El Banco Central canceló los 1.000 millones de dólares que le debía al Santander y al Deutsche

LPO - Con este pago, Sturzenegger terminó de pagar los 5.000 millones de dólares del Repo que tomó en enero.

Este lunes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) canceló la totalidad del préstamo "repo", o de pases pasivos, que había renegociado en julio con el Banco Santander y el Deutsche Bank.

Según el comunicado oficial, el Banco Central pagó los 1.000 millones de dólares que debía a los dos bancos internacionales producto de la renegociación hecha hacia fines de julio del préstamo que había tomado a la banca internacional a principio año. De este modo, "canceló la totalidad de las operaciones de pases pasivos con bancos internacionales que mantenía en su hoja de balance."

Hacia fines de enero, el Central había tomado un préstamo "repo" por 5.000 millones de dólares para contar con un respaldo adicional de reservas líquidas con las que hacer frente a la salida del cepo en un contexto internacional aún incierto en los mercados internacionales. En ese momento el stock de reservas internacionales había bajado hasta los 25 mil millones de dólares y el país debía enfrentar aún importantes desafíos en su balanza de pagos.

En aquel momento, la presencia de estos dos préstamos hicieron imposible que el Directorio, con Federico Sturzenegger a la cabeza, considerara que el Banco Central contara con reservas excedentes de libre disponibilidad y como tal cerró la posibilidad al Tesoro Nacional de financiarse con los dólares de las reservas internacionales.

"La evolución favorable del escenario global para la República Argentina y la mejora observada en la hoja de balance del Banco Central permitieron hacia fines del mes de julio reducir en un 80% el monto total de estas operaciones, logrando además concertar nuevas operaciones de estas características con una de las menores tasas de la historia Argentina. La mejora observada en la hoja de balance del Banco Central continuó desde julio con una tendencia firme, traduciéndose en un aumento adicional en el stock de reservas internacionales superior a los USD 5 mil millones, aún después de haber cancelado pasivos externos por importantes montos en el mes de octubre", explicaron las autoridades del Banco Central.

"Si bien el contexto internacional para las economías emergentes es aún incierto, el Banco Central cuenta actualmente con reservas internacionales que superan en más de USD 12 mil millones el stock que había a principios del corriente año, lo que le permite continuar con el proceso de mejora en la calidad de su hoja de balance y la reducción en el costo de sus pasivos internacionales, manteniendo sin inconvenientes la flexibilidad necesaria para activar en cualquier momento los distintos mecanismos disponibles que ha desarrollado para enfrentar posibles shocks externos en caso de ser necesario", concluyó el comunicado.

Macri gira $2.000 millones a la fábrica de aviones de Córdoba

LPO - Es una condonación de deudas para sacar a la Fábrica Argentina de Aviones del patrimonio neto negativo.

Este lunes en el Boletín Oficial se publicó el decreto 1244 que, con la firma de Macri, Peña y otros diecisiete ministros, reasignó partidas del presupuesto 2016 y amplió el gasto público en $132.000 millones. Una de las principales erogaciones fue para la capitalización de la Fábrica Argentina de Aviones (FadeA) por $2.000 millones de pesos.

Otras partidas son para atender el pago de la "reparación histórica" para jubilados mayores de 75 años, pago de deuda pública por $3.300 millones y Fútbol para Todos; que se financiarán con dos pagarés al Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda por $15.000 millones y $1.400 millones respectivamente.

El alto monto girado a la fábrica de aviones generó confusión porque primero trascendió que era para la compra de un nuevo avión presidencial. Sin embargo, tanto desde el Ministerio de Defensa como desde FAdeA negaron a LPO que fuera el caso. Por el contrario, sostuvieron que se trata de un salvavidas contable que el Estado Nacional le otorga a FAdeA para que deje de tener un resultado patrimonial neto negativo y pase a tener un resultado positivo. “No es un giro de dinero, sino una condonación de deudas que FAdeA tiene con el Ministerio de Defensa, que es el principal dueño de la empresa con el 99% de las acciones”, aclararon desde la ex-Lockheed Martin Argentina.

Es que el principal cliente de FAdeA es el mismo Ministerio de Defensa y la fábrica de aviones enfrenta un balance contable complicado. Solo en deudas con su principal accionista acumula deudas por $1.734 millones. Esta condonación “por hasta $2.000 millones” permitirá a la empresa recapitalizarse mediante una sencillo asiento contable. Al pasar a tener un patrimonio neto positivo, FAdeA volverá a estar en condiciones de tomar deuda y se evitará los problemas de conformación societaria que le implica su estado patrimonial actual.

“De todos modos, esto no es algo que esté concretado. Falta la aprobación del Ministerio de Defensa”, agregaron desde FAdeA y se mostraron confiados en que la capitalización siga su curso administrativo.

Otra fuente consultada por LPO, explicó que esta año la gestión actual de FAdeA al auditar la empresa pública cargó todo lo que pudo como pasivo de 2015 para empeorar el resultado del año pasado y mejorar el de este año. Sin embargo, la devaluación encontró a la fábrica de aviones con deudas en dólares que producto de la suba del dólar de más del 40%, magnificó el resultado deficitario de 2016. En ese sentido, con esta condonación terminarían de sanear la empresa.

Desde FAdeA no niegan que la devaluación haya oscurecido el panorama, pero lo relativizaron “No es solo la devaluación, son varios los puntos que explican la situación, entre ellos $520 millones de deudas con proveedores, en algunos casos por más de 180 meses, que hasta que no se renegocian dificultan la llegada de insumos, que también lleva tiempo”, explicaron.

En 2016, la unidad de fabricación de aviones tuvo un año flojo; mejor le fue a la unidad de mantenimiento de FAdeA , que ya entregó un Hércules, y en diciembre devolverá el segundo , junto con una lista que incluye para 2017 otros tres Hércules, un Orión de la Armada, los Pampa III y los Pucará. Sin embargo, el resultado operativo fue, al igual que el 2015, negativo.

Hasta el momento los incumplimientos con proveedores, explican, son la razón de la demora en la mejora del nivel de actividad. Una vez renegociadas las deudas y encargadas las piezas, estas se demorarán de 6 a 18 meses en llegar.

La Argentina ganó un caso en el Ciadi

(La Nación) - Rechazaron un planteo de inversores españoles realizado en 2007.

Un Tribunal Arbitral internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) rechazó un reclamo en contra de la Argentina en concepto de indemnización planteado por las demandantes.

Se trata del caso Urbaser y Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia contra la Argentina (Caso Ciadi Nº ARB/07/26), en el que se resolvió rechazar un reclamo de varios millones de dólares.

El Ciadi rechazó un reclamo en contra de la Argentina en concepto de indemnización planteado por las demandantes. Foto: Archivo

El tribunal estuvo conformado por los profesores Andreas Bucher (suizo), Pedro J. Martínez-Fraga (estadounidense) y Campbell McLachlan (neozelandés). La defensa de la República Argentina en este caso fue llevada cabo por la Procuración del Tesoro de la Nación a cargo de Carlos Francisco Balbín, que es el cuerpo de abogados del Estado que, entre otras competencias, tiene a su cargo la defensa en los juicios iniciados contra el Estado.

El reclamo había sido presentado en 2007 por empresas españolas (Urbaser y CABB), debido a su participación en Aguas del Gran Buenos Aires (AGBA), una sociedad creada por inversionistas y accionistas extranjeros, a la que se le adjudicó, a principios de 2000, la concesión de servicios de agua potable y saneamiento en la provincia de Buenos Aires.

Las demandantes argumentaban que la Argentina había violado diversas obligaciones contenidas en el Tratado Bilateral de Inversiones celebrado en 1991 entre la Argentina y España, tales como la prohibición de expropiación o adopción de medidas injustificadas o discriminatorias y la obligación de dar trato justo y equitativo.

Esto, debido a la adopción de medidas relativas al régimen tarifario (pesificación y congelamiento de tarifas), entre otras, tal como la rescisión del Contrato de Concesión por parte de la provincia de Buenos Aires en 2006, pasando el servicio a manos estatales. Las empresas españolas reclamaban una indemnización de US$ 316.418.672 más intereses.

Anunciarán recortes de subsidios y en el Estado

Por Mariano Obarrio - LA NACION
El Gobierno prepara medidas para intentar equilibrar las cuentas.

Preocupado por enviar señales positivas a los inversores para lograr la reactivación, el gobierno de Mauricio Macri prepara medidas de fuerte restricción de caja para terminar 2016. Pondrá un gran énfasis en explicar la política fiscal de reducción del gasto para cumplir en 2019 con la meta de déficit de 1,5% del PBI.

El equipo del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, trabaja en esas dos líneas. Debe calmar las críticas de los sectores más ortodoxos dentro y fuera del Gobierno, que desaconsejan el gradualismo y exigen más celeridad en el equilibrio fiscal.

