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viernes, 25 de noviembre de 2016

Cómo es el imperio de estancias de Lázaro Báez, que está allanando la Justicia

Por Lucía Salinas - Clarin.com
En los allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello se encontraron con campos abandonados, cascos destruidos y tierras improductivas.
Una de las estancias más importantes de Báez y que más descuidada se observa. Foto Maxil Failla.
Una de las estancias más importantes de Báez y que más descuidada se observa. Foto Maxil Failla.

Más de 600.000 hectáreas distribuidas por la gran extensión del suelo santacruceño, integran el imperio de propiedades de Lázaro Báez cuyo valor la Justicia busca determinar. Hasta ayer se tasaron 12 de las nuevas 14 estancias que le detectaron al empresario K y que elevarán aún más su patrimonio que ya es de $2.250 millones ( U$S 156 millones).

Las estancias de Lázaro Báez fueron emblemáticas: algunas fueron denunciadas por tener bóvedas, otras contaban con lujosos cascos y otro grupo -cerca del Río Santa Cruz- fue denunciado por lavado de dinero. Después de quedar detenido, sus campos quedaron despojadas de sus complejos sistemas de seguridad y el deterioro es notorio. Otras se encuentran en una zona con potencial minero.

​Un grupo de unas veinte personas se ocupa de cuidar hoy los campos. En la ruta a El Calafate se observan cada tanto, unos pocos cuidadores recorriendo las estancias. Báez mantiene jardineros y serenos a los que les paga $ 9.000 por mes. En algunos casos, se adeudan salarios hace cinco meses como muestra de un imperio en decadencia. La Justicia se encontró en los allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello, con campos abandonados, cascos destruidos y tierras improductivas.


Vista de estancia Cruz Aike propiedad en El Calafate. Foto. Maxi FaillaVista de estancia Cruz Aike propiedad en El Calafate. Foto. Maxi Failla.
En la provincia que gobernó Néstor Kirchner, Báez compró 41 estancias: más de 600.000 hectáreas. Los campos son diversos en sus instalaciones y extensión. El Tribunal de Tasanción de la Nación sólo a once campos le otorgó un valor de $ 300 millones. El número se modificará en función de los nuevos allanamientos sobre 14 estancias que no había sido declaradas por el empresario preso, ordenados en el marco de la causa de la Ruta del Dinero K.

En la zona sur, Báez conserva la mayor cantidad del ganado: más de 40 mil ovinos y 700 vientres vacunos. Después cuenta con las crías que es lo que se destina a comercializar Austral Agro, firma responsable de administrar los campos.  El escenario más desolador se observa en el norte santacruceño: Grandes campos con cascos arruinados, sin cuidadores, sin hacienda, superficies áridas y sin mantenimiento. Esto se observó al recorrer estos días las estancias La Fe, La Molle y Cerro del Paso.


Una de las estancias de Báez en la zona sur de la Provincia. Foto Maxi Failla.Una de las estancias de Báez en la zona sur de la Provincia. Foto Maxi Failla.
Fuentes judiciales señalaron a Clarín que se encontraron con “casas abandonadas y muy precarias, terrenos sin un solo animal y lugares totalmente abandonados”.
En este punto el trabajo más relevante no es comparar con otras estancias lujosas que en la zona sur tiene Lázaro Báez, como Alquinta, valuada en $ 101.944.000, o un conjunto de tres campos que tienen un valor de $ 43.995.000, o La Entrerriana por $ 27.471.00.

La prioridad es determinar el dinero volcado en la adquisición de miles de hectáreas. “Son estancias inmensas, lo que valen es por la extensión”, indicó una fuente de la causa a Clarín. La Justicia sospecha que los campos fueron adquiridos a través de una maniobra de lavado de dinero.

Entre los campos allanados para su tasación, se ingresó a Coronel Guarumba en cercanías a la Ruta 40 y la intersección con el camino provincial N° 7. Esta estancia tiene varias tranqueras separadas por más de 22 kilómetros, hasta llegar a su casco principal. Su cuidador Raúl Vargas confirmó que trabajaba para el empresario K y contó que le proveen víveres una vez a la semana. El lugar cuenta con dos administradores que con frecuencia llegan al lugar "a preguntar por las novedades", detalló Vargas.

Por la zona de Bajo Caracoles, recorriendo un extenso camino de ripio los efectivos federales se encontraron un conjunto de estancias que administra Austral Agro, empresa dirigida por Leandro Báez (el menor de los hijos del empresario). Esta zona según los lugareños, tiene un importante potencial minero y sospechan de una compra de las tierras vinculada a dicha actividad.

Aníbal Cofre es el encargado de gran parte de estos campos: La Irenita, Los Gurises, Río Olnie, Manantial Alto y Laguna del Asador. Allí se encontró muy poca hacienda. “Todas tienen superficies de 20.000 hectáreas y se tratan de campos poco aptos para la cría del ganado, porque están en muy mal estado”, señalaron a Clarín quienes recorrieron estas estancias.

En contraposición con este desolador panorama, en El Manantial -otro campo allanado esta semana-, se realiza cría de ganado ovino para el consumo y esquila de ganado. Y es uno de los pocos ingresos que tiene hoy la familia Báez, que se vio favorecida durante doce años por la compra compulsiva de inmuebles que realizó el dueño de Austral Construcciones.


Estancia La Julia conectada a Cruz Aike. Foto Maxi Failla.Estancia La Julia conectada a Cruz Aike. Foto Maxi Failla.
Ayer se concluyó el trabajo sobre doce estancias, la mayoría de los cuales se encuentran escriturados a nombre de Austral Agro, Austral Construcciones y en algunos campos figuran los hijos del empresario K, preso hace siete meses.

Uno de los lugares recorridos fue la estancia La Nueva Argentina de 15.500 hectáreas, si bien los peones que la cuidan negaron que pertenezca a Báez, la Matrícula 33883-I indica que el titular registral es Martín Báez (doblemente procesado por lavado de activos). La compra realizada por $ 8.245.024 se hizo con dinero de Austral Agro ante el escribano Leandro Albornoz.

Hoy quedan dos estancias en la zona de El Chaltén, “Los Médanos” y “El Rincón” que serán recorridas para su tasación.

martes, 15 de noviembre de 2016

Apuntan contra 52 universidades por fondos

La UBA, dentro de las universidades denunciadas foto: Archivo (La Nación) - Marijuan abrió causas para rastrear el dinero que recibieron durante el gobierno kirchnerista.
La UBA dentro de las universidades denunciadas Foto: Archivo.

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a 52 universidades nacionales para que se investiguen millonarios fondos transferidos a las casas de altos estudios de todo el país por el gobierno kirchnerista."Todos y cada uno de los pesos recibidos deben ser verificados y acreditados en cuanto a que hayan tenido un destino legal y lícito", reclamó la denuncia. Entre noviembre y diciembre de 2015 se habrían distribuido 747 millones de pesos.


Marijuan presentó las denuncias por separado y distintos jueces fueron sorteados para analizar los casos. Se trata de las universidades de Buenos Aires, Catamarca, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, del Comahue, de Córdoba, de Cuyo, de Entre Ríos, de Formosa, de General San Martín, de General Sarmiento, de Jujuy, de La Matanza, de La Pampa, de La Plata, del Litoral, de Lomas de Zamora, de Luján, de Mar del Plata, de Misiones, del Nordeste, de la Patagonia San Juan Bosco, de Quilmes, de Río Cuarto, de Rosario, de Salta, de San Juan, de San Luis, de Santiago del Estero, del Sur, Tecnológica Nacional, de Tucumán, de La Rioja, de Lanús, de Tres de Febrero, de Villa María, Patagónica Austral, de las Artes, de Chilecito, del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, de Río Negro, del Chaco Austral, de Villa Mercedes, de Avellaneda, Del Oeste, de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de Moreno, Arturo Jauretche, de José C. Paz, de Comechingones, de Hurlingham, del Alto Uruguay y de Rafaela.

Cada juez deberá determinar quiénes fueron las autoridades de los empleados que tuvieron roles preponderantes en el manejo de los fondos públicos recibidos.

domingo, 13 de noviembre de 2016

Inscribían a desocupados como choferes de colectivos para cobrar subsidios.

Varias empresas de colectivos con choferes "fantasmas"
Foto: Fabián GastiarenaPor Guillermo Villarreal - Clarin.com
 Las empresas obtenían millones extra del Estado gracias a esa maniobra. Ya lo investiga la Justicia.
Varias empresas de colectivos con choferes "fantasmas" - Foto: Fabián Gastiarena.

Como los huéspedes de los hoteles de la familia Kirchner, alojados en los registros contables sin haber estado en las lujosas habitaciones con vista a las calmas aguas del Lago Argentino, en Mar del Plata la Justicia investiga el caso de trabajadores de empresas de transporte de pasajeros que, sin embargo, nunca se sentaron al volante de ningún colectivo. Aquí los llaman los “choferes fantasma”.

Al engrosar su caudal de empleados en blanco a través de sus declaraciones juradas, las empresas obtenían millones de pesos extra en subsidios y además, según contó a este diario el abogado de los damnificados, la maniobra la llevaron adelante en el momento en que pedián un aumento del precio del boleto, que finalmente consiguieron. “En marzo el boleto pasó a costar de $ 5,90 a $ 6,86. Los concejales se taparon la nariz y votaron, no les importó que hubiera casi 400 desocupados que las empresas usaron para aumentar sus costos operativos ni que hayan cobrado millones de pesos en subsidios”, explicó a Clarín Julio Hikkilo, abogado de La Casa del Trabajador, una asociación civil sin fines de lucro orientada a asistir a trabajadores.

