había advertido que ambas economías emergentes son las que muestran una peor performance frente al nuevo escenario global.

En un informe distribuido hace algunas semanas, el organismo ya había colocado al país como el más débil frente a un shock externo debido su dependencia al financiamiento internacional, sumado a "vulnerabilidades internas del sector real y financiero; y la credibilidad de las políticas y la estabilidad política que afectan el alcance del ajuste macroeconómico".

jueves, 15 de febrero de 2018

El "Manual de buen Gobierno" que presentará Mauricio Macri en Chapadmalal para administrar las empresas del Estado

.Por Carlos Arbia - carbia@infobae.com - Infobae.com.
En el retiro del Gabinete que tendrá lugar este viernes en Chapadmalal Mauricio Macri presentará el "Manual del Buen Gobierno". 

La idea del texto, que fue elaborado por el vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui, es comunicar a los funcionarios que manejan empresas del Estado cómo esas sociedades deben organizarse y funcionar para reducir el déficit operativo, en virtud de los pedidos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El manual contiene varios puntos que deben cumplir las 41 empresas en las que el Estado es accionista mayoritario.

En la introducción del texto al que tuvo acceso Infobae se aclara que "los Lineamientos no reemplazan competencias legales establecidos en instrumentos normativos aplicables a las empresas de propiedad mayoritaria estatal y que las empresas cuentan con libertad para elegir el diseño institucional que crean más conveniente". El manual advierte que  "a través de estas exigencias, es el Estado como accionista el que comunica a las empresas lo que éste espera de las mismas en términos de prácticas de gobierno y gestión".

En el manual se enuncian una serie de principios. Los siguientes son los más destacados:

Eficiencia: el Estado como accionista de las empresas promueve la utilización eficiente de sus recursos propios y de los que reciba del Tesoro y/o Ministerio sectorial. La utilización eficiente de los recursos significa maximizar cada peso invertido en bienes de capital y/o destinado a gastos corrientes con el objetivo de producir mejores bienes y servicios a un costo consistente con valores de mercado. Cuando la empresa se encuentre sujeta a obligaciones de tipo social o alineadas con políticas públicas, el origen y monto del financiamiento de tales obligaciones será cuantificado y reportado de manera explícita por la empresa.

Transparencia: el Estado promueve el rol activo de las empresas en la publicación de información financiera y no financiera vinculada a su desempeño. La transparencia tiene efectos positivos directos tanto en mejora de gestión, por ejemplo, abriendo los procesos de compras a más proveedores, como en materia de rendición de cuentas de los recursos del Estado. Como Estado accionista esperamos de nuestras empresas la adopción de mejores prácticas de transparencia.

Integridad: el Estado como accionista promueve la adopción y cumplimiento por parte de las empresas de políticas destinadas a prevenir y castigar el fraude. Es nuestro deseo como Estado accionista que las empresas de mayoría estatal sean ejemplo de integridad en el uso de sus recursos. A tales fines, es no solo importante cumplir con la normativa y directivas nacionales sobre anticorrupción sino también desarrollar procesos destinados a garantizar la gestión transparente e íntegra de los recursos.

Generación de Valor: el Estado como accionista promueve la maximización del impacto que las empresas de mayoría accionaria estatal tienen en la economía. Las empresas deben promover la generación de valor (social y económico) a lo largo de toda la cadena del negocio, siempre considerando los principios de transparencia y eficiencia de los recursos. En dicho sentido, cobra especial relevancia la definición de propuestas de valor para los distintos actores involucrados.

Estándar de empresa listada: el Estado espera que las empresas en donde el mismo es accionista adopten estándares de gobierno corporativo alineados con los de empresas listadas en la Bolsa de Valores. La adopción de dichos estándares debería constituir para las empresas una preocupación constante y requerir de esfuerzos sostenidos en el tiempo.

Roles diferenciados: el Estado no sólo cumple el rol de accionista o dueño de las empresas, sino que también puede desarrollar actividades como formulador de políticas públicas y como regulador de la calidad de los servicios prestados por las empresas. Esperamos que los ministros sectoriales desempeñen dichos roles manteniendo la independencia de los mismos. Es decir, que puedan ejercer distintas funciones (regulador, formulador de políticas, prestador de servicios) aunque se trate de la misma autoridad.

"El Gobierno cree fuertemente en el establecimiento de una cultura meritocrática centrada en el talento del empleado, su motivación y compromiso con la gestión de su empresa", asegura el manual, en el capítulo referido a la "relevancia de establecer consecuencias por el no cumplimiento de objetivos". Respecto de la elección de los directores de las empresas, se subraya que "los países de la región han destacado la relevancia de contar con porcentajes de directores llamados independientes, los cuales carecen de vínculos directos o indirectos con el gobierno y/o con la empresa en donde cumplen funciones".

En su introducción, el manual tiene una serie de explicaciones acerca de diversos temas, por ejemplo:

Los Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Mayoría Accionaria del Estado constituyen un conjunto de buenas prácticas de gobernanza y gestión de empresas en donde el Estado es accionista.

Su principal objetivo es comunicar a las empresas las expectativas que el Estado tiene con relación a cómo deben organizarse y funcionar. Estamos convencidos que estos Lineamientos constituyen el camino correcto a seguir por las empresas en pos de mejores estándares de gestión y gobernanza, los cuales redundarán en empresas mejor administradas, transparentes y prestadoras de servicios de calidad a los ciudadanos.

A través de los Lineamientos, el Estado como accionista comunica a las empresas lo que éste espera de las mismas en términos de prácticas de gobierno y gestión. A los efectos de dicho cumplimiento, las empresas cuentan con libertad para elegir el diseño institucional que crean más conveniente para implementar los lineamientos.

Los lineamientos constituyen diferentes aspectos que el Estado nacional como accionista entiende se encuentran vinculados al buen gobierno y gestión de las empresas. Por un lado, establecen buenas prácticas de organización y funcionamiento de los Directorios y gerencias de las empresas, incluyendo prácticas de evaluación del desempeño, transparencia e integridad. Por el otro, contienen componentes relacionados a políticas específicas de auditoría y control, desempeño económico, compras y abastecimiento y sustentabilidad.

Cada lineamiento a su vez contiene cinco principales aplicaciones prácticas. Estas aplicaciones permiten visualizar la implementación práctica de la definición conceptual de cada lineamiento, lo cual facilitará el diseño de políticas específicas por parte de las empresas.

También se recomienda a los funcionarios de las empresas del Estado  "establecer mecanismos tendientes a prevenir la ocurrencia de conflictos de interés por parte de la alta gerencia. Dichas políticas, como, por ejemplo, la publicación por parte de los directores de la empresa de manifestaciones de conflicto de interés, contribuirían no sólo a generar confianza en la sociedad sino también a atraer talentos".

Además el manual ideado por Lopetegui establece que "la política de abastecimiento de las empresas debiera estar alineada con su negocio y plan estratégico y estar enfocada tanto en la generación de ahorros como en la adquisición de bienes y servicios de calidad al menor costo posible".

El informe destaca además que "los principios de buen gobierno constituyen la base conceptual de los lineamientos y los criterios orientadores de la implementación de estos últimos. Estos son valores referidos al gobierno y gestión de las empresas de mayoría estatal y estos lineamientos son implementados teniendo en consideración su consistencia y armonía con los principios definidos en esta página".

El Estado argentino controla unas 41 empresas, con niveles muy variables de profesionalismo y estándares administrativos. Para ayudarlas a generar valor, el Estado está implementando un conjunto de iniciativas para mejorar el desempeño de las empresas de capital estatal, tanto en la calidad del servicio como en la efectividad y transparencia con que operan.

En términos del PBI, las pérdidas de las empresas estatales representan el 0,75 por ciento, un porcentaje todavía alto aunque en continuo descenso desde 2015, según explicaron fuentes de la Jefatura de Gabinete. En el último año de gestión del kirchnerismo, las transferencias corrientes y de capital a las empresas estatales significaron el 1,52% del PBI y en el 2016 los giros bajaron al 1,14% del producto mientras que en 2017 bajaron al 0,83% del PBI. El objetivo es reducirlo todavía más por eso el Gobierno lanzó esta semana una reducción de unos 9000 millones de pesos del gasto en las empresas públicas.