El programa fiscal de Macri prevé una meta de déficit de 4,8% para 2016; de 4,2% en 2017; de 3% en 2018 y de 1,5% en 2019. El gran interrogante es si lo podrá cumplir al ritmo actual de gasto. Para alcanzar el rojo de 4,8% este año, se analiza alguna medida inmediata de recorte de partidas vigentes en algunas áreas y, en algunos casos, una reasignación a otras, como obras públicas, que tengan efecto reactivador.

"Todos los anuncios recientes para asegurar la paz social implicaron fuertes gastos y nos obligan a una restricción de caja muy fuerte en el último mes", confiaron a LA NACION altas fuentes del ala política y económica.

Con miras a 2019, Macri y Prat-Gay pondrán énfasis en cuatro pilares para equilibrar las cuentas: rebaja de subsidios a la energía vía aumento de tarifas; saneamiento de la administración y de las licitaciones; rebaja del personal del Estado, y mejora de la recaudación fiscal por el efecto de la reactivación.

La preocupación de Macri por las cuentas públicas quedo al descubierto en los últimos días. Reclamó fuertes recortes a sus ministros en el "retiro espiritual" de Chapadmalal (ver aparte). Y tanto él como el jefe del Gabinete, Marcos Peña, señalaron que "el déficit fiscal no es sostenible en el mediano plazo".

Según pudo saber LA NACION, el Gobierno percibió preocupación de sectores empresarios que demoran sus inversiones porque el rojo fiscal siembra dudas sobre la lucha contra la inflación y, por ende, en la rentabilidad de sus negocios.

Por otro lado, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, reclama mayor celeridad para achicar la brecha fiscal para apurar la baja de la inflación y la salida de la recesión, según su punto de vista.

Prat Gay replica que Sturzenegger debería acelerar la baja de las tasas que fija el BCRA -hoy en 24,75%- para reactivar la economía. Para el titular de la autoridad monetaria, las tasas aún altas son la única ancla antiinflacionaria.

Macri y Prat-Gay defienden la suba del gasto de principios de año: reactivó, dicen, algunos sectores como el campo y la minería, y alivió en $ 50.000 millones el pago de Ganancias a los trabajadores, entre otras cosas. Sirvió para desactivar una crisis, junto a la salida del cepo y el pago a los holdouts.

Más recientemente, la suba en $ 10.000 millones para aumentar planes sociales, bonos de fin de año, reparación histórica de jubilados, la exención de ganancias al medio aguinaldo y los $ 30.000 millones en tres años para la emergencia social para piqueteros buscaron "garantizar la paz social". El gradualismo atendió necesidades políticas, aunque a veces sin contraprestaciones positivas, algo que se debate hoy en Balcarce 50.

Por eso, Prat-Gay acelerará su estrategia. Recortará subsidios a la energía (luz, gas y petróleo) en casi 1% del PBI por año en 2017, en 2018 y en 2019, vía aumento de tarifas. Apuesta a más transparencia y menos corrupción, lo cual disminuiría un 20% el costo de contratos y licitaciones del Estado por sobreprecios. El tercero es reducir el sector público nacional en un 3% anual. Por último, el crecimiento económico, estima Prat-Gay, depararía una mejor recaudación fiscal y achicaría el rojo.

La negociación de leyes le requirió al Gobierno unos $ 72.000 millones

Por Laura Serra - LA NACION
Si bien el monto parece elevado, representa sólo el 3,6 % del presupuesto 2017; incluye las partidas para jubilados, provincias, organizaciones sociales y pymes.


En las postrimerías del primer año parlamentario de la presidencia de Mauricio Macri , el balance se anticipa positivo: el Congreso aprobó la mayoría de las leyes que el Poder Ejecutivo consideraba más relevantes para arrancar la gestión, sobre todo las económicas. Obligado por su condición de minoría en ambas cámaras, el Gobierno se vio forzado a negociar con la oposición y a abrir el bolsillo de las arcas fiscales para conseguir los ansiados votos. Con todo, estas negociaciones le insumieron, este año, unos 72.000 millones de pesos, una cifra que parece elevada, pero que en realidad representa sólo el 3,6% del total de gastos previstos en el presupuesto 2017.

La ley de reparación histórica a los jubilados y blanqueo de capitales; la de fomento a las pymes y la de presupuesto 2017 son las tres normas económicas que, fruto de la negociación con los bloques opositores, debieron tener un costo fiscal mayor al previsto originalmente ya que el Gobierno se vio obligado a ceder recursos. Las tres insumen un costo extra de alrededor de 25.000 millones de pesos, estimó el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Luciano Laspina (Pro-Cambiemos), principal espada negociadora del oficialismo con sus pares de la oposición en las leyes económicas.

"Las negociaciones han sido exitosas porque, a pesar de que somos minoría en ambas cámaras, pudimos aprobar todas las leyes que requería el Gobierno sin incrementar demasiado el gasto público. Ese es un mérito compartido con la oposición, que mantuvo una actitud racional y madura, atenta a la gobernabilidad en este primer año de gestión Además, con el aporte de los distintos bloques, hemos mejorado muchas de las leyes que vinieron del Poder Ejecutivo", destacó Laspina.

El diputado Marco Lavagna, del Frente Renovador, coincidió. Lavagna, uno de los hombres de mayor confianza de Sergio Massa, es uno de los interlocutores clave del oficialismo a la hora de negociar las leyes económicas, junto a los diputados Diego Bossio, Oscar Romero, Pablo Kosiner y Sergio Zillioto, del Bloque Justicialista. "Es verdad, las negociaciones han sido muy productivas y no demandaron un costo elevado al Estado. Actuamos con responsabilidad, porque si bien somos oposición, no queremos causarle daño al Estado", enfatizó Lavagna.

A estas tres leyes negociadas en el Congreso se suman dos acuerdos clave que el Gobierno consensuó, por su parte, con gobernadores y organizaciones sociales, los cuales permitieron destrabar conflictos con la oposición y facilitar la sanción de distintas normas.

Uno de ellos es el de emergencia social, que demandará un desembolso del Estado de $ 30.000 millones en los próximos tres años. Este acuerdo, que tendrá media sanción este martes en la Cámara baja (y será ley antes de fin de año), fue una cesión del Gobierno ante la fuerte presión de organizaciones sociales y piqueteras, que habían logrado que la oposición en el Senado aprobara una iniciativa todavía más gravosa para las arcas del Estado. Para evitar que ésta se convirtiera en ley, los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social llegaron a un acuerdo con las organizaciones, por el cual éstas resignaron la obligación del Estado de crear un millón de puestos de trabajo y el Gobierno, por su parte, aceptó financiar el salario social complementario y la creación del registro de trabajadores de le economía informal como una nueva institución.

El segundo acuerdo es el que selló el Poder Ejecutivo con los gobernadores para la devolución escalonada del 15% en materia de coparticipación federal. Según lo pactado, este año el Gobierno debió girar a las provincias $12.386 millones de pesos (3% de la devolución de la coparticipación) a los que se suman $24.771 millones del préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (6 % de adelanto). En total serán 37.157 millones de pesos.

En 2017, el Estado nacional girará $28.340 millones (6% de devolución de fondos coparticipables), más $14.170 millones del préstamo (3% de adelanto), lo que resulta en $42.510 millones en total. En 2018, la devolución alcanzará $46.799 millones; en 2019, el giro será de $ 65.518 millones y en 2020, de $ 62.222 millones.

Este acuerdo fue incluido en la recientemente sancionada ley de presupuesto 2017 para facilitar su aprobación. En dicha iniciativa, el oficialismo también debió acceder a distintos reclamos de las provincias: una suma adicional de $ 5.000 millones en el Fondo Sojero que se distribuirá de acuerdo a los índices de coparticipación; $ 8000 millones -de un monto total de $ 14.000- para distribuir en forma automática a las provincias que conservan en su poder las cajas previsionales para cubrir su déficit y un refuerzo de $ 4500 millones para el Ministerio del Interior para realizar acueductos y obras hídricas solicitadas por las provincias.

Otra de las leyes que podría insumir un mayor gasto para el Estado es la reforma del impuesto a las ganancias. La iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo, que establece un 15% de suba del mínimo no imponible del tributo y profundos cambios en las escalas, tiene un costo fiscal previsto en el presupuesto de $ 27.000 millones. La oposición pretende elevar ese costo para que el piso mínimo sea más elevado y, así, menos contribuyentes paguen el impuesto. Para compensar ese gasto, propone eliminar varias exenciones y crear un impuesto al juego. El Gobierno, si bien aceptó algunas sugerencias de la oposición, no quiere agudizar todavía más el rojo fiscal. El final de la historia se conocerá este martes, en el recinto.

