Casi la mitad de los ministerios realizarán ajustes el año próximo

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Presidencia y Energía lideran el recorte; también habrá menos fondos para el Congreso y la Justicia.

La preocupación por aplicar una mayor ortodoxia fiscal se notará el año próximo en los fondos disponibles para la mayoría de los ministerios y reparticiones que componen el Gobierno. Salvo la cartera de Interior, Obras Públicas y Vivienda, que maneja Rogelio Frigerio y es la gran apuesta del presidente Mauricio Macri para empujar el crecimiento de la economía, el resto notará un ajuste en términos reales (si se los compara con la inflación) e incluso nominales. Es decir, tendrán menos pesos que este año.

Macri parece haber comprendido que el ejemplo comienza por casa. A tal punto que redujo en 0,5% los fondos disponibles para Presidencia. En términos porcentuales, se trata de un ajuste menor (representa menos de $ 40.000 en un presupuesto que este año tuvo $ 6806 millones), pero si se lo compara con la marcha de la inflación, la cifra crece. Macri tendrá mucho menos para hacer frente a la contratación de productos y servicios que serán más caros.

La preocupación por aplicar una mayor ortodoxia fiscal se notará el año próximo en los fondos disponibles para la mayoría de los ministerios y reparticiones que componen el Gobierno

La preocupación por aplicar una mayor ortodoxia fiscal se notará el año próximo en los fondos disponibles para la mayoría de los ministerios y reparticiones que componen el Gobierno. Foto: Archivo / Silvana Colombo / LA NACION

Otro que será más austero es Juan José Aranguren. El ministro de Energía sufrirá un recorte del 17,9% en sus fondos para el año próximo, que representan $ 33.539 millones que se ahorrará el fisco. Es un caso sintomático del cambio de modelo. Su antecesor, Julio De Vido, solía contar con uno de los presupuestos más abultados para pagar los subsidios a la energía que empezó a desarmar Aranguren este año con algunos sobresaltos.

Las cifras surgen del presupuesto para el año próximo, que envió el Gobierno, aprobó el Congreso y, según la promesa de la Casa Rosada, se ajusta a lo que efectivamente ocurrirá. Allí se estima una inflación de entre 12% y 17% (los analistas privados la estiman en 22%, e incluso en la Casa Rosada creen que superará la última cifra) y un crecimiento de 3,5%. Según Rafael Flores, titular de la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap), si se cumplen esos "supuestos macroeconómicos" el crecimiento del gasto "estaría en línea con el del producto".

Será la hoja de ruta que seguirá el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aunque tiene espacio para moldear ese mapa mediante una moderación aun mayor de las erogaciones que muestren una vocación más fuerte por reducir el déficit fiscal. Es lo que le pide el Presidente.

El vaso medio vacío

Otro grupo de ministros tendrá un incremento nominal en sus recursos, pero una reducción real, dado que sus partidas subirán mucho menos que la inflación. Se trata de la Jefatura de Gabinete, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad. En otros casos, la reducción real será mayor. Con esa realidad se encontrarán Producción, Agroindustria, Comunicaciones, Ciencia, Cultura y Salud.

La política de reducción presupuestaria también llegará a otros poderes. Los grandes perdedores son los jueces, cuyos fondos crecerán 1,3%, lejos de todo cálculo de inflación para el año próximo. Algo similar le pasará al Ministerio Público. El Congreso también tendrá que ajustarse. Recibirá $ 1545 millones más, casi 11% por encima del número de este año, pero lejos de la inflación estimada.

El compromiso oficial con la reducción del déficit fue variando. La promesa inicial contemplaba una reducción de 1,5% del PBI para el año próximo, pero el presupuesto aprobado implica un recorte menor. "El Gobierno apostó hasta ahora a no ajustar hasta que se recupere la economía. Aún tiene margen para hacerlo porque la relación deuda y PBI es baja", explicó Flores, aunque alertó sobre los cambios en el mundo que implican un llamado hacia la ortodoxia fiscal. "El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos subió las tasas de interés y complica el financiamiento", completó. Se trata de un argumento apropiado para tornarse más estricto con el gasto. Para Fausto Spotorno, del estudio de Orlando Ferreres, el reclamo de mayor cuidado en el gasto llegó desde diversos inversores externos, en especial después del triunfo del republicano.

Es probable que la mira oficial apunte hacia las carteras bendecidas con mayores recursos para el año próximo. Además de Interior, que tendrá un 52% más de recursos en 2017, la selecta lista la integran Medio Ambiente, Trabajo y, en menor medida, Educación.

Las claves de la reducción del gasto el año próximo

Energía, a la cabeza - El ministerio que maneja Juan José Aranguren tendrá 17% menos de recursos el año próximo en comparación con 2016. Eso se debe a la política de reducción de subsidios que inició en la primera parte del año. También lo ayuda la caída en el precio internacional del crudo.

Macri se ajusta - Presidencia es la otra dependencia que registra un recorte nominal de recursos de cara a 2017. En otros términos: para cumplir con sus tareas específicas, Macri tendrá menos recursos para pagar bienes y servicios más caros por la inflación.

Frigerio, el ganador - Interior sumará en 2017 un 52% más de recursos. Se trata de un área clave, ya que maneja la relación con las provincias, así como la obra pública y la construcción de viviendas sociales, dos espadas con las que Macri espera colaborar con la reactivación de la economía.

Jueces y legisladores - Ambos tendrán un mínimo aumento nominal, que quedará diezmado con la inflación, por lo que se trata de un ajuste.

Macri, ante los desafíos de un mundo más exigente

Por Nicolás Dujovne - La Nación
La siguiente columna, escrita por Nicolás Dujovne, quien ayer fue designado ministro de Hacienda en reemplazo de Alfonso Prat-Gay, fue publicada en la edición de LA NACION del martes 20 de diciembre


El programa económico del Gobierno en 2016 consistió en revertir las extravagancias más notables del kirchnerismo: en un año, la Argentina salió del cepo y del default, volvió a entablar relaciones diplomáticas fluidas con los países más importantes del mundo, independizó al Banco Central y comenzó a migrar hacia un esquema en el cual se espera que el sector privado invierta y prospere sobre la base de incentivos y ya no por la combinación de subsidios y hostigamiento.

Luego de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el mundo financiero se ha vuelto algo más hostil y la Argentina ha sido uno de los países más castigados por los inversores. Ello genera nuevas exigencias: el programa inicial debe ser continuado por otro que defina la gestión ya no por la negativa, sino por determinados objetivos concretos y por una descripción metódica acerca de cómo serán alcanzados. La identidad de ese programa todavía está en construcción por dos motivos: en algunas áreas, el Gobierno no tiene decidido exactamente hacia dónde planea avanzar. Y en otros casos, las ideas no han sido comunicadas adecuadamente.

El Banco Central ha anunciado sus metas de inflación para los próximos años y ha aclarado qué mecanismos planea utilizar para alcanzarlas. Cumplibles o no, ahí están los números propuestos y los instrumentos que se usarán para lograrlos. Sus autoridades serán evaluadas por su desempeño en esa materia. En otras áreas de la política económica no existe una visibilidad semejante acerca de los objetivos buscados ni del método para lograrlos. Llenar ese vacío programático y comunicacional de manera coherente entre las distintas áreas tiene que ser, a partir de ahora, el objetivo número uno del Gobierno.

En materia fiscal, la principal duda de los inversores se refiere a la capacidad del Gobierno de reducir el déficit. La Argentina comenzó el año anunciando metas de déficit primario de 4,8% del PBI para 2016, de 3,3% para 2017, de 1,8% para 2018 y de 0,3% para 2019.

Finalizando 2016, la realidad será diferente. El déficit fiscal se ubicará efectivamente en 4,8% del PBI, pero habiendo computado casi 0,8 puntos porcentuales de ingresos extraordinarios provenientes del blanqueo, sin los cuales el déficit habría trepado a 5,6%. Para 2017 el presupuesto prevé un déficit de 4,2% del PBI, que será superior al 3,3% anunciado previamente y cuyo cumplimiento dependerá en buena medida del resultado final de las negociaciones en torno al impuesto a las ganancias.

Para 2018 y 2019, ya no conocemos cuál es el objetivo del Gobierno. Tampoco tenemos una visión precisa de lo que piensa en materia fiscal. ¿El déficit es expansivo para la economía porque agrega recursos a la demanda? ¿O es contractivo, puesto que desplaza al sector privado y encarece el endeudamiento? Esas respuestas siempre dependen de las circunstancias, pero en esta gestión no hay una voz unificada que responda esas preguntas claves.

En lo fiscal, el Gobierno se debate entre tres objetivos en conflicto: bajar el déficit, minimizar los impuestos distorsivos e incrementar el gasto en infraestructura. En 2016 se priorizó la reducción de impuestos y se redujo la presión tributaria en 1,7% del PBI. Además, el gasto público en términos reales caerá en el año, ya que el nominal aumentará 35%, mientras que la inflación totalizará 40%.

¿Es un objetivo de mediano plazo del Gobierno mantener o incluso reducir el gasto en términos reales? No lo sabemos, pero si lo fuera, debería explicarlo: ayudaría a resolver la mayor incógnita macroeconómica de la Argentina. Si el Gobierno lograra mantener el gasto congelado en términos reales por los próximos cinco años y la economía creciera 3% por año, el gasto en relación con el PBI bajaría de 45% a 39% en 2021. Y si esa estabilidad del gasto permaneciera por diez años, caería hasta 34% del PBI en 2026.