El informe señala que "desde diciembre de 2015 hemos llevado adelante un ambicioso programa de mejora del desempeño de las empresas de mayoría estatal. Dicho programa, coordinado desde la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y conjuntamente con organismos como la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, ha avanzado en distintas líneas de acción".

Cita como ejemplos que "se han mejorado los sistemas de monitoreo del desempeño de las empresas, se ha avanzado en la elaboración de planes estratégicos por parte de estas últimas, y que se han promovido buenas prácticas de transparencia, gestión, y gobierno corporativo".

Además agrega que "Argentina ha sido admitida como miembro del Comité de Gobernanza Corporativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización que hoy lidera la conceptualización de mejores prácticas de gobierno corporativo en empresas de capital estatal. Las empresas de mayoría estatal de Argentina se encuentran actualmente en proceso de reestructuración".

domingo, 11 de febrero de 2018

Impulsan un recorte de $9000 millones en el déficit de las empresas públicas

De las 33 sociedades estatales, solo 13 cubren sus gastos; los ferrocarriles y Yacimientos Río Turbio son las que necesitan mayor auxilio; AySA y Aerolíneas mejoraron sus númerosPor Laura Serra  - La Nación
De las 33 sociedades estatales, solo 13 cubren sus gastos; los ferrocarriles y Yacimientos Río Turbio son las que necesitan mayor auxilio; AySA y Aerolíneas mejoraron sus números.

El ajuste del gasto público llegó a las 33 empresas del Estado nacional: este año el gobierno de Mauricio Macri tiene previsto reducir en 9000 millones de pesos las transferencias que realiza el Tesoro nacional para solventar sus gastos corrientes y de infraestructura.

Incluso así, este sector constituye una preocupación seria para el Gobierno en su afán de reducir el déficit fiscal, ya que más de la mitad de las empresas (20 en total) continuarán generando pérdidas significativas a lo largo de 2018.

En efecto, este año el Tesoro volcará casi $90.000 millones en total al conjunto de empresas del Estado nacional para mantenerlas operativas. El monto total representa una cifra sideral, si se la compara con otras asignaciones presupuestarias. Por ejemplo, la cifra equivale a dos presupuestos anuales del Ministerio de Desarrollo Social, que concentra la mayoría de los planes de asistencia social.

Los ferrocarriles de carga y de pasajeros explican la mayor parte del déficit, en tanto que Aerolíneas Argentinas y AySA muestran una reducción paulatina del rojo.

Resultado de imagen para déficit de las empresas públicasEn términos del PBI, las pérdidas de las empresas estatales representan el 0,75 por ciento, un porcentaje todavía alto aunque en continuo descenso desde 2015, según explicaron fuentes de la Jefatura de Gabinete. Durante el último año de gestión del kirchnerismo, las transferencias corrientes y de capital a las empresas estatales significaron el 1,52% del PBI. El año siguiente los giros bajaron al 1,14% del producto.

Finalmente, en 2017 cayeron al 0,83% del PBI. El objetivo es reducirlo todavía más, según insisten en la Casa Rosada. "En los últimos dos años se ahorraron unos $41.000 millones", destacan en la Jefatura de Gabinete, en referencia a la reducción de las transferencias.

En esa órbita funciona el Consejo de Supervisión Estratégica de las empresas públicas, que aconseja sobre los grandes lineamientos y la estrategia de las empresas, al tiempo que monitorea su desempeño. Lo integran los ministros de Transporte, Energía, Producción, Hacienda, Modernización, Comunicaciones y Defensa, además de los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

La meta de ese consejo, que funciona desde 2016, es hacer más eficiente el funcionamiento de las empresas públicas para que demanden menores transferencias del Estado nacional.
Recursos para cubrir el rojo
Recursos para cubrir el rojo 

Se trata de un programa de reducción de costos operativos que va en sintonía con la reestructuración de la administración pública nacional que pretende llevar a cabo el Gobierno; el mes pasado, el presidente Mauricio Macri anunció el recorte del 25% de los cargos políticos, el congelamiento salarial de esos puestos ejecutivos y la prohibición de que familiares directos de los ministros ocupen cargos en la administración.

Esto representaría, a la postre, un ahorro del 0,03% del total del gasto previsto para 2018, un porcentaje apenas simbólico para los economistas privados, pero que el Gobierno pretende exhibir como señal de austeridad. De hecho, la purga de familiares finalmente solo alcanzó a 12 funcionarios, tal como consignó LA NACION.

Despidos

Empero, este ajuste en las empresas del Estado genera una gran preocupación en su dotación de personal.

En los últimos dos años se despidieron unas 2300 personas, con lo que el plantel actual es de 108.249 agentes. La poda continúa este año: el mes pasado, por caso, fueron despedidos 215 empleados de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT); es el primer lote de un total de 500 despidos que propone ejecutar su interventor, Omar Zeidan. Por otra parte, en Lotería Nacional está pendiente el destino de unos 200 empleados tras la disolución, por decreto, de esa empresa, la cual fue transferida a la Lotería de la Ciudad.

Otro caso es el de Fabricaciones Militares: el mes pasado unas 220 personas quedaron cesantes tras el cierre de una planta estatal de Azul. El interventor de la empresa, Luis Riva, indicó que sería reabsorbida por otras plantas de Fabricaciones Militares.

De acuerdo con la información que Jefatura de Gabinete suministró a LA NACION, solo 13 de las 33 empresas del Estado tienen sus cuentas en equilibrio y no reciben un solo peso del Tesoro para solventar sus gastos corrientes (pago de sueldos y demás gastos operativos).

Las 20 restantes, en cambio, demandarán este año unos $51.000 millones del Estado para este concepto, a los que deberán sumarse otros $38.000 millones para gastos de capital, es decir, para mantener o ampliar su infraestructura. Así, las transferencias totales del Tesoro totalizarán este año casi $90.000 millones. Las empresas que mayores transferencias del Tesoro demandarán son, previsiblemente, las que tienen tarifas subsidiadas por el Estado: ferrocarriles y Enarsa.

El caso más significativo es el de los ferrocarriles (de carga y de pasajeros); este año el Estado les transferirá 28,3 mil millones de pesos para afrontar sus gastos corrientes, un 18% más que el año pasado.

En cambio, Enarsa muestra un declive sostenido desde 2015: merced al aumento en las tarifas eléctricas que dispuso el Gobierno, en 2018 demandará $10.000 millones para sus gastos corrientes. En 2015 esa cifra era de $27.145 millones.

El resto de las empresas en rojo muestra un desempeño dispar. Las más comprometidas, señala el informe de Jefatura de Gabinete, son YCRT, Télam y Radio y Televisión Argentina (RTA).

Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, con 2463 empleados, demandará este año $3436 millones del Tesoro; Télam, con 893 agentes, insumirá otros $812 millones, mientras que RTA, con 2668 trabajadores, percibirá $2777 millones. En el Gobierno sacan las cuentas. "Cada empleado le cuesta al Estado un promedio de un millón de pesos anuales. Esto es inviable", sentencian.

En el caso de RTA, su titular, Hernán Lombardi, comenzó un plan de ahorro que contempla, por ahora, reducción de horas extras, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. Como anticipó LA NACION el mes pasado, la dirección de la empresa dispuso no aumentar los sueldos del personal este año atento a que, según se esgrimió, los sueldos de la TV Pública se encuentran muy por encima de los del resto de la industria televisiva.

Repunte

Por el contrario, hay empresas públicas que otrora implicaron fuertes pérdidas para el Estado y que en los últimos dos años mejoraron sustantivamente su desempeño, destacan en la Casa Rosada. Son los casos de Aerolíneas Argentinas y de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

Respecto de la línea aérea estatal, el año pasado por primera vez cumplió su presupuesto de $3000 millones y no requirió subsidios extras del Estado; el año próximo las transferencias del Tesoro se reducirán a casi la mitad: $1800 millones. El presidente de la compañía, Mario Dell'Acqua, anticipó que aspira a alcanzar el "déficit cero" en 2019.