Aumenta la deuda en dólares por el déficit de las provincias

Por Lucrecia Bullrich - LA NACION
Nueve distritos se endeudaron por un total de US$ 7060 millones en 2016; la provincia de Buenos Aires encabeza el ranking

Acorraladas por un déficit generalizado y creciente y con la venia del gobierno de Mauricio Macri , las provincias recurrieron a préstamos en el exterior para financiarse. En lo que va del año se consolidó una tendencia: la supremacía de la deuda en dólares por sobre la emitida en pesos. Hasta octubre de este año, el pasivo en moneda extranjera representó el 55 por ciento del total, 25 puntos porcentuales más que en los tres años anteriores.

El dato surge de las conclusiones principales de un estudio elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) sobre la base de información oficial.

La redolarización de la deuda de los estados provinciales se da en un contexto de endeudamiento general y déficit en alza desde que Macri asumió, hace casi un año. Da cuenta además de un giro político. El Gobierno accedió a que las provincias se endeudaran en el exterior para paliar el desequilibrio fiscal de la mayoría. Tomar deuda en el exterior sólo es posible con autorización del Poder Ejecutivo nacional.

Hasta octubre, nueve provincias habían emitido deuda por US$ 7060 millones, mientras que al mes de junio diez distritos habían optado por préstamos en moneda nacional por un total de $ 39.822.

El detalle del estudio indica que el ranking de las endeudadas en títulos públicos en dólares tiene a Buenos Aires al tope, con US$ 3000 millones. La siguen la ciudad de Buenos Aires, con US$ 900 millones; Córdoba, con US$ 875 millones, y Chubut, con US$ 700 millones.

El resto de las provincias que se endeudaron en el exterior son Mendoza (US$ 500 millones), Salta (US$ 350 millones), Santa Fe (US$ 250 millones) y Neuquén (US$ 235 millones).

Walter Agosto, investigador principal del Programa de Política Fiscal del Cippec y autor del informe, indicó que el aumento de la deuda en dólares que se acumuló en los primeros 10 meses del año se detuvo en las últimas semanas y que terminará el año sin mayor variación. Atribuyó el cambio al triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos y al aumento de la tasa de interés. "Por el efecto Trump, salvo algún caso de extrema necesidad, nadie va a salir a tomar deuda en dólares", dijo a LA NACION. "El financiamiento sigue estando disponible, pero a costo mayor. Además, el mundo está en estado de «wait and see» (esperar y ver), y eso también se ve en el país", añadió.

Un ejemplo claro es el del gobernador de Entre Ríos, el peronista Gustavo Bordet, que hasta hace pocos días había evaluado la posibilidad de tomar un préstamo en el exterior para pagar el medio aguinaldo de diciembre en tiempo y forma. Finalmente desistió por el nivel de tasas que le ofrecían.

Además de la deuda en dólares, creció el endeudamiento en pesos de las provincias, aunque en línea, e incluso por debajo, de la inflación. Siempre según el relevamiento del Cippec, el stock de deuda provincial rondaba los $ 256.000 millones el año pasado y este año trepó a los $ 343.000 millones, es decir, un 33,9 por ciento más

Hasta octubre, nueve provincias habían emitido deuda por US$ 7060 millones
Hasta octubre, nueve provincias habían emitido deuda por US$ 7060 millones. Foto: Archivo
Más que la suba nominal, es útil y significativo observar cómo evolucionó la relación entre la deuda y los recursos totales de las provincias. Ese cruce muestra que mientras en 2015 la deuda representaba el 26% de los recursos totales de las provincias, en lo que va del año ese porcentaje trepó al 29%.

Según estimaciones oficiales, el déficit consolidado de las provincias subirá del 0,9 por ciento del PBI, que es la marca del año pasado, al 1,3% de este año.

Otro dato elocuente de la delicada situación fiscal de las provincias es que la mayoría debió recurrir a adelantos de coparticipación para financiarse a lo largo del año.

Buenos Aires también encabeza ese podio, con adelantos por $ 3500 millones, el 22% del total, entre enero y septiembre. Por debajo están Jujuy ($ 2710 millones), Neuquén (2000 millones), Mendoza ($ 1800 millones) y Entre Ríos ($ 1200 millones). El Gobierno pretende encaminar la situación financiera de las provincias en los próximos tres años. Con ese objetivo ideó un régimen de responsabilidad fiscal que se aprobará junto con el presupuesto 2017. El plan busca regular la evolución del gasto público, el resultado fiscal y el nivel y destino del endeudamiento.

Las provincias que terminen este año con déficit deberán reducirlo en un 10% en 2017. Las que terminen con las cuentas en orden, en cambio, no estarán sujetas a la autorización de la Nación para endeudarse, siempre que esa deuda se destine a obras de infraestructura.

Qué significa
Del editor: Mauricio Macri marcó un giro en materia de endeudamiento respecto de Cristina Kirchner al permitirles a las provincias tomar más préstamos en el exterior en dólares; con las cuentas comprometidas por el déficit heredado y una economía que no termina de poner primera, ése fue el mecanismo que encontró para descomprimir la situación en algunos distritos.

Una empresa vinculada a Cristóbal López recibió $ 490 millones de Enarsa

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
La compañía se llama Remasa; cobró esa suma de la firma estatal por servicios que no completó; críticas de la actual administración.


El provecho económico que Cristóbal López le sacó al kirchnerismo estuvo lejos de limitarse a una deuda de $ 8000 millones impaga con la AFIP o a la compra de empresas petroleras, de medios o alimentarias. Remasa, una compañía joven y casi desconocida relacionada con el empresario patagónico, recibió de Enarsa, la empresa estatal de energía, pagos por $ 490,48 millones por servicios que no completó, en el marco de un contrato que originalmente duraba dos años, pero se extendió por seis. Así lo corroboró LA NACION sobre la base de información de diversos organismos públicos.

La relación comercial entre Remasa y Enarsa comenzó en 2006, cuando estaba al frente de la empresa estatal Exequiel Espinosa, un ejecutivo que había trabajado para el empresario patagónico y se hizo célebre porque un avión que pagó la compañía estatal en su gestión trajo al país al venezolano Guido Antonini Wilson con US$ 800.000.

El convenio está bajo investigación. La nueva gestión de Enarsa, a cargo de Hugo Balboa, ordenó una auditoría sobre el contrato. La terminó hace algunas semanas y la pasó a la Oficina Anticorrupción, que maneja Laura Alonso. En forma paralela, le pidió a un estudio de abogados que analizara las pruebas en contra de la empresa relacionada con López para evaluar la posibilidad de presentar una denuncia penal.

La relación con López está dada por el directorio de Remasa. El presidente era Carlos Leone, quien también condujo Paraná Metal, la autopartista del empresario, mientras que el vicepresidente era Raúl Esteban Zamora, quien tenía domicilio en la misma dirección donde funcionaban las oficinas de Oil M&S (el séptimo piso de Córdoba 657, en la ciudad de Buenos Aires), una empresa del Grupo Indalo, el holding de López.

Voceros de López aseguraron a LA NACION que ni el empresario López ni ejecutivos del grupo fueron accionistas en Remasa. Y que el holding del empresario le hizo sólo dos obras chicas. Según el acta de directorio del 30 de noviembre de 2006, Enarsa le adjudicó a la compañía Registros Mineros SA (Remasa) la confección del Proyecto de Base Integral de Datos de Hidrocarburos, que tenía por objetivo reunir en un solo espacio información geológica de todas las provincias. Allí aparecen dos grandes irregularidades: por un lado, la compañía estatal le otorga a una empresa relacionada con un empresario petrolero el manejo de información sensible a la que no tenían acceso sus competidores. Las fechas son también sugestivas. Si bien Remasa ganó la licitación a fines de 2006, recién quedó inscripta en la Inspección General de Justicia (IGJ) el 22 de febrero de 2007, casi tres meses después de haberse quedado con un negocio millonario.

El hecho de haberse presentado "en proceso de creación" no le impidió a Remasa torcerles la muñeca a Halliburton y Schlumberger, posiblemente las dos mayores compañías de servicios petroleros del planeta. Ambas perdieron a manos de la firma autóctona, que hasta ese momento no pudo acreditar experiencia en el manejo de los datos que se le pedía.

La fortaleza de Remasa estuvo en el pliego de la licitación. Según la evaluación que hizo Enarsa, la joven empresa presentaba antecedentes técnicos similares a los de las compañías internacionales, según un documento que vio LA NACION.

La auditoría de Enarsa indica que la matriz utilizada para calificar y ponderar las propuestas fijó el mayor puntaje al enfoque general del proyecto, a la solución técnica y a la metodología de implementación, que se hizo de forma arbitraria.

Además, el pliego de la empresa estatal de energía no contó con cláusulas que restringieran la participación de empresas con posibles conflictos de intereses, algo que les permitió a los directores de empresas de López contar con información a la que otras petroleras no podían acceder. Desde febrero de 2007 hasta junio del año pasado, Enarsa renovó sistemáticamente el contrato con la compañía vinculada a López. Pasaron ocho años, cuando la relación comercial prevista originalmente era de dos años.

