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domingo, 26 de marzo de 2017

Diez años después, usarán la plata de la valija de Antonini para construir dos centros para niños

Diez años después, usarán la plata de la valija de Antonini para construir dos centros para niños
Por Claudio Savoia - Clarin.com

Un juez le pidió al Jefe de Gabinete que le diera un destino social a los casi 800 mil dólares descubiertos en una valija en Aeroparque. La ministra Stanley eligió el proyecto.


Septiembre de 2008: Guido Antonini Wilson en Miami, antes de una audiencia judicial pocas semanas después del secuestro en Aeroparque de una valija atribuida a él con casi 900 mil dólares.

Fue una madrugada fría y brumosa de agosto, hace casi diez años: recién aterrizado en Aeroparque, a uno de los pasajeros de un jet privado fletado por la empresa estatal Enarsa desde Caracas la Policía de Seguridad Aeroportuaria le encontró en su valija 790.550 dólares. ¿Su nombre? Guido Antonini Wilson, un ignoto empresario venezolano que viajaba en ese vuelo junto al presidente de la petrolera creada por el kirchnerismo, Exequiel Espinoza; al titular del ente controlador de los peajes y hombre de absoluta confianza de Néstor Kirchner y Julio De Vido, Claudio Uberti; y a directivos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

El escándalo por el portentoso hallazgo fue gigantesco. Empañó la campaña presidencial de Cristina Kirchner -a la que estaban destinados los dólares voladores, según declaró después Antonini Wilson- y causó un incidente diplomático con Estados Unidos, cuando la flamante presidenta acusó a Washington de proteger al supuesto dueño de aquella valija, a quien nadie había molestado en Buenos Aires ni impedido su sigilosa partida a Uruguay dos días después del episodio en Aeroparque.

Como en otras tantas causas de corrupción, el fuego de aquel incendio fue apagándose con el tiempo, mientras el dinero secuestrado a Antonini como prueba de un supuesto contrabando se mantenía bajo una burocrática guarda judicial. Hasta ahora: en septiembre del año pasado, el titular del juzgado en lo Penal Económico 2, Pablo Yadarola -que tiene la causa que involucra a Antonini Wilson-, ordenó el decomiso definitivo de la fortuna incautada hace una década y le pidió al Jefe de Gabinete Marcos Peña que estableciera “cuál sería el mejor destino en términos de utilidad pública (salud, educación, o cualquier otro)” para esa plata.

Aunque lógica y a todas luces tardía, la decisión de Yadarola no dejó de ser atrevida, ya que hasta ahora ningún juez había ordenado el decomiso de fondos en una causa sin sentencia firme. El magistrado lo convocó a Peña como "administrador general del país", según la competencia que le otorga la Constitución.

La jefatura de Gabinete inició entonces una ronda de consultas para destinar los dólares de Antonini a algún proyecto de impacto social. Entre otras ideas, se analizó utilizar la plata para la construcción de un centro para víctimas de violencia de género, pero finalmente la ministra de Desarollo Social Carolina Stanley propuso financiar la construcción de dos espacios de primera infancia en las localidades de Gran Tucumán y Tafí Viejo, de la provincia de Tucumán. "Allí se prevé la atención integral en doble jornada de más de 200 niños y niñas de 45 días a 4 años, junto con sus familias", explican a Clarín desde la Jefatura de Gabinete. "En un plazo aproximado de doce meses esperamos comprar los predios para los dos centros, adquirir los materiales para construir, contratar la mano de obra y comprar el equipamiento necesario para su funcionamiento".

El plan también contempla un convenio con la Asociación Civil Centro de Madres Cildañez, que además de participar y controlar el avance y los detalles de la obra trabajará en los centros de primera infancia cuando estén en funcionamiento.

"Además de ser el primer decomiso de dinero que vuelve al Estado, se trata de un caso emblemático que todo el mundo recuerda", dicen en las oficinas de Marcos Peña. "Estamos trabajado para lograr el recupero de activos en forma sistemática, para lo cual sería clave que el Senado apruebe el proyecto de extinción de dominio de bienes incautados en casos de corrupción, para tener más herramientas", presionan. Esa ley, que dio el primer paso en Diputados sin muchas objeciones, está paralizada en la Cámara Alta por la resistencia pertinaz de los bloques opositores.

De Venezuela a Aeroparque, y de una valija al conurbano tucumano, para atenuar las carencias de los bebés y chicos más pobres en la provincia que hace quince años le enseñó al país cómo era la cara del hambre. Puede ser el primer paso, pero si el Congreso y la Justicia no cambian, también el último.

viernes, 3 de marzo de 2017

Intervienen el Registro Civil de Cordoba tras hallar DNI truchos

Por Edgardo Litvinoff - La Voz

  • Tienen el mismo número, pero distintas fotos o firmas. 
  • El Ministerio de Justicia de Córdoba intervino el Registro Civil provincial.
  • La Fiscalía Federal 2 imputó a 17 personas.

El Registro Provincial fue intervenido por el Ministerio de Justicia de Córdoba. (Facundo Luque / Archivo)

Es simple: si cada uno revisa su DNI observará que tiene un número, su foto, su firma y sus huellas digitales. Pero el año pasado, el Registro Nacional de las Personas –que centraliza los datos de cada habitante del país– detectó DNI y pasaportes con igual número, pero con distintas fotos o bien distintas firmas. Al parecer, la forma de confección de estos documentos fue tomar un trámite normal de cualquier ciudadano y cruzarlo con la foto y/o la firma de otro.

Estos casos de usurpación de identidad, según la auditoría del Registro Nacional, no se podrían haber hecho sin la connivencia de un oficial público. Se trata de nueve casos detectados en el Registro Provincial, pero también algunos en dependencias de la Municipalidad de Córdoba.

Todavía no se sabe para qué se podrían haber usado las identificaciones truchas, pero las sospechas son múltiples: desde prófugos que necesitan hacer trámites sin ser detectados hasta personas que querrían entrar a una cancha de fútbol, pese a estar inhibidos para hacerlo.

El sistema nacional es el que cuenta con el software que detecta y alerta sobre estos casos. Apenas realizada la auditoría, la dependencia nacional realizó la denuncia en la Justicia federal y remitió el caso a Córdoba.
El Ministerio de Justicia local, a cargo de Luis Angulo, inició una investigación administrativa que derivó, ayer, en la intervención del organismo de la calle Caseros, en la capital provincial. También decidió trasladar a esos 11 empleados a otras reparticiones. La interventora será Laura Echenique, la secretaria de Justicia del Ministerio.

“El ministro decidió intervenir inmediatamente y separar a los empleados”, dijo Echenique, y señaló que hay motivos suficientes para ello, pese a que debe respetarse la presunción de inocencia hasta tanto se esclarezca la situación.

Uno de los hechos que más llama la atención de los investigadores es que, aunque el sistema emitía un alerta por “Fotografía no aprobada”, los empleados igual continuaban con el trámite que derivaba en ese DNI o pasaporte truchos.

La auditoría del Registro Nacional también detectó estas maniobras en registros de Wilde y Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires.


En la Justicia

La causa judicial recayó en noviembre en la Fiscalía Federal 2, a cargo de Gustavo Vidal Lascano, quien al cabo de estos meses de investigación imputó a 17 personas: la mayoría son empleados del Registro Civil de Córdoba, pero incluyó también a los beneficiarios de esos documentos. La Provincia también se constituyó en querellante.

Tanto el fiscal como los funcionarios del Ministerio de Justicia de Córdoba coinciden en que el sistema informático es muy bueno, y en que, si bien no cierran la puerta a ninguna posibilidad, es muy difícil que se trate de un error de ese tipo. “Nos asesoramos muy bien y es casi imposible hackear el sistema; es infranqueable. Por eso tomamos esta decisión. La maniobra es curiosa por lo elemental y lo simple: uno se saca la foto y otro firma”, explicó Vidal Lascano.

De ahí la sospecha que recae sobre los empleados del Registro.

¿Advertidos?

Hay otro elemento que llama la atención de los investigadores. En diciembre se realizó un operativo para seguir a las personas que habían comenzado a realizar uno de estos trámites en el Registro Civil provincial. Era para sacar un pasaporte, que ya tenía otra versión de ese mismo documento. Pero llegaron el día y la hora establecidos para el turno, y esa persona no apareció. 

Tanto desde la Justicia como desde la Provincia creen que la situación es muy grave, debido a la inseguridad jurídica que podría provocar este tipo de “falla” o “trampa”, según lo que finalmente se determine. De cualquier manera, es un llamado de atención a la vulnerabilidad del sistema, que podría abrir la puerta a graves irregularidades y/o delitos.

En la Municipalidad

Sin imputados. El director del Registro Civil del municipio de Córdoba, Lucas Samame, dijo que la fiscalía lo llamó para explicar cómo funciona el sistema, señaló que si hay irregularidades se suele hacer la denuncia, y dijo no tener detalles de este caso. De todos modos, no hay municipales entre los imputados.

domingo, 26 de febrero de 2017

Detectaron más inmuebles que los Kirchner ocultaron

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
La AFIP ubicó otra propiedad de la firma y departamentos que no fueron informados.

