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miércoles, 24 de mayo de 2017

En busca de un acuerdo revelador

Resultado de imagen para coimerosPor Joaquín Morales Solá - La Nación
El acuerdo en el que el Gobierno trabaja contra reloj con la empresa Odebrecht para que entregue la información sobre los sobornos pagados en la Argentina podría provocar un escándalo político de dimensiones imprevisibles.

El acuerdo deberá estar concluido antes del 1º de junio, plazo en el que vencerá el compromiso de la empresa para mostrar información precisa sobre la trama de corrupción que tejió en Brasil y en el resto del mundo. Después de esa fecha, parte de la información será liberada y, por lo tanto, podría prestarse a la manipulación política. La decisión de negociar un acuerdo con Odebrecht fue tomada personalmente por Mauricio Macri luego de analizar las últimas declaraciones de su aliada Elisa Carrió y de comprobar que no quedaban muchas esperanzas por el camino de la Justicia.

El sábado, todavía en Japón, el Presidente se fastidió por las expresiones públicas de Carrió, quien aseguró que el ex ministro Julio De Vido es protegido por una combinación de intereses que va del Poder Judicial a los servicios de inteligencia y que incluye a empresarios y sectores del Gobierno. En rigor, cuando Carrió señaló a sectores de la administración estaba aludiendo a franjas de los servicios de inteligencia, aunque no incluyó en esa complicidad al jefe de la AFI (ex SIDE), Gustavo Arribas.

Ya de regreso, Macri envió al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a que se reuniera con Carrió, quien le explicó al ministro que el caso Odebrecht en la Argentina necesitaba de una solución política urgente. Peña inició en el acto una gestión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien, a su vez, venía depositando la culpa de las demoras en la acción (o la inacción) de los fiscales comandados por Alejandra Gils Carbó. Gils Carbó puso muchas trabas, debe reconocerse, a cualquier acuerdo con jueces y fiscales brasileños.

Las reuniones del Gobierno, realizadas el mismo lunes, incluyeron a los abogados de la empresa brasileña y a su CEO en el país. La propia Carrió se había reunido la semana pasada con los letrados de Odebrecht, quienes le transmitieron la vocación de la empresa para transferirle al Estado argentino toda la información confiable sobre los sobornos a funcionarios locales. La empresa habría reclamado a cambio poder seguir trabajando en la Argentina y compitiendo en futuras licitaciones. Odebrecht no puede ser investigada ni condenada en la Argentina porque ya lo está siendo en Brasil. Sobre esa base, comenzó a redactarse el acuerdo, que podría ser firmado el próximo viernes.

La información en poder de los funcionarios que negocian el acuerdo con Odebrecht asegura que en los archivos de la empresa no figuran pagos de sobornos al entonces jefe de gobierno porteño Macri ni al actual jefe de los espías, Arribas. En rigor, los pagos se hacían a través de los socios locales a funcionarios del gobierno de los Kirchner, sobre todo a De Vido. Macri fue notificado de que podrían aparecer nombres de familiares o amigos, empresarios argentinos, que hacían las veces de correos entre Odebrecht y los destinatarios finales de los sobornos, que integraban el gobierno de los Kirchner. El Presidente dio la orden de seguir adelante con la negociación y el acuerdo. Ésa es la decisión que Carrió encomió públicamente.

Las últimas declaraciones ante fiscales argentinos del cambista Leonardo Meirelles fueron desacreditadas expresamente por los representantes de Odebrecht. El fiscal Federico Delgado ya lo había hecho de alguna manera. Delgado contó que Meirelles sacó el nombre de Arribas antes de que los fiscales le preguntaran sobre él. Desde ya, los fiscales le preguntarían por Arribas, pero los sorprendió que Meirelles se adelantara a su curiosidad. Al revés, Meirelles calló cuando le preguntaron por De Vido. Sólo hizo confusos gestos, que podrían interpretarse como quien dice: "Ustedes ya saben". Pero no dijo nada. Delgado se mostró públicamente "sorprendido" por la actitud de Meirelles durante el interrogatorio.

