La justicia investiga el incendio en la Linea Roca en Constitución

(Rieles.com) - El siniestro intencional se produjo en la noche del lunes

Un grupo de personas prendió fuego dos asientos de una formación de la línea General Roca que provenía de Berazategui. El atentado se produjo en la estación Constitución durante la noche del lunes por motivos que los investigadores tratan de descifrar.

El incendio comenzó minutos después de las 22, cuando la gente que había viajado en el último tren, ya se había bajado. El humo que comenzó a salir de uno de los vagones alarmó a los pocos presentes en la estación.

El hecho fue registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo ubicado en el hall central de la estación, cuyo personal dio aviso a las fuerzas de seguridad que intervino inmediatamente.

Para prender fuego los asientos se utilizó un dispositivo casero fabricado con combustible, aerosoles, fósforos y sahumerios.

La Policía Federal de la División Roca actuó de oficio. Los bomberos que llegaron rápidamente al lugar lograron apagar el incendio en pocos minutos. La investigación quedó a cargo de juez federal Ariel Lijo.

Fuente y fotografía: Infobae

Denuncian a la fundación del Argerich por el manejo de una playa de autos

Por Pablo Tomino - LA NACION

El Gobierno acusa a la ONG, que explotaba el estacionamiento con fines benéficos, de no hacer aportes al hospital de La Boca desde 2009. 

Era un estacionamiento de autos que funcionaba a beneficio del hospital Argerich, en la zona de Puerto Madero . Sin embargo, la Justicia investiga si detrás de esa actividad hubo un presunto fraude y un negocio irregular que facturaba cerca de $ 600.000 por mes.

El interventor de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (Agpse), Gonzalo Mórtola, que asumió su cargo el año pasado, con el macrismo, denunció penalmente a los responsables de la Fundación Hospital Argerich por la presunta explotación irregular de esa playa con capacidad para 250 vehículos, en la avenida Antártida Argentina, entre las instalaciones de la empresa Buquebus y el Hotel de los Inmigrantes, donde amarra la Fragata Libertad. Allí se cobraba una tarifa plana de $ 120, cuyo ticket decía: "Fundación Hospital Argerich", y habitualmente estaba colmada los días hábiles.

Lo recaudado debía ser destinado al centro de salud de La Boca, pero, según explicó a LA NACION el director del Argerich, Néstor Hernández, "desde 2009 hasta hoy no hubo ningún tipo de aportes de la fundación hacia la institución. Me preocupa que unos vivos usen nuestro nombre".

La fundación está presidida por el médico Donato Spaccavento, ex director del Argerich y cercano al matrimonio Kirchner, que al ser consultado por LA NACION negó que el estacionamiento significara "un negocio", y explicó que "pagábamos un canon mensual de $ 88.000 por mes para desarrollar esta actividad, y apenas alcanzaba para pagar el sueldo de cuatro empleados que había en el lugar. Hasta puse plata de mi bolsillo. En realidad, nosotros los denunciamos a ellos [en relación con la Agpse] ya que no quieren hacerse cargo de la gente que se queda sin trabajo. Hicimos un montón de cosas, no sólo en el Argerich, sino también por la comunidad".

De acuerdo con la denuncia penal presentada por Mórtola en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo de Sebastián Casanello, y a la que tuvo acceso LA NACION, la Agpse alertó sobre una "posible comisión delictiva por parte de las autoridades de la Fundación Argerich que consistía en la administración infiel, del estacionamiento otorgado de manera provisoria entre los años 2003 y 2008, y de manera definitiva entre el año 2008 y 2016 con el fin único e irrevocable de generar recursos monetarios genuinos tendientes a colaborar con las arcas del Argerich, ya sea a través de la dirección del centro de salud mencionado, así como también de su Asociación Cooperadora". Según indicó Hernández, director del Argerich, tras un requerimiento por escrito, tampoco la cooperadora recibió estos aportes.

La playa de Puerto Madero, que sí pagaba un canon para funcionar, era muy concurrida. Tenía una tarifa plana, más baja que los garajes comerciales de la zona, que facturan hasta cuatro veces más. "A primera hora de la mañana, después de atravesar la ciudad de norte a sur para llegar al microcentro, se formaban largas filas de vehículos sobre la avenida Antártida Argentina. En la puerta, un precario cartel de chapa pintado de blanco anunciaba la tarifa salvadora, ya que los garajes de la zona costaban tres veces más", contó Gastón Di Fiore, un cliente del lugar. Y agregó: "Allí, un hombre joven se encargaba de cobrar, mientras otro miraba de reojo desde un refugio y tomaba mate. Al final del día, los supuestos encargados ya no estaban para custodiar el vehículo".

Desde 2003

Surge de la denuncia presentada por el interventor del puerto de Buenos Aires que el otorgamiento de este estacionamiento se concretó el 1° de diciembre de 2003, "cuando Donato Spaccavento, en calidad de director del hospital Argerich, aceptó la propuesta que le formulara el entonces interventor de la Agpse, Luis Ángel Diez". En la denuncia, además, se especifica que en abril de 2004 "se presentó nuevamente el doctor Spaccavento, esta vez en calidad de presidente de la Fundación Hospital Argerich y solicitó se autorice a la fundación la explotación del estacionamiento argumentando que desde la mismas iban a apoyar de diferentes maneras al hospital Argerich".

Spaccavento envió información a LA NACION en la que detalló que la Fundación Hospital Argerich había tomado compromiso sociales que van "más allá del hospital", y tanto en 2014 como en 2015 llevaron adelante cursos de "formación de promotores socio-sanitarios", con una carga de 60 horas anuales. También detalló donaciones que la fundación le hizo al hospital hasta 2006, como sillas, camas, colchones y computadoras, además de obras de mejoras edilicias, y un recurso de amparo que presentó el 6 de enero contra la Agpse por el cierre del predio.

En el estatuto de la fundación se destaca que es una entidad sin fines de lucro y que tiene como objetivo brindar "la ayuda moral y material necesarias para al atención sanitaria de la comunidad", además de una labor de desarrollo complementaria del hospital Argerich.

Para los funcionarios de Pro se trata de otra situación irregular impulsada por los gobernantes salientes. "Hicimos la denuncia penal porque los responsables deben pagar por esta estafa", dijo Mórtola a LA NACION. La Agpse presentó como pruebas, además, dos escritos: uno firmado por el director del hospital Argerich, Hernández, en el que detalla que la entidad no recibió donaciones desde 2009, y otra de la cooperadora del centro de salud, firmada por su presidente Carlos Milanesi, que especifica el mismo descargo. La concesión fue quitada el 3 de enero pasado.

Vialidad Nacional se queda con las máquinas de Lázaro Báez

Por Lucía Salinas - Clarin.com

Lo definió el juez Casanello. También se usarán los autos y camionetas de Austral Construcciones.

Parte de las maquinarias de Austral Construcciones en Río Gallegos. Foto Maxi Failla.

En completo desuso desde noviembre de 2015, el parque automotor de Austral Construcciones SA (ACSA), la firma insignia de Lázaro Báez, se compone de 114 camionetas y 280 máquinas para obras viales. El juez Sebastián Casanello, después de un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, otorgará provisoriamente todos los vehículos a Vialidad Nacional. "Es una medida provisoria y siempre debe resguardarse la naturaleza de los bienes", indicaron fuentes judiciales a Clarín. El organismo que dirige Javier Iguacel pidió la guarda judicial en agosto del año pasado, con el argumneto de que por las obras inconclusas de Báez sufrieron el "mayor perjuicio".

El predio de Austral Construcciones en Río Gallegos. Foto: Emmanuel Fernández.

En el inmenso predio que se encuentra sobre la Ruta 3 en el ingreso principal de Río Gallegos, se encuentra la sede operativa de Austral Construcciones. Sin actividad desde fines de 2015 y con un reducido grupo de empleados que custodian el lugar, están estacionadas 114 camionetas y 239 máquinas viales, valuadas por el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) en $ 81.551.000. Además, en varias estancias la Justicia detectó 41 máquinas pesadas más por $ 17.221.000. Así, el parque automor de la constructora tiene un valor de $ 98.772.000.

Los vehículos integran el patrimonio de Báez ( $ 2.547 millones sólo en propiedades), que es materia de disputa pero sobre todo, de investigación judicial porque se sospecha del origen de los fondos con los que el empresario K incrementó durante el kirchnerismo su fortuna: en 2013 declaró tener sólo $ 66 millones.

La Justicia busca darle un "fin social" al patrimonio embargado preventivamente. ​Algunos municipios habían solicitado parte del parque automotor de la constructora, otros organismos nacionales requirieron estancias, incluso en el Sur algunos intendentes pidieron tener la guarda de algunos inmuebles. Por primera vez se otorgará parte de esta fortuna de Báez, en carácter provisorio, y con la condición de que "no sean desnaturalizados", a Vialidad Nacional.

El juez Casanello decidió esta semana, y después de un dictamen del fiscal Marijuan, que le dará la maquinaria de Austral a Vialidad Nacional con asiento en Río Gallegos. "Es para que la preserven además de darle uso ya que mucha maquinaria se deteriora si no se activa, también se puede usar para la campaña antártica, pero todo deberá ser coordinado por Vialidad", señalaron fuentes judiciales. La notificación se realizará en los próximos días. 