En el primer caso, la reducción en el gasto alcanzaría para eliminar todo el déficit fiscal. En el segundo, para eliminar el déficit, bajar las alícuotas de Ganancias, quitar el impuesto a los débitos y créditos y bajar los impuestos al trabajo a la mitad.

Si ése fuera el plan, la manera de traer al presente parte de los beneficios futuros de la contención del gasto vendría dada por la comunicación de ese programa y por la creación de mecanismos que aseguren que el compromiso del Gobierno va más allá de un Powerpoint. Una ley de responsabilidad que establezca parámetros para el gasto en el mediano plazo (incluyendo el de las provincias) y que fije cómo se repartirá la mejora fiscal que provocaría la contención de las erogaciones (entre la reducción del déficit y la eliminación de impuestos) podría ser negociada con la oposición y despejaría en buena medida la duda de los inversores acerca de la solvencia fiscal de la Argentina. Ello abarataría el financiamiento para el Gobierno, las empresas y las familias.

En la política energética, las dudas son mayores. Si bien algunos precios han comenzado a mejorar para productores, generadores, transportistas y distribuidores, las regulaciones que gobernarán el sector en el largo plazo aún no han sido establecidas. Parte de ese problema se resolvería si el sector pudiera avanzar hacia una "contractualización" de la relación entre los productores y los consumidores de energía. Hoy hay inversiones industriales que no se concretan porque las empresas no saben si contarán con la energía necesaria y, mucho menos, el precio que pagarán por ella. Si se les permitiera a las productoras de gas hacer contratos privados para abastecer la demanda de las empresas, éstas podrían invertir con mayor certidumbre. A su vez, esos contratos de largo plazo les permitirían a los productores de gas acceder a mejor financiamiento y acelerar su proceso de inversiones. Para que el sector pueda "contractualizarse" hay que definir la regulación. Los efectos sobre la inversión serían notables.

Otras dudas permanecen. ¿Seguirá existiendo Enarsa? ¿Será normalizada Cammesa? ¿Cuándo será libre el precio del petróleo? A veces es mucho más importante saber si los precios serán libres que recibir un subsidio temporario.

En comercio internacional, el Gobierno tiene un plan. Consiste en ir eliminando gradualmente la protección que hoy genera que los argentinos enfrenten sobreprecios insoportables cuando consumen electrónicos, prendas de vestir, juguetes y otros bienes. Ese sobrecosto será removido gradualmente junto con la disminución de la protección en esos sectores. Y la forma de institucionalizarlo vendrá de la mano de la firma de acuerdos de libre comercio (como el del Mercosur y la UE), donde el sendero de convergencia hacia la apertura, de 10 o 15 años, quedará establecido. Bueno o malo, es un plan; falta comunicarlo.

Entre la existencia de los superministros de Economía de los últimos 30 años y el esquema actual, en el que rige una excesiva atomización tanto en la comunicación como en la toma de decisiones, hay un punto medio en el que el Gobierno aún no ha encontrado la dosis exacta. El mundo se puso más exigente. Encontrar ese camino del medio hoy es crucial.

Griesa rechazó un reclamo contra el país de tres fondos que se mantenían como holdouts

Por Martín Kanenguiser - LA NACION

Falló en contra de acreedores que decían que la Argentina sigue en default.

El juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, decidió revertir las órdenes de 2012 que aseguraban que la Argentina estaba incumpliendo la cláusula del pari passu.

En un fallo de 28 páginas firmado ayer, el magistrado desechó el reclamo de tres fondos de inversión que consideraban que la Argentina seguía incumpliendo con sus compromisos con los acreedores por el pago de la deuda soberana.

Se trata de los fondos Trinity, Baybrook y Whithe Hawthorn, los tres inversores más grandes que quedan como holdouts al no haber aceptado hasta ahora la oferta que el Gobierno puso sobre la mesa desde febrero pasado. La Argentina todavía debe pagar unos 700 millones de dólares en concepto de capital de deuda en default.

El magistrado dijo que el reclamo no es válido dado que la Argentina derogó este año la ley cerrojo -que previamente había dado lugar a la interpretación judicial de que estaba violando la cláusula pari passu- y que ofreció una solución aceptada por más del 99% de los acreedores que estaban en default.

Por lo tanto, la violación de la cláusula pari passu ya no tiene, en opinión del magistrado, fundamento, ya que los argumentos planteados por los demandantes corresponden a la actitud y a la retórica del gobierno kirchnerista.

En febrero, cuando la Argentina planteó su oferta, Griesa ya había levantado las medidas cautelares y le permitió al Gobierno salir del default.

La consecuencia de esta nueva decisión judicial es que cierra la puerta a nuevos reclamos en torno de la violación de la cláusula pari passu, que obligaba a un trato igualitario para todos los bonistas.

Además, sienta un precedente para futuras reestructuraciones de otros deudores soberanos, ya que la justicia norteamericana consideró que esta cláusula se violó porque la Argentina estaba bajo circunstancias extraordinarias. Del mismo modo, el magistrado les cerró la puerta al reclamo de estos tres fondos en concepto de daños. Además, juzgó válida la estrategia del Gobierno de considerar prescriptos algunos de los bonos presentados por los holdouts.

La ley clave

En abril de este año, apenas horas después de que el Senado le dio sanción definitiva a la ley de pago a los holdouts, que derogó a la ley Cerrojo, el Gobierno firmó la promulgación de la norma, que salió publicada hoy en el Boletín Oficial.

El decreto 539/2016 promulgó la ley 27.249 y lleva las firmas de Gabriela Michetti, vicepresidenta en funciones del Ejecutivo porque Mauricio Macri estaba en el exterior; del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.

La norma habilitó al Poder Ejecutivo a vender bonos en el mercado hasta un máximo de US$ 12.500 millones para pagar en efectivo los acuerdos alcanzados con una veintena de fondos y grupos de bonistas.

Para poder realizar la operación se derogaron las denominadas leyes cerrojo y de pago soberano de la deuda, sancionadas en el gobierno de Cristina Kirchner en medio de su disputa con los "fondos buitre".

El pago estaba condicionado a que la Cámara de Apelaciones de Nueva York levantara las medidas cautelares (stay) impuestas por Griesa, que le impedían al país desde hace casi dos años (21 meses) pagarles a los bonistas que aceptaron los canjes de las administraciones kirchneristas y que sumaban casi el 93% del total de la deuda que cayó en default en 2001.

El Gobierno presentó la sanción de la ley y su posterior reglamentación como un paso más hacia la normalidad, en el marco de la intensas gestiones de la primera parte del año para dejar atrás la cesación de pagos en la que estaba el país.

La AFIP podrá acceder a información de cuentas de argentinos en EE.UU.

Por Martín Kanenguiser - LA NACION

Los gobiernos de la Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo que entrará en vigor en 2017; permitirá el intercambio automático de datos sobre depósitos bancarios y bienes.

Mamet, Prat-Gay y Abad, ayer, durante la firma del tratado. Foto: Ministerio de Hacienda.

Los gobiernos de la Argentina y Estados Unidos firmaron ayer un acuerdo de intercambio de información tributaria automática que empezará a regir a principios del año próximo. Se espera que este convenio, rubricado ayer por la mañana, tenga un enorme efecto sobre el resultado final del blanqueo de capitales, ya que la AFIP ahora podrá acceder a información sobre cuentas y bienes de los argentinos en Estados Unidos.

El primer intercambio de datos se hará a principios de 2018 con las cuentas y los patrimonios vigentes en 2017, según fuentes oficiales, aunque persisten dudas. "El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay , y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Noah Mamet , suscribieron en el Palacio de Hacienda con la presencia del titular de la AFIP, Alberto Abad , el acuerdo sobre intercambio de información tributaria entre ambos países", indicó Hacienda en un comunicado.

Tal como informó LA NACION, esta semana se había realizado una nueva ronda de negociaciones en Washington entre funcionarios de Hacienda, la AFIP, el Tesoro de Estados Unidos, que conduce Jack Lew, y el IRS (el organismo equivalente a la AFIP).

Según Hacienda, "el acuerdo, que busca luchar contra la evasión fiscal y favorece la transparencia fiscal, se produce en el actual escenario de cooperación impositiva internacional". Al respecto, Prat-Gay indicó: "Este acuerdo que firmamos es consecuencia del proceso que la Argentina está viviendo, recuperando su credibilidad como país ante el mundo, reconstruyendo las instituciones y la gobernabilidad". La cartera subrayó que "el acuerdo constituye el marco jurídico que permitirá -además de solicitar información específica acerca de determinados contribuyentes- implementar de manera recíproca el intercambio automático de información financiera que en orden a la normativa de los Estados Unidos es necesario para cumplir con la ley Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act)".

"La AFIP contará a partir de ahora con una herramienta valiosísima para detectar, en el territorio de Estados Unidos, activos no declarados por los contribuyentes argentinos que decidieran no aprovechar este régimen de sinceramiento fiscal", dijo el ministro en la firma del acuerdo. Por esta razón, "en el ámbito administrativo y por lo tanto sin llegar a una instancia judicial, la autoridad tributaria de uno de los dos países podrá obtener información de la otra autoridad tributaria".

