Argentina declara la guerra a Francia por el biodiésel

(Ambito.com) - Argentina suspendió la negociación con Francia por la compra de 4 buques destinados a patrulla marítima. Es la misma que había arrancado durante la visita de Francois Hollande, cuando la relación entre el gobierno de Mauricio Macri y París era solo miel. En el medio apareció un fantasma que acosa al país en varios frentes, el mas conocido los Estados Unidos: la presión de los productores locales para que se frenen las exportaciones argentinas de biodiésel a esos destinos.

La historia comenzó cuando los productores de colza de Francia y Alemania cerraron un acuerdo para frenar la reapertura del biodiésel argentino en el mercado europeo. Acto seguido anunciaron que presentarán una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio.

Fue la reacción al anuncio de la Unión Europea de bajar los gravámenes de importación al biodiésel argentino. La reacción de los productores franceses no se hizo esperar y de ahí que comenzaran a preparar una presentación donde se activa un procedimiento antisubvención, algo parecido a lo que consiguieron los productores estadounidenses contra los argentinos.

Ese razonamiento se basa en que Argentina no grava la exportación de biodiésel y si cobra retenciones a las ventas de aceite de soja al exterior con una tasa de 25 %.

Para Francia la decisión de sus productores es un dolor de cabeza. No hay voluntad alguna en París de complicar las relaciones con Argentina, pero el camino parece muy complicado por ahora.

Macri se puso firme ayer y el gobierno declaró como contrapartida a ese desafío que la negociación por la compra de los 4 buques queda congelada. Para los franceses, proveedores natos de armamento a la Argentina desde toda la vida, la noticia no puede ser peor. Ahora se frena esa operación, pero en el futuro cercano estaba también el tanteo por la compra de aviones Mirage para reemplazar la desmantelada flota de la Fuerza Aérea.

La negociación con Francia giraba sobre la compra de 4 buques OPV (Ocean Patrol Vessel, por su sigla en inglés) destinados a patrulla marítima, una necesidad urgente para el país. Esos buques son de la clase L'Adroit y uno de ellos pudo verse anclado en el apostadero naval Buenos Aires durante la visita de Hollande al país. 

El gobierno ya emitió la orden de gestión administrativa para autorizar el endeudamiento por 360 millones de euros para la compra de los 4 buques, tal como había adelantado este diario. Eso no significa que los fondos estén disponibles, sino que esta autorizado el financiamiento. Ahora todo quedó involucrado en esta nueva guerra comercial por el biodiésel. - Rubén Rabanal

La mayoría de las provincias no genera ni un tercio de sus gastos

Por Lucrecia Bullrich - LA NACION

Requieren fondos nacionales para cubrir sus necesidades; en los últimos meses creció la tensión por el reparto de los impuestos entre la Casa Rosada y las gobernaciones

La mayoría de las provincias no genera ni un tercio de sus gastos. Foto: Archivo

Más de la mitad de las provincias generan menos de un tercio de los recursos económicos que necesitan para subsistir. El dato cobra fuerte relieve coyuntural de cara a un fin de año en el que la puja por fondos entre el gobierno nacional y los gobernadores promete acumular tensiones.

Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), los ingresos propios de 14 de las 24 provincias representan a lo sumo un 31% de sus ingresos totales anuales. O dicho de otro modo: dependen de la Casa Rosada para cubrir más de dos tercios de sus gastos.

La conclusión política se impone. Cuanto menor es la incidencia de los recursos propios en el esquema de ingresos totales de cada provincia, mayor es su dependencia del gobierno nacional. Esa relación se agudiza con las transferencias no automáticas de recursos, es decir, aquellos que no se coparticipan directamente según coeficientes fijados por ley, sino que dependen de la discrecionalidad del poder central.

El análisis del Iaraf indica que en el podio de las provincias más dependientes están Formosa, La Rioja y Santiago del Estero. En la primera, los ingresos provinciales representan apenas el 9% de la masa total de ingresos anuales del distrito. En La Rioja son el 10% y en Santiago, el 12 por ciento.

Las siguen Jujuy y Chaco, con el 14%; Corrientes (16%) y Catamarca (18%). Otras cinco provincias superan el 20% de dinero propio en sus arcas. Son San Luis (21%), Salta, (23%), Entre Ríos y Misiones (27%), y Tucumán (29%).

El ranking de las provincias menos independientes del poder central se completa con San Juan, que genera el 30% de sus recursos, y La Pampa, que la supera por un punto: el 31% de sus ingresos son propios.

En el otro extremo, el de los distritos económicamente más autónomos, se ubican la ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires, Mendoza, Tierra del Fuego, Córdoba, Río Negro y Santa Fe.

"En cualquier país federal del mundo, la estructura tributaria tiene un componente redistributivo, por el que las regiones más ricas ayudan a las más pobres, y otro devolutivo, por el que cada distrito recibe recursos según lo que recauda. La clave es buscar un punto intermedio entre ambos elementos y para eso es clave hacer cuatro reformas fiscales en la Argentina", evaluó el director del Iaraf, Nadin Argañaraz.

El economista y ex subsecretario de Desarrollo y encargado de la Comisión para el Análisis de la Reforma Tributaria y la Coparticipación del actual gobierno, avanzó sobre el detalle de los cambios que, asegura, habría que poner en marcha. "Es indispensable encarar cuatro reformas fiscales: una reforma tributaria nacional; una reforma de la ley de coparticipación que, entre otros puntos, contemple cambios en el reparto de subsidios; una ley de responsabilidad fiscal, y una reforma tributaria provincial", detalló.

Para Walter Agosto, investigador principal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), otro factor clave es que las provincias mejoren su recaudación. "En el esquema actual, a las provincias les resulta más cómodo aumentar el gasto sin asumir el costo político de incrementar sus propios impuestos. Darles más potestades tributarias a los gobiernos subnacionales limitaría esta idea de ser generoso con la plata ajena", razonó el especialista.

El "mapa de dependencia" de las provincias respecto de la Nación jugará de lleno en las discusiones políticas que Mauricio Macri deberá encarar después de las elecciones. En esa agenda sobresale la discusión del presupuesto, y en ese marco, la puja entre el Presidente y los gobernadores por el reparto del impuesto al cheque. La batalla por este punto ya está planteada: en el proyecto que envió el viernes al Congreso, el Poder Ejecutivo prevé que el 70% de la recaudación del impuesto, que hoy retiene la Nación, se destine a la Anses. Los gobernadores reclaman que, en cambio, el tributo se coparticipe en su totalidad.

Una vez más, los números explican parte de la pelea que viene. Con el impuesto al cheque, que representa el 1,63 del PBI, el Gobierno espera recaudar $ 201.739,9 millones en 2018, un 18,9% más que este año. Disputa feroz en puerta.

En la lista de temas que el Gobierno necesita resolver antes de fin de año están, además del presupuesto, la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal y de la reforma tributaria.

Los cambios en el esquema de impuestos que impulsa el Gobierno incluye la eliminación de Ingresos Brutos. El gravamen es vital para las provincias: representa casi el 78% de lo que recaudan. El combo se completa con el reclamo de María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano, que está pendiente de un fallo de la Corte Suprema, pero ya genera cortocircuitos.

El Gobierno dice que la deuda pública aumentará US$ 42.000 millones este año

Por Ismael Bermúdez - Clarin.com

Estima que en total llegaría a US$ 317.000 millones, casi el 58% del PBI. El año que viene podría pegar otro salto.

El ministro Nicolás Dujovne presentó el viernes el Presupuesto 2018

Este año, la deuda pública aumentará en U$S 42.000 millones, de 275.000 millones a 317.000 millones de dólares. Es lo que se desprende del Mensaje que acompaña al proyecto de Presupuesto 2018 que señala que “la deuda pública total de la Argentina con el sector privado y organismos internacionales ascendería a fines de 2017 a U$S 153.900 millones, equivalente a 28,5% del PBI. Si incluimos también la deuda intrasector público (deuda con ANSES, Banco Central y Banco de la Nación Argentina entre otros) el total sería de U$S 317.000 millones equivalente a 58,7% del PBI”.

A fines de 2016, la deuda interna y externa del Estado Nacional, en pesos y en moneda extranjera, incluida la intra sector pública, sumaba 275.446 millones de dólares que representaba el 54,2% del PBI, de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Economía. Esa cifra incluye lo que aún se adeudada al reducido grupo de bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda y no consideraba lo que todavía se adeudaba del cupón PBI por los bonos vinculados al PBI (U$S 13.001 millones).

En tanto, a fines de 2015, la deuda publica bruta, también incluyendo la que estaba en default, sumaba US$ 240.665 millones, equivalente entonces al 53,5% del PBI. En consecuencia, luego de haber crecido en U$S 35.000 millones en 2016, este año el endeudamiento publico aumentaría en otros U$S 42.000 millones.

Para 2018, del proyecto de Presupuesto presentado el viernes surge el endeudamiento público podría pegar otro salto similar como consecuencia del déficit fiscal estimado para el año próximo de $ 681.803 millones, equivalente a 5,5% del PBI o U$S 35.326 millones considerando un dólar promedio de $ 19,30.

El financiamiento previsto supera los U$S 40.000 millones, por la colocación de nuevos bonos y Letras, mayores préstamos de organismos internacionales (U$S 3.300 millones) y de “adelantos transitorios” del Banco Central ( $ 140.000 millones).