Los medios de noticias locales llamaron “fantasma” a los desocupados que fueron declarados como empleados por las empresas de transporte. Ellos se enteraron de la peor manera de la maniobra en la que fueron usados: algunos cuando fueron a cobrar la Asignación Universal por Hijo, otros yendo en busca de la mensualidad del seguro de desempleo, y en las ventanillas de pago les informaron que no iba a ser posible que cobrasen porque figuraban en los registros de la Anses y AFIP como empleados de líneas de colectivos del transporte público marplatense con sueldos promedio de 20 mil pesos.

En la mayoría de los casos los choferes habían acercado su currículum, algunos llegaron a dar una prueba de trabajo, pero nunca fueron convocados. De allí se tomaron sus datos. En total son 392 desocupados los que las empresas hicieron figurar en sus declaraciones juradas ante la AFIP, y casi 12 millones de pesos los que cobraron en concepto de subsidios. Algunos figuraban como choferes en más de una empresa.

Las empresas investigadas en la maniobra que denuncia la Casa del Trabajador son “25 de Mayo SLR”, “12 de Octubre SLR”, “Transportes Peralta Ramos SA” y Libertador SLR”; entre ellas controlan más del 90% del transporte público marplatense.

La investigación comenzó en abril pasado a partir de la denuncia de Hikkilo, que reclama que la investigación sea de competencia federal. La causa está en manos del fiscal de Delitos Económicos Fernando Berlingeri, quien sobre el pedido dijo que “aún se encuentran pendientes de producción diligencias útiles en orden de delinear el objeto procesal”.

El abogado César Sivo, por parte de las empresas transportistas, sostiene que la pretensión de que un fiscal federal sea quien lleve adelante la investigación, “es, como mínimo a esta altura procesal, evidentemente prematura en tanto el pedido únicamente se basa en la ambigua y genérica referencia de que ‘podrían’ (en sentido potencial) los hechos investigados guardar relación una materia de injerencia investigativa federal”. Pero argumenta el abogado de La Casa del Trabajador que la competencia debe ser de la Justicia Federal “por tratarse de una defraudación al Estado nacional”.

Todavía no hay delito definido ni imputados en la causa. Quienes firmaron las declaraciones juradas fueron los empresarios Juan Inza (25 de Mayo, 12 de Octubre, Libertador) y Diego Basilico (Peralta Ramos), y el contador Federico Pomero. Por lo pronto, se sabe que por ahora el caso continuará en la obita de la Justicia provincial, tal como resolvió a mediados de octubre la jueza de Garantías Rosa Frende.

“Los empresarios reconocieron lo que hicieron, pero dicen que se trató de un error involuntario, ¡Es decir que tuvieron 392 errores de tipeo, es un escándalo!”, dijo Hikkilo. En estos días los empresarios del transporte en Mar del Plata reclaman un nuevo aumento del precio del boleto. “Piden un aumento cuando no devolvieron los millones que cobraron y ni siquiera repararon el perjuicio a las víctimas, que son estas personas que de un día para otro dejaron de cobrar sus planes asistenciales. Es una burla”

martes, 8 de noviembre de 2016

Detectan llamativas irregularidades en la compra de 110 camiones para Acumar

Por Marcelo Silva de Sousa - LA NACION
La maniobra le costó al Estado 153 millones de pesos
Detectan llamativas irregularidades en la compra de 110 camiones para Acumar
Detectan llamativas irregularidades en la compra de 110 camiones para Acumar. Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

"Esta sí que fue una herencia pesada, en todo sentido", dice con ironía una calificada fuente del Ministerio de Ambiente. El 4 de diciembre, a seis días de la asunción del nuevo gobierno y en sesión extraordinaria, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), organismo creado para sanear la cuenca, autorizó la adquisición de 110 camiones IVECAM en una llamativa maniobra por su celeridad y por las irregularidades que tiñeron la operación, que le costó al Estado 153 millones de pesos.

"Nos encontramos con una pila de expedientes sobre la mesa que no sabíamos de dónde habían salido, y que el presidente quiso aprobar a las apuradas. No había detalles sobre los montos de los camiones ni los fines que justificaran la adquisición", contó a LA NACION un ex funcionario de Acumar que prefirió mantener en reserva su nombre.

En la sesión, que se realizó pese a la falta de quórum, justificada bajo la "necesidad de dar tratamiento urgente" a los expedientes, planteada por el ex presidente del organismo Gerardo López Arrojo, el Consejo Directivo aprobó por mayoría la entrega de los vehículos a favor de Acumar. Se dio visto bueno así a la compra de las camiones, pese a la falta de un pedido formal del organismo que la justificase y sin conocerse el destino que tendrían las unidades.
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El lote de camiones estaba integrado, en su mayoría, por compactadores -utilizados en la recolección de residuos- y también había volcadores. "La operación no tenía ningún sentido, y el Consejo Directivo no había autorizado la compra, que atentó contra todos los procedimientos administrativos", confió el mismo ex funcionario. Además, precisó: "Acumar no recoge residuos, la tarea que tiene a su cargo es la limpieza de los basurales, siempre de acuerdo a los pedidos que le hace el Ceamse. No se justificaba adquirir camiones recolectores".

La intención de López Arrojo era repartir en comodato los rodados entre 14 municipios de la provincia de Buenos Aires. La nómina de los distritos elegidos presentaba una llamativa particularidad: 12 de ellos se encontraban gobernados por el Frente Para la Victoria. Sin embargo, la iniciativa no prosperó en la reunión, y se decidió postergar la elección de los destinos hasta la asunción de las nuevas autoridades. Todavía está en estudio, según confiaron fuentes de Acumar a LA NACION.

La licitación por los camiones había sido en mayo de 2015 y la orden de compra se generó en noviembre del mismo año. Pero recién el 4 de diciembre, cuando los vehículos iban a ser entregados, López Arrojo puso por primera vez a consideración del Consejo Directivo la compra de los camiones, que ya había sido efectuada. La máxima autoridad del organismo presentaría su renuncia seis días más tarde, el 10 de diciembre. LA NACION intentó, sin éxito, comunicarse con él.

Entre las irregularidades que encontró la actual gestión, según relató a LA NACION una calificada fuente, los vehículos habían sido entregados ya patentados a nombre del Acumar, pese a que la compra se realizó desde el Servicio Administrativo Financiero (SAF), dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, en ese entonces a cargo de Aníbal Fernández . En rigor, la orden de compra se emitió con el pago de un 30 por ciento, que giró el SAF. En tanto, la actual gestión del Ministerio de Ambiente asumió la deuda del 70 por ciento restante.

Actualmente se tramita en el Juzgado Federal n°1 a cargo de María Servini de Cubría un expediente por irregularidades en el destino que tuvieron los fondos que el Estado le entregó a la AFA entre 2009 y 2015, y por el que fueron procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina . En ese expediente se investiga el acuerdo alcanzado entre la AFA e Iveco -único auspiciante privado en el FPT durante el kirchnerismo-, que se comprometía a pagar parte en efectivo y parte con canje de camiones, que iban a ser derivados al Ejecutivo. Durante ese lapso, la empresa pagó con 159 camiones los spots publicitarios por valor de $ 60.200.000, mientras que entregó $ 24.800.000 en efectivo.

Según relataron fuentes de la actual gestión del Acumar, si bien no se detectaron sobreprecios en el proceso de compra, las irregularidades en el trámite derivaron en sumarios administrativos internos. Los camiones, todavía esperan destino.

jueves, 3 de noviembre de 2016

Tras pagar multa millonaria liberan a buque chino que fue detectado pescando ilegalmente frente al golfo San Jorge

(Cronica) - Puerto Deseado, (C).- La causa iniciada en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia representa un hecho inédito ya que sería la primera vez que un buque infractor que fue tiroteado por Prefectura queda interdicto en otro puerto con la colaboración de Interpol y debe pagar la multa para ser liberado.
Se trata del pesquero “HUA LI 8” MMSI N° 41242941, de bandera china que el pasado 26 de febrero fue detectado por el Guardacostas Thompson mientras realizaba tareas de pesca a 199,42 millas náuticas dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina, frente al golfo San Jorge. El buque que se profugó en dos ocasiones fue detectado por Interpol en un puerto de Indonesia donde quedó interdicto por algunos meses hasta que la empresa armadora se allanó a la multa pagando la suma de 7.500.000 pesos.

El incidente con la embarcación que capturaba calamar en aguas argentinas se inició cuando encontrándose el Guardacostas a unos 180 metros comenzó a efectuarle reiterados llamados en idioma español e inglés por radio VHF como así también mediante señales visuales con faros y sonoras con bocinas, pero el buque pesquero comenzó a levantar las líneas de potas de pesca, apagando las luces de pesca, prendiendo las de navegación y al terminar de izar su ancla de capa, inició huida a toda máquina, realizando maniobras bruscas consistentes en cambios de rumbo repentinos hacia ambas bandas, pasando peligrosamente cerca de los otros buques pequeros que se hallaban en las cercanías.

Dichas maniobras estaban dirigidas a procurar que el Guardacostas pasara por encima de las anclas de capa de aquellos buques inutilizando de ese modo sus hélices propulsoras, acciones que pusieron en peligro la seguridad de los buques y sus tripulaciones.