En marzo de 2009, con la primera renovación, el directorio de la compañía estatal aprobó un incremento del 5% en los honorarios, pero los costos para la empresa superaron el 53 por ciento. Y se estableció el monto a pagar en dólares (algo que se repitió hasta el final del contrato), cuando la moneda original del convenio eran los pesos.

Las irregularidades continúan y se extienden a otras empresas. Enarsa contrató a la consultora ADQ para evaluar la razonabilidad de contratar a la empresa de López. Primera rareza: la compañía estaba en concurso preventivo de acreedores, una condición desfavorable para sumar cualquier trabajo, algo que no le importó a la compañía que manejaba Espinosa.

El consultor de tecnología de esa consultora también prestaba en ese momento servicios para Conexia, otra consultora a la que Enarsa contrató más tarde para el soporte técnico, control y cumplimiento del contrato con Remasa. Hasta el momento del contrato, la firma no tenía experiencia ni personal con experiencia en esa clase de trabajos. Le pagaron $ 17 millones.

A la medida del empresario K

Una concesión polémica - Remasa, una compañía casi desconocida relacionada con él, recibió de Enarsa, la empresa estatal de energía, pagos por $ 490,48 millones en servicios que no completó

Los vínculos - El presidente de Remasa era Carlos Leone, que también condujo Paraná Metal, la autopartista del empresario. Raúl Esteban Zamora, el vice, tenía domicilio en la las oficinas de la petrolera Oil

La investigación - El convenio está bajo investigación. La nueva gestión de Enarsa, a cargo de Hugo Balboa, ordenó una auditoría sobre el contrato

Intiman a un empresario a devolver US$ 124 millones

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Se trata de Miguel Schwartzbaum, dueño de la firma Renesa, que había recibido los fondos de De Vido por una planta que nunca terminó

El desértico paisaje de Cutral Có se vistió de lujo y fiesta la mañana del 10 de octubre de 2011. 

Desde la carpa montada para la ocasión se podían ver las torres, el acero y las tuberías de Renesa, un proyecto que ayudaría a compensar el déficit en la oferta de combustibles que tenía la Argentina. El emprendimiento era importante para el kirchnerismo, a tal punto que el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, fue hasta ese paraje, y la entonces presidenta Cristina Kirchner participó de la reunión por teleconferencia.

Miguel Schwartzbaum. Foto: www.rionegro. com.ar.

Cinco años después, la imagen cambió completamente. El proyecto del empresario Miguel Schwartzbaum, que fue apadrinado por el gobierno anterior mediante un plan de estímulos fiscales promovido por De Vido, está parado. Y la administración de Mauricio Macri quiere recuperar el dinero que puso allí el Estado.

Después de revisar el expediente, el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, concluyó que Renesa le debe al erario US$ 124 millones por beneficios que recibió fuera de regla, algo que deberá reintegrar en no más de 30 días contados desde el 12 del actual, cuando Aranguren firmó la resolución que intima a la firma de Schwartzbaum, según confirmaron a LA NACION fuentes al tanto de la decisión.

Según el Gobierno, Renesa recibió millonarios beneficios fiscales de manera irregular porque no cumplió con los plazos de terminación de la obra, nunca aportó la producción de combustibles que había prometido para acceder a los subsidios del programa Refino Plus y pidió diversas revisiones para recibir más fondos del Estado.

En noviembre de 2008 se creó el programa Refino Plus, que contemplaba la entrega de certificados de crédito transferibles a su valor nominal a quienes presentaran proyectos de inversión en nueva capacidad de refinación. El programa estableció una forma de otorgamiento gradual. El 1° de julio de 2009, Renesa pidió un incremento en su presupuesto de $ 131 millones. En la misma fecha, la empresa elevó los costos del proyecto, al aducir recomendaciones de la Secretaría de Energía, que manejaba Daniel Cameron.

Aunque las obras principales debían estar concluidas en 24 meses, no se cumplió con el plazo. Según el expediente, la primera manifestación sobre la imposibilidad de la puesta en marcha de la planta en el plazo comprometido fue realizada por la compañía el 28 de julio de 2011, después del vencimiento del plazo, aunque no presentó documentación que permitiera justificar la demora. "Dejamos de producir en febrero de 2014 porque se permitió la importación sin pagar el impuesto a la transferencia de combustibles. Se importaron 600.000 m3, por lo que no pudimos producir", argumentaron fuentes de la empresa.

Según la documentación que maneja la actual gestión, un proyecto que al momento de su aprobación requería una inversión de poco más de US$ 77 millones terminó costando US$ 124,24 millones.

Según el equipo de Aranguren, al momento de girarle fondos la gestión de De Vido omitió hacer ajustes y reducciones por incumplimientos. Por caso, Renesa nunca produjo más del 1% del total de combustibles prometidos. Por ese motivo, la intimó a devolver los US$ 124 millones más intereses que recibió del Estado. De lo contrario, llevará su reclamo a la Justicia.

Proyecto inconcluso

Beneficios fiscales - La firma Renesa, del empresario Miguel Schwartzbaum, recibió financiamiento de la gestión de Julio De Vido para la construcción de una planta de producción de combustibles

Obra sin terminar - Los fondos correspondían a un proyecto en la ciudad neuquina de Cutral Có que nunca se terminó

Intimación - Ahora, el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, reclama la devolución de US$ 124 millones en un plazo de treinta días

Pagan otros US$ 475 millones a acreedores

(La Nación) - El Gobierno canceló reclamos judiciales y no judiciales.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas  Alfonso Prat Gay anunció que pagó ayer títulos que estaban en default por US$ 475 millones, como parte del proceso de normalización financiera que viene llevando adelante el Gobierno desde que asumió, en diciembre pasado.

Ayer se concretaron pagos a tenedores de títulos en default por un valor de 103 millones dólares y 351 millones de euros, por acuerdos realizados entre el 22 de abril y el 11 de noviembre, según informó la cartera que conduce Alfonso Prat-Gay a través de un comunicado.

Durante este período y como resultado del proceso de reconciliación de reclamos, se confirmaron un total de 520 acuerdos presentados según lo previsto en la página web www. aipsubmission. mecon. gob.ar y otras 2715 Cartas de Transmisión (Letter of Transmital) de la oferta lanzada en Alemania para tenedores de bonos regidos por la ley alemana.

"Estos pagos cancelan reclamos judiciales y no judiciales por montos equivalentes a 850 millones de dólares, los que representan una quita aproximada del 44% y un ahorro de 375 millones para Argentina", subrayó el Ministerio.

Las cancelaciones de deuda en atrasos y el cumplimiento de los servicios de la deuda a la fecha superan los 48.850 millones de dólares. "Todas estas deudas contraídas y/o no resueltas por el gobierno anterior, no podían haberse honrado sin el renovado acceso al crédito conseguido durante este año", destacó el comunicado oficial.

El Gobierno rescindiría concesiones de peajes de Cristóbal López

Por Lucía Salinas - Clarin.com
Las autopistas Ricchieri y Ezeiza-Cañuelas. Como sus empresas deben $ 500 millones en concepto de peajes, Vialidad dejaría sin efecto dos contratos.


Las deudas de Cristóbal López con el Estado se acumulan y aumentan. Mientras que intenta conseguir una moratoria que ya fue rechazada por la AFIP, para pagar parte de los $ 8.000 millones que no tributó durante el gobierno de Cristina Kirchner con su empresa Oil Combustibles, tiene otro frente abierto con Vialidad Nacional que le reclama un saldo de casi $ 500 millones por los fondos correspondientes al Recurso de Afectación Específica (RAE), una tasa que deben pagar las concesionarias del dinero abonado en las los peajes de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. El empresario K interpuso una medida cautelar para evitar que la actual gestión le rescinda el contrato que buscó garantizarle el gobierno kirchnerista antes de dejar la Casa Rosada.

Cuando las aguas parecían calmarse, un nuevo enfrentamiento se reavivó entre el Estado y AECSA -firma donde Esuvial es dueña en el 70 % de las acciones, esta empresa está constituida por CPC (constructora de López) en un 99,12% y Carlos De Sousa en el restante 0,08%. La sociedad es la responsable de la concesión de las autopistas Riccheri y Ezeiza - Cañuelas, y arrastra una antigua y millonaria deuda que se niega a pagar.

Según los números oficiales a los que accedió Clarín, el empresario kirchnerista investigado por defraudación al Estado, adeuda a la fecha a Vialidad Nacional $ 355.840.821 de capital y $ 119.214.090 de intereses, lo que arroja un valor de $ 475.054.911. La firma sostiene, sin embargo, que el Estado también tiene una deuda con ellos, por los años que no le permitieron modificar la tarifa del peaje. Esto está bajo análisis para ver qué camino se toma y poder darle una solución.

Al inicio de este año y bajo la nueva gestión de la Dirección  de Vialidad Nacional a cargo de Javier Iguacel, la empresa de López comenzó a pagar el RAE correspondiente al 2016, pero no reconoce la deuda anterior que el organismo vial está dispuesto a cobrar. El dinero debía destinarse a obras viales en las autopistas cuya concesión tiene la firma que maneja el empresario K investigado por los $ 8.000 millones que no tributó ante la AFIP correspondientes al impuesto al combustible.