Después de un relevamiento del estado de la maquinaria que realizó Vialidad, tras un pedido de Casanello, ​el Distrito 23 del organismo con sede en Santa Cruz informó que 21 máquinas ya no pueden utilizarse. "No posee batería", "No arranca el motor". "Estado deteriorado". "Problemas eléctricos". "Diferencial roto". "Problemas de carrocería". Esas son sólo algunas de las descripciones del documento.

Para evitar que la maquinaria continúe desperdiciándose, la Justicia avanzó en su otorgamiento, que tiene como condición "no modificar su naturaleza", esto es debe priorizarse la preservación pese al uso. El ente nacional señaló en su pedido la necesidad de usar las máquinas para obras inconclusas y otras tareas que se realizan en las rutas.

La medida de entregar en guarda judicial bienes de Báez, podría replicarse en otras propiedades que Lázaro Báez, preso hace diez meses, tiene en el Sur. Por ejemplo, algunos inmuebles ociosos, como unos complejos de cabañas que se encuentran en 28 de Noviembre, "que podrían destinarse, entre otras cosas, para las víctimas de trata de personas", indicaron fuentes de la causa a Clarín.

Evalúan crear tribunales para los inmigrantes que delinquen

Por Mariano Obarrio - LA NACION

La Dirección de Migraciones y el Ministerio de Justicia analizan nuevos fueros o más secretarías para acelerar los procesos.

El gobierno de Mauricio Macri analiza ahora la creación de un nuevo fuero judicial migratorio o un cambio de estructuras en el fuero contencioso administrativo federal para agilizar los tiempos de expulsión de los extranjeros que hayan cometido delitos e impedir el ingreso al país de los que tengan antecedentes penales.

Sería el próximo paso para darle operatividad al DNU 70/2017, publicado anteayer en el Boletín Oficial, que dispuso mayores controles migratorios. "Se busca cumplir con la necesidad de darle mayor operatividad al sistema y agilizar los plazos de la Justicia para aplicar las nuevas disposiciones migratorias", comentó a LA NACION el director nacional de Migraciones, Horacio García. En la actualidad, los casos de migraciones se tramitan en el fuero contencioso administrativo federal.

En ese sentido, García y el ministro de Justicia, Germán Garavano, comenzaron un análisis de "ida y vuelta" para determinar si es necesario crear un nuevo fuero o buscar otra solución, con una nueva secretaría en los juzgados contenciosos administrativos de todo el país. La solución que se adopte se replicará a todo el territorio nacional.

El DNU, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los bloques parlamentarios de la oposición, que lo ratificarían en el Congreso, se orienta a endurecer los controles migratorios, agiliza la deportación de extranjeros vinculados al delito y prohíbe el ingreso de migrantes con antecedentes penales.

El Frente Renovador, de Sergio Massa, y el jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Pichetto, e incluso sectores del kirchnerismo apoyaron la medida, aunque en algunos casos criticaron que se haya adoptado por DNU y no haya sido debatida en el Congreso.

En principio había trascendido que García, que depende del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, impulsaba la creación de un fuero judicial migratorio. Sostiene que el fuero contencioso administrativo debe atender infinidad de causas de la administración nacional y se pierde el foco en los inmigrantes implicados en causas penales, por lo que los trámites tardan años.

Pero, con el paso de las horas, se comenzó a analizar con la cartera de Justicia la posibilidad de introducir cambios en las estructuras del fuero contencioso y, así, agilizar las causas. "Podría ser con la creación de secretarías sobre Migraciones", dijo a LA NACION una alta fuente oficial. "Se buscan plazos más cortos porque esas secretarías sólo se dedicarán a esos casos", añadió. También se le pedirá una opinión a la Corte Suprema de Justicia.

El DNU de Macri reglamenta "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a los casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina" al país.

Una oficina que concentra casi 100 denuncias

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

En Vialidad funciona la Unidad de Ética y Transparencia, a cargo de las auditorías.

La gestión de Cambiemos en la Dirección de Vialidad fue una de las que más denunció la mentada "herencia recibida". Se trata de un organismo que, por sus características, tiene oficinas en los lugares más remotos del país. Y que, en los últimos años, quedó sembrado de sospechas de corrupción.

El caso más resonante fue el que involucró a Santa Cruz, por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial para favorecer a Lázaro Báez . Pero en 2016, Vialidad recibió casi 100 denuncias anónimas por presuntas maniobras espurias de funcionarios y agentes vinculados a las obras públicas viales en diferentes distritos.

En abril pasado, el Gobierno creó la Unidad de Ética y Transparencia (UET) de Vialidad. Se trata de una "oficina móvil" de la Oficina Anticorrupción (OA), integrada por cinco personas que trabajan en auditorías internas. Ese equipo, tal como reveló LA NACION, ya recibió 96 denuncias anónimas de presuntos actos de corrupción en distintos puntos del país.

Muchas denuncias fueron desestimadas, pero en 59 oportunidades se efectuaron investigaciones sobre la base de los casos reportados, que dieron lugar a sumarios internos y suspensiones de funcionarios que todavía trabajan en Vialidad, sin goce de sueldo durante el proceso de auditoría. "El espíritu es hacer las denuncias para que se investigue, sea quien sea la persona implicada", aseguraron desde la dependencia.

La provincia con más denuncias fue Santa Cruz: hubo 23 casos reportados mientras la Justicia avanza con la megacausa por el direccionamiento de la obra pública a Báez, que ya tiene 12 procesados, entre otros a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Planificación Julio De Vido. Le siguen Misiones (15 denuncias), Neuquén (12 casos), Catamarca (11) y Corrientes (10).

Además del caso por presunta documentación trucha en la provincia de Buenos Aires, la UET de Vialidad hizo otras dos denuncias penales.

Una de las causas se abrió en Comodoro Py tras detectar desvíos de fondos con las expropiaciones para la ampliación de la autopista Presidente Perón, continuación del Camino del Buen Ayre.

Según fuentes oficiales, se detectó que familias de bajos recursos que vivían en lugares a expropiar vendieron sus inmuebles a presuntos testaferros de los agentes de Vialidad. Luego eran estos nuevos propietarios los que recibían las indemnizaciones millonarias del Estado. El juez Rodolfo Canicoba Corral investiga el caso.

Otra de las denuncias de la UET fue por una obra en Formosa donde descubrieron pagos millonarios por trabajos no realizados. Los responsables fueron denunciados por negociaciones incompatibles y falsedad ideológica en certificados de obra en un caso que lleva el juez Marcelo Martínez Di Giorgi.

El Gobierno tiene pensado replicar la experiencia de la UET de Vialidad en otras dependencias. Según manifestaron fuentes de la Oficina Anticorrupción a LA NACION, se iniciaron conversaciones con varias agencias del Gobierno, como la Aduana, el Senasa y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), donde hay sospechas de irregularidades. 

"Este tipo de asesoramiento es la mejor forma de prevenir la corrupción y atacarla desde adentro", dijo la titular de la OA, Laura Alonso.

Investigan delitos en licitaciones viales en la provincia

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

La Justicia identificó graves anomalías en decenas de contrataciones durante el último tramo del kirchnerismo.

Obras realizadas en el puente Avellaneda, bajo sospecha. Foto: Archivo.

El dueño de un galpón de materiales de construcción de Lomas del Mirador recibió una llamada desde las oficinas de la Dirección de Vialidad Nacional. Lo contactaron auditores para consultarlo por una vieja licitación. La comunicación lo descolocó. Su empresa jamás había participado de una contratación pública. Más tarde lo sorprendió ver documentación con su firma y el sello de su compañía. Todo era falso.

El empresario no fue el único sumido en el asombro. Por lo menos otros 10 hombres de negocios se enteraron de que sus firmas figuraron en licitaciones en las que no habían participado y que se habrían falsificado documentos para simular compulsas de precios que no existieron.

Esta y otras presuntas maniobras forman parte de una reciente causa penal, a raíz de una denuncia de Vialidad Nacional, que alertó sobre irregularidades en la obra pública del distrito de Buenos Aires durante los últimos años del kirchnerismo.

La Justicia pondrá así la lupa sobre las contrataciones que realizó la delegación del organismo nacional en la provincia. La causa recayó en la fiscalía de Paloma Ochoa, que impulsó la investigación, y en el juzgado de Daniel Rafecas, que prepara las primeras medidas de prueba para cuando termine la feria judicial.

Según pudo conocer LA NACION de fuentes judiciales, en la causa se denuncian presuntas licitaciones orquestadas para simular una aparente competencia entre proveedores, firmas y sellos truchos y la falsificación de pagarés. También se investiga si unos pocos empresarios obtuvieron la mayoría de los contratos sospechados.

La denuncia de Vialidad se originó tras una auditoría interna realizada durante 2016 sobre el Distrito N° 1 (Buenos Aires). El trabajo fue elaborado por personal de legales y por la Unidad de Ética y Transparencia (UET), una "oficina móvil" de la Oficina Anticorrupción en esa dependencia, que recibió al menos 100 denuncias anónimas.