En tanto, en un comunicado, el organismo que conduce Jack Lew indicó que "este acuerdo consolida la reintegración de la Argentina en la economía global y marca un importante nuevo paso en la era de las relaciones bilaterales". Según Lew, "el acuerdo de intercambio de información bilateral permitirá una importante colaboración entre los dos países" en términos del esfuerzo para la recaudación tributaria.

"Es nuestro deseo que estas acciones hagan una contribución útil a los esfuerzos del gobierno del presidente Macri de reconstruir las instituciones, restablecer la credibilidad, mejorar la gobernabilidad e implementar reformas estructurales", sostuvo el funcionario de la administración Obama. Fuentes diplomáticas norteamericanas indicaron a LA NACION que el tratado tendrá vigencia "cuando la Argentina haya culminado los procedimientos internos necesarios para su entrada en vigor y un mes después de que Estados Unidos reciba notificación escrita por parte de la Argentina". Esto significa, la traducción al español del acuerdo firmado hoy en inglés y el traslado a Estados Unidos por vía de la Cancillería.

Otra fuente oficial detalló que el acuerdo estará vigente desde el mes próximo, que no necesita ratificación parlamentaria en ninguno de los dos países y que a principios de cada año, los fiscos de ambos países entregarán información de forma automática. También, los fiscos podrán pedir información a requerimiento, cuando existan indicios sobre un contribuyente en particular.

Además permitirá inspecciones en el extranjero por parte de funcionarios de ambos organismos.

Los siguientes pasos serán que la Argentina firme un acuerdo en el marco del Fatca y un convenio para evitar la doble imposición tributaria, que ya se está negociando.

Las fuentes diplomáticas precisaron que el texto del acuerdo del Fatca "se firmaría a la brevedad" y que el pacto para evitar la doble imposición "llevará su tiempo", aunque esta demora no condiciona la vigencia del acuerdo de intercambio, que será efectiva desde enero. "Nadie se podía imaginar hace un año que esto se iba a concretar. Esto tendrá un gran efecto en el sinceramiento fiscal", confesó, casi emocionado, un funcionario del Gobierno.

Humberto Bertazza, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, dijo que "el acuerdo es muy positivo porque termina cerrando un círculo para los contribuyentes que pensaban que este convenio recién se iba a firmar en uno o dos años".

Las claves del convenio

• Ayer se firmó el tratado que permitirá el intercambio de información tributaria entre la Argentina y Estados Unidos, en forma automática, sin necesidad de intervención judicial.
• En 2018 el gobierno norteamericano haría el primer giro de información sobre activos y pasivos correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
• La firma del acuerdo es un elemento fundamental para el éxito del blanqueo que terminará en marzo próximo.

La AFIP denunció a la AFA por evasión por $84,3 millones

(Clarin.com) - La cifra se desprende de la apropiación indebida de Ganancias e IVA, más aportes del régimen de Seguridad Social de sus empleados.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interpuso una denuncia penal contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), por retenciones no ingresadas o depositadas fuera del término legal, correspondientes "al Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado, y a los aportes del personal en relación de dependencia de la institución, respecto a los meses de mayo, junio, julio y agosto del corriente año", informó la entidad en un comunicado.

Según la AFIP, la causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, a cargo del juez López Biscayart. "Ahora la justicia debe analizar una maniobra consistente en la omisión de pago temporáneo de distintos gravámenes retenidos a terceros, que ascendería a la suma de $ 8.489.849 - por la apropiación indebida de Ganancias e IVA-, y por unos $ 75.796.121-estos último, en concepto de aportes relativos al Régimen de Seguridad Social de sus empleados", informó el texto.

El organismo gubernamental estimó que la maniobra denunciada "habría permitido a la entidad financiar su desenvolvimiento operativo basado exclusivamente en la apropiación de los impuestos de sus proveedores y empleados en relación de dependencia".

"Cabe señalar que los períodos denunciados por el Organismo no serían pasibles de ser incorporados a la nueva ley de moratoria -Ley N° 27.260- pudiendo corresponderle a los imputados, penas de hasta seis años de prisión efectiva, en caso de corroborarse los hechos objeto de investigación", terminó el texto del comunicado.

Un pedido desde AFA a la Justicia

En paralelo, el vicepresidente del Comité Regularizador de AFA, Javier Medín, presentó este lunes una revocatoria de la medida dispuesta por la jueza María Romilda Servini, quien ordenó que la entidad convoque a una asamblea antes del 30 de diciembre para fijar la fecha de elecciones.

Servini había dictado una medida cautelar que ordenaba a la AFA a convocar a sendas asambleas ordinaria y extraordinaria, con 75 representantes como marca el estatuto de la máxima entidad del fútbol argentino, para llamar a elecciones.

Allegados al Comité Regularizador señalaron a la agencia de noticias Télam que la solicitud ante la Justicia remarca que se cumpliera con la medida cautelar "en forma automática la AFA quedaría en falta", ya que la FIFA designó a los actuales dirigentes para "normalizar el funcionamiento de la entidad, modificar el estatuto y llamar a elecciones perentoriamente". El Comité Regularizador, que encabeza Armando Pérez, tiene mandato hasta fines de junio de 2017.

Por este motivo, destacaron que "si se convalida el llamado a una asamblea antes del 30 de diciembre, la AFA podría ser sancionada por la FIFA debido a la injerencia de la Justicia en temas del fútbol organizado".

En qué gastó el Gobierno en su primer año de gestión

Por Florencia Abd - LA NACION

Molestos, en China advirtieron a Frigerio que por ahora no habrá financiamiento para nuevas obras

Por Antonio Rossi - LPO - El giro coincide con la decisión de Macri de no reconocer a China como economía de mercado.
Frigerio en una de las reuniones que tuvo en su viaje a China.

El ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio volvió de China casi con las manos vacías y sin los financiamientos que había ido a buscar para los proyectos energéticos clave que tiene en carpeta la administración macrista.

Si bien la Casa Rosada salió a instalar que la misión de Frigerio fue “preparatoria” de la visita oficial a China que hará el presidente Mauricio Macri dentro de seis meses, lo cierto es que el intento del ministro por cerrar nuevos créditos a largo plazo para obras de infraestructura energética no obtuvo el resultado esperado.

En un sutil juego diplomático, Beijing evitó hablar del tema de fondo: La decisión de la administración macrista -anticipada por LPO- de no cumplir el compromiso formulado a China por Néstor Kirchner en 2004 de reconocer a China como economía de mercado ante la OMC, un paso vital para el país comunista, para poder desactivar las barreras por dumping que distintos países –incluso la Argentina- le imponen a sus productos.

En lugar de hablar de ese tema, tanto las autoridades del Gobierno, como del Eximbank de China le reiteraron a Frigerio lo mismo que le habían planteado a los negociadores de Alfonso Prat Gay a fines de noviembre: Antes de negociar nuevos financiamientos, las autoridades argentinas tienen que resolver que harán con el crédito comercial que tienen preacordado desde 2015 para la construcción de la central térmica Manuel Belgrano II (CTMBII) y el compromiso firmado para la modernización del ferrocarril San Martín.

Las grandes obras energéticas cerradas por Cristina durante su segundo mandato con China y Rusia están paralizadas. La administración de Macri todavía no logra encarrilar la relación con esas potencias.

La CTMBII es una central de ciclo combinado proyectada en la zona de Campana que prevé aportar al sistema eléctrico una potencia de 810 MW. La ejecución de la obra y la provisión de los equipos fue adjudicada el año pasado por la administración kirchnerista de Enarsa a un consorcio liderado por el grupo chino CNTIC. Tiene un préstamo aprobado del Eximbank de China por 1.122 millones de dólares para financiar el 85% de la obra.

Pese haber comprado el terreno para la usina en 5 millones de dólares y pagado un anticipo financiero de 103 millones de pesos, la actual conducción de Enarsa que pilotea Hugo Balboa tiene congelado el proyecto a la espera de una señal concreta del ministro de Energía, Juan José Aranguren.

En el caso de la línea San Martín, lo que está en danza es un estudio de prefactibilidad para electrificar los servicios metropolitanos de pasajeros y renovar las vías de cargas del corredor que comunica el Gran Buenos Aires con la región de Cuyo. La empresa oriental involucrada en el proyecto es CRCC (China Railway Construction Corporation).

La postura de los funcionarios chinos fue un calco del mensaje que le habían transmitido al Gobierno local hace un mes en Buenos Aires el jefe del Eximbank en América Latina, Yang Jing y el embajador en Argentina, Yang Wanming.

Tambolar, la única que interesó

De los cinco proyectos energéticos relevantes que había llevado Frigerio en la valija, sólo uno consiguió pasar la prueba y quedar en la gatera de los emprendimientos que China se compromete a financiar con créditos preferenciales.

Se trata de la central hidroeléctrica sanjuanina de El Tambolar, que ya fue adjudicada al consorcio de Power China, Techint y Panedile.

