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viernes, 11 de mayo de 2018

Se abre instancia legal para el desguace de otras tres embarcaciones

(Pescare.com) - Prefectura está cumpliendo con las etapas formales para que el “N 33 Young In”, el “Depemas 81” y el “Neptuno” pasen a manos del Estado y sean cortados.
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En los próximos meses y de avanzar el proyecto que maneja el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, el “N 33 Young In” (Daiel Industrial Co. Ltd), el “Depemas 81” (Depemas SA) y el “Neptuno” (Barillari) podrían ser retirados del agua.

Como primera medida, hoy fueron publicadas en el Boletín Oficial las intimaciones de Prefectura para que sus responsables extraigan o trasladen las unidades. Por tratarse de empresas inactivas/quebradas, la siguiente instancia será el traspaso al Estado.

“La publicación en el Boletín Oficial inicia automáticamente el abandono a favor del Estado nacional. Esto nos va a permitir después desguazar estos barcos, ya en cabeza de la Prefectura”, explicó el presidente del Consorcio, Martín Merlini.

En contacto con Pescare.com.ar, el funcionario recordó que ya comenzaron las tareas para los desguaces del “Chiarpesca 57” y “Chiarpesca 58” en las secciones cuarta y quinta como parte de un plan para despejar áreas operativas de la estación marítima.

“Luego, seguirán con dos barcos más en fila, para dentro de tres o cuatro meses, cuando se cumpla el plazo legal de sesenta días dispuesto por Prefectura, estos tres barcos más puedan estar disponibles para cortarlos”, apuntó.

Draga Mendoza

El mismo destino tendrá la draga estatal “Mendoza 259 C”, abandonada desde 2015 tras prestar algunos servicios en el acceso al puerto. La empresa encargada de llevar adelante los trabajos será Lusejo, que ya tiene algunos contratos firmados con privados.

“El costo de la remediación y el posterior desguace de la embarcación lo asumirá la firma que hoy está trabajando con contratos privados en tareas de ese tipo (…) Lusejo va a disponer de estas embarcaciones de manera gratuita, sin costo para el Estado. En este proceso también está incluida la draga”, amplió Merlini.

Como contraprestación, la empresa que extraerá las embarcaciones no abonará el uso del área: “En términos del beneficio al puerto, ellos solicitaron un espacio para poder trabajar y cortar esa chatarra que van a generar y nosotros le hemos dado gratuitamente por el término de un año ese espacio en la sección cuarta y quinta”, cerró Merlini.

La Justicia decretó la quiebra de Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López

(Infobae.com) - El magistrado Javier Cosentino abrió un plazo de 72 horas para que los que estén interesados en la empresa presenten su propuesta de compra

El juez en lo Comercial, Javier Cosentino, decretó hoy la quiebra de la empresa Oil Combustibles, propiedad del empresario Cristóbal López, por no pagar 8.000 millones de pesos en impuestos al combustible.

En una resolución de 11 páginas, el magistrado también dispuso que la empresa continúe trabajando durante 30 días y ordenó medidas para preservar el patrimonio y los puestos de trabajo.

En su fallo, Cosentino sostuvo que el trámite de la causa y la situación de la empresa "no permiten otra salida" y abrió un plazo de 72 horas para que los que estén interesados en la empresa presenten su propuesta de compra.

Oil Combustibles fue una de las empresas más importante del Grupo Indalo, de López. La compañía tenía estaciones de servicio y una investigación periodística reveló que durante tres años no pagó 8.000 millones de pesos del impuesto al combustible.

Se abrió una causa judicial en la que López, Fabián de Sousa y el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, fueron procesados. Los empresarios están presos. Paralelamente hubo un expediente por la situación patrimonial de la empresa.

El juez Cosentino calificó hoy la causa como un "peculiar proceso universal que por su complejidad y trascendencia ha motivado diversas reacciones en variados ámbitos de la sociedad", y sostuvo que tras el "fracaso del denominado proceso de salvataje" se impone la quiebra.
"No hay dudas, una mera revisión de la causa en suma a las medidas adoptadas y cumplidas ante tan drástico escenario no permiten otra salida, mal que pese, que proseguir con el cauce previsto dentro del ordenamiento concursal", señaló el magistrado, que junto con la quiebra tomó otras medidas.

Una de ellas fue en pos de preservar el patrimonio de la empresa, los puestos de trabajo y el medio ambiente. Para eso, el juez dispuso que los interesados en adquirir la empresa pueden presentar sus propuestas.

"Se abre un período de 72 hs. a partir de la notificación por nota de la presente a fin de que potenciales inversores privados interesados en la eventual adquisición de la empresa en marcha, presenten sus propuestas en autos en sobre cerrado y debidamente individualizado para su correcta identificación, o lo hagan de considerarlo pertinente, a los interventores designados en la causa", explicó Cosentino. También dispuso siete condiciones que deben tener las empresas que se presenten.
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Ante la quiebra, el juez además citó al juzgado para el 19 de septiembre a López, De Sousa y los actuales administradores de la empresa, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre. Esto es "a fin de brindar las explicaciones que le serán requeridas en pos de determinar la composición del activo de la quebrada".
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A Rosner y a Dellatorre se les prohibió la salida del país y se los inhibió como integrantes del directorio de la empresa. Sobre Oil Combustibles se dispuso mantener la inhibición general de bienes, ordenar el cierre de todas las cuentas bancarias que si tienen saldos deben ser puestos a disposición del juzgado y extendió por 60 días el trabajo de los interventores judiciales.

martes, 24 de abril de 2018

La Cámara de Casación confirmó la constitucionalidad de la Ley de Migraciones en casos de expulsión de extranjeros

Resultado de imagen para Ley de Migraciones en casos de expulsión de extranjeros(Infobae.com) - La Sala IV de ese tribunal rechazó un recurso que pretendía la inconstitucionalidad de un artículo en un caso de narcotráfico.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la constitucionalidad de las condiciones que la legislación argentina establece para la expulsión de extranjeros en situación irregular en el país y que estén condenados a prisión. Lo hizo en un caso de narcotráfico.

En abril de 2017, Marcelino Guilliano Morris fue sometido a un juicio abreviado y condenado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 a cuatro años y seis meses de prisión como "autor del delito de contrabando, en grado de tentativa, agravado por tratarse de estupefacientes inequívocamente destinados a la comercialización".

Su defensa presentó un recurso para pedir la inconstitucionalidad del artículo 64 de la Ley de Migraciones en cuanto exige que se cumpla la mitad de la pena para que el condenado acceda a la expulsión anticipada del país. Los sucesivos abogados defensores alegaron que el requisito es incompatible con la finalidad de reinserción social de la pena. Explicaron, entre otras cosas, que la mitad de la pena es el momento en que la sanción comienza a tener efectos resocializadores

Es constitucional

El caso llegó a la Cámara de Casación, donde la sala IV rechazó el planteo. En un fallo firmado por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, el tribunal consideró que la norma cuestionada es constitucional.

En su voto, el juez Borinsky sostuvo que la defensa "no logró demostrar que la decisión política del órgano legislativo plasmada en la norma, sea violatoria de algún derecho o principio fundamental positivizado y garantizado por la Constitución Nacional".

A su vez, tanto Borinsky como el juez Hornos en sus votos coincidieron en que la resocialización no es la única finalidad de la pena. "Cuestiones de prevención general y retributivas que también integran la teleología punitiva", explicaron. El Gemignani adhirió a sus argumentos.

De esta manera, el Tribunal -por unanimidad– ratificó la validez constitucional de la Ley de Migraciones en cuanto regula las condiciones de expulsión de los extranjeros que se encuentren cumpliendo penas privativas de la libertad.

Un inmueble secuestrado en Misiones fue cedido a Gendarmería

(Chaco Hoy) - El inmueble que funcionada como agencia de autos de alta gama incautado por la justicia federal de Corrientes fue cedido a la gendarmería como depositario judicial.

A poco más de un mes de la condena impuesta al empresario titular de la concesionaria de autos de alta gama RR Vip, por lavado de activos, el caso continúa teniendo derivaciones de importancia.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes, el mismo que le aplicó una condena de 13 años de prisión a propietario, dispuso que el inmueble en el cual funcionaba la agencia de autos pase a manos de la Gendarmería Nacional Argentina a modo de depositario judicial.