Se estima que el 80% del endeudamiento total está contraído en moneda extranjera y el 20% en pesos.Si la comparación se extiende a fines de 2005, luego del primer canje de deuda, cuando sumaba US$ 154.271 millones, a fines de 2017 el endeudamiento habrá crecido en más de US$ 163.000 millones.

En proporción al PBI, la deuda publica total registra un curso ascendente: pasó del 38,7% en 2011 hasta el 53,5% en 2015, al 54,2% en 2016 y al 58,7% en 2017. Y también creció la carga financiera: los intereses pasaron del 1,4% del PBI en 2015, al 1,6% del PBI en 2016, al 2,2% en 2017, y aumentaría al 2,3% en 2018. Eso significa mayor peso de los intereses en el gasto y en el déficit fiscal.

Esta deuda pública nacional no incluye lo que adeudan las provincias y tampoco la deuda del Banco Central en LEBAC en pesos y moneda extranjera.

Sin considerar la deuda con el BCRA, ANSeS y otros organismos públicos, el Mensaje que acompaña al Presupuesto señala que la deuda pública con el sector privado y organismos internacionales del 28,5% del PBI en 2017 aumentaría unos 3 puntos del PBI por año: al 31,1% en 2018, al 34,3% en 2019 y 37,3% en 2020 “y comenzaría a descender a partir de 2021 cuando se converge al equilibrio fiscal”. Y el Mensaje agrega: “Estos niveles de endeudamiento son bajos tanto en términos históricos como en relación a los demás países de la región”.

Estamos en la "lona"...

Inundaciones: el impacto económico, más allá del campo

Por Carlos Manzoni - LA NACION

Las pérdidas en la actividad agropecuaria provocadas por el agua también se hacen sentir de la tranquera para afuera; se estima que se verán perjudicadas la recaudación fiscal, el consumo en pueblos del interior y la balanza comercial

El agro fue el primer sector en evidenciar un repunte de la actividad en la era macrista. Pero, así como en época de vacas gordas derrama sus bondades en el resto de la economía, también hace sentir su rigor cuando los vientos soplan en contra. Esto último es lo que ocurre en la actualidad, cuando las fuertes pérdidas que causan las inundaciones en los campos argentinos se empiezan a sufrir de la tranquera para afuera.

Foto: Municipalidad de Roque Pérez

Los daños no son menores. Luego de las abundantes lluvias que castigaron a Buenos Aires y La Pampa durante el fin de semana pasado, hay 10 millones de hectáreas productivas inundadas y anegadas, lo que pone en riesgo el trigo ya sembrado y el comienzo de la campaña de granos gruesos que se inicia con el maíz.

En total, según pudo reconstruir LA NACION tras consultar diversas fuentes, se perderían por el agravamiento de los excesos hídricos 1,19 millones de hectáreas de cultivos, que se componen de la siguiente manera: 300.000 hectáreas menos de trigo (entre lo que ya no se pudo sembrar y lo implantado y perdido), 650.000 hectáreas de la nueva siembra de soja, 150.000 hectáreas de maíz y 50.000 hectáreas de girasol. Considerando los rindes promedio de los últimos cinco años para cada uno de esos cultivos y los valores actuales FOB, la pérdida económica por lo que se dejaría de producir equivale a US$ 1138,5 millones.

Según un informe elaborado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), a esa cifra hay que sumarle $ 4517 millones en concepto de pérdida de 301.000 cabezas en el rodeo general y $ 4380 millones en calidad de menor destete de terneros. Asimismo, se perdieron $ 477 millones en lechería, por menor remisión de leche en los últimos 120 días.

"Adicionalmente, se deberían contabilizar las pérdidas por deterioro de la infraestructura y aumento de costos de logística, reparaciones y mayores gastos de combustibles, que se generan a causa de la intransitabilidad de los caminos y demás vías de comunicación", dice el trabajo de la SRA.

Los primeros que sufren este "derrame negativo" son los pueblos que rodean los campos anegados. Raúl Eduardo Rosiere, presidente de la Asociación Sociedad Rural de General Pico, La Pampa, cuenta que los daños son muy difíciles de cuantificar, pero que ya se pueden palpar. "En el circuito económico local se está sintiendo, porque uno habla con la gente y ve que tiene menos movimiento desde el gomero hasta la despensa. Se venden menos agroquímicos y menos maquinaria agrícola, y también otros bienes de consumo más masivo", señala.

La consultora Analytica hizo una estimación de la valorización de la pérdida considerando trigo, maíz, soja, girasol, ganadería y lechería, que da US$ 1700 millones, lo que representa 0,25% del producto bruto interno (PBI). Éste es el impacto directo. Pero ¿qué pasa en general? Hay un impacto indirecto que es muy difícil de estimar y es la movilización que generan estos US$ 1700 millones: menor venta de fertilizantes, del resto de los insumos agropecuarios y de bienes de capital.

Foto: Mauro V. Rizzi

"Genera una pérdida de recurso directo en los productores y esa contracción se traduce en toda la cadena, desde la venta de insumos hasta la de maquinarias", explica Rodrigo Álvarez, director de Analytica. Y el efecto va más allá, agrega, por el derrame del agro a las localidades afectadas.

El impacto de las inundaciones pega en todas las actividades del circuito productivo: menos laboreo en la tierra, menos maquinaria agrícola, menos gasoil, menos fertilizante, menos contratación de servicios, menos transporte, menos actividades de servicios ligadas a la comercialización de la cosecha, menos pago de impuestos y menos divisas por exportación. Pero además, están los efectos de segundo orden, generados por el hecho de que el productor pierda ingresos: menor inversión y menor consumo en las poblaciones.

Ariel Coremberg, director del Centro de Estudios de la Productividad (CEP), coincide con el diagnóstico. Si la producción agropecuaria de la zona núcleo se cae, concluye, se transporta menos, se genera menos demanda de servicios agropecuarios para las cosechas y se produce un impacto negativo en las poblaciones rurales. "Hay que estar muy atento para ver lo que va a pasar con el consumo mañana, porque la cosecha de soja y maíz impacta en el segundo trimestre del año próximo", advierte.

Otra actividad que se verá afectada será la construcción, porque el excedente del productor siempre ha ido en gran medida a los ladrillos. "Pero acá entramos en otro de los efectos que son muy difíciles de medir", afirma Álvarez. Y agrega que también la industria automotriz sentirá el golpe, por una menor compra de camionetas.

Dante Sica, director de la consultora Abeceb, dice que hay que estar muy atentos al precio de la carne (por el impacto que puede tener la dificultad en transportar ganado) y en el abastecimiento de leche para la industria. "Además, miraría la obra pública, porque algún proyecto puede verse demorado debido a que se encuentra en zonas anegadas por el agua", afirma.

Ahora bien, ¿impactarán estas pérdidas en el crecimiento del PBI este año? "La relación no es tan directa", responde Álvarez, porque se pierde por el campo, pero se puede ganar por el lado de otros sectores. La producción el año que viene pierde al menos 0,25% por las inundaciones, pero eso no quiere decir que el crecimiento de la actividad será de -0,25%.

Por su parte, Coremberg cree que va a haber un recorte en el crecimiento del PBI para 2018, porque al caer la producción agropecuaria esperada, va a haber un ajuste. "Tampoco hay que pensar en una recesión, porque puede que se compense con la reactivación de otros sectores, por la vía de más inversión y consumo", estima.

Foto: Gentileza La Nueva Provincia

También en el comercio exterior las lluvias han hecho estragos. Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI (Desarrollo de Negocios Internacionales), comenta que los datos de los primeros siete meses del año exhiben que las exportaciones de bienes de origen agropecuario argentinos están por debajo de los niveles del mismo período de 2016. "El clima ha influido en eso", destaca.

En cantidades (excluido el efecto precios), las exportaciones de productos primarios están 9% por debajo de los volúmenes del mismo período del año anterior. Y en el caso de las manufacturas de origen agropecuario, el descenso en volumen fue de 4,4%. "Esto lleva a la paradoja de que, pese a altos beneficios que ha recibido el campo con las nuevas políticas, en volumen sus exportaciones descienden mientras crecen las de las manufacturas industriales, un 10,5%", describe Elizondo.

Según un informe de DNI, los productos primarios generaron en los primeros siete meses del año US$ 9450 millones (5,4% menos que en el mismo período de 2016) y los manufacturados de origen agropecuario sumaron US$ 13.445 millones (1,7% menos). "Medidas en dólares, las exportaciones de oleaginosas están 24% por debajo del mismo período del año pasado. Y las de frutas, 23% más abajo que en los mismos meses de 2016", se detalla en ese trabajo.

Elizondo subraya que, en realidad, las lluvias que ya vienen desde el año pasado afectaron todo el proceso productivo, que comienza mucho antes que la cosecha. "Para más datos, es relevante lo que ocurre con las oleaginosas en el primer semestre en algunos destinos especiales, como el Mercosur (las exportaciones cayeron 45%) y el Nafta (-11%). En tanto, las ventas de vegetales a la Unión Europea cayeron en el semestre 25% y las oleaginosas en particular, 56%", indica el consultor.

Para Coremberg, va a haber menos divisas por una menor oferta en las exportaciones, efecto de la menor cosecha. "Ahí también hay un tema que escapa al país, que es que no hay una demanda internacional como había en otros años, con precios que están algo a la baja. Va a haber un efecto sobre la balanza comercial, sin dudas", señala el economista.