Durante años, los Kirchner ganaron millones por el alquiler de sus inmuebles a tres inquilinos: Lázaro Báez, Cristóbal López y una ignota sociedad anónima que no registró actividad y fue declarada inactiva. Así surge de un informe que la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) envió a la Justicia sobre la sociedad Los Sauces y en el que alertó algo más: la ex familia presidencial es dueña de por lo menos otro inmueble en Río Gallegos sobre el que jamás informó al organismo y, por lo tanto, evadió impuestos.

"Efectuadas las consultas informáticas obrantes en el organismo no se observa la exteriorización del citado bien en las declaraciones juradas [del] impuesto a las ganancias", alertaron los investigadores de la AFIP, que accedieron a la escritura de compraventa de 2010 y a los datos de la parcela, y corroboraron que desde entonces "no se ha incorporado al activo (declarado al fisco) de la sociedad" Los Sauces y que por ende no tributó lo correspondiente.

Los sabuesos fueron más lejos. Cruzaron los registros que la Justicia obtuvo durante los allanamientos con los datos de la AFIP y detectaron que los Kirchner informaron nueve inmuebles para alquilar, pero que (además del que hasta ahora no había sido informado), otros dos abarcan en realidad cuatro departamentos cada uno. Así, los nueve inmuebles originales serían, en realidad, 16 propiedades en total.

Los técnicos de la AFIP detallaron que el inmueble sin declarar al fisco a nombre de Los Sauces SA queda en el número 66 de la calle 25 de Mayo de Río Gallegos y los Kirchner se lo compraron a Austral Construcciones, de Lázaro Báez.

Investigado como presunto testaferro de los Kirchner, Báez aparece una y otra vez en el informe de la AFIP sobre Los Sauces, la sociedad que el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo investigan, ante la sospecha de que sirvió para canalizar coimas, lavar dinero sucio y diversos negocios incompatibles con la función pública.

Por lo pronto, el informe expuso que Los Sauces facturó más de $ 22,2 millones entre 2009 y 2014 si se cuenta sólo a sus tres inquilinos más sustanciosos: Báez (que desembolsó $ 5,8 millones más IVA a través de sus constructoras Loscalzo y del Curto, y Kank y Costilla), Cristóbal López (que pagó $ 14,3 millones, más IVA, por medio de Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia), y la firma Solvencia Crediticia SA (más de $ 1,8 millón, más IVA; es decir, unos $ 2,2 millones), a pesar de que no registraba movimientos, según el Banco Central (BCRA), ni presentaba balances, por lo que la Inspección General de Justicia (IGJ) la declaró inactiva.

A esas primeras cifras, sin embargo, debe sumarse la facturación de 2015 y 2016. Registró otros $ 8,8 millones de López (también vía Alcalis e Inversora M&S, la firma que canalizó los $ 8000 millones que le adeuda a la AFIP), pero sólo $ 631.766,97 de Báez (con Kank y Costilla, y Austral Construcciones), justo cuando el ex empleado del Banco de Santa Cruz ya afrontaba múltiples problemas.

Así, entre 2009 y 2016, los ingresos de Los Sauces superaron un total de $ 31,6 millones, de los que López abonó el 73% ($ 23,1 millones) y Báez otro 20,2% ($ 6,4 millones), en línea con lo que expuso el peritaje contable que también requirió Bonadio y trascendió a mediados de enero. Pero con una diferencia: mientras los peritos basaron su análisis en los registros contables que se llevó la Justicia de varios allanamientos, los sabuesos cruzaron y cotejaron esos registros con los datos disponibles en las bases de la AFIP, sujetas al secreto fiscal.

Problemas de fechas

En esa línea, a la hora de repasar los inmuebles que integran el acervo de Los Sauces, los sabuesos detallaron que la sociedad sólo declaró ante la AFIP nueve inmuebles: tres en la ciudad de Buenos Aires, otros tres en Río Gallegos,dos en El Calafate y el restante el El Chaltén, provincia de Santa Cruz.

Sin embargo, los técnicos detectaron inconsistencias. Así, dos de los "inmuebles" en Río Gallegos corresponden a lotes donde los Kirchner son dueños de cuatro departamentos en cada uno. Es decir, ocho en total. Los Kirchner pusieron el lote, Báez construyó los edificios y se repartieron luego por mitades los departamentos, aunque después Báez se los alquiló a Kirchner.

El tercer inmueble en la capital santacruceña, en tanto, es la casa de la calle Mascarello 441 que la Justicia investiga por sospechas de lavado. ¿Por qué? Porque en octubre de 2011 esa propiedad la compró un socio de los Kirchner, Osvaldo Sanfelice, a través de la firma Negocios Patagónicos por $ 200.000, pero se la vendió a Los Sauces once meses después y seis veces más cara.

Al revisar toda la documentación, no obstante, la AFIP detectó una incongruencia temporal: "Los Sauces SA exteriorizó la incorporación a su patrimonio de dicha propiedad en el mes de agosto/2010 para el impuesto a las Ganancias". Es decir, abundó, "fecha anterior a las consignadas en las escrituras traslativas de dominio de las operaciones de compra y venta realizadas por Negocios Patagónicos".

Facturación bajo la lupa

Allí no se acabarían las inconsistencias en los registros de Los Sauces. ¿El primer dato llamativo? Desde 2006 jamás repartieron dividendos. Sólo "honorarios", "asignados íntegramente a Máximo Kirchner", por $ 1,1 millones.

Por el contrario, todos los miembros de la familia Kirchner -Néstor, Cristina, Máximo y Florencia- declararon haber hecho aportes para capitalizar la sociedad, aunque con el paso de los años esos fondos quedaron muy por debajo de lo que retiraron mediante "cuentas particulares de socios", lo que permite consignar esos retiros como préstamos, en vez de como ganancias.

Para Silvina Martínez, abogada de la diputada Margarita Stolbizer quien radicó la denuncia con la que comenzó la investigación sobre Los Sauces, sería una forma de entorpecer el seguimiento de la riqueza familiar. "Mediante artilugios de contabilidad ilegal", explicó, "los Kirchner lograron adquirir inmuebles utilizando una sociedad pantalla y a su vez retirar sumas millonarias de esa firma sin que se notara un incremento de su patrimonio".

¿Cómo fue en la práctica, según el informe de la AFIP? Los Kirchner dijeron que aportaron $ 11,6 millones a Los Sauces, pero se llevaron más de $ 17,3 millones -sin contar 2016-, muy por encima de las ganancias de la sociedad y sin recurrir al reparto de dividendos, como impone la ley.

viernes, 24 de febrero de 2017

La justicia investiga el incendio en la Linea Roca en Constitución

(Rieles.com) - El siniestro intencional se produjo en la noche del lunes
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Un grupo de personas prendió fuego dos asientos de una formación de la línea General Roca que provenía de Berazategui. El atentado se produjo en la estación Constitución durante la noche del lunes por motivos que los investigadores tratan de descifrar.

El incendio comenzó minutos después de las 22, cuando la gente que había viajado en el último tren, ya se había bajado. El humo que comenzó a salir de uno de los vagones alarmó a los pocos presentes en la estación.

El hecho fue registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo ubicado en el hall central de la estación, cuyo personal dio aviso a las fuerzas de seguridad que intervino inmediatamente.
Incendio-formacion-tren-Roca-1920-1
Para prender fuego los asientos se utilizó un dispositivo casero fabricado con combustible, aerosoles, fósforos y sahumerios.

La Policía Federal de la División Roca actuó de oficio. Los bomberos que llegaron rápidamente al lugar lograron apagar el incendio en pocos minutos. La investigación quedó a cargo de juez federal Ariel Lijo.

Fuente y fotografía: Infobae

sábado, 18 de febrero de 2017

Denuncian a la fundación del Argerich por el manejo de una playa de autos

Por Pablo Tomino - LA NACION
El Gobierno acusa a la ONG, que explotaba el estacionamiento con fines benéficos, de no hacer aportes al hospital de La Boca desde 2009. 

Era un estacionamiento de autos que funcionaba a beneficio del hospital Argerich, en la zona de Puerto Madero . Sin embargo, la Justicia investiga si detrás de esa actividad hubo un presunto fraude y un negocio irregular que facturaba cerca de $ 600.000 por mes.

El interventor de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (Agpse), Gonzalo Mórtola, que asumió su cargo el año pasado, con el macrismo, denunció penalmente a los responsables de la Fundación Hospital Argerich por la presunta explotación irregular de esa playa con capacidad para 250 vehículos, en la avenida Antártida Argentina, entre las instalaciones de la empresa Buquebus y el Hotel de los Inmigrantes, donde amarra la Fragata Libertad. Allí se cobraba una tarifa plana de $ 120, cuyo ticket decía: "Fundación Hospital Argerich", y habitualmente estaba colmada los días hábiles.

Lo recaudado debía ser destinado al centro de salud de La Boca, pero, según explicó a LA NACION el director del Argerich, Néstor Hernández, "desde 2009 hasta hoy no hubo ningún tipo de aportes de la fundación hacia la institución. Me preocupa que unos vivos usen nuestro nombre".