En cambio, quedaron en lista de espera y condicionadas a los próximos pasos que efectué la administración macrista las siguientes obras:
- La represa hidroeléctrica neuquina de Chihuido, a la cual se le cayó el financiamiento que tenía comprometido de Rusia, como anticipó este medio.
- La ampliación del parque eólico Arauco de La Rioja.
- La usina hidroeléctrica mendocina de Portezuelo del Viento.
- La represa hidroeléctrica de Potrero del Clavillo entre Tucumán y Catamarca.

Para colmo de males, Frigerio se vio sorprendido por una inoportuna medida que dio a conocer el Ministerio de Producción de Francisco Cabrera justo en el momento en que mantenía una serie de reuniones con los funcionaros y banqueros chinos. Se trata de la resolución que sacó la semana pasada la Secretaría de Comercio por la cual abrió una investigación por presunto dumping en la importación de los tubos de acero que China proveerá para la obra de los gasoductos troncales de Córdoba.

La decisión de llevar adelante la investigación sobre los tubos “made in China” estuvo precedida de un fuerte lobby de Siderca y SIAT del grupo Techint y de la siderúrgica local Tubhier. Las tres fábricas locales ejercieron una fuerte presión para frenar el ingreso de unas 46.000 toneladas de tubos de acero—que equivalen a casi el 45% de la producción anual doméstica—que el gobierno de Córdoba le adjudicó a los consorcios integrados por empresas chinas que van ampliar la red provincial de gasoductos.

La investigación antidumping demandaría entre 10 y 12 meses y durante el proceso de recolección de pruebas y alegatos de las partes, el Gobierno puede, de manera preventiva, aplicar derechos de importación transitorios e incluso retroactivos si los proveedores intentan adelantar el ingreso de los tubos de acero más baratos de China.

El Banco Central canceló los 1.000 millones de dólares que le debía al Santander y al Deutsche

LPO - Con este pago, Sturzenegger terminó de pagar los 5.000 millones de dólares del Repo que tomó en enero.

Este lunes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) canceló la totalidad del préstamo "repo", o de pases pasivos, que había renegociado en julio con el Banco Santander y el Deutsche Bank.

Según el comunicado oficial, el Banco Central pagó los 1.000 millones de dólares que debía a los dos bancos internacionales producto de la renegociación hecha hacia fines de julio del préstamo que había tomado a la banca internacional a principio año. De este modo, "canceló la totalidad de las operaciones de pases pasivos con bancos internacionales que mantenía en su hoja de balance."

Hacia fines de enero, el Central había tomado un préstamo "repo" por 5.000 millones de dólares para contar con un respaldo adicional de reservas líquidas con las que hacer frente a la salida del cepo en un contexto internacional aún incierto en los mercados internacionales. En ese momento el stock de reservas internacionales había bajado hasta los 25 mil millones de dólares y el país debía enfrentar aún importantes desafíos en su balanza de pagos.

En aquel momento, la presencia de estos dos préstamos hicieron imposible que el Directorio, con Federico Sturzenegger a la cabeza, considerara que el Banco Central contara con reservas excedentes de libre disponibilidad y como tal cerró la posibilidad al Tesoro Nacional de financiarse con los dólares de las reservas internacionales.

"La evolución favorable del escenario global para la República Argentina y la mejora observada en la hoja de balance del Banco Central permitieron hacia fines del mes de julio reducir en un 80% el monto total de estas operaciones, logrando además concertar nuevas operaciones de estas características con una de las menores tasas de la historia Argentina. La mejora observada en la hoja de balance del Banco Central continuó desde julio con una tendencia firme, traduciéndose en un aumento adicional en el stock de reservas internacionales superior a los USD 5 mil millones, aún después de haber cancelado pasivos externos por importantes montos en el mes de octubre", explicaron las autoridades del Banco Central.

"Si bien el contexto internacional para las economías emergentes es aún incierto, el Banco Central cuenta actualmente con reservas internacionales que superan en más de USD 12 mil millones el stock que había a principios del corriente año, lo que le permite continuar con el proceso de mejora en la calidad de su hoja de balance y la reducción en el costo de sus pasivos internacionales, manteniendo sin inconvenientes la flexibilidad necesaria para activar en cualquier momento los distintos mecanismos disponibles que ha desarrollado para enfrentar posibles shocks externos en caso de ser necesario", concluyó el comunicado.

Macri gira $2.000 millones a la fábrica de aviones de Córdoba

LPO - Es una condonación de deudas para sacar a la Fábrica Argentina de Aviones del patrimonio neto negativo.

Este lunes en el Boletín Oficial se publicó el decreto 1244 que, con la firma de Macri, Peña y otros diecisiete ministros, reasignó partidas del presupuesto 2016 y amplió el gasto público en $132.000 millones. Una de las principales erogaciones fue para la capitalización de la Fábrica Argentina de Aviones (FadeA) por $2.000 millones de pesos.

Otras partidas son para atender el pago de la "reparación histórica" para jubilados mayores de 75 años, pago de deuda pública por $3.300 millones y Fútbol para Todos; que se financiarán con dos pagarés al Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda por $15.000 millones y $1.400 millones respectivamente.

El alto monto girado a la fábrica de aviones generó confusión porque primero trascendió que era para la compra de un nuevo avión presidencial. Sin embargo, tanto desde el Ministerio de Defensa como desde FAdeA negaron a LPO que fuera el caso. Por el contrario, sostuvieron que se trata de un salvavidas contable que el Estado Nacional le otorga a FAdeA para que deje de tener un resultado patrimonial neto negativo y pase a tener un resultado positivo. “No es un giro de dinero, sino una condonación de deudas que FAdeA tiene con el Ministerio de Defensa, que es el principal dueño de la empresa con el 99% de las acciones”, aclararon desde la ex-Lockheed Martin Argentina.

Es que el principal cliente de FAdeA es el mismo Ministerio de Defensa y la fábrica de aviones enfrenta un balance contable complicado. Solo en deudas con su principal accionista acumula deudas por $1.734 millones. Esta condonación “por hasta $2.000 millones” permitirá a la empresa recapitalizarse mediante una sencillo asiento contable. Al pasar a tener un patrimonio neto positivo, FAdeA volverá a estar en condiciones de tomar deuda y se evitará los problemas de conformación societaria que le implica su estado patrimonial actual.

“De todos modos, esto no es algo que esté concretado. Falta la aprobación del Ministerio de Defensa”, agregaron desde FAdeA y se mostraron confiados en que la capitalización siga su curso administrativo.

Otra fuente consultada por LPO, explicó que esta año la gestión actual de FAdeA al auditar la empresa pública cargó todo lo que pudo como pasivo de 2015 para empeorar el resultado del año pasado y mejorar el de este año. Sin embargo, la devaluación encontró a la fábrica de aviones con deudas en dólares que producto de la suba del dólar de más del 40%, magnificó el resultado deficitario de 2016. En ese sentido, con esta condonación terminarían de sanear la empresa.

Desde FAdeA no niegan que la devaluación haya oscurecido el panorama, pero lo relativizaron “No es solo la devaluación, son varios los puntos que explican la situación, entre ellos $520 millones de deudas con proveedores, en algunos casos por más de 180 meses, que hasta que no se renegocian dificultan la llegada de insumos, que también lleva tiempo”, explicaron.

En 2016, la unidad de fabricación de aviones tuvo un año flojo; mejor le fue a la unidad de mantenimiento de FAdeA , que ya entregó un Hércules, y en diciembre devolverá el segundo , junto con una lista que incluye para 2017 otros tres Hércules, un Orión de la Armada, los Pampa III y los Pucará. Sin embargo, el resultado operativo fue, al igual que el 2015, negativo.

Hasta el momento los incumplimientos con proveedores, explican, son la razón de la demora en la mejora del nivel de actividad. Una vez renegociadas las deudas y encargadas las piezas, estas se demorarán de 6 a 18 meses en llegar.

La Argentina ganó un caso en el Ciadi

(La Nación) - Rechazaron un planteo de inversores españoles realizado en 2007.

Un Tribunal Arbitral internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) rechazó un reclamo en contra de la Argentina en concepto de indemnización planteado por las demandantes.

Se trata del caso Urbaser y Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia contra la Argentina (Caso Ciadi Nº ARB/07/26), en el que se resolvió rechazar un reclamo de varios millones de dólares.

El Ciadi rechazó un reclamo en contra de la Argentina en concepto de indemnización planteado por las demandantes. Foto: Archivo

El tribunal estuvo conformado por los profesores Andreas Bucher (suizo), Pedro J. Martínez-Fraga (estadounidense) y Campbell McLachlan (neozelandés). La defensa de la República Argentina en este caso fue llevada cabo por la Procuración del Tesoro de la Nación a cargo de Carlos Francisco Balbín, que es el cuerpo de abogados del Estado que, entre otras competencias, tiene a su cargo la defensa en los juicios iniciados contra el Estado.

El reclamo había sido presentado en 2007 por empresas españolas (Urbaser y CABB), debido a su participación en Aguas del Gran Buenos Aires (AGBA), una sociedad creada por inversionistas y accionistas extranjeros, a la que se le adjudicó, a principios de 2000, la concesión de servicios de agua potable y saneamiento en la provincia de Buenos Aires.

Las demandantes argumentaban que la Argentina había violado diversas obligaciones contenidas en el Tratado Bilateral de Inversiones celebrado en 1991 entre la Argentina y España, tales como la prohibición de expropiación o adopción de medidas injustificadas o discriminatorias y la obligación de dar trato justo y equitativo.

