Fondos como para atravesar un año sin sobresaltos financieros

Por Miguel A. Kiguel - LA NACION

Con la colocación de ayer de 7000 millones de dólares en bonos a 5 y 7 años, el Gobierno logró despejar las dudas respecto de su capacidad de conseguir los fondos para cumplir sin sobresaltos el programa financiero de este año.

Este no es un tema menor, ya que desde la elección de Trump en noviembre del año pasado comenzaron a alzarse voces que expusieron dudas sobre las posibilidades de conseguir los fondos. Las preocupaciones eran fundadas, dado que según nuestros cálculos había que ir a buscar al mercado externo unos 20.000 millones de dólares y otros 15.000 millones en el mercado local.

El principal temor era, y en alguna medida sigue siendo, que una política fiscal expansiva en Estados Unidos aumente la demanda de fondos y la tasa de inflación y que, en consecuencia, haya una suba en las tasas de interés tanto de corto como de largo plazo. Esto generaría una menor oferta de fondos para los países emergentes y en un caso extremo incluso podría llevar a que se cierren los mercados financieros, como ha pasado muchas veces en el pasado, y que no haya financiamiento a ninguna tasa de interés (¿Se acuerdan de la crisis de Lehman Brothers?).

Ante ese panorama, el Gobierno se anticipó, ya que a la colocación de los 7000 millones le sumó un crédito con bancos por 6000 millones de dólares a 18 meses. De esta forma, apenas comenzado el año, se aseguró más de la mitad de los fondos externos, que era la principal fuente de preocupación.

El resto del programa se podrá ir cumpliendo en forma gradual aprovechando las oportunidades que vayan surgiendo tanto local como internacionalmente, aunque el grueso del financiamiento debería venir del mercado local, que es más previsible y donde los montos que el Tesoro busca debería ser relativamente fácil de obtener dada la base inversora que hoy existe en el país.

Si este diagnóstico es correcto, es de esperar una nueva baja del riesgo país durante este año, que irá ocurriendo a medida que los inversores se convenzan de que el programa financiero es manejable y que el Gobierno muestre su compromiso de cumplir la reducción del déficit fiscal.

El autor es economista

Inversiones, pymes y créditos obsesiones del nuevo jefe del Nación

Por José Luis Brea - LA NACION

González Fraga asumirá el lunes al frente de la entidad y ya definió estos tres ejes como sus prioridades.

El nuevo presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, llega a la institución para poner el acento en la financiación a la inversión, a las pequeñas y medianas empresas, y a la vivienda. Esos tres rubros serán "su obsesión", según pudo saber LA NACION.

De extracción radical -acompañó a Ricardo Alfonsín en la fórmula presidencial para las elecciones de 2011 por la Unión para el Desarrollo Social-, González Fraga tiene como economista una larga experiencia en el sector financiero y la gestión pública.

El Gobierno, tan preocupado por atraer inversiones (que hasta ahora no han llegado en el nivel esperado), tomó nota de esta visión. González Fraga quiere que el perfil del Nación se asemeje al de un banco de inversión y aclaró, ante los funcionarios que lo convocaron, que eso no significa prestar a pérdida.

El modelo del economista es el Banco Nacional de Desarrollo (Bndes) brasileño. Considera que se puede prestar a tasa de mercado, pero orientando los fondos a la inversión y el largo plazo. "El gran fomento es el plazo. En un banco con la liquidez como la que tiene, el Nación se puede correr el riesgo de prestar a 15 años", explicó durante las reuniones con funcionarios.

Fraga tiene 68 años, es graduado en Economía en la Universidad Católica Argentina (UCA) y también estudió en Harvard y en la London School of Economics. Durante el gobierno de Carlos Menem ocupó en dos oportunidades la presidencia del Banco Central.

Además fundó la consultora GF Macroeconomía, fue director del Instituto Argentino de Mercado de Capitales y ejerció la vicepresidencia de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires entre 1994 y 1999.

De origen radical, González Fraga también incursionó en la política. En las elecciones presidenciales de 2011 fue candidato a vicepresidente, acompañando a Ricardo Alfonsín en la fórmula de la Unión para el Desarrollo Social.

En sus encuentros con Melconian -donde delineó la transición- y jefatura de Gabinete (quien lo convocó fue Mario Quintana), el ex presidente del Banco Central dijo estar convencido de que no se puede crecer solamente impulsando el consumo, tal como hizo el kirchnerismo en los últimos años, porque genera inflación y huida de capitales. "Estoy convencido, tal como decía Juan Sourrouille [el ex ministro de Economía de Raúl Alfonsín], de que a los ministros hay que medirlos por la inversión que generan", habría dicho.

El economista tiene experiencia en el mundo empresario. Además de haber ejercido como director del grupo automotor PSA Peugeot Citroën, en 1991 fundó la empresa alimenticia La Salamandra, reconocida por su dulce de leche y su producción de queso. Lideró la compañía hasta 2002, cuando la vendió a la empresaria Cristina Miguens. En tanto, en octubre de 2016 fue designado director de Papel Prensa en representación del Estado nacional.

Préstamos para vivienda

En cuanto a la vivienda, pondrá la lupa en los préstamos hipotecarios del Nación, que tienen un esquema diferente a los que impulsa el Banco Central, basado en los créditos con UVA (indexan por inflación) que adoptaron otros bancos.

En el largo plazo, González Fraga intentará llevar a la práctica su idea de plan de vivienda económica, que ya presentó en 2011, cuando fue candidato a la vicepresidencia en la fórmula con Alfonsín.

La idea es presentar créditos a muy largo plazo (incluso a 50 años), que tengan una cuota tan baja como un alquiler, de manera tal que muchos accedan al préstamo hipotecario. "Hay un 20% de pobreza estructural, un núcleo duro que sólo puede bajar recreando la familia, y allí juega un papel importante la vivienda", suele explicar.

Planes en carpeta

Vivienda - Intentará llevar a la práctica un plan de créditos a muy largo plazo (incluso a 50 años), que tengan una cuota tan baja como un alquiler para acceder a un préstamo hipotecario

Modelo - El modelo es el Banco Nacional de Desarrollo (Bndes) brasileño. Considera que se puede prestar a tasa de mercado, pero orientando los fondos a la inversión y el largo plazo

Inversión - Está convencido de que no se puede crecer impulsando sólo el consumo, sino que es necesario apostar por la inversión.

Congelan la contratación de empleados en el Estado

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Regirá para las dependencias del Poder Ejecutivo, que no podrán superar la plantilla de fines de 2016; también hay nuevas exigencias para que los ministros rindan cuentas.

La obsesión por reducir el gasto público que manifestó Mauricio Macri en los últimos días ya toca a los empleados del Estado: por orden del Presidente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, les prohibió a los organismos que componen el Poder Ejecutivo sumar este año personal por encima de la cantidad que tenían hasta el último día de 2016. Las reparticiones que quieran hacerlo deberán iniciar un enrevesado camino burocrático para conseguir la autorización de Peña.

Gráfico: La red del empleo público nacional.

Los límites a la contratación de personal se aplicarán de manera directa sobre la denominada administración central (la Presidencia y los ministerios, entre las principales dependencias), la descentralizada y los organismos descentralizados, como la Anses, el Incaa y el PAMI. En total, suman unos 208.000 empleados. Ése es el número que se mantendrá congelado este año.

En cambio, quedaron excluidas las empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas; las Fuerzas Armadas, las universidades, el Congreso y la Justicia. Tampoco están incluidas las provincias.

Una fuente oficial reconoció. ante la consulta de la nación, que en el futuro el Gobierno intentará avanzar en medidas similares para el resto de la administración pública nacional, donde hay organismos que suman otros 560.851 empleados y por el momento no tienen restricciones de contratación.

El año pasado terminó con 8000 concursos para incorporar personal al Estado, que esperan la designación final. Según fuentes oficiales, Modernización analizó los casos y continuarán en la administración pública.

Los límites a la contratación de personal están consignados en la decisión administrativa 12 de la Jefatura de Gabinete, que se publicó ayer en el Boletín Oficial y distribuye los recursos del presupuesto de la Nación para este año.

La norma expone sus objetivos de manera expresa. En los considerandos sostiene "que es oportuno establecer" que las entidades que componen el PEN "no podrán incrementar sus plantas de personal contratado que superen las cantidades existentes al 31 de diciembre de 2016".

Además de la firma de Peña, la norma lleva la del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien anticipó poco después de ser nombrado que uno de sus grandes objetivos de gestión sería el de "mirar finito" en qué se están gastando los recursos del Estado. Esta norma parece un producto de esa inspiración.

Si bien Dujovne es el que más habla de ajuste fiscal, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, será el principal auditor del empleo estatal. Todas las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo deberán enviarle en no más de 30 días el detalle de los cargos ocupados por personal permanente y temporario hasta el 31 de diciembre pasado.

Después de evaluar la cantidad y el perfil del personal en tareas, Modernización establecerá y distribuirá las contrataciones, con la posibilidad de modificar la distribución vigente hasta el último día del año pasado.