La fundación está presidida por el médico Donato Spaccavento, ex director del Argerich y cercano al matrimonio Kirchner, que al ser consultado por LA NACION negó que el estacionamiento significara "un negocio", y explicó que "pagábamos un canon mensual de $ 88.000 por mes para desarrollar esta actividad, y apenas alcanzaba para pagar el sueldo de cuatro empleados que había en el lugar. Hasta puse plata de mi bolsillo. En realidad, nosotros los denunciamos a ellos [en relación con la Agpse] ya que no quieren hacerse cargo de la gente que se queda sin trabajo. Hicimos un montón de cosas, no sólo en el Argerich, sino también por la comunidad".

De acuerdo con la denuncia penal presentada por Mórtola en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo de Sebastián Casanello, y a la que tuvo acceso LA NACION, la Agpse alertó sobre una "posible comisión delictiva por parte de las autoridades de la Fundación Argerich que consistía en la administración infiel, del estacionamiento otorgado de manera provisoria entre los años 2003 y 2008, y de manera definitiva entre el año 2008 y 2016 con el fin único e irrevocable de generar recursos monetarios genuinos tendientes a colaborar con las arcas del Argerich, ya sea a través de la dirección del centro de salud mencionado, así como también de su Asociación Cooperadora". Según indicó Hernández, director del Argerich, tras un requerimiento por escrito, tampoco la cooperadora recibió estos aportes.

La playa de Puerto Madero, que sí pagaba un canon para funcionar, era muy concurrida. Tenía una tarifa plana, más baja que los garajes comerciales de la zona, que facturan hasta cuatro veces más. "A primera hora de la mañana, después de atravesar la ciudad de norte a sur para llegar al microcentro, se formaban largas filas de vehículos sobre la avenida Antártida Argentina. En la puerta, un precario cartel de chapa pintado de blanco anunciaba la tarifa salvadora, ya que los garajes de la zona costaban tres veces más", contó Gastón Di Fiore, un cliente del lugar. Y agregó: "Allí, un hombre joven se encargaba de cobrar, mientras otro miraba de reojo desde un refugio y tomaba mate. Al final del día, los supuestos encargados ya no estaban para custodiar el vehículo".

Desde 2003

Surge de la denuncia presentada por el interventor del puerto de Buenos Aires que el otorgamiento de este estacionamiento se concretó el 1° de diciembre de 2003, "cuando Donato Spaccavento, en calidad de director del hospital Argerich, aceptó la propuesta que le formulara el entonces interventor de la Agpse, Luis Ángel Diez". En la denuncia, además, se especifica que en abril de 2004 "se presentó nuevamente el doctor Spaccavento, esta vez en calidad de presidente de la Fundación Hospital Argerich y solicitó se autorice a la fundación la explotación del estacionamiento argumentando que desde la mismas iban a apoyar de diferentes maneras al hospital Argerich".

Spaccavento envió información a LA NACION en la que detalló que la Fundación Hospital Argerich había tomado compromiso sociales que van "más allá del hospital", y tanto en 2014 como en 2015 llevaron adelante cursos de "formación de promotores socio-sanitarios", con una carga de 60 horas anuales. También detalló donaciones que la fundación le hizo al hospital hasta 2006, como sillas, camas, colchones y computadoras, además de obras de mejoras edilicias, y un recurso de amparo que presentó el 6 de enero contra la Agpse por el cierre del predio.

En el estatuto de la fundación se destaca que es una entidad sin fines de lucro y que tiene como objetivo brindar "la ayuda moral y material necesarias para al atención sanitaria de la comunidad", además de una labor de desarrollo complementaria del hospital Argerich.

Para los funcionarios de Pro se trata de otra situación irregular impulsada por los gobernantes salientes. "Hicimos la denuncia penal porque los responsables deben pagar por esta estafa", dijo Mórtola a LA NACION. La Agpse presentó como pruebas, además, dos escritos: uno firmado por el director del hospital Argerich, Hernández, en el que detalla que la entidad no recibió donaciones desde 2009, y otra de la cooperadora del centro de salud, firmada por su presidente Carlos Milanesi, que especifica el mismo descargo. La concesión fue quitada el 3 de enero pasado.

domingo, 12 de febrero de 2017

Vialidad Nacional se queda con las máquinas de Lázaro Báez

Por Lucía Salinas - Clarin.com
Lo definió el juez Casanello. También se usarán los autos y camionetas de Austral Construcciones.
Vialidad Nacional se queda con las máquinas de Lázaro Báez
Parte de las maquinarias de Austral Construcciones en Río Gallegos. Foto Maxi Failla.

En completo desuso desde noviembre de 2015, el parque automotor de Austral Construcciones SA (ACSA), la firma insignia de Lázaro Báez, se compone de 114 camionetas y 280 máquinas para obras viales. El juez Sebastián Casanello, después de un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, otorgará provisoriamente todos los vehículos a Vialidad Nacional. "Es una medida provisoria y siempre debe resguardarse la naturaleza de los bienes", indicaron fuentes judiciales a Clarín. El organismo que dirige Javier Iguacel pidió la guarda judicial en agosto del año pasado, con el argumneto de que por las obras inconclusas de Báez sufrieron el "mayor perjuicio".
Vialidad Nacional se queda con las máquinas de Lázaro Báez
El predio de Austral Construcciones en Río Gallegos. Foto: Emmanuel Fernández.

En el inmenso predio que se encuentra sobre la Ruta 3 en el ingreso principal de Río Gallegos, se encuentra la sede operativa de Austral Construcciones. Sin actividad desde fines de 2015 y con un reducido grupo de empleados que custodian el lugar, están estacionadas 114 camionetas y 239 máquinas viales, valuadas por el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) en $ 81.551.000. Además, en varias estancias la Justicia detectó 41 máquinas pesadas más por $ 17.221.000. Así, el parque automor de la constructora tiene un valor de $ 98.772.000.

Los vehículos integran el patrimonio de Báez ( $ 2.547 millones sólo en propiedades), que es materia de disputa pero sobre todo, de investigación judicial porque se sospecha del origen de los fondos con los que el empresario K incrementó durante el kirchnerismo su fortuna: en 2013 declaró tener sólo $ 66 millones.

La Justicia busca darle un "fin social" al patrimonio embargado preventivamente. ​Algunos municipios habían solicitado parte del parque automotor de la constructora, otros organismos nacionales requirieron estancias, incluso en el Sur algunos intendentes pidieron tener la guarda de algunos inmuebles. Por primera vez se otorgará parte de esta fortuna de Báez, en carácter provisorio, y con la condición de que "no sean desnaturalizados", a Vialidad Nacional.

El juez Casanello decidió esta semana, y después de un dictamen del fiscal Marijuan, que le dará la maquinaria de Austral a Vialidad Nacional con asiento en Río Gallegos. "Es para que la preserven además de darle uso ya que mucha maquinaria se deteriora si no se activa, también se puede usar para la campaña antártica, pero todo deberá ser coordinado por Vialidad", señalaron fuentes judiciales. La notificación se realizará en los próximos días. 

Después de un relevamiento del estado de la maquinaria que realizó Vialidad, tras un pedido de Casanello, ​el Distrito 23 del organismo con sede en Santa Cruz informó que 21 máquinas ya no pueden utilizarse. "No posee batería", "No arranca el motor". "Estado deteriorado". "Problemas eléctricos". "Diferencial roto". "Problemas de carrocería". Esas son sólo algunas de las descripciones del documento.

Para evitar que la maquinaria continúe desperdiciándose, la Justicia avanzó en su otorgamiento, que tiene como condición "no modificar su naturaleza", esto es debe priorizarse la preservación pese al uso. El ente nacional señaló en su pedido la necesidad de usar las máquinas para obras inconclusas y otras tareas que se realizan en las rutas.

La medida de entregar en guarda judicial bienes de Báez, podría replicarse en otras propiedades que Lázaro Báez, preso hace diez meses, tiene en el Sur. Por ejemplo, algunos inmuebles ociosos, como unos complejos de cabañas que se encuentran en 28 de Noviembre, "que podrían destinarse, entre otras cosas, para las víctimas de trata de personas", indicaron fuentes de la causa a Clarín.

miércoles, 1 de febrero de 2017

Evalúan crear tribunales para los inmigrantes que delinquen

Resultado de imagen para inmigrantes que delinquenPor Mariano Obarrio - LA NACION
La Dirección de Migraciones y el Ministerio de Justicia analizan nuevos fueros o más secretarías para acelerar los procesos.

El gobierno de Mauricio Macri analiza ahora la creación de un nuevo fuero judicial migratorio o un cambio de estructuras en el fuero contencioso administrativo federal para agilizar los tiempos de expulsión de los extranjeros que hayan cometido delitos e impedir el ingreso al país de los que tengan antecedentes penales.

Sería el próximo paso para darle operatividad al DNU 70/2017, publicado anteayer en el Boletín Oficial, que dispuso mayores controles migratorios. "Se busca cumplir con la necesidad de darle mayor operatividad al sistema y agilizar los plazos de la Justicia para aplicar las nuevas disposiciones migratorias", comentó a LA NACION el director nacional de Migraciones, Horacio García. En la actualidad, los casos de migraciones se tramitan en el fuero contencioso administrativo federal.

En ese sentido, García y el ministro de Justicia, Germán Garavano, comenzaron un análisis de "ida y vuelta" para determinar si es necesario crear un nuevo fuero o buscar otra solución, con una nueva secretaría en los juzgados contenciosos administrativos de todo el país. La solución que se adopte se replicará a todo el territorio nacional.