El caso de AySA también es motivo de elogios en el Gobierno: en 2015 insumió unos $3000 millones del Tesoro para afrontar sus gastos corrientes; en 2018 esa cifra se reducirá a solo 24 millones.

Eso sí, la empresa de aguas continúa demandando del Estado nacional fuertes erogaciones de capital para obras de infraestructura (ampliación de la red de agua potable y cloacas) por lo que el rojo será de $13.656 millones al final del ejercicio.

En Jefatura de Gabinete son optimistas. "En diciembre de 2015 el Gobierno encontró un portafolio de empresas públicas marcado por la falta de coordinación de las decisiones, la ausencia de estándares administrativos y de transparencia y, salvo excepciones, escaso profesionalismo en la gestión. En varias de ellas reinaba la corrupción", indican.

Esta situación, sostienen en el Gobierno, combinada con un aumento en la cantidad de compañías, generó en los últimos años un creciente impacto de las empresas públicas en las arcas del Estado. Pero la evolución entusiasma a los funcionarios nacionales que tienen su mirada puesta en el déficit presupuestario: dolo dos empresas tuvieron superávit operativo en 2015. En 2016 ya fueron siete y la idea es que la mayoría tenga déficit cero en pocos años más. Esa es la expectativa de la administración nacional.

sábado, 3 de febrero de 2018

Aprueban subastas de terrenos en la zona de Catalinas Norte por casi u$s 81 millones (II)

(Ambito.com) - El Poder Ejecutivo aprobó dos subastas públicas de terrenos ferro-portuarios en la zona de Catalinas Norte, en el barrio porteño de Retiro, que realizó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por un total de u$u 80.700.000.
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La aprobación de las subastas están incluídas en las Decisiones Administrativas 38 y 37 de la AABE, publicadas hoy en el Boletín Oficial. 

La primera de las subastas, la 34/17, se realizó el 26 de octubre pasado y resultó ganadora la desarrolladora Consultatio, que ofreció u$s 40.200.000 por una parcela de 3.200 metros cuadrados.

En tanto, la otra subasta, la número 33/17, también se realizó el 26 de octubre y se remató otra parcela de 3.200 metros cuadrados que fue adjudicada a la desarrolladora TGLT, que ofreció u$S 40.500.000.

viernes, 26 de enero de 2018

Chubut, al borde del abismo, avisa que no podrá pagar deuda

TENSIÓN. La relación entre Mauricio Macri y Mariano Arcioni no logra todavía la suficiente sintonía política, pese a las señales de la provincia.Por Florencia Arbeleche - Ambito.com
ESTE AÑO DEBE ENFRENTAR VENCIMIENTOS POR CERCA DE 120 MILLONES DE DÓLARES.

El Gobierno convoca a sesión extraordinaria a la Legislatura para pedir autorización para reestructurar condiciones de los compromisos.

La relación entre Mauricio Macri y Mariano Arcioni no logra todavía la suficiente sintonía política, pese a las señales de la provincia.

Casi como un desenlace previsible de la grave crisis financiera que afronta, el Gobierno de Chubut anticipó que este año no podrá afrontar el pago de vencimientos por 120 millones de dólares correspondientes a títulos públicos emitidos por los exgobernadores Martín Buzzi y Mario Das Neves, fallecido en octubre pasado.

El mensaje encendió las luces de alerta en el mercado, que espera en las próximas horas el cobro de un fuerte vencimiento en Letras del Tesoro por más de $400 millones, y otro por $250 millones por intereses del Bocade (Pul 26).

Ayer, incluso, el anuncio oficial determinó una baja de 5,75 por ciento en el bono dólar linked PUO19, emitido en octubre de 2013 que vence a fines de 2019 , con amortizaciones trimestrales y respaldo las regalías petroleras.

La apocalíptica advertencia corrió por cuenta del sucesor de Das Neves, Mariano Arcioni, que este miércoles anunció que convocará a la Legislatura a sesión extraordinaria la primera quincena de febrero para pedir autorización para reestructurar la deuda, adherir al Pacto Fiscal y ratificar la Ley de Emergencia Económica.

La dramática postal se enmarca en un contexto de fuertes cortocircuitos políticos dentro y fuera de la provincia. Por un lado, Arcioni no logra el respaldo esperado del peronismo, atomizado por el propio Das Neves, que se alejó del Frente para la Victoria bajo la denominación de Chubut Somos Todos. Por otro, las señales de Arcioni para acercarse a Mauricio Macri no dieron todavía los resultados esperados.

Según las proyecciones de la cartera de Economía que conduce el renunciado ministro Pablo Oca, este año Chubut podría recibir cerca de 2.000 millones de pesos por regalías hidrocarburíferas, mucho menos que otros años como consencuencia de la crisis petrolera. En tanto, se prevé un déficit mensual que rondaría los 600 millones de pesos, y un déficit anual proyectado de 5 mil millones. 

En ese contexto, Arcioni intentó frenar una nueva embestida de la oposición -referenciada fuertemente en el bloque Frente para la Victoria-PJ- a la presunta emisión de un bono para hacer frente a los compromisos. "No quiero endeudar más a la provincia, sí quiero renegociar. Por eso les pido a los legisladores que dejen de lado las mezquindades políticas, porque si hoy no sacamos todos juntos a la provincia adelante, no la sacamos más", advirtió.

Con la reestructuración de la deuda, el Gobierno de Chubut busca lograr mayores plazos de pago y una reducción de la tasa anual en dólares del 9% al 5%, una cifra que los operadores consideran difícil de lograr en virtud de la frágil situación financiera.

El Gobierno gira $ 460 millones diarios al pago de intereses de la deuda pública

El Gobierno gira $ 460 millones diarios al pago de intereses de la deuda públicaPor  BERNARDO VÁZQUEZ - Cronista.com
El servicio de deuda, con $ 11.000 millones, se llevó un tercio del dinero que se pagó en el primer tramo de 2018. Trabajo se quedó con el 50% de los $ 30.000 millones enviados.


En los primeros 25 días del año, el Ejecutivo ya giró fondos presupuestarios por $ 30.707 millones a las 27 jurisdicciones que conforman el Estado. Más del 90% correspondieron a transferencias que se realizaron al Ministerio de Trabajo y al Servicio de la Deuda Pública. La cartera que encabeza Jorge Triaca ya recibió $ 16.628 millones, y al programa que se encarga de saldar la deuda directa de la Administración Central, se le asignaron $ 11.502 millones.

Los primeros movimientos del año en materia presupuestaria fueron direccionados esencialmente a esas jurisdicciones. En el caso de Trabajo, el despiece es extenso. Dueño del mayor de todos los presupuestos ministeriales, los primeros envíos se dirigieron principalmente a tres programas: $ 10.607 millones a asignaciones familiares, $ 4288 millones a Seguridad Social y organismos descentralizados y $ 769 millones al Plan Progresar. En tanto, a las denominadas actividades centrales del Ministerio se destinaron $ 816 millones.

En el caso del servicio de deuda pública, jurisdicción número 90 que se ocupa de pagar "los intereses y amortizaciones que provienen de deudas contraídas por todas las jurisdicciones que la conforman", las transferencias corresponden al 2,83% de la previsión anual, estimada en poco más de $ 406.387 millones. Hasta ayer, por cada día de enero, se pagaron $ 460 millones en servicio de deuda pública.

El reparto de los fondos en las otras jurisdicciones fue en dosis diferentes. Por caso, ya se le devengaron $ 851 millones al Poder Judicial, $ 45,75 millones al Poder Legislativo, y $ 15,96 a Presidencia de la Nación. En los judiciales, el Consejo de la Magistratura se llevó la mayor parte de los fondos:

- $ 835 millones. En el Congreso, Diputados obtuvo $ 18 millones y la de Senadores $ 1,22 millones. En Presidencia, la Sedronar encabeza la lista de los programas a los que más dinero se les giró en estos días: $ 4 millones.