La decisión se dio a partir de un pedido de la Agrupación IV Misiones de dicha fuerza federal, cuyas autoridades consideraron que el local ubicado sobre avenida Quaranta 6195 de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, podía ser adecuado para utilizar las oficinas del Centro de Reunión de Información Misiones, de la Unidad de Procedimientos Judiciales y del Grupo de Investigaciones de Delitos Económicos.

Ante este pedido, el Tribunal Oral Federal de Correntino accedió, al pedido efectuado por la Gendarmería en consonancia con las opiniones vertidas tanto por la Fiscalía como la Afip, parte querellante en la causa por lavado de activos.

viernes, 13 de abril de 2018

El Tribunal Oral Federal 2 juzgará a Cristina por favorecer a Báez con obras viales

Un playón de Austral Construcciones, la firma de Lázar Báez, en Santa Cruz. Foto: Juano TesonePor Lucía Salinas - Clarin.com
Tras el fallo de Casación para separar este juicio y el de "la ruta del dinero K", ahora buscarán hacerlos en forma paralela.

Un playón de Austral Construcciones, la firma de Lázar Báez, en Santa Cruz. Foto: Juano Tesone

Tal como había sido sorteado, el tercer juicio oral que tiene Cristina Kirchner en la Justicia federal, quedó finalmente a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que este viernes informó que allí quedó radicado el expediente en el que la ex Presidenta, junto a Lázaro Báez y ex funcionarios como Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, y otras diez personas más, fueron procesados por asociación ilícita y defraudación al Estado por favorecer al Grupo Austral con contratos viales.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara, integrantes del TOF 2, llevarán adelante el juicio oral y público contra Cristina Kirchner y otros catorce acusados. La radicación se produjo después de que la Sala IV de la Cámara de Casación decidió que las causas contra la ex Presidenta deben juzgarse por separado para “otorgar más celeridad” a los procesos.

Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, el TOF 2 y el TOF 4- que realizará el juicio por la "ruta del dinero K", donde Báez está acusado y preso por lavado de dinero- pedirán algunas medidas de forma conjunta de cara al inicio de la próxima instancia , ya que buscarán que lo juicios se realicen en paralelo.

La Justicia determinó que estas causas están vinculadas, ya que la defraudación al Estado con la obra pública sería el origen de los fondos que posteriormente, Báez aplicó a maniobras de lavado.

El juez Julián Ercolini elevó la causa de obra pública a juicio después de que vencieran los plazos para que los imputados -entre ellos Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Báez- respondieran a la demanda civil por 22.500 millones de pesos que les realizó Vialidad Nacional.

En ese monto se estimó el daño y perjuicio ocasionado por los fondos otorgados al Grupo Austral ​del empresario K y las obras que quedaron inconclusas.

Es el expediente más importante de las causas por corrupción que tiene la ex Presidenta, ya que la Sala II de la Cámara Federal porteña determinó que las maniobras investigadas son ni más ni menos que un delito precedente que permitió expandir “la matriz de corrupción” a otras investigaciones por lavado de dinero, donde se reiteran prácticamente los mismos acusados.

"Debe destacarse la trascendencia de que la causa sea elevada inmediatamente a juicio, no sólo porque esa es la etapa en la que las partes discutirán con plenitud, y para ello se han cumplido con todos los pasos procesales penales previos exigidos (...) sino también porque desde el 22 de diciembre del pasado año se encuentra detenido a disposición de este juzgado el imputado Carlos Santiago Kirchner respecto del cual se dictó prisión preventiva", sostuvo Ercolini cuando elevó a juicio la causa.

El juez acusó a la actual senadora de Unidad Ciudadana de ser “jefa de una asociación ilícita” y haber defraudado al Estado por favorecer a Báez.

La imagen del juicio avizora a Cristina Kirchner por primera vez compartiendo el banquillo de los acusados con Báez. Se verá al Tribunal Oral Federal frente a quince personas procesadas por presunta participación en una misma maniobra, con diversas responsabilidades y, según la acusación, un único fin: "convertir al amigo presidencial en el principal empresario de la obra pública en Santa Cruz".

Para Cristina, en cambio, esta causa "encierra y consolida aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados por mi parte a través de las presentaciones".

Según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, durante las administraciones kirchneristas se instauró una "maniobra de corrupción" desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”, de Lázaro Báez.

Ese circuito de contrataciones "irregulares" permitió que entre 2004 y 2015 el patrimonio del "amigo presidencial" creciera un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares.

Pero no era la instancia final: los fondos "eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes" Cristina y Néstor Kirchner, afirmaron Pollicita y Mahiques. Se estableció que hubo “beneficios exclusivos" para Báez, quien se convirtió en el "empresario de obra pública vial más beneficiado" por las gestiones K.

La causa plantea que Cristina y sus ex funcionarios vinculados a la administración y control de la obra pública formaron parte de "una asociación" destinada a "cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".

La "operación criminal" fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina para "pervertir su función" y utilizar el Estado para "enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad".

lunes, 19 de marzo de 2018

Procesan a cinco militares por la falta de 19.000 municiones

Por Germán de los Santos - La Nación
El robo del material bélico fue en 2014 en el Batallón 603, en las afueras de Rosario.

Fuente: Archivo - Crédito: Prensa Gendarmería
     
ROSARIO.- Cinco militares enfrentarán un juicio por el faltante de 19.600 balas 9 milímetros denunciado en diciembre de 2014, luego de que la Cámara Federal de Rosario confirmara la semana pasada el procesamiento contra los oficiales y suboficiales que se desempañaban en el Batallón de Arsenales 603, en Fray Luis Beltrán, a 20 kilómetros de Rosario.

El supuesto robo de municiones del batallón provocó un escándalo en ese momento, luego de que LA NACION publicara el 20 de febrero de 2015 que existía un importante faltante de balas en esa dependencia. El entonces ministro de Defensa Agustín Rossi ordenó el cierre del predio y el pase a retiro del director de Arsenales del Ejército coronel Hugo Víctor Meola.

Aunque la investigación del Ministerio Público nunca avanzó sobre el destino de las municiones, surgieron sospechas de que las balas podrían haber sido vendidas en el mercado negro, donde se proveen en Rosario bandas narcocriminales como Los Monos. "El robo de balas era permanente, bajo dos metodologías: el robo hormiga y de manera alevosa", explicó a LA NACION un militar retirado.

Entre los que serán juzgados se encuentran los entonces primer y segundo jefe del establecimiento militar, coronel de Arsenales Guillermo Bonnefous y teniente coronel Adalberto Fernández. También Jorge Luis Giandinotto, capitán de Arsenales; Germán Alberto Vázquez, sargento de Arsenales, y Elio Germán Villarrubia, sargento ayudante. Todos fueron pasados a retiro cuando se inició la causa y permanecieron en libertad, según fuentes del Ejército.

La denuncia del faltante la realizó el coronel Raúl Edgardo Sánchez el 30 de diciembre de 2014, once días después de asumir como jefe del Batallón de Arsenales 603.

Rossi ordenó en ese momento que el nuevo jefe hiciera la denuncia en la Justicia. El entonces jefe del Ejército César Milani, actualmente detenido por delitos de lesa humanidad, fue quien le advirtió al ministro que había "problemas" en el Batallón de Arsenales.

En el predio de Fray Luis Beltrán se enteraron del robo cuando el jefe del batallón Guillermo Bonnefous, antes de ser removido de su cargo, encargó una inspección en los depósitos de la Compañía de Munición.

Bonnefous, según declaró en el Juzgado Federal N° 3 de Rosario, ordenó la auditoría luego de que se enterara a través de una red social que un grupo de militares había posteado versiones sobre el robo.

En la investigación se detectó que el faltante de municiones 9 milímetros existía desde julio de 2014, pero los responsables del arsenal nunca lo informaron. En el fallo, al que tuvo acceso LA NACION, se advierte que en la auditoría dos militares declararon que "desde julio y agosto 2014 ya faltaban" las municiones. Uno de los suboficiales que se desempeñaba en el arsenal "fue obligado" por un superior a firmar un acta declarando que la inspección se desarrolló "sin novedad".

Encubrimiento

Incluso, uno de los sargentos testificó que se "reemplazaban cajones de balas en el acta de inspección y que se procedió a ocultar dicha situación, colocando en su reemplazo cajones con vainas por indicación de un superior".

El Batallón 603 se encuentra al lado de la planta de Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán, donde también se investigó un faltante de municiones, luego de una denuncia que hizo el Ministerio de Defensa. En abril de 2016 efectivos de Gendarmería allanaron el predio.