Esto, debido a la adopción de medidas relativas al régimen tarifario (pesificación y congelamiento de tarifas), entre otras, tal como la rescisión del Contrato de Concesión por parte de la provincia de Buenos Aires en 2006, pasando el servicio a manos estatales. Las empresas españolas reclamaban una indemnización de US$ 316.418.672 más intereses.

Anunciarán recortes de subsidios y en el Estado

Por Mariano Obarrio - LA NACION
El Gobierno prepara medidas para intentar equilibrar las cuentas.

Preocupado por enviar señales positivas a los inversores para lograr la reactivación, el gobierno de Mauricio Macri prepara medidas de fuerte restricción de caja para terminar 2016. Pondrá un gran énfasis en explicar la política fiscal de reducción del gasto para cumplir en 2019 con la meta de déficit de 1,5% del PBI.

El equipo del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, trabaja en esas dos líneas. Debe calmar las críticas de los sectores más ortodoxos dentro y fuera del Gobierno, que desaconsejan el gradualismo y exigen más celeridad en el equilibrio fiscal.

El programa fiscal de Macri prevé una meta de déficit de 4,8% para 2016; de 4,2% en 2017; de 3% en 2018 y de 1,5% en 2019. El gran interrogante es si lo podrá cumplir al ritmo actual de gasto. Para alcanzar el rojo de 4,8% este año, se analiza alguna medida inmediata de recorte de partidas vigentes en algunas áreas y, en algunos casos, una reasignación a otras, como obras públicas, que tengan efecto reactivador.

"Todos los anuncios recientes para asegurar la paz social implicaron fuertes gastos y nos obligan a una restricción de caja muy fuerte en el último mes", confiaron a LA NACION altas fuentes del ala política y económica.

Con miras a 2019, Macri y Prat-Gay pondrán énfasis en cuatro pilares para equilibrar las cuentas: rebaja de subsidios a la energía vía aumento de tarifas; saneamiento de la administración y de las licitaciones; rebaja del personal del Estado, y mejora de la recaudación fiscal por el efecto de la reactivación.

La preocupación de Macri por las cuentas públicas quedo al descubierto en los últimos días. Reclamó fuertes recortes a sus ministros en el "retiro espiritual" de Chapadmalal (ver aparte). Y tanto él como el jefe del Gabinete, Marcos Peña, señalaron que "el déficit fiscal no es sostenible en el mediano plazo".

Según pudo saber LA NACION, el Gobierno percibió preocupación de sectores empresarios que demoran sus inversiones porque el rojo fiscal siembra dudas sobre la lucha contra la inflación y, por ende, en la rentabilidad de sus negocios.

Por otro lado, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, reclama mayor celeridad para achicar la brecha fiscal para apurar la baja de la inflación y la salida de la recesión, según su punto de vista.

Prat Gay replica que Sturzenegger debería acelerar la baja de las tasas que fija el BCRA -hoy en 24,75%- para reactivar la economía. Para el titular de la autoridad monetaria, las tasas aún altas son la única ancla antiinflacionaria.

Macri y Prat-Gay defienden la suba del gasto de principios de año: reactivó, dicen, algunos sectores como el campo y la minería, y alivió en $ 50.000 millones el pago de Ganancias a los trabajadores, entre otras cosas. Sirvió para desactivar una crisis, junto a la salida del cepo y el pago a los holdouts.

Más recientemente, la suba en $ 10.000 millones para aumentar planes sociales, bonos de fin de año, reparación histórica de jubilados, la exención de ganancias al medio aguinaldo y los $ 30.000 millones en tres años para la emergencia social para piqueteros buscaron "garantizar la paz social". El gradualismo atendió necesidades políticas, aunque a veces sin contraprestaciones positivas, algo que se debate hoy en Balcarce 50.

Por eso, Prat-Gay acelerará su estrategia. Recortará subsidios a la energía (luz, gas y petróleo) en casi 1% del PBI por año en 2017, en 2018 y en 2019, vía aumento de tarifas. Apuesta a más transparencia y menos corrupción, lo cual disminuiría un 20% el costo de contratos y licitaciones del Estado por sobreprecios. El tercero es reducir el sector público nacional en un 3% anual. Por último, el crecimiento económico, estima Prat-Gay, depararía una mejor recaudación fiscal y achicaría el rojo.

La negociación de leyes le requirió al Gobierno unos $ 72.000 millones

Por Laura Serra - LA NACION
Si bien el monto parece elevado, representa sólo el 3,6 % del presupuesto 2017; incluye las partidas para jubilados, provincias, organizaciones sociales y pymes.


En las postrimerías del primer año parlamentario de la presidencia de Mauricio Macri , el balance se anticipa positivo: el Congreso aprobó la mayoría de las leyes que el Poder Ejecutivo consideraba más relevantes para arrancar la gestión, sobre todo las económicas. Obligado por su condición de minoría en ambas cámaras, el Gobierno se vio forzado a negociar con la oposición y a abrir el bolsillo de las arcas fiscales para conseguir los ansiados votos. Con todo, estas negociaciones le insumieron, este año, unos 72.000 millones de pesos, una cifra que parece elevada, pero que en realidad representa sólo el 3,6% del total de gastos previstos en el presupuesto 2017.

La ley de reparación histórica a los jubilados y blanqueo de capitales; la de fomento a las pymes y la de presupuesto 2017 son las tres normas económicas que, fruto de la negociación con los bloques opositores, debieron tener un costo fiscal mayor al previsto originalmente ya que el Gobierno se vio obligado a ceder recursos. Las tres insumen un costo extra de alrededor de 25.000 millones de pesos, estimó el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Luciano Laspina (Pro-Cambiemos), principal espada negociadora del oficialismo con sus pares de la oposición en las leyes económicas.

"Las negociaciones han sido exitosas porque, a pesar de que somos minoría en ambas cámaras, pudimos aprobar todas las leyes que requería el Gobierno sin incrementar demasiado el gasto público. Ese es un mérito compartido con la oposición, que mantuvo una actitud racional y madura, atenta a la gobernabilidad en este primer año de gestión Además, con el aporte de los distintos bloques, hemos mejorado muchas de las leyes que vinieron del Poder Ejecutivo", destacó Laspina.

El diputado Marco Lavagna, del Frente Renovador, coincidió. Lavagna, uno de los hombres de mayor confianza de Sergio Massa, es uno de los interlocutores clave del oficialismo a la hora de negociar las leyes económicas, junto a los diputados Diego Bossio, Oscar Romero, Pablo Kosiner y Sergio Zillioto, del Bloque Justicialista. "Es verdad, las negociaciones han sido muy productivas y no demandaron un costo elevado al Estado. Actuamos con responsabilidad, porque si bien somos oposición, no queremos causarle daño al Estado", enfatizó Lavagna.

A estas tres leyes negociadas en el Congreso se suman dos acuerdos clave que el Gobierno consensuó, por su parte, con gobernadores y organizaciones sociales, los cuales permitieron destrabar conflictos con la oposición y facilitar la sanción de distintas normas.

Uno de ellos es el de emergencia social, que demandará un desembolso del Estado de $ 30.000 millones en los próximos tres años. Este acuerdo, que tendrá media sanción este martes en la Cámara baja (y será ley antes de fin de año), fue una cesión del Gobierno ante la fuerte presión de organizaciones sociales y piqueteras, que habían logrado que la oposición en el Senado aprobara una iniciativa todavía más gravosa para las arcas del Estado. Para evitar que ésta se convirtiera en ley, los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social llegaron a un acuerdo con las organizaciones, por el cual éstas resignaron la obligación del Estado de crear un millón de puestos de trabajo y el Gobierno, por su parte, aceptó financiar el salario social complementario y la creación del registro de trabajadores de le economía informal como una nueva institución.

El segundo acuerdo es el que selló el Poder Ejecutivo con los gobernadores para la devolución escalonada del 15% en materia de coparticipación federal. Según lo pactado, este año el Gobierno debió girar a las provincias $12.386 millones de pesos (3% de la devolución de la coparticipación) a los que se suman $24.771 millones del préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (6 % de adelanto). En total serán 37.157 millones de pesos.

En 2017, el Estado nacional girará $28.340 millones (6% de devolución de fondos coparticipables), más $14.170 millones del préstamo (3% de adelanto), lo que resulta en $42.510 millones en total. En 2018, la devolución alcanzará $46.799 millones; en 2019, el giro será de $ 65.518 millones y en 2020, de $ 62.222 millones.

Este acuerdo fue incluido en la recientemente sancionada ley de presupuesto 2017 para facilitar su aprobación. En dicha iniciativa, el oficialismo también debió acceder a distintos reclamos de las provincias: una suma adicional de $ 5.000 millones en el Fondo Sojero que se distribuirá de acuerdo a los índices de coparticipación; $ 8000 millones -de un monto total de $ 14.000- para distribuir en forma automática a las provincias que conservan en su poder las cajas previsionales para cubrir su déficit y un refuerzo de $ 4500 millones para el Ministerio del Interior para realizar acueductos y obras hídricas solicitadas por las provincias.

