La OA denunció penalmente al programa "Argentina Sonríe"

Por Lucía Salinas - Clarin.com - El polémico plan "Argentina Sonríe".

Argentina Sonríe el programa que dirigió la esposa de Máximo será investigado penalmente. Foto Clarín.

El programa que dirigió Rocío García fue derogado el viernes pasado por el Gobierno y hoy la Oficina Anticorrupción (OA) denunció penalmente la puesta en marcha del plan de salud bucal por el presunto delito de "defraudación a la administración pública". Sobreprecios, direccionamientos de las compras y favorecimiento de un único proveedor (agravado por posible vínculo familiar), incumplimiento de los procesos licitatorios, adquisiciones de materiales innecesarios, son algunas de las acusaciones que señala la denuncia a la que accedió Clarín.

En 17 páginas la OA expuso los principales argumentos para avanzar con la denuncia penal contra el plan Argentina Sonríe que demandó una erogación de $ 223 millones para once campañas de las cuales seis se realizaron sólo en Santa Cruz donde quien dirigía el programa era la esposa de Máximo Kirchner, y que según el ministerio de Salud las actividades fueron realizadas "con fines electorales". 

Después que el ministerio de Salud bajo la gestión de Jorge Lemus presentara ante la OA la auditoría realizada sobre el plan bucodental, se avanzó en la denuncia penal que recayó en el juzgado Federal N° 11 a cargo del juez Claudio Bonadio.

El expediente que N° 15.396/16 retoma una serie de irregularidades que fueron mencionadas en la Auditoría. Entre ellas se destaca el presunto direccionamiento de las contrataciones y compras de insumos a una misma empresa: Callmed SA que a su vez, uno de sus integrantes tendría vínculos familiares con Rolando Nervi, la mano derecha de Rocío García en Santa Cruz y actual viceministro de salud provincial.

En este punto la OA señala dos hechos "delictivos", el primero es que las compras y refuncionalización de unidades móviles utilizados como consultorios, se hicieron siempre con una sola empresa, y en segundo lugar que, para evitar los procesos administrativos obligatorios como el llamado a licitaciones, se armó "una triangulación con universidades para dirigir el pago a Callmed SA a través de ellas".

María Rocío García, esposa de Máximo Kirchner, saliendo de la inmobiliaria familiar. Foto Emmanuel Fernández.

En el primer caso, según la denuncia,  todo se hizo con "contrataciones directas" y así se compraron unidades móviles según dos facturas (301 y 302) por $ 1.788.500 cada una. Las mismas fueron investigadas por "no discriminar el producto/servicio facturado" y esto podría derivar "en posibles sobreprecios".

La mayor erogación se realizó para la refuncionalización de estas unidades móviles. Sin ningún llamado a licitación ni concurso de precios, según consta en la presentación de la OA, volvió a contratarse para tal fin a la misma empresa "sin que se haya llevado a cabo ningún procedimiento de selección previo". Y consideran que existió un acuerdo "informal" entre los funcionarios de Salud y la empresa para que ésta "llevara a cabo el acondicionamiento de los vehículos" que inicialmente vendió al Ministerio.

Para avanzar en esta etapa y poder pagar tales servicios, el plan Argentina Sonríe "trianguló los pagos con tres Universidades", indica la denuncia. Para la refuncionalización de los móviles se destinaron $31.411.100 por intermedio de la universidad nacional de Chaco, de Entre Ríos y de San Martín. Callmed SA recibió el dinero de parte de todas ellas.  En el caso puntual de San Martín se denunció que se habrían "desviados pagos por $ 574.782 para servicios de consultorías para una empresa mendocina", corriéndose del objetivo original del convenio. 

Estos convenios de colaboración con tres universidades no "justifica la adquisición de bienes" y sobre todo cuando el único proveedor que intervino tiene sede en Capital Federal y las casas de Altos Estudios tienen otras jurisdicciones. Así, se pagó más caro la adaptación de los vehículos que la adquisición de los mismos. 

Las unidades móviles que el 5 diciembre, gran parte de ellas fueron "donadas" a la provincia de Santa Cruz gobernada por Alicia Kirchner, fueron equipadas según la denuncia "con teconología odontológica que excede tanto los fundamentos de la atención primaria de la salud como también, la etapa rehabilitadora con prótesis parcial y/o completa de acrílico". 

Alicia Kirchner junto a Rocío García en Río Gallegos.

¿Qué se compró? 22 equipos de captación (scanner 3D intrasolares), 10 fresadoras con la totalidad de los insumos necesarios para las mismas. Estos costosos equipos no eran "necesarios ni se ajustan a los objetivos del programa", denunció la OA. Y al respecto consideran, en función de la auditoría de la cartera de Salud, que estas compras "fueron discrecionalmente dirigidas hacia algunos proveedores" y que por los montos que exigían, debían haberse licitado "pero se omitió este paso". 

Todo esto fue calificado como "negociaciones incompatibles con la función pública" y/o "defraudación en perjuicio de la administración pública". 

La auditoría del ministerio de Salud que usó la OA apunta contra Rocío García a quien definen como "el pilar de Argentina Sonríe, ella decía qué se hacía y qué no", también se señala las responsabilidades administrativas de Elena Morán (madre del diputado Andrés "Cuervo" Larroque) coordinadora general, María Belén César Gallardo (nuera de Julio De Vido), directora nacional de Salud Bucodental, Eduardo Bustos Villar que encargó los trabajos a Callmed SA y al presidente de la firma, Guillermo Bidinosti. 

Se esfuma ahorro para la campaña antártica por multa.

Por Edgardo Aguilera - Ambito.com.

La Justicia dispuso una condena millonaria a Defensa por juicio generado en la era K. Por pago de demanda judicial peligra la campaña antártica.

El juzgado Civil y Comercial Federal N°2 a cargo del juez Horacio Cecilio Alfonso en el expediente 7428/2014, resolvió hacer lugar a la demanda promovida por la empresa Assine S.A. contra el ministerio de Defensa y ordena el pago de u$s13.458.535 más los intereses, que fijó en el 7% sobre ese capital. El dictamen de segunda instancia confirmó el pago. La noticia cayó como agua congelada (literal) en la oficina de Walter Ceballos, secretario de Logística del Ministerio, responsable de la organización de la campaña antártica

Assine, en representación de Transport & Services, es uno de los oferentes que se presentó en la licitación pública internacional N° 40/2016 que lanzó el Gobierno este año para el alquiler de medios navales destinados a abastecer las bases antárticas y que resultó fracasada. 

La decisión judicial impacta de lleno en el ajuste de gastos de la logística antártica previsto por la administración de Cambiemos. El secretario Ceballos fijó como meta bajar los u$s23 millones del año pasado a 17 para el alquiler por tiempo de un rompehielos, de un buque polar, y de helicópteros pesados. El presunto ahorro sólo será un asiento contable. Condenado a pagar los u$s13 millones más intereses a Assine y sumados los 17 de las operaciones del ejercicio actual, Defensa erogará u$s30 millones por conceptos antárticos. 

Assine había sido adjudicataria de la licitación de alquiler de un buque polar y un helicóptero para la campaña del verano de 2012/13. Al término de aquellas operaciones inició un pleito contra el Estado (Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, gestión de Arturo Puricelli y brigadier general Jorge Chevalier) por incumplimiento de contrato y reclamó servicios impagos de transporte aéreo de personas y de carga general movilizada por barco. La contratación era por 35 días de uso del buque polar Timca y la misma cantidad para el helicóptero Kamov. Las operaciones del Timca comenzaron el 15 de febrero y deberían haber finalizado el 23 de marzo de 2013 pero se acumularon demoras, disputas contractuales entre Puricelli y el empresario Roberto Fasce, titular de Transport & Services y finalmente culminaron el 26 de mayo de aquel año. 

Los días excedidos son el objeto del pleito que debe afrontar la caja de Defensa. 

Al finalizar la campaña de 2012/13 quedó un remanente del 30% del combustible sin descargar para la base vice comodoro Marambio. Esos tambores se depositaron a la intemperie en el puerto de Punta Loyola (Rio Gallegos) para ser trasladados en aviones C-130 Hércules de la Fuerza Aérea. A la fecha aún permanece allí una parte de los tambores que lucen corroídos por impacto del clima.

Se sabe que hubo contactos recientes con Assine para llegar a un acuerdo extrajudicial que podría incluir en contraprestación, disponer de un buque polar pero no se llegó a ninguna solución. 

En este escenario Defensa inició conversaciones con la Federación Rusa, Estonia, Francia y Sudáfrica para explorar una contratación de Gobierno a Gobierno en búsqueda de rompehielos, buque polar y helicópteros. La opción sudafricana surge como la más probable y apunta al buque polar Agulhas. Este navío fue presentado por la firma Meihuizen International en la última licitación y se descartó por no cumplir con las especificaciones técnicas fiadas en el pliego. La nave perteneció al Programa Nacional Antártico Sudafricano y fue retirada del servicio en 2012. 

La dificultad en conseguir un rompehielos -este año es vital para reaprovisionar la base general Belgrano II y retirar varias toneladas de residuos acumulados- conduce a la alternativa del aerolanzamiento. Arrojar víveres, enseres y combustible desde un avión en vuelo. Esa opción es un paliativo y no se llega a completar el stock que requiere una base para su funcionamiento normal. El modo aéreo tampoco ofrece solución al asunto más sensible: sacar toneladas de basura que ponen al país bajo la lupa internacional por incumplimiento de estrictas normas ambientales establecidas en el Tratado del Antártico, protocolo de Madrid.