La fiscal Ochoa, de turno durante la feria, pidió impulsar el caso y requirió que el titular de Vialidad, Javier Iguacel, ratifique su denuncia. También que presente más documentación, dado que la actual gestión cuenta con papeles que serán clave para la investigación. El juez Rafecas, que tiene delegado el expediente, prepara las primeras medidas de prueba para el regreso de la actividad judicial habitual, el próximo miércoles.

El informe al que accedió LA NACION alertó que existen elementos para sospechar que agentes viales "montaron una estructura ilícita para adjudicar contratos a proveedores predeterminados o, al menos, simular competencia en compras que, a la postre, ganaron sistemáticamente proveedores habituales de la provincia de Buenos Aires".

La auditoría exhibe una toma de veinte contrataciones públicas que exhiben falsificación de documentos y la confección de sellos y firmas apócrifas. Además advierte que entre los años 2013 y 2015, sobre un total de más de 500 procedimientos, sólo tres fueron mediante licitación pública, el mecanismo que garantiza la mayor publicidad y transparencia.

En tanto advirtieron una presunta concentración de proveedores. Es que el 72,6% del total de los fondos adjudicados se repartió entre 15 empresas, de las 95 firmas que alguna vez obtuvieron contratos.

Casos sospechados

Las contrataciones sospechadas son para obras y para la compra de insumos y materiales. En uno de los casos, para la adquisición de ropa de trabajo, cinco empresas presentaron presupuestos. Los auditores de Vialidad se contactaron con las firmas "perdedoras". Según consta en el expediente, el dueño de una compañía recibió fotos de la documentación y negó enfáticamente que la firma y el sello fueran suyos. Agregó que "jamás participó en una licitación con el organismo". Otro de los supuestos proveedores se llevó una sorpresa mayor: se encontró con un pagaré por $ 15.258 que -dijo- jamás había confeccionado.

En el caso de las obras de mantenimiento del puente Avellaneda, se realizó la licitación privada N° 56/2013. En aquel entonces, por ley era obligatorio llamar a licitación pública toda vez que una contratación superara los $ 800.000. Pero el llamado se hizo por $ 799.015. Cinco empresas retiraron el pliego (y firmaron una constancia), pero sólo una ofertó y se llevó el contrato. Al ser consultadas, las demás "oferentes" desconocieron la rúbrica que figuraba en la documentación y negaron haberse interesado alguna vez en esa obra.

En otras de las licitaciones privadas para la remodelación de oficinas se halló un caso burdo: uno de los que figuraba en la compulsa de precios vio que su sello, fraguado, tenía mal escrito su nombre. En lugar de "Moneto", aclaró, su apellido llevaba doble "T" (ver facsímil). Otro de los falsos proveedores aclaró que "no tiene capacidad para realizar trabajos de esa magnitud" ya que figuraba con una oferta por $ 600.000.

Una de las contrataciones fue para adquirir un dron "tipo cuadricóptero". De las empresas que concursaron, sólo una cumplía los requisitos y salió ganadora. Las otras negaron haber participado. "La firma no es nuestra, nunca retiramos el pliego", respondió una de ellas por escrito. En un caso de compra de mobiliario, uno de las empresas utilizadas de forma irregular aclaró que incluso estaba mal su razón social: no se llamaba "Muebles Caporaso", como estampó el sello trucho, sino "Establecimientos Caporaso".

Otras irregularidades

La Justicia deberá investigar si en las oficinas de Vialidad en Buenos Aires se acudió a "fraccionar" los montos de las contrataciones para eludir el proceso de licitación pública. Además, el Distrito 1° de Vialidad tampoco había comunicado sus compras a la Oficina Nacional de Contrataciones, para que difunda las convocatorias. Así, en la provincia de Buenos Aires, Vialidad se manejó "puertas adentro".

A priori, la causa señala a quince personas imputadas, entre ellas, el jefe de la División Administración del Distrito N° 1 Luis Lozano y otros cinco funcionarios que tuvieron distintos roles en las contrataciones. También otros diez empresarios beneficiados con fondos públicos, que ganaron contratos sospechados.

La Justicia deberá investigar si existieron negociaciones incompatibles y "falsedad material".

Polémica en la Justicia por el traspaso de los tribunales a la ciudad de Buenos Aires

Por María Julieta Rumi - LA NACION

La Asociación de Magistrados anticipó que se opondrá a la medida que fue acordada ayer entre la Casa Rosada y el gobierno porteño.

El ministro Garavano saluda a Rodríguez Larreta, ante la mirada del presidente Macri y del ministro Ocampo. Foto: DyN / Alberto Raggio.

El acuerdo de transferencia de una parte de los tribunales nacionales a la ciudad de Buenos Aires generó una importante polémica en el ámbito judicial. El presidente Mauricio Macri firmó ayer el convenio de traspaso con el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , y de inmediato, esa decisión fue cuestionada por la Asociación de Magistrados. La determinación de la Casa Rosada debe ser ratificada por el Congreso y aprobada luego en la Legislatura porteña. Sin embargo, la entidad que agrupa a jueces y fiscales anticipó su posición de hacer una presentación en la Justicia en caso de que el tema siga adelante.

"La Constitución no le dio a la Ciudad la facultad de tener su propia justicia, sino de ocuparse de cuestiones menores, porque no se habla de administración de justicia como en otras provincias. Nos oponemos al traspaso desde 1994. No sé qué hará el Congreso, pero si lo aprueban recurriríamos a la Justicia", dijo María Lilia Díaz Cordero, presidenta de la Asociación de Magistrados.

En cambio, el presidente del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, Enzo Pagani, tiene una visión diferente: "El artículo 129 de la Constitución estableció el carácter autónomo de la Ciudad y permitió que tuviera su propia constitución y tres poderes, si bien lo de la justicia es paulatino. Hoy la Justicia de la Ciudad sólo tiene dos fueros. Ahora se suman competencias penales, como los robos y hurtos, y la verdad es que no estamos inventando nada. Pasa en las otras provincias. No puede ser que hoy un juez de la Ciudad sea elegido por legisladores provinciales".

En tanto, el subsecretario de Justicia de la Ciudad, Jorge Enríquez, agregó que, por el llamado fallo Corrales, la Corte Suprema exhortó a las autoridades al traspaso de los tribunales ordinarios a la órbita de la Ciudad. "Es importante que la ciudad de Buenos Aires tenga una justicia cercana, con contenido oral, que privilegie a la víctima y no al expediente", indicó Enríquez.

Competencias porteñas

El ex ministro de Justicia Jorge Vanossi también se inclinó en favor de la transferencia judicial: "La ley Cafiero fue muy restrictiva al punto que hasta hace poco la policía seguía siendo la Policía Federal. Todo parece indicar que en la reforma del 94 estaba la voluntad expresa de que se ampliaran las competencias de la Ciudad".

Díaz Cordero, en cambio, afirmó que el trabajo judicial se verá afectado con el traspaso a la Ciudad: "Creo además que no es bueno para el ciudadano. Se va a ver resentida la atención: con la misma cantidad de personas se van a tener que hacer más cosas, los juzgados nacionales van a incrementar su tarea".

Más allá de la posición de esa entidad, que emitió un comunicado en rechazo al acuerdo, la transferencia de funciones judiciales también dividió las opiniones entre los funcionarios del Poder Judicial. "No se debe caer en reduccionismos a la hora de plantear este tipo de debates. El denominado traspaso comprende varios fueros y organismos, cada uno con distintas realidades y necesidades. Es evidente que el mayor o menor éxito del proceso estará en cabeza de los equipos técnicos a cargo de la planificación: si se lo ejecuta de manera eficiente y razonable, no hay razón para temer escenarios apocalípticos", dijo Ernesto Ahuad, secretario de la Justicia Nacional del Trabajo.

Por otro lado, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sebastián Picasso tuvo una visión menos optimista: "Creo que hay problemas constitucionales serios más allá de si la ciudad es provincia o no. Los jueces tiene inamovilidad y eso garantiza la independencia. Eso impediría que los transfieran a Ciudad". Otro actor que analizaba ayer la situación de la firma del convenio es el gremio de empleados judiciales, cuyo titular, Julio Piumato, aseguró: "Vamos a ver si tomamos medidas. Siempre estuvimos abiertos al diálogo, pero nunca nos convocaron".

Del editor: ¿qué significa? A diferencia de lo ocurrido con el traspaso de la Policía Federal, las objeciones judiciales pueden frenar una reforma.

Un operador de Odebrecht le giró US$ 600.000 al jefe de inteligencia argentino

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

El cambista Leonardo Meirelles, condenado por la justicia brasileña en el Lava Jato, hizo en 2013 cinco transferencias a Gustavo Arribas desde una cuenta controlada por una "empresa de fachada"

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Foto: Archivo.

Un operador financiero y cambiario brasileño condenado por la justicia de su país por su rol en la investigación Lava Jato transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta del actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en cinco pagos que comenzaron un día después de que, en septiembre de 2013, se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para el gigante brasileño Odebrecht.