Eso no es todo. El frente fiscal también se ve afectado. Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estima que las pérdidas en concepto de impuestos que se dejan de cobrar por la mala situación climática ascienden a unos $ 4100 millones, lo que representa el 0,2% de la recaudación prevista para el año.

"La base desde la que se partió es la pérdida de US$ 1700 millones de dólares o $ 30.000 millones, entre lo agrícola y lo ganadero. A partir de ahí, se miró hacia atrás cuánto pagó el sector en 2015 y 2016 por Ganancias, IVA y derechos de exportación, según sus ventas. Ahí ya hay un ratio de impuestos sobre ventas y ese ratio se aplica a las pérdidas de ingresos de este año", explica Sofía Devalle, economista del Iaraf, respecto de cómo se hizo el cálculo.

Foto: Diego Lima

Así, la cuenta da que por Ganancias, IVA y derechos de exportación se dejaría de recaudar un monto de unos $ 2300 millones. En el caso de Ingresos Brutos, es distinto en cada provincia (Córdoba y Santa Fe eximen al agro, mientras que Buenos Aires exime a pequeños productores y grava a los grandes con el 1%). "Se aplicó la alícuota del 1% a la pérdida de $ 30.000 millones, lo que da $ 300 millones", indica Devalle.

En lo que hace al resto de los impuestos de la economía, se usó un indicador promedio de presión tributaria efectiva, con el que se concluye que se dejaría de recaudar $ 1445 millones más. "Es una estimación muy global que incluye los impuestos que se cobran en los tres niveles de gobierno (Nación, provincia y municipios)", aclara la economista.

Menor actividad comercial en los pueblos ubicados en las zonas inundadas, menor contratación de servicios, menor recaudación de impuestos y menor ingreso de divisas. Estos son los efectos que produce el "derrame negativo" de un campo que hoy debe lidiar con un tiempo de vacas flacas.

Foto: Emiliano Lasalvia

Provincias en problemas - El exceso de agua afecta a las principales producciones

Buenos aires - Entre trigo, maíz, soja y girasol, se perdieron en la provincia 1.114.728 hectáreas, por un valor de $ 1051 millones, según un estudio elaborado por Carbap. Solamente en el caso de la soja se perderían 1.969.760 toneladas

La Pampa - Según Carbap, hay 40.000 hectáreas de trigo afectadas, 70.163 de maíz, 66.561 de soja, y 26.700 de girasol. Las pérdidas estimadas en estos cultivos serían de $ 170,5 millones, pero es sólo un piso del perjuicio que podría sufrirse

Córdoba - Las lluvias golpearon fuerte a la provincia en los últimos tres años, provocando que la rentabilidad de un campo de soja cayera 19,4%, mientras que la de un campo de ganadería bovina disminuyera 29 por ciento

Santa Fe - A principios de año hubo decenas de localidades que sufrieron por el agua; ahora está afectado sobre todo el sur de la provincia. Están complicados algunos de 3502 tambos que hay en la región y peligra parte de los cultivos

Los terrenos que les quitan el sueño a los desarrolladores

Por Carla Quiroga - LA NACION

En un mercado con poca tierra disponible, las subastas de las propiedades del Estado son una oportunidad para el sector

Foto: LA NACION 

El Estado se sigue desprendiendo de terrenos. Los desarrolladores están a la caza de las oportunidades y más en un mercado como el porteño con escasa tierra disponible. Hace pocos días, la desarrolladora ABV se quedó con lote del Ejército, lindero al Campo Argentino de Polo; un terreno delimitado por las calles Báez, Dorrego y Clay, en Palermo. La subasta tenía una base de US$ 18,8 millones y la desarrolladora se lo quedó por US$ 33 millones. Allí funciona actualmente una sastrería militar y cuya operación, según indicaron fuentes oficiales, será trasladada a otros inmuebles de esa fuerza para continuar con su actividad comercial y productiva. 

Entre los proyectos en los que avanza ABV se encuentra Deco, un emprendimiento de US$ 55 millones de inversión en Recoleta que se construye en cinco predios, en uno de ellos donde funcionaba el restaurante Lola. Allí levanta una torre de 15 pisos con unidades de 60 a 150 m2 con valores de un fideicomiso al costo que rondan los US$ 4500/m2. Además, la empresa se asoció con Armani/Casa para que se ocupe de la ambientación interior de ese proyecto.

Ware, TGLT, Vizora y Consultatio fueron otras de las empresas que se presentaron en la subasta del terreno en Cañitas organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). De esta forma, el Estado avanza con su cronograma de subastas de terrenos públicos en la ciudad de Buenos Aires. Del total recaudado un 70 por ciento se destinará a la compra de bienes de capital para el Ejército Argentino, según lo anunciado por la AABE. El 30 por ciento restante irá al Tesoro Nacional. Tal como lo especifica el pliego, la parcela cuenta actualmente con 5927 m2 descubiertos y 5698 m2 cubiertos, comprendidos en tres edificios y un espacio de cocheras. El predio subastado con un potencial constructivo de 17.000 m2 será transformado: contará con una plaza pública y hasta una nueva calle de 10 metros de ancho para comunicar Dorrego y Clay que separará la manzana.

Cuando asumió la administración liderada por Ramón Lanús, en diciembre de 2015, el AABE tenía solo 19.600 inmuebles registrados, hoy hay más de 60.000 no sólo en el país sino también en el exterior. La decisión de subastar ciertos terrenos tiene como objetivo un uso más óptimo del Patrimonio del Estado Nacional. La AABE es la que analiza y selecciona para la venta o cesión de uso aquellos inmuebles que se encuentran subutilizados. Entre los motivos, puede que sea por obsolescencia física o funcional, en estado de abandono o mala conservación susceptibles a intrusiones u ocupaciones, o concesionados de manera poco beneficiosa para el Estado.

Hasta el momento, los inmuebles subastados representan menos del 0,02 por ciento sobre el total inventariado. "Por cada peso que recibe el Estado de la venta, se estima que el comprador invierte $ 4", explican en el organismo.

A futuro, las siete parcelas de Retiro son las más esperadas por el sector. La subasta de los cuatro primeras se realizará este año y los fondos que se obtengan se destinarán a la construcción del Paseo del Bajo, la obra de infraestructura de US$ 650 millones de inversión que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en los próximos años. Esta obra modificará el perfil de la avenida Madero, dado que el tránsito de carga pasará por otro nivel. Se trata de una vía de 7,1 kilómetros que conectará las autopistas Buenos Aires-La Plata e Illia e incluirá una autopista y carriles rápidos, con más cruces peatonales para solucionar el problema de tránsito. En diciembre último, la Legislatura porteña aprobó la rezonificación de estos terrenos ferroviarios para destinarlos a proyectos integrales de urbanización e inmobiliarios El 26 de octubre se subastarán los dos primeros de 3200 m2 cada uno, que saldrán con un precio base de US$ 40 millones. 

La administración de Macri espera cosechar una buena cantidad de dólares debido a las características del predio, que está sobre la costa, con proximidad a Catalinas Norte y colindante con Puerto Madero. Su cercanía a la estación ferroviaria de Retiro lo convierte en una de las fracciones con mayor potencial de desarrollo dentro de la Ciudad. Los desarrolladores prometen entablar una disputa por esos predios. Eduardo Costantini, creador de Nordelta y presidente de Consultatio, reconoció estar interesado en que se abriera la venta de esas parcelas. 

El 14 de diciembre será el turno de un lote de US$ 40 millones y otro de US$ 45 millones -de 3200 m2 cada uno-, con una particularidad: la AABE intentará primero venderlos en bloque, porque entiende que en la zona faltan plantas de superficies más grandes. Por esa vía, pedirá US$ 125 millones por el conjunto. En el supuesto de que no se presenten oferentes para esa modalidad se subastaría de los inmuebles en forma separada. Los otros tres terrenos se venderán el año próximo. 

La proyección es que ingresen más de US$ 300 millones por la venta de los terrenos en la zona de Retiro. Para este año también están contempladas otras subastas. 

El 28 de septiembre se pone en el mercado la propiedad en General Paz y la avenida Libertador en Vicente López; el 5 de octubre, una tierra en el cruce de las avenidas Huergo y Belgrano, el 2 de noviembre una propiedad ubicada en Godoy Cruz al 2900, Palermo. 

Entre noviembre y diciembre 8267 hectáreas de un campo del Ejército en Ordóñez, en el sudeste de la provincia de Córdoba. El establecimiento se llama General Paz de Remonta y está ubicado sobre la ruta 6. Además de ser buenas tierras, según coinciden los especialistas, está equidistante de diversos puntos como Rosario (246 km), Córdoba (254 km) y Venado Tuerto (182 km).

Larreta quiere hacer un megacanje para reducir la deuda en dólares

Por Marcelo Arias - LPO

Envió a la Legislatura un proyecto de ley para hacer un canje voluntario de 1.500 millones de dólares.

Cuando Horacio Rodríguez Larreta asumió como jefe de Gobierno el 95% de las obligaciones de la Ciudad de Buenos Aires estaban en dólares y en lo que va de su mandato redujo ese ratio al 63%. Ahora, con el objetivo de reducir el costo fiscal de la deuda, envió a la Legislatura porteña un proyecto de Ley para canjear 1.500 millones de dólares en bonos que vencen hasta el 2021.