Vialidad Nacional insiste en que corresponde que Cristóbal López “cancele la deuda” en la que “el Estado tampoco cumplió en exigirle el pago de la misma durante años”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.

La disputa es aún mayor. La anterior gestión firmó una extensión del contrato por los próximos 30 años a favor del “zar del juego”. Previo al 10 de diciembre sólo Gustavo Gentilli ex director del Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi) logró firmarlo, no así las autoridades de Vialidad Nacional.

La actual gestión decidió no firmar este contrato y no aceptará otorgar por tres décadas más la concesión a la firma de López. "Extendiendo por esa cantidad de años la concesión,  además de pagar la deuda que el Estado tiene con la empresa, se le estarían dando $ 5.000 millones más", explicaron fuentes oficiales.

No está previsto un llamado a concurso en el corto plazo, ya que el contrato original tiene vigencia hasta marzo de 2021, pero el empresario K anticipándose a futuras decisiones, interpuso una medida cautelar para evitar que DVN le rescinda el contrato de concesión sobre las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. También presentó un recurso administrativo contra el organismo vial sosteniendo que no correspondía “rechazar la firma del contrato que se concretó durante la anterior gestión”, que le garantizaba el negocio por 30 años más.

El FMI levantó la sanción a la Argentina

(La Nación) - Señaló que se normalizó la medición de precios

El Fondo Monetario Internacional (FMI) levantó ayer la sanción que pesaba sobre la Argentina por la manipulación de sus estadísticas, especialmente el índice de precios al consumidor (IPC), y afirmó que tras las modificaciones implementadas por el gobierno de Macri se "ajustan a las normas internacionales".

"El Directorio Ejecutivo adoptó una decisión por medio de la cual levanta la declaración de censura y la expresión de preocupación", dijo el organismo en un parte de prensa.

La decisión fue adoptada por el Directorio Ejecutivo durante una reunión en la que se evaluó el último informe, que rubricó la directora gerente, Christine Lagarde, sobre la evolución de la metodología implementada por el país luego del cambio de autoridades.

En septiembre de 2013 el FMI había impuesto una moción de censura sobre la Argentina debido a las inconsistencias que mostraba el cálculo de inflación durante la presidencia de Cristina Kirchner, con Hernán Lorenzino al frente del Ministerio de Economía y Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio. "Los directores ejecutivos elogiaron la determinación de las (nuevas) autoridades por abordar las limitaciones metodológicas del IPC y el importante progreso realizado con las acciones específicas relativas a los datos sobre la inflación", indicó el FMI.

El organismo sostuvo que "la relación de asistencia técnica entre el personal ejecutivo y las autoridades ha sido sumamente cooperativa y productiva".

"En consecuencia, el Directorio Ejecutivo concluyó que el IPC de Argentina se ajusta ahora a las normas internacionales", recalcó el FMI. Añadió que "teniendo en cuenta que en su reunión de agosto último había determinado que las estadísticas sobre el PBI ya se ajustaban a las normas internacionales, el Directorio Ejecutivo determinó que Argentina actualmente brinda al FMI información sobre el IPC y el PBI de manera acorde con las obligaciones que contempla el Convenio Constitutivo del FMI".

"La decisión adoptada por el Directorio del FMI de levantar la declaración de censura es testimonio de los extraordinarios esfuerzos desplegados por el nuevo gobierno argentino para fortalecer el organismo encargado de las estadísticas nacionales y producir datos fiables y fidedignos", dijo Lagarde tras la reunión.

El Ciadi podría anular un fallo que condenaba a la Argentina a pagar US$ 393 millones

Por Diego Cabot - LA NACION

Se presentará un pedido de nulidad por conflicto de intereses de un árbitro en la causa de Suez en la que se condenó al país a pagar ese monto más intereses a las ex concesionarias de Aguas Argentinas y Aguas Provinciales de Santa Fe.

El Ciadi había condenado al Estado a pagar US$ 393 millones más intereses a los ex concesionarios de Aguas Argentinas por la rescisión del contrato en 2006.. Foto: Télam.

Podrían llegar buenas noticias para el Gobierno desde Washington. El tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi, según sus siglas en inglés) debate por estas horas si anular o no un laudo en el que se había condenado a la Argentina a pagar US$ 393 millones más intereses a las empresas francesas Suez y Vivendi y a la española Aguas de Barcelona, ex concesionarias de Aguas Argentinas y de Aguas Provinciales de Santa Fe. El motivo de la revisión de aquella medida tiene que ver con una formalidad que, según los abogados argentinos, vició el procedimiento. Sucede que uno de los árbitros del tribunal tenía un conflicto de intereses ya que se desempeñaba al mismo tiempo como director de un banco internacional que, a su vez, era principal accionista de dos de las demandantes, Suez y Vivendi.

Será una semana de novedades. Mañana y pasado habrá audiencias en el Ciadi donde la Argentina expondrá sus objeciones. De hecho, el Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, está en Estados Unidos a la espera de la resolución.

Las tres compañías demandaron al Estado argentino por considerar que en 2006 rescindió "unilateralmente" el contrato suscripto en 1993. Suez y Aguas de Barcelona eran accionistas de las empresas de servicios públicos que tenían la concesión por 30 años del suministro de agua y de desagües cloacales en Buenos Aires y en Santa Fe. Las tres empresas eran las accionistas de Aguas Argentinas, cuyo contrato rescindió el presidente Néstor Kirchner en 2006. Entonces, la Casa Rosada le recriminó a la compañía fuertes incumplimientos contractuales, especialmente, en las obras de expansión de la red. La empresa siempre se escudó en la palabra fallida del gobierno argentino, que congeló las tarifas aún antes de que la caída de la convertibilidad cambiara la ecuación económica del contrato.

Antes de que la relación se rompa, Aguas Argentinas y el gobierno de Kirchner firmaron una renegociación contractual provisoria. El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, fue el que encabezó aquel acuerdo. Pero el ala dura de aquel gabinete, representada por el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, primó y poco después se rescindió la concesión. Fue el ahora detenido José López el encargado de llevar adelante la medida. Desde ese momento el servicio quedó en manos de otra empresa, Aguas y Saneamiento (AySA), cuna sociedad anónima cuyas acciones son del Estado Nacional.

Los abogados argentinos aspiran a que en caso de que se acepte el pedido de nulidad, además de anularse el laudo, se termine el juicio. Pero, abogados al fin, saben que podría darse el caso de que lo que se anule sea la decisión y que luego se proceda a formar un nuevo tribunal y a dictar un nuevo laudo. En ese caso, la Argentina no sólo habrá ganado tiempo -estos trámites llevan al menos dos o tres años- sino también objetividad en la decisión.

El BID prestará US$ 6000 millones

(La Nación) - El directorio aprobó la estrategia para la Argentina hasta 2019.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó ayer su Estrategia de País para la Argentina. Se trata del plan marco de financiamiento para este año y hasta 2019, que incluye desembolsos por unos US$ 6000 millones.

"La Estrategia hace hincapié en alcanzar un mayor crecimiento a través de la generación de empleo y la reducción de las desigualdades sociales", señaló el Ministerio de Hacienda en un comunicado. "En esa dirección, el Grupo BID anunció que apoyará al gobierno nacional a través de sus ventanillas pública y privada, actuando coordinadamente para maximizar el impacto de las intervenciones", continuó.

Según surge del detalle de la estrategia, el BID prevé incrementar su financiamiento hacia el país en los próximos años. Comenzará este año con US$ 1133 millones, y llegará a sumar un total de US$ 6000 millones con Garantía Soberana (GS) para el final de 2019. A este monto se sumarían asimismo los recursos que aporte la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) a los proyectos del sector privado. La Argentina también podrá acceder a todos los instrumentos de financiamiento del banco, incluyendo los préstamos de reforma de política.

El directorio del BID aprobó a su vez ayer el informe de la Evaluación Independiente de Condiciones Macroeconómicas de Argentina, y levantó las restricciones impuestas desde el 1° de julio de 2014 en los préstamos que otorga al país.

"La aprobación de este informe permite el acceso de la Argentina a los recursos de financiamiento ofrecidos por la organización crediticia, sin restricciones en el ritmo de desembolsos ni en el tipo de instrumento. De esta manera, inicia una nueva etapa de normalización en el diseño de proyectos y el trabajo conjunto con la institución multilateral", afirmó el comunicado de Hacienda.

La decisión del BID marca un cambio no sólo en la relación de la Argentina con el organismo -que durante el kirchnerismo incluso tuvo problemas para lograr que su directorio votara una Estrategia de financiamiento para el país-, sino del Gobierno con la comunidad internacional.

El arreglo con los holdouts, la mejora de las estadísticas y un mejor clima de inversiones contribuyeron en gran medida para que en los organismos multilaterales de crédito se volvieran a abrir las puertas para la Argentina.