Disparos 

Ante la negativa de cesar en su huida, se le efectuaron al buque pesquero en reiteradas oportunidades disparos intimidatorios, no pudiendo detenerlo en su marcha hacia aguas internacionales. Por el hecho se inició la causa caratulada “PREFECTURA NAVAL ARGENTINA s/RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PÚBLICO”, la cual tramitó ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Doctora Eva Liliana Parcio de Seleme,

Días más tarde precisamente 3 de marzo se detectó el ingreso del citado buque pesquero a la (Z.E.E.A.), a la altura de la Ciudad de Necochea, navegando presuntamente hacia la Ciudad de Montevideo, ante esta circunstancia se puso en aviso a la Dirección de Tráfico Marítimo de ese país solicitándole colaboración en el marco del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, en función de lo cual las autoridades uruguayas destacaron el avión ARA-872, el cual sobrevoló la zona identificando al pesquero y el guardacostas argentino.

Debido a la trascendencia internacional del caso, la Prefectura informó de la situación a la Dirección de Conserjería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a la Comisión Administradora del Río de la Plata del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y a los funcionarios de la Embajada de China, para que, éstos últimos, intercedan ante el Capitán del buque pesquero a fin de que deponga su actitud.

Pedido a Interpol

Pero horas mas tarde el citado buque infractor volvió a escabullirse de las autoridades uruguayas dirigiéndose de nuevo hacia aguas internacionales

Por este motivo se ordenó el Oficio Judicial N° 310/2016 por el cual se dispuso la captura internacional del potero “Hua Li 8” Señal Distintiva, BZU7N, informándose de ello a Interpol Montevideo, Interpol Brasilia y a la Secretaría General de Interpol, para que amplíen información sobre la fuga del buque pesquero mencionado sobre si se le prestó asistencia en algún puerto, como así también si se labraron actuaciones judiciales.

Posteriormente, la PNA, mediante el Sistema Guardacostas que permite el seguimiento e identificación de buques a nivel mundial, tomó conocimiento que con fecha 30 de marzo de 2016 el buque potero, se encontraba navegando al Sur de Sudáfrica , sin que del sistema AIS surja cuál sería su destino final.

EL 25 de abril de 2016, del Consejero Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, comunica que en la mencionada causa judicial, caratulada “PREFECTURA NAVAL ARGENTINA s/RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PÚBLICO”, se decretó la interdicción de salida del buque pesquero “Hua Li 8”, el cual se encontraba amarrado en el Puerto de Belawan, República de Indonesia, requiriendo que por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con intervención de Interpol de la Argentina que se soliciten a las autoridades de dicho país diversas medidas como la individualización de la empresa armadora del citado buque pesquero, su Capitán y Oficiales y, en particular con relación a la infracción a la Ley N° 24.922, hacer saber a las autoridades de la Indonesia que la interdicción de salida y navegación del buque, es al solo efecto de permitir que se lleven adelante las acciones administrativas por la infracción que se le imputa por infracción a la Ley N° 24.922.

En ese contexto la jueza Eva Parcio solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que ponga en conocimiento de dicha medida al Ministerio de Agroindustria, para que la Autoridad de aplicación de la Ley N° 24.922 cumpla con las diligencias necesarias.

Ante lo cual la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera del Ministerio de Agroindustria a cargo de Juan Bosch emitió la Nota N° 246 de fecha 27 de abril de 2016 por la cual se pone en conocimiento del Capitán del citado buque pesquero la infracción que se le imputa a fin de que, en el plazo legal se allane a la multa determinada de diez millones de pesos ($ 10.000.000.-) y efectivice el pago, con las quitas que establece el Artículo 54 bis introducido inciso b) de la Ley Nº 24.922, o ejerza su derecho de defensa.

Finalmente la empresa propietaria del buque decidió allanarse a través de su presidente Haijun XU, haciendo efectivo el pago de la multa con una quita del 25% correspondiente a siete millones quinientos mil pesos, logrando de este modo destrabar la interdicción del buque que se encontraba preso en Indonesia.

domingo, 30 de octubre de 2016

Río Turbio: dura auditoría de la Sigen sobre una obra de $ 26.000 millones

Cristina Kirchner en Río Turbio en una visita a la Usina. Foto Télam.Por Lucía Salinas - Clarin.com
Gastos que triplican la media internacional, triangulación de contratos y otras irregularidades.
Cristina Kirchner en Río Turbio en una visita a la Usina. Foto Télam.

Sobre una mesa de un metro de ancho por un metro y medio de largo se colocaron una veintena de carpetas. Son todos los expedientes que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) analizó para el informe final de la auditoría sobre Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la minera que el kirchnerismo buscó estatizar y que durante los últimos doce años estuvo bajo la órbita del extinto ministerio que dirigió Julio De Vido. Irregularidades en el manejo de los fondos públicos, desapego a las leyes, procesos carentes de “razonabilidad y legalidad” son sólo algunas de las acusaciones del informe del organismo nacional.

YCRT fue el destino de $ 26.000 millones desde 2005 a 2015, y sólo los últimos dos años del kirchnerismo en la Casa Rosada el gasto estimado por parte de la minera santacruceña fue de $ 10.000 millones, según indica la documentación oficial. En la mayoría de los casos la SIGEN indicó que se trató de manejos “irregulares”, algo por lo que la actual gestión denunció a De Vido por "defraudación a la Administración Pública".
Usina Térmica de Santa Cruz, concentra el reclamo de la UOCRA. Foto Opi Santa Cruz.
Usina Térmica de Santa Cruz, concentra el reclamo de la UOCRA. Foto Opi Santa Cruz.

"Nos encontramos con procesos decisorios carentes de razonabilidad y legalidad”, inicia el informe de la SIGEN al que accedió Clarín. A raíz de esta dinámica de trabajo arrastrada durante doce años, consideraron que se “impidió el logro de los objetivos" en el funcionamiento del Yacimiento y "la construcción de la Central Térmica -aún sin finalizar-”. La auditoría planteó que se ocasionó "un dispendio de recursos en perjuicio del erario público”.

Al momento de evaluar la seguridad de la mina, el informe señala la existencia de "condiciones inseguras para el personal -de riesgo grave inminente- así como también para los equipos e instalaciones en mina, como también de la Central Térmica distintos talleres y depósitos de residuos peligrosos”. Y concluye este punto remarcando que la red troncal de ventilación de la mina se encontró “seriamente comprometida representando un latente peligro de accidentes y derrumbes”.

El manejo de fondos con una "planificación inadecuada e importante subejecución en las tareas de avance y producción de carbón” fue otro crítico punto del informe. Se remarcó que en el período 2011 - 2015 se debían construir 37.975 metros de túneles y sólo se realizaron 11.244 metros “un 70 % menos de lo planificado".

La producción de carbón debía ser en ese mismo período, de 5.706.776 toneladas y sólo se extrajeron 841.990 toneladas: “un 85 % menos de lo establecido”.  El trabajo señala que esto no guarda relación con el incremento de la planta de personal durante esos años que fue del 233 %. “YCRT tuvo esos años una importante inyección de transferencias presupuestarias de $ 16.048.404.69.

Ratifican una denuncia penal contra De Vido por malversación de fondos. Foto Télam.YCRT ubicada en la Cuenca Carbonífera sigue arrojando números complicados para De Vido. Foto Opi Santa Cruz.

Los convenios celebrados con la UTN - Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) fue otro punto crítico del dictamen. Entre 2009 y 2015 se suscribieron 453 convenios y 90 adendas entre YCRT y la FRSC por $ 4.866.400.000. Los gastos fueron calificados como “irregulares” y el informe señala que este mecanismo de contratación se hizo, primero, por tareas “que no son propias y específicas de estas instituciones”. Y que la subcontratación de la Facultad “habilitó la triangulación de las operaciones y permitió soslayar la aplicación de la normativa de contrataciones públicas”. Y sospechan de la existencia de "sobreprecios en diversas adquisiciones de bienes”.

Respecto a la Central Termoeléctrica construida por Isolux Corsán se señaló que “se obviaron detalles de envergadura manifiesta, ausencia de los estudios de factibilidad técnica y económica" que justifiquen la licitación de la Central. Pero se concentran en el dinero que demandó la obra: se pagaron anticipos financieros "sin ejecución de obra certificada” y con una "débil o inexistente exigencia de cumplimiento de las obligaciones que surgen en el contrato".

Producto de las" imprevisiones" se generaron “ampliaciones del contrato original en once oportunidades”. Su valor inicial fue de US$ 957.341.128. Sumada las once variantes con impuestos incluidos, "incrementaron el 90,28 % el contrato original”. Según la SIGEN el monto de la usina de 240 MW a la fecha es de US$ 1.726.251.980, suma que “triplica el costo internacional promedio que se estima en US$ 2,4 millones por MW”.

miércoles, 26 de octubre de 2016

La OA denunció penalmente al programa "Argentina Sonríe"

Argentina Sonríe el programa que dirigió la esposa de Máximo será investigado penalmente. Foto Clarín.Por Lucía Salinas - Clarin.com - El polémico plan "Argentina Sonríe".
Argentina Sonríe el programa que dirigió la esposa de Máximo será investigado penalmente. Foto Clarín.

El programa que dirigió Rocío García fue derogado el viernes pasado por el Gobierno y hoy la Oficina Anticorrupción (OA) denunció penalmente la puesta en marcha del plan de salud bucal por el presunto delito de "defraudación a la administración pública". Sobreprecios, direccionamientos de las compras y favorecimiento de un único proveedor (agravado por posible vínculo familiar), incumplimiento de los procesos licitatorios, adquisiciones de materiales innecesarios, son algunas de las acusaciones que señala la denuncia a la que accedió Clarín.

En 17 páginas la OA expuso los principales argumentos para avanzar con la denuncia penal contra el plan Argentina Sonríe que demandó una erogación de $ 223 millones para once campañas de las cuales seis se realizaron sólo en Santa Cruz donde quien dirigía el programa era la esposa de Máximo Kirchner, y que según el ministerio de Salud las actividades fueron realizadas "con fines electorales". 