Ese operador y cambista paulista llamado Leonardo Meirelles se acogió luego al régimen de la "delación premiada", y aportó documentación sobre miles de transferencias que hizo para Odebrecht y otras empresas brasileñas, según surge de los registros de transferencias bancarias que integran la investigación sobre Lava Jato en Brasil. LA NACION obtuvo copias de esa documentación como parte de un proyecto periodístico colaborativo liderado por el equipo peruano IDL Reporteros.

Meirelles transfirió un total de US$ 594.518 mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, desde una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited, que la justicia de su país ya calificó como "empresa de fachada", destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.

Arribas sólo admite una transferencia y la adjudica a la venta de un inmueble en Brasil

LA NACION intentó consultar a Arribas, pero se encontraba en Brasil, de vacaciones junto a su familia. Pero a través de tres colaboradores admitió que sólo recibió una transferencia, por US$ 70.495, el 26 de septiembre de 2013, que adjudicó a la venta de un inmueble en San Pablo sobre el que no aportó más datos.

"Propinas"

A través de esos mismos colaboradores -dos de ellos, abogados-, Arribas negó haber recibido las cuatro transferencias restantes, así como fue taxativo al negar cualquier vínculo con el pago y cobro de coimas que comienzan a salir a la luz a partir del Lava Jato, la gran investigación sobre el sistema de corrupción que azota el sistema político y empresarial de Brasil, con ramificaciones en otros 11 países. Entre ellos, la Argentina.

Cuando Meirelles ordenó esas cinco transferencias, Arribas vivía en Brasil, donde se dedicaba a la compraventa de jugadores de fútbol. Para entonces tenía una antigua relación de amistad y confianza con el actual presidente Mauricio Macri, en ese momento jefe de Gobierno porteño.

En los registros a los que accedió LA NACION, en tanto, no aparecen los motivos de esos pagos. Sólo figura que se transfirieron a la cuenta en la sucursal Zurich del Credit Suisse que el actual jefe de los espías informó en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Conocido como "doleiro" -es decir, operador en el mercado ilegal de cambios brasileño, el equivalente al "cuevero" de la city porteña-, el propio Meirelles confirmó que pagó "propinas" en la Argentina.

Meirelles así lo admitió durante la entrevista que concedió a IDL Reporteros, en el aeropuerto de San Pablo, el 11 de julio de 2015. Detalló que participó en "un total de 3000 o 3500 operaciones [pagos] en cuatro años, que se hicieron entre 2009 y 2014. Estamos hablando de 240 millones de dólares, que yo pagué en mis empresas en Hong Kong, tanto depósitos como pagos, en Panamá, la Argentina y así".

Desde Curitiba, en tanto, el abogado de Meirelles, Haroldo César Nater, respondió a LA NACION que su cliente "no puede proporcionar ninguna información a la prensa nacional o internacional debido al acuerdo de colaboración premiada que suscribió con el Ministerio Público Federal". Y a continuación añadió que "por desgracia, Meirelles no puede ayudarle".

"Irregulares"

Desde el entorno del "doleiro", sin embargo, indicaron a LA NACION que "esas transferencias en efecto se realizaron y probablemente fueron irregulares", y deslizaron que, más que Meirelles, "el que tiene la información más precisa es Youssef", en alusión a Alberto Youssef, su socio y jefe, que también fue condenado a prisión por el juez del Lava Jato, Sergio Moro, y que también se acogió a la "delación premiada".

El momento en que Meirelles concretó esas transferencias es singular. ¿Por qué? Porque en coincidencia con el depósito de los casi US$ 600.000 por parte de Meirelles a la cuenta de Arribas, cobraba un nuevo -y en apariencia- definitivo impulso el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento (a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella).

Anunciado repetidas veces, el soterramiento registró marchas y contramarchas. En enero de 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner había encabezado el acto de adjudicación de las obras. Pero recién en diciembre de ese año firmó el contrato de ejecución.

Reactivación en 2013

El entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime comenzó entonces a cobrar la coima que había acordado con Odebrecht, según consta en unos correos electrónicos que su testaferro, Manuel Vázquez, cruzó con los operadores de la constructora brasileña, y que los investigadores del Lava Jato lograron recuperar.

Sin embargo, a medida que el proyecto entró otra vez en un letargo, se suspendió el flujo de dinero negro. Hasta que en febrero de 2010, Vázquez llegó a enviarle un e-mail a un representante de Odebrecht en Buenos Aires, Mauricio Couri Ribeiro, para reclamarle US$ 80.000 que le adeudaban desde hacía un año, según la documentación recabada por los investigadores del Lava Jato.

Aun así, el proyecto continuó en suspenso. Hasta que el 30 de agosto de 2013, el kirchnerismo publicó el decreto 1244 con el que creó la unidad ejecutora para esa obra, financiada con $ 700 millones del Estado nacional y un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo (BNDS) brasileño por otros US$ 1500 millones.

Veinticinco días después de la publicación de ese decreto, la constructora brasileña anunciaba su beneplácito en su página oficial de Internet: Odebrecht Infraestrutura conquista novo contrato na Argentina, y aportaba a continuación algunos detalles de la obra de infraestructura.

Un día después, el miércoles 25 de septiembre de 2013, Meirelles dispuso la primera transferencia a la cuenta de Arribas por US$ 154.666 en su cuenta 373645-5, en la sucursal Zurich del Credit Suisse. Al día siguiente, jueves 26, otros US$ 70.500 -la que sí admitió el entorno del actual jefe de la AFI-. Y el viernes 27, tres transferencias más por 120.352, 90.000 y 159.000 dólares. Total: 594.518 dólares.

Todas esas transferencias registraron el mismo origen: la cuenta bancaria 313-0-025652-9 en el Standard Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por Meirelles RFY Import & Export Limited.

"Empresas de fachada"

Tanto la firma offshore como Meirelles se encontraban bajo la mira de los policías, fiscales y el juez que impulsan el Lava Jato. Así, en una requisitoria del Ministerio Público de abril de 2014 -es decir, siete meses después de esas transferencias a Arribas-, cuatro fiscales brasileños detallaron que Meirelles y su hermano Leandro integraban una "organización criminal" que entre 2012 y marzo de 2014 realizó "operaciones ilegales en el mercado paralelo de cambio; principalmente para promover la evasión de divisas".

Los fiscales detallaron que RFY Import & Export Ltd y otras compañías offshore de los Meirelles no eran más que "empresas de fachada". ¿Para qué? "Usando una apariencia de legalidad, los denunciados simularon contratos entre empresas brasileñas y extranjeras, buscando justificar, sobre todo ante instituciones financieras extranjeras, la realización de transferencias internacionales", bajo el mando de Youssef, quien actuaba bajo órdenes de Odebrecht y otras grandes empresas brasileñas.

Youssef confiesa

El propio Youssef reconoció ante la justicia de su país que utilizó esa cuenta de RFY Import & Export Ltd para pagar US$ 4,2 millones "que Odebrecht se comprometió a depositar en el exterior" entre septiembre de 2001 y mayo de 2012. Es decir, un año y medio antes de los giros que desde esa misma cuenta se enviaron a la cuenta en Suiza al actual jefe de la AFI.

Ya en abril de 2015, en tanto, el juez Moro consideró probados los roles de Youssef y los Meirelles en la operatoria ilegal. También concluyó que usaron a RFY Import & Export y a otras compañías offshore para "transferencias internacionales mediante contratos cambiarios [basados en] importaciones ficticias".

Con esas evidencias, Moro condenó a los tres. A Leonardo Meirelles, a 5 años de reclusión; a su hermano Leandro, a 4 años de reclusión, y a Youssef se lo redujo a 3 años y medio de reclusión porque, aunque su rol fue mayor, se sumó a la "delación premiada", admitió su rol en las coimas de Odebrecht y aportó evidencias, lo mismo que haría luego Leonardo Meirelles.

Tras el quiebre de su ex CEO, Marcelo Odebrecht, y otros 77 ejecutivos, incluso la multinacional brasileña también comenzó a colaborar. Así selló un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se difundió a fines de diciembre pasado. Uno de los datos que aportó la constructora fue que en 2008 se comprometió a pagar sobornos para ganar un proyecto y que, por ese motivo, entre 2011 y 2014 pagó US$ 2,9 millones en coimas a funcionarios argentinos a través de un intermediario. ¿Podría ser Vázquez?

La empresa Odebrecht también admitió que entre 2011 y 2014 pagó coimas "adicionales" por "aproximadamente" US$ 500.000 a cuentas privadas "de un intermediario bajo el entendimiento de que los pagos eran para beneficio de funcionarios públicos argentinos". Esa suma es similar a la transferida a la cuenta de Arribas, pero el Departamento de Justicia no detalló a quién le pagó Odebretch.