Según la auditoría faltaban 9.133.620 fulminantes para pistolas 9 milímetros y 1.790.800 para fusiles FAL de 7,62 milímetros y fusiles Mauser de 7,65 milímetros. También se encontraron inutilizadas 1.141.110 municiones por estar "mojadas" a raíz de una tormenta. La suma de proyectiles sin registrar alcanzó a 180.498 balas de munición 9 milímetros. Por último, 700.000 cartuchos se encontraban en depósitos no aptos para almacenarlos, provocando una situación de inseguridad.

jueves, 8 de marzo de 2018

Río Turbio: el fiscal Stornelli pidió la indagatoria de otros 17 empresarios

Imputan a otros 17 empresarios por el Yacimiento Carbonífero(Perfil.com) - Lo presentó ante el juez federal Luis Rodríguez tras ser acusados de sobreprecios y defraudación al fisco.

Imputan a otros 17 empresarios por el Yacimiento Carbonífero Foto:Google 

Carlos Stornelli, fiscal federal, pidió la indagatoria de 17 empresarios por sospechas de sobreprecios y defraudación en obras para el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz.

El pedido de indagatoria lo presentó ante el juez Luis Rodríguez, en el marco de una causa anexa en la que se encuentra detenido el exministro de planificación federal Julio De Vido por 26.000 millones de pesos que giró el Estado Nacional para obras donde se registró un desvío del orden de 260 millones de pesos.

Por su parte, Stornelli pidió la indagatoria por la “conformación de un complejo y millonario plan criminal, del cual derivarían al menos dos comportamientos diferenciados: una defraudación contra la administración pública y un peculado de bienes públicos" según consignó la agencia Noticias Argentinas.

"A través del informe de la SIGEN, que muchas de las obras diagramadas en el Complejo Minero no se completaron", sostuvo en su dictamen.

Para la fiscalía, las "palmarias y gravísimas irregularidades no habrían podido prosperar, extenderse en el tiempo y dar virtualidad a este ilícito sistema de contrataciones, sin el consentimiento y aportes de los empresarios que terminaron contratando con la Fundación de la Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) en condiciones de manifiesta ilegalidad".

Una de las obras a investigar es el Tren Turístico Eva Perón donde se observaron sobreprecios por pagos al proveedor EDIMAT S.A por 158.181.100 pesos.

"Las obras fueron adjudicadas de manera directa a la empresa EDIMAT S.A., y no se terminaron", sostuvo Stornelli, quien remarcó también que la SIGEN determinó que se pagaron anticipos financieros no contemplados a esa firma por 13.061.000 pesos.

Otras obras en el lugar.  La "campaña comunicacional y promoción del proyecto Ramal Ferro Industrial Eva Perón", cuyas obras "no fueron finalizadas y costaron 7,8 millones de pesos", siendo las empresas contratadas D&A Comunicaciones S.A. y Refugio Sur S.A.

La construcción del museo Ferroviario por obras que no se llevaron a cabo pese a que se le pagó al arquitecto Jorge de La Torre 8.406.719,95 de pesos.

Otras son las obras encargadas a la empresa G&G Metalmecánica por una suma sobrefacturada a YCRT de 10.682.368,13 pesos.

Caliza y Cenizas se encuentra también bajo sospecha ya que fueron adjudicados por intermedio de la Fundación de manera directa a la empresa KRK LATINOAMERICANA S.A., en la cual la SIGEN observó diferencias presupuestarias del orden de los 24.800.000 de pesos. Por esa obra, KRK LATINOAMERICANA S.A. recibió 32.900.000 pesos en concepto de anticipos financieros.

También  el proyecto cañería de aire, donde la SIGEN observó diferencias presupuestarias del orden de los 24.000.000 de pesos, las cuales fueron adjudicados de manera directa a la empresa KAESER COMPRESORES DE ARGENTINA SRL. "En el orden del Proyecto cañerías de agua, la SIGEN detectó diferencias presupuestarias y sobreprecios por 32.900.000 pesos.

Frente a ello, Stornelli pidió indigatoria de los titulares de las empresas EDIMAT SRL, Ramona Ambrosia Alcaraz e Ivana Iris Gauna; de D&D Marketing Comunicaciones, Alejandra Adriana De Alba; de Refugio Sur SA, Néstor Daniel Moleres; de Reclimp SRL, Ana María Petri y Patricia Verónica Pizarro; del arquitecto Jorge Daniel De la Torre; del dueño de la Estancia Killik Aike, Roberto Fernández, entre otros.

La lista de imputados también la conforman integrantes de la empresa G&G Metalmecánica SRL, el socio gerente Gabriel Asenjo; de Chimen Aike S.A, Rubén David Aranda; de la empresa KRK Latinoamericana S.A., Alfredo Giménez y José Luis Zorrilla; de la empresa Kaeser Compresores Argentina SRL, Gustavo Ariel D Adamo; y de la empresa Cadexa Services SA, Esteban Ruiz Coines. 

viernes, 2 de marzo de 2018

Evalúan pedir la captura internacional del potero chino “Jing Yuan 626”

(Pescare.com) - Se trata del barco que huyó luego de ser detectado pescando ilegalmente en el Mar Argentino. La medida está siendo estudiada por la Subsecretaría de Pesca.
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En los próximos días podría liberarse una orden de captura internacional para el buque potero chino “Jing Yuan 626”, que el pasado jueves logró huir tras ser detectado por Prefectura ejerciendo pesca ilegal en el Mar Argentino.

La medida está siendo evaluada en la Subsecretaría de Pesca de la Nación: “Estamos estudiando el caso y viendo algunos antecedentes de hechos similares”, confirmó el subsecretario, Juan Bosch, ante la consulta de Pescare.com.ar.
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En carpeta está el caso del “Hua Li 8”, otra embarcación china que en abril de 2016 fue detenida en Indonesia luego de que dos meses antes haya escapado de nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE) en circunstancias similares a las del “Jing Yuan 26”.

La continuidad operativa del buque, la intervención de Interpol y dos buques de guerra de Indonesia resultaron claves para ese desenlace, que ahora posiblemente buscará repetirse a partir de la gravedad que revisten las circunstancias.

El último dato que se tienen del “Jing Yuan 626” es que se refugió en la zona de exclusión dispuesta por la administración que ocupa las Islas Malvinas. Esto después de haber recibido ayuda de otros tres poteros para la huída, maniobras que incluyeron intentos de agresión al guardacostas “Mantilla”.

En distintos registros este potero chino aparece ligado a la empresa Beijing Fisheries Co. Ltd., administrada por el gobierno chino. De allí que llama la atención que Cancillería argentina ni siquiera haya elaborado un comunicado de queja.

Los españoles pagaron la multa

Por otra parte, Bosch confirmó que la firma armadora del arrastrero “Playa Pesmar Uno”, el grupo Pesquerías Marinenses, reconoció el haber pescado sin permiso en el Mar Argentino y pagó la multa, con lo cual quedará liberado en los próximos días.
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“Fueron 7,5 millones de pesos de multa y 13,8 millones por el valor de las capturas que tenía a bordo. En total, son 21,3 millones. Además, se les está decomisando las redes antireglamentarias (portaban´calcetín´)”, detalló Bosch.

La multa máxima que establece la Ley Federal de Pesca para estos casos es de 10 millones de pesos, un monto que no se actualiza desde 1998 pese a los diversos procesos inflacionarios que erosionaron el valor de la moneda local.

Como los españoles se allanaron, además, obtuvieron un descuento del 25 por ciento. Esto explica los 7,5 millones de pesos que terminaron pagando de multa. “Cuando se acredite el total del pago, el barco quedará liberado”, describió Bosch. En la administración estiman que sucederá el jueves; mientras tanto el barco permanece fondeado en la rada de Comodoro Rivadavia en modo espera.

domingo, 25 de febrero de 2018

Ninguna de las causas de corrupción más resonantes tiene sentencia firme

Tribunales de Comodoro Py (DYN)
Por Fabio Ferrer - Infobae.com - fferrer@infobae.com


Algunos procesos llevan más de 20 años. Un relevamiento de los 51 casos más destacados que involucran a ex presidentes, ex ministros y poderosos empresarios. En la apertura del año judicial, el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti pedirá más celeridad a los jueces
Tribunales de Comodoro Py (DYN).

Entre 1991 y 1994, el entonces Presidente Carlos Menem firmó tres decretos secretos con la finalidad de venderle armas a Panamá y Venezuela. Sin embargo, detrás se escondió una maniobra para que unas 6.500 toneladas armamento fueran destinadas a Ecuador y Croacia, estados sobre los que pesaba una prohibición para adquirir material bélico.