Lo único cierto sobre Odebrecht en la Argentina es lo que la empresa informó a la poderosa SEC (Securities Exchange Commission), la agencia norteamericana dedicada a hacer cumplir las leyes federales en los mercados financieros y bolsas de valores. En sus oficinas de Nueva York, Odebrecht aseguró que pagó en la Argentina 35 millones de dólares en sobornos. La otra certeza es que nunca se supo el nombre de los ex funcionarios que cobraron semejante cantidad de dinero. Es la lista que podría conocerse en los próximos días si las actuales negociaciones concluyeran en un acuerdo.

La agitación actual por ese acuerdo surgió luego de que Carrió denunció públicamente el encubrimiento político y judicial que beneficia a De Vido. Es cierto que quien fue el patrón de las obras públicas durante más de una década tiene muchas causas abiertas (sólo 21 fueron iniciadas por la Oficina Anticorrupción o son monitoreadas por ésta), pero también es veraz que no ha tenido mayores sobresaltos en los tribunales. El único caso caricaturesco fue cuando un juez intentó allanar su casa y la Cámara de Diputados tardó más de un mes en autorizarlo. Tuvo tiempo de sobra para sacar cualquier cosa comprometedora. Los allanamientos deben ser sorpresivos o no sirven de nada. Carrió está convencida de que detrás de la impunidad del actual diputado De Vido hay también empresarios que podrían resultar cómplices de él.

Peor: el Congreso está demorando inexplicablemente la ley que autoriza al Estado a confiscar los bienes y el dinero productos de la corrupción y la que también hace responsables penales de la corrupción a las empresas. Hasta ahora, son las personas (dueños y ejecutivos) y no las empresas las que pueden ser perseguidas penalmente. Si esas leyes se sancionaran y se conociera la lista de Odebrecht, entre otros casos de corrupción, serían las empresas locales y los funcionarios argentinos los que deberían sentarse frente a los jueces.

Falta también la voluntad de los jueces. El contraste de la justicia argentina con la brasileña es dramáticamente pernicioso para los jueces locales. Abroquelados en la teoría de que el sistema de garantías argentino es largo y enrevesado, los jueces locales son anestesistas perfectos de las causas penales más renombradas.

El caso Odebrecht, para citar el ejemplo en boga, ya empujó a una confesión pública al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (aceptó que fondos de esa empresa contribuyeron a su campaña electoral), y convirtió en prófugo de la justicia al ex presidente peruano Alejandro Toledo, acusado de haber recibido sobornos por más de 30 millones de dólares de la compañía brasileña.

En ese contexto, se supo que Carrió había sido denunciada por enriquecimiento ilícito por un albañil que cobró 1500 pesos para firmar lo que creyó que era un testimonio a favor de un vecino de nacionalidad peruana. Una copia exacta de esa denuncia fue también presentada por el abogado Mariano Valdez luego de que el albañil se negó a ratificar la denuncia. Carrió vinculó a Valdez con sectores de los servicios de inteligencia que no están bajo el control de Arribas. La maniobra fue detectada por el juez Daniel Rafecas, quien pidió que se abriera una causa para investigar el armado de la denuncia contra Carrió. La investigación cayó en manos del juez Claudio Bonadio, quien conoce en carne propia la traumática experiencia de pasar por una persecución personal en tiempos kirchneristas. Bonadio llegará hasta donde estén los autores intelectuales.

La empresa Odebrecht propone un resarcimiento millonario para mantener los negocios

Resultado de imagen para OdebrechtPor Maia Jastreblansky - LA NACION
Garavano se reunió con el abogado de Odebrecht, quien ofreció pagar una compensación económica.