Quién es quién en la trama

Gustavo Arribas - Jefe de la AFI 

 Mundo fútbol - Escribano de profesión, tras su paso con Mauricio Macri por Boca Juniors comenzó a dedicarse a la compraventa de jugadores

Residente en Brasil - Durante casi una década, Arribas se radicó en Brasil, donde formó una familia, expandió su patrimonio y fijó su residencia tributaria

Millonario - Según la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, Arribas es el funcionario más rico del Gobierno con $ 110 millones

Alberto Youssef - Operador brasileño

Para pagar coimas

Youssef declaró ante la justicia brasileña que utilizó la misma cuenta en Hong Kong desde la que se transfirió a Arribas para pagar coimas por US$ 4,2 millones "que Odebrecht se comprometió a depositar en el exterior", entre septiembre de 2001 y mayo de 2012

Leonardo Meirelles - Cambista brasileño

"Propinas"

Socio y subalterno de Youssef, Meirelles admitió en una entrevista que concedió a periodistas peruanos de IDL Reporteros en julio de 2015 que utilizó esa y otras cuentas en Hong Kong para pagar coimas por US$ 240 millones en varios países, pero sólo identificó dos: la Argentina, Panamá

Investigan a 100 empresas por la ruta de las coimas y piden pruebas a Brasil

Por Emilia Delfino - Perfil.com

Una fiscalía avanza contra las constructoras que admitieron sobornos en el país vecino y sus socias locales. El caso involucra al kirchnerismo y a la familia de Mauricio Macri.

Efecto doble. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento es una de las obras investigadas tanto en Brasil como en Argentina. Involucra a Odebrecht, al kirchnerismo y al primo del presidente Mauricio Macri. Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, está acusado de cobrar sobornos para adjudicar esta obra. Foto:Cedoc Perfil 

El Lava Jato ya es considerado como el mayor caso de corrupción de América Latina y el capítulo argentino no se queda atrás: los ecos de una red internacional de sobornos comandada por las principales constructoras de Brasil alcanza tanto al kirchnerismo y a los principales funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner, como a la familia del presidente Mauricio Macri, y ahora amenaza con extenderse a una red de cien empresas de la construcción en el país.

El fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, está al mando de un expediente que busca determinar si el esquema del Lava Jato se replicó en la Argentina, y que comienza a transformarse en la mayor investigación sobre la obra pública en la última década. Además, pone la mira en la relación entre los grupos económicos más importantes de Brasil y del país con el poder político, de ayer y hoy. No sólo se están investigando contratos de la era K. También licitaciones de las constructoras brasileñas con el actual gobierno.

El Lava Jato originó en el último año varios expedientes aislados, pero Rodríguez concentra la investigación central sobre el supuesto pago de coimas de las cinco constructoras involucradas en el caso de Brasil que operaron en Argentina: Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y las filiales brasileñas de dos argentinas: Contreras Hermanos y Techint.

En las próximas semanas, los fiscales del Lava Jato, que investigan en la ciudad de Curitiba, recibirán un pedido de colaboración oficial del fiscal Rodríguez, informaron fuentes de la Procuraduría a PERFIL. El documento estará traducido al portugués en los próximos días. En el exhorto, el fiscal solicita a sus colegas de Brasil todos documentos, e-mails, registros telefónicos, y testimonios de arrepentidos, entre otras pruebas centrales, que revelen cómo fueron las operaciones de Odebrecht, Techint, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Contreras Hermanos en la Argentina, durante el período 2006-2014. Eso incluye, además, una estructura de alrededor de cien empresas de capitales argentinos o con operaciones permanentes en el país que se asociaron a las protagonistas del Lava Jato o les prestaron servicios en las obras, según el expediente.

La Procuraduría busca determinar si las empresas pagaron sobornos a funcionarios argentinos para ganar contratos con el Estado; cómo los pagaron; cómo fue la ruta del dinero; y quiénes operaron como intermediarios entre las empresas y los funcionarios.

Las empresas protagonistas del Lava Jato se asociaron con al menos 19 empresas, según los registros de Uniones Transitorias de Empresas (UTEs). Diez de esas socias –la mayoría de ellas locales– figuran en la lista de las 36 empresas más beneficiadas por el kirchnerismo en la obra pública: desde Iecsa –de Calcaterra, el primo de Mauricio Macri– y Roggio hasta CPC de Cristóbal López y el grupo Austral. Desde Techint y Rovella Carranza hasta Esuco y Electroingeniería.

Entre 2006 y 2014, esos consorcios empresarios ganaron licitaciones de obra pública para construir gasoductos, obras de transporte, rutas y acueductos, entre otros proyectos. Techint es la firma más beneficiada con la obra pública en ese período. Odebrecht ocupa el 6º lugar en la lista. Contreras Hermanos, el puesto 21º.

La Procuraduría comenzará a analizar las contrataciones y licitaciones en las próximas semanas, pero el universo de contratos de estos grupos es tan grande que deberán elegir un “muestreo aleatorio”. Además, pedirá la colaboración de otros organismos y de las áreas de auditoría interna de los ministerios. Los investigadores también cuentan con los movimientos de dinero del Tesoro para el pago de estas obras. 

Rodríguez mantuvo en 2016 un reunión con sus colegas en la ciudad de Curitiba, pero el exhorto es el primer pedido oficial para que Brasil envíe las pruebas de la investigación del Lava Jato que involucre a funcionarios y empresarios en el país. Sólo en el caso de Odebrecht, seis ejecutivos de la empresa brasileña reconocieron que la constructora pagó sobornos por US$ 35 millones a funcionarios argentinos.

PERFIL contó el domingo la historia de Fernando Migliaccio da Silva (48), el ejecutivo de Odebrecht encargado de gestionar los pagos de sobornos a políticos brasileños y extranjero. Los testimonios de seis ejecutivos de la compañía arrepentidos ante los Estados Unidos detallaron cómo operaba. Esos testimonios también serán solicitados por la Procuraduría.

El Lava Jato no tiene eco solo en el pasado. Las empresas que son eje en la investigación de Brasil desde hace dos años, y que ahora son investigadas en la Argentina, siguen participando de licitaciones en la obra pública o recibiendo fondos públicos. Los acuerdos de colaboración le garantizan poder seguir operando en el mercado, si confiesan y aportan información.

La pista del Sarmiento

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó al Ministerio de Economía el registro de pagos a las empresas involucradas en el Lava Jato. Casi todos ya fueron informados, pero aún se esperan los de Transporte, un área sensible para el kirchnerismo y el macrismo por una obra en particular: el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

La obra, licitada en 2008 por el gobierno de CFK, fue adjudicada a Odebrecht en sociedad con Iecsa, Ghella y Comsa. La obra es investigada en Brasil por el supuesto pago de coimas a Manuel Vázquez, asesor y testaferro del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime. La Justicia de ese país cree que Odebrecht sobornó para obtener la licitación que comparte con la constructora del primo del presidente Macri, Angelo Calcaterra.

Una de las primeras medidas de Macri en materia de obra pública fue garantizarle al consorcio empresario integrado por su primo y Odebrecht los fondos públicos para avanzar en la obra. Este medida del Ejecutivo también será investigada por el fiscal Rodríguez.

Piden saber si el Estado les pagó a militantes montoneros

Por Mariano De Vedia - LA NACION

La hermana de un soldado hizo un planteo a Avruj

A pesar de haberle escrito tres cartas al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, la señora Jovina Luna no encuentra una respuesta satisfactoria a su reclamo. Ella es hermana del soldado Hermindo Luna, quien en 1975 cumplía el servicio militar obligatorio en el Regimiento Monte 29, de Formosa, y estaba de guardia el día en que una formación de Montoneros copó el cuartel, en una ofensiva guerrillera que dejó 13 soldados y policías muertos. En el ataque al regimiento, durante plena vigencia de un gobierno constitucional, también murieron 15 miembros de la organización armada.

"Esos asesinos les gritaron a los soldados de la guardia que se rindieran. Hermindo tenía 20 años y les gritó: «¡Acá no se rinde nadie, carajo!», y lo ametrallaron", relató a LA NACION la hermana del soldado, quien se dirigió a Avruj para conocer, a través de un pedido de acceso a la información, si los que ejecutaron a su hermano recibieron indemnizaciones por las leyes reparatorias.

Con esa finalidad, solicitó por escrito el 11 de marzo y, luego, en una carta documento enviada el 23 de abril, que se le permitiera acceder al listado completo y actualizado de las personas que recibieron el beneficio. "Tengo el derecho de conocer los nombres de todos los montoneros que cobraron", le escribió Luna al secretario de Derechos Humanos.

En julio recibió como respuesta del organismo una negativa, con el fundamento de que se trata de "datos sensibles", reveló la hermana del soldado, frustrada con la explicación. El 26 de octubre pasado volvió a plantear su reclamo a Avruj en una carta manuscrita.

Según varias denuncias, el pago de indemnizaciones a combatientes de organizaciones guerrilleras y sus familiares se extendió particularmente durante los doce años del gobierno kirchnerista. En el libro Mentirás tus muertos, el autor José D'Angelo estimó que el total de indemnizaciones abonadas por asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ascendió a US$ 1850 millones. "Si el Estado premió a los que asesinaron a mi hermano o a sus familiares, quiero saberlo, quiero que me lo digan. Y que se hagan responsables", relató Luna, que reside en la localidad bonaerense de Mechita, partido de Bragado.

A la espera de que se le permita acceder a la lista, la hermana del soldado Luna quiere conocer si "es verdad que han indemnizado a los montoneros que mataron a todos esos jóvenes soldados que defendieron el cuartel".