Después que el ministerio de Salud bajo la gestión de Jorge Lemus presentara ante la OA la auditoría realizada sobre el plan bucodental, se avanzó en la denuncia penal que recayó en el juzgado Federal N° 11 a cargo del juez Claudio Bonadio.

El expediente que N° 15.396/16 retoma una serie de irregularidades que fueron mencionadas en la Auditoría. Entre ellas se destaca el presunto direccionamiento de las contrataciones y compras de insumos a una misma empresa: Callmed SA que a su vez, uno de sus integrantes tendría vínculos familiares con Rolando Nervi, la mano derecha de Rocío García en Santa Cruz y actual viceministro de salud provincial.

En este punto la OA señala dos hechos "delictivos", el primero es que las compras y refuncionalización de unidades móviles utilizados como consultorios, se hicieron siempre con una sola empresa, y en segundo lugar que, para evitar los procesos administrativos obligatorios como el llamado a licitaciones, se armó "una triangulación con universidades para dirigir el pago a Callmed SA a través de ellas".
María Rocío García, esposa de Máximo Kirchner, saliendo de la inmobiliaria familiar. Foto Emmanuel Fernández.María Rocío García, esposa de Máximo Kirchner, saliendo de la inmobiliaria familiar. Foto Emmanuel Fernández.
En el primer caso, según la denuncia,  todo se hizo con "contrataciones directas" y así se compraron unidades móviles según dos facturas (301 y 302) por $ 1.788.500 cada una. Las mismas fueron investigadas por "no discriminar el producto/servicio facturado" y esto podría derivar "en posibles sobreprecios".

La mayor erogación se realizó para la refuncionalización de estas unidades móviles. Sin ningún llamado a licitación ni concurso de precios, según consta en la presentación de la OA, volvió a contratarse para tal fin a la misma empresa "sin que se haya llevado a cabo ningún procedimiento de selección previo". Y consideran que existió un acuerdo "informal" entre los funcionarios de Salud y la empresa para que ésta "llevara a cabo el acondicionamiento de los vehículos" que inicialmente vendió al Ministerio.

Para avanzar en esta etapa y poder pagar tales servicios, el plan Argentina Sonríe "trianguló los pagos con tres Universidades", indica la denuncia. Para la refuncionalización de los móviles se destinaron $31.411.100 por intermedio de la universidad nacional de Chaco, de Entre Ríos y de San Martín. Callmed SA recibió el dinero de parte de todas ellas.  En el caso puntual de San Martín se denunció que se habrían "desviados pagos por $ 574.782 para servicios de consultorías para una empresa mendocina", corriéndose del objetivo original del convenio. 

Estos convenios de colaboración con tres universidades no "justifica la adquisición de bienes" y sobre todo cuando el único proveedor que intervino tiene sede en Capital Federal y las casas de Altos Estudios tienen otras jurisdicciones. Así, se pagó más caro la adaptación de los vehículos que la adquisición de los mismos. 

Alicia Kirchner junto a Rocío García en Río Gallegos.Las unidades móviles que el 5 diciembre, gran parte de ellas fueron "donadas" a la provincia de Santa Cruz gobernada por Alicia Kirchner, fueron equipadas según la denuncia "con teconología odontológica que excede tanto los fundamentos de la atención primaria de la salud como también, la etapa rehabilitadora con prótesis parcial y/o completa de acrílico". 
Alicia Kirchner junto a Rocío García en Río Gallegos.

¿Qué se compró? 22 equipos de captación (scanner 3D intrasolares), 10 fresadoras con la totalidad de los insumos necesarios para las mismas. Estos costosos equipos no eran "necesarios ni se ajustan a los objetivos del programa", denunció la OA. Y al respecto consideran, en función de la auditoría de la cartera de Salud, que estas compras "fueron discrecionalmente dirigidas hacia algunos proveedores" y que por los montos que exigían, debían haberse licitado "pero se omitió este paso". 
Todo esto fue calificado como "negociaciones incompatibles con la función pública" y/o "defraudación en perjuicio de la administración pública". 

La auditoría del ministerio de Salud que usó la OA apunta contra Rocío García a quien definen como "el pilar de Argentina Sonríe, ella decía qué se hacía y qué no", también se señala las responsabilidades administrativas de Elena Morán (madre del diputado Andrés "Cuervo" Larroque) coordinadora general, María Belén César Gallardo (nuera de Julio De Vido), directora nacional de Salud Bucodental, Eduardo Bustos Villar que encargó los trabajos a Callmed SA y al presidente de la firma, Guillermo Bidinosti. 

lunes, 24 de octubre de 2016

Se esfuma ahorro para la campaña antártica por multa.

gastos. Por pago de demanda judicial peligra la campaña antártica.Por Edgardo Aguilera - Ambito.com.
La Justicia dispuso una condena millonaria a Defensa por juicio generado en la era K. Por pago de demanda judicial peligra la campaña antártica.
El juzgado Civil y Comercial Federal N°2 a cargo del juez Horacio Cecilio Alfonso en el expediente 7428/2014, resolvió hacer lugar a la demanda promovida por la empresa Assine S.A. contra el ministerio de Defensa y ordena el pago de u$s13.458.535 más los intereses, que fijó en el 7% sobre ese capital. El dictamen de segunda instancia confirmó el pago. La noticia cayó como agua congelada (literal) en la oficina de Walter Ceballos, secretario de Logística del Ministerio, responsable de la organización de la campaña antártica

Assine, en representación de Transport & Services, es uno de los oferentes que se presentó en la licitación pública internacional N° 40/2016 que lanzó el Gobierno este año para el alquiler de medios navales destinados a abastecer las bases antárticas y que resultó fracasada. 

La decisión judicial impacta de lleno en el ajuste de gastos de la logística antártica previsto por la administración de Cambiemos. El secretario Ceballos fijó como meta bajar los u$s23 millones del año pasado a 17 para el alquiler por tiempo de un rompehielos, de un buque polar, y de helicópteros pesados. El presunto ahorro sólo será un asiento contable. Condenado a pagar los u$s13 millones más intereses a Assine y sumados los 17 de las operaciones del ejercicio actual, Defensa erogará u$s30 millones por conceptos antárticos. 

Assine había sido adjudicataria de la licitación de alquiler de un buque polar y un helicóptero para la campaña del verano de 2012/13. Al término de aquellas operaciones inició un pleito contra el Estado (Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, gestión de Arturo Puricelli y brigadier general Jorge Chevalier) por incumplimiento de contrato y reclamó servicios impagos de transporte aéreo de personas y de carga general movilizada por barco. La contratación era por 35 días de uso del buque polar Timca y la misma cantidad para el helicóptero Kamov. Las operaciones del Timca comenzaron el 15 de febrero y deberían haber finalizado el 23 de marzo de 2013 pero se acumularon demoras, disputas contractuales entre Puricelli y el empresario Roberto Fasce, titular de Transport & Services y finalmente culminaron el 26 de mayo de aquel año. 

Los días excedidos son el objeto del pleito que debe afrontar la caja de Defensa. 

Al finalizar la campaña de 2012/13 quedó un remanente del 30% del combustible sin descargar para la base vice comodoro Marambio. Esos tambores se depositaron a la intemperie en el puerto de Punta Loyola (Rio Gallegos) para ser trasladados en aviones C-130 Hércules de la Fuerza Aérea. A la fecha aún permanece allí una parte de los tambores que lucen corroídos por impacto del clima.

Se sabe que hubo contactos recientes con Assine para llegar a un acuerdo extrajudicial que podría incluir en contraprestación, disponer de un buque polar pero no se llegó a ninguna solución. 

En este escenario Defensa inició conversaciones con la Federación Rusa, Estonia, Francia y Sudáfrica para explorar una contratación de Gobierno a Gobierno en búsqueda de rompehielos, buque polar y helicópteros. La opción sudafricana surge como la más probable y apunta al buque polar Agulhas. Este navío fue presentado por la firma Meihuizen International en la última licitación y se descartó por no cumplir con las especificaciones técnicas fiadas en el pliego. La nave perteneció al Programa Nacional Antártico Sudafricano y fue retirada del servicio en 2012. 
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La dificultad en conseguir un rompehielos -este año es vital para reaprovisionar la base general Belgrano II y retirar varias toneladas de residuos acumulados- conduce a la alternativa del aerolanzamiento. Arrojar víveres, enseres y combustible desde un avión en vuelo. Esa opción es un paliativo y no se llega a completar el stock que requiere una base para su funcionamiento normal. El modo aéreo tampoco ofrece solución al asunto más sensible: sacar toneladas de basura que ponen al país bajo la lupa internacional por incumplimiento de estrictas normas ambientales establecidas en el Tratado del Antártico, protocolo de Madrid.

domingo, 23 de octubre de 2016

Corrupción policial: La denuncia anónima que aceleró la causa

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(La Nación) - La realizó un gendarme retirado, que dijo que se lo había contado un policía.



El 30 de junio pasado, cuando la investigación del fiscal José María Campagnoli daba sus primeros pasos, autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación recibieron un sobre cerrado con una denuncia anónima que daba cuenta de un "espurio e ilegal mecanismo de recaudación dineraria que sería materializado por las autoridades de la comisaría 35a. de la Policía Federal, con complicidad y colaboración de sus subordinados, cuyos beneficios llegarían hasta quien hoy es la máxima autoridad policial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comisario general Néstor Calviño", según se desprende del expediente judicial.