En 1995, el abogado Ricardo Monner Sans presentó una denuncia penal para que se investigue el hecho. Pasaron 23 años y aún no hay sentencia firme. El ex Jefe de Estado y actual Senador Menem fue condenado a 7 años de prisión, pero gracias a una alambicada y eficaz estrategia procesal de su defensa el fallo todavía no está confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal. No es el único caso de corrupción que no tiene una decisión definitiva.

En la Corte Suprema hay preocupación por las demoras. Su titular, Ricardo Lorenzetti, mantiene reuniones periódicas con los magistrados que llevan adelante las causas más resonantes. El pedido es siempre el mismo: que atiendan los reclamos sociales de mayor celeridad en las investigaciones y en los juicios orales.

De acuerdo con un relevamiento hecho por Infobae entre las 51 causas de corrupción más relevantes de los últimos años, ninguna tiene sentencia firme. Cuatro de estos expedientes están a la espera de una confirmación de la Casación, 5 están en la etapa de juicio oral, 13 han sido elevados a juicio y 29 están en instancias previas.
En Casación están la causa por la tragedia de Once en la que murieron 51 personas, dos expedientes en los que está condenado el ex Presidente Carlos Menem: el contrabando de armas a Ecuador y Croacia y otra por el pago de sobresueldos durante su gobierno; y la investigación por el cotillón que compró Guillermo Moreno en su campaña anti Clarín financiada con recursos públicos.

En la etapa de juicio oral se encuentran el caso Ciccone, el segundo juicio por la tragedia de Once en el que está siendo juzgado el ex super ministro kirchnerista Julio De Vido, el encubrimiento del atentado a la AMIA, el expediente por la búsqueda de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas del choque del tren Sarmiento en la estación Once y uno por asociación ilícita contra el sindicalista Omar "Caballo" Suárez, llevado a los estrados judiciales por entorpecer el ingreso de barcos al puerto de Buenos Aires. El inicio de este juicio estaba previsto para el 23 de febrero pasado pero se postergó para el 11 de septiembre de este año.
Están elevadas a juicio las causas por la venta de dólar futuro en la que será juzgada la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner, entre otros ex funcionarios; una parte del expediente conocido como Ruta del dinero K cuyo protagonista principal es Lázaro Báez, el empresario favorito de la familia Kirchner; la causa por el auto trucho de Boudou; la investigación por la compra de trenes chatarra que hicieron Julio De Vido y Ricardo Jaime; el plan Qunita; la conexión local del atentado a la AMIA y la causa por el pago de sobreprecios en la compra de autos de alta gama para el Ministerio de Economía. También está elevada a juicio la causa por enriquecimiento ilícito contra José López -quien supo ser hombre de confianza de Julio De Vido- y que cayó en desgracia cuando fue detenido en la madrugada del 14 de junio de 2016 mientras intentaba ingresar bolsos repletos de dólares a un convento de General Rodríguez. En esta etapa se encuentra un expediente también por enriquecimiento ilícito contra el ex Jefe del Ejército, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, quien está detenido y acusado además por delitos de lesa humanidad.
En el relevamiento hecho por Infobae, la mayor cantidad de casos está aún en la etapa de investigación. Son 29 causas entre las que figuran la pesquisa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, su denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum con Irán, el caso iniciado a partir de una investigación de Infobae en el que está acusada Alejandra Gils Carbó por la compra de un edificio para la Procuración, la denuncia de Vialidad por el pago de sobreprecios en la obra pública, Hotesur y Los Sauces en los que está comprometida la familia Kirchner en maniobras de lavado de activos, entre otros casos resonantes.

También está en esta instancia la causa contra Cristóbal López, quien está acusado de no pagarle a la AFIP ocho mil millones de pesos del impuesto a la transferencia de combustibles. Sólo para tener dimensión del monto que no habría tributado el empresario vale mencionar que con ese dinero se podrían hacer 14.400 viviendas sociales, financiar tres años y medio el funcionamiento del Hospital Garrahan, edificar 64 escuelas, construir 8 hospitales de alta complejidad o urbanizar 4 veces todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires.
Medio centenar de causas de corrupción, procesos de más de 20 años de duración, miles de millones de fondos públicos sin destino conocido y ninguna sentencia definitiva.

domingo, 11 de febrero de 2018

Revelan un negociado de De Vido con escuelas técnicas a través de Vialidad

LPO - El organismo se presentó en la Justicia luego de una auditoría interna que detectó el desvío de fondos a la UTN.

Julio de Vido quedó envuelto en otro negociado luego de una denuncia sobre el desvío de fondos durante la gestión kirchnerista de Vialidad Nacional a escuelas técnicas.

Las nuevas autoridades de Vialidad, el organismo encargado de hacer rutas, detectaron que la gestión anterior se tomó la atribución de tener planta docente, lo que tiene prohibido por ley, puesto que eso es competencia del ministerio de educación. A través de este mecanismo, en Vialidad estiman que se desviaron 200 millones de pesos.

Después de una investigación interna de más de dos años, el 1º de febrero Vialidad presentó una denuncia -a la que accedió LPO- sobre la presunta creación de un andamiaje y estructura al interior del organismo para el desembolso de pagos irregulares, con dudoso destino y sin una rendición de cuentas adecuada, mediante el funcionamiento de cinco escuelas técnicas y de la Coordinación General de Distritos que era dirigida por Rodolfo Villa, funcionario que respondía a De Vido.

De esta investigación, según fuentes del Gobierno, se destapó la creación irregular de una planta transitoria docente y la utilización de estas escuelas técnicas para el desvío de fondos mediante la Universidad Tecnológica Nacional. De Vido está preso por una causa de desvío de fondos de la empresa estatal Yacimiento Carbonífero Río Turbio (Ycrt) a través de convenios con la UTN.

Al respecto, se han identificado irregularidades en la celebración de convenios con UTN en perjuicio de los intereses de Vialidad; la creación de una estructura académica de formación desproporcionada con los fines asignados a Vialidad, con pagos en salarios que superan los cincuenta millones anuales en el pago de horas cátedra.

Por otro lado, se detectó el desvío de fondos y una deficiente rendición de los gastos, además de la utilización de los bienes y activos de Vialidad en favor de intereses ajenos al organismo.

Esta auditoría interna señala además en su informe la falta de criterio normativo uniforme para regir la relación laboral existente entre las Plantas Transitorias Educativas y Vialidad; la omisión de llamado a concursos públicos y abiertos para la designación del personal docente de las plantas transitorias educativas y la falta de protocolos adicionales que regulen el procedimiento de designación del personal docente y no docente de las plantas transitorias educativas.

Se detectó el desvío de fondos y una deficiente rendición de los gastos, además de la utilización de los bienes y activos de Vialidad en favor de intereses ajenos al organismo 
Al mismo tiempo, se cuestionaron las aprobaciones de estas plantas en forma extemporánea, y la carencia de actos administrativos de designación para los últimos períodos, así como la incompatibilidad por desempeño simultáneo entre un cargo de estructura orgánica de Vialidad respecto de un cargo de conducción de la escuelas técnicas de Vialidad.

También se detectaron gastos de "Articulación" y "Coordinación" sin especificar en las facturas los conceptos incluidos y sin acto administrativo previo que respalde esos gastos.

Además de Rodolfo Villa, quienes aparecen en la denuncia son José Luis Pugliese, supervisor de Formación Técnico Profesional de la Coordinación General de Distritos; Alfredo López, supervisor de los establecimientos educativos y enlace con la UTN; Leandro Sverdlik como Jefe del 1° Distrito; Manuel Keumurudji, subgerente de Asuntos Jurídicos y Jorge Medina, Coordinador General de Escuelas de Vialidad.

También se denunció al grupo directivo de la anterior gestión de la UTN, quienes en conjunto con funcionarios internos a Vialidad llevaron adelante las actividades.

Tras esta investigación, en el Gobierno explicaron a LPO que la nueva gestión de Vialidad buscó sacar de la ilegalidad a las escuelas técnicas y para ello impulsó un acuerdo con la nueva gestión del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional, a los fines de tomar intervención sobre el proyecto de educación técnica del organismo y garantizar su correcto y legal funcionamiento. Por lo tanto, la UTN se encargará de la administración de la gestión académica de las Escuelas Técnicas con una "propuesta innovadora".

sábado, 3 de febrero de 2018

Las rutas 3 y 40, fuente de las inexplicables ganancias de Lázaro Báez

Las rutas 3 y 40, fuente de las inexplicables ganancias de Lázaro BáezPor Lucía Salinas - Clarin.com
Con obras allí y en otras vías, el empresario hizo una fortuna gracias a la connivencia con el gobierno. El detalle.