Según informó este miércoles el Ministerio de Hacienda porteño, a cargo de Martín Mura, este proyecto "es parte de la estrategia de administración de los pasivos que se viene llevando adelante desde el inicio de la gestión, con el objeto de reconvertir su perfil financiero".

Como adelantó LPO, el objetivo de Mura es bajar al 50% la deuda porteña en dólares para reducir la exposición al riesgo cambiario. Es una de las condiciones necesarias para mejorar la calificación de la deuda y reducir su costo. De concretarse este canje, en la Ciudad consideran que ya habrán logrado el objetivo.

En efecto, se trata de un canje voluntario de diez bonos por montos de emisión menores. Cinco de ellos en pesos, cuatro son dollar-linked y el restante es un bono bajo ley inglesa en dólares conocido como Tango21.

Y si bien actualmente entre amortizaciones de deuda e intereses se va poco menos del 11% de los ingresos corrientes de la Ciudad, para los funcionarios porteños es conveniente hacer este canje para estar en mejores condiciones a la hora de suscribir a la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal que impone un techo del 15% para el costo de la deuda. Por eso, las autoridades de la Ciudad buscan reemplazar a estos bonos con otros dos o tres bonos, cuya estructura aún no fue definida, pero que serán en pesos y bajo legislación argentina.

Consultado al respecto, Abel Fernández Semhan, subsecretario de Finanzas, dijo a LPO que la idea es completar el calendario de vencimientos para que la curva de amortizaciones sea lo más pareja posible. Por lo tanto, estos nuevos bonos deberán ser a cinco, diez o más años, los únicos "huecos" que quedan en el perfil de vencimientos de la Ciudad.

"La idea es hacerlo de forma voluntaria, ya sea mediante canje o emisión de nuevos instrumentos y recompra en el mercado de los que están por vencer. No es incrementar el stock de deuda, sino cambiar su composición para bajar su costo. Menos costo fiscal de la deuda es más presupuesto disponible para otros gastos de la Ciudad", dijo el funcionario.

"De hacerse con emisiones, serían de forma escalonada para poder cosechar la mejora en la calificación de la deuda que esperamos de esta mejora del perfil. No tenemos un plazo para concretar toda la operación porque queremos buscar el mejor timing, como lo hicimos en marzo cuando salimos con el bono a siete años a badlar+3,25%", agregó Fernández Semhan.

En la Ciudad consideran que para los inversores hay dos grandes incentivos a participar del canje. Primero, que los nuevos bonos van a tener mayor liquidez y mayor duration porque el volumen de cada especie va a ser mayor al de los diez bonos actuales y el plazo, más largo. En este sentido, la Ciudad también se vería beneficiada: a mayor liquidez, mayor trading y mejor precio. Y segundo, que conforme mejore la calificación de la deuda porteña, más alto será el precio de los bonos.

Reducción de gastos para bajar impuestos

Por Orlando J. Ferreres - LA NACION

¿Cómo hacemos para bajar impuestos? Para poder bajar impuestos, aunque sea gradualmente, primero hay que considerar la reducción de los gastos a los cuales financian. Sin esta premisa aplicada a toda reforma impositiva no se puede esperar mucho de la misma. Por lo tanto, se debe tener una idea clara de cuáles serán dichos gastos a reducir, lo que será el elemento diferenciador de la reforma impositiva.

¿Cuáles serán los impuestos a reducir? Nadie sabe exactamente cuáles serán, pero nos podemos manejar con la lista que ha ido trascendiendo hasta ahora: ingresos brutos con su efecto en las diferentes provincias; cargas sociales sobre el trabajo, especialmente cargas patronales; impuestos a las ganancias de las empresas, dado que no hay ajuste por inflación sobre sus balances; impuestos a las actividades financieras, tanto sobre los depósitos como sobre los créditos que en total es de 1,2 % sobre los afectados. Y hay muchos más impuestos que podrían ser de la partida. Este es un aspecto, pero que no será nuestro problema en el día de la fecha.

La gran pregunta es cuánto podremos reducir los gastos, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal. En esta pregunta se nos va la vida, pues si reducimos poco nos puede pasar como con gobiernos anteriores que no pudieron terminar su mandato o con otros gobiernos que sí lo hicieron y a los que les fue bien.

Nosotros estamos con un gasto consolidado de 46 % del PIB (2016), que ya es un número alto. A lo cual habría que sumarle algunos endeudamientos no registrados en provincias y Nación y algunos otros gastos provenientes de la operatoria del BCRA y otros organismos menores. En total, estamos bastante cerca del 50 % del PIB en cuanto al número a reducir de impuestos, tasas, tarifas y demás gabelas que pesan sobre una empresa que trabaja en nuestra economía, es decir, sobre nosotros mismos.

¿Qué es lo que podemos reducir? Esta pregunta es la clave de nuestra economía: Ya no es cuánto de ingresos brutos o de otros impuestos vamos a bajar, sino cuánto de gastos específicos que tienen un nombre y un apellido vamos a poder bajar.

Como ejemplo podemos citar que, si reducimos tantos millones de pesos menos en gastos corrientes, en el próximo presupuesto de todas las provincias serán tantos millones de pesos menos de ingresos brutos de dichas provincias. Ahí está la clave que simplifica el esquema de gastos que tienen las jurisdicciones sub estatales y eso es cuanto nos permite bajar impuestos. Pero para apoyar estas iniciativas las provincias pedirán más recursos nacionales para hacer un puente, una ruta, un hospital, una escuela. De esta forma se ira conformando un presupuesto para 2018 con sus distintas efectividades conducentes.

También se podría hacer lo mismo con los otros impuestos a reducir y ver de qué forma los podemos compensar con los apoyos directos en dinero para fines específicos. Esta es la forma de ir logrando resultados en materia de Presupuesto Nacional.

Así habría que ir haciendo las cuentas para reducir los diversos gastos corrientes, y de ahí se podrían ir bajando los impuestos que aún tenemos en el presupuesto. Cuánto para reducir las cargas sociales sindicales, cuánto de impuesto corporativo que hoy, en promedio es 52 % de las ganancias, siendo que no hay ajuste por inflación, cuánto para poder bajar el impuesto al cheque, y así con cada uno de los impuestos que quisiéramos bajar.

Después igual nos quedaría el problema de los gastos de las provincias y municipios, pero de esta forma habremos adelantado mucho en las cuentas fiscales.

Argentina va por una utopía: que Cuba pague su deuda con el país

Por Carlos Burgueño - Ambito.com

MARCOS PEÑA VIAJA A LA ISLA E INTENTARÁ HABLAR DEL TEMA. SON CASI U$S 2.000 M.

La idea es avanzar en una "capitalización" con licitaciones y obras públicas. Ya lo intentaron, sin éxito, Menem y Néstor Kirchner. Se generó en los gobiernos de Juan Domingo Perón, Isabel Perón y Raul Alfonsín.

El Gobierno de Mauricio Macri intentará avanzar, y eventualmente resolver, con un viejo tema complicado en la siempre difícil relación con Cuba: la deuda externa por casi u$s2.000 millones que la Isla mantiene con la Argentina y que comenzó a generarse durante la tercer presidencia de Juan Domingo Perón. 

El tema se intentará abordar en algún momento de la visita que el jefe de Gabinete Marcos Peña realice a Cuba entre el 13 y 14 de septiembre, organizada para avanzar en los vínculos "políticos, culturales y económicos" en general, según la presentación oficial del viaje. La idea es abrir contactos con diferentes oficinas del gobierno de Raúl Castro; aunque sin entrevistarse, al menos a priori, directamente con él. 

Las reuniones serán con el ministro de relaciones exteriores Bruno Rodríguez Parrilla, y con su colega de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras, Rodrigo Malmierca; el hombre que tendría la llave de las oportunidades económicas y financieras con la Isla. Es precisamente con este funcionario con el que el tema de la deuda externa cubana con el país sería abierto; con el intento, siempre fallido de negociar algún tipo de pago, aunque de manera indirecta. 

Se descarta que Cuba tenga en sus planes pagar el dinero al contado, a plazo o con deuda pública. Ninguna de las alternativas es viable en la mente de Raúl Castro, como tampoco lo era en la de su hermano Fidel o cualquiera de los hombres del gobierno caribeño. La forma en que desde el gobierno de Mauricio Macri se piensa abordar el tema, a partir de la información que partió del ministerio de Finanzas que maneja Luis Caputo y el de Producción de Francisco Cabrera, es el de analizar algún esquema de "capitalización" de ese dinero, transformando el pasivo en "permisos" de acceso a alguno de los múltiples negocios de obras públicas o licitaciones que periódicamente el gobierno cubano va abriendo a cuentagotas. 

Estos son generalmente aprovechados por empresarios que tienen relación directa con los Castro, como, históricamente, España, México o Portugal; quienes, en general, son los vencedores en las licitaciones de servicios públicos paulatinamente privatizados. 

La idea de la capitalización había sido sondeada originalmente, y sin mayor éxito, por el canciller de Carlos Menem, Guido Di Tella. Sin embargo el que más avanzó fue el primer ministro de Relaciones Exteriores de Néstor Kirchner, Rafael Bielsa, que en octubre de 2003 diseñó un plan de acercamiento para que se analice la alternativa. El entonces presidente le dio el visto bueno a su canciller para que analice escenarios posibles, lo que fue llevado a la Isla, en principio, con cierta expectativa positiva. Eran los tiempos en que Fidel Castro era apadrinado económicamente por Hugo Chávez y, ambos, había concurrido en mayo a la asunción de Kirchner en Buenos Aires.