El DNU, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los bloques parlamentarios de la oposición, que lo ratificarían en el Congreso, se orienta a endurecer los controles migratorios, agiliza la deportación de extranjeros vinculados al delito y prohíbe el ingreso de migrantes con antecedentes penales.

El Frente Renovador, de Sergio Massa, y el jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Pichetto, e incluso sectores del kirchnerismo apoyaron la medida, aunque en algunos casos criticaron que se haya adoptado por DNU y no haya sido debatida en el Congreso.

En principio había trascendido que García, que depende del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, impulsaba la creación de un fuero judicial migratorio. Sostiene que el fuero contencioso administrativo debe atender infinidad de causas de la administración nacional y se pierde el foco en los inmigrantes implicados en causas penales, por lo que los trámites tardan años.

Pero, con el paso de las horas, se comenzó a analizar con la cartera de Justicia la posibilidad de introducir cambios en las estructuras del fuero contencioso y, así, agilizar las causas. "Podría ser con la creación de secretarías sobre Migraciones", dijo a LA NACION una alta fuente oficial. "Se buscan plazos más cortos porque esas secretarías sólo se dedicarán a esos casos", añadió. También se le pedirá una opinión a la Corte Suprema de Justicia.

El DNU de Macri reglamenta "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a los casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina" al país.

sábado, 28 de enero de 2017

Una oficina que concentra casi 100 denuncias

Resultado de imagen para Vialidad funciona la Unidad de Ética y TransparenciaPor Maia Jastreblansky - LA NACION
En Vialidad funciona la Unidad de Ética y Transparencia, a cargo de las auditorías.
La gestión de Cambiemos en la Dirección de Vialidad fue una de las que más denunció la mentada "herencia recibida". Se trata de un organismo que, por sus características, tiene oficinas en los lugares más remotos del país. Y que, en los últimos años, quedó sembrado de sospechas de corrupción.

El caso más resonante fue el que involucró a Santa Cruz, por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial para favorecer a Lázaro Báez . Pero en 2016, Vialidad recibió casi 100 denuncias anónimas por presuntas maniobras espurias de funcionarios y agentes vinculados a las obras públicas viales en diferentes distritos.

En abril pasado, el Gobierno creó la Unidad de Ética y Transparencia (UET) de Vialidad. Se trata de una "oficina móvil" de la Oficina Anticorrupción (OA), integrada por cinco personas que trabajan en auditorías internas. Ese equipo, tal como reveló LA NACION, ya recibió 96 denuncias anónimas de presuntos actos de corrupción en distintos puntos del país.

Muchas denuncias fueron desestimadas, pero en 59 oportunidades se efectuaron investigaciones sobre la base de los casos reportados, que dieron lugar a sumarios internos y suspensiones de funcionarios que todavía trabajan en Vialidad, sin goce de sueldo durante el proceso de auditoría. "El espíritu es hacer las denuncias para que se investigue, sea quien sea la persona implicada", aseguraron desde la dependencia.

La provincia con más denuncias fue Santa Cruz: hubo 23 casos reportados mientras la Justicia avanza con la megacausa por el direccionamiento de la obra pública a Báez, que ya tiene 12 procesados, entre otros a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Planificación Julio De Vido. Le siguen Misiones (15 denuncias), Neuquén (12 casos), Catamarca (11) y Corrientes (10).

Además del caso por presunta documentación trucha en la provincia de Buenos Aires, la UET de Vialidad hizo otras dos denuncias penales.

Una de las causas se abrió en Comodoro Py tras detectar desvíos de fondos con las expropiaciones para la ampliación de la autopista Presidente Perón, continuación del Camino del Buen Ayre.
Según fuentes oficiales, se detectó que familias de bajos recursos que vivían en lugares a expropiar vendieron sus inmuebles a presuntos testaferros de los agentes de Vialidad. Luego eran estos nuevos propietarios los que recibían las indemnizaciones millonarias del Estado. El juez Rodolfo Canicoba Corral investiga el caso.

Otra de las denuncias de la UET fue por una obra en Formosa donde descubrieron pagos millonarios por trabajos no realizados. Los responsables fueron denunciados por negociaciones incompatibles y falsedad ideológica en certificados de obra en un caso que lleva el juez Marcelo Martínez Di Giorgi.

El Gobierno tiene pensado replicar la experiencia de la UET de Vialidad en otras dependencias. Según manifestaron fuentes de la Oficina Anticorrupción a LA NACION, se iniciaron conversaciones con varias agencias del Gobierno, como la Aduana, el Senasa y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), donde hay sospechas de irregularidades. 

"Este tipo de asesoramiento es la mejor forma de prevenir la corrupción y atacarla desde adentro", dijo la titular de la OA, Laura Alonso.

Investigan delitos en licitaciones viales en la provincia

Obras realizadas en el puente Avellaneda, bajo sospechaPor Maia Jastreblansky - LA NACION
La Justicia identificó graves anomalías en decenas de contrataciones durante el último tramo del kirchnerismo.

Obras realizadas en el puente Avellaneda, bajo sospecha. Foto: Archivo.
El dueño de un galpón de materiales de construcción de Lomas del Mirador recibió una llamada desde las oficinas de la Dirección de Vialidad Nacional. Lo contactaron auditores para consultarlo por una vieja licitación. La comunicación lo descolocó. Su empresa jamás había participado de una contratación pública. Más tarde lo sorprendió ver documentación con su firma y el sello de su compañía. Todo era falso.

El empresario no fue el único sumido en el asombro. Por lo menos otros 10 hombres de negocios se enteraron de que sus firmas figuraron en licitaciones en las que no habían participado y que se habrían falsificado documentos para simular compulsas de precios que no existieron.

Esta y otras presuntas maniobras forman parte de una reciente causa penal, a raíz de una denuncia de Vialidad Nacional, que alertó sobre irregularidades en la obra pública del distrito de Buenos Aires durante los últimos años del kirchnerismo.

La Justicia pondrá así la lupa sobre las contrataciones que realizó la delegación del organismo nacional en la provincia. La causa recayó en la fiscalía de Paloma Ochoa, que impulsó la investigación, y en el juzgado de Daniel Rafecas, que prepara las primeras medidas de prueba para cuando termine la feria judicial.

Según pudo conocer LA NACION de fuentes judiciales, en la causa se denuncian presuntas licitaciones orquestadas para simular una aparente competencia entre proveedores, firmas y sellos truchos y la falsificación de pagarés. También se investiga si unos pocos empresarios obtuvieron la mayoría de los contratos sospechados.

La denuncia de Vialidad se originó tras una auditoría interna realizada durante 2016 sobre el Distrito N° 1 (Buenos Aires). El trabajo fue elaborado por personal de legales y por la Unidad de Ética y Transparencia (UET), una "oficina móvil" de la Oficina Anticorrupción en esa dependencia, que recibió al menos 100 denuncias anónimas.

La fiscal Ochoa, de turno durante la feria, pidió impulsar el caso y requirió que el titular de Vialidad, Javier Iguacel, ratifique su denuncia. También que presente más documentación, dado que la actual gestión cuenta con papeles que serán clave para la investigación. El juez Rafecas, que tiene delegado el expediente, prepara las primeras medidas de prueba para el regreso de la actividad judicial habitual, el próximo miércoles.

El informe al que accedió LA NACION alertó que existen elementos para sospechar que agentes viales "montaron una estructura ilícita para adjudicar contratos a proveedores predeterminados o, al menos, simular competencia en compras que, a la postre, ganaron sistemáticamente proveedores habituales de la provincia de Buenos Aires".

La auditoría exhibe una toma de veinte contrataciones públicas que exhiben falsificación de documentos y la confección de sellos y firmas apócrifas. Además advierte que entre los años 2013 y 2015, sobre un total de más de 500 procedimientos, sólo tres fueron mediante licitación pública, el mecanismo que garantiza la mayor publicidad y transparencia.

En tanto advirtieron una presunta concentración de proveedores. Es que el 72,6% del total de los fondos adjudicados se repartió entre 15 empresas, de las 95 firmas que alguna vez obtuvieron contratos.

Casos sospechados

Las contrataciones sospechadas son para obras y para la compra de insumos y materiales. En uno de los casos, para la adquisición de ropa de trabajo, cinco empresas presentaron presupuestos. Los auditores de Vialidad se contactaron con las firmas "perdedoras". Según consta en el expediente, el dueño de una compañía recibió fotos de la documentación y negó enfáticamente que la firma y el sello fueran suyos. Agregó que "jamás participó en una licitación con el organismo". Otro de los supuestos proveedores se llevó una sorpresa mayor: se encontró con un pagaré por $ 15.258 que -dijo- jamás había confeccionado.

En el caso de las obras de mantenimiento del puente Avellaneda, se realizó la licitación privada N° 56/2013. En aquel entonces, por ley era obligatorio llamar a licitación pública toda vez que una contratación superara los $ 800.000. Pero el llamado se hizo por $ 799.015. Cinco empresas retiraron el pliego (y firmaron una constancia), pero sólo una ofertó y se llevó el contrato. Al ser consultadas, las demás "oferentes" desconocieron la rúbrica que figuraba en la documentación y negaron haberse interesado alguna vez en esa obra.