La senadora Cristina Kirchner, en la última sesión del 2017. Vialidad le reclama $22.500 millones. Foto: Diego Díaz.

La demanda que realizó Vialidad Nacional contra Cristina Kirchner, ex funcionarios nacionales y provinciales vinculados a la obra pública con la que se benefició a Lázaro Báez por 46.000 millones de pesos, fue la última puntada con la que el juez Julián Ercolini pronto elevará la causa a juicio oral y público. Se trata del expediente donde se investigó el direccionamiento de los contratos a favor del empresario K. El reclamo de Vialidad es por 22.500 millones de pesos “más intereses y punitivos”, indica el documento al que accedió Clarín. ¿Cómo se llegó a esta cifra? Con 17 casos ejemplificadores que reflejan “las irregularidades cometidas”. Se estima que es un “10% del monto de la condena”.

Como actor civil en la causa que investigó la obra pública con la que se favoreció al Grupo Austral, Vialidad busca un resarcimiento económico por “daños y perjuicios”.

La acción no sólo apunta contra los ex funcionarios, Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti, entre otros, sino que también lo hace contra Lázaro Báez como titular o integrante de las sociedades involucradas: “es parte de dicha asociación ilícita habiendo procurado, al igual que los funcionarios públicos involucrados un lucro indebido a favor del mismo o de terceros”, indicó Vialidad.

El monto del reclamo se estimó en 22.500 millones de pesos ”o lo que más resulte de la prueba a producir con más sus intereses desde que cada hecho dañoso se produjo y con más los daños punitivos, que se estiman en un 10% del monto de la condena”.

Según la demanda, se diseñó un “esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor” de Báez en detrimento de las arcas del Estado, a través de: simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con varias firmas del empresario K, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a los incumplimientos sistemáticos, financiamiento desde Vialidad nacional de caminos provinciales, la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica, celeridad al momento de entregarle obras y anticipos a Báez, entre otros puntos.

Vialidad puntualizó 17 casos ejemplificadores que permitieron llegar a dicha cifra. Entre los casos más relevantes se encuentra la repavimentación y pavimentación en un tramo de la Ruta Nacional 3. A cinco meses de suscripto el contrato, Báez recibió de Vialidad 1.200.016 dólares. La empresa extendió el plazo original de 6 a 19 meses y 1 día, e incrementó el costo de la obra en 1.132.049,70 pesos, de 8.328.523,71 a 9.460.573,41 pesos.

Entre las licitaciones objetadas se remarcó el empalme de la Ruta provincial 12, donde a sólo 3 meses de adjudicada se promovía una modificación que conllevaba un aumento de 22,36%. La obra requería una capacidad técnica de 24 millones de pesos y Austral sólo tenía 3.792.796 pesos de capacidad disponible. El Gobierno igual le dio la obra. El presupuesto era de 60 millones, y a Báez se la adjudicaron por 70 millones. Las sucesivas modificaciones llevaron ese monto a 114.5 millones de pesos: un incremento de 90,92%.

Otro caso emblemático fue la repavimentación de otro tramo de la Ruta 3 (Gran Bajo de San Julián): los 155 millones de pesos que la Nación había decidido gastar terminaron siendo 419.2 millones: un 170,46% más de lo estimado. “Casi el triple, pese a lo cual ninguno de los funcionarios que intervino en el pago de cada certificado mensual formuló objeción alguna”.

Entre las obras con mayores sobreprecios se encuentra la licitación por “obras básicas y pavimento en Ruta 40” (28 de noviembre-Rospentek); de 18 meses la obra se llevó a 122 meses. “La sextuplicación de la extensión del plazo original es también la causa directa del incremento del costo vía redeterminaciones. El costo de la obra aumentó de 31,6 millones de pesos a 65 millones (un 105,33%).

Mediante diversas estrategias administrativas, la empresa de Báez elevó el plazo original de otra obra, de 24 meses a 53 meses, y el costo del contrato aumentó de 101.6 millones a 152,5 millones (+50,18%), “monto que si se lo compara con el presupuesto del convenio, lo excede en 123,74%”. En la Ruta 12 ,en la zona de Pico Truncado, el plazo original de obra se llevó de 24 meses a 83 meses y el costo aumentó un 116,22%.

Estas cifras y las de los restantes ejemplos, condujeron a Vialidad a determinar que el perjuicio ocasionado por la gestión de Cristina Kirchner fue de 22.5000 millones de pesos.

miércoles, 17 de enero de 2018

Denuncian un fraude millonario de funcionarios K con Tecnópolis (II)

Por Lucía Salinas - Clarin.com
Un informe detectó pagos irregulares por más de $ 26 millones desde el Ministerio de Defensa. El caso llegó a la Justicia Federal.
Denuncian un fraude millonario de funcionarios K con Tecnópolis
La Oficina Anticorrupción (OA) apuntó ante la Justicia federal contra el ministerio de Defensa del kirchnerismo y a pagos irregulares superiores a los $ 26 millones a favor de Tecnópolis.

Las nuevas denuncias contra la gestión kirchnerista llegan en medio de las críticas que pusieron en el ojo de la tormenta a Laura Alonso, responsable de la OA, por presuntamente "sólo investigar a la gestión anterior".

Pero las acusaciones surgen luego de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectara al menos tres hechos que fueron denunciados por la OA:
1) "Incumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos".
2) "Pagos y contrataciones irregulares" durante 2011 a 2015 por $ 26.758.137.
3) "Contratación de bienes y servicios del Ministerio de Defensa" para participar en diferentes ediciones de las exposiciones de Tecnópolis.

Los hechos denunciados ocurrieron en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, entre 2011 y 2015, cuando los ministros de Defensa eran Arturo Puricelli y Agustín Rossi, actual jefe de bloque de Diputados del FPV.

A raíz del informe de 26 páginas de la SIGEN, al que accedió Clarín, la OA realizó una nueva denuncia en la que señaló irregularidades en relación a las compras y/o contrataciones. "La documentación no se encuentra unificada, está sin foliatura y ni si quiera en un mismo expediente", señaló. Y añadió que todo lo analizado "se encuentra desagregado conforme a los pagos realizados a cada proveedor".

Respecto a los más de $ 26 millones sobre los pagos que la SIGEN calificó de irregulares, se indicó que hubo autorizaciones generadas para pagar $ 5.069.255 a favor de la empresa Lof Ten SRL en concepto de "primera etapa de realización integral y desarrollo de stand" para participar de Tecnópolis en varias exposiciones.

La denuncia resalta que al momento de los contratos por bienes y servicios, no se realizó un detalle sobre las necesidades que demandaba dichas erogaciones, “no cotizaciones a por lo menos tres proveedores”. Tampoco se encontraron actos administrativos de adjudicación al proveedor y no “consta documentación de recepción de bienes y servicios”.

Como una práctica detectada en diversas actuaciones administrativas, se indicó que hubo “desdoblamientos de pagos a través del fondo rotatorio”, buscando acelerar la cancelación de deudas, pero dañando "el sistema de transparencia de la gestión financiera" evitando la realizaciones de gestiones.

En ese punto, se remarcó que hubo varias facturas del mismo proveedor por importes cercanos al límite de los montos autorizados por ley para el uso de fondos rotatorios.

Además, como parte de la misma denuncia judicial, se explicó que la Fundación para la Innovación y Transparencia de Tecnología medió de gestor en la construcción del stand y la contratación de obras para el mismo fin, valiéndose así de una comisión del 3,5% de los montos involucrados pero "sin responsabilidad en cuanto al seguimiento y control de las obras".

A esto se agregó un pago en concepto de "desmontaje" del stand que no estaba contemplado en las contrataciones realizadas, según denunció el organismo que conduce Laura Alonso. La factura 0001-00000825 emitida a nombre de Dodecaedro SA para dicha tarea "no correspondía, sólo debía limpiarse el predio".

Se entiende -según lo que sostiene el texto judicial- que "retiraron todos los materiales y equipamiento instalados para el stand, los cuales debieron haber quedado como propiedad del Ministerio de Defensa". Según la declaración del entonces Director Nacional de Administración, "no se halló nada en el predio".