La documentación aportada por los funcionarios nacionales a la fiscalía de Campagnoli tenía datos precisos sobre los comercios que aportaban dinero y una memoria USB con una filmación grabada en una oficina de la brigada de la comisaría 35a., donde el comisario Norberto Villarreal habla con sus subordinados para coordinar cómo diagramar el "trabajo" de los cuidacoches, en especial durante los partidos que se disputaban en el estadio de River Plate. El video fue grabado justamente mientras el equipo dirigido por Marcelo Gallardo jugaba un partido de local contra Banfield.

La denuncia anónima tenía precisión sobre el dinero que pagaba cada comercio (restaurantes, gimnasios, hoteles alojamientos y zapaterías). El equipo de colaboradores de Campagnoli, durante un fin de semana largo, recorrió los lugares señalados en el anónimo y comprobó que la gran mayoría tenía una seguridad más que privilegiada.

Pero los detectives fueron más allá y descubrieron que la denuncia no era tan anónima e identificaron a quién hizo el informe que fue presentado por el Ministerio de Seguridad en un sobre cerrado: un sargento retirado de la Gendarmería Nacional, que fue convocado como testigo por el fiscal Campagnoli.

El gendarme retirado reconoció que él había hecho el informe para establecer "cómo funcionaba la organización y de dónde sacaba el dinero y que se hacía con la recaudación". El testigo relató que tiempo atrás había tomado conocimiento de la "caja negra" de la comisaría 35a. de parte de un policía que trabajaba en la brigada de la seccional del barrio de Núñez. El uniformado también fue citado por Campagnoli para tomarle declaración testimonial. El nuevo testigo contó detalles de la "empresa criminal" y ratificó lo dicho por el gendarme retirado. Inclusive explicó que el comisario Villarreal lo había exhortado a recaudar en su nombre.

"Los establecimientos que fueron detallados en la denuncia anónima aportan en forma periódica y sistemática grandes sumas de dinero que le son exigidas por el comisario, mediante sus subordinados. El dinero era llevado a los distintos organismos superiores como la Circunscripción VII, Asuntos Internos y la Dirección General de Comisarías, a cambio de lograr estabilidad en el cargo y procurar impunidad ", relató el testigo, que por su seguridad ya no se desempeña en la seccional 35a.

viernes, 21 de octubre de 2016

Ordenaron pagar más de $ 350 millones por Ciccone

Resultado de imagen para CicconePor Hugo Alconada Mon - LA NACION
El kirchnerismo había asegurado que la expropiación sería gratuita; el Gobierno apelará el fallo.

Más de cuatro años después de que el gobierno kirchnerista impulsó la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica, la Justicia estimó que esa decisión política le costará al Estado por lo menos $ 300 millones, más el 6% de interés anual, por lo que la cifra total superará los $ 350 millones y amenaza con elevarse mucho más.

El fallo judicial derrumbó las promesas del kirchnerismo, que había anunciado que la expropiación de la imprenta le costaría "ni un peso" a las arcas públicas, mientras buscaba contener el escándalo que afectaba al entonces vicepresidente Amado Boudou, quien ahora se encamina hacia el juicio oral por presunta corrupción.

La decisión quedó en manos de la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, integrada por Pablo Heredia y Gerardo Vasallo, quienes confirmaron así la decisión del juez de primera instancia Javier Cosentino e intimaron al Estado a depositar esos fondos "dentro del plazo de 30 días hábiles a contar a partir de la notificación al Ministerio de Economía".

El gobierno de Mauricio Macri, sin embargo, se resiste a liberar esa partida multimillonaria, por lo que los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya apelaron el fallo judicial con la esperanza de que la Corte Suprema de Justicia revierta la sentencia.

El objetivo de la AFIP es que la Justicia admita la compensación entre lo que en principio vale la empresa -unos $ 300 millones- y las deudas impositivas que la familia Ciccone acumuló durante años hasta superar los $ 275 millones.

Sin embargo, tanto el juez Cosentino como los camaristas consideran que admitir esa compensación conllevaría un trato inequitativo para todos los demás acreedores que aspiran a recuperar al menos parte de los millones que les adeudan los Ciccone.

El ex vicepresidente procesado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, Amado Boudou.

En un duro fallo que emitió en octubre de 2013, el juez Cosentino concluyó que la ley de expropiación de la ex Ciccone Calcográfica violaba la Constitución, al igual que el "convenio de avenimiento" que dispuso la Casa Rosada para compensar la eventual indemnización por la deuda tributaria.

No sólo eso. Cosentino también avanzó sobre algunos protagonistas del "caso Ciccone". Apartó al ex presidente y otrora representante legal de la imprenta Alejandro Vandenbroele y al interventor oficial de la firma, el entonces ministro de Economía Hernán Lorenzino, de las negociaciones que deberían llevar al cobro de esa indemnización.

A lo largo de aquel fallo, Cosentino le recordó además a la AFIP, que lideraba Ricardo Echegaray, que no podía pretender un beneficio extraordinario e ilegal tras las idas y venidas que mantuvo con la imprenta, a la que primero le negó un plan de pagos para luego, ya con Vandenbroele dentro de la compañía, otorgarle "un amplio plan de facilidades de pago que en los hechos implicó dejar atrás el estado falencial para volver a la situación concursal original".

Ahora, con la ex Ciccone ya declarada en quiebra y parte de sus activos bajo el control de la Casa de Moneda, los camaristas Heredia y Vasallo confirmaron los cuestionamientos a la ley de expropiación.

"Debe confirmarse la declaración de inconstitucionalidad", explicaron los camaristas, "por no respetar el régimen constitucional que impone una indemnización «en dinero» en las expropiaciones", como también "por ser violatoria del derecho de propiedad de los acreedores concursales".

Por eso mismo, aclararon Heredia y Vasallo, el desembolso de los $ 300 millones más intereses no terminará en los bolsillos de la familia Ciccone, que, dadas las deudas que acumularon, acaso no lleguen jamás a ver un cheque de ese expediente.

"El capital indicado y sus intereses habrá de quedar afectado a la satisfacción, según la ley del dividendo, de los acreedores verificados y declarados admisibles", plantearon en su fallo, "así como a la de los demás créditos que pudieran corresponder, según resulte del reparto o distribución que se haga de acuerdo con las reglas concursales aplicables".

La "ruta del dinero"

Mientras eso ocurre en el fuero comercial, la investigación penal sigue su curso. Por un lado, Boudou, su socio José María Núñez Carmona y Vandenbroele, sospechado de actuar como el presunto testaferro de ambos, se encaminan a un juicio oral por el primer tramo del "caso Ciccone".

Más atrasada, en cambio, se encuentra la pesquisa sobre la llamada "ruta del dinero" que permitió a Vandenbroele comprar la ex Ciccone. Entre otros motivos, porque el ex banquero Raúl Moneta dejó de afirmar que él era el financista, mientras que el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, se presentó a declarar en los tribunales, pero sin recibir preguntas incisivas.

En el fuero comercial, la pantalla de Moneta ya había sufrido un duro traspié en septiembre de 2015, cuando intentó figurar como supuesto financista y "socio capitalista" detrás de la nueva Ciccone con aportes a The Old Fund por $ 35,5 millones, pero el juez Cosentino rechazó su pretensión.

La supuesta operación financiera, indicó el magistrado, era "ineficaz" y, en vez de recurrir esa decisión, Moneta terminó por desistir de su reclamo.

Las nuevas autoridades de la unidad antilavado (UIF), mientras tanto, sumaron más problemas a Boudou: se presentaron ante la justicia penal y solicitaron que el organismo sea aceptado como querellante en la causa y así ayudar a investigar posibles maniobras de lavado de activos.

La semana próxima, en tanto, Echegaray deberá presentarse a su indagatoria, al igual que la ex titular de la Casa de Moneda Katya Daura, ambos por "la participación que tuvieron en la maniobra por la cual Amado Boudou junto a José María Núñez Carmona adquirieron la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica".

Cronología del escándalo: Los hitos de la causa Ciccone, año tras año
2012
Febrero - Estalla el caso Ciccone
Abril - Boudou se defiende en el Senado; fuerza la salida de Righi
Agosto - El Gobierno ordena la expropiación de la imprenta
2013
Marzo - Cristina decreta que se perdonarán las deudas de Ciccone con el Estado
Octubre - El juez Cosentino declara inconstitucional la expropiación y dice que el Estado debe $ 300 millones
2014
Junio - El juez federal Ariel Lijo dicta el procesamiento de Boudou
2015
Febrero - La Cámara Federal confirma el procesamiento de Boudou y otros acusados
Junio - La Cámara de Casación Penal también confirma todos los procesamientos
2016
Agosto - El fiscal Di Lello pide la elevación a juicio oral
Octubre - La Cámara en lo Comercial confirma que la expropiación es inconstitucional e intima al Estado a pagar $ 300 millones más los intereses

Problemas judiciales - El caso tiene cuatro procesados, entre ellos Boudou y su ex socio y presunto testaferro Vanderbroele.
Amado Boudou - Ex vicepresidente: Fue procesado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles. El juez Lijo dio por probado que digitó la compra del 70% de Ciccone durante su gestión como ministro de Economía
J. María Nuñez Carmona - Ex socio de Boudou: Ex socio comercial e íntimo amigo del ex vicepresidente. Fue procesado como partícipe necesario. Comandó las operaciones y encabezó en su oficina reuniones con los Ciccone y Vandenbroele
Alejandro Vanderbroele - Presunto testaferro: Para el juez está probado que actuó como testaferro de Boudou y Núñez Carmona. Figuró como titular de The Old Fund. Fue procesado como partícipe necesario de la maniobra
Nicolás Ciccone - Ex dueño de Ciccone: Fue procesado por haber cedido Ciccone a cambio del levantamiento de la quiebra, la aprobación de un plan de pagos y la futura contratación de la imprenta por parte del Estado.

jueves, 13 de octubre de 2016

Gómez Centurión vuelve a la Aduana

Mauricio Macri junto a Gómez Centurión. Foto: Archivo Por Hugo Alconada Mon - LA NACION (Extractado)
Macri firmó la reincorporación del funcionario desplazado, tras un fallo judicial. Menos de ocho semanas después de haber sido desplazado por una denuncia anónima que lo vinculaba a supuestos actos de corrupción, Juan José Gómez Centurión recuperará hoy su puesto al frente de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El presidente Mauricio Macri firmó ayer el decreto para su reincorporación, en una medida inusual, que carece de antecedentes recientes. En la Casa Rosada anticiparon anoche que ese texto se publicará hoy en el Boletín Oficial, algo que Gómez Centurión ya comunicó a sus colaboradores. "Ahora tengo que retomar la gestión y continuar adelante con las pautas de trabajo que habíamos trazado -dijo ayer Gómez Centurión a LA NACION-. Esto es un primer paso para reivindicar mi nombre y como gesto a mi familia, que lo sufrió."