Otra de las leyes que podría insumir un mayor gasto para el Estado es la reforma del impuesto a las ganancias. La iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo, que establece un 15% de suba del mínimo no imponible del tributo y profundos cambios en las escalas, tiene un costo fiscal previsto en el presupuesto de $ 27.000 millones. La oposición pretende elevar ese costo para que el piso mínimo sea más elevado y, así, menos contribuyentes paguen el impuesto. Para compensar ese gasto, propone eliminar varias exenciones y crear un impuesto al juego. El Gobierno, si bien aceptó algunas sugerencias de la oposición, no quiere agudizar todavía más el rojo fiscal. El final de la historia se conocerá este martes, en el recinto.

Aumenta la deuda en dólares por el déficit de las provincias

Por Lucrecia Bullrich - LA NACION
Nueve distritos se endeudaron por un total de US$ 7060 millones en 2016; la provincia de Buenos Aires encabeza el ranking

Acorraladas por un déficit generalizado y creciente y con la venia del gobierno de Mauricio Macri , las provincias recurrieron a préstamos en el exterior para financiarse. En lo que va del año se consolidó una tendencia: la supremacía de la deuda en dólares por sobre la emitida en pesos. Hasta octubre de este año, el pasivo en moneda extranjera representó el 55 por ciento del total, 25 puntos porcentuales más que en los tres años anteriores.

El dato surge de las conclusiones principales de un estudio elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) sobre la base de información oficial.

La redolarización de la deuda de los estados provinciales se da en un contexto de endeudamiento general y déficit en alza desde que Macri asumió, hace casi un año. Da cuenta además de un giro político. El Gobierno accedió a que las provincias se endeudaran en el exterior para paliar el desequilibrio fiscal de la mayoría. Tomar deuda en el exterior sólo es posible con autorización del Poder Ejecutivo nacional.

Hasta octubre, nueve provincias habían emitido deuda por US$ 7060 millones, mientras que al mes de junio diez distritos habían optado por préstamos en moneda nacional por un total de $ 39.822.

El detalle del estudio indica que el ranking de las endeudadas en títulos públicos en dólares tiene a Buenos Aires al tope, con US$ 3000 millones. La siguen la ciudad de Buenos Aires, con US$ 900 millones; Córdoba, con US$ 875 millones, y Chubut, con US$ 700 millones.

El resto de las provincias que se endeudaron en el exterior son Mendoza (US$ 500 millones), Salta (US$ 350 millones), Santa Fe (US$ 250 millones) y Neuquén (US$ 235 millones).

Walter Agosto, investigador principal del Programa de Política Fiscal del Cippec y autor del informe, indicó que el aumento de la deuda en dólares que se acumuló en los primeros 10 meses del año se detuvo en las últimas semanas y que terminará el año sin mayor variación. Atribuyó el cambio al triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos y al aumento de la tasa de interés. "Por el efecto Trump, salvo algún caso de extrema necesidad, nadie va a salir a tomar deuda en dólares", dijo a LA NACION. "El financiamiento sigue estando disponible, pero a costo mayor. Además, el mundo está en estado de «wait and see» (esperar y ver), y eso también se ve en el país", añadió.

Un ejemplo claro es el del gobernador de Entre Ríos, el peronista Gustavo Bordet, que hasta hace pocos días había evaluado la posibilidad de tomar un préstamo en el exterior para pagar el medio aguinaldo de diciembre en tiempo y forma. Finalmente desistió por el nivel de tasas que le ofrecían.

Además de la deuda en dólares, creció el endeudamiento en pesos de las provincias, aunque en línea, e incluso por debajo, de la inflación. Siempre según el relevamiento del Cippec, el stock de deuda provincial rondaba los $ 256.000 millones el año pasado y este año trepó a los $ 343.000 millones, es decir, un 33,9 por ciento más

Hasta octubre, nueve provincias habían emitido deuda por US$ 7060 millones
Hasta octubre, nueve provincias habían emitido deuda por US$ 7060 millones. Foto: Archivo
Más que la suba nominal, es útil y significativo observar cómo evolucionó la relación entre la deuda y los recursos totales de las provincias. Ese cruce muestra que mientras en 2015 la deuda representaba el 26% de los recursos totales de las provincias, en lo que va del año ese porcentaje trepó al 29%.

Según estimaciones oficiales, el déficit consolidado de las provincias subirá del 0,9 por ciento del PBI, que es la marca del año pasado, al 1,3% de este año.

Otro dato elocuente de la delicada situación fiscal de las provincias es que la mayoría debió recurrir a adelantos de coparticipación para financiarse a lo largo del año.

Buenos Aires también encabeza ese podio, con adelantos por $ 3500 millones, el 22% del total, entre enero y septiembre. Por debajo están Jujuy ($ 2710 millones), Neuquén (2000 millones), Mendoza ($ 1800 millones) y Entre Ríos ($ 1200 millones). El Gobierno pretende encaminar la situación financiera de las provincias en los próximos tres años. Con ese objetivo ideó un régimen de responsabilidad fiscal que se aprobará junto con el presupuesto 2017. El plan busca regular la evolución del gasto público, el resultado fiscal y el nivel y destino del endeudamiento.

Las provincias que terminen este año con déficit deberán reducirlo en un 10% en 2017. Las que terminen con las cuentas en orden, en cambio, no estarán sujetas a la autorización de la Nación para endeudarse, siempre que esa deuda se destine a obras de infraestructura.

Qué significa
Del editor: Mauricio Macri marcó un giro en materia de endeudamiento respecto de Cristina Kirchner al permitirles a las provincias tomar más préstamos en el exterior en dólares; con las cuentas comprometidas por el déficit heredado y una economía que no termina de poner primera, ése fue el mecanismo que encontró para descomprimir la situación en algunos distritos.

Una empresa vinculada a Cristóbal López recibió $ 490 millones de Enarsa

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
La compañía se llama Remasa; cobró esa suma de la firma estatal por servicios que no completó; críticas de la actual administración.


El provecho económico que Cristóbal López le sacó al kirchnerismo estuvo lejos de limitarse a una deuda de $ 8000 millones impaga con la AFIP o a la compra de empresas petroleras, de medios o alimentarias. Remasa, una compañía joven y casi desconocida relacionada con el empresario patagónico, recibió de Enarsa, la empresa estatal de energía, pagos por $ 490,48 millones por servicios que no completó, en el marco de un contrato que originalmente duraba dos años, pero se extendió por seis. Así lo corroboró LA NACION sobre la base de información de diversos organismos públicos.

La relación comercial entre Remasa y Enarsa comenzó en 2006, cuando estaba al frente de la empresa estatal Exequiel Espinosa, un ejecutivo que había trabajado para el empresario patagónico y se hizo célebre porque un avión que pagó la compañía estatal en su gestión trajo al país al venezolano Guido Antonini Wilson con US$ 800.000.

El convenio está bajo investigación. La nueva gestión de Enarsa, a cargo de Hugo Balboa, ordenó una auditoría sobre el contrato. La terminó hace algunas semanas y la pasó a la Oficina Anticorrupción, que maneja Laura Alonso. En forma paralela, le pidió a un estudio de abogados que analizara las pruebas en contra de la empresa relacionada con López para evaluar la posibilidad de presentar una denuncia penal.

La relación con López está dada por el directorio de Remasa. El presidente era Carlos Leone, quien también condujo Paraná Metal, la autopartista del empresario, mientras que el vicepresidente era Raúl Esteban Zamora, quien tenía domicilio en la misma dirección donde funcionaban las oficinas de Oil M&S (el séptimo piso de Córdoba 657, en la ciudad de Buenos Aires), una empresa del Grupo Indalo, el holding de López.

Voceros de López aseguraron a LA NACION que ni el empresario López ni ejecutivos del grupo fueron accionistas en Remasa. Y que el holding del empresario le hizo sólo dos obras chicas. Según el acta de directorio del 30 de noviembre de 2006, Enarsa le adjudicó a la compañía Registros Mineros SA (Remasa) la confección del Proyecto de Base Integral de Datos de Hidrocarburos, que tenía por objetivo reunir en un solo espacio información geológica de todas las provincias. Allí aparecen dos grandes irregularidades: por un lado, la compañía estatal le otorga a una empresa relacionada con un empresario petrolero el manejo de información sensible a la que no tenían acceso sus competidores. Las fechas son también sugestivas. Si bien Remasa ganó la licitación a fines de 2006, recién quedó inscripta en la Inspección General de Justicia (IGJ) el 22 de febrero de 2007, casi tres meses después de haberse quedado con un negocio millonario.

El hecho de haberse presentado "en proceso de creación" no le impidió a Remasa torcerles la muñeca a Halliburton y Schlumberger, posiblemente las dos mayores compañías de servicios petroleros del planeta. Ambas perdieron a manos de la firma autóctona, que hasta ese momento no pudo acreditar experiencia en el manejo de los datos que se le pedía.

La fortaleza de Remasa estuvo en el pliego de la licitación. Según la evaluación que hizo Enarsa, la joven empresa presentaba antecedentes técnicos similares a los de las compañías internacionales, según un documento que vio LA NACION.

La auditoría de Enarsa indica que la matriz utilizada para calificar y ponderar las propuestas fijó el mayor puntaje al enfoque general del proyecto, a la solución técnica y a la metodología de implementación, que se hizo de forma arbitraria.