En otras de las licitaciones privadas para la remodelación de oficinas se halló un caso burdo: uno de los que figuraba en la compulsa de precios vio que su sello, fraguado, tenía mal escrito su nombre. En lugar de "Moneto", aclaró, su apellido llevaba doble "T" (ver facsímil). Otro de los falsos proveedores aclaró que "no tiene capacidad para realizar trabajos de esa magnitud" ya que figuraba con una oferta por $ 600.000.

Una de las contrataciones fue para adquirir un dron "tipo cuadricóptero". De las empresas que concursaron, sólo una cumplía los requisitos y salió ganadora. Las otras negaron haber participado. "La firma no es nuestra, nunca retiramos el pliego", respondió una de ellas por escrito. En un caso de compra de mobiliario, uno de las empresas utilizadas de forma irregular aclaró que incluso estaba mal su razón social: no se llamaba "Muebles Caporaso", como estampó el sello trucho, sino "Establecimientos Caporaso".

Otras irregularidades

La Justicia deberá investigar si en las oficinas de Vialidad en Buenos Aires se acudió a "fraccionar" los montos de las contrataciones para eludir el proceso de licitación pública. Además, el Distrito 1° de Vialidad tampoco había comunicado sus compras a la Oficina Nacional de Contrataciones, para que difunda las convocatorias. Así, en la provincia de Buenos Aires, Vialidad se manejó "puertas adentro".

A priori, la causa señala a quince personas imputadas, entre ellas, el jefe de la División Administración del Distrito N° 1 Luis Lozano y otros cinco funcionarios que tuvieron distintos roles en las contrataciones. También otros diez empresarios beneficiados con fondos públicos, que ganaron contratos sospechados.

La Justicia deberá investigar si existieron negociaciones incompatibles y "falsedad material".

viernes, 20 de enero de 2017

Polémica en la Justicia por el traspaso de los tribunales a la ciudad de Buenos Aires

El ministro Garavano saluda a Rodríguez Larreta, ante la mirada del presidente Macri y del ministro OcampoPor María Julieta Rumi - LA NACION
La Asociación de Magistrados anticipó que se opondrá a la medida que fue acordada ayer entre la Casa Rosada y el gobierno porteño.

El ministro Garavano saluda a Rodríguez Larreta, ante la mirada del presidente Macri y del ministro Ocampo. Foto: DyN / Alberto Raggio.

El acuerdo de transferencia de una parte de los tribunales nacionales a la ciudad de Buenos Aires generó una importante polémica en el ámbito judicial. El presidente Mauricio Macri firmó ayer el convenio de traspaso con el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , y de inmediato, esa decisión fue cuestionada por la Asociación de Magistrados. La determinación de la Casa Rosada debe ser ratificada por el Congreso y aprobada luego en la Legislatura porteña. Sin embargo, la entidad que agrupa a jueces y fiscales anticipó su posición de hacer una presentación en la Justicia en caso de que el tema siga adelante.

"La Constitución no le dio a la Ciudad la facultad de tener su propia justicia, sino de ocuparse de cuestiones menores, porque no se habla de administración de justicia como en otras provincias. Nos oponemos al traspaso desde 1994. No sé qué hará el Congreso, pero si lo aprueban recurriríamos a la Justicia", dijo María Lilia Díaz Cordero, presidenta de la Asociación de Magistrados.

En cambio, el presidente del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, Enzo Pagani, tiene una visión diferente: "El artículo 129 de la Constitución estableció el carácter autónomo de la Ciudad y permitió que tuviera su propia constitución y tres poderes, si bien lo de la justicia es paulatino. Hoy la Justicia de la Ciudad sólo tiene dos fueros. Ahora se suman competencias penales, como los robos y hurtos, y la verdad es que no estamos inventando nada. Pasa en las otras provincias. No puede ser que hoy un juez de la Ciudad sea elegido por legisladores provinciales".

En tanto, el subsecretario de Justicia de la Ciudad, Jorge Enríquez, agregó que, por el llamado fallo Corrales, la Corte Suprema exhortó a las autoridades al traspaso de los tribunales ordinarios a la órbita de la Ciudad. "Es importante que la ciudad de Buenos Aires tenga una justicia cercana, con contenido oral, que privilegie a la víctima y no al expediente", indicó Enríquez.

Competencias porteñas

El ex ministro de Justicia Jorge Vanossi también se inclinó en favor de la transferencia judicial: "La ley Cafiero fue muy restrictiva al punto que hasta hace poco la policía seguía siendo la Policía Federal. Todo parece indicar que en la reforma del 94 estaba la voluntad expresa de que se ampliaran las competencias de la Ciudad".

Díaz Cordero, en cambio, afirmó que el trabajo judicial se verá afectado con el traspaso a la Ciudad: "Creo además que no es bueno para el ciudadano. Se va a ver resentida la atención: con la misma cantidad de personas se van a tener que hacer más cosas, los juzgados nacionales van a incrementar su tarea".

Más allá de la posición de esa entidad, que emitió un comunicado en rechazo al acuerdo, la transferencia de funciones judiciales también dividió las opiniones entre los funcionarios del Poder Judicial. "No se debe caer en reduccionismos a la hora de plantear este tipo de debates. El denominado traspaso comprende varios fueros y organismos, cada uno con distintas realidades y necesidades. Es evidente que el mayor o menor éxito del proceso estará en cabeza de los equipos técnicos a cargo de la planificación: si se lo ejecuta de manera eficiente y razonable, no hay razón para temer escenarios apocalípticos", dijo Ernesto Ahuad, secretario de la Justicia Nacional del Trabajo.

Por otro lado, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sebastián Picasso tuvo una visión menos optimista: "Creo que hay problemas constitucionales serios más allá de si la ciudad es provincia o no. Los jueces tiene inamovilidad y eso garantiza la independencia. Eso impediría que los transfieran a Ciudad". Otro actor que analizaba ayer la situación de la firma del convenio es el gremio de empleados judiciales, cuyo titular, Julio Piumato, aseguró: "Vamos a ver si tomamos medidas. Siempre estuvimos abiertos al diálogo, pero nunca nos convocaron".

Del editor: ¿qué significa? A diferencia de lo ocurrido con el traspaso de la Policía Federal, las objeciones judiciales pueden frenar una reforma.

miércoles, 11 de enero de 2017

Un operador de Odebrecht le giró US$ 600.000 al jefe de inteligencia argentino

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo ArribasPor Hugo Alconada Mon - LA NACION
El cambista Leonardo Meirelles, condenado por la justicia brasileña en el Lava Jato, hizo en 2013 cinco transferencias a Gustavo Arribas desde una cuenta controlada por una "empresa de fachada"

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Foto: Archivo.

Un operador financiero y cambiario brasileño condenado por la justicia de su país por su rol en la investigación Lava Jato transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta del actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en cinco pagos que comenzaron un día después de que, en septiembre de 2013, se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para el gigante brasileño Odebrecht.

Ese operador y cambista paulista llamado Leonardo Meirelles se acogió luego al régimen de la "delación premiada", y aportó documentación sobre miles de transferencias que hizo para Odebrecht y otras empresas brasileñas, según surge de los registros de transferencias bancarias que integran la investigación sobre Lava Jato en Brasil. LA NACION obtuvo copias de esa documentación como parte de un proyecto periodístico colaborativo liderado por el equipo peruano IDL Reporteros.

Meirelles transfirió un total de US$ 594.518 mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, desde una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited, que la justicia de su país ya calificó como "empresa de fachada", destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.

Arribas sólo admite una transferencia y la adjudica a la venta de un inmueble en Brasil
LA NACION intentó consultar a Arribas, pero se encontraba en Brasil, de vacaciones junto a su familia. Pero a través de tres colaboradores admitió que sólo recibió una transferencia, por US$ 70.495, el 26 de septiembre de 2013, que adjudicó a la venta de un inmueble en San Pablo sobre el que no aportó más datos.

"Propinas"

A través de esos mismos colaboradores -dos de ellos, abogados-, Arribas negó haber recibido las cuatro transferencias restantes, así como fue taxativo al negar cualquier vínculo con el pago y cobro de coimas que comienzan a salir a la luz a partir del Lava Jato, la gran investigación sobre el sistema de corrupción que azota el sistema político y empresarial de Brasil, con ramificaciones en otros 11 países. Entre ellos, la Argentina.

Cuando Meirelles ordenó esas cinco transferencias, Arribas vivía en Brasil, donde se dedicaba a la compraventa de jugadores de fútbol. Para entonces tenía una antigua relación de amistad y confianza con el actual presidente Mauricio Macri, en ese momento jefe de Gobierno porteño.

En los registros a los que accedió LA NACION, en tanto, no aparecen los motivos de esos pagos. Sólo figura que se transfirieron a la cuenta en la sucursal Zurich del Credit Suisse que el actual jefe de los espías informó en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Conocido como "doleiro" -es decir, operador en el mercado ilegal de cambios brasileño, el equivalente al "cuevero" de la city porteña-, el propio Meirelles confirmó que pagó "propinas" en la Argentina.

Meirelles así lo admitió durante la entrevista que concedió a IDL Reporteros, en el aeropuerto de San Pablo, el 11 de julio de 2015. Detalló que participó en "un total de 3000 o 3500 operaciones [pagos] en cuatro años, que se hicieron entre 2009 y 2014. Estamos hablando de 240 millones de dólares, que yo pagué en mis empresas en Hong Kong, tanto depósitos como pagos, en Panamá, la Argentina y así".