"Hace tiempo les reclamo a las autoridades de este gobierno lo que antes era imposible. Yo creí que este gobierno me iba a entender, pero se ve que me equivoqué", arriesgó la señora Luna. cuyos padres murieron "con la tristeza de saber que sus asesinos son tratados como héroes y premiados por haber hecho lo que hicieron".

El Ciadi ordenó indemnizar a una empresa alemana

(La Nación) - El Ciadi, tribunal del Banco Mundial, ordenó indemnizar en US$ 13,41 millones a Hochtief Aktiengesellschaft, empresa alemana que participó de la construcción del puente Rosario-Victoria, informó ayer la Procuración del Tesoro.

El reclamo había sido presentado por 157 millones contra el Estado argentino por la concesionaria, que se sintió perjudicada como socia de Puentes del Litoral S.A., firma que ganó en 1997 la concesión para construir, mantener y operar la obra. Argumentaba que, por la pesificación y los cambios tarifarios, la Argentina había violado puntos del Tratado Bilateral de Inversiones firmado en 1991 con Alemania, como la prohibición de expropiar o adoptar medidas injustificadas o discriminatorias y la obligación de dar trato equitativo. 

En su fallo, según la Procuración, el tribunal consideró que había responsabilidad del país en no "conferir un trato justo y equitativo al no haber restaurado y reparado el equilibrio comercial garantizado en el contrato, y haber pesificado el peaje", pero rechazó la mayor parte del monto reclamado.

13,41 Millones - Son los dólares que deberá pagarle el Estado argentino a Hochtief Aktiengesellschaft, una de las constructoras del puente Rosario-Victoria. El reclamo había sido por 157 millones.

Suspendió la Corte las obras de las represas en Santa Cruz

Por Mariela Arias - LA NACION

Pidió realizar estudios ambientales antes de que sean construídas las centrales hidroeléctricas Kirchner y Cepernic

EL CALAFATE.- Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió las obras de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, que ya se encontraban paralizadas desde hacía un año. Los jueces recomendaron que se cumpla con los estudios de impacto ambiental antes de avanzar con la obra para garantizar la protección de los glaciares. El fallo abre la incógnita sobre cómo afectará esta decisión judicial a los acuerdos económicos firmados entre el gobierno y China.

La Corte hizo lugar, así, a las medidas cautelares presentadas hace más de un año por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales. El máximo tribunal aclaró que la medida no incluye las "tareas preliminares" del proyecto ejecutivo. Es decir que podrían continuar las obras de sondeo geotécnico exploratorio, las actividades de estudio de base para el proyecto, los caminos de acceso y la construcción de villas temporarias.

Los jueces fundamentaron su decisión en que luego de pedir informes de la obra a los organismos intervinientes del Estado advirtieron que no se habría cumplido con el procedimiento de impacto ambiental y audiencia previsto en la ley de obras hidráulicas. Aclararon que no se ofrecieron "razones que expliquen esa conducta".

La ley de obras hidráulicas es de considerable relevancia en el caso, dado que establece mecanismos específicos de información pública ambiental y participación ciudadana mediante el desarrollo de audiencia pública en el ámbito del Congreso de la Nación. En el fallo se transcriben los detalles que la ley determina y los plazos que se deberán respetar, tanto para la presentación del estudio como para las consultas vecinales.

Los jueces recordaron que hasta el momento el estudio de impacto ambiental que se había presentado era del 9 de diciembre de 2015. La Secretaría de Medio Ambiente de la provincia lo aprobó el mismo día en el que se realizó la audiencia pública fijada por ley, en la localidad de Piedrabuena. Fue el último día del gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, la Corte considera que es necesario ampliar los estudios y aplicar la ley de obras hidráulicas, que hasta ahora no se habría tenido en cuenta.

Impactos económicos

Foto: Archivo / Horacio Córdoba

El fallo también podría producir un cimbronazo en los acuerdos a los que la gestión de Mauricio Macri llegó con el gobierno de China, por los que a mediados de año se aseguró la financiación de US$ 5000 millones para las dos centrales hidroeléctricas, US$ 12.000 millones para dos centrales nucleares (Atucha IV y Atucha V) y US$ 2700 millones para recuperar el ferrocarril Belgrano Cargas.

Entre los otros acuerdos, se habían establecido: US$ 1800 millones para dos gasoductos en Córdoba; proyectos de inversión por US$ 360 millones para un acueducto y obras viales en Entre Ríos, y US$ 350 millones para un programa de generación fotovoltaica en Jujuy. También un proyecto de energía solar para San Juan y otro para La Rioja, que sumarían US$ 800 millones más de financiamiento.

En Santa Cruz, la suspensión de la obra genera inquietud en el sector de la construcción, que ya veía con buenos ojos los últimos anuncios de reactivación. Cientos de obreros están subsidiados por la UTE Represas de la Patagonia y por el gobierno provincial.

En agosto pasado, el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, visitó Santa Cruz y bajó las expectativas sobre una fecha de reinicio de las obras. Aseguró que las represas no avanzarían "si no se hace el trabajo de impacto ambiental". En ese momento firmó con Alicia Kirchner convenios de intercambio académico y sobrevoló el lugar donde estarían emplazadas las obras.

Hasta ayer, la expectativa por la reactivación de las obras en Santa Cruz crecía. Hace menos de una semana, gerentes de la UTE Represas de la Patagonia brindaron una charla informativa donde aseguraron que en enero empezaría la actividad en los obradores y marcaron mayo como el mes probable de inicio de las obras.

Allí también presentaron un trazo grueso de los cambios que reformularon al proyecto, que incluye la reducción de los niveles del embalse Néstor Kirchner y la disminución de la cota a 176,5 metros sobre el nivel del mar, con lo cual lo desacoplaría del Lago Argentino y no afectaría a los glaciares.

De este modo, a través de la presentación, los técnicos de la UTE reconocieron lo que ambientalistas, estudiosos y vecinos venían asegurando desde hacía años. Es que los proyectos anteriores, con una cota superior, iban a afectar no sólo la costa de la localidad, sino también la vida de los glaciares y el ritmo del Lago Argentino.

La Corte fue contundente en el fallo, al indicar que se debe determinar cuál sería el impacto ambiental que esos emprendimientos podrían causarle al ecosistema. En particular, al Lago Argentino, a los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala, y al Parque Nacional Los Glaciares.

Los argumentos legales de la paralización

Suspensión - La Corte Suprema dictó una medida cautelar que suspende las obras de las represas hidroeléctricas Kirchner y Cepernic, hasta que se implemente el proceso de evaluación de impacto ambiental

Prevenir daños - El tribunal requirió estudios para prevenir eventuales daños al ecosistema en el Lago Argentino, los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala, y el Parque Nacional Los Glaciares

Audiencias públicas - No se cumplió con la ley 23.879, de obras hidráulicas, que fija mecanismos específicos de información pública ambiental y participación ciudadana a través de audiencias públicas

El "policía millonario", dueño de una flota de helicópteros y más de cien propiedades

Por Fabián Debesa - Clarin.com
La Justicia lo investiga por “enriquecimiento ilícito”. Era quien manejaba las horas extras de los agentes. En su declaración jurada, dijo tener solo siete inmuebles.

El comisario inspector Néstor Omar Martín (izq.) fue desplazado y pasado a retiro. Dicen que es el policía más rico de la Provincia.

En los Tribunales le pusieron un nombre alejado de los tratados de Derecho, pero bien gráfico: la llaman la causa del “policía millonario”. Es una derivación del decreto que obligó a los jefes de la Bonaerense a presentar sus declaraciones juradas de bienes y el caso del comisario inspector Néstor Omar Martín ahora acumula decenas de fojas con indicios de enriquecimiento ilícito. Según la denuncia, el ex responsable de Coordinación Operativa de la Policía tendría una flota de helicópteros, 101 terrenos en La Plata y hasta sería accionista en fondos comunes que manejan pases de jugadores de fútbol.

La presentación la hizo la Auditoría de Asuntos Internos ante el fiscal penal platense Marcelo Romero. Fue pocos días después de recibir el detalle de las propiedades que declaró Martín en la Escribanía General de Gobierno. Con su firma, el jerarca declaró un total de 4.022.108 pesos, que incluyen siete propiedades inmuebles en La Plata; un helicóptero “experimental” valuado en 400 mil pesos y otros bienes. Incompatible para un funcionario que cobraba poco más de 42 mil pesos como comisario general, el último peldaño del escalafón policial. Era el integrante de la cúpula con la fortuna más abultada. Por eso, los auditores comenzaron a reunir testimonios.

Y allí se encontraron con sorpresas. Bajo reserva de identidad se presentaron testigos que aportaron más datos. Martín sería poseedor de un predio en la periferia de La Plata que fue subdividido en 101 lotes aptos para la construcción de viviendas. Además, el ahora comisario retirado sería propietario de una “flota” de helicópteros, que usaba para alquiler.

Toda la información está sujeta a verificación. Por eso Romero confirmó a Clarín que envió oficios a la AFIP; a ARBA; a dependencias de aeronavegación y otros organismos para avanzar con el expediente. Y reclamó informes al Registro de Propiedad de Nación y Provincia, al Registro de Embarcaciones, el Registro de Aeronaves, a empresas privadas de aviación y al Banco Central para certificar las propiedades a su nombre.