Gabriela Michetti firmó un acuerdo con Qatar, que invertirá 1000 millones de dólares en la Argentina

(La Nación) - Los fondos se emplearán en obras de infraestructura, aunque puede ampliarse a más áreas, como la energía.

El fondo de Qatar invertirá 1000 millones de dólares en el país. Foto: Senado.

La vicepresidente Gabriela Michetti y la delegación argentina que durante esta semana está en Medio Oriente buscando inversiones y promocionando el país, acompañados por el jeque Mohammed bin Saud Al Thani firmaron un acuerdo entre el Fondo Qatarí de Inversiones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que pondrá en marcha un fondo conjunto para distintas inversiones por 1300 millones de dólares, que había anunciado el propio Mauricio Macri .

El fondo qatarí invertirá mil y los 300 restantes estarán a cargo del FGS de la ANSES, a desembolsarse en un plazo de tres años, en principio, para obras de infraestructura, aunque puede ampliarse a más áreas, como la energía.

Michetti también firmó un tratado bilateral de promoción y protección de inversiones con el ministro de Economía y Comercio de Qatar, el jeque Ahmed bin Jassim Al Thani, que implica darle a los inversores argentinos en Qatar y a los Qataríes en Argentina garantías de transparencia, previsibilidad y seguridad de que no sufrirán arbitrariedades, discriminación o expropiaciones.

Se trata del primer tratado de promoción y protección de inversiones que firma la Argentina después de 2001. A este se suma, tanto con Qatar como con Emiratos Árabes Unidos, los respectivos acuerdos para evitar la doble imposición tributaria, es decir, evitar que las empresas binacionales, multinacionales e inversores tributen en ambos países al comerciar.

9 razones por las que el Gobierno emitió deuda por más de USD 50.000 millones

Por Daniel Sticco - Infobae.com
El Ministerio de Hacienda y Finanzas informó que hasta el 31 de octubre canceló vencimientos por unos USD 47.000 millones


Los secretarios de Finanzas, Luis Caputo, y de Hacienda, Gustavo Marconato, diseñaron un plan para cancelar una abultada deuda heredada.
En los últimos días surgieron muchas voces de diputados y economistas de la oposición sobre la política de endeudamiento del Gobierno nacional. Acusan al oficialismo de armar una "bomba de tiempo" de deuda para disimular las dificultades que enfrenta para bajar el déficit fiscal, en un contexto recesivo. Incluso se llegó a cuestionar el "ocultamiento de datos".

Sin embargo, a menos de una semana de cerrado octubre, el Ministerio de Hacienda y Finanzas difundió un comunicado de prensa en el que detalla los principales destinos de los más de USD 50.000 millones que emitió de deuda a corto y largo plazo desde que asumió el Gobierno de Cambiemos: "En lo que va del año se han cancelado deudas incurridas por el Gobierno Nacional con anterioridad al 10 de diciembre de 2015 por un monto total de USD 47.035 millones". Semejante monto lo desagregó en "servicios de la deuda pública en condición de pago normal (al día) por el equivalente a USD 28.380 millones; y cancelación de deuda en atrasos y otros compromisos impagos con agentes locales (provincias y proveedores) por un monto equivalente a USD 18.655 millones".

Del 10 de diciembre de 2015 al 31 de octubre de 2016 el Gobierno pagó vencimientos de deudas al día por USD 28.380 millones y atrasos con acreedores externos y locales por USD 18.655 millones

EL DETALLE DE LOS COMPROMISOS HONRADOS EN 2016

1. Pago de obligaciones con acreedores de deuda en default que no habían ingresado a los canjes, mediante una operación que permitió normalizar la situación financiera del país y recuperar el acceso al crédito. "A la fecha se cancelaron pasivos en sedes judiciales por valor total de reclamos de USD 13.788 millones, con una quita de 34%, obteniéndose un ahorro de USD 4.688 millones", aclaró Economía.

2. Cancelación de los pagos pendientes correspondientes a 2015 del Programa de Estímulo a la Producción de Gas (Gas Plus), USD 1.000 millones.

3. Transferencias a CAMMESA, Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, por deudas generadas producto de la importación de combustibles, USD 760 millones.

4. Cancelación de reclamos con sentencia firme en el marco del convenio CIADI. "A la fecha se cancelaron pasivos por sentencias firmes acumuladas de USD 318 millones, con una quita en valor nominal del 31%, obteniéndose un ahorro de USD 100 millones", USD 318 millones.

5. Activación del Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural (Plan Gas) mediante la cancelación de deudas acumuladas durante 2015, USD 1.020 millones.

6. Cancelación de deudas impagas de años anteriores en concepto de armonización de las cajas provinciales previsionales no transferidas a la Nación: "La ley N° 27.270 en su artículo 27 dispone la cancelación de la deuda que la Nación mantenía, con –entre otras- las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y Neuquén por compensaciones discontinuadas a partir de 2012", USD 800 millones.

7. Obligaciones adeudadas a la Dirección Nacional de Vialidad por gastos efectuados en 2015 (deuda flotante no registrada), USD 533 millones.

8. Deudas impagas con el Estado Plurinacional de Bolivia por suministro energético durante 2015, y Pago por cesión de energía de Yacyretá a Paraguay correspondientes a 2014 y 2015, USD 436 millones.

9. Servicios de deuda al día, vencimiento de capital USD 18.795 millones; vencimiento de intereses USD 9.585 millones, total USD 28.380 millones.

CUIDADO DE LAS RESERVAS DEL BANCO CENTRAL

"Cancelar todos estos vencimientos de deuda sin recurrir al crédito hubiera significado el agotamiento total de las reservas y/o un fuerte ajuste en el gasto público", justificaron los funcionarios de Hacienda y Finanzas, quienes con su silencio por casi 11 meses de Gobierno contribuyeron a alimentar los temores de los inversores y analistas locales, los cuales contrastan con las expectativas que tienen quienes observan el proceso de normalización de la macroeconomía desde afuera.

De ahí que sostienen en el equipo económico que "el renovado acceso al crédito le permitió al país honrar sus deudas (en atrasos y al día), incrementar el nivel de reservas del BCRA y financiar una reducción gradual del abultado déficit fiscal acumulado a diciembre de 2015″, estimado en 5% del PBI a nivel primario, y en poco más de 7 puntos del PBI en el financiero, o final.

Dólar: hoteles y agencias de viaje podrán comprar y vender

Por Javier Blanco - LA NACION

Los habilitan a operar como agencias para sacar mercado a los "arbolitos" y los billetes falsos; podrán instalarse en restaurantes.

Hoteles y agencias de alquiler de autos o de turismo, entre otras, quedaron desde ayer habilitadas para sumarse a la operación de cambios de monedas, al aprobar el directorio del Banco Central (BCRA) una reforma para tratar de quitarle clientes al mercado ilegal de divisas, ampliando la disponibilidad de ventanillas por las que se pueden operar divisas.

El objetivo es facilitarles las transacciones, "en particular a los turistas que visitan el país", según señaló la entidad en un comunicado, a partir de eliminar "restricciones innecesarias en el actual contexto de libertad cambiaria".

Para lograrlo, flexibilizó fuertemente los requisitos para operar en el primer nivel del mercado: el de las agencias de cambios, diseñadas para actuar a nivel minorista y, por lo mismo, imposibilitadas de hacer transferencias al exterior (algo habilitado sólo a casas de cambio o bancos).

Por caso, les redujo de 6 millones de pesos a 500.000 pesos el capital mínimo exigido para operar, y de 500.000 a 100.000 pesos el piso de garantías a depositar. Y si bien mantiene vigente la obligación de pedir autorización al BCRA para iniciar su actividad (tanto en el caso de casas como de agencias), dispuso que no deberán esperar la habilitación de la autoridad monetaria para abrir sucursales, sino sólo informarlo".

El nuevo marco normativo incluso autoriza, entre otras cosas, a los bancos ser dueños de sus propias casas de cambio, a través de una empresa controlada. Esto es para que puedan generar dependencias, que funcionen fuera del horario bancario tradicional.

Una poda, por las buenas

La reforma busca generalizar las opciones para operar dólares, en un intento por restarle espacio al mercado negro de divisas y acotar aun más la actividad de los "arbolitos", que aún hoy abundan, por caso, en el microcentro porteño.

Según estadísticas del mercado, uno de cada 10 billetes que se operan en ese segmento de negocios son falsos y, mayormente, ingresados al país desde países limítrofes. El punto es que muchos de los que terminan negociando billetes en "cuevas" o en la calle no necesariamente es porque operen con dinero no declarado, sino porque encuentran demasiada rigidez en los horarios con que opera la plaza oficial o pocos puntos de atención que operen fuera de esos límites.