La propuesta que se llevó a La Habana era cambiar la deuda externa (en esos momentos llegaba a los 1.700 millones de dólares) por la concesión de tierras o de servicios durante un plazo determinado, pero que en principio llegaría a los 99 años. La intención era que el gobierno de Fidel Castro concesionaria al país acreedor, por ejemplo, un lote de tierras predeterminado y luego de que ambos Estados acuerden el precio de ese bien. Para determinar el valor intervendrían terceros países. Una vez realizada la concesión, el gobierno acreedor puede mantener para sí la explotación o subarrendarlo a inversores del mismo país o de un tercer Estado. El esquema ya fue utilizado con éxito por España, a la que Cuba concesionó tierras costeras donde luego del gobierno de Felipe González licitó en los años 80 a cadenas hoteleras de ese país.

México utilizó otro esquema, a partir de la explotación de caminos y de redes de algunos servicios públicos. 

La deuda que Cuba mantiene con la Argentina comenzó a generarse en 1974, durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón con José Ber Gelbard como ministro de Economía, y se consolidó luego con Isabel Martínez de Perón; a partir de un plan de cambio de dinero por aportes industriales de empresas argentinas y cuando la Argentina combatía el capital e integraba el movimiento de países No Alineados. Ese programa significó un desembolso total de aproximadamente 600 millones de dólares. 

Hubo luego un segundo giro de dinero de la Argentina hacia Cuba. Fue en 1984, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín y con el retorno de la doctrina de los «No Alineados» a las relaciones exteriores. Ya en el '86 los envíos de fondos se suspendieron y comenzó a negociarse la forma en que desde Cuba se pagaría la deuda; que en esos días rondaba los 900 millones de dólares. Nunca hubo verdadera intención del gobierno de Castro de cumplir con estos pagos; y el tema languideció sin mayores novedades hasta mediados de la década del '90; cuando el entonces secretario de Relaciones Económicas Internacionales Jorge Campbell comenzó a sonderar la posibilidad de capitalizar la deuda cubana, bajo las experiencias exitosas de México y España; una posibilidad que ya había sido lanzada por el radical César Jaroslavsky durante su estadía en la capital cubana para recuperarse de una complicada operación y tratamiento.

El radical alfonsinista, amigo personal de Castro y con buena relación con Carlos Menem, había hablado en 1998 del tema personalmente con el jefe de Estado cubano, pero sin mayores avances concretos. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa este tema fue ignorado al compás de las malas relaciones con Cuba. El tema volvió con Kirchner aunque también sin éxito. Una vez salido Bielsa de la cancillería, las gestiones se suspendieron ante la visible poca voluntad castrista de hablar del tema.

Autopistas del Sol baja el reclamo ante el Ciadi (II)

Por Martín Bidegaray - Clarin.com

Es porque el accionista principal y controlante de esa firma, Abertis, notificó que levantará un juicio ante ese tribunal del Banco Mundial a cambio de un mayor plazo de concesión.

Abertis, el principal accionista de Autopistas del Sol -que posee la concesión de la Panamericana-, notificó a la Bolsa de Comercio que desistirá de un juicio que le hizo a la Argentina. Será a través de un acuerdo al que llegó con Vialidad Nacional para negociar su contrato.

El pleito contra el país fue planteado ante el Ciadi, un tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial. La compañía pedía un resarcimiento de US$ 359 millones por incumplimientos en la concesión por parte del Estado Nacional. Como la española Abertis posee un 31% de Autopistas del Sol, en Vialidad Nacional estiman que la demanda total -por el 100% de la compañía- hubiera llegado a US$ 1.135 millones.

Como parte de la renegociación, Vialidad extendió la concesión de 2020 hasta 2030, plazo para que Autopistas del Sol pueda recuperar inversiones ya realizadas y no amortizadas. La empresa, a su vez, se comprometió a realizar desembolsos en nuevas obras por $ 7.300 millones.

El acceso norte que administra Autopistas del Sol tiene 120 kilómetros, compuestos por un tramo de la avenida General Paz, la Panamericana y los ramales a Tigre y Pilar.

En Autopistas del Sol, además de Abertis, son socios con la italiana Impregilo (19,82%), Natal (14,12%), ACS (2,68%) y Dycasa (1,75), En el mercado flota el 30% de las acciones de la empresa. En mayo, Sideco Americana (una firma de la familia Macri) le vendió su participación a Natal Inversiones. De esta compañía, solo se informó que poseían emprendimientos en "agro y bienes raíces". Antes de comprarle a Sideco, Natal también adquirió acciones de Autopistas del Sol que poseía Dycasa.

Vialidad reconoce que Autopistas del Sol invirtió US$ 728 millones en la concesión que aún no pudo recuperar. Sin embargo, como parte de la renegociación, le permitirá un recupero de US$ 499 millones. "Tienen plazo hasta 2030, pero puede que lleguen antes. Como la compañía es pública, lo vamos a saber a medida que vayamos monitoreando los balances", explica Javier Iguacel, director nacional de Vialidad,

La concesión de la Panamericana arrancó en 1994. El Estado nacional incumplió el contrato en 2002, con la pesificación, llevando a cientos de compañías a iniciar juicios en el Ciadi.

En 2006, Vialidad decidió un nuevo esquema en los contratos de concesionarios viales, que se aplicó con parches. "Fue una renegociación incompleta, que buscó una solución parcial y transitoria, de cara a una renegociación integral que se iba a realizar más adelante, en 6 meses, pero nunca se concretó", critica Iguacel.

En ese momento, se definió que la concesionaria tenía una tasa interna de recupero de la inversión (TIR) de 11,9% (anteriormente era 15,83%). Pero no se cumplió con la tarifa acordada y Ausol siguió cobrando menos de lo previsto en el contrato original.

En 2012 se crearon los recursos de asignación específica (RAE) que supusieron un incremento tarifario. Pero ese dinero fue para obras específicas y no para los ingresos del concesionario.

Ausol estuvo intervenida por la administración kirchnerista e incumplió el pago de una Obligación Negociable (ON). La firma anotó una larga racha de balances en rojo por el peso de los pasivos que no pudo pagar, según manifestó la empresa en comunicados bursátiles.

Tras aumentos autorizados por este Gobierno, cada auto paga $ 50 de peaje cada vez que utiliza Autopistas del Sol en un viaje realizado en hora "pico". Hay un descuento si se abona con "telepeaje" y el importe se reduce en horarios de menor circulación.

Los próximos pasos

Vialidad se encamina a solucionar las irregularidades administrativas que existían en las autopistas que ingresan a Buenos Aires desde el conurbano. Hace dos meses, firmó un entendimiento con Autopistas del Oeste. Ahora, acordó con Autopistas del Sol. Ambas bajaron juicios en el Ciadi.

El próximo paso es en la autopista Ezeiza-Canuelas. Allí, la concesión está en manos de Cristóbal López. Iguacel intimó a la empresa de López al pago de recursos de asignación específica (RAE), que el concesionario estaba incumpliendo, bajo el riesgo de quitarle la concesión. Aunque hubo contactos entre los abogados, Vialidad designó un interventor y no está conforme con el manejo de la firma de López.

Tanto en el caso de Autopistas del Oeste como en Autopistas del Sol, los acuerdos deben pasar Procuración General del Tesoro de la Nación y luego a la Sindicatura General de la Nación (Sigen). La siguiente etapa es la realización de audiencias públicas.

El riesgo país acentúa su baja y las empresas hacen cola para buscar capital

Por Javier Blanco - LA NACION

Se reactivan los planes para emitir deuda apenas Wall Street retome su ritmo habitual.

Los gerentes financieros de varias empresas locales, ya decididas a buscar capital en el mercado internacional, cuentan los días para que termine el verano boreal.

Con la tasa de riesgo país consolidando su tendencia bajista tras el efecto PAS0 (cerró ayer a 386 puntos, cayendo otro 2%, con lo que ya retrocede casi 12% en el mes) y la referencia de la tasa de interés a 10 años en Estados Unidos en 2,13%, algunos temen que el tradicional "parate" en los negocios de Wall Street, que suele congelar las emisiones en esta época del año, los haga perder una gran oportunidad.

Sobre todo, luego de que en las últimas ruedas de negocios quedó a la vista un marcado aplanamiento de la curva de spread de la deuda argentina respecto de los países calificados BBB en la región tanto en el tramo corto como en el medio (entre 5 y 10 años), que dejó a estos últimos en la zona del 2,5%, "zona de mínimos en el año, incluso por debajo de los niveles previos a las PASO", observó ayer Delphos Investment.

Los sondeos de mercado detectan una decena de emisiones en gateras por un total estimado en US$ 4000 millones. "Los más avanzados son los casos de Pampa Energía y MSU, que buscarían 500 millones de dólares cada una antes de octubre", explica Sebastián Maril, analista de Research for Traders.

Pampa Energía tiene en carpeta una emisión convertible en acciones (para la que dio mandato a Merrill Lynch, JP Morgan y Citi) y otra de un bono en dólares pagables con pesos (peso-linked), que había quedado postergada por la corrida que se disparó contra el peso antes de las elecciones primarias.