- Después de Trabajo, aunque muy lejos, el Ministerio del Interior fue el que más dinero recibió: $ 495,72 millones. Más del 50% se los llevó el programa de recursos hídricos, que se quedó con $ 275,36 millones. Al Registro Nacional de las Personas, por su parte, se le devengaron exactamente $ 63,68 millones.

- Según datos oficiales del Sitio del Ciudadano, Transporte fue otro de los ministerios con buen ritmo de fondos en este tramo inicial de 2018, con $ 290 millones, casi todo utilizado para la coordinación de políticas del transporte vial. Lo siguió el Ministerio de Educación, con $ 148 millones, de los cuales $ 102 millones se giraron para el fortalecimiento del sistema edilicio de jardines de infantes.

- Luego, en cantidad de fondos, siguió el Ministerio de Desarrollo Social, con $ 84 millones. Abordaje territorial fue el programa predilecto, con $ 41,81 millones, y Economía Social, con $ 10,91 millones, lo siguió.

- Seguridad, el ministerio que encabeza Patricia Bullrich, ya recibió $ 67 millones. La Policía Federal Argentina se quedó con $ 40,57 millones, mientras que Gendarmería Nacional recibió $ 7,7 millones y Prefectura Naval otros $ 13,94 millones.

- Defensa, a cargo de Oscar Aguad, ya tuvo aportes de fondos por $ 65 millones, distribuido principalmente en el Estado Mayor General de la Armada ($ 26,3 millones), Fuerzas Armadas ($ 15 millones) y el Ejército ($ 7,6 millones)-

- Al Ministerio de Agroindustria se le asignaron ya $ 38 millones. El Instituto Nacional de Vitivinicultura fue el más favorecido, con

- $ 27,6 millones. Cancillería recibió $ 32,93 millones y Producción, por su parte, $ 24,5 millones. A Justicia, en tanto, se le enviaron durante enero poco más de $ 13 millones, mismo monto que el Estado ya le giró a Modernización.

martes, 23 de enero de 2018

Argentina no es un país rico, aunque algunos lo creen


Argentina no es un país rico, aunque algunos lo creenPor DANIEL MUCHNIK - Cronista.com
No todos están de acuerdo con la corriente de optimismo que arrastra el gobierno en el tema económico. Y las disidencias se conocen a través de las declaraciones en los medios de comunicación. Como en un grito de euforia, Gustavo Santos, Ministro de Turismo de la Nación no sólo dijo que su sector tiene la posibilidad de generar 300.000 puestos de trabajo nuevos sino que ( es textual) "un dólar como el de ahora, si acompaña a la inflación, nos hace más competitivos". La entrada de turistas es mínima si se las compara con la de los argentinos que recorren el mundo.

La realidad corre por otro lado: hay quejas, propuestas y sugerencias . Se sabe que desde mitad de diciembre el tipo de cambio real avanzó un 10% pero si en el 2018 continúa el ingreso de capitales como vino sucediendo en los últimos tiempos y a eso se agrega la colocación de deuda, el atraso cambiario volverá para no irse. Las economías regionales viven en una alerta permanente. Paralelamente todo se agudizaría si persiste el desequilibrio que inquieta: se viene importando en el plano nacional más de lo que se exporta. Se trae tres veces más de lo que se manda afuera.

Además de quejarse porque el Gobierno no hizo un "diagnóstico profundo de la herencia recibida", Ariel Coremberg, Director del Centro de Estudios de la Productividad de la Universidad de Buenos Aires, en un diálogo con el diario La Nación, afirma que estaría de acuerdo con el gradualismo si las autoridades hubieran hecho un plan integral, que nunca existió. Eso se puede comprobar en las negociaciones salariales. Los costos del gradualismo indica Coremberg son difíciles de asimilar por la población. "Son los que estamos viviendo dice una falta de credibilidad en la política económica". Sin credibilidad no hay inversiones.

En primer lugar agrega porque los propios argentinos todavía no creen en el país. "Ellos ahorran, si están motivados. En cuanto a las multinacionales algunas vinieron pero si se quieren o necesitan mucho más hace falta coherencia".

Recuerda: Argentina alcanzó ocho defaults en los últimos cuarenta años, tuvimos tres hiperinflaciones, fallamos tanto con el modelo liberal como con el populismo. El inversor sabe esta pérdida de brújula. Y tiene miedo.

No faltan economistas cuyo centro de atención es, en gran parte, la inflación, no el resto de los factores. La actual, sugiere Roberto Frenkel fue gestada en el kirchnerismo por una mala política económica. Asegura: "La situación externa y fiscal del país eran excepcionalmente buenas. Parecía imposible de arruinar. Pero hasta las calesitas pueden chocar y el broche de oro fue la intervención del INDEC, informar acerca de algo que nadie cree".

Ahora el INDEC no miente pero otros, en su nombre proponen cambios en las metodologías de investigación. Eso sí, sin que nadie sospeche sobre manipulaciones arbitrarias.

Macri confirmó que su gobierno sería un fracaso si no logra reducir la pobreza, que como se sabe afecta al 28% de la población. Se motiva a los especialistas a crear un nuevo índice de apremios y necesidades, al que llaman multidimensional, en el que el ingreso no será la única y principal variable para sondear sobre la marginación y la exclusión del sistema social. Por ejemplo, si un hogar con niños tiene o no acceso a la escolarización. Eso llevó a darle vida a un Consejo de Políticas Sociales, que dependa de la Casa Rosada, para controlar las soluciones sociales.

Es casi una característica de este gobierno que sólo un grupo de personas que habitan en las inmediaciones de Plaza de Mayo dispongan de información que no se termina comunicando, como se sabe, un déficit de arrastre de ésta administración.

Si no se comunica una información lisa y llanamente esa información no existe o sólo está en la cabeza de 3 o 4 personas. Y allí se acaba todo.

Más allá de todo, la población argentina, no informada suficientemente o gustosa de vivir en la cornisa, ha transitado el 2017 por encima de sus posibilidades. El país no es rico. Sólo tiene activos ricos que hace falta extraerlos. Con inversiones, porque el ahorro nacional no quiere correr riesgos. Tenemos hidrocarburos, minerales estratégicos, cosechas formidables (aunque no existan planes para el drenaje indispensable de las inundaciones) y talentos tecnológicos. Pero no convierte a la sociedad en rica, ni los indicadores del país son envidiables.

Lo increíble es que no gasta puertas adentro porque el consumo sobre el fin del 2017 concluyó igual que en el 2016. Sin que tenga responsabilidad en ello, este parate impacta en las conducciones gerenciales de los grandes abastecedores. Renunció, por ejemplo, el máximo responsable de Carrefour en la Argentina después de 35 años de trabajo por razones que nunca se explicaron. ¿Ese señor fracasó o las condiciones del país lo condicionaron y fue imposible revertirlas?

Otra fantasía: el rojo por turismo en estos meses ha llegado a 10.662 millones de dólares que se cubre por deuda. El gran dilema es que en el período entre enero de 2016 y diciembre de 2017 se tomaron del exterior 50.000 millones de dólares que concluyó abasteciendo el déficit de cuenta corriente , algo más de 32.000 millones de dólares y la formación de bolsones creados por el sector privado, también cerca de los 32.000 millones de dólares.

La deuda financia el déficit comercial y el de turismo, porque trae productos importados y selecciona veranear y comprar lo que le interesa en el exterior. Eso es déficit externo, arrastrado por compras que podrían prescindirse, pagos de deuda y gastos de turismo. Sólo en diciembre los argentinos compraron 3900 millones de dólares . Mucho más que el 90% de las adquisiciones arañaron los 1500 dólares cada interesado.