La norma les permite a todas las empresas vinculadas al turismo (hoteles, agencias de viaje y de alquiler de autos, restaurantes, entre otras) realizar operaciones cambiarias de manera independiente y por su cuenta. "Las empresas vinculadas al turismo, a su vez, tendrán la posibilidad de hacer operaciones cambiarias de manera independiente", amplió el comunicado del Banco Central.

La decisión mejorará el proceso de cambio de divisas, dijo Aldo Elías, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, a la agencia Reuters. "Salir a hacer cambio de divisas en la calle no es seguro ni claro", añadió el empresario.

10% Billetes dudosos - Es el porcentaje de los billetes operados en el mercado negro y entre los llamados "arbolitos" que, según estadísticas del mercado, son falsos

Blanqueo: para evitar multa, argentinos sacan residencia fiscal uruguaya

Por  MARIANO GORODISCH - Cronista.com

Por cinco años están exentos de pagar cualquier tipo de impuesto y desde el sexto año pagan sólo 12% por Ganancias, pero no existe Bienes Personales.

Jorge Gaggero, fundador de la Red de Justicia Fiscal para Latinoamérica y el Caribe, estima que hay u$s 500.000 millones de activos de argentinos fuera del sistema (no declarados), ya sea en el extranjero o en cajas de seguridad. Los más optimistas calculan que se blanquearán u$s 100.000 millones al 31 de marzo, con lo cual habrá muchos que no exterioricen.

¿Qué están haciendo? Mientras varios ya movieron sus cuentas a los Estados Unidos, cada vez son más los adultos mayores de buen poder adquisitivo que sacan la residencia fiscal uruguaya. La tentación es que el Gobierno charrúa ofrece a inversores particulares argentinos radicarse en ese país con una exención de cinco años a las ganancias financieras de fuente extranjera.

Por lo tanto, no necesitan adherirse al blanqueo, ya que allí no existe el impuesto a los bienes personales. "El miedo de los argentinos que tienen cuentas en Suiza es el intercambio de información entre ambos países. Pero al cambiar de residencia a Uruguay, Suiza no informará a Argentina, sino a Uruguay, donde no existe el impuesto a los bienes personales y el impuesto a las ganancias es de sólo 12% sobre la renta financiera, contra 35% de la Argentina", explica Raúl Sanguinetti, Tax Partner de Baker Tilly Argentina.

La condición que ponen para dar la residencia es permanecer un mínimo de 183 días al año, tener un inmueble de al menos u$s 1,8 millón o una empresa valuada desde u$s 5 millones.

También Paraguay ofrece grandes beneficios impositivos, pero lo aprovechan más los ciudadanos adinerados de las provincias limítrofes.

Bancos suizos prestan

En un escenario a nivel mundial de tasas de interés cero y hasta negativas (Suiza -0.75%, Dinamarca -0.65%, Suecia -0.35% y Japón -0.1%), hay más de un banco de inversión suizo que está ofreciendo a sus clientes argentinos con más de u$s 1 millón préstamos a entre 1 y 1,5% anual en dólares para que se adhieran al blanqueo, a tasa renovable cada seis meses. De este modo, los suizos se aseguran que el inversor le deje sus ahorros a ellos.

La banca de inversión hoy tiene exceso de liquidez. Prestar al 1% es negocio y se retiene a un cliente, que si no blanquea, debe ser ‘invitado’ gentilmente a retirarse de la entidad. También hacen invitaciones a adherirse al blanqueo en forma telefónica o por mail.

Es más, hay un par de bancos europeos que hicieron acuerdos con un estudio legal de gran porte, para hacerse cargo ellos (el banco) de los honorarios de los abogados por la gestión de la regularización fiscal (se hacen cargo del asesoramiento, compliance y gestión, no la multa).

Bancos de Estados Unidos también ofrecen créditos a sus clientes para pagar la multa, pero no tuvieron mucha adhesión, ya que las tasas son más altas: de entre el 3 y el 3,5%.

En rigor de verdad, quienes más necesitan el cash para la multa son los dueños de inmuebles que lo heredaron o tienen una hipoteca, por lo que no tienen el disponible por el 5% del precio de mercado. De todos modos, como el vencimiento es el 31 de marzo, y la alícuota sigue siendo 5%, casi todos blanquearán recién sobre esa fecha.

"En realidad, no se trata de una multa, sino de un impuesto, que son deducibles de los intereses. Por ejemplo, si alguien blanquea u$s 1 millón y paga u$s 100.000 a la AFIP, y luego compra acciones de Apple, cuyos dividendos están gravados en Argentina, debería poder deducir esos u$s 100.000. Lo mismo si compra una casa y la pone en alquiler, que genera renta gravada", subraya Sanguinetti, basándose en el artículo 82 de la ley de impuesto a las Ganancias.

Buscan reducir transferencias a 40 empresas estatales que insumen $ 45.000 millones al año

Por  EZEQUIEL M. CHABAY - Cronista.com
Un grupo de ministros evaluará las finanzas de aquellas compañías en las que el Estado posee acciones. Quieren transparencia en la gestión y restarle peso a las arcas públicas.

 Buscan reducir transferencias a 40 empresas estatales que insumen $ 45.000 millones al año.

El Gobierno conformó una mesa chica para auditar y elaborar un plan de adecuación para más de 40 grupos empresarios donde el Estado tiene acciones con la intención de reducir sensiblemente las transferencias que permiten cubrir costos operativos y laborales. Las contribuciones representaron en 2015 unos $ 45.000 millones, y entre enero y septiembre de este año ya significaron $ 42.305 millones, nominados como ‘gastos corrientes‘.

El "Consejo de Supervisión Estratégica" se reunirá cada 15 días, cuatro horas por encuentro, para pensar con visión estratégica el futuro de esas empresas, bajo el espíritu de la "gobernanza corporativa" que promueve como buena práctica la OCDE, donde el Gobierno quiere insertarse.

Según pudo saber El Cronista, el ‘grupo de los 8‘ formado hace escasos días está compuesto por Juan José Aranguren (Energía), Julio Martínez (Defensa), Oscar Aguad (Comunicaciones), Alfonso Prat-Gay (Hacienda), Francisco Cabrera (Producción) y Guillermo Dietrich (Transporte), más los coordinadores económicos Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, otros subsecretarios plenamente dedicados a la reconversión, y dos directores independientes. Su objetivo es evaluar una docena de empresas por trimestre.

Para la primera etapa fueron seleccionadas Aysa, Aerolíneas, Fadea, el Belgrano Cargas, la Casa de la Moneda, Ar-Sat, Télam, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Fabricaciones Militares, entre otras. Las dos primeras en carpeta son el Correo Argentino, con 17.000 empleados, y la Operadora Ferroviaria (Trenes Argentinos), con 23.000 personas en nómina, y que requirieron $ 1173 millones y $ 12.000 millones, respectivamente. El conjunto de empresas mencionadas cuenta con 80.000 empleados, sin contar Enarsa y Cammesa, excluidas ya que por allí el Estado vehiculiza subsidios a las tarifas residenciales.

El lunes pasado, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, puso al corriente a los gerentes de estas empresas sobre la intención de conducirlos a la adecuación. En el año, cada una de las empresas fue presentando su plan estratégico, pero ahora se les exigirá mayor rigurosidad "para tener una idea más clara de viabilidad", señalaron a este diario en la Casa Rosada. Lo que más preocupa es la falta de parámetros homogéneos en términos de rendición de cuentas, modernidad de gestión, objetivos y estándares de control.

En el Gobierno juran y perjuran que no hay ánimos privatizadores, sino que quieren "redirigir los recursos donde están las prioridades". Sostienen, en cambio, que el principal objetivo es reducir gradualmente el aporte estatal. "Con menos del 20% de la plata que les giramos podemos asfaltar las calles de tierra de todos los conurbanos de la Argentina", graficó una importante fuente oficial. El objetivo, grosso modo, es culminar en 2019 con solo $ 20.000 millones de aportes.

Las municiones también están cargadas contra la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN). "Van a tener que ser mucho más activos de lo que han sido hasta ahora", señalaron al comentar que están fijando nuevos esquemas de exigencias, similares a los que reinan en el ámbito corporativo privado: estándares de transparencia y control, rendición de cuentas y fiscalización.

Para ello, el Gobierno está reclutando ejecutivos de primera línea, a quienes intenta seducir con "esquemas de compensación" para que salten de la esfera privada a la pública. Sucede que los sueldos estatales se estancan en los $ 70.000, muy por debajo de lo que hoy ganan en el sector privado.

Prevén inversiones de EE.UU. por US$ 13.000 millones

Por Martín Kanenguiser - LA NACION

Será en los próximos tres años; el ministro Cabrera lo anunció en Washington, tras reunirse con su par local; los fondos extranjeros totalizarían US$ 35.000 millones.

Cabrera y Penny Pritzker, secretaria de Comercio de EE.UU., ayer, en Washington. Foto: Min. Producción

WASHINGTON.- Las empresas extranjeras prevén invertir en forma directa unos 35.000 millones de dólares en la Argentina en los próximos tres años. De esta cifra, 13.000 millones corresponden a proyectos de empresas norteamericanas. Así lo aseguró ayer aquí el ministro de Producción, Francisco Cabrera, luego de reunirse con la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker.