En la primera parte del año pasado, Ibarra lideró un proceso de depuración del Estado que ocasionó aproximadamente 10.000 despidos. "Está claro que hay una política fiscal más restrictiva. Antes se podía decir que la baja del gasto se limitaba a la reducción de los subsidios, en especial a la energía, pero ahora da la sensación de que hay voluntad de controlar el gasto en términos generales. Esto incluye controlar a los trabajadores del Estado", analizó Rafael Flores, de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). Según el especialista en cuentas públicas, está a contramano de lo que ocurrió el año pasado, cuando hubo una ampliación del gasto en estructura administrativa por la creación de ministerios, que a su vez demandaron nuevos cargos.

"La voluntad de hacer la restricción está en el discurso. Vamos a ver si efectivamente logran ir al detalle y reducir el gasto sin que implique un peor funcionamiento del Estado", se planteó Flores.

Control de gestión

Las restricciones al gasto dispuestas en la norma que se conoció ayer van más allá de la contratación de personal. Por ejemplo, los ministros y el resto de las dependencias del PEN no podrán contratar obras o comprar bienes sin la autorización de la Secretaría de la Transformación Productiva del Ministerio de Producción, a cargo de Francisco Cabrera.

La administración de Mauricio Macri también será más dura al momento de pedirles a los ministros la rendición de cuentas sobre la marcha de su gestión. Por caso, deberán informar cada tres meses la ejecución física de cada programa (así se mide el uso de los recursos del Estado para las tareas asignadas) y explicar eventuales desvíos cronológicos en el uso de los fondos (por encima o por debajo de las previsiones originales).

En la práctica, la decisión de profundizar la reducción del gasto público se decidió antes de la salida del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Por eso está contemplada en el presupuesto para este año. Según la ley aprobada a fines de 2016, casi todas las carteras tendrán menos recursos que en 2015, en términos reales (el aumento de sus recursos estará por debajo de la inflación) e incluso nominales (tendrán menos fondos en comparación con 2016, pese al encarecimiento de los precios). Macri, por caso, tendrá un 0,5% menos de recursos para manejar las actividades directamente relacionadas con la Presidencia, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, contará con un 17% menos en comparación con 2016, que representan $ 33.539 millones que se ahorrará el Estado. En parte, ese ahorro está dado porque caerán las erogaciones en subsidios debido a los aumentos en las tarifas de luz y gas.

Otro grupo que tendrá menos fondos está compuesto por la Jefatura de Gabinete, la Cancillería y los ministerios de Seguridad, Producción, Agroindustria, Comunicaciones, Ciencia, Cultura y Salud, entre otros.

La lupa sobre el gasto

Despidos - Poco después de asumir, el presidente Mauricio Macri le ordenó al Ministerio de Modernización revisar la plantilla del Estado, que había crecido en los últimos años del kirchnerismo. Fueron despedidos unos 10.000 trabajadores.

Nuevos límites - El Gobierno dispuso ayer que este año las principales dependencias del Esado nacional no podrán sumar trabajadores por encima del número de diciembre de 2016.

Señal - La intención es que otras dependencias que no fueron abarcadas sigan el mismo camino.

El fin a las retenciones petroleras llega con aumentos en la nafta

Por Diego Cabot, Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Después de 15 años, suspenden el cobro de derechos a la exportación de crudo; subas de 8% promedio en combustibles.

La administración de Mauricio Macri comenzó en las últimas horas a dar nuevos movimientos para continuar con la normalización de la economía, que comenzó a principios de la gestión con la salida del cepo cambiario y el fin del default y continuará a principios de esta semana con la vuelta del sector petrolero a las reglas del mercado.

El primer paso de esa maniobra ocurrió a las 0 horas del sábado. Después de 15 años, el Gobierno suspendió la aplicación de retenciones a las exportaciones de petróleo y sus derivados. Según les informaron a las empresas petroleras, el sistema María, con el que se maneja la Aduana, no aplicará más los derechos a la exportación.

Se trata de uno de los últimos resabios de la crisis de 2001 y las decisiones económicas que dispuso a principios del año siguiente el ministro de Economía Roberto Lavagna, en la presidencia de Eduardo Duhalde. En concreto, aquel esquema empezó con el decreto 310/2002 y continuó con la ley 26.217 y la resolución del Ministerio de Economía 394/2007. Todas esas normas fijaron retenciones para mercaderías que se exportan, puntualmente petróleo crudo y combustibles, entre otros. A partir de las 0 del sábado, el sistema María de Aduana, mediante el que se maneja gran parte del comercio exterior, ya no hará más retenciones.

El ex presidente Néstor Kirchner mantuvo las retenciones a las exportaciones, algo que luego profundizó el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Con la caída de los precios internacionales del petróleo, el ex ministro de Economía Axel Kicillof redujo los derechos de exportación, pero no los eliminó por temor al costo político de una medida de ese tipo.

En los años de Lavagna y Kirchner, el por entonces presidente de Shell, Juan José Aranguren, participó de las negociaciones en representación del sector privado. El mismo, ahora como ministro de Energía, anunciará el fin de ese gravamen.

El paquete de medidas relacionadas con la actividad petrolera es más amplio. Incluso se espera que el presidente Mauricio Macri se encargue de una parte de los anuncios. Este martes, según el calendario que manejaban hasta el viernes por la tarde en la Casa de Gobierno, participará de una reunión en la que dará a conocer una adenda al convenio colectivo de trabajo del sector petrolero que regulará la actividad en los yacimientos de los denominados recursos no convencionales de crudo y de gas (Vaca Muerta y otras reservas).

La agenda se negoció entre el Gobierno, las empresas y los gremios en el marco de la crisis del sector debido a los bajos precios, que condujo a despidos en los últimos meses. Contempla que el personal en condición de jubilarse deberá adherirse, la posibilidad de reubicar trabajadores a tareas distintas a las que venían realizando, la posibilidad de montar y desarmar equipos también a la noche y un mayor control de ausentismo, entre otras cosas.

Por otra parte, desde este mes comenzó a regir un nuevo precio interno del petróleo, que será el primer eslabón de una cadena que lo conducirá a valores internacionales a más tardar a mediados de año. Si la variación de los valores en el mundo acompaña, el acople podría ocurrir antes.

El Gobierno mantuvo en el primer año de gestión el denominado barril criollo, una variedad creada por Kicillof para sostener de manera artificial los valores del crudo por encima de los internacionales y apuntalar la actividad.

En las últimas semanas, la cotización internacional del crudo comenzó a subir, de manera que el barril criollo, que también genera múltiples distorsiones, dejó de ser una alternativa interesante para las petroleras.

Los anuncios petroleros también incluyen una decisión antipática para los consumidores. En las próximas horas volverán a aumentar los combustibles. El incremento será de 8% en promedio y alcanzará a todas las marcas (las principales son YPF, Shell, Axion, Petrobras y Oil). De manera que el litro de nafta súper en la ciudad de Buenos Aires en las estaciones de YPF pasaría a costar $ 18,44. Así, llenar un tanque de 50 litros costará unos $ 920.

El último aumento había sido en mayo del año pasado. En 2016, los precios de los combustibles treparon 31 por ciento. La cifra está por debajo de los retoques de otros ítems de la economía (la inflación anual fue cercana al 40%).

Las petroleras se quejan de que esos incrementos le hicieron perder rentabilidad. Sucede que la principal materia prima de los combustibles es el petróleo, que se paga en pesos, pero según la cotización del dólar, por lo que la devaluación impactó sobre sus costos.

Según las empresas, incluso luego de los aumentos, los precios de las naftas y el gasoil estarán, en dólares, 10% por debajo de la paridad de importación.

Precios cada vez más altos

18,44 Pesos - Será el precio, en promedio, del litro de nafta súper en la ciudad de Buenos Aires. La suba tendrá lugar en las próximas horas. Cargar 50 litros costará así unos 920 pesos

31% Aumento - Es lo que creció el precio de los combustibles durante el año pasado

15 Años - Estuvo vigente el impuesto a las exportaciones de petróleo y sus derivados. Se trata de uno de los últimos resabios de la crisis de 2001 y las decisiones económicas que dispuso a principios del año siguiente el ex ministro de Economía Roberto Lavagna

Lista ampliada y nuevos valores

Con un alza promedio del 3% y tal como se había anunciado, comenzó a regir ayer, en todo el país, el nuevo listado con 545 productos del programa "Precios Cuidados".

Según informó la Secretaría de Comercio que conduce Miguel Braun, se añaden al listado 72 productos, entre los que se encuentran protectores solares, repelente en crema y aerosol, pañales, sales sin sodio, y nuevas presentaciones de harina de trigo. El programa continuará vigente, al menos, hasta el próximo 6 de mayo.

En varias áreas, el año terminó con fuerte subejecución del presupuesto

Por Laura Serra - LA NACION

Mientras el Gobierno busca reducir el nivel de gastos, hubo programas que no usaron todos los fondos asignados; el mayor incumplimiento se registró en Modernización y Comunicaciones

El funcionario, de alto rango, se desplomó en el sillón de su escritorio. Acababa de finalizar una reunión con su superior en el ministerio. "Me dice que no hay plata. ¿Y yo cómo hago para cerrar los gastos del año?", preguntó, tomándose la cabeza con las manos. Las desventuras de este funcionario se replican en numerosas áreas de la administración pública. La orden fue tajante: hay que controlar y, en lo posible, bajar el gasto. Y esta orden se refleja en los números fríos del presupuesto, donde, ya en la finalización del ejercicio fiscal, se observan notorias y -en algunos casos- abultadas subejecuciones, que se ubican cerca del 50 por ciento.