Como un golpe de efecto político, el Gobierno mantuvo ayer una reunión con Odebrecht para negociar un acuerdo propio. Si bien el Poder Ejecutivo no puede garantizar impunidad ni intervenir en las causas penales, ambas partes mostraron que tienen algo para ofrecer. La empresa, en principio, propuso dar una compensación económica al Estado y destrabar cierta información sobre la maniobra. A cambio, la constructora quiere seguir operando en la Argentina.

Ayer hubo un primer mano a mano entre uno de los abogados que representan a Odebrecht en el país, Guido Tawil, y el ministro de Justicia, Germán Garavano . Hoy habrá una segunda reunión, con la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro.

El acercamiento a Odebrecht fue un pedido directo de Mauricio Macri. El Gobierno buscó así un triple efecto. Primero, aplacar la catarsis de Elisa Carrió, que dijo tener un "profundo cansancio moral" por la falta de avances contra la corrupción. Segundo, seguir erosionando la figura de la jefa de los fiscales, la procuradora Alejandra Gils Carbó, a la que acusó de obstaculizar la resolución del Lava Jato. Tercero, mostrarse "despegado" si los coletazos de la investigación salpican a los propios.

Según fuentes oficiales, ayer Odebrecht le alcanzó al ministro un primer borrador con posibles términos de un acuerdo y una copia del convenio alcanzado con el gobierno brasileño para que sea tomado como ejemplo.

¿Qué puede ofrecer Odebrecht y qué puede brindar el Gobierno a cambio? Según pudo conocer LA NACION, la empresa busca seguir trabajando en la Argentina, tanto en las obras en curso (algunas de ellas de enorme envergadura, como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento) como en licitaciones futuras.

A cambio, ofreció pagar una compensación por daños y perjuicios al Estado nacional, como resarcimiento por las coimas pagadas en el país. Así se evitaría que el Poder Ejecutivo le radique una demanda y podría haber un acuerdo homologado en la justicia civil. Según fuentes oficiales, la cifra de la "multa" estaría cerca del monto de los sobornos que Odebrecht admitió haber pagado en el país: US$ 35 millones.

El gigante brasileño también estaría dispuesto a colaborar con información, aunque todo deberá encuadrarse en la legislación argentina y en el acuerdo madre con Brasil. "El Gobierno exigirá el máximo detalle sobre cuentas bancarias y quiénes fueron las personas. Será importante para que podamos descubrir otras coimas y otros chanchullos", se jactó la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso. Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que los datos serán aportados a los jueces que investigan el capítulo argentino del Lava Jato.

En la Justicia, sin embargo, dudan de que un posible acuerdo entre el Gobierno y Odebrecht ayude a esclarecer las causas. "¿Por qué la empresa facilitaría información si el Poder Ejecutivo no puede ofrecer ni inmunidad, ni penas más leves, ni la ausencia de una persecución penal?", se preguntaba un investigador judicial. Ayer, el fiscal Federico Delgado convocó a la empresa a tramitar un acuerdo bajo el paraguas de la ley del arrepentido.

Mientras tanto, en el Gobierno piensan cómo pueden ofrecerle mejores condiciones a Odebrecht para lograr su colaboración. Por ejemplo, resucitando el proyecto de responsabilidad penal empresaria, que permitiría que la compañía se arrepienta y firme una suerte de "delación premiada" en el país.

Ahora el Gobierno deberá evaluar la oferta. La negociación se prevé larga: mañana el diálogo continuará con Alonso y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

"Necesitamos saber qué pasó con la coima"

El ministro de Justicia, Germán Garavano, se refirió ayer al escándalo por las transferencias de Odebrecht y responsabilizó a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, por la falta de avances en las investigaciones judiciales.

"Son ellos [por la Procuración] los que deberían liderar este proceso, pero la Procuración, más allá del esfuerzo individual de muchos fiscales, no ha puesto empeño ni esfuerzo en la investigación de hechos de corrupción, sino todo lo contrario", señaló Garavano, que profundizó de esta manera la embestida oficial contra la jefa de los fiscales. Garavano se refirió a los pagos irregulares que hizo Odebrecht.