Desde Curitiba, en tanto, el abogado de Meirelles, Haroldo César Nater, respondió a LA NACION que su cliente "no puede proporcionar ninguna información a la prensa nacional o internacional debido al acuerdo de colaboración premiada que suscribió con el Ministerio Público Federal". Y a continuación añadió que "por desgracia, Meirelles no puede ayudarle".

"Irregulares"

Desde el entorno del "doleiro", sin embargo, indicaron a LA NACION que "esas transferencias en efecto se realizaron y probablemente fueron irregulares", y deslizaron que, más que Meirelles, "el que tiene la información más precisa es Youssef", en alusión a Alberto Youssef, su socio y jefe, que también fue condenado a prisión por el juez del Lava Jato, Sergio Moro, y que también se acogió a la "delación premiada".

El momento en que Meirelles concretó esas transferencias es singular. ¿Por qué? Porque en coincidencia con el depósito de los casi US$ 600.000 por parte de Meirelles a la cuenta de Arribas, cobraba un nuevo -y en apariencia- definitivo impulso el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento (a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella).

Anunciado repetidas veces, el soterramiento registró marchas y contramarchas. En enero de 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner había encabezado el acto de adjudicación de las obras. Pero recién en diciembre de ese año firmó el contrato de ejecución.

Reactivación en 2013

El entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime comenzó entonces a cobrar la coima que había acordado con Odebrecht, según consta en unos correos electrónicos que su testaferro, Manuel Vázquez, cruzó con los operadores de la constructora brasileña, y que los investigadores del Lava Jato lograron recuperar.

Sin embargo, a medida que el proyecto entró otra vez en un letargo, se suspendió el flujo de dinero negro. Hasta que en febrero de 2010, Vázquez llegó a enviarle un e-mail a un representante de Odebrecht en Buenos Aires, Mauricio Couri Ribeiro, para reclamarle US$ 80.000 que le adeudaban desde hacía un año, según la documentación recabada por los investigadores del Lava Jato.

Aun así, el proyecto continuó en suspenso. Hasta que el 30 de agosto de 2013, el kirchnerismo publicó el decreto 1244 con el que creó la unidad ejecutora para esa obra, financiada con $ 700 millones del Estado nacional y un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo (BNDS) brasileño por otros US$ 1500 millones.

Veinticinco días después de la publicación de ese decreto, la constructora brasileña anunciaba su beneplácito en su página oficial de Internet: Odebrecht Infraestrutura conquista novo contrato na Argentina, y aportaba a continuación algunos detalles de la obra de infraestructura.

Un día después, el miércoles 25 de septiembre de 2013, Meirelles dispuso la primera transferencia a la cuenta de Arribas por US$ 154.666 en su cuenta 373645-5, en la sucursal Zurich del Credit Suisse. Al día siguiente, jueves 26, otros US$ 70.500 -la que sí admitió el entorno del actual jefe de la AFI-. Y el viernes 27, tres transferencias más por 120.352, 90.000 y 159.000 dólares. Total: 594.518 dólares.

Todas esas transferencias registraron el mismo origen: la cuenta bancaria 313-0-025652-9 en el Standard Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por Meirelles RFY Import & Export Limited.

"Empresas de fachada"

Tanto la firma offshore como Meirelles se encontraban bajo la mira de los policías, fiscales y el juez que impulsan el Lava Jato. Así, en una requisitoria del Ministerio Público de abril de 2014 -es decir, siete meses después de esas transferencias a Arribas-, cuatro fiscales brasileños detallaron que Meirelles y su hermano Leandro integraban una "organización criminal" que entre 2012 y marzo de 2014 realizó "operaciones ilegales en el mercado paralelo de cambio; principalmente para promover la evasión de divisas".

Los fiscales detallaron que RFY Import & Export Ltd y otras compañías offshore de los Meirelles no eran más que "empresas de fachada". ¿Para qué? "Usando una apariencia de legalidad, los denunciados simularon contratos entre empresas brasileñas y extranjeras, buscando justificar, sobre todo ante instituciones financieras extranjeras, la realización de transferencias internacionales", bajo el mando de Youssef, quien actuaba bajo órdenes de Odebrecht y otras grandes empresas brasileñas.

Youssef confiesa

El propio Youssef reconoció ante la justicia de su país que utilizó esa cuenta de RFY Import & Export Ltd para pagar US$ 4,2 millones "que Odebrecht se comprometió a depositar en el exterior" entre septiembre de 2001 y mayo de 2012. Es decir, un año y medio antes de los giros que desde esa misma cuenta se enviaron a la cuenta en Suiza al actual jefe de la AFI.

Ya en abril de 2015, en tanto, el juez Moro consideró probados los roles de Youssef y los Meirelles en la operatoria ilegal. También concluyó que usaron a RFY Import & Export y a otras compañías offshore para "transferencias internacionales mediante contratos cambiarios [basados en] importaciones ficticias".

Con esas evidencias, Moro condenó a los tres. A Leonardo Meirelles, a 5 años de reclusión; a su hermano Leandro, a 4 años de reclusión, y a Youssef se lo redujo a 3 años y medio de reclusión porque, aunque su rol fue mayor, se sumó a la "delación premiada", admitió su rol en las coimas de Odebrecht y aportó evidencias, lo mismo que haría luego Leonardo Meirelles.

Tras el quiebre de su ex CEO, Marcelo Odebrecht, y otros 77 ejecutivos, incluso la multinacional brasileña también comenzó a colaborar. Así selló un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se difundió a fines de diciembre pasado. Uno de los datos que aportó la constructora fue que en 2008 se comprometió a pagar sobornos para ganar un proyecto y que, por ese motivo, entre 2011 y 2014 pagó US$ 2,9 millones en coimas a funcionarios argentinos a través de un intermediario. ¿Podría ser Vázquez?

La empresa Odebrecht también admitió que entre 2011 y 2014 pagó coimas "adicionales" por "aproximadamente" US$ 500.000 a cuentas privadas "de un intermediario bajo el entendimiento de que los pagos eran para beneficio de funcionarios públicos argentinos". Esa suma es similar a la transferida a la cuenta de Arribas, pero el Departamento de Justicia no detalló a quién le pagó Odebretch.

Quién es quién en la trama

Gustavo Arribas - Jefe de la AFI 
 Mundo fútbol - Escribano de profesión, tras su paso con Mauricio Macri por Boca Juniors comenzó a dedicarse a la compraventa de jugadores
Residente en Brasil - Durante casi una década, Arribas se radicó en Brasil, donde formó una familia, expandió su patrimonio y fijó su residencia tributaria
Millonario - Según la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, Arribas es el funcionario más rico del Gobierno con $ 110 millones

Alberto Youssef - Operador brasileño
Para pagar coimas
Youssef declaró ante la justicia brasileña que utilizó la misma cuenta en Hong Kong desde la que se transfirió a Arribas para pagar coimas por US$ 4,2 millones "que Odebrecht se comprometió a depositar en el exterior", entre septiembre de 2001 y mayo de 2012

Leonardo Meirelles - Cambista brasileño
"Propinas"
Socio y subalterno de Youssef, Meirelles admitió en una entrevista que concedió a periodistas peruanos de IDL Reporteros en julio de 2015 que utilizó esa y otras cuentas en Hong Kong para pagar coimas por US$ 240 millones en varios países, pero sólo identificó dos: la Argentina, Panamá

sábado, 7 de enero de 2017

Investigan a 100 empresas por la ruta de las coimas y piden pruebas a Brasil

Efecto doble. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento es una de las obras investigadas tanto en Brasil como en Argentina. Involucra a Odebrecht, al kirchnerismo y al primo del presidente Mauricio Macri. Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, está acusado de cobrar sobornos para adjudicar esta obra.Por Emilia Delfino - Perfil.com
Una fiscalía avanza contra las constructoras que admitieron sobornos en el país vecino y sus socias locales. El caso involucra al kirchnerismo y a la familia de Mauricio Macri.

Efecto doble. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento es una de las obras investigadas tanto en Brasil como en Argentina. Involucra a Odebrecht, al kirchnerismo y al primo del presidente Mauricio Macri. Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, está acusado de cobrar sobornos para adjudicar esta obra. Foto:Cedoc Perfil 

El Lava Jato ya es considerado como el mayor caso de corrupción de América Latina y el capítulo argentino no se queda atrás: los ecos de una red internacional de sobornos comandada por las principales constructoras de Brasil alcanza tanto al kirchnerismo y a los principales funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner, como a la familia del presidente Mauricio Macri, y ahora amenaza con extenderse a una red de cien empresas de la construcción en el país.

El fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, está al mando de un expediente que busca determinar si el esquema del Lava Jato se replicó en la Argentina, y que comienza a transformarse en la mayor investigación sobre la obra pública en la última década. Además, pone la mira en la relación entre los grupos económicos más importantes de Brasil y del país con el poder político, de ayer y hoy. No sólo se están investigando contratos de la era K. También licitaciones de las constructoras brasileñas con el actual gobierno.