Que las principales emisoras en busca de fondos para financiar inversiones sean del sector energético no es casual. Es el sector de la economía más demandante de capitales. No en vano en la lista de los que analizan ese mismo camino de financiación también figuran Transener, Central Puerto y el Grupo Albenesi (que planea la reapertura de un bono a vencer en 2023), entre otros.

Se reabrió una ventana

Maril apunta que el momento de mercado es particularmente apto para planificar este tipo de operaciones, no sólo por las condiciones internacionales, sino por las evidentes señales de rebrote del apetito por el riesgo argentino que surgió tras los resultados de las PASO. "Hay un mercado hambriento por retornos atractivos como los que paga la Argentina en un mundo de tasas muy bajas. Y esto, a la vez, les genera oportunidades al país y a las empresas para refinanciar pasivos más costosos o buscar capital", observa.

Su colega Nicolás Chiesa, de Capital Balanz, agrega otro factor que seguramente incida para que aquellos que pueden busquen recurso en el mercado internacional: la renovada carestía de las tasas de interés locales en pesos. "Las empresas que puedan van a tratar de aprovechar la compresión de tasas que dejó el rally de los bonos largos en dólares de los últimos días para financiarse más barato. En especial porque, dado el nuevo apretón monetario, las tasas locales se han vuelto a encarecer", explica.

El dólar fue, vino y quedó igual

El dólar cerró estable ayer, tras haber iniciado la rueda acentuando el rebote de los últimos días. Pero cuando el billete en el segmento mayorista se volvía a acercar a $ 17,50 (tocó $ 17,48) una súbita reacción de la oferta cerealera lo hizo retraer hasta $ 17,40, para quedar sin cambios. Al público quedó a $ 17,66, 2 centavos arriba del cierre previo, tras haber llegado a $ 17,73.

Estamos en un buen momento para cambiar

Por Orlando J. Ferreres - LA NACION

Tenemos gran déficit fiscal, ya que sumando todos sus componentes llegamos al 8,1 % del PIB, una cifra difícil de manejar. Esto incluye el déficit primario nacional, el déficit de intereses, los déficits de las provincias y municipios, el déficit del sistema jubilatorio y el déficit cuasifiscal. 

Es muy importante tener claridad sobre el tamaño de la tarea emprendida para ver si vamos cumpliendo con nuestros objetivos.

Por ahora hablamos del déficit fiscal primario, que es la unidad más chica de esos déficits. Suma alrededor de 4,6 % del PIB del país y eso no nos tranquiliza, no es un resultado que esté en línea con lo que estamos calculando para el futuro.

¿Qué pasa con los otros desequilibrios? El total de estos cálculos es de 3,5 % del PIB (homogeneizando metodologías), una cifra relativamente grande, que va creciendo cada año. Con el 4,6 % más el 3,5 % de estos déficits llegamos al 8,1% que es el verdadero déficit fiscal que hay que financiar.

El desequilibrio futuro del sistema fiscal nacional es bastante peligroso y debe ser tenido en cuenta como primera prioridad, claro que sin olvidarnos de los otros déficits. Este número de 4,6 % del PIB es el que arrancamos en 2016 y, si bien hay varios intentos de reducirlo, para este ejercicio, sigue en el mismo nivel de 2016. Tendremos que hacer un ejercicio bastante importante para ir achicándolo de a poco, lo que no es nada fácil. Por ahora lo estamos financiando con deuda, pero no se podrá seguir así todo el tiempo.

Una de las variantes es bajar las alícuotas de los ingresos brutos que es uno de los principales impuestos de las provincias. Para ello, el ministro respectivo y sus directivos van a cada provincia una vez por semana para tratar de coordinar el apoyo de los diputados y senadores en relación a las leyes que hay que pasar. Este proceso está bastante avanzado aunque no se llegó a un acuerdo con todas ellas.

Otro ángulo adicional sería el de bajar o eliminar el impuesto al cheque y al depósito, es decir el impuesto a las actividades financieras, lo que si bien es bastante simple, significa una gran caída de recaudación para el gobierno nacional, que no tiene claro de qué manera sustituir esos recursos.

También se está hablando de ajustar por inflación los balances de las empresas de todo tamaño que hasta ahora no sufren ninguna corrección por inflación que permita moderar este tipo de impuestos. Esto sería un gran avance y debería también incluirse, entre otras correcciones, el valor de los terrenos, campos y oficinas que también ahora están sin ajuste.

También se está hablando de efectuar correcciones a las cargas sociales de los trabajadores, especialmente a las cargas patronales, cuyo resultado es muy elevado y desubica a la mayoría de los costos del país. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, dada la sensibilidad política de medidas de este tipo.

Se duplicó la población que tiene que cobrar las jubilaciones y estos cobros, en la medida en que vayan ocurriendo, van a crear un nuevo déficit en el sistema previsional argentino, tanto a nivel nacional como en las provincias que aún lo tienen. Este es un tema que no puede esperar. Lo mismo podemos decir con los sistemas de salud ya que hay varios que están próximos a presentar problemas de financiamiento.

Pronto se enviará al Congreso el presupuesto para el 2018 y ahí veremos si algunas de estas opciones se van condensar en proyectos de leyes, como pueden ser las que mencionamos u otras como las de reducción de los impuestos a la exportación de soja que se pospuso bajarlos por un año, pero luego se postergó y ahora tendremos que bajar en dos años lo que antes se lograba en uno.

Queremos ver lo que se puede hacer con nuestra parte fiscal para el futuro del país. Faltan solo meses para enfocar el resultado, aunque muchas cosas tendrán que esperar, pero no todas. Es fundamental seguir avanzando.

Argentina sigue al tope de causas ante el CIADI

Por Carlos Burgueño - Ambito.com

NADIE LE SACA EL PRIMER PUESTO DE JUICIOS HISTÓRICOS EN CONTRA 

Hace una semana el organismo había resuelto un caso (Autopistas del Sol) pero se abrió uno nuevo por la nacionalización de las AFJP. La mayoría es por reestatizaciones y la salida de la convertibilidad. Sólo Maduro generó más litigiosidad.

La Argentina cerró el jueves pasado el juicio que la española Abertir, entre otros, mantenía contra el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por la explotación de Autopistas del Sol. Sin embargo el país sumó el lunes un nuevo caso: el que MetLife inició por las nacionalizaciones de las AFJP durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esto implica que el país mantiene el mismo nivel de litigiosidad abierta que hace una semana, y que ubica a la Argentina en el primer lugar histórico de causas en contra abiertas, y, hasta ahora, 100% perdidas o negociadas con un pago al litigante. 

Según el banco de datos del tribunal del Banco Mundial, se mantienen abiertos unos 11 juicios pendientes, mientras que se cerraron 43, con un total de 54 planteados en la historia del CIADI. En segundo lugar se ubica Venezuela con 43, seguido por España con 31, Egipto con 29 y México con 20. En este listado se destaca además la Argentina por ser el país que más juicios en contra tiene distribuidos en el tiempo a través de casi dos décadas y media, ya que el resto de los integrantes del listado acumulan causas en un tiempo limitado. Por ejemplo, el Gobierno bolivariano de Venezuela acumula en los últimos tres años un 60% de las causas planteadas por empresas internacionales. El 35% restante se iniciaron durante los tiempos de Hugo Chávez. 

La Argentina había logrado cerrar la semana pasada la causa iniciada por la española Abertis que reclamaba un resarcimiento de u$s359 millones por incumplimientos en la concesión de Autopistas del Sol, de la que detentaba el 31% de la sociedad. 

Según fuentes de la Procuración del Tesoro, que en estos tiempos maneja las causas, el país evitó con la renegociación tener que pagar unos u$s1.135 millones por los reclamos iniciados a la salida de la convertibilidad. Abertis, además, prometió al tener una extensión en los plazos de la concesión, una inversión importante en la autopista que alguna vez construyó y administró Franco Macri. 

Sin embargo la alegría duró poco y el lunes pasado el tribunal habilitó la demanda de MetLIfe por considerarse perjudicado por la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de noviembre de 2008. Así las cosas, todo quedó casi igual para el país ante el CIADI. 

El tema más ruidoso aún por definir es el juicio que Mobil abrió en agosto de 2004 y que ya tiene plena trayectoria en el tribunal, con sanción primaria a favor de la empresa petrolera. El caso nació porque Exxon Mobil planteó que la pesificación de 2002 y la posterior política petrolera argentina perjudicaron sus operaciones en la Argentina y se violaron los correspondientes tratados de protección de las inversiones firmados durante el Gobierno de Carlos Menem. Asegura la petrolera que perdió unos u$s50 millones en su operación de los campos petroleros Chihuidos, Neuquén (del que Exxon controlaba entonces el 51%) y de Aguarague, Salta (donde tenía el 23% ). 

Como "células dormidas", la demanda de la francesa Sauri, que explotaba el servicio de aguas en Mendoza, por unos u$s40 millones, también planteado ante el CIADI y a la espera de una negociación directa con la Argentina. En una condición distinta están los reclamos planteados por algunas gasíferas como Gas Natural Fenosa y Camuzzi, que terminarían levantados según se comprometieron esas empresas cuando se aprobó la revisión tarifaria integral que rige desde el año pasado. 

Como curiosidad, a la Argentina le hace juicio ante el CIADI la nortamericana Enron; una compañía que en su país (y gran parte del mundo) es acusada de fraude y debió enfrentar una quiebra fraudulenta (la más grande en la historia de los Estados Unidos), que incluyó la caída del gigante de la auditoría, Arthur Andersen y prisión efectiva para muchos de sus directores. Sin embargo, en 2001 (el mismo año de su caída) se consideró perjudicada en la Argentina por la salida de la convertibilidad y le presentó un juicio en el tribunal del Banco Mundial por la explotación de Transportadora Gas del Sur (TGS), empresa que luego compró Pampa Energía. 