El regreso de Gómez Centurión se concreta días después de que la Justicia estimó que no había elementos para probar que hubiera encubierto a una banda de contrabandistas, como indicaba la denuncia anónima por la que había sido desplazado.

"Las medidas probatorias no han logrado vincular a Gómez Centurión a ningún hecho delictivo de competencia federal", concluyó el juez federal Ariel Lijo, quien derivó el expediente al fuero en lo penal económico para que continúe con la investigación, a la luz de los indicios sobre un eventual contrabando, pero ya sin el funcionario de por medio.

¿Por qué? Porque tras completar cruces telefónicos, analizar audios y videos y tomar algunas declaraciones testimoniales Lijo estimó en una resolución de 34 carillas que otros imputados en la causa, liderados por el empresario Oldemar "Cuqui" Barreiro Laborda, ex dueño de Lo Jack, sí habrían participado en supuestas maniobras de contrabando.

Gómez Centurión había sido desplazado el 19 de agosto pasado, cuando el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, radicó una denuncia penal sobre la base de un anónimo y un paquete de audios, al parecer editados, en los que se vinculaba al funcionario con una supuesta red que permitiría ingresar al país sustancias lícitas e ilícitas.

Desde entonces, Gómez Centurión y Bullrich mantuvieron varios contrapuntos públicos sobre esa denuncia y sobre el ingreso al país de cientos de kilos de pseudoefedrina. Pero Macri reafirmó que si la Justicia exculpaba al ex titular de la Aduana lo reintegraría de inmediato al cargo.

La primera señal que confirmó a Gómez Centurión que Macri cumpliría con su palabra llegó apenas horas después de que Lijo firmó su resolución. Recibió una llamada de la Presidencia de la Nación y le abrieron las puertas de la quinta de Olivos, donde mantuvo una reunión reservada con el jefe del Estado.

La ex SIDE, en la mira

Si, por un lado, el Presidente mostró en los hechos su apoyo a Gómez Centurión, por otro mantuvo un cauto silencio cuando las sospechas sobre el anónimo y los audios apuntaron contra un sector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En particular, contra su número dos, Silvia Majdalani -quien debió salir a negar que el organismo se encontrara detrás de esos audios-, y uno de los supuestos operadores judiciales de la ex SIDE, Edgardo Miragaya.

En ese contexto, Gómez Centurión acumuló críticas más o menos en sordina de aduaneros, pero también recibió varios respaldos explícitos. Entre otros, de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y de la legisladora Elisa Carrió, quien lo recibió en su casa y lo calificó como un "hombre honesto" que peleaba contra las mafias.

Con Gómez Centurión ausente, en tanto, la Aduana quedó al mando del hasta entonces subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Javier Zabaljauregui, un técnico de carrera de la DGA que se ganó la confianza del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad.

Durante su breve interregno, Zabaljauregui se concentró en fortalecer la gestión del organismo y elevar a funcionarios soslayados durante varios años. Ahora, con el retorno de Gómez Centurión, queda por determinar si volverá a su cargo anterior o si Abad lo convocará a otro puesto en la AFIP, a su lado.

Zabaljauregui debía participar hoy, desde las 9, en un seminario académico previsto para debatir "La Aduana del futuro", en el Instituto Privado de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, pero el evento se canceló ayer.

"Zabaljauregui dijo que ya no representaba a la Aduana y por eso no podía seguir adelante", contaron en la organización, al confirmar la cancelación del encuentro.

El desplazamiento de Gómez Centurión se había basado en audios en los que aparecía su voz, aunque editada de un modo que parecía participar en supuestos pedidos de sobornos para autorizar la importación de contenedores ("latas", en la jerga aduanera) junto con un estrecho colaborador suyo.

Ya desplazado, Gómez Centurión negó haber participado en maniobras delictivas. Por el contrario, siempre sostuvo que ese anónimo sería "una devolución de gentilezas" por su ofensiva contra distintos nichos de corrupción y dinero negro que vinculaban al mundillo aduanero con ciertos empresarios, el contrabando y el narcotráfico.

En las horas que siguieron a su desplazamiento, el ex militar carapintada daba por terminada su etapa en la función pública. "A alguien le rompí las pelotas y las denuncias no tienen ningún sustento. Pero con mi separación ya soy un cadáver, porque aunque luego la Justicia verifique que no hice nada malo, ya me sometieron a un fusilamiento público", planteó.

Sin embargo, la disposición 292/2016 de la AFIP, que estableció la suspensión de Gómez Centurión, también entreabrió la puerta para su retorno. Lo hizo al disponer su salida "hasta tanto se diluciden los hechos que resultan objeto de investigación en sede judicial".

miércoles, 5 de octubre de 2016

Guiño de la Justicia para Gómez Centurión, que espera volver

Gómez Centurión podría reincorporarse a la función pública si el fallo del juez Lijo es lo suficientemente contundente
Por Iván Ruiz - LA NACION

El juez Lijo no halló elementos para determinar que el ex funcionario cometió delito.

Gómez Centurión podría reincorporarse a la función pública si el fallo del juez Lijo es lo suficientemente contundente. Foto: Archivo / AFIP

Juan José Gómez Centurión puede ahora respirar con algo de alivio. El juez federal Ariel Lijo consideró ayer que no tiene elementos para probar que el ex titular de la Aduana hubiera encubierto a una banda de contrabandistas, tal como indicaba la denuncia anónima por la cual fue desplazado de su cargo. El Gobierno deberá determinar, entonces, si el fallo es lo suficientemente contundente como para reincorporar a Gómez Centurión al Ejecutivo.

"Las medidas probatorias no han logrado vincular a Gómez Centurión a algún hecho delictivo de competencia federal", expresó el magistrado. Ante la falta de responsabilidad del funcionario, Lijo resolvió declararse incompetente para resolver la investigación por tratarse de un tema vinculado al contrabando y decidió remitirla al fuero penal económico.

Tras el fallo, Gómez Centurión espera ahora ser designado nuevamente al frente de la Aduana, informaron fuentes oficiales. Cuando anunció su alejamiento, Mauricio Macri indicó que el funcionario volvería a ocupar su cargo si la Justicia consideraba que no había pruebas suficientes en su contra.

A pesar de haber sido desplazado hace dos meses del Ejecutivo, el Presidente recibió la semana pasada a Gómez Centurión. Según pudo saber LA NACION, el presidente Macri sostuvo en ese encuentro que apenas la Justicia acreditara la falta de responsabilidad, el funcionario podría volver al Gobierno. Al cierre de esta edición, desde el oficialismo todavía no se habían pronunciado sobre la situación de Gómez Centurión tras la resolución del juez Lijo.

La denuncia que desencadenó su alejamiento fue presentada por el Ministerio de Seguridad, sobre la base de información anónima que vinculaba al entonces titular de la Aduana con una red que permitía ingresar al país sustancias lícitas e ilícitas.

La presentación, que estaba confeccionada con distintas escuchas telefónicas, sostenía que el empresario Oldemar "Cuqui" Barreiro, ex dueño de Lo Jack, organizaba el contrabando con el consentimiento de Gómez Centurión.

El juez Lijo investigó si el funcionario encubrió a los contrabandistas a través de distintas medidas de prueba, como relevamientos telefónicos entre los involucrados, así como el análisis de cámaras de seguridad que intentaron constatar los hechos descriptos en la denuncia y un relevamiento de las propiedades y sociedades de los involucrados.

"En el caso de Gómez Centurión no se acreditó ninguna comunicación telefónica con Barreriro o con alguno de sus supuestos empleados", detalla el fallo de Lijo. Sí, en cambio, el juez logró acreditar el vínculo entre las personas señaladas por la denuncia como los integrantes de la banda dedicada al contrabando.

La interna

La renuncia de Gómez Centurión desnudó una interna dentro del Gobierno con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuya cartera presentó la denuncia anónima que terminó con la renuncia del funcionario. Una vez desplazado, Gómez Centurión se presentó ante la Justicia para aportar información sobre barriles de pseudoefedrina que permanecían en el aeropuerto de Ezeiza. Cuando aparecieron los 250 kilos de dicha sustancia, Bullrich acusó al ex funcionario al señalar que él sabía de la existencia de esos barriles. "A mí nunca me avisaron de esa pseudoefedrina", replicó Gómez Centurión.