El Lava Jato originó en el último año varios expedientes aislados, pero Rodríguez concentra la investigación central sobre el supuesto pago de coimas de las cinco constructoras involucradas en el caso de Brasil que operaron en Argentina: Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y las filiales brasileñas de dos argentinas: Contreras Hermanos y Techint.

En las próximas semanas, los fiscales del Lava Jato, que investigan en la ciudad de Curitiba, recibirán un pedido de colaboración oficial del fiscal Rodríguez, informaron fuentes de la Procuraduría a PERFIL. El documento estará traducido al portugués en los próximos días. En el exhorto, el fiscal solicita a sus colegas de Brasil todos documentos, e-mails, registros telefónicos, y testimonios de arrepentidos, entre otras pruebas centrales, que revelen cómo fueron las operaciones de Odebrecht, Techint, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Contreras Hermanos en la Argentina, durante el período 2006-2014. Eso incluye, además, una estructura de alrededor de cien empresas de capitales argentinos o con operaciones permanentes en el país que se asociaron a las protagonistas del Lava Jato o les prestaron servicios en las obras, según el expediente.

La Procuraduría busca determinar si las empresas pagaron sobornos a funcionarios argentinos para ganar contratos con el Estado; cómo los pagaron; cómo fue la ruta del dinero; y quiénes operaron como intermediarios entre las empresas y los funcionarios.

Las empresas protagonistas del Lava Jato se asociaron con al menos 19 empresas, según los registros de Uniones Transitorias de Empresas (UTEs). Diez de esas socias –la mayoría de ellas locales– figuran en la lista de las 36 empresas más beneficiadas por el kirchnerismo en la obra pública: desde Iecsa –de Calcaterra, el primo de Mauricio Macri– y Roggio hasta CPC de Cristóbal López y el grupo Austral. Desde Techint y Rovella Carranza hasta Esuco y Electroingeniería.

Entre 2006 y 2014, esos consorcios empresarios ganaron licitaciones de obra pública para construir gasoductos, obras de transporte, rutas y acueductos, entre otros proyectos. Techint es la firma más beneficiada con la obra pública en ese período. Odebrecht ocupa el 6º lugar en la lista. Contreras Hermanos, el puesto 21º.

La Procuraduría comenzará a analizar las contrataciones y licitaciones en las próximas semanas, pero el universo de contratos de estos grupos es tan grande que deberán elegir un “muestreo aleatorio”. Además, pedirá la colaboración de otros organismos y de las áreas de auditoría interna de los ministerios. Los investigadores también cuentan con los movimientos de dinero del Tesoro para el pago de estas obras. 

Rodríguez mantuvo en 2016 un reunión con sus colegas en la ciudad de Curitiba, pero el exhorto es el primer pedido oficial para que Brasil envíe las pruebas de la investigación del Lava Jato que involucre a funcionarios y empresarios en el país. Sólo en el caso de Odebrecht, seis ejecutivos de la empresa brasileña reconocieron que la constructora pagó sobornos por US$ 35 millones a funcionarios argentinos.

PERFIL contó el domingo la historia de Fernando Migliaccio da Silva (48), el ejecutivo de Odebrecht encargado de gestionar los pagos de sobornos a políticos brasileños y extranjero. Los testimonios de seis ejecutivos de la compañía arrepentidos ante los Estados Unidos detallaron cómo operaba. Esos testimonios también serán solicitados por la Procuraduría.

El Lava Jato no tiene eco solo en el pasado. Las empresas que son eje en la investigación de Brasil desde hace dos años, y que ahora son investigadas en la Argentina, siguen participando de licitaciones en la obra pública o recibiendo fondos públicos. Los acuerdos de colaboración le garantizan poder seguir operando en el mercado, si confiesan y aportan información.

La pista del Sarmiento

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó al Ministerio de Economía el registro de pagos a las empresas involucradas en el Lava Jato. Casi todos ya fueron informados, pero aún se esperan los de Transporte, un área sensible para el kirchnerismo y el macrismo por una obra en particular: el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

La obra, licitada en 2008 por el gobierno de CFK, fue adjudicada a Odebrecht en sociedad con Iecsa, Ghella y Comsa. La obra es investigada en Brasil por el supuesto pago de coimas a Manuel Vázquez, asesor y testaferro del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime. La Justicia de ese país cree que Odebrecht sobornó para obtener la licitación que comparte con la constructora del primo del presidente Macri, Angelo Calcaterra.

Una de las primeras medidas de Macri en materia de obra pública fue garantizarle al consorcio empresario integrado por su primo y Odebrecht los fondos públicos para avanzar en la obra. Este medida del Ejecutivo también será investigada por el fiscal Rodríguez.

jueves, 29 de diciembre de 2016

Piden saber si el Estado les pagó a militantes montoneros

Por Mariano De Vedia - LA NACION
La hermana de un soldado hizo un planteo a Avruj
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A pesar de haberle escrito tres cartas al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, la señora Jovina Luna no encuentra una respuesta satisfactoria a su reclamo. Ella es hermana del soldado Hermindo Luna, quien en 1975 cumplía el servicio militar obligatorio en el Regimiento Monte 29, de Formosa, y estaba de guardia el día en que una formación de Montoneros copó el cuartel, en una ofensiva guerrillera que dejó 13 soldados y policías muertos. En el ataque al regimiento, durante plena vigencia de un gobierno constitucional, también murieron 15 miembros de la organización armada.

"Esos asesinos les gritaron a los soldados de la guardia que se rindieran. Hermindo tenía 20 años y les gritó: «¡Acá no se rinde nadie, carajo!», y lo ametrallaron", relató a LA NACION la hermana del soldado, quien se dirigió a Avruj para conocer, a través de un pedido de acceso a la información, si los que ejecutaron a su hermano recibieron indemnizaciones por las leyes reparatorias.

Con esa finalidad, solicitó por escrito el 11 de marzo y, luego, en una carta documento enviada el 23 de abril, que se le permitiera acceder al listado completo y actualizado de las personas que recibieron el beneficio. "Tengo el derecho de conocer los nombres de todos los montoneros que cobraron", le escribió Luna al secretario de Derechos Humanos.

En julio recibió como respuesta del organismo una negativa, con el fundamento de que se trata de "datos sensibles", reveló la hermana del soldado, frustrada con la explicación. El 26 de octubre pasado volvió a plantear su reclamo a Avruj en una carta manuscrita.

Según varias denuncias, el pago de indemnizaciones a combatientes de organizaciones guerrilleras y sus familiares se extendió particularmente durante los doce años del gobierno kirchnerista. En el libro Mentirás tus muertos, el autor José D'Angelo estimó que el total de indemnizaciones abonadas por asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ascendió a US$ 1850 millones. "Si el Estado premió a los que asesinaron a mi hermano o a sus familiares, quiero saberlo, quiero que me lo digan. Y que se hagan responsables", relató Luna, que reside en la localidad bonaerense de Mechita, partido de Bragado.

A la espera de que se le permita acceder a la lista, la hermana del soldado Luna quiere conocer si "es verdad que han indemnizado a los montoneros que mataron a todos esos jóvenes soldados que defendieron el cuartel".

"Hace tiempo les reclamo a las autoridades de este gobierno lo que antes era imposible. Yo creí que este gobierno me iba a entender, pero se ve que me equivoqué", arriesgó la señora Luna. cuyos padres murieron "con la tristeza de saber que sus asesinos son tratados como héroes y premiados por haber hecho lo que hicieron".

sábado, 24 de diciembre de 2016

El Ciadi ordenó indemnizar a una empresa alemana

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(La Nación) - El Ciadi, tribunal del Banco Mundial, ordenó indemnizar en US$ 13,41 millones a Hochtief Aktiengesellschaft, empresa alemana que participó de la construcción del puente Rosario-Victoria, informó ayer la Procuración del Tesoro.

El reclamo había sido presentado por 157 millones contra el Estado argentino por la concesionaria, que se sintió perjudicada como socia de Puentes del Litoral S.A., firma que ganó en 1997 la concesión para construir, mantener y operar la obra. Argumentaba que, por la pesificación y los cambios tarifarios, la Argentina había violado puntos del Tratado Bilateral de Inversiones firmado en 1991 con Alemania, como la prohibición de expropiar o adoptar medidas injustificadas o discriminatorias y la obligación de dar trato equitativo. 

En su fallo, según la Procuración, el tribunal consideró que había responsabilidad del país en no "conferir un trato justo y equitativo al no haber restaurado y reparado el equilibrio comercial garantizado en el contrato, y haber pesificado el peaje", pero rechazó la mayor parte del monto reclamado.

13,41 Millones - Son los dólares que deberá pagarle el Estado argentino a Hochtief Aktiengesellschaft, una de las constructoras del puente Rosario-Victoria. El reclamo había sido por 157 millones.

jueves, 22 de diciembre de 2016

Suspendió la Corte las obras de las represas en Santa Cruz

Por Mariela Arias - LA NACION
Pidió realizar estudios ambientales antes de que sean construídas las centrales hidroeléctricas Kirchner y Cepernic

EL CALAFATE.- Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió las obras de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, que ya se encontraban paralizadas desde hacía un año. Los jueces recomendaron que se cumpla con los estudios de impacto ambiental antes de avanzar con la obra para garantizar la protección de los glaciares. El fallo abre la incógnita sobre cómo afectará esta decisión judicial a los acuerdos económicos firmados entre el gobierno y China.
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La Corte hizo lugar, así, a las medidas cautelares presentadas hace más de un año por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales. El máximo tribunal aclaró que la medida no incluye las "tareas preliminares" del proyecto ejecutivo. Es decir que podrían continuar las obras de sondeo geotécnico exploratorio, las actividades de estudio de base para el proyecto, los caminos de acceso y la construcción de villas temporarias.