Por ahora, la sospecha es por “enriquecimiento ilícito”. Pero también podría derivar en otros delitos de jurisdicción federal.

Martín es un contador que pasó casi 30 años en la Fuerza, pero siempre se desempeñó en sectores administrativos. En los ‘90 estuvo como “coordinador” de la Departamental La Plata, un lugar estratégico para el manejo de fondos que no siempre tiene una auditoría contable prolija: las horas Cores; los Polad (Policía Adicional, para custodia de puntos fijos) y los viáticos policiales. Ingresó a la institución en el escalafón “administrativo”. Es decir, no tenía mando de tropa. “Nunca estuvo en la calle o al frente de una comisaría”, contó a Clarín un oficial retirado.

Pero supo vincularse con los sectores políticos y hasta judiciales en la capital bonaerense. Hasta que llegó a la Jefatura de la Policía, para ocupar la Superitendencia de Coordinación Operativa.Es decir, el mandamás de las coordinaciones de todas las seccionales provinciales. Allí estuvo casi 8 años. “Pasaban los gobernadores y varios ministros de Seguridad y Martín siempre permanecía en su puesto”, agregó el informante.

Su trayectoria tiene otro aspecto significativo: aunque pertenecía al escalafón administrativo, pudo lograr el grado de general, reservado para los jefes con mando de tropa. “El único caso similar que se conoce en la historia es el de José Lopez Rega, que pasó de cabo de la Federal a comisario general”, recuerdan.

Cuando su declaración jurada se puso bajo la lupa de Asuntos Internos fue desplazado y pasó a retiro.

En abril último, la gobernadora María Eugenia Vidal firmó un decreto para que 3.000 jefes policiales presenten la declaración jurada de bienes. Tenían plazo hasta fines de julio. Algunos se demoraron y 154 fueron sancionados. Por ahora, el caso de Martín es el único con proceso judicial por enriquecimiento ilícito.

La AFIP denunció a la AFA por evasión por $84,3 millones

(Clarin.com) - La cifra se desprende de la apropiación indebida de Ganancias e IVA, más aportes del régimen de Seguridad Social de sus empleados.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interpuso una denuncia penal contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), por retenciones no ingresadas o depositadas fuera del término legal, correspondientes "al Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado, y a los aportes del personal en relación de dependencia de la institución, respecto a los meses de mayo, junio, julio y agosto del corriente año", informó la entidad en un comunicado.

Según la AFIP, la causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, a cargo del juez López Biscayart. "Ahora la justicia debe analizar una maniobra consistente en la omisión de pago temporáneo de distintos gravámenes retenidos a terceros, que ascendería a la suma de $ 8.489.849 - por la apropiación indebida de Ganancias e IVA-, y por unos $ 75.796.121-estos último, en concepto de aportes relativos al Régimen de Seguridad Social de sus empleados", informó el texto.

El organismo gubernamental estimó que la maniobra denunciada "habría permitido a la entidad financiar su desenvolvimiento operativo basado exclusivamente en la apropiación de los impuestos de sus proveedores y empleados en relación de dependencia".

"Cabe señalar que los períodos denunciados por el Organismo no serían pasibles de ser incorporados a la nueva ley de moratoria -Ley N° 27.260- pudiendo corresponderle a los imputados, penas de hasta seis años de prisión efectiva, en caso de corroborarse los hechos objeto de investigación", terminó el texto del comunicado.

Un pedido desde AFA a la Justicia

En paralelo, el vicepresidente del Comité Regularizador de AFA, Javier Medín, presentó este lunes una revocatoria de la medida dispuesta por la jueza María Romilda Servini, quien ordenó que la entidad convoque a una asamblea antes del 30 de diciembre para fijar la fecha de elecciones.

Servini había dictado una medida cautelar que ordenaba a la AFA a convocar a sendas asambleas ordinaria y extraordinaria, con 75 representantes como marca el estatuto de la máxima entidad del fútbol argentino, para llamar a elecciones.

Allegados al Comité Regularizador señalaron a la agencia de noticias Télam que la solicitud ante la Justicia remarca que se cumpliera con la medida cautelar "en forma automática la AFA quedaría en falta", ya que la FIFA designó a los actuales dirigentes para "normalizar el funcionamiento de la entidad, modificar el estatuto y llamar a elecciones perentoriamente". El Comité Regularizador, que encabeza Armando Pérez, tiene mandato hasta fines de junio de 2017.

Por este motivo, destacaron que "si se convalida el llamado a una asamblea antes del 30 de diciembre, la AFA podría ser sancionada por la FIFA debido a la injerencia de la Justicia en temas del fútbol organizado".

Hallan en un tacho de basura armas bajo custodia judicial

Por Gustavo Carabajal - LA NACION

Dos pistolas que debían estar en la sala de resguardo de pruebas de los tribunales estaban en un contenedor en la esquina del edificio; se investiga si fue fruto de la negligencia o de un robo

Las dos pistolas, una 9 milímetros y una .22, sobresalían entre la basura y otros restos dentro del contenedor ubicado en Ituzaingó y Acassuso, en la esquina de los tribunales de San Isidro. El hecho, grave en sí mismo, se puede convertir en un escándalo: esas armas debían estar bajo resguardo judicial, en la sala de custodia de efectos; alguien las sacó de allí por motivos que ahora son objeto de una investigación. Todos los funcionarios policiales y judiciales que trabajan en el lugar son, ahora, objeto de investigación.

Según informaron fuentes judiciales y policiales, esas armas debían estar en "la jaula", el depósito de efectos que funciona en uno de los subsuelos del edificio. Hasta ahora los investigadores siguen tres hipótesis: que se haya tratado de un acto de negligencia cometido por alguno de los empleados que trabajan allí y que debían realizar una limpieza ordenada por la Suprema Corte; que hubiera sido fruto de un robo tipo hormiga con el objetivo de poner en manos criminales esas armas cuyo faltante nadie advertiría hasta que se hiciera un inventario, y la presunta connivencia entre algún empleado del edificio y el o los acusados en las causas penales por las que habían sido secuestradas esas pistolas.

La Justicia aún no pudo establecer cómo fue que esas armas fueron trasladadas desde el depósito del subsuelo hasta el contenedor de la esquina. El fiscal a cargo de la investigación, Matías López Vidal, comenzó a interrogar al personal que trabaja en el depósito y a los funcionarios judiciales que tienen la responsabilidad de los efectos guardados en la "jaula".

Fuentes de la investigación indicaron que se trata de dos pistolas, una Browning 9 mm, número de serie 1123509, y una Leslie calibre .22 con número de serie 231234.

Además del peligro procesal -que las armas cayeran en manos de delincuentes o de los acusados que pudieran tener interés en hacer desaparecer pruebas comprometedoras-, hubo riesgo de una potencial tragedia: la Browning estaba cargada con dos proyectiles intactos.

Al revisar el contenedor, la policía -que intervino tras un llamado anónimo al 911- halló 12 vainas de proyectiles calibre 9 mm y dos cartuchos de escopeta 12/70. Pero había más cosas que no debían haber estado en el contenedor de basura sino el depósito del subsuelo de los Tribunales de San Isidro. Entre las armas, las vainas y los cartuchos, los policías encontraron 50 chapas patente de vehículos afectados a causas penales. Tres de los rodados a los que correspondían esos números de patentes tenían, todavía, pedido de secuestro activo. Esas patentes pertenecen a automóviles modelos 1989, 1992 y 1994.

Según fuentes judiciales, en el momento del hallazgo de las armas entre la basura, el máximo responsable del edificio de los Tribunales de San Isidro era el juez Ernesto García Maañón, que como presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías de dicho departamento judicial tiene a su cargo la superintendencia del edificio.

A partir del hallazgo de las armas y de los otros efectos que debían estar en custodia judicial, fuera de la "jaula", el juez García Maañón realizó la denuncia para esa irregularidad sea investigada.

En los Tribunales de San Isidro se indicó que el recinto de la "jaula" fue escenario de una limpieza en los últimos días para adecuar la instalación a las normas de funcionamiento exigidas por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) bonaerense.

Por tal motivo, los investigadores no descartaban la posibilidad de que algún empleado hubiera arrojado a la basura las pistolas -que supuestamente nadie reclamaría- con el objetivo de cumplir con la resolución del máximo tribunal bonaerense. Sin embargo, el exiguo número de armas debilita esa teoría.

Modificaciones

Entre el 21 de septiembre y el 21 de noviembre, los inspectores de las subsecretarías de Control de Gestión y Control Disciplinario de la SCJ realizaron una serie de observaciones a los responsables de cada departamento judicial del conurbano con el objeto de adecuar la gestión interna a las normas reglamentarias vigentes sobre archivos, efectos, registros, asistencia, sistemas informáticos y visitas carcelarias, entre otras cuestiones administrativas.

La medida se encuadró en un plan integral impulsado desde la presidencia de la SCJ para controlar el servicio de Justicia y mejorar el funcionamiento de los tribunales.