Corrupción policial: La denuncia anónima que aceleró la causa

(La Nación) - La realizó un gendarme retirado, que dijo que se lo había contado un policía.

El 30 de junio pasado, cuando la investigación del fiscal José María Campagnoli daba sus primeros pasos, autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación recibieron un sobre cerrado con una denuncia anónima que daba cuenta de un "espurio e ilegal mecanismo de recaudación dineraria que sería materializado por las autoridades de la comisaría 35a. de la Policía Federal, con complicidad y colaboración de sus subordinados, cuyos beneficios llegarían hasta quien hoy es la máxima autoridad policial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comisario general Néstor Calviño", según se desprende del expediente judicial.

La documentación aportada por los funcionarios nacionales a la fiscalía de Campagnoli tenía datos precisos sobre los comercios que aportaban dinero y una memoria USB con una filmación grabada en una oficina de la brigada de la comisaría 35a., donde el comisario Norberto Villarreal habla con sus subordinados para coordinar cómo diagramar el "trabajo" de los cuidacoches, en especial durante los partidos que se disputaban en el estadio de River Plate. El video fue grabado justamente mientras el equipo dirigido por Marcelo Gallardo jugaba un partido de local contra Banfield.

La denuncia anónima tenía precisión sobre el dinero que pagaba cada comercio (restaurantes, gimnasios, hoteles alojamientos y zapaterías). El equipo de colaboradores de Campagnoli, durante un fin de semana largo, recorrió los lugares señalados en el anónimo y comprobó que la gran mayoría tenía una seguridad más que privilegiada.

Pero los detectives fueron más allá y descubrieron que la denuncia no era tan anónima e identificaron a quién hizo el informe que fue presentado por el Ministerio de Seguridad en un sobre cerrado: un sargento retirado de la Gendarmería Nacional, que fue convocado como testigo por el fiscal Campagnoli.

El gendarme retirado reconoció que él había hecho el informe para establecer "cómo funcionaba la organización y de dónde sacaba el dinero y que se hacía con la recaudación". El testigo relató que tiempo atrás había tomado conocimiento de la "caja negra" de la comisaría 35a. de parte de un policía que trabajaba en la brigada de la seccional del barrio de Núñez. El uniformado también fue citado por Campagnoli para tomarle declaración testimonial. El nuevo testigo contó detalles de la "empresa criminal" y ratificó lo dicho por el gendarme retirado. Inclusive explicó que el comisario Villarreal lo había exhortado a recaudar en su nombre.

"Los establecimientos que fueron detallados en la denuncia anónima aportan en forma periódica y sistemática grandes sumas de dinero que le son exigidas por el comisario, mediante sus subordinados. El dinero era llevado a los distintos organismos superiores como la Circunscripción VII, Asuntos Internos y la Dirección General de Comisarías, a cambio de lograr estabilidad en el cargo y procurar impunidad ", relató el testigo, que por su seguridad ya no se desempeña en la seccional 35a.

Ordenaron pagar más de $ 350 millones por Ciccone

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

El kirchnerismo había asegurado que la expropiación sería gratuita; el Gobierno apelará el fallo.

Más de cuatro años después de que el gobierno kirchnerista impulsó la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica, la Justicia estimó que esa decisión política le costará al Estado por lo menos $ 300 millones, más el 6% de interés anual, por lo que la cifra total superará los $ 350 millones y amenaza con elevarse mucho más.

El fallo judicial derrumbó las promesas del kirchnerismo, que había anunciado que la expropiación de la imprenta le costaría "ni un peso" a las arcas públicas, mientras buscaba contener el escándalo que afectaba al entonces vicepresidente Amado Boudou, quien ahora se encamina hacia el juicio oral por presunta corrupción.

La decisión quedó en manos de la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, integrada por Pablo Heredia y Gerardo Vasallo, quienes confirmaron así la decisión del juez de primera instancia Javier Cosentino e intimaron al Estado a depositar esos fondos "dentro del plazo de 30 días hábiles a contar a partir de la notificación al Ministerio de Economía".

El gobierno de Mauricio Macri, sin embargo, se resiste a liberar esa partida multimillonaria, por lo que los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya apelaron el fallo judicial con la esperanza de que la Corte Suprema de Justicia revierta la sentencia.

El objetivo de la AFIP es que la Justicia admita la compensación entre lo que en principio vale la empresa -unos $ 300 millones- y las deudas impositivas que la familia Ciccone acumuló durante años hasta superar los $ 275 millones.

Sin embargo, tanto el juez Cosentino como los camaristas consideran que admitir esa compensación conllevaría un trato inequitativo para todos los demás acreedores que aspiran a recuperar al menos parte de los millones que les adeudan los Ciccone.

El ex vicepresidente procesado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, Amado Boudou.

En un duro fallo que emitió en octubre de 2013, el juez Cosentino concluyó que la ley de expropiación de la ex Ciccone Calcográfica violaba la Constitución, al igual que el "convenio de avenimiento" que dispuso la Casa Rosada para compensar la eventual indemnización por la deuda tributaria.

No sólo eso. Cosentino también avanzó sobre algunos protagonistas del "caso Ciccone". Apartó al ex presidente y otrora representante legal de la imprenta Alejandro Vandenbroele y al interventor oficial de la firma, el entonces ministro de Economía Hernán Lorenzino, de las negociaciones que deberían llevar al cobro de esa indemnización.

A lo largo de aquel fallo, Cosentino le recordó además a la AFIP, que lideraba Ricardo Echegaray, que no podía pretender un beneficio extraordinario e ilegal tras las idas y venidas que mantuvo con la imprenta, a la que primero le negó un plan de pagos para luego, ya con Vandenbroele dentro de la compañía, otorgarle "un amplio plan de facilidades de pago que en los hechos implicó dejar atrás el estado falencial para volver a la situación concursal original".

Ahora, con la ex Ciccone ya declarada en quiebra y parte de sus activos bajo el control de la Casa de Moneda, los camaristas Heredia y Vasallo confirmaron los cuestionamientos a la ley de expropiación.

"Debe confirmarse la declaración de inconstitucionalidad", explicaron los camaristas, "por no respetar el régimen constitucional que impone una indemnización «en dinero» en las expropiaciones", como también "por ser violatoria del derecho de propiedad de los acreedores concursales".

Por eso mismo, aclararon Heredia y Vasallo, el desembolso de los $ 300 millones más intereses no terminará en los bolsillos de la familia Ciccone, que, dadas las deudas que acumularon, acaso no lleguen jamás a ver un cheque de ese expediente.

"El capital indicado y sus intereses habrá de quedar afectado a la satisfacción, según la ley del dividendo, de los acreedores verificados y declarados admisibles", plantearon en su fallo, "así como a la de los demás créditos que pudieran corresponder, según resulte del reparto o distribución que se haga de acuerdo con las reglas concursales aplicables".

La "ruta del dinero"

Mientras eso ocurre en el fuero comercial, la investigación penal sigue su curso. Por un lado, Boudou, su socio José María Núñez Carmona y Vandenbroele, sospechado de actuar como el presunto testaferro de ambos, se encaminan a un juicio oral por el primer tramo del "caso Ciccone".

Más atrasada, en cambio, se encuentra la pesquisa sobre la llamada "ruta del dinero" que permitió a Vandenbroele comprar la ex Ciccone. Entre otros motivos, porque el ex banquero Raúl Moneta dejó de afirmar que él era el financista, mientras que el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, se presentó a declarar en los tribunales, pero sin recibir preguntas incisivas.

En el fuero comercial, la pantalla de Moneta ya había sufrido un duro traspié en septiembre de 2015, cuando intentó figurar como supuesto financista y "socio capitalista" detrás de la nueva Ciccone con aportes a The Old Fund por $ 35,5 millones, pero el juez Cosentino rechazó su pretensión.

La supuesta operación financiera, indicó el magistrado, era "ineficaz" y, en vez de recurrir esa decisión, Moneta terminó por desistir de su reclamo.

Las nuevas autoridades de la unidad antilavado (UIF), mientras tanto, sumaron más problemas a Boudou: se presentaron ante la justicia penal y solicitaron que el organismo sea aceptado como querellante en la causa y así ayudar a investigar posibles maniobras de lavado de activos.

La semana próxima, en tanto, Echegaray deberá presentarse a su indagatoria, al igual que la ex titular de la Casa de Moneda Katya Daura, ambos por "la participación que tuvieron en la maniobra por la cual Amado Boudou junto a José María Núñez Carmona adquirieron la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica".

Cronología del escándalo: Los hitos de la causa Ciccone, año tras año

2012

Febrero - Estalla el caso Ciccone

Abril - Boudou se defiende en el Senado; fuerza la salida de Righi

Agosto - El Gobierno ordena la expropiación de la imprenta

2013

Marzo - Cristina decreta que se perdonarán las deudas de Ciccone con el Estado

Octubre - El juez Cosentino declara inconstitucional la expropiación y dice que el Estado debe $ 300 millones

2014

Junio - El juez federal Ariel Lijo dicta el procesamiento de Boudou

2015

Febrero - La Cámara Federal confirma el procesamiento de Boudou y otros acusados

Junio - La Cámara de Casación Penal también confirma todos los procesamientos

2016

Agosto - El fiscal Di Lello pide la elevación a juicio oral

Octubre - La Cámara en lo Comercial confirma que la expropiación es inconstitucional e intima al Estado a pagar $ 300 millones más los intereses

Problemas judiciales - El caso tiene cuatro procesados, entre ellos Boudou y su ex socio y presunto testaferro Vanderbroele.