La causa: cumplir, como sea, con la pauta de déficit fiscal prometida por el gobierno de Mauricio Macri para este año del 4,8 por ciento del PBI, en momentos en que el Presidente quiere fusionar áreas para recortar el gasto estatal.

En líneas generales, la ejecución del gasto fue, hasta el 25 de diciembre pasado, del 88% de los créditos vigentes, porcentaje que se ubica por debajo del nivel teórico en el cierre de cada año, advirtió Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). "Hay una subejecución notoria del presupuesto que denota una decisión política del Gobierno de controlar mucho más el gasto", aseveró.

Según el último informe de la ASAP, los atrasos más significativos se observan en la Jefatura de Gabinete de Ministros y los ministerios de Modernización, de Comunicaciones, de Turismo, de Hacienda y Finanzas Públicas, de Interior, Obras Públicas y Vivienda, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Producción y de Cultura. "En algunos casos se evidencian desfases del orden de los 20 puntos porcentuales o superiores respecto del porcentaje «teórico» a esta altura del ejercicio", se indicó.

Si bien es cierto que el actual presupuesto fue diseñado por el gobierno anterior, a lo largo del año la administración de Macri instrumentó más de cincuenta modificaciones presupuestarias, vía decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas, que modificaron sustancialmente la pauta de gastos y explican la subejecución en algunas áreas. En virtud de la política «gradualista» de la actual gestión, el gasto primario, lejos de bajar, subió de manera explosiva: en los primeros once meses del año sumaron $ 1,48 billones, un 33,7% de incremento interanual, señaló la ASAP. Al 25 de diciembre pasado, esa cifra trepó a $ 1,82 billones.

Destinos de los fondos

¿Adónde fue a parar semejante suba del gasto? Básicamente, a pagar gastos corrientes: transferencias (subsidios -sobre todo al transporte- y aportes a las provincias), pago de jubilaciones y pensiones, gastos en personal y servicios de la deuda. Aquí vale agregar un párrafo respecto de los fondos girados a las provincias y municipios: en los primeros once meses del año, el gobierno nacional distribuyó $ 100.500 millones a los gobernadores e intendentes, en su mayoría para atender gastos corrientes. Pero a esta cifra hay que sumar otros $ 26.719 millones que el Gobierno giró la semana pasada a las provincias por decreto.

Sin embargo, los gastos de capital (básicamente, obras de infraestructura), que son los verdaderos promotores de empleo, siguen sin mostrar un repunte notorio. Pese a las promesas oficiales de una inminente reactivación de la obra pública, el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda es una de las áreas de mayor nivel de subejecución presupuestaria: el 73% de su crédito, cuando faltaban pocos días para terminar el año. Con la única excepción del programa de desarrollo de la infraestructura habitacional Techo Digno, que tenía gastado el 90% de su crédito, todos los demás muestran bajos niveles de gasto: el programa de recursos hídricos, 53%; el de urbanización de villas y asentamientos precarios, 51%, y el de acciones para el mejoramiento habitacional e infraestructura básica, 73%.

En el Gobierno explican que la cartera que conduce Rogelio Frigerio está instrumentando una reformulación de los programas heredados del gobierno anterior para evitar la dispersión del gasto, lo que explicaría algunas subejecuciones. De hecho, por medio de un decreto de modificación presupuestaria, se le recortaron $ 1276 millones al proyecto para generar "acciones para la provisión de tierras para el hábitat social". También se les quitó presupuesto a distintas obras -algunas cuestionadas, como la torre única de comunicaciones- por un total de $ 158,2 millones, tal como publicó LA NACION. Todo ese dinero fue redireccionado a provincias y municipios.

Donde sí se nota un avance en la ejecución de gastos es en vialidad, con un 80% a esta altura del año: el programa de construcciones muestra una ejecución del 83 por ciento. Sin embargo, las obras públicas en las provincias, que los gobernadores ansían como el agua, tardan en llegar.

Según el último informe de la ASAP, pese al aumento en las transferencias para gastos corrientes en estos once meses de 2016, los gastos de capital para el interior continúan retraídos, con una baja de casi el 10% interanual.

Presupuesto (por Mariano de Vedia)

Llamado de atención

Cada vez más controles requiere el uso de los recursos. El informe de la ASAP que inspecciona el primer año de Macri en materia presupuestaria muestra que el Gobierno recurrió a la reasignación de partidas para ajustar a la realidad un presupuesto diseñado y votado por el gobierno anterior. Así, saltan a la vista las distorsiones y peculiaridades que caracterizaban el manejo de los números en el kirchnerismo, aunque también el informe es un llamado de atención a la gestión actual, frente a un año electoral, que siempre de caracteriza por el dispendio de los fondos.

Aceleran un plan para lograr más eficiencia en las empresas públicas

Por Mariano Obarrio - LA NACION

El déficit conjunto asciende a unos $ 50.000 millones y el Gobierno busca reducirlo; Aerolíneas es un caso testigo. 

Uno de los mayores objetivos del presidente Mauricio Macri para 2017 en el recorte de gastos improductivos pasa por reducir la burocracia y la ineficiencia en las 53 empresas del Estado. 

Le ordenó al nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, lograr eficiencia y reducir paulatinamente los 50.000 millones de pesos de déficit que tienen.

El ejemplo paradigmático para el macrismo es la situación de Aerolíneas Argentinas . Si bien Isela Costantini, la ex CEO, logró reducir el déficit de 1000 millones de dólares en diciembre de 2015 a 400 millones al cierre de 2016, en la Casa Rosada la responsabilizaron de no encarar con mayor énfasis el ajuste. "Aerolíneas era el paradigma de La Cámpora e Isela arregló con muchos directivos de la agrupación y con los sindicatos", aseguraron en la Casa Rosada a LA NACION.

Cerca de Costantini señalaron que ella proponía un ajuste progresivo en el tiempo y no quería comenzar a reducir personal ni militantes de La Cámpora en forma drástica para evitar problemas sindicales. "La empresa tenía que comenzar a volar a horario y debíamos evitar que se frenen los vuelos, para que gane dinero y así comenzar a sanearla. Se hicieron ajustes en renegociación de contratos, compras, simplificación de trámites y se trabajó muchísimo", dijo un allegado a la ex CEO. De hecho, se redujo el déficit en un 60%.

Sin embargo, en la Casa Rosada le criticaron su inclinación a "no trabajar en equipo" y discutía más de la cuenta con el ministro de Transportes, Guillermo Dietrich. Se estima que el actual CEO, Mario Dell'Acqua, llegará con una meta de acelerar los recortes en Aerolíneas, aunque no en forma tan drástica.

Más allá de estos conflictos, el vicejefe de Gabinete y secretario de Coordinación Ministerial, Mario Quintana, le dio la orden a un equipo dedicado a las empresas públicas dirigido por el joven Abbott José Reynal de que acelere el plan de rediseño de las sociedades del Estado.

Desde febrero último, Reynal es coordinador de Enlace Ministerial bajo la órbita de Quintana y del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Es un funcionario de estrecha confianza de Quintana. "Su objetivo es reducir con mayor eficiencia y progresivamente los 50.000 millones de pesos que nos cuestan empresas públicas como Aerolíneas, YPF, Fadea, Tandanor y cincuenta más", dijo un allegado a Quintana.

Esos 50.000 millones significan un 0,6% del PBI. Se trata de un porcentaje significativo si se tiene en cuenta que el rojo fiscal de 2016 será de 4,8% del PBI, unos $ 390.000 millones, y la meta para 2017 es el 4,2%, unos 340.000 millones. Como parámetro se puede consignar que el total de subsidios a la energía (luz, gas, petróleo) y al transporte implica un 3% del PBI, unos $ 240.000 millones, que el Gobierno prevé ir reduciendo paulatinamente vía aumento de tarifas en un período de tres o cuatro años, hasta 2021.

Hace unos dos meses, en la Casa Rosada, Marcos Peña encabezó junto con Quintana y Reynal un congreso de presidentes de empresas públicas o sociedades del Estado. Se habló, precisamente, de los distintos caminos para mejorar la eficiencia. La reunión fue multitudinaria, habida cuenta de que allí estaban los presidentes y directivos de una larga lista de empresas, muchas de ellas deficitarias. De las 53 compañías del Estado, las más conocidas son YPF, Aerolíneas Argentinas, Fadea (fabrica aviones), Tandanor (buques), Correo Oficial, Fabricaciones Militares, Enarsa, AySA, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Fiscales (Río Turbio), Casa de Moneda, Arsat y Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF).

También están en esa lista Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (Ebisa); Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa); Intercargo; Administración General de Puertos SE; Empresa Argentina de Navegación Aérea SE; Operadora Ferroviaria SE; Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios; Belgrano Cargas; Corporación Antiguo Puerto Madero; Banco de Inversión y Comercio Exterior; Mercado Central; Vehículo Espacial Nueva Generación SA; Lotería Nacional; Radio y TV Argentina; Télam; Educar, y Banco Nación, entre otras.

En la Casa Rosada consideran este núcleo de empresas parte de la "herencia K" y también allí revistan muchos empleados y directivos que provienen de las líneas kirchneristas. En el gobierno de Macri aseguran que no existe por ahora la idea de privatizar ninguna de estas empresas, como frecuentemente denuncian desde el kirchnerismo.