Además, el pliego de la empresa estatal de energía no contó con cláusulas que restringieran la participación de empresas con posibles conflictos de intereses, algo que les permitió a los directores de empresas de López contar con información a la que otras petroleras no podían acceder. Desde febrero de 2007 hasta junio del año pasado, Enarsa renovó sistemáticamente el contrato con la compañía vinculada a López. Pasaron ocho años, cuando la relación comercial prevista originalmente era de dos años.

En marzo de 2009, con la primera renovación, el directorio de la compañía estatal aprobó un incremento del 5% en los honorarios, pero los costos para la empresa superaron el 53 por ciento. Y se estableció el monto a pagar en dólares (algo que se repitió hasta el final del contrato), cuando la moneda original del convenio eran los pesos.

Las irregularidades continúan y se extienden a otras empresas. Enarsa contrató a la consultora ADQ para evaluar la razonabilidad de contratar a la empresa de López. Primera rareza: la compañía estaba en concurso preventivo de acreedores, una condición desfavorable para sumar cualquier trabajo, algo que no le importó a la compañía que manejaba Espinosa.

El consultor de tecnología de esa consultora también prestaba en ese momento servicios para Conexia, otra consultora a la que Enarsa contrató más tarde para el soporte técnico, control y cumplimiento del contrato con Remasa. Hasta el momento del contrato, la firma no tenía experiencia ni personal con experiencia en esa clase de trabajos. Le pagaron $ 17 millones.

A la medida del empresario K

Una concesión polémica - Remasa, una compañía casi desconocida relacionada con él, recibió de Enarsa, la empresa estatal de energía, pagos por $ 490,48 millones en servicios que no completó

Los vínculos - El presidente de Remasa era Carlos Leone, que también condujo Paraná Metal, la autopartista del empresario. Raúl Esteban Zamora, el vice, tenía domicilio en la las oficinas de la petrolera Oil

La investigación - El convenio está bajo investigación. La nueva gestión de Enarsa, a cargo de Hugo Balboa, ordenó una auditoría sobre el contrato

Intiman a un empresario a devolver US$ 124 millones

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Se trata de Miguel Schwartzbaum, dueño de la firma Renesa, que había recibido los fondos de De Vido por una planta que nunca terminó

El desértico paisaje de Cutral Có se vistió de lujo y fiesta la mañana del 10 de octubre de 2011. 

Desde la carpa montada para la ocasión se podían ver las torres, el acero y las tuberías de Renesa, un proyecto que ayudaría a compensar el déficit en la oferta de combustibles que tenía la Argentina. El emprendimiento era importante para el kirchnerismo, a tal punto que el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, fue hasta ese paraje, y la entonces presidenta Cristina Kirchner participó de la reunión por teleconferencia.

Miguel Schwartzbaum. Foto: www.rionegro. com.ar.

Cinco años después, la imagen cambió completamente. El proyecto del empresario Miguel Schwartzbaum, que fue apadrinado por el gobierno anterior mediante un plan de estímulos fiscales promovido por De Vido, está parado. Y la administración de Mauricio Macri quiere recuperar el dinero que puso allí el Estado.

Después de revisar el expediente, el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, concluyó que Renesa le debe al erario US$ 124 millones por beneficios que recibió fuera de regla, algo que deberá reintegrar en no más de 30 días contados desde el 12 del actual, cuando Aranguren firmó la resolución que intima a la firma de Schwartzbaum, según confirmaron a LA NACION fuentes al tanto de la decisión.

Según el Gobierno, Renesa recibió millonarios beneficios fiscales de manera irregular porque no cumplió con los plazos de terminación de la obra, nunca aportó la producción de combustibles que había prometido para acceder a los subsidios del programa Refino Plus y pidió diversas revisiones para recibir más fondos del Estado.

En noviembre de 2008 se creó el programa Refino Plus, que contemplaba la entrega de certificados de crédito transferibles a su valor nominal a quienes presentaran proyectos de inversión en nueva capacidad de refinación. El programa estableció una forma de otorgamiento gradual. El 1° de julio de 2009, Renesa pidió un incremento en su presupuesto de $ 131 millones. En la misma fecha, la empresa elevó los costos del proyecto, al aducir recomendaciones de la Secretaría de Energía, que manejaba Daniel Cameron.

Aunque las obras principales debían estar concluidas en 24 meses, no se cumplió con el plazo. Según el expediente, la primera manifestación sobre la imposibilidad de la puesta en marcha de la planta en el plazo comprometido fue realizada por la compañía el 28 de julio de 2011, después del vencimiento del plazo, aunque no presentó documentación que permitiera justificar la demora. "Dejamos de producir en febrero de 2014 porque se permitió la importación sin pagar el impuesto a la transferencia de combustibles. Se importaron 600.000 m3, por lo que no pudimos producir", argumentaron fuentes de la empresa.

Según la documentación que maneja la actual gestión, un proyecto que al momento de su aprobación requería una inversión de poco más de US$ 77 millones terminó costando US$ 124,24 millones.

Según el equipo de Aranguren, al momento de girarle fondos la gestión de De Vido omitió hacer ajustes y reducciones por incumplimientos. Por caso, Renesa nunca produjo más del 1% del total de combustibles prometidos. Por ese motivo, la intimó a devolver los US$ 124 millones más intereses que recibió del Estado. De lo contrario, llevará su reclamo a la Justicia.

Proyecto inconcluso

Beneficios fiscales - La firma Renesa, del empresario Miguel Schwartzbaum, recibió financiamiento de la gestión de Julio De Vido para la construcción de una planta de producción de combustibles

Obra sin terminar - Los fondos correspondían a un proyecto en la ciudad neuquina de Cutral Có que nunca se terminó

Intimación - Ahora, el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, reclama la devolución de US$ 124 millones en un plazo de treinta días

Pagan otros US$ 475 millones a acreedores

(La Nación) - El Gobierno canceló reclamos judiciales y no judiciales.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas  Alfonso Prat Gay anunció que pagó ayer títulos que estaban en default por US$ 475 millones, como parte del proceso de normalización financiera que viene llevando adelante el Gobierno desde que asumió, en diciembre pasado.

Ayer se concretaron pagos a tenedores de títulos en default por un valor de 103 millones dólares y 351 millones de euros, por acuerdos realizados entre el 22 de abril y el 11 de noviembre, según informó la cartera que conduce Alfonso Prat-Gay a través de un comunicado.

Durante este período y como resultado del proceso de reconciliación de reclamos, se confirmaron un total de 520 acuerdos presentados según lo previsto en la página web www. aipsubmission. mecon. gob.ar y otras 2715 Cartas de Transmisión (Letter of Transmital) de la oferta lanzada en Alemania para tenedores de bonos regidos por la ley alemana.

"Estos pagos cancelan reclamos judiciales y no judiciales por montos equivalentes a 850 millones de dólares, los que representan una quita aproximada del 44% y un ahorro de 375 millones para Argentina", subrayó el Ministerio.

Las cancelaciones de deuda en atrasos y el cumplimiento de los servicios de la deuda a la fecha superan los 48.850 millones de dólares. "Todas estas deudas contraídas y/o no resueltas por el gobierno anterior, no podían haberse honrado sin el renovado acceso al crédito conseguido durante este año", destacó el comunicado oficial.

El Gobierno rescindiría concesiones de peajes de Cristóbal López

Por Lucía Salinas - Clarin.com
Las autopistas Ricchieri y Ezeiza-Cañuelas. Como sus empresas deben $ 500 millones en concepto de peajes, Vialidad dejaría sin efecto dos contratos.


Las deudas de Cristóbal López con el Estado se acumulan y aumentan. Mientras que intenta conseguir una moratoria que ya fue rechazada por la AFIP, para pagar parte de los $ 8.000 millones que no tributó durante el gobierno de Cristina Kirchner con su empresa Oil Combustibles, tiene otro frente abierto con Vialidad Nacional que le reclama un saldo de casi $ 500 millones por los fondos correspondientes al Recurso de Afectación Específica (RAE), una tasa que deben pagar las concesionarias del dinero abonado en las los peajes de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. El empresario K interpuso una medida cautelar para evitar que la actual gestión le rescinda el contrato que buscó garantizarle el gobierno kirchnerista antes de dejar la Casa Rosada.

Cuando las aguas parecían calmarse, un nuevo enfrentamiento se reavivó entre el Estado y AECSA -firma donde Esuvial es dueña en el 70 % de las acciones, esta empresa está constituida por CPC (constructora de López) en un 99,12% y Carlos De Sousa en el restante 0,08%. La sociedad es la responsable de la concesión de las autopistas Riccheri y Ezeiza - Cañuelas, y arrastra una antigua y millonaria deuda que se niega a pagar.

Según los números oficiales a los que accedió Clarín, el empresario kirchnerista investigado por defraudación al Estado, adeuda a la fecha a Vialidad Nacional $ 355.840.821 de capital y $ 119.214.090 de intereses, lo que arroja un valor de $ 475.054.911. La firma sostiene, sin embargo, que el Estado también tiene una deuda con ellos, por los años que no le permitieron modificar la tarifa del peaje. Esto está bajo análisis para ver qué camino se toma y poder darle una solución.