Amado Boudou - Ex vicepresidente: Fue procesado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles. El juez Lijo dio por probado que digitó la compra del 70% de Ciccone durante su gestión como ministro de Economía

J. María Nuñez Carmona - Ex socio de Boudou: Ex socio comercial e íntimo amigo del ex vicepresidente. Fue procesado como partícipe necesario. Comandó las operaciones y encabezó en su oficina reuniones con los Ciccone y Vandenbroele

Alejandro Vanderbroele - Presunto testaferro: Para el juez está probado que actuó como testaferro de Boudou y Núñez Carmona. Figuró como titular de The Old Fund. Fue procesado como partícipe necesario de la maniobra

Nicolás Ciccone - Ex dueño de Ciccone: Fue procesado por haber cedido Ciccone a cambio del levantamiento de la quiebra, la aprobación de un plan de pagos y la futura contratación de la imprenta por parte del Estado.

Gómez Centurión vuelve a la Aduana

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION (Extractado)

Macri firmó la reincorporación del funcionario desplazado, tras un fallo judicial. Menos de ocho semanas después de haber sido desplazado por una denuncia anónima que lo vinculaba a supuestos actos de corrupción, Juan José Gómez Centurión recuperará hoy su puesto al frente de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El presidente Mauricio Macri firmó ayer el decreto para su reincorporación, en una medida inusual, que carece de antecedentes recientes. En la Casa Rosada anticiparon anoche que ese texto se publicará hoy en el Boletín Oficial, algo que Gómez Centurión ya comunicó a sus colaboradores. "Ahora tengo que retomar la gestión y continuar adelante con las pautas de trabajo que habíamos trazado -dijo ayer Gómez Centurión a LA NACION-. Esto es un primer paso para reivindicar mi nombre y como gesto a mi familia, que lo sufrió."

El regreso de Gómez Centurión se concreta días después de que la Justicia estimó que no había elementos para probar que hubiera encubierto a una banda de contrabandistas, como indicaba la denuncia anónima por la que había sido desplazado.

"Las medidas probatorias no han logrado vincular a Gómez Centurión a ningún hecho delictivo de competencia federal", concluyó el juez federal Ariel Lijo, quien derivó el expediente al fuero en lo penal económico para que continúe con la investigación, a la luz de los indicios sobre un eventual contrabando, pero ya sin el funcionario de por medio.

¿Por qué? Porque tras completar cruces telefónicos, analizar audios y videos y tomar algunas declaraciones testimoniales Lijo estimó en una resolución de 34 carillas que otros imputados en la causa, liderados por el empresario Oldemar "Cuqui" Barreiro Laborda, ex dueño de Lo Jack, sí habrían participado en supuestas maniobras de contrabando.

Gómez Centurión había sido desplazado el 19 de agosto pasado, cuando el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, radicó una denuncia penal sobre la base de un anónimo y un paquete de audios, al parecer editados, en los que se vinculaba al funcionario con una supuesta red que permitiría ingresar al país sustancias lícitas e ilícitas.

Desde entonces, Gómez Centurión y Bullrich mantuvieron varios contrapuntos públicos sobre esa denuncia y sobre el ingreso al país de cientos de kilos de pseudoefedrina. Pero Macri reafirmó que si la Justicia exculpaba al ex titular de la Aduana lo reintegraría de inmediato al cargo.

La primera señal que confirmó a Gómez Centurión que Macri cumpliría con su palabra llegó apenas horas después de que Lijo firmó su resolución. Recibió una llamada de la Presidencia de la Nación y le abrieron las puertas de la quinta de Olivos, donde mantuvo una reunión reservada con el jefe del Estado.

La ex SIDE, en la mira

Si, por un lado, el Presidente mostró en los hechos su apoyo a Gómez Centurión, por otro mantuvo un cauto silencio cuando las sospechas sobre el anónimo y los audios apuntaron contra un sector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En particular, contra su número dos, Silvia Majdalani -quien debió salir a negar que el organismo se encontrara detrás de esos audios-, y uno de los supuestos operadores judiciales de la ex SIDE, Edgardo Miragaya.

En ese contexto, Gómez Centurión acumuló críticas más o menos en sordina de aduaneros, pero también recibió varios respaldos explícitos. Entre otros, de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y de la legisladora Elisa Carrió, quien lo recibió en su casa y lo calificó como un "hombre honesto" que peleaba contra las mafias.

Con Gómez Centurión ausente, en tanto, la Aduana quedó al mando del hasta entonces subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Javier Zabaljauregui, un técnico de carrera de la DGA que se ganó la confianza del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad.

Durante su breve interregno, Zabaljauregui se concentró en fortalecer la gestión del organismo y elevar a funcionarios soslayados durante varios años. Ahora, con el retorno de Gómez Centurión, queda por determinar si volverá a su cargo anterior o si Abad lo convocará a otro puesto en la AFIP, a su lado.

Zabaljauregui debía participar hoy, desde las 9, en un seminario académico previsto para debatir "La Aduana del futuro", en el Instituto Privado de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, pero el evento se canceló ayer.

"Zabaljauregui dijo que ya no representaba a la Aduana y por eso no podía seguir adelante", contaron en la organización, al confirmar la cancelación del encuentro.

El desplazamiento de Gómez Centurión se había basado en audios en los que aparecía su voz, aunque editada de un modo que parecía participar en supuestos pedidos de sobornos para autorizar la importación de contenedores ("latas", en la jerga aduanera) junto con un estrecho colaborador suyo.

Ya desplazado, Gómez Centurión negó haber participado en maniobras delictivas. Por el contrario, siempre sostuvo que ese anónimo sería "una devolución de gentilezas" por su ofensiva contra distintos nichos de corrupción y dinero negro que vinculaban al mundillo aduanero con ciertos empresarios, el contrabando y el narcotráfico.

En las horas que siguieron a su desplazamiento, el ex militar carapintada daba por terminada su etapa en la función pública. "A alguien le rompí las pelotas y las denuncias no tienen ningún sustento. Pero con mi separación ya soy un cadáver, porque aunque luego la Justicia verifique que no hice nada malo, ya me sometieron a un fusilamiento público", planteó.

Sin embargo, la disposición 292/2016 de la AFIP, que estableció la suspensión de Gómez Centurión, también entreabrió la puerta para su retorno. Lo hizo al disponer su salida "hasta tanto se diluciden los hechos que resultan objeto de investigación en sede judicial".

Guiño de la Justicia para Gómez Centurión, que espera volver

Por Iván Ruiz - LA NACION

El juez Lijo no halló elementos para determinar que el ex funcionario cometió delito.

Gómez Centurión podría reincorporarse a la función pública si el fallo del juez Lijo es lo suficientemente contundente. Foto: Archivo / AFIP

Juan José Gómez Centurión puede ahora respirar con algo de alivio. El juez federal Ariel Lijo consideró ayer que no tiene elementos para probar que el ex titular de la Aduana hubiera encubierto a una banda de contrabandistas, tal como indicaba la denuncia anónima por la cual fue desplazado de su cargo. El Gobierno deberá determinar, entonces, si el fallo es lo suficientemente contundente como para reincorporar a Gómez Centurión al Ejecutivo.

"Las medidas probatorias no han logrado vincular a Gómez Centurión a algún hecho delictivo de competencia federal", expresó el magistrado. Ante la falta de responsabilidad del funcionario, Lijo resolvió declararse incompetente para resolver la investigación por tratarse de un tema vinculado al contrabando y decidió remitirla al fuero penal económico.

Tras el fallo, Gómez Centurión espera ahora ser designado nuevamente al frente de la Aduana, informaron fuentes oficiales. Cuando anunció su alejamiento, Mauricio Macri indicó que el funcionario volvería a ocupar su cargo si la Justicia consideraba que no había pruebas suficientes en su contra.

A pesar de haber sido desplazado hace dos meses del Ejecutivo, el Presidente recibió la semana pasada a Gómez Centurión. Según pudo saber LA NACION, el presidente Macri sostuvo en ese encuentro que apenas la Justicia acreditara la falta de responsabilidad, el funcionario podría volver al Gobierno. Al cierre de esta edición, desde el oficialismo todavía no se habían pronunciado sobre la situación de Gómez Centurión tras la resolución del juez Lijo.

La denuncia que desencadenó su alejamiento fue presentada por el Ministerio de Seguridad, sobre la base de información anónima que vinculaba al entonces titular de la Aduana con una red que permitía ingresar al país sustancias lícitas e ilícitas.

La presentación, que estaba confeccionada con distintas escuchas telefónicas, sostenía que el empresario Oldemar "Cuqui" Barreiro, ex dueño de Lo Jack, organizaba el contrabando con el consentimiento de Gómez Centurión.

El juez Lijo investigó si el funcionario encubrió a los contrabandistas a través de distintas medidas de prueba, como relevamientos telefónicos entre los involucrados, así como el análisis de cámaras de seguridad que intentaron constatar los hechos descriptos en la denuncia y un relevamiento de las propiedades y sociedades de los involucrados.

"En el caso de Gómez Centurión no se acreditó ninguna comunicación telefónica con Barreriro o con alguno de sus supuestos empleados", detalla el fallo de Lijo. Sí, en cambio, el juez logró acreditar el vínculo entre las personas señaladas por la denuncia como los integrantes de la banda dedicada al contrabando.