El plan de "reducción de pérdidas" está en manos de Reynal, mano derecha de Quintana, a quien denominan simplemente "coordinador de empresas estatales".

La mejora en las sociedades del Estado no sólo es un objetivo fiscal. También es u requisito para ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Otro ejemplo de ineficiencia es la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea): en 2015 perdió $ 1400 millones y no produjo ningún avión, algo que el ministro de Defensa, Julio Martínez, quiere revertir.

Macri quiere fusionar áreas para recortar el gasto estatal

Por Mariano Obarrio - LA NACION

La reestructuración alcanzará secretarías, organismos y empresas del Estado; apunta a suprimir funciones duplicadas y bajar subsidios; la meta es lograr un ahorro de 0,8% del PBI

Caputo y Dujovne, el viernes pasado en la Casa Rosada. Foto: Reuters 

Más allá de reactivar la economía, generar empleo y bajar los índices de pobreza, el principal objetivo del presidente Mauricio Macri para 2017 será reducir el gasto público mediante la fusión de organismos, secretarías de Estado, subsecretarías y direcciones, ajustes en empresas públicas y reducción de programas superpuestos o de bajo impacto social.

Según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas a Macri, en eso pondrá el foco el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , que hoy asumirá su cartera junto con su par de Finanzas, Luis Caputo.

El plan consiste en ahorrar 65.000 millones de pesos, un 0,8% del PBI. La meta para 2017 es un déficit fiscal de 4,2% del PBI. Pero Macri aspira a superarla con el incremento de ingresos por el exitoso blanqueo de capitales. Cerca del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confiaron que la poda no pasará por la obra pública; al contrario, se incrementará la inversión de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Tampoco se tocarán planes de desarrollo social ni gastos en salud y educación. Incluso se acentuará el plan El Estado en tu Barrio. Los pilares del recorte serán tres: reordenamiento del gasto en la administración pública y en las empresas del Estado; rebaja de subsidios a la energía y el transporte (por suba de tarifas), y crecimiento económico, para generar más ingresos y diluir el déficit. El equilibrio fiscal llegaría en 2021.

El objetivo de Macri y Dujovne es marcar un "sendero" u "hoja de ruta" que sirva como señal a los mercados para conseguir financiamiento a baja tasa, de lo que se encargará Caputo, y hacia los inversores, para que apuren la llegada de capitales y la creación de empleo.

Macri corre contra los tiempos electorales. Por eso el ajuste tendrá una contracara: más ejecución en la obra pública y una fuerte reforma tributaria para eliminar impuestos distorsivos, para bajar la presión fiscal y generar trabajo. "En el primer trimestre habrá un boom de ejecución de obra pública", prometen en la cartera de Frigerio. Una señal de ello sería el desplazamiento del secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, que se iría a mediados de este mes.

Se prevé asimismo reducir organismos. Por ejemplo, todos los ministerios tienen un área de asuntos internacionales. Se podrían fusionar en un solo ente para ahorrar en alquileres de oficinas, papeles, luz, gas, agua, directores y empleados, a los que se les reasignarían funciones. Lo mismo ocurriría con la fusión de secretarías, subsecretarías de Estado y direcciones, muchas de las cuales no tienen funciones específicas, se superponen o fueron divididas en el pasado y se volverían a reagrupar. "La reducción de la planta política es una señal. Menos secretarios y subsecretarios y más eficiencia", dijo un funcionario.

Sin embargo, en esta etapa no se suprimirían ministerios, tal como se evaluó hace meses. Pero no se descarta que futuras renuncias de ministros para competir en las elecciones puedan torcer esa premisa.

También se fusionarán o eliminarán programas con idénticas finalidades que coexisten en los ministerios, tal como adelantó LA NACION el 24 de diciembre pasado. Dentro de ellos podrían incluirse giros a las universidades nacionales. Existen infinidad de planes de capacitación laboral o beneficios sociales que conviven en Desarrollo Social, Salud, Trabajo, Educación y la Anses, o en las carteras económicas. Pero tienen escaso impacto en la gente y se anulan entre sí. Podrían tender a la fusión o a un rediseño.

También allí habría ahorros indirectos en alquileres, servicios, luz, agua, gas o recursos humanos.

Además, se buscará más eficiencia en las 53 empresas del Estado. Tienen un rojo anual de $ 50.000 millones, lo cual explica un 0,6 % del déficit fiscal actual de 4,8% del PBI.

Por debajo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, existe desde febrero último un equipo liderado por Abbott José Reynal, coordinador de Enlace Interministerial, que recibió la orden del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, de acelerar los ajustes.

Tienen en la mira a YPF, Aerolíneas, Fadea, Tandanor, el Correo Oficial, Fabricaciones Militares, Enarsa, AySA, Nucleoeléctrica Argentina, Canal 7, Radio Nacional y Télam, entre las 53 compañías . "No será un ajuste drástico porque no nos votaron para eso; ganamos el ballottage por dos puntos", dijo un alto funcionario.

Buscan que el recorte tenga rostro humano. Un capítulo no resuelto es el desplazamiento de decenas de directores y subsecretarios de Estado que sobreviven del kirchnerismo, sospechados de trabar la gestión. Por allí todavía no pasó el ajuste.

Un sector del macrismo, liderado por Peña, es más contemplativo. Otros funcionarios no quieren más tolerancia con los funcionarios políticos del kirchnerismo que permanecen, por caso, en los ministerios de Economía, Desarrollo Social, Ambiente, Salud, Interior, Educación, Modernización, Anses, Aerolíneas, YPF, PAMI, Canal 7, Radio Nacional, Télam o el Correo Oficial.

"En la primera parte había que entrar al Estado. Ahora, con el potro atado al palenque, podemos comenzar a sacarlos", dijo uno de los más radicalizados. También la provincia de Buenos Aires, que gobierna María Eugenia Vidal, conserva muchos ex funcionarios kirchneristas.

La meta fiscal del presupuesto 2017 es un déficit de 4,2% del PBI. Si se cumple el aumento de la recaudación por el efecto del blanqueo, ese piso podría perforar el 4%, se ilusionan cerca de Macri. No se llegaría al equilibrio fiscal en 2019. La pauta gradualista es un déficit de 3% del PBI para 2018 y 1,5 para 2019. Ese gradualismo se mantendrá.

El segundo eje del recorte es la reducción de subsidios. Del 4,8% de déficit actual hay 3 puntos de subsidios a la energía y el transporte ( 240.000 millones de pesos). El propósito es bajar 3 puntos para 2021 vía aumentos de tarifas paulatinos. No se determinó el ritmo, pero sí el rumbo, como señal a mercados e inversores.

El tercer eje de la reducción del déficit será el crecimiento económico: con la contención del gasto y el crecimiento de la economía se generarían más ingresos por crecimiento.

El recorte no pasará por las áreas de educación, salud o desarrollo social ni por los planes sociales. Se redoblará el plan El Estado en tu Barrio. Un informe oficial consignó 254 operativos en 2016 en 12 provincias y 26 municipios de la provincia de Buenos Aires y el conurbano.

Se realizaron 770.000 trámites y servicios, a la vez que 95.000 niños participaron en actividades culturales, se otorgaron 169.000 DNI, 133.000 beneficios de la Anses (AUH y asignaciones familiares), 92.000 tarifas sociales y 65.000 vacunas.

Qué significa

Del editor: el gobierno de Mauricio Macri se propone avanzar por un sendero estrecho. La situación económica le deja poco margen para hacer los recortes que cree necesarios a fin de bajar el gasto, y las necesidades electorales del año que comienza angostan aún más ese camino. Así las cosas, la matemática oficial se apoya en una cuota nada menor de optimismo: el crecimiento económico -que muchos pronostican, pero que sigue demorado- le daría al Gobierno el impulso que necesita para atravesar el desfiladero.

Biodiésel: el campo podría ahorrarse $ 6000 millones

Por Fernando Bertello - LA NACION

Impulsan un reemplazo del gasoil por el biocombustible a partir del canje del grano de soja con industrias elaboradoras.

El Ministerio de Agroindustria de la Nación trabaja en una resolución para que los productores agropecuarios puedan hacer uso propio de biodiésel mediante un sistema a fasón con las industrias.

La iniciativa se está impulsando desde la Secretaría de Agregado de Valor que conduce Néstor Roulet. El productor que tiene el grano de soja podría entregarlo a una industria y recibir a cambio biodiésel.

Sobre unos 2400 millones de litros de gasoil que se consumen para la campaña agrícola, diversas estimaciones indican que si al menos un 30%, equivalente a 720 millones de litros, logra ser todo como uso propio pero de biodiésel, la producción podría ahorrarse en combustible, con números de hoy, casi $ 6000 millones. Esa cifra, calculan sale de la diferencia entre lo que se paga por el biodiésel ($12) y los hasta 20 pesos el litro de gasoil en el interior. El productor podría usar el producto para sus máquinas y vehículos.

"Hasta ahora el uso propio estaba limitado al dueño de una fábrica, pero ahora vamos avanzar en una resolución para que el productor pueda entregar el grano y recibir biodiésel o harina de soja", dijo Roulet a LA NACION.