Como escribió Horacio Riggi en este diario "el comportamiento de los argentinos frente al dólar es digno de análisis psicológico. Compra cuando está barato y también compra cuando sube". Porque en su visión y en los antecedentes históricos nacionales seguramente subirá. El engaño es grande y el perjuicio es peor. No somos ricos, estamos permanentemente condicionados. No se puede vivir en la irrealidad.

Pero no sólo los ciudadanos viven en el romanticismo con el dólar. También la gente del Congreso Nacional: las estadísticas indican que más de la mitad del Senado Nacional y un tercio de los Diputados viajaron al exterior . El Estado invirtió por ellos 300.000 dólares y una ponchada de euros a lo largo del 2017. Con cada visita fuera del país el parlamentario recibe 3600 euros si su destino es Europa y 4.000 dólares en viáticos. Un sólo legislador concretó siete visitas al exterior . En cada tour se llevó 1650 euros y 6050 dólares. Si se puso límites en Cancillería y el plan es vender varias mansiones de embajadores ¿por qué nadie controla el Parlamento?. Hay interrogantes esenciales ¿para qué sirvieron esos viajes?. ¿Se justificaban? ¿Obedecían a invitaciones para estar presentes en foros regionales donde poco se decide? Más algo clave e interesante: ¿esos legisladores publicaron los resultados de sus viajes y los aportes que podían haber significado para el país?. Que se sepa, no lo hicieron.

Tampoco los legisladores entienden que la Argentina no es un país rico que tira la plata por la ventana.

Tras la polémica, el Consejo de Magistratura porteño reduce su estructura

Por Federico Mayol - Infobae.com - fmayol@infobae.com
Fue aprobado por el voto unánime de todos sus miembros.


Tras la polémica de los últimos días en torno a la proliferación de cargos, el Consejo de la Magistratura porteño decidió este lunes por la tarde a través del voto unánime de todos sus miembros suspender los efectos de la resolución 1171 del año pasado, que aumentaba la estructura del organismo, y resolvió encarar un plan de reestructuración que estará a cargo de la Presidencia, a cargo de Marcela Basterra.

El organismo, a cargo de la selección de los magistrados porteños y de la administración financiera del Poder Judicial de la Ciudad -su presupuesto es de unos $4.000 millones-, había quedado bajo la lupa por la multiplicación de nombramientos, en especial después de la aprobación de la resolución 1171, de noviembre del 2017, que había incorporado "nuevas direcciones generales, departamentos, oficinas, prosecretarías y reagrupación de áreas bajo diferentes direcciones", entre otras modificaciones. Dicha reglamentación había sido objetada por Marcelo Vázquez y Lidia Lago, dos de los tres consejeros en representación de los magistrados.

En ese sentido, según confiaron a este medio fuentes del Consejo, los nueve consejeros que se reunieron esta tarde decidieron dar marcha atrás con dicha resolución e impulsar un "plan de readecuación económica y de recursos humanos" para el Poder Judicial porteño, sin incluir al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y al Tribunal Superior de Justicia. Es decir, establecer en 875 la planta de agentes permanentes del Consejo, un 20% menos de la nómina actual.

La votación se da en medio de una reducción de cargos políticos y de achique de estructuras impulsadas por la Casa Rosada, y que en algunos sectores del oficialismo aún encuentran cierta reticencia.

Los consejeros -además de Basterra, Alejandro Fernández, Vanesa Ferrazzuolo, Juan Pablo Godoy Vélez, Darío Reynoso, Javier Roncero, Silvia Bianco, Vázquez y Lago debatieron durante horas- aprobaron además ajustar viajes -"se limitan a los estrictamente necesarios para representar institucionalmente al Poder Judicial", explicaron- y gastos de caja chica. Hasta hoy, y desde hace años, el organismo era un festival de viajes, viáticos y hospedajes en hoteles de lujo.

En las últimas semanas, el organismo también había sido blanco de críticas por la filtración en el nombramiento de familiares y por la contratación, por ejemplo, de tres actores para la simulación de juicios por jurados, por la que cobraron miles de pesos. Entre ellos, Martín Seefeld, del círculo íntimo de Macri. Y por una denuncia presentada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en la Facultad de Derecho de la UBA contra Basterra, tras un concurso que quedó salpicado por la contratación de una asesora en la unidad de la consejera. En su presentación, Gil Domínguez fue patrocinado por Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Rizzo atraviesa desde hace meses una serie de cortocircuitos con un sector de la mesa judicial que rodea a Macri y con Daniel Angelici. El Colegio Público de Abogados tendrá elecciones en abril próximo: uno de los bandos de la mesa judicial en torno al jefe de Estado busca un acuerdo con Rizzo. Según confiaron, Cambiemos definirá su estrategia a partir de febrero.

martes, 16 de enero de 2018

Bajan los subsidios pero el gasto del Estado sigue subiendo

Resultado de imagen para déficit fiscalPor Fernando Laborda - LA NACION - @flaborda
Poco después de anunciarse el último aumento de tarifas en trenes y colectivos, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich , admitió que, a pesar de esos incrementos, no habría una reducción significativa de los subsidios que paga el Estado y que constituyen una de las principales razones del déficit fiscal.

Según el presupuesto nacional aprobado para 2018, el monto de subsidios al transporte este año rondaría los 94 mil millones de pesos, una cifra muy similar a la de 2017. Esta previsión supondría una baja de los subsidios en términos reales, frente a una inflación anual que el gobierno de Mauricio Macri proyecta en el 15% y que, según distintos economistas, podría ser unos puntos mayor. Pero el ahorro para el Estado tiene sabor a poco, especialmente si se compara con el costo político y social que representa cualquier aumento en el transporte de pasajeros.

A diferencia del transporte, los ahorros obtenidos en materia de subsidios a la energía fueron mucho más importantes. De acuerdo con un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), basado en datos del Ministerio de Hacienda hasta noviembre de 2017, los subsidios energéticos se redujeron el año último en 66 mil millones de pesos respecto de 2016. Pero el problema radicó en que el resto de los subsidios económicos subieron en 30 mil millones de pesos, mientras que los programas nacionales de educación, salud, vivienda, saneamiento y desarrollo social que se ejecutan en las provincias aumentaron en otros 33 mil millones de pesos en igual período.

La conclusión es que lo que el Estado nacional se ahorró con la reducción de los subsidios a la energía y el consiguiente aumento de tarifas de luz y gas fue empleado para aumentar el gasto público en otros rubros.

"El grueso de los subsidios no energéticos en su mayoría va al transporte y tienen como principal finalidad subsidiar a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense. El mismo tipo de desvío subyace en los programas nacionales superpuestos con funciones de las provincias y los municipios", señala el trabajo de Idesa, según el cual se podrían ahorrar recursos si la Nación abandonara la histórica práctica de querer suplantar funciones provinciales y municipales. El vertiginoso crecimiento de las erogaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) también contribuye a que los ahorros en los subsidios energéticos no se noten en las cuentas fiscales finales.

Apunta el estudio de Idesa que mientras el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec arrojó que la inflación de 2017 ascendió al 24,8%, la llamada "inflación núcleo", que excluye a los productos estacionales y a los precios regulados, fue del 21,1%. Se deriva de estos datos que "lo relevante no es tanto el desvío que el ajuste de tarifas ocasiona en el índice de inflación, sino el hecho de que la inflación sigue siendo elevada, aun sin considerar el ajuste de tarifas".

La explicación que a este fenómeno le asignan distintos economistas guarda relación con el elevado nivel de gasto público y de necesidades de financiamiento del Estado, que impactan en el alto déficit fiscal.

Economistas de la Fundación Libertad y Progreso, como Aldo Abram y Agustín Etchebarne, han insistido en la necesidad de que, en lugar de endeudarse para financiar el pago de salarios en el sector público, el Estado tome deuda para financiar la reducción del empleo público, que entre los años 2001 y 2016 pasó de 2,3 millones a 3,6 millones de agentes. Un dato impresionante si se tiene en cuenta que ese crecimiento representa un 56%, cuando en igual período la población total se incrementó en poco menos del 20%.