La interna

La renuncia de Gómez Centurión desnudó una interna dentro del Gobierno con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuya cartera presentó la denuncia anónima que terminó con la renuncia del funcionario. Una vez desplazado, Gómez Centurión se presentó ante la Justicia para aportar información sobre barriles de pseudoefedrina que permanecían en el aeropuerto de Ezeiza. Cuando aparecieron los 250 kilos de dicha sustancia, Bullrich acusó al ex funcionario al señalar que él sabía de la existencia de esos barriles. "A mí nunca me avisaron de esa pseudoefedrina", replicó Gómez Centurión.

La interna llegó hasta la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sospechada también de haber participado en la confección de la denuncia anónima. Silvia Majdalani, número dos del organismo, negó que la ex SIDE haya estado detrás de los audios presentados que le costaron el puesto a Gómez Centurión.

Con un cambio legal, el Gobierno busca limitar las excarcelaciones

Por Hernán Cappiello - LA NACION

Propuso endurecer la ley kirchnerista; prevé que las penas sean efectivas y encarcelar a corruptos que oculten sus bienes.

El Gobierno presentó en el Senado una reforma legal que endurece el Código Procesal Penal con cambios que pretenden restringir las excarcelaciones, hacer efectivas las condenas desde el momento en que se imponen y dejar detenidos a los acusados, incluso de corrupción, si es que no aparece el dinero del delito. Estas reformas serán retroactivas, por tratarse de cambios procesales, y el Gobierno confía en que podrán ser aplicadas a las causas en que ex funcionarios como la ex presidenta Cristina Kirchner están siendo investigados por corrupción.

Los cambios se conocen en momentos en que familiares de víctimas de delitos convocaron a una marcha para el 11 de actual, a las 18, frente al Congreso, la que fue apoyada por el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Justamente Garavano envió al Senado un proyecto de ley que cambia algunos artículos del Código Procesal Penal impulsado por el kirchnerismo y convertido en ley. Este nuevo código no está vigente, pues su aplicación fue suspendida por el Gobierno hasta que se introduzcan estos cambios. Garavano presentará el proyecto mañana ante la comisión bicameral de implementación del nuevo Código Procesal Penal.

En el proyecto del Gobierno se mantiene el espíritu de la norma anterior. Es decir, la puesta en marcha de un código acusatorio, en el que los fiscales serán los protagonistas de la investigación. Pero también se introdujeron algunos cambios y, para compensar el mayor poder de los fiscales, les dan también nuevas facultades a los jueces.

Más allá de estas cuestiones procesales, los cambios que propone el Gobierno al Código Procesal Penal están orientados a trabajar sobre dos aspectos: corrupción y seguridad. Por eso se trabajará sobre normas relacionadas con la recuperación de activos y la introducción de nuevas herramientas para la investigación del crimen organizado.

Según el proyecto de ley, al que accedió LA NACION, los cambios son:

- Cosa juzgada: se cambia el artículo 5° del código promovido por el kirchnerismo, que establecía que "no se pueden reabrir los procedimientos fenecidos salvo la revisión de las sentencias en favor del condenado". Antes quedaba firme la "cosa juzgada" sin posibilidad de revisión judicial en casos de condenas o absoluciones. Esto cambia y permite que se reabran casos si es que esas condenas o absoluciones se basaron, por ejemplo, en hechos que se comprueben falsos (cosa juzgada írrita).

 -Juicio abreviado: el artículo 288 del código impulsado por el kirchnerismo establecía que en un juicio abreviado las declaraciones del acusado no podían ser usadas contra otros partícipes del delito. En casos de delitos comunes o de corrupción, esto impide la condena de los cómplices y evita las consecuencias de la delación. Con la actual reforma, se prevé que pueda ser usada esta información contra el resto de la banda.

- Crimen organizado: se prevé un paquete de más de 30 artículos destinados a introducir nuevas medidas de investigación contra los delitos complejos. Por ejemplo, quedan normadas las "entregas vigiladas" de drogas. Se establece un novedoso mecanismo de vigilancia electrónica y se introduce la figura del informante o agente encubierto para la investigación de delitos federales. Permite, además, que el fiscal negocie con un cómplice la delación a cambio de una reducción de la pena. Es amplio el capítulo dedicado al colaborador, que puede no ser juzgado en el mismo proceso que las personas que él acusa.

- Penas efectivas: se establece que cuando se dicta una condena de culpabilidad tras un juicio y ésta es de cumplimiento efectivo, implica la prisión preventiva. Es decir que el condenado por un delito con penas de más de tres años queda preso desde los estrados del tribunal, no importa si el fallo no está firme. Se interpreta que la condena vulneró el principio de inocencia del que gozaba. La presentación de un recurso de queja no suspende la ejecución de ningún fallo.

- Criterios de oportunidad: el fiscal puede elegir no perseguir delitos menores o cuando el imputado tuvo consecuencias graves físicas o morales por ese crimen que cometió.

- Prisión preventiva restrictiva: se amplían las causas para mantener a alguien detenido. Hasta ahora las establecidas eran el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación como razones por las cuales un juez podía dejar a alguien preso durante el proceso y hasta la condena. Pero esta norma general ahora se reglamenta con pautas objetivas. Por ejemplo, se establece que quien oculte el dinero del delito no puede quedar libre, y tampoco quien enfrente causas similares o su expectativa de pena sea de prisión.

Los principales cambios propuestos

- Excarcelaciones: Se fijan pautas para limitarlas, Por ejemplo las amenazas a testigos, que retenga el dinero del delito, detenciones previas o intentos de fuga

- Penas de cumplimiento: Los condenados en juicio a penas de más de tres años quedan presos. No importa si el fallo no está firme

- Colaborador: Se pauta que el fiscal puede negociar información con uno de los cómplices y, si es eficaz, se le puede reducir la pena

- Herramientas: Se regla la vigilancia electrónica a distancia, la audiovisual, la intercepción de las comunicaciones y la extracción remota de datos de una computadora de investigados. Incluso la utilización de programas espías para hackear las máquinas de imputados

Mega obras K: frenadas y en proceso de revisión por presupuestos sospechosos

Por Lucía Salinas - Clarin.com. - Están en Santa Cruz. La usina térmica Río Turbio, las represas Kirchner y Cepernic y un acueducto, fueron puestos bajo la lupa.

Ratifican una denuncia penal contra De Vido por malversación de fondos. Foto Télam.

Fueron grandes promesas energéticas y de progreso para Santa Cruz. Hoy están frenadas, con irregularidades detectadas en algunos casos, con presupuestos modificados y bajo revisión muchos procedimientos administrativos. El kirchnerismo en su propia tierra buscó dejar al menos tres mega obras que quedaron muy lejos de concretarse: La Usina Térmica de Río Turbio, las Represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic” y el Acueducto del Lago Buenos Aires. Miles de millones de dólares en juego. El Gobierno impulsará algunas modificaciones y buscará costos más económicos para lograr finalizar algunas de estas fallidas promesas K, rodeadas por diversas denuncias.

De norte a sur del suelo santacruceño, el kirchnerismo dejó no sólo rutas inconclusas que estuvieron en manos de Lázaro Báez por $ 33.800 millones, sino también otras mega obras -promesas de campaña- que no se concluyeron y que se planificaron con presupuestos millonarios.

Usina Térmica de Santa Cruz, concentra el reclamo de la UOCRA. Foto Opi Santa Cruz.

La Usina Térmica de Río Turbio: con un costo de 700 millones de dólares, la termoeléctrica busca generar 240 MW que se inyectarán directamente al sistema interconectado nacional. Es la única de las tres obras que avanzó, aunque lleva más de siete años en construcción. La obra civil tiene un 93 % de realización, pero desde diciembre está parada por falta de pago a los trabajadores de la UOCRA producto de los certificados de obra que quedaron adeudados de la anterior gestión.

Tendrá modificaciones: Antes de retirarse del ministerio de Planificación Federal, De Vido solicitó que se realice un estudio de factibilidad para que la usina funcione de manera dual, incorporando una red de gas para el encendido de las turbinas y casos de emergencia. Esto representaba una erogación de $ 3.950 millones final, que incluía la reconversión de las calderas fabricadas para funcionar solo a carbón. Además iba a generar una demanda gasífera elevada, en medio de un momento energético complicado.

El Gobierno de Mauricio Macri decidió que las dos calderas operen únicamente a carbón, exigiendo que YCRT produzca 112.320 toneladas mensuales para alimentar la usina. Ahora quedarían pendientes unos $ 1.000 millones para concluir la puesta en marcha de la termoeléctrica. El año pasado Cristina Kirchner inauguró una de las dos calderas y sólo estuvo encendida sólo un mes, por falta de carbón no logró generar los 120 Mw prometidos en plena campaña.

De Vido fue denunciado por malversación de fondos por $ 26.000 millones que debían volcarse a YCRT la responsable explotar la usina y proveerle carbón. Además esperan algunas resoluciones como a dónde la minera que el kirchnerismo quiso estatizar, depositara la cantidad de cenizas diaria que generará la termoeléctrica.

Las Represas en el Río Santa Cruz: la dos veces licitada mega obra hidroeléctrica es la gran promesa kirchnerista. Iba a demandar un desembolso de US$ 6.000 millones, algo que se incorporó al último presupuesto nacional. La Casa Rosada estima que la inversión global será de US$ 4.700 millones y un plazo de obra de cinco años para su culminación. El año pasado ingresaron al Banco Central cuatro desembolsos por unos US$ 300 millones producto del crédito de la República de China. La obra sólo pudo avanzar en la construcción de las futuras villas para los trabajadores. Desde diciembre quedó inactiva, paralizada.