El último fallo recibido por la Argentina en el tribunal resultó negativo. Fue el que el fondo Burford Capital logró en la causa por la renacionalización de Aerolíneas Argentinas, por el cual obtuvo unos 140 millones de dólares, en una causa que adquirió en u$s13 millones al grupo español Marsans y que le reportó una ganancia del 980%. Por esta causa los exdueños de la aerolínea de bandera obtuvieron un ingreso casi inesperado de u$s230 millones ya que el fondo Burford sólo había comprado una parte de la causa y los derechos de litigar ante el tribunal internacional. 

El estado que más juicios acumuló en los últimos años es Venezuela; situación que se aceleró en desde que Nicolás Maduro llegó al gobierno al punto de amenazar con quitarle a la Argentina el primer puesto del ranking. En la mayoría de los casos se trata de denuncias originadas en el Gobierno de Hugo Chávez pero con juicios concretados durante el régimen de Nicolás Maduro, por violaciones a los tratados bilaterales de protección de inversiones. 

En este sentido, España y los Estados Unidos son los estados que más denuncian a Venezuela. Curiosamente, se comenta en el Banco Mundial, no hay muchas causas abiertas por las nacionalizaciones bolivarianas, ya que en estos casos se considera que los precios pagados en las indemnizaciones chavistas era justos, y, los más importante, al contado. Al parecer, maduro no tiene estas consideraciones. 

Sorprende en el top 3 de juicios ante el CIADI la presencia de España, 28 causas abiertas. Sin embargo hay una explicación técnica que lo justificaría. El reino debe enfrentar unos 27 juicios por la decisión tomada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de recortar ayudas financieras e impositivas a las energías renovables, lo que le valió un gran rechazo dentro de la Unión Europea y la consideración de varias empresas que había invertido en el sector desde los tiempos de José María Aznar de recurrir al tribunal del Banco Mundial. En mayo pasado se conoció el primer fallo a favor de una empresa privada, la británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que lograron un victoria por 128 millones de euros más intereses. Sin el afair de las energías renovables, España sólo tendría 4 juicios pendientes.

Cancillería busca financiarse con la venta de inmuebles diplomáticos

Por  EZEQUIEL CHABAY - Cronista.com

Logró que el resultado de las ventas se destine a la construcción de un edificio anexo al Palacio San Martín. Demoran definición sobre las propiedades en Washington

Con el aval de la Casa Rosada y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Cancillería avanza en un plan para desprenderse de sedes diplomáticas y otros inmuebles en el exterior y volcar los recursos de las ventas a la edificación de un complejo anexo al Palacio San Martín, donde nuclearán varios entes hoy dispersos.

El ministro Jorge Faurie tiene un equipo abocado al proyecto del kirchnerismo, concebido durante la gestión de Jorge Taiana y alumbrado en los papeles por Héctor Timerman. Se trata de la construcción de un edificio de 8 pisos y tres subsuelos en la parte posterior del Palacio San Martín, sobre la calle Basavilbaso, hoy empleado como estacionamiento.

El proyecto original fue a un concurso arquitectónico que en septiembre de 2010 se adjudicó el estudio Galvéz-Autunno. Sin embargo, el plan naufragó a merced de la sintonía fina (o ajuste) que impuso la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2012. Ahora el proyecto volvió a flote.

Los planos presentados hablan de un complejo de 20.000 metros cuadrados y once pisos, con garage subterráneo, comedor, SUM y jardín maternal, junto con oficinas y dependencias como el Archivo y la Dirección de Asuntos Consulares. El secretario de Faurie nos llamó y nos dijo que tendríamos una reunión, reconoció al diario Santiago Autunno, socio del estudio. Si bien no se difundieron las cifras de su construcción, el proyecto estimaba hace seis años en u$s 20 millones. Hoy los costos son otros y podrían hacer del proyecto un 50% más caro.

Aunque no bastará para el total del proyecto, la Cancillería espera cubrir una parte con la venta de oficinas consulares, residencias diplomáticas y terrenos del Estado en Colombia, Brasil y el Uruguay. Los inmuebles que el Estado posee en Washington, Estados Unidos, por ahora quedan en stand by.

El Gobierno definió vender dos pisos de un edificio céntrico en Bogotá, junto con varios estacionamientos. También desea vender la residencia oficial del embajador en Brasilia, ubicada en el residencial barrio Lago Sul, que se halla deteriorado. La lista de bienes se cierra con la venta de un lote en Colonia del Sacramento y el antiguo Centro Cultural 19 de abril, ubicado en el barrio El Prado, de Montevideo.

Al mismo tiempo, Faurie decidió detener la enajenación de las propiedades que el Estado posee en Washington, tal como se había definido en la era Malcorra y con Martín Lousteau en el país del norte.

Faurie hizo saber a sus colaboradores que no permitirá que las propiedades estén sujetas al gusto del embajador de turno, en un claro distanciamiento con la venia que Malcorra le hizo a Lousteau cuando el ex embajador rechazó la residencia oficial sita en R Street y alquiló un departamento en otra zona del distrito de Columbia.

En la Cancillería prefieren hablar de un proyecto integral, que evalúa el destino que se dará a varios inmuebles que tienen un alto valor histórico y cultural: la residencia oficial, bastante deteriorada; un edificio sobre R Street, dedicado años a la Junta Interamericana de Defensa y hoy prácticamente abandonado, y los inmuebles dedicados al consulado y la misión permanente ante la OEA, todos en los alrededores de Dupont Circle, zona emblemática de la capital norteamericana.

El Gobierno prevé ahorrar $ 400 millones en obras para tres gasoductos (II)

Por  SANTIAGO SPALTRO - Cronista.com

El Ministerio de Energía quiere mostrar la gestión y eficiencia que denuncian que le faltó a Julio De Vido. Solamente 6 de 18 ofertas están por encima del Presupuesto.

En un nuevo acto de diferenciación con la gestión anterior, el Gobierno comunicó que prevé ahorrar casi $ 400 millones con respecto a lo presupuestado en la licitación para el montaje de cañerías en tres gasoductos, que habilitarán el acceso de 140.000 usuarios a la red de gas natural.

"Se debe destacar también que los valores ofertados en dólares equivalente por pulgada / metro resultan a su vez inferiores a lo contratado por el Estado Nacional en obras de características similares durante la gestión anterior. Las diferencias observadas, dependiendo de la zona, llegan hasta un 50% menos", informó el Ministerio de Energía, que la semana pasada recibió las ofertas económicas de esta parte del proceso, la más cara del proyecto. El Presupuesto oficial es de $ 2573,8 millones, sobre un total de $ 4078 millones, en los que se incluyen la compra y montaje de motocompresores y de caños de acero en los gasoductos Regional -Centro II, el Cordillerano - Patagónico y el de Tandil -Mar del Plata y la Costa.

De las 18 ofertas presentadas por siete empresas, 12 se ubicaron por debajo de lo estimado por el Gobierno. Es por eso que en las esferas oficiales creen que podrán obtener un ahorro global cercano al 15%; es decir, de unos $ 386 millones en esta etapa del proceso licitatorio.

En la obra del Gasoducto Regional - Centro II, que sumará 34.000 usuarios a la red en las localidades santafesinas de Recreo, Rafaela y Sunchales, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Sacde - TGS, que pertenece al empresario Marcelo Mindlin le adquirió este año Iecsa a Ángelo Calcaterra, el primo del Presidente ofertó por $ 946,9 millones y fue la única que estuvo por debajo del Presupuesto oficial, de $ 1020,9 millones. Así, se perfila con mejores chances que Techint ($ 1106,8 millones) y BTU S.A. ($ 1123 millones).

La expansión de los gasoductos de la Costa y Tandil - Mar del Plata, que agregaría 84.500 usuarios y para el que se estimó en esta etapa un gasto de $ 416,6 millones, es la única obra que concentró el interés de las siete empresas. Techint presentó la oferta más alta ($ 477,4 millones) y Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., la más barata ($ 373,3 millones). En el medio, Mindlin compite con $ 399,2 millones.

La ampliación del Sistema Cordillerano - Patagónico, que promete adicionar 22.000 usuarios en una zona de difícil acceso, concentró el interés de BTU, con una exagerada propuesta de $ 951,3 millones, mientras que Víctor Contreras y Contreras Hermanos pidieron $ 677,5 millones y $ 613,1 millones, respectivamente, para quedarse con la obra que el Gobierno pautó en $ 693,1 millones.

Por último, solamente Techint y la UTE Bahisa-Peitel-Coninsa no participarán en la obra de refuerzo del Gasoducto Cordillerano, entre las localidades neuquinas de Plaza Huincul y Piedra del Águila. Allí, la propuesta más barata fue de Víctor Contreras ($ 246,7 millones) y la única fuera de Presupuesto fue, una vez más, de BTU ($ 474,6 millones, contra $ 443,1 millones calculados oficialmente).

La semana pasada, Energía firmó un contrato de u$s 8.161.307,11 con Industrias Juan F. Secco S.A. para la provisión de motocompresores. En julio, se adjudicaron a Siat y Siderca (dos firmas de Techint) y Royo las compras de caños de acero, y se descartó al gigante chino Sinopec.