"Necesitamos saber qué pasó con estos 35 millones de dólares de coima que se habrían pagado en nuestro país", dijo el funcionario, que ayer recibió a los abogados de la empresa.

martes, 23 de mayo de 2017

La Justicia descubrió un ardid para armarle causas a Carrió por sus bienes

La diputada nacional, Elisa CarrióPor Hernán Cappiello - LA NACION
Un albañil recibió $ 1500, pero no sabía que la estaba denunciando; el juez Rafecas archivó el caso,

La diputada nacional, Elisa Carrió. Foto: Archivo / Fabián Marelli / LA NACION

La Justicia puso al descubierto un complot para armar una causa contra la diputada Elisa Carrió por sus bienes. Descubrió que le pagaron, con engaños, $ 1500 a un albañil para que firmara una denuncia contra la legisladora y que -por las dudas de que esto no funcionara- presentaron dos denuncias más, calcadas, una de ellas anónima.

El juez federal Daniel Rafecas archivó la causa contra Carrió a pesar de que la fiscal Paloma Ochoa -cercana la procuradora Alejandra Gils Carbó- quería impulsar la investigación. Además, el juez pidió investigar a los que aparecen como artífices de la maniobra contra la legisladora de Cambiemos.

El caso se inició en noviembre del año pasado con una denuncia que presentó un señor Saúl Enrique Paz, en la que decía que la legisladora se había enriquecido de manera ilegal.

Carrió siempre fue una figura incómoda para algunos sectores. El año pasado, a mediados de año, denunció al entonces jefe de la bonaerense Pablo Bressi, hoy fuera de su cargo, y a fin de año se enfrentó con la número dos de la ex SIDE, el organismo de inteligencia, Silvia Majdalani.

En coincidencia con esas batallas políticas se dio esta maniobra que ahora Rafecas puso al descubierto. El juez citó dos veces al denunciante Paz, pero éste nunca fue. En el ínterin se presentó una nueva denuncia contra Carrió, casi calcada, un "copiar y pegar" de la anterior. Esta vez fue presentada por el abogado Mariano Noel Valdez. Rafecas ya tenía una denuncia anterior y la segunda se adjuntó a la primera.

Como el denunciante no aparecía, y para que las causas se inicien es necesario que los denunciantes ratifiquen personalmente, como testigos, lo que pusieron por escrito en la denuncia, el juez mandó a la policía a buscar a Paz.

Y lo trajo a Comodoro Py 2002. Paz es un albañil que hizo la escuela primaria y que a fines del año pasado estaba desocupado. Uno de los amigos con los que jugaba al fútbol, Alan González, le pidió que le saliera de testigo en un juicio laboral y le dio 1500 pesos. Alan González vive en Derqui, en un barrio de inmigrantes peruanos, y siempre viste bien, dijo Paz. "Yo a la diputada Elisa Carrió sólo la conozco por la televisión. Desconozco el contenido de la denuncia y por lo tanto no ratifico la denuncia. Yo nunca tuve la voluntad de denunciarla a Carrió. Yo no sabía que lo que estaba firmando era una denuncia, porque pensé que estaba firmando unos papeles para salir de testigo para Alan."

Dijo que incluso Alan lo trajo a Comodoro Py en su camioneta, le hizo firmar un papel y lo dejó allí para que se volviera a su casa en el ferrocarril San Martín.

El juez analizó el asunto, comprobó que la otra denuncia era un calco de ésta y descubrió que había una tercera, anónima, que fue supuestamente pasada debajo de la puerta de la Fiscalía N° 10, a cargo de Paloma Ochoa, la fiscal de este caso. El juez le dio vista a la fiscal para que opinara si correspondía impulsar la denuncia. Ochoa instó la acción, pero el juez rechazó esa posibilidad y archivó el caso.