Después de la gira presidencial en China, el Presidente reactivó el financiamiento para relanzar la obra que está rodeada de denuncias de sectores ambientalistas por su posible impacto sobre el Glaciar Perito Moreno. Desde el Gobierno señalan que debe realizarse el estudio de impacto ambiental, el heredado de la gestión anterior “no trae tranquilidad a todos los sectores” y no consideran que esté del todo bien hecho.

La obra sufrirá modificaciones: De los 1.760 MW que iba a generar se pasarán a 1.290 MW de potencia. Se reduce así la cantidad de turbinas de cada represa: la Néstor Kirchner tendrá cinco en vez de seis turbinas, y la Jorge Cepernic se reducirá de cinco a tres. Se complementará con una línea de alta tensión de 500 Kv que llegará hasta la localidad de Piedra Buena. El gobierno de Santa Cruz espera la firma del convenio para la reactivación de la obra que promete generar 5.000 empleos durante los cinco años que durará el proyecto.

El Consorcio Río Santa Cruz Sin Represas, reclamó hace una semana "frenar la obra" y que se busque "otra alternativa energética" por su el posible daño ambiental que generará. La empresa K Electroingeniería se defiende señalando que se hicieron modificaciones para no afectar la cota del Lago. Sigue siendo un tema sensible con un debate que no logra cerrarse.

El Acueducto del Lago Buenos Aires: incluido en el presupuesto 2016 por $ 11.600 millones, la obra está suspendida. La semana pasada la cuñada de Máximo Kirchner, la senadora Virginia García reclamó en el Congreso la reactivación de este proyecto. El kirchnerismo anunció cuatro veces la construcción del Acueducto que del lado chileno se llama Lago Carrera, ya que es una cuenca compartida. La millonaria obra fue anunciada por la ex Presidenta por última vez el año pasado. Como otras obras prometedoras de la anterior gestión, hoy se encuentran en etapa de análisis y con algunas irregularidades detectadas.

La obra de 26.700 metros de doble tubería de impulsión debe transportar 5.84 metros cúbicos por segundo. Aún no se afectó dinero para la obra, y la Casa Rosada estudia si el diseño de la obra es "el más conveniente” para resolver el problema de provisión de agua. La licitación está atravesada por otro problema. Cuando el ex ministro De Vido, a través de Entes de Obra Hídrica S.A (ENOSA) hizo el llamado a concurso, "no se consultó a Chile", indicaron fuentes oficiales en su momento. La propia presidenta Michele Bachelet señaló que se estaba violando el “Tratado Hídrico binacional” que data desde 1991, ya que se trata de un lago compartido. No se incorporó en el presupuesto de la actual gestión para 2017.

El Gobierno impulsa el juicio en ausencia para el lavado y el narcotráfico

Por Martín Dinatale - LA NACION
Es parte del proyecto para combatir delitos transnacionales; permitirá juzgar a los iraníes acusados por el ataque a la AMIA; incluye la trata y la venta ilegal de armas

El Gobierno se apresta a enviar al Congreso un ambicioso e innovador proyecto de ley para imponer la figura del juicio en ausencia a los delitos transnacionale s. Es decir que la iniciativa oficial no sólo se ajustará, como se había anunciado, a casos de terrorismo como el atentado contra la AMIA, sino que ese mecanismo jurídico se extenderá también a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, venta ilegal de armas y trata de personas.

Según confiaron a LA NACION fuentes calificadas de la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri ya tiene en su escritorio el borrador del proyecto de ley de juicio en ausencia ampliado que elaboraron el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el jefe de la unidad especial de investigación de la causa AMIA, Mario Cimadevilla, entre otros funcionarios del Gobierno.


El Gobierno impulsa el juicio en ausencia para el lavado y el narcotráfico. Foto: Archivo / Fernando Massobrio / LA NACION

La intención del oficialismo es "desamianizar", según el término que usaron varios de los funcionarios consultados, el proyecto de ley de juicio en ausencia, que hasta ahora estaba acotado a la posibilidad de enjuiciar a los cinco iraníes involucrados en la voladura de la mutual judía, que se niegan a declarar en la Argentina.

Detalles de la iniciativa

Es decir, la idea es que el proyecto tenga mayor amplitud que la causa AMIA por dos motivos centrales que explican puertas adentro de la Casa Rosada: la necesidad de sumar mayor cantidad de adherentes en el Congreso y, a la vez, terminar con varias causas judiciales relacionadas con el narcotráfico, el lavado de activos, la venta ilegal de armas y la trata de personas en investigaciones que no pueden cerrarse en la actualidad en la Argentina.

Sustancialmente, hay muchas causas judiciales enmarcadas en esta tipología de delitos, que no logran tener la colaboración de la justicia de otros países o bien los acusados se niegan a declarar en el país y no pudieron ser extraditados hasta el momento.

"Hay un acuerdo generalizado de que la causa AMIA fue un incentivo claro para el Gobierno a fin de ampliar la ley de juicio en ausencia a otros delitos", expresó Cimadevilla a LA NACION al ratificar las intenciones oficiales de la iniciativa. El funcionario de la unidad AMIA puso como ejemplo de esta herramienta legal el uso que se le da en países como Francia e Italia, donde las leyes de juicio en ausencia fueron elaboradas para todo tipo de delitos.

A modo de ejemplo, Cimadevilla mencionó que en el caso hipotético de que Ibar Pérez Corradi nunca hubiera regresado preso a la Argentina, como finalmente ocurrió, la causa en su contra por el tráfico de efedrina iba a tener un punto final, ya que quedaba paralizada sin resolución. En ese caso, el juicio en ausencia para el delito de narcotráfico hubiera sido aplicable a fin de destrabar esa situación engorrosa.

Los detalles

El proyecto de ley de juicio en ausencia, que está en revisión del presidente Macri en estas horas, prevé, entre otras cosas, que si el imputado de un caso aparece luego de un fallo puede apelar su condena. También fija garantías para su defensa y contempla la posibilidad de poder finalizar una investigación judicial con un fallo definitivo, más allá de que no esté presente el acusado del delito.

La idea central de la iniciativa es que se llegue a la verdad de los hechos, se sepa lo que ocurrió y se busque una reparación para las víctimas. También se establece en el proyecto que nadie puede ser juzgado si con carácter previo no ha sido efectivamente citado en tiempo hábil que le permita comparecer y preparar su defensa; que la citación ha de precisar las consecuencias de la incomparecencia; que la sentencia dictada en ausencia debe serle notificada al inculpado, y que se permita al condenado impugnar la sentencia a través de todos los recursos que fueren procedentes.

El ministro Garavano y Cimadevilla recibieron a representantes de la comunidad judía para hablar sobre este proyecto de ley y hay sectores de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA que pusieron serios reparos (ver aparte). No obstante, desde el Ministerio de Justicia el proyecto fue consensuado con varias universidades nacionales y expertos en este tipo de jurisprudencia.

El martes próximo llegará al país, en visita oficial, el presidente de la Corte Penal Internacional de La Haya, el juez surcoreano Sang-Hyun Song, con quien se buscará darle un respaldo mayor al proyecto de juicio en ausencia.

Sucede que la Corte Penal Internacional avala esta jurisprudencia a nivel mundial, ya que, entiende, respeta las garantías de un debido proceso con la intención de concluir una investigación. En Italia, por ejemplo, en los años 90 se llevó adelante el juicio en ausencia del criminal nazi Erich Priebke, que estaba recluido en la Argentina y que finalmente fue deportado a Roma. Algo similar ocurrió con Francia, donde se realizó un juicio en ausencia al represor de la dictadura militar argentina Alfredo Astiz por el asesinato de dos monjas francesas, Léonie Henriette Duquet y Alice Domon, en 1977.

Desde el punto de vista político, en el Gobierno aseguran que el proyecto de ley de juicio en ausencia ampliado contará con el visto bueno de varios referentes de la oposición, ya que no estará sujeto solamente al tema de la causa AMIA, sino también a otros delitos de carácter transnacional.

De hecho, se sabe que hubo una ronda de consultas del Ministerio de Justicia con referentes del PJ no kirchnerista, el socialismo y el Frente Renovador por este tema y hubo buena predisposición en todos los casos.

En su momento, la ex diputada de Pro y actual titular de la Oficina Antocorrupción Laura Alonso defendió a rajatabla este proyecto de ley, al sostener que "muchas veces la parálisis de una causa no se ha debido a la inacción ni a los fatales y maliciosos errores de la justicia argentina, sino al producto de la nula cooperación que Irán ha prestado en el proceso encubriendo a los acusados de la causa AMIA".

Advertencias de Garavano

El ministro de Justicia, Germán Garavano, advirtió ayer sobre la importancia de la "rápida y efectiva reacción del Estado" para hacer frente a los delitos y manifestó que "no importa el tiempo de la condena, sino que se condene" a los responsables.

"Lo importante para hacer frente al delito, más allá del monto de las penas, tiene que ver con la rápida y efectiva reacción del Estado", expresó el ministro de Justicia a Radio Mitre. Además, al evaluar el avance de la inseguridad y del funcionamiento de la Justicia, Garavano sostuvo que "no importa tanto a cuánto lo condeno [a un ladrón], sino que lo condeno", y dijo que "no importa tanto cuánto esté en la cárcel, sino que lo identifico y lo detengo" al responsable de un delito. "El objetivo del Estado debiera ser desbaratarlos y detenerlos lo antes posible. Eso es más importante que el monto de la condena", advirtió el ministro de Justicia sobre el avance de la inseguridad en el país. Por otra parte, Garavano afirmó que "sólo llega a juicio menos del 3% de los casos, lo que es muy poco".