La interna llegó hasta la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sospechada también de haber participado en la confección de la denuncia anónima. Silvia Majdalani, número dos del organismo, negó que la ex SIDE haya estado detrás de los audios presentados que le costaron el puesto a Gómez Centurión.

Con un cambio legal, el Gobierno busca limitar las excarcelaciones

Por Hernán Cappiello - LA NACION
Propuso endurecer la ley kirchnerista; prevé que las penas sean efectivas y encarcelar a corruptos que oculten sus bienes.

El Gobierno presentó en el Senado una reforma legal que endurece el Código Procesal Penal con cambios que pretenden restringir las excarcelaciones, hacer efectivas las condenas desde el momento en que se imponen y dejar detenidos a los acusados, incluso de corrupción, si es que no aparece el dinero del delito. Estas reformas serán retroactivas, por tratarse de cambios procesales, y el Gobierno confía en que podrán ser aplicadas a las causas en que ex funcionarios como la ex presidenta Cristina Kirchner están siendo investigados por corrupción.

Los cambios se conocen en momentos en que familiares de víctimas de delitos convocaron a una marcha para el 11 de actual, a las 18, frente al Congreso, la que fue apoyada por el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Justamente Garavano envió al Senado un proyecto de ley que cambia algunos artículos del Código Procesal Penal impulsado por el kirchnerismo y convertido en ley. Este nuevo código no está vigente, pues su aplicación fue suspendida por el Gobierno hasta que se introduzcan estos cambios. Garavano presentará el proyecto mañana ante la comisión bicameral de implementación del nuevo Código Procesal Penal.

En el proyecto del Gobierno se mantiene el espíritu de la norma anterior. Es decir, la puesta en marcha de un código acusatorio, en el que los fiscales serán los protagonistas de la investigación. Pero también se introdujeron algunos cambios y, para compensar el mayor poder de los fiscales, les dan también nuevas facultades a los jueces.

Más allá de estas cuestiones procesales, los cambios que propone el Gobierno al Código Procesal Penal están orientados a trabajar sobre dos aspectos: corrupción y seguridad. Por eso se trabajará sobre normas relacionadas con la recuperación de activos y la introducción de nuevas herramientas para la investigación del crimen organizado.

Según el proyecto de ley, al que accedió LA NACION, los cambios son:

- Cosa juzgada: se cambia el artículo 5° del código promovido por el kirchnerismo, que establecía que "no se pueden reabrir los procedimientos fenecidos salvo la revisión de las sentencias en favor del condenado". Antes quedaba firme la "cosa juzgada" sin posibilidad de revisión judicial en casos de condenas o absoluciones. Esto cambia y permite que se reabran casos si es que esas condenas o absoluciones se basaron, por ejemplo, en hechos que se comprueben falsos (cosa juzgada írrita).

 -Juicio abreviado: el artículo 288 del código impulsado por el kirchnerismo establecía que en un juicio abreviado las declaraciones del acusado no podían ser usadas contra otros partícipes del delito. En casos de delitos comunes o de corrupción, esto impide la condena de los cómplices y evita las consecuencias de la delación. Con la actual reforma, se prevé que pueda ser usada esta información contra el resto de la banda.

- Crimen organizado: se prevé un paquete de más de 30 artículos destinados a introducir nuevas medidas de investigación contra los delitos complejos. Por ejemplo, quedan normadas las "entregas vigiladas" de drogas. Se establece un novedoso mecanismo de vigilancia electrónica y se introduce la figura del informante o agente encubierto para la investigación de delitos federales. Permite, además, que el fiscal negocie con un cómplice la delación a cambio de una reducción de la pena. Es amplio el capítulo dedicado al colaborador, que puede no ser juzgado en el mismo proceso que las personas que él acusa.

- Penas efectivas: se establece que cuando se dicta una condena de culpabilidad tras un juicio y ésta es de cumplimiento efectivo, implica la prisión preventiva. Es decir que el condenado por un delito con penas de más de tres años queda preso desde los estrados del tribunal, no importa si el fallo no está firme. Se interpreta que la condena vulneró el principio de inocencia del que gozaba. La presentación de un recurso de queja no suspende la ejecución de ningún fallo.

- Criterios de oportunidad: el fiscal puede elegir no perseguir delitos menores o cuando el imputado tuvo consecuencias graves físicas o morales por ese crimen que cometió.

- Prisión preventiva restrictiva: se amplían las causas para mantener a alguien detenido. Hasta ahora las establecidas eran el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación como razones por las cuales un juez podía dejar a alguien preso durante el proceso y hasta la condena. Pero esta norma general ahora se reglamenta con pautas objetivas. Por ejemplo, se establece que quien oculte el dinero del delito no puede quedar libre, y tampoco quien enfrente causas similares o su expectativa de pena sea de prisión.

Los principales cambios propuestos

- Excarcelaciones: Se fijan pautas para limitarlas, Por ejemplo las amenazas a testigos, que retenga el dinero del delito, detenciones previas o intentos de fuga

- Penas de cumplimiento: Los condenados en juicio a penas de más de tres años quedan presos. No importa si el fallo no está firme

- Colaborador: Se pauta que el fiscal puede negociar información con uno de los cómplices y, si es eficaz, se le puede reducir la pena

- Herramientas: Se regla la vigilancia electrónica a distancia, la audiovisual, la intercepción de las comunicaciones y la extracción remota de datos de una computadora de investigados. Incluso la utilización de programas espías para hackear las máquinas de imputados

sábado, 1 de octubre de 2016

Mega obras K: frenadas y en proceso de revisión por presupuestos sospechosos

Ratifican una denuncia penal contra De Vido por malversación de fondos. Foto Télam.Por Lucía Salinas - Clarin.com. - Están en Santa Cruz. La usina térmica Río Turbio, las represas Kirchner y Cepernic y un acueducto, fueron puestos bajo la lupa.
Ratifican una denuncia penal contra De Vido por malversación de fondos. Foto Télam.

Fueron grandes promesas energéticas y de progreso para Santa Cruz. Hoy están frenadas, con irregularidades detectadas en algunos casos, con presupuestos modificados y bajo revisión muchos procedimientos administrativos. El kirchnerismo en su propia tierra buscó dejar al menos tres mega obras que quedaron muy lejos de concretarse: La Usina Térmica de Río Turbio, las Represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic” y el Acueducto del Lago Buenos Aires. Miles de millones de dólares en juego. El Gobierno impulsará algunas modificaciones y buscará costos más económicos para lograr finalizar algunas de estas fallidas promesas K, rodeadas por diversas denuncias.

De norte a sur del suelo santacruceño, el kirchnerismo dejó no sólo rutas inconclusas que estuvieron en manos de Lázaro Báez por $ 33.800 millones, sino también otras mega obras -promesas de campaña- que no se concluyeron y que se planificaron con presupuestos millonarios.
Usina Térmica de Santa Cruz, concentra el reclamo de la UOCRA. Foto Opi Santa Cruz.Usina Térmica de Santa Cruz, concentra el reclamo de la UOCRA. Foto Opi Santa Cruz.

La Usina Térmica de Río Turbio: con un costo de 700 millones de dólares, la termoeléctrica busca generar 240 MW que se inyectarán directamente al sistema interconectado nacional. Es la única de las tres obras que avanzó, aunque lleva más de siete años en construcción. La obra civil tiene un 93 % de realización, pero desde diciembre está parada por falta de pago a los trabajadores de la UOCRA producto de los certificados de obra que quedaron adeudados de la anterior gestión.

Tendrá modificaciones: Antes de retirarse del ministerio de Planificación Federal, De Vido solicitó que se realice un estudio de factibilidad para que la usina funcione de manera dual, incorporando una red de gas para el encendido de las turbinas y casos de emergencia. Esto representaba una erogación de $ 3.950 millones final, que incluía la reconversión de las calderas fabricadas para funcionar solo a carbón. Además iba a generar una demanda gasífera elevada, en medio de un momento energético complicado.
El Gobierno de Mauricio Macri decidió que las dos calderas operen únicamente a carbón, exigiendo que YCRT produzca 112.320 toneladas mensuales para alimentar la usina. Ahora quedarían pendientes unos $ 1.000 millones para concluir la puesta en marcha de la termoeléctrica. El año pasado Cristina Kirchner inauguró una de las dos calderas y sólo estuvo encendida sólo un mes, por falta de carbón no logró generar los 120 Mw prometidos en plena campaña.

De Vido fue denunciado por malversación de fondos por $ 26.000 millones que debían volcarse a YCRT la responsable explotar la usina y proveerle carbón. Además esperan algunas resoluciones como a dónde la minera que el kirchnerismo quiso estatizar, depositara la cantidad de cenizas diaria que generará la termoeléctrica.

Cristina Kirchner durante el anunció de la licitación de las Represas en 2012. Foto Opi Santa Cruz.Las Represas en el Río Santa Cruz: la dos veces licitada mega obra hidroeléctrica es la gran promesa kirchnerista. Iba a demandar un desembolso de US$ 6.000 millones, algo que se incorporó al último presupuesto nacional. La Casa Rosada estima que la inversión global será de US$ 4.700 millones y un plazo de obra de cinco años para su culminación. El año pasado ingresaron al Banco Central cuatro desembolsos por unos US$ 300 millones producto del crédito de la República de China. La obra sólo pudo avanzar en la construcción de las futuras villas para los trabajadores. Desde diciembre quedó inactiva, paralizada.

Después de la gira presidencial en China, el Presidente reactivó el financiamiento para relanzar la obra que está rodeada de denuncias de sectores ambientalistas por su posible impacto sobre el Glaciar Perito Moreno. Desde el Gobierno señalan que debe realizarse el estudio de impacto ambiental, el heredado de la gestión anterior “no trae tranquilidad a todos los sectores” y no consideran que esté del todo bien hecho.