Si se toma exclusivamente a las provincias, el crecimiento del empleo público cobra mayores dimensiones, por cuanto el número de agentes públicos provinciales cada mil habitantes era de 36 en el año 2001 y de 52 en 2016, lo que implica un aumento del 44%.

El reciente compromiso de responsabilidad fiscal que firmaron los gobernadores provinciales con el gobierno nacional apenas obliga a aquéllos a garantizar que el empleo público en sus provincias no crezca más que el aumento de la tasa poblacional y que el gasto público no aumente en proporción mayor a la inflación.

La alternativa que estudia el gobierno nacional, anunciada ayer por LA NACION, de ofrecer a los gobernadores provinciales planes de financiamiento para jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios de los empleados públicos es una primera medida hacia una reducción del personal en la administración estatal. Una innovación para la que aún resta conocer si tal programa se financiará con préstamos o con otro festival de subsidios.

sábado, 13 de enero de 2018

El Gobierno frena gastos y prioriza el uso de fondos para obras públicas

El Gobierno frena gastos y prioriza el uso de fondos para obras públicasPor Pablo Fernández Blanco - LA NACION
El año pasado se usaron casi todas las partidas destinadas a inversiones; en cambio, varios ministerios subutilizaron los recursos asignados

El Gobierno frena gastos y prioriza el uso de fondos para obras públicas. Foto: LA NACION / Soledad Aznarez

Los programas de gobierno dedicados al desarrollo de obras públicas parecen haber conseguido el antídoto para esquivarle al pedido oficial de recortar los gastos del Estado, según se desprende de algunos documentos que vio LA NACION. Más que una fórmula química, sin embargo, se trata de una decisión política del propio presidente Mauricio Macri, que mientras les reclama a sus ministros la reducción de la plantilla y les pide ortodoxia fiscal a los gobernadores, les exige a quienes tienen a cargo la ejecución de obras emplear todos y cada uno de los pesos que les fueron asignados a través del presupuesto.

El abanderado del gasto es el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, que atiende no solo una parte de las inversiones del Estado, sino también el empleo de recursos para allanar la relación de la Casa Rosada con los gobernadores.

En 2017, gastó el 100% de los $10.750 millones que el Gobierno había destinado a Procrear, el programa de crédito para sectores de ingresos medios con el que la Nación apuntaló la construcción, a su vez uno de los grandes generadores de empleo.
También usó $7158 millones disponibles para programas de hábitat, todos los fondos para el programa de obras hídricas en el norte del país, los recursos disponibles para la construcción de viviendas sociales y para el tendido de redes de agua potable y cloacas a través de AySA.

En materia de gastos de capital, como se denomina en la contabilidad del Estado a la inversión pública, a Frigerio lo sigue el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien usó todos los $14.516 millones disponibles para la modernización del sistema ferroviario y casi todos los fondos para hacer rutas, que se canalizan a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Más rezagado, aunque con un nivel de ejecución importante, aparece la cartera de Energía, a cargo de Juan José Aranguren. El presupuesto más grande en materia de inversión lo tiene Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), a cargo de la remodelación de la central cordobesa Embalse, a donde fueron en 2017 $7421 millones, por encima de los fondos que esa empresa pública tenía a principios del año pasado.

El uso de los fondos para obras supera en porcentaje a los de varios ministerios. Por caso, están muy por encima del 73% de los fondos que empleó la Cancillería, la cartera más relegada según la información disponible hasta ayer en materia de ejecución del gasto. Pero hay muchos otros ministerios que se suman a esa lista, como Turismo, Hacienda, Producción, Modernización, Comunicaciones, Agroindustria, Cultura, Ambiente y Defensa.

Incluso las dependencias más cercanas a Macri, como la Jefatura de Gabinete y las partidas destinadas directamente a la Presidencia mostraron un uso de los fondos que no supera el 83%, por debajo de las partidas para obras.

El propio Macri suele seguir de cerca la marcha de la obra pública, porque la considera una espada que puede al mismo tiempo apuntalar la economía, que por ahora muestra un crecimiento tímido, y captar la voluntad del electorado. Quizás esa última parte del pensamiento oficial explique por qué la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal obtuvieron una parte sustancial de los fondos para obras.

Así lo traducen también las cifras de ejecución presupuestaria, según las cuales el Gobierno hizo un esfuerzo sobresaliente para volcar fondos para inversión en todas las provincias antes de las elecciones, con incrementos que en algunos casos superaron el 150% en comparación con el mismo período de 2016. Pero comenzó a moderar ese crecimiento en septiembre pasado.

Este año el Gobierno intentará articular su gusto por las obras con las necesidades fiscales, donde el déficit público reclama una política menos expansiva. Para eso tocará a la puerta del sector empresario, al que le ofrecerá realizar contratos de asociación público-privada (alguien financia una obra para la Nación, que se compromete a pagársela en un determinado plazo) para continuar con el festival de obras, pero sin cargar al exigido presupuesto de la Nación. Todavía no se sabe si del otro lado responderán al llamado.

viernes, 12 de enero de 2018

Embajadas en venta y achiques para bajar el déficit fiscal y la inflación

Embajadas en venta y achiques para bajar el déficit fiscal y la inflaciónPor Silvia Naishtat - Clarin.com
Palacio Argüeso, la residencia del embajador argentino en Madrid, lidera la lista de las propiedades en venta.

El Palacio Argüeso, la casa del embajador argentino en Madrid.

Ricardo Piglia supo escribir que Juan Manuel de Rosas reconocía en qué estancia estaba por el sabor de sus pastos. En las grandes capitales, los círculos diplomáticos no necesitan saborear nada para reconocer las residencias de los embajadores argentinos. Se distinguen por su opulencia. Pero en el arranque de este año, así como hubo un punto de quiebre con la política económica, la austeridad se promociona como la medicina para domar el déficit fiscal y la inflación. Símbolo de tiempos lejanos, el Palacio Argüeso en Madrid (residencia del embajador argentino) lidera la lista de las propiedades que se pusieron en venta. El lugar, del siglo XIX, es célebre por una magnífica pintura del español Joaquín Sorolla. Pero además, cuenta con un vecino famosísimo en el barrio: nada menos que el actor Richard Gere.

También titilan en ese listado “en venta”, las sedes diplomáticas en Paraguay, Brasilia, Colombia y hasta Washington, donde se contabiliza una propiedad alquilada a un banco en la avenida Pensilvania. Fue tasada en US$ 20 millones. Comparado con el rojo de las cuentas públicas, los montos a obtener parecen insignificantes. Todo suma, repiten funcionarios mostrando cómo ajustarán ante empresarios que plantean que para combatir la inflación hay que bajar el déficit.

Mucho de eso le sugirió a Federico Sturzenegger, en una de sus visitas al país, el economista Guillermo Calvo. “Federico, con la tasa de interés sola no vas a bajar la inflación”, le dijo con su voz a veces inaudible. Distinto fue el imperativo que empleó el vice jefe de Gabinete Mario Quintana: “Con ese tono acá no”, disparó a Demian Reidel, el físico del Balseiro que Sturzenegger puso a conducir la salida del cepo. Reidel se aferraba a la idea de no modificar las metas. La reunión trascendió al círculo rojo y es lo que originó, la semana pasada, la catarata de versiones sobre una posible salida de Sturzenegger, ahora muy firme en su puesto. Desde ese incidente, Gustavo Lopetegui, el otro brazo de Marcos Peña, tomó protagonismo en el tema.

Esos cortocircuitos parecen no incidir. Andrés Hatum, profesor de la Di Tella, lo atribuye a un “gabinete profesional que maneja los daños y a un Presidente que sabe cuándo exponerse”. Alejandro Catterberg, director de Poliarquía, apunta que pese a la pérdida en la imagen presidencial, el Gobierno encara esta segunda etapa “mejor parado frente a un peronismo débil y con poco poder de fuego en la opinión pública”.