Del editor: ¿qué significa? El Gobierno hizo de la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales una de sus banderas; la causa AMIA le permite avanzar en esa vía.

Documentos secretos muestran cómo Kirchner usó los fondos de Santa Cruz

Por Nicolás Wiñazki - Clarin.com
Son giros desde cuentas de la provincia en el exterior. En general por 1 a 2 millones de dólares. Muchos van a empresas privadas de dueños desconocidos. El kirchnerismo bloqueó la información sobre ese dinero.


 Aquellos días. Néstor Kirchner, entonces gobernador de Santa Cruz, recorre una obra con Julio De Vido. Era 1995 y el dinero ya se estaba moviendo.

Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz cuando el 13 de octubre de 1993 anunció que a partir de ese día su provincia sería más rica. El discurso fue difundido por la televisión local. Con una satisfacción inocultable, avisó que “ya están a disposición de la Provincia los bonos por US$ 600 millones por los que hace tiempo venimos luchando. No son ya un espejismo. O aquella cosa inalcanzable de la que hablábamos. Ya están en casa”.

En ese momento Kirchner prometió que administraría los fondos públicos con “prudencia” y “tino”. Veintitres años después, los santacruceños todavía ignoran el monto original de los fondos y cómo se gastaron. Clarín inicia hoy una serie de notas que -con documentos hasta ahora no conocidos- esclarecen cómo los Kirchner fueron transfirieron esos dineros a bancos extranjeros: Citibank, Morgan Stanley, Credit Suisse y UBS. Los movimientos son en general de entre 1 y dos millones de dólares. Muchos de ellos a empresas privadas de dueños desconocidos.

Una de las financieras, de la Argentina, operó parte de esos fondos con una cuenta a nombre de la Provincia de Santa Cruz y del propio Néstor Kirchner.

Vueltas de la vida: muchos de los manejos de esos fondos fueron ordenados por Lázaro Báez, entonces Gerente Departamental Adscripto Interventor del Banco de la Provincia de Santa Cruz.  el mismo que luego se asoció en negocios comerciales con los Kirchner y se hizo millonario.

En las presidenciales de 2003, Néstor Kirchner hizo campaña exaltando su decisión de enviar al exterior los “fondos” de las regalías petrolíferas. "Salvé a la Provincia del corralito", repetía.  Lo cierto es que jamás dio precisiones oficiales sobre su supuesta gesta económica. Al contrario: se ocupó de bloquear en el acceso a la información pública.

Los documentos de Santa Cruz muestran cómo, por ejemplo, el 21 de marzo 1995 Lázaro Báez, firmando por el Banco de Santa Cruz, introdujo en la trama de los fondos a la empresa Kega Holding Internacional Inc, de propietarios desconocidos.

Ese 21 de marzo. Báez y el Gerente Departamental del Banco de Santa Cruz, Jorge Dominichetti, le informaron a esa compañía que podía disponer de inmediato, “irrevocablemente” e “incondicionalmente” , y también “con completa responsabilidad bancaria”, de “una suma de 17.200.000 millones de dólares” que saldrían de una cuenta de la provincia.

A partir de la recepción de ese papel firmado por Báez, los titulares de esa firma extranjera podían solicitar retirarlos, mediante el envío de un télex encriptado, de la cuenta del Banco de Santa Cruz que esta entidad provincial tenía en el Citibank de Nueva York.

Es posible que el documento fuera parte de una operación financiera de aún mayores dimensiones, que fijaba esos millones de los fondos como garantía de esa maniobra de la cual el Estado de Santa Cruz jamás informó.

Otra de las decenas y decenas de páginas de diferentes bancos del exterior con el detalle del estado y los giros de los fondos que obtuvo Clarín sirve de muestra para describir a qué ritmo se movía esa plata. Se trata de un resumen de una cuenta de la provincia en el Citibank de Nueva York, a julio de 1995.  En dos páginas, la entidad informa que desde el primer día de ese mes al último, se habían realizado 23 operaciones financieras. Son “débitos” de cifras variables.

El 17 de ese mes se debitaron US$ 70.000. Un día después, se hicieron dos débitos distintos: uno por 71.229 dólares y otro por 18.284.19 dólares. El 18 de julio se acreditaron 1.500.000 dólares. La cuenta se estabilizó. Pero al otro día, el 19 de ese mismo mes, se debitó la misma cantidad de dinero: 1.500.000 dólares. Seis días después, se debitan de la misma cuenta 1.486.765, 58 centavos. Son los montos habituales en todos los giros, de todos los bancos.

Las cuentas a las que se transfieren esos fondos solo están identificadas con número y no con nombres de sus titulares.

 Los Kirchner demostraron que no tenían interés en que estos giros se informen. Así ocurrió, a pesar de la moción que en la jornada legislativa del 14 de junio de 2001 impulsaron diputados opositores en el Congreso de Santa Cruz. Omar Mario Muñiz, Diego Alejandro Bordón, Alberto Eugenio Bianchi y Roberto Eduardo Giubetich pedían al Gobierno de la Provincia que respondiera sobre “el viso de legalidad de la garantía n° 00195 otorgada por el Banco de la Provincia de Santa Cruz a Kega Holdings International Inc. el 21 de marzo de 1995 y certificadas sus firmas el 22 de marzo del mismo año”. La moción fue denegada en la Legislatura por el bloque K, mayoritario.

El video del anuncio de Kirchner sobre la recuperación de los 600 millones de dólares de las regalías puede verse en la web. Después de leer su discurso, el Gobernador creyó que la cámara había dejado de grabarlo. No. Su imagen había salido del aire pero lo seguían filmando. El Gobernador juntó entonces los papeles había leído, y habló a la cámara, pensando que nadie conocería su comentario quizás sincero. Dijo, en primera persona del singular: “Tengo 600 millones de pesos”. Se rió (sic).

Incompetencia y corrupción en el caso del Irízar

Editorial del diario La Nación
Nueve años no alcanzaron para terminar de reparar el rompehielos y, en ese lapso, las campañas antárticas cobijaron negociados que investiga la Justicia
En abril de 2007, el rompehielos Irízar sufrió un incendio que lo alejó del servicio debido a las importantes reparaciones que debían efectuársele. Lo extraño del caso es que ya han transcurrido casi nueve años y medio y esas reparaciones en el astillero Tandanor no llegan nunca a su término.

Además, si se suma su costo hasta el presente, de 147 millones de dólares, al alquiler por 137 millones de la misma moneda de los buques ruso y holandés que lo reemplazaron en las campañas de abastecimiento de nuestras bases antárticas, se llega a la cifra de 284 millones de dólares que, como informó LA NACION, supera el costo de un nuevo rompehielos, valuado en 250 millones de esa moneda. Hay que agregar los 20 millones de pesos que demandará el dragado para que el Irízar pueda abandonar Tandanor.

¿Cómo pudo llegarse a este costosísimo disparate? ¿Se trató de mera incapacidad de las autoridades del Ministerio de Defensa del anterior gobierno, o el abultado gasto a cargo de las arcas estatales escondía el cobro de coimas? ¿Se alquilaba a un costo altísimo -y tal vez con pagos y cobros ilegales- la logística para mantener nuestras bases? ¿Cuál ha sido la genuina política antártica en los últimos años?

Con el nuevo arrendamiento de una nave para la próxima campaña antártica, los costos totales habrán ascendido a 301 millones de dólares. Mientras tanto, aún resta realizar el 10 por ciento de los arreglos del buque, que incluyen 60 nuevos camarotes y 40 laboratorios.

Las incomprensibles demoras para la finalización de las tareas no pasaron inadvertidas. Desde 2011, esta columna editorial se ha ocupado del tema, y en 2014, el entonces diputado radical Julio Martínez, hoy ministro de Defensa, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Ese año planteamos en esta columna que la excesiva tardanza era motivo de preocupación, porque los fondos empleados en el alquiler de buques "podrían haber dado origen a posibles negociados durante la gestión de Arturo Puricelli al frente de Defensa". En aquel entonces, hubo denuncias por la presunta manipulación de la licitación para contratar al buque holandés Timca.

El tiempo siguió su curso y los costos continuaron escalando. Hoy, el ministro Martínez explica que un rompehielos usado, similar al Irízar, puede comprarse por sólo 19 millones de dólares. Sudáfrica encargó la construcción de uno a un astillero finlandés, que ya está por botarlo. Ante la contundencia de las cifras, vuelve el planteo de fondo: las reparaciones que nunca terminaban, ¿no habrán sido un pretexto para contratar los buques ruso y holandés y cobrar comisiones o coimas?

Por el contrario, pensar que el dislate obedeció simplemente a la inoperancia sería abusar de la credulidad. Abona las sospechas el hecho de que, como publicó LA NACION, se habrían registrado sobreprecios en la compra de provisiones para las bases durante la última campaña antártica del orden de los 84 millones de pesos. Agustín Rossi era el ministro de Defensa -hoy es diputado del Parlasur-, y los sobreprecios que se habrían pagado para el aprovisionamiento variaron entre 174 y 241 por ciento, según el tipo de víveres.

Ayer se conoció que, por esos hechos, el fiscal federal Ramiro González imputó a Rossi y a un ex presidente de la Corporación Mercado Central.