Los jueces fundamentaron su decisión en que luego de pedir informes de la obra a los organismos intervinientes del Estado advirtieron que no se habría cumplido con el procedimiento de impacto ambiental y audiencia previsto en la ley de obras hidráulicas. Aclararon que no se ofrecieron "razones que expliquen esa conducta".
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La ley de obras hidráulicas es de considerable relevancia en el caso, dado que establece mecanismos específicos de información pública ambiental y participación ciudadana mediante el desarrollo de audiencia pública en el ámbito del Congreso de la Nación. En el fallo se transcriben los detalles que la ley determina y los plazos que se deberán respetar, tanto para la presentación del estudio como para las consultas vecinales.

Los jueces recordaron que hasta el momento el estudio de impacto ambiental que se había presentado era del 9 de diciembre de 2015. La Secretaría de Medio Ambiente de la provincia lo aprobó el mismo día en el que se realizó la audiencia pública fijada por ley, en la localidad de Piedrabuena. Fue el último día del gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, la Corte considera que es necesario ampliar los estudios y aplicar la ley de obras hidráulicas, que hasta ahora no se habría tenido en cuenta.

Impactos económicos
Foto: Archivo / Horacio Córdoba
El fallo también podría producir un cimbronazo en los acuerdos a los que la gestión de Mauricio Macri llegó con el gobierno de China, por los que a mediados de año se aseguró la financiación de US$ 5000 millones para las dos centrales hidroeléctricas, US$ 12.000 millones para dos centrales nucleares (Atucha IV y Atucha V) y US$ 2700 millones para recuperar el ferrocarril Belgrano Cargas.

Entre los otros acuerdos, se habían establecido: US$ 1800 millones para dos gasoductos en Córdoba; proyectos de inversión por US$ 360 millones para un acueducto y obras viales en Entre Ríos, y US$ 350 millones para un programa de generación fotovoltaica en Jujuy. También un proyecto de energía solar para San Juan y otro para La Rioja, que sumarían US$ 800 millones más de financiamiento.

En Santa Cruz, la suspensión de la obra genera inquietud en el sector de la construcción, que ya veía con buenos ojos los últimos anuncios de reactivación. Cientos de obreros están subsidiados por la UTE Represas de la Patagonia y por el gobierno provincial.

En agosto pasado, el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, visitó Santa Cruz y bajó las expectativas sobre una fecha de reinicio de las obras. Aseguró que las represas no avanzarían "si no se hace el trabajo de impacto ambiental". En ese momento firmó con Alicia Kirchner convenios de intercambio académico y sobrevoló el lugar donde estarían emplazadas las obras.

Hasta ayer, la expectativa por la reactivación de las obras en Santa Cruz crecía. Hace menos de una semana, gerentes de la UTE Represas de la Patagonia brindaron una charla informativa donde aseguraron que en enero empezaría la actividad en los obradores y marcaron mayo como el mes probable de inicio de las obras.

Allí también presentaron un trazo grueso de los cambios que reformularon al proyecto, que incluye la reducción de los niveles del embalse Néstor Kirchner y la disminución de la cota a 176,5 metros sobre el nivel del mar, con lo cual lo desacoplaría del Lago Argentino y no afectaría a los glaciares.

De este modo, a través de la presentación, los técnicos de la UTE reconocieron lo que ambientalistas, estudiosos y vecinos venían asegurando desde hacía años. Es que los proyectos anteriores, con una cota superior, iban a afectar no sólo la costa de la localidad, sino también la vida de los glaciares y el ritmo del Lago Argentino.

La Corte fue contundente en el fallo, al indicar que se debe determinar cuál sería el impacto ambiental que esos emprendimientos podrían causarle al ecosistema. En particular, al Lago Argentino, a los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala, y al Parque Nacional Los Glaciares.

Los argumentos legales de la paralización

Suspensión - La Corte Suprema dictó una medida cautelar que suspende las obras de las represas hidroeléctricas Kirchner y Cepernic, hasta que se implemente el proceso de evaluación de impacto ambiental

Prevenir daños - El tribunal requirió estudios para prevenir eventuales daños al ecosistema en el Lago Argentino, los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala, y el Parque Nacional Los Glaciares

Audiencias públicas - No se cumplió con la ley 23.879, de obras hidráulicas, que fija mecanismos específicos de información pública ambiental y participación ciudadana a través de audiencias públicas

martes, 20 de diciembre de 2016

El "policía millonario", dueño de una flota de helicópteros y más de cien propiedades

Por Fabián Debesa - Clarin.com
La Justicia lo investiga por “enriquecimiento ilícito”. Era quien manejaba las horas extras de los agentes. En su declaración jurada, dijo tener solo siete inmuebles.
El comisario inspector Néstor Omar Martín (izq.) fue desplazado y pasado a retiro. Dicen que es el policía más rico de la Provincia.
El comisario inspector Néstor Omar Martín (izq.) fue desplazado y pasado a retiro. Dicen que es el policía más rico de la Provincia.

En los Tribunales le pusieron un nombre alejado de los tratados de Derecho, pero bien gráfico: la llaman la causa del “policía millonario”. Es una derivación del decreto que obligó a los jefes de la Bonaerense a presentar sus declaraciones juradas de bienes y el caso del comisario inspector Néstor Omar Martín ahora acumula decenas de fojas con indicios de enriquecimiento ilícito. Según la denuncia, el ex responsable de Coordinación Operativa de la Policía tendría una flota de helicópteros, 101 terrenos en La Plata y hasta sería accionista en fondos comunes que manejan pases de jugadores de fútbol.

La presentación la hizo la Auditoría de Asuntos Internos ante el fiscal penal platense Marcelo Romero. Fue pocos días después de recibir el detalle de las propiedades que declaró Martín en la Escribanía General de Gobierno. Con su firma, el jerarca declaró un total de 4.022.108 pesos, que incluyen siete propiedades inmuebles en La Plata; un helicóptero “experimental” valuado en 400 mil pesos y otros bienes. Incompatible para un funcionario que cobraba poco más de 42 mil pesos como comisario general, el último peldaño del escalafón policial. Era el integrante de la cúpula con la fortuna más abultada. Por eso, los auditores comenzaron a reunir testimonios.

Y allí se encontraron con sorpresas. Bajo reserva de identidad se presentaron testigos que aportaron más datos. Martín sería poseedor de un predio en la periferia de La Plata que fue subdividido en 101 lotes aptos para la construcción de viviendas. Además, el ahora comisario retirado sería propietario de una “flota” de helicópteros, que usaba para alquiler.

Toda la información está sujeta a verificación. Por eso Romero confirmó a Clarín que envió oficios a la AFIP; a ARBA; a dependencias de aeronavegación y otros organismos para avanzar con el expediente. Y reclamó informes al Registro de Propiedad de Nación y Provincia, al Registro de Embarcaciones, el Registro de Aeronaves, a empresas privadas de aviación y al Banco Central para certificar las propiedades a su nombre.

Por ahora, la sospecha es por “enriquecimiento ilícito”. Pero también podría derivar en otros delitos de jurisdicción federal.

Martín es un contador que pasó casi 30 años en la Fuerza, pero siempre se desempeñó en sectores administrativos. En los ‘90 estuvo como “coordinador” de la Departamental La Plata, un lugar estratégico para el manejo de fondos que no siempre tiene una auditoría contable prolija: las horas Cores; los Polad (Policía Adicional, para custodia de puntos fijos) y los viáticos policiales. Ingresó a la institución en el escalafón “administrativo”. Es decir, no tenía mando de tropa. “Nunca estuvo en la calle o al frente de una comisaría”, contó a Clarín un oficial retirado.

Pero supo vincularse con los sectores políticos y hasta judiciales en la capital bonaerense. Hasta que llegó a la Jefatura de la Policía, para ocupar la Superitendencia de Coordinación Operativa.Es decir, el mandamás de las coordinaciones de todas las seccionales provinciales. Allí estuvo casi 8 años. “Pasaban los gobernadores y varios ministros de Seguridad y Martín siempre permanecía en su puesto”, agregó el informante.

Su trayectoria tiene otro aspecto significativo: aunque pertenecía al escalafón administrativo, pudo lograr el grado de general, reservado para los jefes con mando de tropa. “El único caso similar que se conoce en la historia es el de José Lopez Rega, que pasó de cabo de la Federal a comisario general”, recuerdan.

Cuando su declaración jurada se puso bajo la lupa de Asuntos Internos fue desplazado y pasó a retiro.

En abril último, la gobernadora María Eugenia Vidal firmó un decreto para que 3.000 jefes policiales presenten la declaración jurada de bienes. Tenían plazo hasta fines de julio. Algunos se demoraron y 154 fueron sancionados. Por ahora, el caso de Martín es el único con proceso judicial por enriquecimiento ilícito.
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