Al revisar el edificio de Ituzaingó 340, los inspectores recomendaron al responsable de la Cámara que reorganizara los espacios usados para archivar expedientes y efectos para su reutilización, la limpieza del material en desuso y la disposición final de los efectos. En ninguna de esas resoluciones figuraba que esa limpieza incluyera la posibilidad de arrojar esos efectos a la basura. Los procedimientos para descartar los elementos que no se utilizarán figuran en distintas resoluciones que se comunican a cada departamento judicial. En cuanto a armas, se debe cumplir con la ley 25.938, que establece que se deben enviar a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex Renar), para que proceda a su registro y destrucción, con el fin de evitar su reingreso al mercado ilegal.

Contrabando de 23.000 municiones

Foto: Prensa Gendarmería

Unas 23.000 municiones de distinto calibre, una pistola de guerra austríaca calibre 9 mm y tres cargadores que estaban ocultos en un doble fondo de un vehículo fueron secuestrados durante un control vehicular realizado por la Gendarmería en el kilómetro 1606 de la ruta nacional N° 12, en Misiones. El conductor del vehículo fue detenido. El operativo estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 13 de Iguazú, quienes detuvieron la marcha de un VW Suran con patente brasileña cuyo conductor, en un primer momento, quiso evadir el control. Los gendarmes advirtieron anormalidades en el piso del vehículo y, al revisarlo, descubrieron la carga ilegal.

Investigan contratos y el manejo de la publicidad en Yacyretá

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
La actual administración descubrió transferencias de fondos durante la gestión kirchnerista a organizaciones sociales que no existían.

ITUZAINGÓ.- Esta ciudad fue bendecida por una naturaleza exuberante. En el subsuelo no hay petróleo ni gas, las dos fuentes primarias de energía más populares de la Argentina, pero en la superficie el río Paraná recorta un terreno verde subtropical y converge en un punto que permitió construir Yacyretá, un gigante de hormigón, acero y tecnología que produce el 14% de la energía eléctrica que consume la Argentina.

Diez meses después de tomar la conducción de esta emblemática empresa (que fue bautizada "monumento a la corrupción" en los años 90, pero hoy es impensable el funcionamiento del sistema eléctrico sin ella), las nuevas autoridades de Yacyretá, la mayor generadora eléctrica del país, aún no consiguen entender la contabilidad del kirchnerismo.

Según Humberto Schiavoni, presidente por la Argentina de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que administra la empresa (la misma estructura se repite del lado paraguayo, dueño de la mitad del emprendimiento), el gobierno de Cristina Kirchner había aprobado para este año un presupuesto de US$ 1432 millones, sin especificar el origen de los fondos, dado que la mayor parte no estaban considerados en ninguna partida presupuestaria. Su gestión redujo esa cifra hasta US$ 583 millones sin bajar el volumen de las inversiones, sino incluso contemplando un plan de crecimiento de la capacidad de generación eléctrica de la central.

Sin fiscalizar

El abismo de un lado y de otro se explica, según Schiavoni -que también es presidente de Pro y define junto con otros miembros del partido del presidente Mauricio Macri el armado político de cara a las elecciones del año próximo-, porque sus antecesores montaron una estructura compuesta por "una multiplicidad de gastos injustificados sin fiscalización". Así lo sostuvo en esta ciudad, en el marco de un encuentro con periodistas de distintas provincias.

Dio algunos ejemplos: la EBY puso unos $ 80 millones en ayuda para unas 12.000 personas. Cuando la nueva gestión quiso identificar a los beneficiarios, la mayoría no se presentó, por lo que el número se redujo a 3500 personas.

También encontró transferencias a organizaciones sociales que debían usar esos fondos para el financiamiento de jardines de infantes y comedores. Cuando la nueva gestión revisó las cuentas, encontró que de 79 entidades declaradas sólo existían 20. Son datos que están en una denuncia penal que la compañía presentó en los tribunales de Posadas. Otra parte del ahorro vino por el recorte de 128 contratos, la suspensión de acuerdos de trabajo con consultoras y el recorte del 75% de la publicidad, una partida que se destinaba en un 90% al diario Tiempo Argentino y al canal de cable CN23 (ambos pertenecían al grupo Szpolski). "Nos encontramos con una organización obsoleta en cuanto a los procesos de gestión", dijo el ejecutivo.

Además del revisionismo, la nueva gestión presentó un plan a futuro. Uno de los puntos contempla la instalación de tres nuevas turbinas en Aña Cuá, uno de los brazos de este complejo hidrológico, con capacidad para generar 275 MW adicionales. La inversión, de US$ 550 millones, permitiría producir tres cuartas partes de lo que hoy aporta la central atómica Atucha I, para poner un ejemplo. Otra iniciativa contempla la instalación de otras tres turbinas que sumarán 465 MW en la propia central, con una inversión de US$ 930 millones.

Para Schiavoni, ambos proyectos dependen de un punto crucial: "Tenemos que ponernos de acuerdo con Paraguay", resumió.

La Justicia encontró camionetas de Báez en un predio de Vialidad provincial

Por Lucía Salinas - Clarin.com
Fue durante los operativos en Santa Cruz ordenados por el juez Casanello. Son unas 20 camionetas de Austral que se encuentran sin logo en un predio del organismo que debía controlar a la constructora.

Vialidad Provincial resguarda camionetas de Austral Construcciones. Foto Maxi Failla.

“Gracias Néstor por el camino recorrido desde 2003”, indica el gran cartel que lleva el logo de Vialidad Provincial al ingresar a Río Gallegos. A un costado de la Autovía “17 de octubre” se encuentra un predio del organismo vial que certificó miles de millones de pesos a favor de Lázaro Báez. Lindante al lugar, el empresario K tiene dos grandes extensiones de tierra en forma de “L” y en una de las esquinas se levanta el galpón de Vialidad, con un perímetro hecho de ladrillos. En su interior la Justicia detectó unas veinte camionetas que no tienen ningún logo, pero según confirmaron fuentes judiciales a Clarín y en función del dominio de cada una, pertenecen a Austral Construcciones.

Unos pocos metros separan a las instalaciones de Austral Construcciones SA (ACSA), principal firma de Báez que obtuvo del gobierno kirchnerista 52 contratos viales por $ 33.800, de uno de los galpones de Vialidad Provincial. El organismo santacruceño fue responsable, según consta en la auditoría de Vialidad Nacional, de firmar certificaciones de obras que “nunca iniciaron” y que en otras ocasiones, “no guardaba relación con el avance de obra”.

Este aceitado mecanismo denunciado ante la Justicia, “comprueba la falta de control y la familiaridad en la relación con Austral”, que permitió que el empresario K pudiera recibir fondos millonarios. Doce años después, el 50 % de las obras quedaron inconclusas y llegó a cobrar sobreprecios superiores al 65 % según la auditoría. Vialidad Provincial -que hoy resguarda camionetas de Austral- fue el comitente de las obras: debía controlar e inspeccionar a Báez.

Con ACSA completamente detenida, sin operar y al borde del quiebre, la Justicia avanzó en el embargo preventivo de su maquinaria tasada en $ 81 millones. Sin embargo, hay gran parte del parque automotor que aún falta tasar y durante los allanamientos realizados sobre 32 nuevas propiedades del empresario K, los efectivos federales encontraron cerca de 20 camionetas, varias de ellas Hilux color blanco, otras grises y también de la marca Chevrolet en el predio de Vialidad Provincial que da la bienvenida agradeciéndole a Néstor Kirchner por las obras viales, casi como una metáfora.

Según confirmaron a Clarín, el dominio de propiedad indica que los vehículos se encuentran registrados a nombre de Austral Construcciones, y fueron adquiridos entre 2012 y 2015. Sin mayores explicaciones, permanecen en un predio de Vialidad Provincial, el organismo que tenía la responsabilidad de controlar a la firma insignia de Báez y que favoreció al dueño de ACSA con "expedientes rodeados de irregularidades", tal como denunció la actual gestión.

Hay que recordar que en la causa que investiga una presunta matriz de corrupción en la obra pública, que terminó direccionando U$S 2.2000 millones a favor de Báez, están investigado varios ex funcionarios de Vialidad Provincial acusados de firmar certificaciones de obra que no correspondían, y no cumplir con las tareas de inspección correspondientes.

Esto posibilitó que el Grupo Austral que ganó el 78,4 % de las licitaciones volcadas en el Sur, cobre por obras que no se realizaron. Además, en la denuncia se señala que personas del entorno y confianza del empresario K ocuparon puestos claves en Vialidad Provincial, como el ingeniero en Jefe que viajaba en el avión privado de Báez.

Respecto al parque automotor de Austral, no es la primera irregularidad detectada por la Justicia. Esta semana se allanó la “Chacra 12” de una hectáreas de superficie, allí hace quince días se observaron al menos 40 máquinas pesadas y camionetas que cuando fueron a allanar, ya habían sido removidas del lugar.

​“Esas máquinas no estaban ni tasadas ni inventariadas y podría haber un embargo sobre las mismas, pero las movieron”, explicaron fuentes de la causa sospechando de “filtraciones de información”. En ese predio sólo quedó un contenedor, una casa prefabricada y dos trailers, todo completamente abandonado.