Sostuvo que las denuncias "no pueden ser consideradas un instrumento legítimo", pues "se ha demostrado que no responden a alertar a la autoridad acerca de un hecho ilícito, sino más bien a una maniobra presuntamente fraudulenta destinada a generar un estado de sospecha, en este caso, respecto de una funcionaria pública".

El Gobierno abre otra vía para que Odebrecht aporte datos

El Gobierno abre otra vía para que la empresa Odebrecht aporte datos a la Justicia(La Nación) - Ante la dificultad de la firma para acordar con los fiscales argentinos, Garavano le pidió a la constructora que le entregue toda la información a la Oficina Anticorrupción.

El Gobierno abre otra vía para que la empresa Odebrecht aporte datos a la Justicia. Foto: Archivo 

Cuando faltan nueve días para que se levante en Brasil al menos parte del secreto que rodea al capítulo argentino del Lava Jato, la Casa Rosada envió anoche una señal política. Ante las dificultades que afronta Odebrecht para llegar a un acuerdo con los fiscales argentinos, le ofreció a la constructora que entregue toda la información a la Oficina Anticorrupción (OA).

La Casa Rosada busca así disipar las sospechas que rodean al Lava Jato en la Argentina, en particular luego de que una figura clave de Cambiemos, Lilita Carrió, cargó contra todo el espectro empresarial, judicial y político -el Gobierno incluido- por la supuesta protección al ex ministro Julio De Vido.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, se encargó anoche de explicitar la propuesta oficial por las redes sociales. Poco después de las 21, recurrió a su cuenta oficial de Twitter para anunciar que "ante la falta de avances del MPF [por el Ministerio Público Fiscal] se convocó a Odebrecht a dar información a la Oficina Anticorrupción sobre los delitos cometidos en el país".

Poco después, uno de sus voceros puso fecha al eventual encuentro. Dijo que sería mañana, en la sede misma de la OA, a la que fueron convocados los abogados de Odebrecht en el país para que allí entreguen la información que sea posible sobre las coimas por US$ 35 millones que pagó en la Argentina, según reconoció la empresa ante la justicia de Estados Unidos.

Con este gesto, el Gobierno buscó diferenciarse de las dificultades -entre otras, legales y procedimentales- que afrontan los fiscales argentinos abocados al Lava Jato para impulsar la investigación local.

Sin herramientas legales

Tanto el fiscal federal Federico Delgado como el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, dejaron trascender que carecen de las herramientas legales para sellar acuerdos similares a los que Odebrecht firmó en Brasil y Estados Unidos, entre otros países.

Garavano es consciente de esas limitaciones legales. Así se lo transmitió a fines de febrero y principios de marzo a los emisarios de la constructora con los que se reunió en la sede del Ministerio de Justicia.

Odebrecht concentró entonces sus esfuerzos en dos frentes. Por un lado, se reunió con Garavano, en busca de una señal política; por el otro, en la sede de la Procuración General, con quienes investigarán lo ocurrido desde los ámbitos penal y administrativo.

Uno de los abogados designados por Odebrecht en el país, Guido Tawil, les transmitió que la constructora quería ponerse "a disposición" y "colaborar" con la investigación local. Y planteó que la empresa podía destrabar la información que permanece bajo llave en Brasil y Estados Unidos, pero a cambio busca beneficios que le permitieran continuar sus operaciones en el país.

El saldo de esos primeros encuentros, sin embargo, resultó magro para Odebrecht, que corroboró las falencias legales y de coordinación imperantes en Buenos Aires. La legislación argentina, por ejemplo, no cuenta con un régimen de "clemencia" como el que existe para las empresas en Brasil. Es decir, una norma que establezca sanciones penales para las personas jurídicas, pero también les permita reducir su responsabilidad cuando colaboren con la detección y sanción de delitos contra la administración pública.