Hace dos años, pedíamos en esta columna racionalidad y la mayor de las transparencias. Se lo pedíamos a un gobierno que se caracterizó por convertir todo cuanto pudo en un negocio personal de sus funcionarios. Los resultados están a la vista. Corresponde a las nuevas autoridades otorgarle la mayor de las claridades a este tema y enmarcarlo en una genuina política antártica que vea y proyecte mucho más allá del legítimo y necesario apoyo logístico a nuestras bases.

Desarman una enorme red de narcolavado

Por Darío Palavecino - LA NACION
La Justicia requisó 241 vehículos comprados por traficantes de droga

La playa de estacionamiento del balneario 12, de Punta Mogotes, era ayer una verdadera concesionaria de vehículos al aire libre. Foto: LA NACION / Mauro V. Rizzi

MAR DEL PLATA.- Había autos flamantes y brillosos. Otros cubiertos por una gruesa capa de polvo por haber dormido en galpones durante meses. Todos estaban sin patentar. Había también vehículos lujosos con algunos kilómetros recorridos, como una imponente cupé descapotable alemana; camiones, motos, cuatriciclos y una lancha. Una gran concesionaria a cielo abierto parecía ser la flota de 241 vehículos que la Policía Federal secuestró ayer en esta ciudad. Son el producto de una de las mayores maniobras de lavado de dinero narco y la operación más significativa para ocultar fondos de origen ilegal en el mercado automotor.

Los 30 allanamientos ordenados por el juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti permitieron la captura de ocho personas consideradas piezas fundamentales de esta organización delictiva; se secuestró además una docena de armas.

Fuentes de la investigación confiaron a LA NACION que hay tres sujetos que permanecen prófugos, entre ellas "Coco" Esteban, que es considerado el verdadero cerebro detrás de estas operaciones que sólo en los bienes secuestrados ayer -según estimaciones iniciales- representan entre cuatro y cinco millones de dólares.

La pesquisa lleva más de dos años y medio de trámite y tuvo su origen en un procedimiento realizado en la ruta 2, donde una comisión policial interceptó a Juan Manuel Mariscal al volante de una combi en la que transportaba 150 kilogramos de cocaína. Desde entonces se ataron cabos hasta determinar que el dinero de la venta de esos estupefacientes se volcaba a compras de autos, camionetas y camiones que en su mayoría comercializaban miembros de la comunidad gitana. Esteban es una de las figuras con mayor renombre en esa comunidad y, en particular, en la compra-venta de vehículos.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pasó ayer por Mar del Plata para recorrer la playa de estacionamiento del balneario 12 de Punta Mogotes, donde fueron mostradas las 209 unidades secuestradas, además de algunas armas, 540.000 pesos en efectivo, algunos alhajas y relojes de oro y unos 60 gramos de cocaína. "Este operativo es un golpe muy fuerte al bolsillo del narcotráfico, pudimos sacarles la plata de la gente", afirmó sobre estos bienes que ahora el Estado deberá rematar o, si prospera una idea que analizan especialistas, pueden servir -en particular las camionetas- para nutrir las flotas operativas de las fuerzas de seguridad federales.

Con la participación de más de 300 efectivos de las superintendencias de Drogas Peligrosas, Interior y Orden Público, la Policía Federal Argentina completó durante la víspera los allanamientos requeridos por el fiscal Nicolás Czizik y el juez federal Inchausti. La mayoría fueron aquí, pero también hubo otros operativos que se realizaron en forma simultánea en Chascomús, Caleta Olivia, Neuquén y Corrientes, puntos con los que la organización triangulaba para la adquisición de unidades, patentamiento y comercialización.

La causa bautizada como "lavado total" señalaba domicilios que se reparten sobre las avenidas Jara y su continuación hacia el Sur, Polonia, uno de los corredores donde se radica la mayoría de la muy nutrida comunidad zíngara que tiene la ciudad de Mar del Plata. Salvo excepciones, esas familias viven de la compra y venta de vehículos, en casi todos los casos desde la informalidad, sin local y con sus vehículos repartidos sobre veredas y en la calle.

"Cuidámelo como si fuera tuyo"

"Cuidámelo como si fuera tuyo", reclamaba una de las mujeres gitanas a los oficiales que se llevaban un BMW flamante, casi tan llamativo como el Mercedes-Benz Kompressor secuestrado junto a más de unos 150 autos, medio centenar de camionetas -Toyota, Ranger y Amarok- nuevas o con poco rodaje, 27 camiones, 6 motos, 3 cuatriciclos , una pequeña lancha con su trailer y hasta una casilla rodante que, como ocurrió con otros vehículos de mayor tamaño, no pudieron movilizarlos. "El origen de estos bienes es lavado puro con origen en el narcotráfico", confirmó el fiscal General federal de Mar del Plata, Daniel Adler.

Vinculó estos millonarios fondos ilegales en principio a aquella causa originada en la captura de Mariscal -detenido y con condena a siete años y medio de prisión- y, más cerca en el tiempo, al caso conocido como "Marea Verde", operativo que permitió el año pasado el secuestro en Misiones de un camión con más de 4000 kilos de marihuana con destino a esta ciudad.

La ingeniería del lavado requería inyectar dinero del narcotráfico en adquisición de vehículos. Para cumplir el objetivo se recurría a personas que oficiaban como titulares de esas unidades a los que anotaban como propietarios en registros de automotores del interior. Se señaló en particular uno de la provincia de Corrientes. "No cumplían con la obligación de comunicar las operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF )", confió una fuente de la investigación. Dos de los ocho detenidos estarían vinculados con estos trámites.

Un caso muy importante

El jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Néstor Roncaglia, confirmó que se pudieron concretar todos los allanamientos, efectivizar la mayoría de las detenciones requeridas y que todavía en horas de la tarde, mientras se presentaban resultados del operativo, se estaban completando trámites de secuestro de más vehículos.

El volumen de capital recuperado a partir de esta pesquisa es millonario en dólares y uno de los más importantes en casos de lavado de dinero en el país. Aún no hay una cifra sobre el estimado que movió esta organización en estos últimos años, pero se cree que solo sería superado por apenas un par de casos, entre ellos los conocidos como "Carbón Blanco" y "Luis XV".

Investigadores judiciales explicaron a LA NACION que en los últimos tiempos hay un particular esfuerzo en estas causas para que el Estado pueda recuperar bienes, sean vehículos, propiedades o empresas en los que los delincuentes -en este caso narcotraficantes- buscaron lavar el producto de sus delitos.

Bullrich aportó en este aspecto la expectativa del Gobierno en resultados posibles de la ley de extinción de dominio, que ya tiene media sanción en el Congreso y permitiría recuperar el dinero del crimen para que el Estado los vuelque en favor del conjunto de la comunidad y sostuvo: "Esperemos que estos autos y camionetas recuperados sirvan para tener más justicia y seguridad en el país".

Gómez Centurión: "A mí nunca me avisaron de esa pseudoefedrina"

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
El ex funcionario siembra dudas sobre el proceder de la PSA y la Aduana de Ezeiza

Entre la sorpresa y la suspicacia. Esas son las sensaciones con las que el desplazado titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Juan José Gómez Centurión, reaccionó ayer ante las duras respuestas que cosechó desde el mismo Gobierno que él siente que aún integra, que incluyeron críticas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Gómez Centurión consideró que su decisión de informarle a la Justicia sobre la posible existencia de barriles de efedrina en la Aduana de Ezeiza era no sólo la "lógica", sino la esperable" de su parte, dados sus esfuerzos por depurar la DGA. "No sé por qué Patricia [Bullrich] reaccionó así. Me llama la atención porque yo sólo me limité a informarle al juzgado con el que veníamos colaborando. No llamé a una conferencia de prensa, ni nada", indicó el desplazado funcionario ante la consulta de LA NACION.

"De hecho, ¿no llama la atención que una semana antes de que enviaran el anónimo por el que me desplazaron, yo me había reunido con ese juzgado para investigar juntos sobre el narcotráfico en la Aduana, y una semana después de ese anónimo -y tras cinco años de no hacer nada, oh casualidad- sale escondido ese material en el Boletín Oficial para destruirlo? Es significativo, ¿no?", completó.

Gómez Centurión planteó además sus sospechas sobre la forma y el momento en que la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la DGA y la AFIP avanzaron para destruir esa mercadería. "A mí como director de la DGA nunca me avisaron de la existencia de esa pseudoefedrina. Nunca me indicaron que la categorizarían como rezago. ¿Y cómo lo hicieron? Publicándolo en el Boletín Oficial, cuando yo ya no estaba allí, escondida entre otras 500 mercaderías más. ¿Cómo se esconde un elefante? ¡Entre otros 100 elefantes! ¡Mejor aún si son 500 elefantes!", sostuvo.

Convencido de que pronto logrará cerrar la investigación judicial en su contra y de que el Presidente lo repondrá en su puesto al frente de la Aduana, Gómez Centurión se excusó sin embargo de avanzar más sobre Bullrich y el titular de la AFIP, Alberto Abad, con quien mantuvo una relación tirante.

Colaboradores del funcionario desplazado, en cambio, sí aportaron detalles sobre cuál es su visión, convencidos de que algunos "actores que permanecen en la sombra" intentaron retirar de Ezeiza la pseudoefedrina para destruir cuando Gómez Centurión ya no estaba allí. "Las versiones sobre la efedrina guardada en Ezeiza circulan desde que llegamos a la Aduana", plantearon junto a Gómez Centurión. "Pero sólo sabíamos que estaba en algún depósito, sin más precisiones. Y por lo visto nadie quería indagar demasiado al respecto", deslizaron.