La obra sufrirá modificaciones: De los 1.760 MW que iba a generar se pasarán a 1.290 MW de potencia. Se reduce así la cantidad de turbinas de cada represa: la Néstor Kirchner tendrá cinco en vez de seis turbinas, y la Jorge Cepernic se reducirá de cinco a tres. Se complementará con una línea de alta tensión de 500 Kv que llegará hasta la localidad de Piedra Buena. El gobierno de Santa Cruz espera la firma del convenio para la reactivación de la obra que promete generar 5.000 empleos durante los cinco años que durará el proyecto.

El Consorcio Río Santa Cruz Sin Represas, reclamó hace una semana "frenar la obra" y que se busque "otra alternativa energética" por su el posible daño ambiental que generará. La empresa K Electroingeniería se defiende señalando que se hicieron modificaciones para no afectar la cota del Lago. Sigue siendo un tema sensible con un debate que no logra cerrarse.

Resultado de imagen para Acueducto del Lago Buenos AiresEl Acueducto del Lago Buenos Aires: incluido en el presupuesto 2016 por $ 11.600 millones, la obra está suspendida. La semana pasada la cuñada de Máximo Kirchner, la senadora Virginia García reclamó en el Congreso la reactivación de este proyecto. El kirchnerismo anunció cuatro veces la construcción del Acueducto que del lado chileno se llama Lago Carrera, ya que es una cuenca compartida. La millonaria obra fue anunciada por la ex Presidenta por última vez el año pasado. Como otras obras prometedoras de la anterior gestión, hoy se encuentran en etapa de análisis y con algunas irregularidades detectadas.

La obra de 26.700 metros de doble tubería de impulsión debe transportar 5.84 metros cúbicos por segundo. Aún no se afectó dinero para la obra, y la Casa Rosada estudia si el diseño de la obra es "el más conveniente” para resolver el problema de provisión de agua. La licitación está atravesada por otro problema. Cuando el ex ministro De Vido, a través de Entes de Obra Hídrica S.A (ENOSA) hizo el llamado a concurso, "no se consultó a Chile", indicaron fuentes oficiales en su momento. La propia presidenta Michele Bachelet señaló que se estaba violando el “Tratado Hídrico binacional” que data desde 1991, ya que se trata de un lago compartido. No se incorporó en el presupuesto de la actual gestión para 2017.

lunes, 26 de septiembre de 2016

El Gobierno impulsa el juicio en ausencia para el lavado y el narcotráfico

Por Martín Dinatale - LA NACION
Es parte del proyecto para combatir delitos transnacionales; permitirá juzgar a los iraníes acusados por el ataque a la AMIA; incluye la trata y la venta ilegal de armas

El Gobierno se apresta a enviar al Congreso un ambicioso e innovador proyecto de ley para imponer la figura del juicio en ausencia a los delitos transnacionale s. Es decir que la iniciativa oficial no sólo se ajustará, como se había anunciado, a casos de terrorismo como el atentado contra la AMIA, sino que ese mecanismo jurídico se extenderá también a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, venta ilegal de armas y trata de personas.

Según confiaron a LA NACION fuentes calificadas de la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri ya tiene en su escritorio el borrador del proyecto de ley de juicio en ausencia ampliado que elaboraron el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el jefe de la unidad especial de investigación de la causa AMIA, Mario Cimadevilla, entre otros funcionarios del Gobierno.


El Gobierno impulsa el juicio en ausencia para el lavado y el narcotráfico. Foto: Archivo / Fernando Massobrio / LA NACION

La intención del oficialismo es "desamianizar", según el término que usaron varios de los funcionarios consultados, el proyecto de ley de juicio en ausencia, que hasta ahora estaba acotado a la posibilidad de enjuiciar a los cinco iraníes involucrados en la voladura de la mutual judía, que se niegan a declarar en la Argentina.

Detalles de la iniciativa

Es decir, la idea es que el proyecto tenga mayor amplitud que la causa AMIA por dos motivos centrales que explican puertas adentro de la Casa Rosada: la necesidad de sumar mayor cantidad de adherentes en el Congreso y, a la vez, terminar con varias causas judiciales relacionadas con el narcotráfico, el lavado de activos, la venta ilegal de armas y la trata de personas en investigaciones que no pueden cerrarse en la actualidad en la Argentina.

Sustancialmente, hay muchas causas judiciales enmarcadas en esta tipología de delitos, que no logran tener la colaboración de la justicia de otros países o bien los acusados se niegan a declarar en el país y no pudieron ser extraditados hasta el momento.

"Hay un acuerdo generalizado de que la causa AMIA fue un incentivo claro para el Gobierno a fin de ampliar la ley de juicio en ausencia a otros delitos", expresó Cimadevilla a LA NACION al ratificar las intenciones oficiales de la iniciativa. El funcionario de la unidad AMIA puso como ejemplo de esta herramienta legal el uso que se le da en países como Francia e Italia, donde las leyes de juicio en ausencia fueron elaboradas para todo tipo de delitos.

A modo de ejemplo, Cimadevilla mencionó que en el caso hipotético de que Ibar Pérez Corradi nunca hubiera regresado preso a la Argentina, como finalmente ocurrió, la causa en su contra por el tráfico de efedrina iba a tener un punto final, ya que quedaba paralizada sin resolución. En ese caso, el juicio en ausencia para el delito de narcotráfico hubiera sido aplicable a fin de destrabar esa situación engorrosa.

Los detalles

El proyecto de ley de juicio en ausencia, que está en revisión del presidente Macri en estas horas, prevé, entre otras cosas, que si el imputado de un caso aparece luego de un fallo puede apelar su condena. También fija garantías para su defensa y contempla la posibilidad de poder finalizar una investigación judicial con un fallo definitivo, más allá de que no esté presente el acusado del delito.

La idea central de la iniciativa es que se llegue a la verdad de los hechos, se sepa lo que ocurrió y se busque una reparación para las víctimas. También se establece en el proyecto que nadie puede ser juzgado si con carácter previo no ha sido efectivamente citado en tiempo hábil que le permita comparecer y preparar su defensa; que la citación ha de precisar las consecuencias de la incomparecencia; que la sentencia dictada en ausencia debe serle notificada al inculpado, y que se permita al condenado impugnar la sentencia a través de todos los recursos que fueren procedentes.

El ministro Garavano y Cimadevilla recibieron a representantes de la comunidad judía para hablar sobre este proyecto de ley y hay sectores de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA que pusieron serios reparos (ver aparte). No obstante, desde el Ministerio de Justicia el proyecto fue consensuado con varias universidades nacionales y expertos en este tipo de jurisprudencia.

El martes próximo llegará al país, en visita oficial, el presidente de la Corte Penal Internacional de La Haya, el juez surcoreano Sang-Hyun Song, con quien se buscará darle un respaldo mayor al proyecto de juicio en ausencia.

Sucede que la Corte Penal Internacional avala esta jurisprudencia a nivel mundial, ya que, entiende, respeta las garantías de un debido proceso con la intención de concluir una investigación. En Italia, por ejemplo, en los años 90 se llevó adelante el juicio en ausencia del criminal nazi Erich Priebke, que estaba recluido en la Argentina y que finalmente fue deportado a Roma. Algo similar ocurrió con Francia, donde se realizó un juicio en ausencia al represor de la dictadura militar argentina Alfredo Astiz por el asesinato de dos monjas francesas, Léonie Henriette Duquet y Alice Domon, en 1977.

Desde el punto de vista político, en el Gobierno aseguran que el proyecto de ley de juicio en ausencia ampliado contará con el visto bueno de varios referentes de la oposición, ya que no estará sujeto solamente al tema de la causa AMIA, sino también a otros delitos de carácter transnacional.

De hecho, se sabe que hubo una ronda de consultas del Ministerio de Justicia con referentes del PJ no kirchnerista, el socialismo y el Frente Renovador por este tema y hubo buena predisposición en todos los casos.

En su momento, la ex diputada de Pro y actual titular de la Oficina Antocorrupción Laura Alonso defendió a rajatabla este proyecto de ley, al sostener que "muchas veces la parálisis de una causa no se ha debido a la inacción ni a los fatales y maliciosos errores de la justicia argentina, sino al producto de la nula cooperación que Irán ha prestado en el proceso encubriendo a los acusados de la causa AMIA".

Advertencias de Garavano

El ministro de Justicia, Germán Garavano, advirtió ayer sobre la importancia de la "rápida y efectiva reacción del Estado" para hacer frente a los delitos y manifestó que "no importa el tiempo de la condena, sino que se condene" a los responsables.

"Lo importante para hacer frente al delito, más allá del monto de las penas, tiene que ver con la rápida y efectiva reacción del Estado", expresó el ministro de Justicia a Radio Mitre. Además, al evaluar el avance de la inseguridad y del funcionamiento de la Justicia, Garavano sostuvo que "no importa tanto a cuánto lo condeno [a un ladrón], sino que lo condeno", y dijo que "no importa tanto cuánto esté en la cárcel, sino que lo identifico y lo detengo" al responsable de un delito. "El objetivo del Estado debiera ser desbaratarlos y detenerlos lo antes posible. Eso es más importante que el monto de la condena", advirtió el ministro de Justicia sobre el avance de la inseguridad en el país. Por otra parte, Garavano afirmó que "sólo llega a juicio menos del 3% de los casos, lo que es muy poco".

Del editor: ¿qué significa? El Gobierno hizo de la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales una de sus banderas; la causa AMIA le permite avanzar en esa vía.
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