Para los empresarios, con el cambio de meta, el saltito en el dólar y la tasa algo más baja, la agenda se traslada a la negociación salarial. Los miembros del Grupo de los Seis ( banqueros, industriales, ruralistas, construcción) acordaron, con el aliento de la Casa Rosada, no aceptar una cláusula gatillo que indexe los sueldos. El economista de un banco extranjero arriesgó que 2018 viene peliagudo con una economía que crecerá 2,5% y la suba en el precio del petróleo que complicará cumplir con la nueva meta de inflación. “Es increíble que hayan decidido liberar los valores de los combustibles”, soltó. Y anticipó que “los bancos no podrán seguir financiando el boom de préstamos que se multiplican al doble de los depósitos”. Entre tanto, madura una decisión con las Lebac. Aseguran que quedarían como un instrumento solo para bancos. Una mala noticia para inversores minoristas. José Vignoli cuenta que el grueso de los fondos de pequeños ahorristas que captan en InvertirOnline va a Lebacs.

Marcelo Mindlin, quien con Pampa se posicionó en cada eslabón del sector energético, traza otro escenario: “Este año la Argentina tendrá una gran exposición internacional, comenzando en Davos y culminando con la reunión del G-20 en Buenos Aires. Es muy probable que el país vuelva a ser mercado emergente y que la nota soberana siga mejorando, acercándose al investment grade para lo cual fue esencial el Pacto Fiscal con las provincias”. Un dato: es la primera vez que habrá una Casa Argentina en Davos donde Mauricio Macri recibirá a los presidentes y CEO de las empresas más importantes del mundo. Hace unas semanas, Macri estuvo con Miguel Galuccio. El ex YPF se explayó sobre su modelo de negocios con el sugestivo nombre, “las empresas cheque en blanco”. Según explicó salen a la Bolsa con la promesa de futuras inversiones. Galuccio cosechó US$ 650 millones de fondos de pensión, sobre todo mexicanos, para ir de shopping. Compró los activos de la china Sinopec en el país y viene por más.

De acuerdo a un destacado consultor hay demasiadas firmas medianas en venta. Algunas, con una larga historia de perseverancia. “Están agotados”, contó. No es el caso de Javier Tizado, pese a su dieta rica en estrés en su fábrica de transformadores eléctricos. Es curioso. Tizado apoya con fervor al Gobierno pero sufre en carne propia algunas decisiones. YPF acaba de contratar con General Electric la importación de una planta llave en mano para una central térmica sin exigir, como en la mayoría de los países, una mínima integración local. General Electric trae los transformadores de México y China. Su empresa que tenía un año de pedidos en carpeta, cuenta apenas con tres meses. La reciente eliminación de 314 licencias no automáticas de importación puede dejar a varias firmas en la misma situación, advirtieron desde la UIA. Para Alberto Schuster, de abeceb, el problema es que “Argentina produce productos de bajo valor con costos altos. Hay que generar un ecosistema competitivo que permita empresas y emprendedores que exporten y se defiendan de las importaciones”.

Volvamos a la austeridad. Laura Alonso dará a conocer un dictamen que pondrá en apuros al Gabinete. La titular de la Oficina Anticorrupción apunta al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. Tras un informe de la Sociedad Rural acerca del bono de $ 500.000 pagado a Etchevehere antes que asumiera como ministro; Alonso estaría a punto de concluir que se trató de una retribución excepcional que no estaba prevista en su contrato de trabajo, agravado por la nueva función de Etchevehere ya que pasó a ocuparse de políticas para el campo. “Voy a requerir más información pero lo que he visto hasta aquí me genera una enorme incomodidad ética”, confesó.

domingo, 7 de enero de 2018

Tras 16 años, se puso fin a la ley de emergencia económica

Resultado de imagen para se puso fin a la ley de emergencia económica(Ambito.com) - Después de 16 años, la Argentina salió este sábado de la emergencia económica que había sido establecida por primera vez el 6 de enero de 2002 -en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes- y prorrogada cada dos años por los gobiernos que se sucedieron desde entonces.

En septiembre pasado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, había adelantado la decisión del Gobierno de no prorrogar la vigencia de la "Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario". Y a partir de hoy, entonces, quedan atrás una serie de facultades delegadas al Poder Ejecutivo, que ya no podrá ejercer.

Esta ley de "emergencia" -establecida en principio por dos años- delegaba en el Presidente y sus ministros facultades extraordinarias. Entre ellas, la de establecer el sistema que fija el tipo de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, como el dólar.

Además, el Ejecutivo tuvo durante esta década y media la posibilidad de fijar retenciones a la exportación de hidrocarburos, de establecer tarifas y renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas, y de regular los precios de la canasta básica.

Por esa ley, al mismo tiempo, el Congreso había quedado atado a la discrecionalidad presidencial mucho más allá de lo permitido por la Constitución Nacional para la delegación legislativa. 

"Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca", señalaba la ley de emergencia económica en el artículo 76. 

El diputado de la UCR, Mario Negri, celebró la noticia vía Twitter y sostuvo: "Concluyó la emergencia económica que rigió durante 16 años, 12 de gestión K, aún con la economía creciendo a niveles de 7 u 8%, en algunos años. Se termina la discrecionalidad, recupera facultades el Congreso Nacional. Una muy buena noticia".

Al fundamentar la decisión de no prorrogar más la emergencia económica, el ministro Aranguren aseguró hace tres meses que si se continuaba en ese régimen no se podrían renegociar los contratos pendientes entre el Estado y el sector privado por los servicios públicos y las empresas concesionadas.

"Este año, la Ley de Emergencia Económica del 6 de enero del 2002 llega a su fin. Debemos recuperar los marcos regulatorios y no volver a incumplirlos", aseguró Aranguren entonces. 

Esta norma era originalmente "por dos años", pero siempre al momento de su vencimiento el Congreso -a pedido del Poder Ejecutivo- la extendía por un lapso bianual. La última prórroga fue en los últimos meses de 2015, al cierre del gobierno de Cristina de Kirchner.

El origen de la ley se remonta a las semanas posteriores a la caída del gobierno del radical Fernando de la Rúa y fue aprobada en el momento en que el peronista Eduardo Duhalde estrenaba su presidencia. 

A principios de 2002, la pobreza había aumentado al 49,7% de la población y la indigencia al 22,7%. El desempleo, según el Indec, había llegado al 40,2%. 

Hoy, la pobreza alcanza al 28,6% de la población según el Indec y al 31,4 según el Observatorio de la UCA; la indigencia, al 6,2. Y el desempleo está en el 8,3% de la población.

viernes, 5 de enero de 2018

Argentina reconoció ayer ante Wall St. deudas por u$s 5.100 M

Resultado de imagen para COLOCACIÓN DE DEUDA EN ESTADOS UNIDOS + buitresPor Carlos Burgueño - Ambito.com
FUE EN LA OPERACIÓN POR LA COLOCACIÓN DE DEUDA EN ESTADOS UNIDOS.

El Gobierno presentó ayer un escrito ante la SEC sobre las causas judiciales que se mantienen abiertas contra el país desde el default del 2001 y las generadas durante el kirchnerismo.

En el escrito que el Gobierno distribuyó ante la SEC en Nueva York, se menciona en la página 44 la cantidad de causas que aún mantiene abierto el país en los diferentes tribunales norteamericanos y ante el CIADI. Se incluyen las causas por las renacionalizaciones de YPF y Aerolíneas. 

Argentina "confesó" ayer ante Wall Street, que aún mantiene abiertos juicios contra el país por unos u$s5.100 millones. Cifra que podría aumentar sustancialmente si finalmente, como se supone, los tribunales de los Estados Unidos le dan la razón al fondo buitre Burford le hace al país por haber comprado la causa por la reestatización de Aerolíneas Argentinas. La deuda aún abierta, y que el país se compromete a negociar y cerrar, se generó casi en su totalidad al default de diciembre del 2001; fundamentalmente por las demandas aún abiertas por no haber terminado de definirse el "Juicio del Siglo" entre la Argentina y los fondos buitre. 