En Agroindustria están contentos con la performance del biodiésel este año. Sucede que la producción saltó a 2,7 millones de toneladas, un 50% más que el año pasado. De esta manera, la Argentina ocuparía el cuarto puesto en el ranking de producción mundial de este biocombustible, con un 9% sobre un total de más de 30 millones de toneladas elaboradas. La mayor producción sobrevino por más exportaciones (ya superaron el 1,5 millón de toneladas, con los Estados Unidos como principal mercado con más del 90%, contra un total de 800.000 toneladas enviadas el año pasado a todos los destinos) y porque hubo más consumo interno (se ubicó por encima de un millón de toneladas contra menos de ese registro en 2015).

En 2016 se avanzó en el uso para grandes motores, para la generación de electricidad y hay negociaciones para que los motores de las cosechadoras en el país puedan salir para un uso 100% con biodiésel.

"La fluidez del diálogo y la disposición de las carteras de Energía y Agroindustria para promover el consumo de biodiésel en áreas como transporte público de pasajeros, generación eléctrica y encauzar algunos problemas sobre transparencia de la información, y protocolos de certificaciones de sustentabilidad, han contribuido decisivamente para conseguir este récord de producción", expresó recientemente Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que agrupa a compañías de este rubro.

Más allá del trabajo para que el productor pueda hace uso propio de biodiésel con el esquema a fasón con una industria, Agroindustria está trabajando con el Ministerio de Energía para que haya más controles de seguridad en las plantas. En esta línea, las plantas deberán anotarse para que se puedan realizar esos controles.

A todo esto, mientras la industria exportadora de biodiésel aguarda la reactivación de los embarques a la Unión Europea para los próximos meses, tras haber ganado el país un planteo por aranceles ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Corte europea, el sector también busca resolver medidas contra del producto argentino que impuso Perú, el segundo comprador en el último tiempo.

Casi la mitad de los ministerios realizarán ajustes el año próximo

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Presidencia y Energía lideran el recorte; también habrá menos fondos para el Congreso y la Justicia.

La preocupación por aplicar una mayor ortodoxia fiscal se notará el año próximo en los fondos disponibles para la mayoría de los ministerios y reparticiones que componen el Gobierno. Salvo la cartera de Interior, Obras Públicas y Vivienda, que maneja Rogelio Frigerio y es la gran apuesta del presidente Mauricio Macri para empujar el crecimiento de la economía, el resto notará un ajuste en términos reales (si se los compara con la inflación) e incluso nominales. Es decir, tendrán menos pesos que este año.

Macri parece haber comprendido que el ejemplo comienza por casa. A tal punto que redujo en 0,5% los fondos disponibles para Presidencia. En términos porcentuales, se trata de un ajuste menor (representa menos de $ 40.000 en un presupuesto que este año tuvo $ 6806 millones), pero si se lo compara con la marcha de la inflación, la cifra crece. Macri tendrá mucho menos para hacer frente a la contratación de productos y servicios que serán más caros.

La preocupación por aplicar una mayor ortodoxia fiscal se notará el año próximo en los fondos disponibles para la mayoría de los ministerios y reparticiones que componen el Gobierno

La preocupación por aplicar una mayor ortodoxia fiscal se notará el año próximo en los fondos disponibles para la mayoría de los ministerios y reparticiones que componen el Gobierno. Foto: Archivo / Silvana Colombo / LA NACION

Otro que será más austero es Juan José Aranguren. El ministro de Energía sufrirá un recorte del 17,9% en sus fondos para el año próximo, que representan $ 33.539 millones que se ahorrará el fisco. Es un caso sintomático del cambio de modelo. Su antecesor, Julio De Vido, solía contar con uno de los presupuestos más abultados para pagar los subsidios a la energía que empezó a desarmar Aranguren este año con algunos sobresaltos.

Las cifras surgen del presupuesto para el año próximo, que envió el Gobierno, aprobó el Congreso y, según la promesa de la Casa Rosada, se ajusta a lo que efectivamente ocurrirá. Allí se estima una inflación de entre 12% y 17% (los analistas privados la estiman en 22%, e incluso en la Casa Rosada creen que superará la última cifra) y un crecimiento de 3,5%. Según Rafael Flores, titular de la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap), si se cumplen esos "supuestos macroeconómicos" el crecimiento del gasto "estaría en línea con el del producto".

Será la hoja de ruta que seguirá el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aunque tiene espacio para moldear ese mapa mediante una moderación aun mayor de las erogaciones que muestren una vocación más fuerte por reducir el déficit fiscal. Es lo que le pide el Presidente.

El vaso medio vacío

Otro grupo de ministros tendrá un incremento nominal en sus recursos, pero una reducción real, dado que sus partidas subirán mucho menos que la inflación. Se trata de la Jefatura de Gabinete, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad. En otros casos, la reducción real será mayor. Con esa realidad se encontrarán Producción, Agroindustria, Comunicaciones, Ciencia, Cultura y Salud.

La política de reducción presupuestaria también llegará a otros poderes. Los grandes perdedores son los jueces, cuyos fondos crecerán 1,3%, lejos de todo cálculo de inflación para el año próximo. Algo similar le pasará al Ministerio Público. El Congreso también tendrá que ajustarse. Recibirá $ 1545 millones más, casi 11% por encima del número de este año, pero lejos de la inflación estimada.

El compromiso oficial con la reducción del déficit fue variando. La promesa inicial contemplaba una reducción de 1,5% del PBI para el año próximo, pero el presupuesto aprobado implica un recorte menor. "El Gobierno apostó hasta ahora a no ajustar hasta que se recupere la economía. Aún tiene margen para hacerlo porque la relación deuda y PBI es baja", explicó Flores, aunque alertó sobre los cambios en el mundo que implican un llamado hacia la ortodoxia fiscal. "El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos subió las tasas de interés y complica el financiamiento", completó. Se trata de un argumento apropiado para tornarse más estricto con el gasto. Para Fausto Spotorno, del estudio de Orlando Ferreres, el reclamo de mayor cuidado en el gasto llegó desde diversos inversores externos, en especial después del triunfo del republicano.

Es probable que la mira oficial apunte hacia las carteras bendecidas con mayores recursos para el año próximo. Además de Interior, que tendrá un 52% más de recursos en 2017, la selecta lista la integran Medio Ambiente, Trabajo y, en menor medida, Educación.

Las claves de la reducción del gasto el año próximo

Energía, a la cabeza - El ministerio que maneja Juan José Aranguren tendrá 17% menos de recursos el año próximo en comparación con 2016. Eso se debe a la política de reducción de subsidios que inició en la primera parte del año. También lo ayuda la caída en el precio internacional del crudo.

Macri se ajusta - Presidencia es la otra dependencia que registra un recorte nominal de recursos de cara a 2017. En otros términos: para cumplir con sus tareas específicas, Macri tendrá menos recursos para pagar bienes y servicios más caros por la inflación.

Frigerio, el ganador - Interior sumará en 2017 un 52% más de recursos. Se trata de un área clave, ya que maneja la relación con las provincias, así como la obra pública y la construcción de viviendas sociales, dos espadas con las que Macri espera colaborar con la reactivación de la economía.

Jueces y legisladores - Ambos tendrán un mínimo aumento nominal, que quedará diezmado con la inflación, por lo que se trata de un ajuste.

Macri, ante los desafíos de un mundo más exigente

Por Nicolás Dujovne - La Nación
La siguiente columna, escrita por Nicolás Dujovne, quien ayer fue designado ministro de Hacienda en reemplazo de Alfonso Prat-Gay, fue publicada en la edición de LA NACION del martes 20 de diciembre


El programa económico del Gobierno en 2016 consistió en revertir las extravagancias más notables del kirchnerismo: en un año, la Argentina salió del cepo y del default, volvió a entablar relaciones diplomáticas fluidas con los países más importantes del mundo, independizó al Banco Central y comenzó a migrar hacia un esquema en el cual se espera que el sector privado invierta y prospere sobre la base de incentivos y ya no por la combinación de subsidios y hostigamiento.

Luego de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el mundo financiero se ha vuelto algo más hostil y la Argentina ha sido uno de los países más castigados por los inversores. Ello genera nuevas exigencias: el programa inicial debe ser continuado por otro que defina la gestión ya no por la negativa, sino por determinados objetivos concretos y por una descripción metódica acerca de cómo serán alcanzados. La identidad de ese programa todavía está en construcción por dos motivos: en algunas áreas, el Gobierno no tiene decidido exactamente hacia dónde planea avanzar. Y en otros casos, las ideas no han sido comunicadas adecuadamente.

El Banco Central ha anunciado sus metas de inflación para los próximos años y ha aclarado qué mecanismos planea utilizar para alcanzarlas. Cumplibles o no, ahí están los números propuestos y los instrumentos que se usarán para lograrlos. Sus autoridades serán evaluadas por su desempeño en esa materia. En otras áreas de la política económica no existe una visibilidad semejante acerca de los objetivos buscados ni del método para lograrlos. Llenar ese vacío programático y comunicacional de manera coherente entre las distintas áreas tiene que ser, a partir de ahora, el objetivo número uno del Gobierno.

En materia fiscal, la principal duda de los inversores se refiere a la capacidad del Gobierno de reducir el déficit. La Argentina comenzó el año anunciando metas de déficit primario de 4,8% del PBI para 2016, de 3,3% para 2017, de 1,8% para 2018 y de 0,3% para 2019.