El encuentro, que se desarrolló en esta ciudad, sirvió también para que la Argentina pudiera plantear su intención de regresar al Sistema General de Preferencias (SGP), luego de haber sido excluida hace pocos años por la mala relación bilateral. El SGP es un régimen por el cual la administración norteamericana permite importar productos a este país sin el pago de aranceles.

Luego del encuentro, en el que se enfatizó la buena predisposición de ambas partes para facilitar el comercio, Cabrera dijo a los periodistas que hay una inversión prevista de empresas extranjeras por unos US$ 35.000 millones en los próximos tres años, que generarán unos 25.000 empleos.

Se trata de inversiones que estaban frenadas desde hace unos cinco años por el cepo, la deuda con los holdouts y la imposibilidad de girar utilidades, entre otros problemas vigentes durante el kirchnerismo. "Pero eso no es lo importante -aclaró el ministro a LA NACION-; la clave es que pueda haber libre comercio para poder atraer más inversiones".

Al respecto, el funcionario ratificó, como indicó ayer este diario, que la Argentina busca negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. En este sentido, Cabrera se comprometió a que el Gobierno adherirá antes de fin de año al tratado de facilitación del comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que había sido frenado durante el kirchnerismo. Este convenio debe ser ratificado por el Congreso, donde Cabrera dijo que no habrá problemas.

El eje más importante de este acuerdo, en el caso argentino, es la creación de la ventanilla única para el comercio exterior, que en cinco años pretende simplificar los trámites para la exportación y la importación, lo cual, destacó el funcionario, ayudará sobre todo a las Pymes.

En el mismo sentido, informó que el Gobierno ya trabaja para acortar los plazos de aprobación de las patentes. "Hay unas 30.000 patentes frenadas, de las cuales un 70% corresponden a productos no medicinales; queremos un INPI moderno, adaptado al siglo 21", afirmó Cabrera, que hoy regresará a Buenos Aires. En esta ciudad se escucharon entre algunas empresas norteamericanas bastantes quejas, amables, porque el Gobierno no cambió el sistema del kirchnerismo de autorización de las patentes, que demoran más de 10 años en aprobarse.

El ministro dijo que ya se está trabajando sobre el tema y negó que la nueva ley de semillas, que tratará el Congreso en 2017, como aseguran algunas empresas de este país, vaya en contra de la ley de patentes. "No lo creo, es algo superador", explicó.

Por otro lado, Cabrera dijo que es una "lástima" que el Congreso no haya aprobado esta semana la ley de asociación público-privada, porque "es una herramienta muy importante para atraer inversiones". De todos modos, expresó su confianza en que el proyecto -que volvió a comisión- sea avalado en los próximos días. "Se va a aprobar, aunque con modificaciones", admitió.

Previamente, Cabrera se había reunido con Pritzker para hablar de cinco cuestiones como ejes del diálogo bilateral comercial: coherencia regulatoria, facilitación del comercio, desarrollo económico, defensa comercial y promoción de inversiones.

Del encuentro también participaron el secretario de Comercio, Miguel Braun, y otros funcionarios de la cartera de Producción. Luego, organizado por el Consejo de las Américas, volvieron a reunirse empresas de ambos países, con la cordial bienvenida de la siempre vigente Susan Segal. En ese marco, Pritzker destacó que el Gobierno "está llevando a la Argentina en dirección a la prosperidad del país".

"Y los empresarios norteamericanos han tomado nota de este cambio; ahora hay pasos que debemos seguir para remover los impedimentos al comercio y la inversión. Si la Argentina hace bien estas tareas, logrará atraer inversión extranjera directa", comentó.

Un ejecutivo argentino presente en el evento comentó a LA NACION que hay buena voluntad, pero los ejecutivos de las empresas norteamericanas aún quieren saber cuáles son los nuevos marcos regulatorios antes de invertir más dinero que el que se había frenado durante el kirchnerismo.

La AFIP detectó más de 14.000 bienes sin declarar en Brasil, Uruguay y EE.UU.

Por  VERONICA DALTO - Cronista.com

Brasil entregó cuentas de 11.000 argentinos e inmuebles de 1106. En EE.UU., se detectaron 616 propietarios y en Uruguay, 1563. Aquí, 2 millones de inconsistencias.

La AFIP detectó más de 14.000 bienes sin declarar en Brasil, Uruguay y EE.UU.

Con el fin de inducir a los contribuyentes a adherirse al blanqueo, AFIP mostró que, gracias a los acuerdos internacionales con otras administraciones tributarias y relevamientos propios en bases públicas, pudo detectar hasta ahora 14.285 bienes financieros y patrimoniales en Brasil, Uruguay y EE.UU. y más de 2 millones de bienes no declarados en Argentina.

Como resultado del viaje a Brasilia el viernes pasado, AFIP pudo intercambiar con su par brasileño, interesado también en colaborar debido a que está cerrando un blanqueo propio a fin de mes- una primera foto de los bienes no declarados durante 2015. Brasil entregó: cuentas bancarias de 11.000 argentinos (las 134 más importantes suman u$s 90 millones), operaciones inmobiliarias de 1106 argentinos (los 142 casos más relevantes suman u$s 140 millones) y automotores.

Argentina entregó las operaciones de 75 mil brasileños que tenía acumuladas, de los cuales sólo 10% declaró impuestos localmente. Y se acordó firmar en diciembre próximo un acta de entendimiento que establece la retroactividad para los últimos cinco años anteriores al 31 de diciembre de 2016, por lo que en AFIP entienden que esa foto habrá que multiplicarla por cinco. El intercambio de información -que incluirá nombre y apellido, fecha de nacimiento, domicilio en la Argentina, pasaporte y patente Mercosur- estará disponible a partir de enero de 2017.

Estos acuerdos entre administraciones tributarias, en base a estándares internacionales, son complementarios del intercambio de información que comenzará en el marco de los países de la OCDE el año que viene.

"Es el momento de una nueva institucionalidad que hará más dificultoso mover fondos en el exterior y estar informal en cada país", dijo Alberto Abad, titular de la AFIP, a un grupo de periodistas. Recordó que la gente vivió una etapa de cepo cambiario y de desconfianza que la llevó a comprar dólares que no declaró, pero que ahora comienza un proceso de formalización. "El día después (del vencimiento del blanqueo) es importante. Todo el mundo pide que baje la presión tributaria, tiene que subir la base y el cumplimiento para bajar las alícuotas".

Otra fuente de información son las bases públicas, en las que AFIP busca los bienes de los contribuyentes uno por uno en base a los consumos recurrentes con tarjeta de crédito y viajes frecuentes. Los datos que se van encontrando, que incluyen domicilios, acuerdos de alquiler, etc., se va cargando a la sección "Nuestra parte", a la que se accede con clave fiscal en la página web del organismo, para que la vea el contribuyente. "Se identifican o detectan inconsistencias, y se genera un nuevo riesgo que queremos que los ciudadanos lo sepan", dijo Abad. A partir del vencimiento del blanqueo, AFIP comenzará un plan de fiscalización para encontrar lo no declarado.

De esta manera se detectaron en Uruguay 1563 propiedades de argentinos no declaradas. Esta información se complementará con el acuerdo bilateral de intercambio de información que ambos países firmarán para comenzar a recibir datos fiscales desde 2017 en adelante.

De la misma forma se detectaron en EE.UU. 616 propietarios argentinos con 775 inmuebles no declarados por un valor de u$s 150 millones. De esos propietarios se sabe que 393 son titulares directos de 458 inmuebles y 223, a través de sociedades extranjeras de 317 inmuebles.

En el país

Encontrados localmente, AFIP ya acumuló más de 2 millones de registros que fueron informados en "Nuestra parte", que incluyen 12.300 propiedades en countries que no fueron presentados en las declaraciones juradas de Bienes Personales y 29.000 acreditaciones bancarias por las que no se tributó ni Ganancias ni Bienes Personales.

También, 2431 casos de falta de declaración de las ganancias por "dólar futuro" por parte de personas físicas, por $ 1900 millones. Y relevante para el blanqueo de efectivo que vence el 31 de octubre, 4357 personas físicas con depósitos en cooperativas y mutuales -que se dedican a la venta de cheques, donde muchos particulares canalizan fondos en negro- por $ 2600 millones.

Además, AFIP ha relevado 173 guarderías náuticas, en las cuales detectaron que un 20% de 8500 embarcaciones no estaban declaradas, y obras en construcción en 169 municipios. En tanto, el organismo detectó inconsistencias en 17.495 CUIT por u$s 14.473 millones por giro de divisas al exterior por importaciones. Si bien merecieron la denuncia penal de Juan Gómez Centurión, titular de la Aduana, pueden ser declaradas en la moratoria o el blanqueo.