A estas causas hay que sumar las demandas iniciadas por empresas multinacionales que operaban servicios públicos privatizados durante los 90 y que se consideraron afectadas por la manera en que se salió de la convertibilidad,; y que desde hace más de una década litigan ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Se incluyen también dos grandes juicios que se le iniciaron al país por la manera en que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se reestatizaron Aerolíneas Argentinas y la petrolera YPF; causas que ya tienen sanciones judiciales avanzadas y casi definidas (negativamente) contra el país. 

Los datos oficiales surgen de la presentación que el país hizo ayer ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el órgano rector de las actividades en Wall Street, y como paso obligado a la operación colocación de deuda concretada ayer por el ministerio de Finanzas de Luis Caputo. Según el documento, al que tuvo acceso este diario, Argentina reconoce ante la autoridad que existen aún abiertas, y como herencia de la crisis del 2001, 92 demandas individuales contra el país (personas que no aceptaron la propuesta a los fondos buitres cerrada en abril del año pasado) por unos u$s629 millones; más otras demandas colectivas (varios acreedores unificados) por u$s24 millones. Menciona el documento que ya se pagaron en la causa por el "Juicio del Siglo" unos U$S 8.100 millones más intereses y que se continuará negociando. 

Según Sebastián Maril, analista de Research for Traders, la situación se generó porque "durante 15 años la Argentina no fue capaz de manejar correctamente los juicios originales generados por el default del 2001 más otros iniciados más recientemente" lo que deriva en "un abultado pasivo de posibles fallos adversos que el país deberá hacer frente más tarde o temprano". 

Se enumeran en la presentación ante la SEC las causas que el país tiene aún abiertas ante el CIADI, el tribunal de resolución de controversias internacionales dependiente del Banco Mundial. En esta instancia, según el documento conocido ayer, hay 4 causas con sentencia negativa por unos u$s445 millones; 3 con pedido de anulación por parte del país por unos u$s742 millones; otras por u$s1.600 millones que están en curso y aún no fueron resueltas y otras 5 que estarían siendo "negociadas" por otros u$s1.000 millones. Reconoce Argentina que ya pagó unos u$s885 millones desde 2013. 

El último caso cerrado fue en agosto de 2017, por una demanda de constructora española Abertir; pero sumó otro el mismo mes con la presentación que MetLife inició por las nacionalizaciones de las AFJP también durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ante el CIADI, el tema más ruidoso aún por definir es el juicio que Mobil abrió en agosto de 2004 y que ya tiene plena trayectoria en el tribunal, con sanción primaria a favor de la empresa petrolera. El caso nació porque Exxon Mobil planteó que la pesificación de 2002 y la posterior política petrolera argentina perjudicaron sus operaciones en la Argentina y se violaron los correspondientes tratados de protección de las inversiones firmados durante el Gobierno de Carlos Menem. Asegura la petrolera que perdió unos u$s50 millones en su operación de los campos petroleros Chihuidos, Neuquén (del que Exxon controlaba entonces el 51%) y de Aguarague, Salta (donde tenía el 23% ). 

Como "células dormidas", la demanda de la francesa Sauri, que explotaba el servicio de aguas en Mendoza, por unos u$s40 millones, también planteado ante el CIADI y a la espera de una negociación directa con la Argentina. Como curiosidad, a la Argentina le hace juicio ante el CIADI la nortamericana Enron; una compañía que en su país (y gran parte del mundo) es acusada de fraude y debió enfrentar una quiebra fraudulenta (la más grande en la historia de los Estados Unidos), que incluyó la caída del gigante de la auditoría, Arthur Andersen y prisión efectiva para muchos de sus directores. Sin embargo, en 2001 (el mismo año de su caída) se consideró perjudicada en la Argentina por la salida de la convertibilidad y le presentó un juicio en el tribunal del Banco Mundial por la explotación de Transportadora Gas del Sur (TGS), empresa que luego compró Pampa Energía

El último fallo recibido por la Argentina en el tribunal resultó negativo. Fue el que el fondo Burford Capital logró en la causa por la renacionalización de Aerolíneas Argentinas, por el cual obtuvo unos 140 millones de dólares, en una causa que adquirió en u$s13 millones al grupo español Marsans y que le reportó una ganancia del 980%. Por esta causa los ex dueños de la aerolínea de bandera obtuvieron un ingreso casi inesperado de u$s230 millones ya que el fondo Burford sólo había comprado una parte de la causa y los derechos de litigar ante el tribunal internacional.

El Gobierno colocó deuda por USD 9.000 millones a la tasa más baja de la historia

Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, y Luis Caputo, ministro de Finanzas que junta los dólares para financiar el exceso de gasto público y las obras de infraestructura .(Adrián Escándar)Por Daniel Sticco - dsticco@infobae.com
El Ministerio de Finanzas emitió bonos en el mercado internacional a 5, 10 y 30 años de plazo, a tasas de 4,6% a 6,95% anual.

Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, y Luis Caputo, ministro de Finanzas que junta los dólares para financiar el exceso de gasto público y las obras de infraestructura .(Adrián Escándar)

El singular apetito de los fondos de inversión internacionales por los títulos de la deuda pública argentina no sólo quedó una vez más plasmado en la rápida aceptación de la oferta que lanzó el país para comenzar a cubrir anticipadamente casi un tercio de las necesidades financieras para todo el año, sino también en que pese a las expectativas de suba de tasas acepto los nuevos bonos con rendimientos inferiores a los que habían exigido exactamente un año atrás.

Así, la cartera que encabeza el ministro Luis Caputo informó que luego de la autorización pedida para ampliar la emisión autorizada de deuda pública en USD 15.000 millones, a un total de poco más de USD 21.000 millones, el mercado internacional aceptó las tres propuestas lanzadas en la mañana de hoy, y que cerró  luego de la clausura de los mercados. 
A saber:
1. USD 1.750 millones a 5 años con un rendimiento de 4,625% anual (cupón 4,625%);
2. USD 4.250 millones a 10 años con un rendimiento de 6% anual (cupón 5,875%); y
3. USD 3.000 millones a 30 años con un rendimiento de 6,95% anual (cupón 6,875%).

"Estas tasas son las más bajas de la historia para Argentina para emisiones en dólares en el mercado internacional, y representan una baja de 100 puntos básicos en relación a las tasas pagadas en la emisión de bonos similares de enero 2017″, resaltaron en el Ministerio de Finanzas.

Además, se destacó el singular el interés de los inversores no sólo en la puja bajista por los rendimientos pretendido para no perder la oportunidad de ampliar sus carteras con títulos de la deuda argentina, sino que además el total de las demanda superó en 2,4 el monto finalmente emitido, ascendió a USD 21.400 millones, con la participación de más de 450 inversores de Norteamérica (46%), Europa (35%) y Asia (11%), y otras regiones (8%).

La emisión fue liderada por Citigroup, Deutsche Bank Securities, HSBC, BBVA y Santander.

"Estamos muy satisfechos con esta nueva emisión, ya que logramos, una vez más, bajar significativamente nuestro costo de financiamiento con las tasas más bajas de nuestra historia. Esto demuestra que los inversores ven con mayor entusiasmo y confianza la situación económica y política del país", dijo el ministro Luis Caputo.

 Las reservas del Banco Central superarán en los próximos días los USD 60.000 millones, al récord absoluto de un 10% del PBI. Y agregó el funcionario: "Este financiamiento cubre aproximadamente una tercera parte de las necesidades de financiamiento del 2018 y más del 50% de las inversiones en infraestructura que están contempladas en el presupuesto de este año y que tan necesarias son para el desarrollo de nuestro país".

En el mercado se especulaba que semejante colocación de deuda anticipada no sólo llevará en los próximos día la posición de reservas del Banco Central al récord absoluto de más de USD 60.000 millones, uno 10% del PBI, sino que también volverá a ejercer una nueva presión bajista sobre el tipo de cambio que hoy escaló al filo de los $19 por rumores infundados de la presentación de la renuncia por parte del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.
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