Esto demandó que para la participación de la edición 2013 de Tecnópolis, el Ministerio de Defensa "reinició desde cero la construcción de un nuevo stand, que además debió montarse sobre un nuevo espacio". No existen constancias de denuncias de falta de materiales correspondientes a las adquisiciones de 2011.

Así, se planteó que la tercerización utilizada por intermedio de la Fundación "era innecesaria ya que la normativa de contrataciones presenta la posibilidad de situaciones de emergencia, como tal podría ser el caso".

La Oficina Anticorrupción denunció pagos irregulares en Tecnópolis durante el gobierno de Cristina Kirchner

(Infobae.com) - Es en base a una auditoría de la Sindicatura General de la Nación que detectó "información inconsistente sobre cifras invertidas" en ese predio.

La Sindicatura General de la Nación (Sigen) recomendó "iniciar investigaciones sumarias, administrativas y/o judiciales por las irregularidades contrataciones y pagos detectados" durante el gobierno de Cristina Kirchner en el predio de Tecnópolis. En consecuencia, la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso realizó una denuncia ante la justicia penal.

Según el informe de la Sigen, se detectaron contrataciones y pagos irregulares por más de 26 millones de pesos del ministerio de Defensa para montar el stand de Tecnópolis, entre 2011 y 2015.

Agustín Rossi, ex ministro de DefensaDicha auditoria constató "información inconsistente sobre cifras invertidas en Tecnópolis" por parte de la cartera de Defensa, y precisa que "se observaron discrepancias entre los montos informados por la Contaduría General de la Nación (CGN) y la información recabada en el ministerio de Defensa".

Foto: Agustín Rossi, ex ministro de Defensa.

Agregó que también hay "erogaciones no reconocidas" por el Estado Mayor General del Ejército, la Fundación Gral. Manuel Savio, el Club de Oficiales del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (Citefa), y del Círculo de Suboficiales Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual.

Asimismo, indica que "las observaciones realizadas son incumplimientos de la Ley de Procedimientos Administrativos, discrepancias entre los montos informados y erogaciones no reconocidas por el Ejército", entre otras.

En todos los casos se trató de contrataciones de bienes y servicios del Ministerio de Defensa para su participación en las distintas ediciones de la feria Tecnópolis durante las gestiones de Arturo Puricelli y Agustín Rossi en esa cartera.

La auditoria sobre el presunto fraude precisó que la Fundación para la Innovación y Transferencia de Tecnología (Innova T) "medió de gestor en lo concerniente a la construcción de stand y contratación de obras, valiéndose para esto de dos convenios, y siendo compensada por su gestión con un 3,5% de los montos que correspondan por la construcción y funcionamiento del stand, pero sin responsabilidad alguna, en cuanto al seguimiento y control de obras ni tampoco en tareas de desarrollo y diseño.

"Por otra parte, pagó en concepto de desmontaje no contemplado en las contrataciones realizadas", precisa la Sigen. Al respecto, la Sigen explicó: "La tercerización realizada a través de la Fundación resultaba innecesaria ya que la normativa sobre contrataciones contempla situaciones de necesidad y urgencia".

También señaló que "las facturas de los proveedores fueron emitidas a nombre de Innova T cuando correspondían ser emitidas a nombre del Ministerio de Defensa".

Además el informe advirtió que "de lo construido en 2011 no se halló nada en el predio. Para la siguiente participación del Ministerio de Defensa en el año 2013 se reinició desde cero la construcción de un nuevo stand que además debió montarse sobre un nuevo espacio. No consta la realización de denuncias penales o acciones administrativas en orden a esclarecer la ausencia del material que componía el stand del año 2011″, dice la Sigen.

El organismo expresó luego que se registra "incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo" con pagos y contrataciones irregulares.

Finalmente, hace mención al desdoblamiento de pagos del Fondo Rotatorio, señalando que "se detectó en varias oportunidades la existencia de varias facturas del mismo proveedor por importes cercanos al límite del monto previsto en la normativa para o pagos a través del Fondo Rotatorio".
(Con información de Télam)
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Vamos comprendiendo por el estado de los buques, vehículos y aviones...

domingo, 14 de enero de 2018

Vidal quiere que la multinacional china Huawei construya cárceles en la provincia

Resultado de imagen para Huawei + jailLPO (La Plata) - Es parte del esfuerzo por instrumentar los PPP. También hay grupos privados españoles y mexicanos.

El gobierno de María Eugenia Vidal escucha propuestas de empresas internacionales para la construcción de nuevas cárceles para la provincia de Buenos Aires, como una primer manera de instrumentar a nivel local el programa de Participación Público Privada (PPP) que ideó la administración de Macri, para financiar con recursos privados parte de la obra pública.

Los máximos directivos de Hyundai vienen al país interesados en hacer el puente Santa Fe-Paraná
Sin embargo, la iniciativa no es enteramente nueva, más allá del diseño financiero. Se sabe que el gobierno provincial decidió ceder a empresas privadas la construcción de nuevas unidades carcelarias, un modelo que se aplica en varios países del mundo con resultados dispares y no sin polémica.

"Hay grupos privados de origen españoles, mexicanos y una empresa china que se dedica a la fabricación de celulares, que se presentaron ofreciéndonos la construcción de unidades", confirmó el subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense, Juan Baric, en declaraciones al diario El Día.

La empresa de origen chino no es otra que Huawei Technologies Co. Ltd que desde hace algunos años llegó a Argentina y que supo ser la empresa china con más empleados en el país. Marca emblemática del desarrollo de celulares de alta tecnología de China, tiene como imagen a Leo Messi, factura 39.000 millones de dólares por año y está en más de 170 países.

El interés de Huawei por participar de los programas de PPP no es el único de un gigante asiático. LPO reveló la semana pasada que la coreana Hyundai quiere construir el nuevo puente Santa Fe-Paraná, que Vialidad Nacional intentará desarrollar con ese sistema.

Los directivos de Huawei intentaron avanzar en una reunión privada con Vidal durante su gira por China, pero la gobernadora prefirió limitar los contactos a eventos empresariales grupales.
Según pudo saber LPO, los directivos de Huawei intentaron avanzar con una reunión durante la gira de Vidal por China. Sin embargo, la Gobernadora había desestimado la posibilidad de reuniones bilaterales con empresas y prefirió eventos donde participen varias en igualdad de condiciones.

La iniciativa de Vidal cuenta, desde el año pasado, con amparo legal. En 2017, la Legislatura bonaerense adhirió a la ley nacional de contratos de participación público-privada. Es el marco normativo que impulsó el gobierno de Mauricio Macri para crear un régimen de contratación mixto entre el Estado y capitales privados "con el objetivo de desarrollar proyectos en diversas áreas", como por ejemplo, la de infraestructura penitenciaria.
Vidal junto al vicepresidente de la conferencia consultiva politica del pueblo chino, Wang Qinmin, en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, y al vicealcalde de la ciudad, Wang Ning, durante su reciente visita a esa potencia.

En el presupuesto 2018 que en diciembre se aprobó en la Legislatura bonaerense no hay montos destinados a la construcción de cárceles. El gobierno ya puso en marcha dos obras financiadas con fondos Nación, que aportó 500 millones de pesos. Se trata de la ampliación de las unidades de Lomas de Zamora y Campana, donde se vienen construyendo nuevos pabellones con capacidad para 216 y 324 internos, respectivamente.

La provincia de Buenos Aires arranca 2018 con una población carcelaria que supera los 38 mil internos repartidos en 54 unidades penitenciarias y cinco alcaidías. Según datos oficiales, la cantidad de plazas carcelarias en territorio bonaerense es de 28 mil, lo que significa un déficit de 10 mil plazas. En las cinco alcaidías, el total de lugares es de 800, pero en este caso no hay sobrepoblación ya que cuentan con celdas individuales.

En comisarías, en tanto, estimaciones extraoficiales hablan de tres mil detenidos alojados que representan una de las caras más dramáticas del fenómeno, ya que la mayoría están en condiciones de hacinamiento que los defensores oficiales calificaron como "intolerables".

domingo, 31 de diciembre de 2017

Mauricio Macri impulsa un plan de depuración y quiere designar a 100 jueces en 2018

Mauricio Macri impulsa un plan de depuración y quiere designar a 100 jueces en 2018Por Ignacio Ortelli - Clarin.com
El Presidente busca avanzar en la destitución de los magistrados más cuestionados, con Rafecas a la cabeza. Tiene que nombrar los reemplazantes de Oyarbide y Freiler.