Esperan recaudar US$ 100 millones con la venta de un campo del Ejército (II)

Por Fernando Bertello - LA NACION

Son 8267 hectáreas en Córdoba; para evitar la concentración en pocos compradores, habrá condiciones especiales

Vista aérea del campo del Ejército, en Ordóñez, provincia de Córdoba. Foto: Archivo 

El Gobierno buscará recaudar 100 millones de dólares con la subasta pública de 8267 hectáreas, sobre un total de 12.400 hectáreas que tiene un campo del Ejército en Ordóñez, en el sudeste de la provincia de Córdoba.

El establecimiento del Ejército se llama General Paz de Remonta y está ubicado sobre la ruta 6, no sólo en un lugar de buenas tierras, sino equidistante de diversos puntos, por ejemplo, a 246 kilómetros de Rosario, a 254 kilómetros de la ciudad de Córdoba, a 102 kilómetros de Marcos Juárez y a 182 kilómetros de Venado Tuerto.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó precios por lotes. En rigor, se venderán 47 lotes de entre 50 y 370 hectáreas. A modo de ejemplo, para un lote chico, de 69 hectáreas, se puso como valor base 883.903,68 dólares. En tanto, para la subasta de 371 hectáreas se estableció un precio base de 3.453.940,13 dólares.

De los ingresos que se generen con el campo, el 70% irá para el Ejército (que además se quedará con las hectáreas que no se subastarán), mientras que el 30% restante de los fondos por la venta irá a parar a las arcas del Tesoro nacional.

Según informaron en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo que está detrás del proceso y que preside Ramón Lanús, las subastas se harán en dos partes y tendrán lugar en la Sociedad Rural de Bell Ville, ciudad cercana a Ordóñez.

La primera venta pública, con 20 parcelas de entre 50 y 150 hectáreas, será el 9 de noviembre próximo. En tanto, la segunda, con 27 parcelas de entre 150 y 370 hectáreas, será el 7 de diciembre.

A partir de mañana, los lotes estarán disponibles para su exhibición. En el pliego de la subasta se establecieron distintas condiciones. Entre ellas resalta una preocupación del Gobierno para evitar una concentración de la compra en pocas manos.

"A efectos de evitar la concentración de lotes en cabeza de un mismo comprador, la AABE estableció límites de adquisición: cinco lotes, para el caso de que el interesado fuera una cooperativa cuyo objeto principal fuera la explotación de la actividad agropecuaria, y dos lotes, para los restantes tipos de interesados", indica un informe del organismo.

Además, quien compre un lote no lo podrá revender durante un plazo estipulado en diez años.

Hay financiamiento disponible para la adquisición de las tierras. De acuerdo con el organismo que administra los bienes del Estado, se trata de líneas de créditos del Banco de la Nación Argentina y del Banco de Córdoba.

"Luego de seis meses de trabajo junto a entidades agropecuarias como Federación Agraria, Cartez y Coninagro, productores locales, legisladores provinciales y el intendente de la municipalidad de Ordóñez, se logró consolidar un proyecto que resultará beneficioso para la comunidad", indicó Lanús.

El presidente de la AABE señaló que con la venta se apunta a generar desarrollo regional y que puedan participar en ella tanto pequeños como medianos productores.

"Con este proyecto, estamos generando políticas activas de transformación productiva enfocadas en sectores con problemas de competitividad, como los pequeños y medianos productores", indicó.

"El foco de la venta es alentar el desarrollo productivo en la zona, para favorecer el acceso por parte de pequeños y medianos productores a tierras hoy subutilizadas, con la intención de permitir el crecimiento de las economías regionales y generar empleo genuino", agregó.

Según el organismo, en 2015 había 19.600 inmuebles registrados en el país y en el exterior. Hoy son más de 60.000. "Los inmuebles que están a la venta representan menos del 0,15% sobre el total inventariado (60.000)", afirmó.

El Gobierno frenó en Nueva York otro juicio contra la Argentina por YPF

(Telam) - La jueza Loretta Preska hizo lugar a un pedido realizado por Argentina ,al conceder un amparo (stay) y frenar la causa. El fondo de inversión Eton reclama un resarcimiento de U$S 500 millones.

La jueza neoyorquina Loretta Preska hizo lugar a un pedido realizado por el gobierno argentino durante una audiencia celebrada en junio pasado, al conceder un amparo (stay) y frenar la causa iniciada por el fondo de inversión Eton por la expropiación de YPF concretada en el 2012, en la que reclama un resarcimiento de U$S 500 millones.

Fuentes oficiales informaron a Télam que la decisión de la jueza Preska fue comunicada el miércoles pasado a los abogados que representan al país.

En torno a la expropiación de YPF existe otra causa iniciada por el fondo de inversión Buford, por U$S 3.000 milllones, en la que aún se encuentra pendiente una decisión de la justicia neoyorquina.

"Argentina es el ejemplo para la solución de problemas complejos", dijo el presidente del Banco Mundial

Por Silvia Mercado - smercado@infobae.com - Infobae.com
Contundente respaldo de Jim Yong Kim al proceso de reformas en el país. Anunció 2000 millones de dólares de créditos para el 2017. La clave es el gradualismo. "No están apurados", dijo.

Foto: Adrián Escandar

Jim Yong Kim sorprendió a los periodistas reunidos en el Salón de Conferencias de la Residencia Presidencial de Olivos hablando en español. El presidente del Banco Mundial, nacido en Corea del Sur y criado en los Estados Unidos, estudió medicina y, de muy joven, hizo sus primeras prácticas en los barrios humildes de Lima, Perú, combatiendo un brote de tuberculosis particularmente resistente a los tratamientos tradicionales. Allí aprendió el idioma de Cervantes y hoy lo practicó, leyendo, pero mostrando una especial vocación de empatía con los argentinos.

Salía de una reunión que se realizó en el despacho que Mauricio Macri tiene en Jefatura, donde también estuvieron el canciller Jorge Faurie, el ministro de Finanzas Luis Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. Llegó a la conferencia de prensa a bordo de un carrito de golf que manejó el propio Presidente. En el  mismo vehículo y con el mismo chofer se retiró para ir al almuerzo que se sirvió en el chalet que es la vivienda de la familia presidencial, donde devoró un sabroso corte de carne argentina.

El presidente del BM estaba ansioso por venir a la Argentina. Ya se había reunido dos veces con Macri. La primera, apenas llegó a la Presidencia, enero de 2016 en Davos, y la segunda vez cuando el Presidente viajó al Cumbre del G-20 en China. Desde el comienzo quedó impactado con el triunfo de Cambiemos en las elecciones y quiso conocer al "hacedor del milagro". De hecho, el BM mostró su acompañamiento al proceso de transformaciones aprobando para el período 2016-2017 líneas de créditos por más 3000 millones de dólares para el sector público y para el privado.

Pero a esta visita vino con más. Renovó el respaldo a la Argentina anunciando hoy un nuevo tramo de créditos para el período 2017-2018 de otros 2000 millones de dólares en créditos para el sector público (1000 millones) y el privado (los otros 1000 millones), tanto en infraestructura, energía renovable y hábitat, que son obras de urbanización en villas y asentamientos, promoviendo un acceso a la vivienda digna y regularizada dominialmente.

"Este es uno de los países por los que estamos haciendo mayor esfuerzo", reconoció Kim, explicando que "el objetivo es que en los próximos 15 años el 5% del PBI nacional sea invertido en satisfacer demandas de infraestructura en el marco de un desarrollo integral" de la comunidad. Y agregó: "a las personas que piden ejemplos de solución a problemas complejos, les decimos que miren a la Argentina".

Además explicó cuál es la clave del atractivo que tiene el plan de reformas de la Argentina: el gradualismo. "No se están apurando demasiado (en realizar las reforma económicas) para no perjudicar a los más vulnerables".

Kim recordó que el primer proyecto que el Banco Mundial tuvo en la Argentina fue en 1961, financiando el trazado y la construcción de rutas. Desde entonces, tuvieron centenares proyectos destinados al desarrollo, pero el financiamiento que está otorgando en esta etapa es inédito, respaldando proyectos como la ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para 1.500.000 de personas más a partir de junio de 2016, 480 millones dólares para energía renovables, 1000 millones de dólares para el sector privado, entre otros.

Hacía 25 años que un presidente del BM no visitaba la Argentina. "Señor Presidente, usted ha emprendido reformas difíciles para estabilizar la economía, abrir Argentina al mundo y aumentar la transparencia, y esas reformas están sentado las bases que ayudarán a una mayor inversión y creación de empleo de manera sostenible", dijo frente a un Macri exultante.

Ya a la hora de las preguntas, ante una consulta sobre su opinión en torno a las consecuencias que puede tener en la inversión económica la decisión de la CGT de convocar a una movilización de protesta para el 22 de agosto, Kim dijo que "el Banco Mundial tiene prohibido involucrarse en asuntos domésticos, pero puedo comentar las palabras del presidente Xi Jinping (en el sentido de que) el sistema de mercado global es el océano en el que todos nadamos y Macri está leyendo lo que pasa en ese océano de forma perfectamente adecuada".

Y finalizó: "hay 40 trillones de dólares ociosos en el mundo buscando multiplicarse". Dependerá de nosotros, los argentinos, de generar las condiciones para que puedan aterrizar en estas costas.