Finalizando 2016, la realidad será diferente. El déficit fiscal se ubicará efectivamente en 4,8% del PBI, pero habiendo computado casi 0,8 puntos porcentuales de ingresos extraordinarios provenientes del blanqueo, sin los cuales el déficit habría trepado a 5,6%. Para 2017 el presupuesto prevé un déficit de 4,2% del PBI, que será superior al 3,3% anunciado previamente y cuyo cumplimiento dependerá en buena medida del resultado final de las negociaciones en torno al impuesto a las ganancias.

Para 2018 y 2019, ya no conocemos cuál es el objetivo del Gobierno. Tampoco tenemos una visión precisa de lo que piensa en materia fiscal. ¿El déficit es expansivo para la economía porque agrega recursos a la demanda? ¿O es contractivo, puesto que desplaza al sector privado y encarece el endeudamiento? Esas respuestas siempre dependen de las circunstancias, pero en esta gestión no hay una voz unificada que responda esas preguntas claves.

En lo fiscal, el Gobierno se debate entre tres objetivos en conflicto: bajar el déficit, minimizar los impuestos distorsivos e incrementar el gasto en infraestructura. En 2016 se priorizó la reducción de impuestos y se redujo la presión tributaria en 1,7% del PBI. Además, el gasto público en términos reales caerá en el año, ya que el nominal aumentará 35%, mientras que la inflación totalizará 40%.

¿Es un objetivo de mediano plazo del Gobierno mantener o incluso reducir el gasto en términos reales? No lo sabemos, pero si lo fuera, debería explicarlo: ayudaría a resolver la mayor incógnita macroeconómica de la Argentina. Si el Gobierno lograra mantener el gasto congelado en términos reales por los próximos cinco años y la economía creciera 3% por año, el gasto en relación con el PBI bajaría de 45% a 39% en 2021. Y si esa estabilidad del gasto permaneciera por diez años, caería hasta 34% del PBI en 2026.

En el primer caso, la reducción en el gasto alcanzaría para eliminar todo el déficit fiscal. En el segundo, para eliminar el déficit, bajar las alícuotas de Ganancias, quitar el impuesto a los débitos y créditos y bajar los impuestos al trabajo a la mitad.

Si ése fuera el plan, la manera de traer al presente parte de los beneficios futuros de la contención del gasto vendría dada por la comunicación de ese programa y por la creación de mecanismos que aseguren que el compromiso del Gobierno va más allá de un Powerpoint. Una ley de responsabilidad que establezca parámetros para el gasto en el mediano plazo (incluyendo el de las provincias) y que fije cómo se repartirá la mejora fiscal que provocaría la contención de las erogaciones (entre la reducción del déficit y la eliminación de impuestos) podría ser negociada con la oposición y despejaría en buena medida la duda de los inversores acerca de la solvencia fiscal de la Argentina. Ello abarataría el financiamiento para el Gobierno, las empresas y las familias.

En la política energética, las dudas son mayores. Si bien algunos precios han comenzado a mejorar para productores, generadores, transportistas y distribuidores, las regulaciones que gobernarán el sector en el largo plazo aún no han sido establecidas. Parte de ese problema se resolvería si el sector pudiera avanzar hacia una "contractualización" de la relación entre los productores y los consumidores de energía. Hoy hay inversiones industriales que no se concretan porque las empresas no saben si contarán con la energía necesaria y, mucho menos, el precio que pagarán por ella. Si se les permitiera a las productoras de gas hacer contratos privados para abastecer la demanda de las empresas, éstas podrían invertir con mayor certidumbre. A su vez, esos contratos de largo plazo les permitirían a los productores de gas acceder a mejor financiamiento y acelerar su proceso de inversiones. Para que el sector pueda "contractualizarse" hay que definir la regulación. Los efectos sobre la inversión serían notables.

Otras dudas permanecen. ¿Seguirá existiendo Enarsa? ¿Será normalizada Cammesa? ¿Cuándo será libre el precio del petróleo? A veces es mucho más importante saber si los precios serán libres que recibir un subsidio temporario.

En comercio internacional, el Gobierno tiene un plan. Consiste en ir eliminando gradualmente la protección que hoy genera que los argentinos enfrenten sobreprecios insoportables cuando consumen electrónicos, prendas de vestir, juguetes y otros bienes. Ese sobrecosto será removido gradualmente junto con la disminución de la protección en esos sectores. Y la forma de institucionalizarlo vendrá de la mano de la firma de acuerdos de libre comercio (como el del Mercosur y la UE), donde el sendero de convergencia hacia la apertura, de 10 o 15 años, quedará establecido. Bueno o malo, es un plan; falta comunicarlo.

Entre la existencia de los superministros de Economía de los últimos 30 años y el esquema actual, en el que rige una excesiva atomización tanto en la comunicación como en la toma de decisiones, hay un punto medio en el que el Gobierno aún no ha encontrado la dosis exacta. El mundo se puso más exigente. Encontrar ese camino del medio hoy es crucial.

Griesa rechazó un reclamo contra el país de tres fondos que se mantenían como holdouts

Por Martín Kanenguiser - LA NACION

Falló en contra de acreedores que decían que la Argentina sigue en default.

El juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, decidió revertir las órdenes de 2012 que aseguraban que la Argentina estaba incumpliendo la cláusula del pari passu.

En un fallo de 28 páginas firmado ayer, el magistrado desechó el reclamo de tres fondos de inversión que consideraban que la Argentina seguía incumpliendo con sus compromisos con los acreedores por el pago de la deuda soberana.

Se trata de los fondos Trinity, Baybrook y Whithe Hawthorn, los tres inversores más grandes que quedan como holdouts al no haber aceptado hasta ahora la oferta que el Gobierno puso sobre la mesa desde febrero pasado. La Argentina todavía debe pagar unos 700 millones de dólares en concepto de capital de deuda en default.

El magistrado dijo que el reclamo no es válido dado que la Argentina derogó este año la ley cerrojo -que previamente había dado lugar a la interpretación judicial de que estaba violando la cláusula pari passu- y que ofreció una solución aceptada por más del 99% de los acreedores que estaban en default.

Por lo tanto, la violación de la cláusula pari passu ya no tiene, en opinión del magistrado, fundamento, ya que los argumentos planteados por los demandantes corresponden a la actitud y a la retórica del gobierno kirchnerista.

En febrero, cuando la Argentina planteó su oferta, Griesa ya había levantado las medidas cautelares y le permitió al Gobierno salir del default.

La consecuencia de esta nueva decisión judicial es que cierra la puerta a nuevos reclamos en torno de la violación de la cláusula pari passu, que obligaba a un trato igualitario para todos los bonistas.

Además, sienta un precedente para futuras reestructuraciones de otros deudores soberanos, ya que la justicia norteamericana consideró que esta cláusula se violó porque la Argentina estaba bajo circunstancias extraordinarias. Del mismo modo, el magistrado les cerró la puerta al reclamo de estos tres fondos en concepto de daños. Además, juzgó válida la estrategia del Gobierno de considerar prescriptos algunos de los bonos presentados por los holdouts.

La ley clave

En abril de este año, apenas horas después de que el Senado le dio sanción definitiva a la ley de pago a los holdouts, que derogó a la ley Cerrojo, el Gobierno firmó la promulgación de la norma, que salió publicada hoy en el Boletín Oficial.

El decreto 539/2016 promulgó la ley 27.249 y lleva las firmas de Gabriela Michetti, vicepresidenta en funciones del Ejecutivo porque Mauricio Macri estaba en el exterior; del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.

La norma habilitó al Poder Ejecutivo a vender bonos en el mercado hasta un máximo de US$ 12.500 millones para pagar en efectivo los acuerdos alcanzados con una veintena de fondos y grupos de bonistas.

Para poder realizar la operación se derogaron las denominadas leyes cerrojo y de pago soberano de la deuda, sancionadas en el gobierno de Cristina Kirchner en medio de su disputa con los "fondos buitre".

El pago estaba condicionado a que la Cámara de Apelaciones de Nueva York levantara las medidas cautelares (stay) impuestas por Griesa, que le impedían al país desde hace casi dos años (21 meses) pagarles a los bonistas que aceptaron los canjes de las administraciones kirchneristas y que sumaban casi el 93% del total de la deuda que cayó en default en 2001.

El Gobierno presentó la sanción de la ley y su posterior reglamentación como un paso más hacia la normalidad, en el marco de la intensas gestiones de la primera parte del año para dejar atrás la cesación de pagos en la que estaba el país.

La AFIP podrá acceder a información de cuentas de argentinos en EE.UU.

Por Martín Kanenguiser - LA NACION

Los gobiernos de la Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo que entrará en vigor en 2017; permitirá el intercambio automático de datos sobre depósitos bancarios y bienes.

Mamet, Prat-Gay y Abad, ayer, durante la firma del tratado. Foto: Ministerio de Hacienda.

Los gobiernos de la Argentina y Estados Unidos firmaron ayer un acuerdo de intercambio de información tributaria automática que empezará a regir a principios del año próximo. Se espera que este convenio, rubricado ayer por la mañana, tenga un enorme efecto sobre el resultado final del blanqueo de capitales, ya que la AFIP ahora podrá acceder a información sobre cuentas y bienes de los argentinos en Estados Unidos.