El presidente Mauricio Macri quiere una limpieza en la Justicia. Foto: REUTERS

Ignacio Rodríguez Varela entró al Poder Judicial hace 30 años. Allí conoció al fiscal José María Campagnoli, con quien desarrolló gran parte de su carrera y llegó al cargo de secretario. Desde 2005, concursó 36 veces para ser juez, pero el kirchnerismo lo proscribió y Néstor Kirchner, primero, y Cristina esquivaron designarlo pese a que en 27 ocasiones logró ganar su terna, constituyendo uno de los casos más emblemáticos de injusticia en el proceso de selección de los jueces que se vivió en la última década.

Sin padrinos políticos, sufrió las consecuencias de que su padre, Alberto, fuera ministro de Justicia durante la última dictadura y abogado del fallecido represor Jorge Rafael Videla. Con la llegada del macrismo al poder, siguió presentándose a concursos -y ganándolos- aunque sin demasiada expectativa ya que era consciente de que no cuadra dentro del arquetipo de jueces que le suele interesar al poder: de personalidad rebelde como Campagnoli, no da garantías de obediencia al poder político.

Igual, por recomendación de su mesa judicial y sus asesores más cercanos, tras recibir las ternas del Consejo de la Magistratura, este jueves Mauricio Macri envió su pliego al Senado, proponiéndolo para integrar la Cámara del Crimen. La explicación fue clara: “Queremos a los mejores, no importa el apellido ni la militancia partidaria”.

El caso de Rodríguez Varela, dicen en la Casa Rosada, es el paradigma de Justicia independiente que impulsa Macri en su plan de depuración, que continuará en 2018 con una meta más ambiciosa: luego de que en 2017 se definieran 93 ternas de jueces, la idea de Macri es entrar al próximo año con otros 100 nombres propuestos para que el Senado convalide.

Al mismo tiempo, busca avanzar con la destitución de los jueces más cuestionados. En ese sentido, al tope de la lista de prioridades del Gobierno figuran el juez Federal Daniel Rafecas, la jueza de Casación Ana María Figueroa y tampoco descartan a Ariel Lijo, pese a que, tal como reveló La Nación el mes pasado, intercedió por él Daniel Angelici, el operador judicial más escuchado por el Presidente.

Más allá del impulso que dio la mesa judicial del Gobierno, conformada por el jefe de asesores de Macri, José Torello; el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el ministro de Justicia, Germán Garavano; y el consejero de la Magistratura Juan Bautista Mahiques, en el Gobierno destacan la reactivación del Consejo.

En ese sentido, dentro de un contexto en el que el oficialismo supo articular consensos con los representantes de los abogados y de los jueces, reivindican el aporte que hizo el académico Jorge Candis, uno de los consejeros que, curiosamente, quedó en el centro de la escena en mayo, por haber dilatado con su voto, el inicio del juicio político contra el camarista Eduardo Freiler. “Se mandó esa macana pero ayudó mucho para que el consejo volviera a funcionar”, conceden. En efecto, se triplicó la cantidad de ternas remitidas al Ejecutivo en 2016, cuando Macri recibió sólo 38 vacantes para cubrir.

Como tarea pendiente de 2017, Macri aún debe decidir sobre cuatro vacantes clave para la Cámara Federal de Casación Penal, cuyas ternas recibió a principios de mes; y cinco cargos en seis salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Dentro de los 100 cargos vacantes que planea cubrir en 2018, hay algunos que son emblemáticos, como el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 de la Capital: es el que dejó el renunciante juez Norberto Oyarbide.

Hasta que el “Huracán” Elisa Carrió apuntó contra el juez federal Ariel Lijo, quien tenía todas las fichas puestas para ese puesto era Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fuera su secretario durante muchos años y en la actualidad maneja la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial. Pero la avanzada de Carrió sobre Lijo lo dejó complicado. Y ni siquiera lo ayudaría una gestión de su padre, José Rodríguez Ponte, intendente de Cambiemos de la localidad bonaerense de General Lavalle. Ahora, el cargo se lo disputan entre Eugenia Capuchetti (Ministerio Público Fiscal de la Ciudad) y Hernán Blanco, secretario de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Además de una decena de juzgados federales del Interior del país, Macri también deberá definir qué sucede con el cargo que quedó libre luego de la destitución de Eduardo Freiler en la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Y, en la previa a la presidencial de 2019, resolverá el Concurso 376, para la estratégica Cámara Nacional Electoral.

miércoles, 27 de diciembre de 2017

El Gobierno pide que Cristina devuelva US$ 1216 millones de la corrupción

Cristina recibió ayer a los senadores de su bloque
Por Hernán Cappiello - LA NACION

La Dirección de Vialidad se presentó ante la Justicia para que les reclame a la ex mandataria, a De Vido y a López, entre otros, una indemnización por otorgar obras públicas a Lázaro Báez.


Cristina recibió ayer a los senadores de su bloque. Foto: Twitter

El Gobierno quiere demostrar que no sólo busca combatir la corrupción, sino también recuperar los fondos públicos. Por eso, la Dirección de Vialidad se presentó ante la Justicia para que les reclame a Cristina Kirchner y al resto de los procesados por otorgar obras públicas a Lázaro Báez con sobreprecios una indemnización de 22.500 millones de pesos, es decir, unos 1216 millones de dólares, por los delitos por los que serán juzgados.

En rigor, técnicamente, Javier Iguacel, administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, se presentó como "actor civil" en la causa penal en la que el juez federal Julián Ercolini tiene previsto elevar a juicio el año próximo. Los actores civiles son aquellas víctimas que además consideran que tienen derecho a una indemnización en la propia causa penal.

Y esto es lo que hizo el Gobierno, a través de Vialidad. En seis carillas le pidió al juez Ercolini un resarcimiento porque los acusados -dijo- diseñaron un plan criminal para manejar fraudulentamente fondos del Estado en favor de Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA, las empresas de Lázaro Báez donde fueron direccionadas el 80% de las obras públicas realizadas en la provincia de Santa Cruz.

Ercolini ya aceptó a Iguacel como actor civil, por lo que en caso de un juicio contra los acusados el tribunal oral no sólo deberá resolver si son inocentes o no, sino que también deberá decidir el monto de la indemnización que tendrán que pagar al Estado.

Los acusados a los que se dirige la acción civil son Cristina Kirchner, el diputado desaforado y detenido Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez, el ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y José López, el ex secretario de Obras Públicas, entre una lista de unos 30 acusados.

En esta causa, que es la que está más avanzada por la obra pública, están procesados con fallos confirmados por la Cámara Federal la ex presidenta, López, De Vido y Báez, entre otros.

El fiscal Gerardo Pollicita, por su parte, pidió hace una semana elevar la causa a juicio oral, medida en la que está trabajando el juez Ercolini, que acusó a los implicados de pertenecer a una asociación ilícita que cometió una administración fraudulenta.

Dijo el administrador de la Dirección Nacional de Vialidad que los funcionarios implicados causaron un "notorio y millonario perjuicio" a Vialidad al igual que los empresarios involucrados, y por eso fue contra todos ellos.

Este expediente es parte de una megacausa por corrupción que alcanza además los casos Hotesur SA y Los Sauces SA, por lo cual es probable que apenas suba a juicio oral y sea designado un tribunal para llevar adelante el proceso se adjunten los otros dos expedientes y el conocido como la "ruta del dinero K", que investiga el juez federal Sebastián Casanello.

En el caso de la obra pública se acusa a Cristina de ser "jefa de una asociación ilícita" y de haber defraudado al Estado al no velar por sus intereses y favorecer "al amigo presidencial".

Se estima que beneficiaron a Báez con 52 contratos viales por $ 46.000 millones, "plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles". Por ello, se habla de un "direccionamiento" a favor del conglomerado del empresario K.

Pollicita amplió la maniobra y consideró que los "hechos de corrupción" alcanzaron a otro empresario "amigo, ligado personal y comercialmente" a quienes ocuparon la presidencia de la Nación entre 2003 y 2015, como es el caso de Cristóbal López y Fabián de Sousa, ambos procesados con prisión preventiva por presunta administración fraudulenta hace una semana.