Dos meses después, Odebrecht dio otro paso en los tribunales federales de Comodoro Py. Por escrito propuso firmar un "acuerdo de colaboración". Pero las respuestas informales que cosechó desde la Justicia fueron desalentadoras. Ahora el Gobierno buscó dar una señal política en la dirección opuesta.

Protagonistas de un posible acuerdo

Germán Garavano - Ministro de justicia - El ministro de Justicia, Germán Garavano, tendió un puente político a la constructora Odebrecht. Ante las dificultades para sellar un acuerdo con el Poder Judicial, le ofreció que aporte toda la información en una oficina del Poder Ejecutivo

Laura Alonso - Oficina anticorrupción - La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, será la anfitriona de la reunión tentativa que se fijó para mañana, en la sede del organismo, para recibir a los abogados de Odebrecht en la Argentina, y obtener los datos que quieran aportar

Sergio Rodríguez - Titular de la PIA - El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, tendió puentes con Odebrecht desde fines de febrero, pero carece de las herramientas legales para llegar a un acuerdo como el que firmó en Brasil la constructora

lunes, 22 de mayo de 2017

Gómez Centurión fue sobreseído por sus dichos sobre la dictadura

El director de Aduana, Juan José Gómez CenturiónPor Omar Lavieri - Infobae.com - olavieri@infobae.com
El ex militar que Mauricio Macri puso al frente de la Aduana había sido denunciado por apología del delito.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Juan José Gómez Centurión por sus dichos acerca de la dictadura militar. El director de Aduana designado por Mauricio Macri, veterano de Malvinas y militar carapintada que apoyó el levantamiento de Semana Santa de 1987 contra el orden constitucional, había sido denunciado por apología del delito.

En el juzgado de Martínez De Giorgi se le sumaron varias denuncias: una realizada por un grupo de legisladores del Frente para la Victoria; otra por dirigentes de Nuevo Encuentro; y una tercera realizada por el abogado Eduardo Jones. En todos los casos se lo denunció porque en el programa "Debo decir", de Luis Novaresio, Gómez Centurión señaló: "Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejar y que había arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento".

El fiscal del caso, Ramiro González, había impulsado la investigación e imputado a Gómez Centurión -quien se encuentra internado por problemas de salud- y Martínez De Giorgi determinó -el 24 de abril pasado- su sobreseimiento. El fiscal no apeló, por lo que la decisión del juez quedó firme.

En su resolución a la que Infobae accedió en fuentes judiciales, Martínez De Giorgi explicó: "El análisis de los hechos denunciados debe partir de la circunstancia de que Gómez Centurión utilizó el espacio televisivo que le dio la entrevista como un medio para opinar sobre un determinado tema. En dicho contexto las frases cuestionadas, se encuentran alcanzadas por la amplia protección del derecho constitucional a la libre expresión de ideas y a la libertad de prensa, propias del régimen democrático y del estado de derecho".

El juez se remitió a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y señaló que el Alto Tribunal "ha otorgado en varios precedentes un amplio alcance al derecho a la libre expresión de ideas y a la libertad de prensa, estableciendo que: 'Entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal… Está claro que la Constitución al legislar sobre libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica" (Fallos 248:291 y 315:1492)'. No desconoce este tribunal que el derecho a la libre expresión no es absoluto y que la Constitución Nacional no asegura la impunidad para quienes a través de los medios de prensa cometan delitos comunes o afecten derechos de terceros".

Martínez De Giorgi explicó que la Corte sostuvo que "ni en la Constitución de los Estados Unidos ni en la nuestra ha existido el propósito de asegurar la impunidad de la prensa. Si la publicación es de carácter perjudicial, y si con ella se difama o injuria a una persona, se hace apología del crimen, se incita a la rebelión o sedición, se desacata a las autoridades nacionales o provinciales, no pueden existir dudas acerca del derecho del Estado para reprimir o castigar tales publicaciones sin mengua de la libertad de prensa… Es una cuestión de hecho que apreciarán los jueces en cada caso" (cita de Fallos 306:1892)".