Al inicio de este año y bajo la nueva gestión de la Dirección  de Vialidad Nacional a cargo de Javier Iguacel, la empresa de López comenzó a pagar el RAE correspondiente al 2016, pero no reconoce la deuda anterior que el organismo vial está dispuesto a cobrar. El dinero debía destinarse a obras viales en las autopistas cuya concesión tiene la firma que maneja el empresario K investigado por los $ 8.000 millones que no tributó ante la AFIP correspondientes al impuesto al combustible.

Vialidad Nacional insiste en que corresponde que Cristóbal López “cancele la deuda” en la que “el Estado tampoco cumplió en exigirle el pago de la misma durante años”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.

La disputa es aún mayor. La anterior gestión firmó una extensión del contrato por los próximos 30 años a favor del “zar del juego”. Previo al 10 de diciembre sólo Gustavo Gentilli ex director del Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi) logró firmarlo, no así las autoridades de Vialidad Nacional.

La actual gestión decidió no firmar este contrato y no aceptará otorgar por tres décadas más la concesión a la firma de López. "Extendiendo por esa cantidad de años la concesión,  además de pagar la deuda que el Estado tiene con la empresa, se le estarían dando $ 5.000 millones más", explicaron fuentes oficiales.

No está previsto un llamado a concurso en el corto plazo, ya que el contrato original tiene vigencia hasta marzo de 2021, pero el empresario K anticipándose a futuras decisiones, interpuso una medida cautelar para evitar que DVN le rescinda el contrato de concesión sobre las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. También presentó un recurso administrativo contra el organismo vial sosteniendo que no correspondía “rechazar la firma del contrato que se concretó durante la anterior gestión”, que le garantizaba el negocio por 30 años más.

El FMI levantó la sanción a la Argentina

(La Nación) - Señaló que se normalizó la medición de precios

El Fondo Monetario Internacional (FMI) levantó ayer la sanción que pesaba sobre la Argentina por la manipulación de sus estadísticas, especialmente el índice de precios al consumidor (IPC), y afirmó que tras las modificaciones implementadas por el gobierno de Macri se "ajustan a las normas internacionales".

"El Directorio Ejecutivo adoptó una decisión por medio de la cual levanta la declaración de censura y la expresión de preocupación", dijo el organismo en un parte de prensa.

La decisión fue adoptada por el Directorio Ejecutivo durante una reunión en la que se evaluó el último informe, que rubricó la directora gerente, Christine Lagarde, sobre la evolución de la metodología implementada por el país luego del cambio de autoridades.

En septiembre de 2013 el FMI había impuesto una moción de censura sobre la Argentina debido a las inconsistencias que mostraba el cálculo de inflación durante la presidencia de Cristina Kirchner, con Hernán Lorenzino al frente del Ministerio de Economía y Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio. "Los directores ejecutivos elogiaron la determinación de las (nuevas) autoridades por abordar las limitaciones metodológicas del IPC y el importante progreso realizado con las acciones específicas relativas a los datos sobre la inflación", indicó el FMI.

El organismo sostuvo que "la relación de asistencia técnica entre el personal ejecutivo y las autoridades ha sido sumamente cooperativa y productiva".

"En consecuencia, el Directorio Ejecutivo concluyó que el IPC de Argentina se ajusta ahora a las normas internacionales", recalcó el FMI. Añadió que "teniendo en cuenta que en su reunión de agosto último había determinado que las estadísticas sobre el PBI ya se ajustaban a las normas internacionales, el Directorio Ejecutivo determinó que Argentina actualmente brinda al FMI información sobre el IPC y el PBI de manera acorde con las obligaciones que contempla el Convenio Constitutivo del FMI".

"La decisión adoptada por el Directorio del FMI de levantar la declaración de censura es testimonio de los extraordinarios esfuerzos desplegados por el nuevo gobierno argentino para fortalecer el organismo encargado de las estadísticas nacionales y producir datos fiables y fidedignos", dijo Lagarde tras la reunión.

El Ciadi podría anular un fallo que condenaba a la Argentina a pagar US$ 393 millones

Por Diego Cabot - LA NACION

Se presentará un pedido de nulidad por conflicto de intereses de un árbitro en la causa de Suez en la que se condenó al país a pagar ese monto más intereses a las ex concesionarias de Aguas Argentinas y Aguas Provinciales de Santa Fe.

El Ciadi había condenado al Estado a pagar US$ 393 millones más intereses a los ex concesionarios de Aguas Argentinas por la rescisión del contrato en 2006.. Foto: Télam.

Podrían llegar buenas noticias para el Gobierno desde Washington. El tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi, según sus siglas en inglés) debate por estas horas si anular o no un laudo en el que se había condenado a la Argentina a pagar US$ 393 millones más intereses a las empresas francesas Suez y Vivendi y a la española Aguas de Barcelona, ex concesionarias de Aguas Argentinas y de Aguas Provinciales de Santa Fe. El motivo de la revisión de aquella medida tiene que ver con una formalidad que, según los abogados argentinos, vició el procedimiento. Sucede que uno de los árbitros del tribunal tenía un conflicto de intereses ya que se desempeñaba al mismo tiempo como director de un banco internacional que, a su vez, era principal accionista de dos de las demandantes, Suez y Vivendi.

Será una semana de novedades. Mañana y pasado habrá audiencias en el Ciadi donde la Argentina expondrá sus objeciones. De hecho, el Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, está en Estados Unidos a la espera de la resolución.

Las tres compañías demandaron al Estado argentino por considerar que en 2006 rescindió "unilateralmente" el contrato suscripto en 1993. Suez y Aguas de Barcelona eran accionistas de las empresas de servicios públicos que tenían la concesión por 30 años del suministro de agua y de desagües cloacales en Buenos Aires y en Santa Fe. Las tres empresas eran las accionistas de Aguas Argentinas, cuyo contrato rescindió el presidente Néstor Kirchner en 2006. Entonces, la Casa Rosada le recriminó a la compañía fuertes incumplimientos contractuales, especialmente, en las obras de expansión de la red. La empresa siempre se escudó en la palabra fallida del gobierno argentino, que congeló las tarifas aún antes de que la caída de la convertibilidad cambiara la ecuación económica del contrato.

Antes de que la relación se rompa, Aguas Argentinas y el gobierno de Kirchner firmaron una renegociación contractual provisoria. El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, fue el que encabezó aquel acuerdo. Pero el ala dura de aquel gabinete, representada por el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, primó y poco después se rescindió la concesión. Fue el ahora detenido José López el encargado de llevar adelante la medida. Desde ese momento el servicio quedó en manos de otra empresa, Aguas y Saneamiento (AySA), cuna sociedad anónima cuyas acciones son del Estado Nacional.

Los abogados argentinos aspiran a que en caso de que se acepte el pedido de nulidad, además de anularse el laudo, se termine el juicio. Pero, abogados al fin, saben que podría darse el caso de que lo que se anule sea la decisión y que luego se proceda a formar un nuevo tribunal y a dictar un nuevo laudo. En ese caso, la Argentina no sólo habrá ganado tiempo -estos trámites llevan al menos dos o tres años- sino también objetividad en la decisión.

El BID prestará US$ 6000 millones

(La Nación) - El directorio aprobó la estrategia para la Argentina hasta 2019.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó ayer su Estrategia de País para la Argentina. Se trata del plan marco de financiamiento para este año y hasta 2019, que incluye desembolsos por unos US$ 6000 millones.

"La Estrategia hace hincapié en alcanzar un mayor crecimiento a través de la generación de empleo y la reducción de las desigualdades sociales", señaló el Ministerio de Hacienda en un comunicado. "En esa dirección, el Grupo BID anunció que apoyará al gobierno nacional a través de sus ventanillas pública y privada, actuando coordinadamente para maximizar el impacto de las intervenciones", continuó.

Según surge del detalle de la estrategia, el BID prevé incrementar su financiamiento hacia el país en los próximos años. Comenzará este año con US$ 1133 millones, y llegará a sumar un total de US$ 6000 millones con Garantía Soberana (GS) para el final de 2019. A este monto se sumarían asimismo los recursos que aporte la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) a los proyectos del sector privado. La Argentina también podrá acceder a todos los instrumentos de financiamiento del banco, incluyendo los préstamos de reforma de política.

El directorio del BID aprobó a su vez ayer el informe de la Evaluación Independiente de Condiciones Macroeconómicas de Argentina, y levantó las restricciones impuestas desde el 1° de julio de 2014 en los préstamos que otorga al país.

"La aprobación de este informe permite el acceso de la Argentina a los recursos de financiamiento ofrecidos por la organización crediticia, sin restricciones en el ritmo de desembolsos ni en el tipo de instrumento. De esta manera, inicia una nueva etapa de normalización en el diseño de proyectos y el trabajo conjunto con la institución multilateral", afirmó el comunicado de Hacienda.

La decisión del BID marca un cambio no sólo en la relación de la Argentina con el organismo -que durante el kirchnerismo incluso tuvo problemas para lograr que su directorio votara una Estrategia de financiamiento para el país-, sino del Gobierno con la comunidad internacional.

El arreglo con los holdouts, la mejora de las estadísticas y un mejor clima de inversiones contribuyeron en gran medida para que en los organismos multilaterales de crédito se volvieran a abrir las puertas para la Argentina.