El primer intercambio de datos se hará a principios de 2018 con las cuentas y los patrimonios vigentes en 2017, según fuentes oficiales, aunque persisten dudas. "El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay , y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Noah Mamet , suscribieron en el Palacio de Hacienda con la presencia del titular de la AFIP, Alberto Abad , el acuerdo sobre intercambio de información tributaria entre ambos países", indicó Hacienda en un comunicado.

Tal como informó LA NACION, esta semana se había realizado una nueva ronda de negociaciones en Washington entre funcionarios de Hacienda, la AFIP, el Tesoro de Estados Unidos, que conduce Jack Lew, y el IRS (el organismo equivalente a la AFIP).

Según Hacienda, "el acuerdo, que busca luchar contra la evasión fiscal y favorece la transparencia fiscal, se produce en el actual escenario de cooperación impositiva internacional". Al respecto, Prat-Gay indicó: "Este acuerdo que firmamos es consecuencia del proceso que la Argentina está viviendo, recuperando su credibilidad como país ante el mundo, reconstruyendo las instituciones y la gobernabilidad". La cartera subrayó que "el acuerdo constituye el marco jurídico que permitirá -además de solicitar información específica acerca de determinados contribuyentes- implementar de manera recíproca el intercambio automático de información financiera que en orden a la normativa de los Estados Unidos es necesario para cumplir con la ley Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act)".

"La AFIP contará a partir de ahora con una herramienta valiosísima para detectar, en el territorio de Estados Unidos, activos no declarados por los contribuyentes argentinos que decidieran no aprovechar este régimen de sinceramiento fiscal", dijo el ministro en la firma del acuerdo. Por esta razón, "en el ámbito administrativo y por lo tanto sin llegar a una instancia judicial, la autoridad tributaria de uno de los dos países podrá obtener información de la otra autoridad tributaria".

En tanto, en un comunicado, el organismo que conduce Jack Lew indicó que "este acuerdo consolida la reintegración de la Argentina en la economía global y marca un importante nuevo paso en la era de las relaciones bilaterales". Según Lew, "el acuerdo de intercambio de información bilateral permitirá una importante colaboración entre los dos países" en términos del esfuerzo para la recaudación tributaria.

"Es nuestro deseo que estas acciones hagan una contribución útil a los esfuerzos del gobierno del presidente Macri de reconstruir las instituciones, restablecer la credibilidad, mejorar la gobernabilidad e implementar reformas estructurales", sostuvo el funcionario de la administración Obama. Fuentes diplomáticas norteamericanas indicaron a LA NACION que el tratado tendrá vigencia "cuando la Argentina haya culminado los procedimientos internos necesarios para su entrada en vigor y un mes después de que Estados Unidos reciba notificación escrita por parte de la Argentina". Esto significa, la traducción al español del acuerdo firmado hoy en inglés y el traslado a Estados Unidos por vía de la Cancillería.

Otra fuente oficial detalló que el acuerdo estará vigente desde el mes próximo, que no necesita ratificación parlamentaria en ninguno de los dos países y que a principios de cada año, los fiscos de ambos países entregarán información de forma automática. También, los fiscos podrán pedir información a requerimiento, cuando existan indicios sobre un contribuyente en particular.

Además permitirá inspecciones en el extranjero por parte de funcionarios de ambos organismos.

Los siguientes pasos serán que la Argentina firme un acuerdo en el marco del Fatca y un convenio para evitar la doble imposición tributaria, que ya se está negociando.

Las fuentes diplomáticas precisaron que el texto del acuerdo del Fatca "se firmaría a la brevedad" y que el pacto para evitar la doble imposición "llevará su tiempo", aunque esta demora no condiciona la vigencia del acuerdo de intercambio, que será efectiva desde enero. "Nadie se podía imaginar hace un año que esto se iba a concretar. Esto tendrá un gran efecto en el sinceramiento fiscal", confesó, casi emocionado, un funcionario del Gobierno.

Humberto Bertazza, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, dijo que "el acuerdo es muy positivo porque termina cerrando un círculo para los contribuyentes que pensaban que este convenio recién se iba a firmar en uno o dos años".

Las claves del convenio

• Ayer se firmó el tratado que permitirá el intercambio de información tributaria entre la Argentina y Estados Unidos, en forma automática, sin necesidad de intervención judicial.
• En 2018 el gobierno norteamericano haría el primer giro de información sobre activos y pasivos correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
• La firma del acuerdo es un elemento fundamental para el éxito del blanqueo que terminará en marzo próximo.

La AFIP denunció a la AFA por evasión por $84,3 millones

(Clarin.com) - La cifra se desprende de la apropiación indebida de Ganancias e IVA, más aportes del régimen de Seguridad Social de sus empleados.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interpuso una denuncia penal contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), por retenciones no ingresadas o depositadas fuera del término legal, correspondientes "al Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado, y a los aportes del personal en relación de dependencia de la institución, respecto a los meses de mayo, junio, julio y agosto del corriente año", informó la entidad en un comunicado.

Según la AFIP, la causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, a cargo del juez López Biscayart. "Ahora la justicia debe analizar una maniobra consistente en la omisión de pago temporáneo de distintos gravámenes retenidos a terceros, que ascendería a la suma de $ 8.489.849 - por la apropiación indebida de Ganancias e IVA-, y por unos $ 75.796.121-estos último, en concepto de aportes relativos al Régimen de Seguridad Social de sus empleados", informó el texto.

El organismo gubernamental estimó que la maniobra denunciada "habría permitido a la entidad financiar su desenvolvimiento operativo basado exclusivamente en la apropiación de los impuestos de sus proveedores y empleados en relación de dependencia".

"Cabe señalar que los períodos denunciados por el Organismo no serían pasibles de ser incorporados a la nueva ley de moratoria -Ley N° 27.260- pudiendo corresponderle a los imputados, penas de hasta seis años de prisión efectiva, en caso de corroborarse los hechos objeto de investigación", terminó el texto del comunicado.

Un pedido desde AFA a la Justicia

En paralelo, el vicepresidente del Comité Regularizador de AFA, Javier Medín, presentó este lunes una revocatoria de la medida dispuesta por la jueza María Romilda Servini, quien ordenó que la entidad convoque a una asamblea antes del 30 de diciembre para fijar la fecha de elecciones.

Servini había dictado una medida cautelar que ordenaba a la AFA a convocar a sendas asambleas ordinaria y extraordinaria, con 75 representantes como marca el estatuto de la máxima entidad del fútbol argentino, para llamar a elecciones.

Allegados al Comité Regularizador señalaron a la agencia de noticias Télam que la solicitud ante la Justicia remarca que se cumpliera con la medida cautelar "en forma automática la AFA quedaría en falta", ya que la FIFA designó a los actuales dirigentes para "normalizar el funcionamiento de la entidad, modificar el estatuto y llamar a elecciones perentoriamente". El Comité Regularizador, que encabeza Armando Pérez, tiene mandato hasta fines de junio de 2017.

Por este motivo, destacaron que "si se convalida el llamado a una asamblea antes del 30 de diciembre, la AFA podría ser sancionada por la FIFA debido a la injerencia de la Justicia en temas del fútbol organizado".

En qué gastó el Gobierno en su primer año de gestión

Por Florencia Abd - LA NACION

Molestos, en China advirtieron a Frigerio que por ahora no habrá financiamiento para nuevas obras

Por Antonio Rossi - LPO - El giro coincide con la decisión de Macri de no reconocer a China como economía de mercado.
Frigerio en una de las reuniones que tuvo en su viaje a China.

El ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio volvió de China casi con las manos vacías y sin los financiamientos que había ido a buscar para los proyectos energéticos clave que tiene en carpeta la administración macrista.

Si bien la Casa Rosada salió a instalar que la misión de Frigerio fue “preparatoria” de la visita oficial a China que hará el presidente Mauricio Macri dentro de seis meses, lo cierto es que el intento del ministro por cerrar nuevos créditos a largo plazo para obras de infraestructura energética no obtuvo el resultado esperado.

En un sutil juego diplomático, Beijing evitó hablar del tema de fondo: La decisión de la administración macrista -anticipada por LPO- de no cumplir el compromiso formulado a China por Néstor Kirchner en 2004 de reconocer a China como economía de mercado ante la OMC, un paso vital para el país comunista, para poder desactivar las barreras por dumping que distintos países –incluso la Argentina- le imponen a sus productos.

En lugar de hablar de ese tema, tanto las autoridades del Gobierno, como del Eximbank de China le reiteraron a Frigerio lo mismo que le habían planteado a los negociadores de Alfonso Prat Gay a fines de noviembre: Antes de negociar nuevos financiamientos, las autoridades argentinas tienen que resolver que harán con el crédito comercial que tienen preacordado desde 2015 para la construcción de la central térmica Manuel Belgrano II (CTMBII) y el compromiso firmado para la modernización del ferrocarril San Martín.

Las grandes obras energéticas cerradas por Cristina durante su segundo mandato con China y Rusia están paralizadas. La administración de Macri todavía no logra encarrilar la relación con esas potencias.

La CTMBII es una central de ciclo combinado proyectada en la zona de Campana que prevé aportar al sistema eléctrico una potencia de 810 MW. La ejecución de la obra y la provisión de los equipos fue adjudicada el año pasado por la administración kirchnerista de Enarsa a un consorcio liderado por el grupo chino CNTIC. Tiene un préstamo aprobado del Eximbank de China por 1.122 millones de dólares para financiar el 85% de la obra.