A la luz de los datos que recolectaron durante las últimas 36 horas, el equipo de Gómez Centurión traza un posible escenario: que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) haya informado a los responsables de la Aduana en Ezeiza que allí había depositada efedrina y que a partir de ese momento se inició el proceso para calificarla como "rezago". El siguiente paso fue publicarla en el Boletín Oficial, pero como si fuera una mercadería más.

"¿Se da cuenta que la publicaron como si fuera cualquier otra cosa? ¡Lo consignaron del mismo modo que si fueran osos de peluche! ¡Pero es pseudoefedrina! ¡Nunca le informaron sobre eso a ningún juez!", planteó un colaborador.

Junto al desplazado titular de la DGA consideraron "evidente", además, que la persona que le envió el anónimo se enteró de algún modo que estaban por destruir un cargamento de efedrina y le envió ese alerta, con la ubicación marcada en un mapa con una flecha y con un texto mecanografiado, dado que iban a categorizarlo como para "disposición final".

"En la práctica, lo que iban a hacer desaparecer es la trazabilidad de esa pseudoefedrina", razonaron junto a Gómez Centurión. "No descarte que cuando eso ocurre junto con la mercadería también se destruya documentación vinculada. Es decir, los datos sobre quién la envió, quién la pidió, que antecedentes tenía, para qué destino era y más", plantearon.

Según sus colaboradores, a Gómez Centurión le llama la atención que después de cinco años con barriles de pseudoefredrina en un depósito, la PSA nunca informó a la Justicia sobre esa situación. "¿Nadie nunca se preguntó qué hacía allí esa mercadería durante todo este tiempo?", dicen que el desplazado funcionario reclamó repetidas veces. En especial, "cuando la efedrina cruza la política argentina durante toda la última década".

Michetti respaldó la investigación

CÓRDOBA.- La vicepresidenta Gabriela Michetti avaló la investigación contra el ex titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, a partir de la denuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y consideró se maneja dentro de los carriles razonables. "El Presidente dijo «yo confío en este funcionario, pero prefiero que se investigue» y que, si luego vuelve, vuelva con la energía, el poder y el empoderamiento que tiene que tener".

Michetti añadió que el funcionario que estaba a cargo de la Aduana "se está defendiendo y está poniendo las cosas sobre la mesa" y recordó que Gómez Centurión trabajó con Mauricio Macri en la Ciudad. "Es importante que se investigue y que los argentinos puedan estar tranquilos", resumió.

"Rezago" - El ex funcionario cree que buscaron desplazarlo y aprovechar ese momento para destruir el cargamento de pseudoefedrina de la Aduana en Ezeiza, junto a la documentación relacionada, como si fuera mercadería común

Según Mariano Obarrio en su articula del diario LA NACION informa sobre la fuerte puja interna en el Gobierno por la detección del cargamento de drogas:

Patricia Bullrich y Gómez Centurión cruzaron acusaciones sobre la presunta responsabilidad de cada uno; también interviene la AFIP; Macri pidió bajar el tono

En el gobierno de Mauricio Macri terminó de estallar ayer una pelea interna que era silenciosa hasta ayer: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y sus funcionarios, acusaron al suspendido director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, de haber ocultado al Poder Judicial la existencia de diez barriles de efedrina en los depósitos fiscales del aeropuerto de Ezeiza, que fueron encontrados anteayer, y que se conocían desde mayo último. El hallazgo del precursor químico se produjo anteayer como consecuencia de una declaración que ese día Gómez Centurión brindó en el juzgado de María Servini de Cubría. El funcionario suspendido había declarado que le había llegado una denuncia anónima.

"No tengo ninguna interna con Gómez Centurión, pero él ya sabía que estaba la efedrina ahí", dijo Bullrich por la mañana, lo cual desató sorpresa y preocupación en la Casa Rosada desde temprano.
Luego completó la embestida el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, que agregó que en mayo último se notificó a Centurión "por escrito", pero que éste no hizo la denuncia judicial por lo cual lo acusaron de ocultar la información. Y agregó: "Todo esto está en el Boletín Oficial, más público que eso no sé qué es. Desconozco por qué Gómez Centurión dijo que se enteró por un anónimo".


Los barriles de efedrina que fueron encontrados en Ezeiza. Foto: Prensa Policía Metropolitana

La desmentida de Bullrich y Milman, en tono muy severo, se sostuvo en que Gómez Centurión conocía desde mayo último la existencia de la efedrina y en que la captura de la efedrina anteayer obedeció que el Boletín Oficial publicó el miércoles último que en 30 días esa mercadería pasaría a rezago y sería destruida si nadie la reclamaba y no a la declaración de Gómez Centurión ante Servini de Cubría.

A eso se sumó también la AFIP, conducida por Alberto Abad, que también tiene diferencias con Gómez Centurión. Cuando se descubrió el cargamento, desde ese organismo dejaron trascender que el rol de Gómez Centurión en el operativo estaba sobredimensionado, y resaltaron que durante seis meses "no se hizo nada" con la pseudoefedrina.

Según pudo saber LA NACION, la pelea entre Bullrich y Gómez Centurion es de vieja data y se originó en el hecho de que el suspendido director de la Aduana nunca dejó que las fuerzas federales de seguridad intervinieran en su organismo para investigar delitos y narcotráfico. "La PSA ya había avisado a la Aduana. Gómez Centurión y su equipo ya sabían que estaba la efedrina ahí. Si la Aduana no lo denuncio ante la Justicia y decidió hacer un proceso administrativo, es otra cosa", dijo Bullrich a Radio La Red.

En diálogo con LA NACION, Gómez Centurión se mostró sorprendio por el tono de la funcionaria. "A mí como director de la DGA (Dirección General de Aduanas) nunca me avisaron de la existencia de esa pseudoefedrina. Nunca me indicaron que la categorizarían como rezago", se quejó.
En la Casa Rosada, allegados directos de Macri aseguraron a LA NACION que el Presidente estaba "sorprendido" por el ataque de Bullrich al director suspendido y que "sigue respaldando a Centurión".
"Patricia quiere sacar un rédito político. Centurión tenía la información, la dio en la Justicia y le cortamos 250 kg de efedrina al narcotráfico. Punto. ¿Y sí Patricia lo sabía por qué no fue y allanó ella con un juez?", dijeron.

La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, junto al presidente Mauricio Macri.

Un dato que pareció confirmar el disgusto es que por la tarde, cuando Bullrich fue a Mar del Plata por un operativo, se negó a hablar del tema. "Centurion quizás no quiso denunciarlo antes en la Justicia y está bien", señalaron en la Casa Rosada. "Centurión quedó bien parado y el rédito es de todo el Gobierno", mascullaron contra Bullrich. "Estamos convencidos de que es inocente de la denuncia anónima de sobornos y que regresaría a la Aduana apenas el juez federal Ariel Lijo emita una resolución que indique que las pruebas no son suficientes para imputar al funcionario", dijo un alto funcionario a LA NACION.

El magistrado dejó trascender que ordenó entrecruzamientos de llamados y de comunicaciones y otras pruebas que requieren una respuesta de organismos oficiales que aún no se produjo. Luego de ello, resolverá la situación del suspendido funcionario.

Desde el entorno de Bullrich explicaron que la ministra no tiene una pelea personal con Centurión. Su objetivo es, según dijeron, clarificar la verdad sobre cómo fue el secuestro de la efedrina.

Dicen que tanto la Aduana, la cartera de Seguridad, como la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) conocían el cargamento y critican a Centurión porque en lugar de hacer una denuncia judicial, por lo relevante del caso efedrina, se guardó la información y abrió un expediente administrativo.

Aprobaron la ley para juzgar rápido los delitos "in fraganti"

(Clarin.com) - Herramienta clave para agilizar la Justicia.

El Senado convirtió en ley la norma que acelera los plazos de los procesos contra delincuentes detenidos con las manos en la masa.

Por 63 votos a favor y 3 en contra, el Senado aprobó hoy la ley de flagrancia, que establece un proceso penal más veloz para las personas que sean pescadas in fraganti cometiendo un delito. Se la considera una herramienta clave para agilizar procesos y aliviar a la Justicia.

La ley de flagrancia tuvo media sanción en Diputados a principios de junio, pero recién la semana pasada obtuvo dictamen favorable en el Senado. La norma, que introduce cambios en el Código Procesal Penal, establece un juzgamiento rápido de los delitos en los que sus autores fueron detenidos cuando los concretaban.

Según el mecanismo fijado por la ley enviada por el Poder Ejecutivo, el detenido debe ser llevado ante el juez para participar de una audiencia oral inicial de flagrancia que deberá realizarse dentro de las 24 horas desde que fue detenido. La nueva norma se podrá utilizar en aquellos ilícitos que se condenen con penas menores a los 15 años.

La sesión arrancó a las 14 y el listado de proyectos a tratar incluyó también las leyes de Acceso a la Información y del Arrepentido.

Según el sitio El Parlamentario, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino (FpV-PJ), explicó que el objetivo consiste en “dotar a los jueces de una herramienta sencilla y eficaz” para juzgar al delincuente que es sorprendido “in fraganti”.

Guastavino explicó que “el desarrollo de la etapa probatoria no puede superar los 40 días”. “La celeridad del proceso es notoria y en todo momento se respeta el derecho a defensa del detenido”.

Durante el debate, desde la oposición se alzaron voces que indicaban que el procedimiento de flagrancia implica "darle demasiado poder a la Policía" ya que la Justicia debe basarse en las pruebas que presentan las fuerzas de seguridad en un período muy breve de tiempo, que impediría profundizar las investigaciones.