Los fiscales entendieron que la investigación no se encuentra "en soledad", sino que se trata de la "causa madre" de un grupo de investigaciones que involucran a la ex presidenta, como Hotesur SA, Los Sauces SA y otros expedientes, como también aquel en el que Cristóbal López es investigado por no pagar a la AFIP $ 8000 millones del impuesto a los combustibles.

Se instauró una "maniobra de corrupción" -según los fiscales- desde el gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de obras".

Este circuito de contrataciones "irregulares" permitió que el patrimonio del "amigo presidencial" creciera -entre 2004 y 2015- un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares.

Pero no era la instancia final: los fondos "eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes", sostuvo la fiscalía.

El reclamo, en cifras

22.500 millones de pesos - Es la cifra que reclama el Gobierno como indemnización por el otorgamiento de contratos de obra pública con sobreprecios a Lázaro Báez

30 son los acusados - A los que se dirige la acción civil interpuesta por la Dirección Nacional de Vialidad, entre ellos: Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti

80% de las obras públicas - Es el porcentaje de contratos de obra pública que se estima que fueron direccionados a favor de las empresas Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA de Báez en la provincia de Santa Cruz

viernes, 22 de diciembre de 2017

Violencia frente al Congreso: el Gobierno pide juzgar por sedición a los responsables

Por Mariano Obarrio - LA NACION
Busca aportar información y pruebas para que quienes protagonizaron los desmanes el lunes pasado no sólo sean acusados de delitos menores; tiene penas de hasta seis años.

Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

El gobierno de Mauricio Macri impulsa que se investiguen judicialmente bajo la figura del delito penal de sedición la violencia y los destrozos generados por agrupaciones kirchneristas y de izquierda en la zona del Congreso el lunes último, durante la aprobación de la reforma previsional.

Según confiaron a LA NACION altas fuentes de la Casa Rosada, no quiere que todo quede en delitos menores como resistencia a la autoridad. El pedido de Macri es ir a fondo contra los cabecillas de los partidos y las organizaciones implicados.

El gran desafío de la Casa Rosada consistirá entonces en darle pruebas al juez federal Sergio Torres, que instruye la causa, y convencerlo de encuadrarla en ese delito.

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, está recopilando pruebas y analizando más de 480 horas de videos para identificar a los agresores de policías y a quienes destruyeron el espacio público. Se identificaron algunos violentos y se llevó el material al juez de la causa. Por ahora la información es secreta.

También la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , inició una investigación criminal con las fuerzas de seguridad.

La figura de sedición es un delito federal grave, con penas de hasta seis años de prisión. Está tipificado en los artículos 22 de la Constitución y 229 y 230 del Código Penal. Macri y Bullrich quieren identificar no sólo a los autores materiales, sino también a los partidos políticos y las organizaciones que actuaron como instigadores, organizadores y financiadores.

"Tenemos que llegar a las personas responsables y a las organizaciones y los partidos. Esto no puede quedar en una simple resistencia a la autoridad. Iremos a fondo, y para eso sería aplicable el delito de sedición", dijo a LA NACION una alta fuente oficial de la Casa Rosada.

El lunes último, mientras el Congreso debatía la reforma previsional, se registraron enfrentamientos violentos durante cinco horas entre activistas kirchneristas y de izquierda contra la Policía de la Ciudad, a la que se sumó la Policía Federal como refuerzo. El saldo fue de 88 policías heridos y 60 manifestantes violentos detenidos y luego liberados.

El Gobierno ahora investiga la conexión entre importantes dirigentes que responden a la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner, la agrupación Hijos, el Movimiento Libres del Sur, que lidera Victoria Donda, y los partidos políticos de izquierda, con el Partido Obrero a la cabeza, entre otras fuerzas.

El juez Torres liberó a los detenidos por falta de pruebas, pese a ser detenidos en flagrancia, pero pidió la detención de Sebastián Romero, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), del Frente de Izquierda. Romero fue filmado e identificado con una camiseta del PSTU arrojando bengalas contra la policía con un mortero casero.

Pero todavía no fue encontrado por las fuerzas policiales. El PSTU y el PO lo defendieron ayer y dijeron que la violencia es del Gobierno.

"Haremos una investigación profunda para tener todas las personas responsables y avanzar más allá de una simple resistencia a la autoridad", dijo a LA NACION una fuente de la Casa Rosada. "También buscaremos el pago de los daños; las ONG que participaron responderán con sus personerías jurídicas", señaló.

 "No vamos sobre las personas, sino también sobre las organizaciones", dicen en Balcarce 50.

El delito de sedición está previsto en el artículo 22 de la Constitución: "El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades (...) Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este comete delito de sedición".

El artículo 229 del Código Penal tipifica la figura de "sedición" y la penaliza "con prisión de uno a seis años" a los que se organicen para "deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales".

El artículo 230 fija penas de uno a cuatro años de prisión para "una fuerza armada o reunión de personas que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de este" o para "los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos".

La gran preocupación en el Gobierno es que, pese a que pretende una investigación profunda, la primera medida del juez Torres fue liberar a los 60 detenidos porque no pudo acreditar vínculo probado entre ellos y los destrozos o los heridos. "Se pide un nivel de pruebas altísimo pese a que los detuvieron en flagrancia", se lamentaron en la Casa Rosada. Los partidos que más gente comprometida tienen son el Partido Obrero y otros del Frente de Izquierda.

La Justicia se llevó de la Armada cinco cajas con documentación

La Justicia se llevó de la Armada cinco cajas con documentaciónPor Mariano De Vedia - LA NACION
Fue en los allanamientos a la fuerza; hay sólo dos buques en zona de búsqueda.

La Justicia se llevó de la Armada cinco cajas con documentación. Foto: LA NACION / Santiago Filipuzzi

Cinco cajas de documentación, debidamente franjadas, esperan ser abiertas y analizadas en el juzgado federal de Sergio Torres. Ese fue el resultado del allanamiento realizado en el Edificio Libertad, sede de la Armada, en la causa en la que se investiga la denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió sobre las reparaciones de buques y submarinos entre 2005 y 2015, durante la gestión kirchnerista.

"Ahora hay que analizar todo su contenido. Se calcula que la tarea va a demorar un tiempo, porque los investigadores tienen que determinar con precisión cuál va a ser el objeto de la causa y chequear que no se esté investigando lo mismo en otro juzgado", explicaron fuentes judiciales a LA NACION.

También se analizará el resultado del allanamiento realizado en las oficinas de la empresa Ferrostaal Argentina, que tuvo a su cargo el replacado y la reparación integral de las 960 baterías del submarino ARA San Juan .

Dado que ya existe otra causa abierta por la desaparición del submarino, que tramita la jueza federal de Caleta Olivia, Martha Yáñez, en ese caso se debería enviar la documentación pertinente al juzgado que ya tenía esa investigación.

La denuncia de Carrió implica a los ex ministros kirchneristas Nilda Garré , Arturo Puricelli y Agustín Rossi, a quienes acusa de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Mientras tanto, lejos del despliegue internacional que predominó en el primer mes de búsqueda, dos buques de la Armada Argentina se mantienen en la zona de operaciones en la que se intenta localizar al submarino ARA San Juan. Se trata del destructor ARA Sarandí y el aviso ARA Islas Malvinas, que transporta el vehículo de operación remota ruso (ROV) Panther Plus, que tiene la misión de investigar eventuales contactos.

En tanto, el buque oceanográfico Atlantis, de los Estados Unidos, zarpó ayer de la Base Naval Mar del Plata, donde realizó tareas de aprovisionamiento y logística. Mañana volverá al teatro de operaciones. Ayer por la tarde zarpó también rumbo a la zona el aviso ARA Puerto Argentino.

Para más adelante quedó el retorno del buque oceanográfico Yantar, de la Federación Rusa, que hoy partirá al puerto de Montevideo para complementar las tareas de reabastecimiento iniciadas en el puerto de Buenos Aires.

En ese contexto, el vicealmirante José Luis Villán comenzó su actividad como jefe de la Armada. Ayer se reunió con todos los almirantes para analizar el manejo de la comunicación interna y tiene previsto viajar a la base naval de Puerto Belgrano, donde se concentra el comando del operativo de búsqueda del ARA San Juan.

Villán reemplazó temporariamente al almirante Srur, a quien se le imputa desde el poder político un mal manejo de la crisis del submarino. "Su intención es ir a Puerto Belgrano para reconocer el trabajo de equipo en el operativo de búsqueda y también el asesoramiento intencional de los Estados Unidos, la Federación Rusa y el Reino Unido en los criterios de búsqueda", dijo una fuente naval.
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