Pese haber comprado el terreno para la usina en 5 millones de dólares y pagado un anticipo financiero de 103 millones de pesos, la actual conducción de Enarsa que pilotea Hugo Balboa tiene congelado el proyecto a la espera de una señal concreta del ministro de Energía, Juan José Aranguren.

En el caso de la línea San Martín, lo que está en danza es un estudio de prefactibilidad para electrificar los servicios metropolitanos de pasajeros y renovar las vías de cargas del corredor que comunica el Gran Buenos Aires con la región de Cuyo. La empresa oriental involucrada en el proyecto es CRCC (China Railway Construction Corporation).

La postura de los funcionarios chinos fue un calco del mensaje que le habían transmitido al Gobierno local hace un mes en Buenos Aires el jefe del Eximbank en América Latina, Yang Jing y el embajador en Argentina, Yang Wanming.

Tambolar, la única que interesó

De los cinco proyectos energéticos relevantes que había llevado Frigerio en la valija, sólo uno consiguió pasar la prueba y quedar en la gatera de los emprendimientos que China se compromete a financiar con créditos preferenciales.

Se trata de la central hidroeléctrica sanjuanina de El Tambolar, que ya fue adjudicada al consorcio de Power China, Techint y Panedile.

En cambio, quedaron en lista de espera y condicionadas a los próximos pasos que efectué la administración macrista las siguientes obras:
- La represa hidroeléctrica neuquina de Chihuido, a la cual se le cayó el financiamiento que tenía comprometido de Rusia, como anticipó este medio.
- La ampliación del parque eólico Arauco de La Rioja.
- La usina hidroeléctrica mendocina de Portezuelo del Viento.
- La represa hidroeléctrica de Potrero del Clavillo entre Tucumán y Catamarca.

Para colmo de males, Frigerio se vio sorprendido por una inoportuna medida que dio a conocer el Ministerio de Producción de Francisco Cabrera justo en el momento en que mantenía una serie de reuniones con los funcionaros y banqueros chinos. Se trata de la resolución que sacó la semana pasada la Secretaría de Comercio por la cual abrió una investigación por presunto dumping en la importación de los tubos de acero que China proveerá para la obra de los gasoductos troncales de Córdoba.

La decisión de llevar adelante la investigación sobre los tubos “made in China” estuvo precedida de un fuerte lobby de Siderca y SIAT del grupo Techint y de la siderúrgica local Tubhier. Las tres fábricas locales ejercieron una fuerte presión para frenar el ingreso de unas 46.000 toneladas de tubos de acero—que equivalen a casi el 45% de la producción anual doméstica—que el gobierno de Córdoba le adjudicó a los consorcios integrados por empresas chinas que van ampliar la red provincial de gasoductos.

La investigación antidumping demandaría entre 10 y 12 meses y durante el proceso de recolección de pruebas y alegatos de las partes, el Gobierno puede, de manera preventiva, aplicar derechos de importación transitorios e incluso retroactivos si los proveedores intentan adelantar el ingreso de los tubos de acero más baratos de China.

El Banco Central canceló los 1.000 millones de dólares que le debía al Santander y al Deutsche

LPO - Con este pago, Sturzenegger terminó de pagar los 5.000 millones de dólares del Repo que tomó en enero.

Este lunes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) canceló la totalidad del préstamo "repo", o de pases pasivos, que había renegociado en julio con el Banco Santander y el Deutsche Bank.

Según el comunicado oficial, el Banco Central pagó los 1.000 millones de dólares que debía a los dos bancos internacionales producto de la renegociación hecha hacia fines de julio del préstamo que había tomado a la banca internacional a principio año. De este modo, "canceló la totalidad de las operaciones de pases pasivos con bancos internacionales que mantenía en su hoja de balance."

Hacia fines de enero, el Central había tomado un préstamo "repo" por 5.000 millones de dólares para contar con un respaldo adicional de reservas líquidas con las que hacer frente a la salida del cepo en un contexto internacional aún incierto en los mercados internacionales. En ese momento el stock de reservas internacionales había bajado hasta los 25 mil millones de dólares y el país debía enfrentar aún importantes desafíos en su balanza de pagos.

En aquel momento, la presencia de estos dos préstamos hicieron imposible que el Directorio, con Federico Sturzenegger a la cabeza, considerara que el Banco Central contara con reservas excedentes de libre disponibilidad y como tal cerró la posibilidad al Tesoro Nacional de financiarse con los dólares de las reservas internacionales.

"La evolución favorable del escenario global para la República Argentina y la mejora observada en la hoja de balance del Banco Central permitieron hacia fines del mes de julio reducir en un 80% el monto total de estas operaciones, logrando además concertar nuevas operaciones de estas características con una de las menores tasas de la historia Argentina. La mejora observada en la hoja de balance del Banco Central continuó desde julio con una tendencia firme, traduciéndose en un aumento adicional en el stock de reservas internacionales superior a los USD 5 mil millones, aún después de haber cancelado pasivos externos por importantes montos en el mes de octubre", explicaron las autoridades del Banco Central.

"Si bien el contexto internacional para las economías emergentes es aún incierto, el Banco Central cuenta actualmente con reservas internacionales que superan en más de USD 12 mil millones el stock que había a principios del corriente año, lo que le permite continuar con el proceso de mejora en la calidad de su hoja de balance y la reducción en el costo de sus pasivos internacionales, manteniendo sin inconvenientes la flexibilidad necesaria para activar en cualquier momento los distintos mecanismos disponibles que ha desarrollado para enfrentar posibles shocks externos en caso de ser necesario", concluyó el comunicado.

Macri gira $2.000 millones a la fábrica de aviones de Córdoba

LPO - Es una condonación de deudas para sacar a la Fábrica Argentina de Aviones del patrimonio neto negativo.

Este lunes en el Boletín Oficial se publicó el decreto 1244 que, con la firma de Macri, Peña y otros diecisiete ministros, reasignó partidas del presupuesto 2016 y amplió el gasto público en $132.000 millones. Una de las principales erogaciones fue para la capitalización de la Fábrica Argentina de Aviones (FadeA) por $2.000 millones de pesos.

Otras partidas son para atender el pago de la "reparación histórica" para jubilados mayores de 75 años, pago de deuda pública por $3.300 millones y Fútbol para Todos; que se financiarán con dos pagarés al Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda por $15.000 millones y $1.400 millones respectivamente.

El alto monto girado a la fábrica de aviones generó confusión porque primero trascendió que era para la compra de un nuevo avión presidencial. Sin embargo, tanto desde el Ministerio de Defensa como desde FAdeA negaron a LPO que fuera el caso. Por el contrario, sostuvieron que se trata de un salvavidas contable que el Estado Nacional le otorga a FAdeA para que deje de tener un resultado patrimonial neto negativo y pase a tener un resultado positivo. “No es un giro de dinero, sino una condonación de deudas que FAdeA tiene con el Ministerio de Defensa, que es el principal dueño de la empresa con el 99% de las acciones”, aclararon desde la ex-Lockheed Martin Argentina.

Es que el principal cliente de FAdeA es el mismo Ministerio de Defensa y la fábrica de aviones enfrenta un balance contable complicado. Solo en deudas con su principal accionista acumula deudas por $1.734 millones. Esta condonación “por hasta $2.000 millones” permitirá a la empresa recapitalizarse mediante una sencillo asiento contable. Al pasar a tener un patrimonio neto positivo, FAdeA volverá a estar en condiciones de tomar deuda y se evitará los problemas de conformación societaria que le implica su estado patrimonial actual.

“De todos modos, esto no es algo que esté concretado. Falta la aprobación del Ministerio de Defensa”, agregaron desde FAdeA y se mostraron confiados en que la capitalización siga su curso administrativo.

Otra fuente consultada por LPO, explicó que esta año la gestión actual de FAdeA al auditar la empresa pública cargó todo lo que pudo como pasivo de 2015 para empeorar el resultado del año pasado y mejorar el de este año. Sin embargo, la devaluación encontró a la fábrica de aviones con deudas en dólares que producto de la suba del dólar de más del 40%, magnificó el resultado deficitario de 2016. En ese sentido, con esta condonación terminarían de sanear la empresa.

Desde FAdeA no niegan que la devaluación haya oscurecido el panorama, pero lo relativizaron “No es solo la devaluación, son varios los puntos que explican la situación, entre ellos $520 millones de deudas con proveedores, en algunos casos por más de 180 meses, que hasta que no se renegocian dificultan la llegada de insumos, que también lleva tiempo”, explicaron.

En 2016, la unidad de fabricación de aviones tuvo un año flojo; mejor le fue a la unidad de mantenimiento de FAdeA , que ya entregó un Hércules, y en diciembre devolverá el segundo , junto con una lista que incluye para 2017 otros tres Hércules, un Orión de la Armada, los Pampa III y los Pucará. Sin embargo, el resultado operativo fue, al igual que el 2015, negativo.

Hasta el momento los incumplimientos con proveedores, explican, son la razón de la demora en la mejora del nivel de actividad. Una vez renegociadas las deudas y encargadas las piezas, estas se demorarán de 6 a 18 meses en llegar.