Luego de referirse a lo determinado por la Corte Suprema de Justicia, el juez analizó lo dicho por el funcionario de Macri: "Adviértase que las frases que se le reprocha haber dicho a Gómez Centurión, tomándolas tanto de forma aislada como en su contexto, no podrían configurar objetivamente ninguna de las hipótesis delictivas que sugieren los denunciantes. En efecto, por un lado, no se observa que la frase mencione un hecho ilícito a cometer ni se identifique a persona o institución alguna a la que habría que dañar. Al mismo tiempo, también corresponde descartar un supuesto de apología de delito, pues tampoco hace defensa o reivindica "delitos" del pasado o a condenados por ellos".

Gómez Centurión fue sobreseído por el juez Martínez De Giorgi, quien en su juzgado tiene una causa parecida en la que fue denunciada -por hechos diferentes- la presidente de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini. Según fuentes judiciales, ese caso se encamina hacia una resolución similar a la que se tomó en el de Gómez Centurión.

Más poder para la oficina que realiza las escuchas: podrá acceder a bases de datos del Gobierno

Palacio de Tribunales
(Infobae.com) - La Corte Suprema y el Ministerio de Justicia firmaron un convenio que permitirá agilizar los procesos judiciales.



La Oficina de Captación de Comunicaciones, que en la actualidad depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, firmó un convenio con el Ministerio de Justicia que ampliará sus facultades y le permitirá concentrar mayor información estatal.

De acuerdo con el convenio, la dirección antes conocida como "Ojota", que realiza las "pinchaduras" legales de teléfono, podrá acceder a datos de la Inspección General de Justicia, el Registro de Propiedad Inmueble y Automotor y bases de datos personales. También se firmaron convenios con la UIF y la AFIP.

La idea es agilizar la Justicia y ayudar en el entrecruzamiento de información. Al centralizar tanta información, los jueces podrán remitirse a una sola oficina del Poder Judicial en lugar de tener que librar oficios a varias dependencias, lo que agilizaría los procesos.

El director ejecutivo de la Oficina de Captación de Comunicaciones, Juan Tomás Rodríguez Ponte, explicó al diario La Nación que "con más bases de datos" se podrá "ayudar mejor a los jueces en la búsqueda de prófugos y en las investigaciones de delitos complejos".

"La idea es agilizar la Justicia y ayudar en el entrecruzamiento de información", señaló en referencia al acuerdo de cooperación firmado por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
(Valeria Real / Ministerio de Justicia)
(Valeria Real / Ministerio de Justicia)
Como parte de la iniciativa se confeccionará un protocolo que dará a los jueces mejores herramientas para investigar delitos económicos y para recuperar bienes de origen ilícito para el Estado.

El protocolo será evaluado por un comité de expertos integrado por los jueces federales Ariel Lijo, Claudio Bonadio y Sergio Torres; los fiscales Carlos Rívolo y Eduardo Taiano; el fiscal de Casación Raúl Pleé, y el camarista de Casación Mariano Borinsky.

Avanza el traspaso de la maquinaria de Báez a Vialidad Nacional

(La Nación) - Los equipos se están reparando para volver a ponerlos en funciones
Vista del playón de Austral Construcciones, donde están depositados los vehículos
Vista del playón de Austral Construcciones, donde están depositados los vehículos. Foto: Archivo / Horacio Córdoba

Aquel imperio de maquinarias viales que perteneció al empresario Lázaro Báez está a punto de empezar a repartirse. Si bien fue en marzo cuando Vialidad Nacional logró que el juez Sebastián Casanello le diera la guarda y el uso de 986 unidades, por estos días recién se está ejecutando aquella orden.

Entre apelaciones y trámites, pasaron un par de meses más. Actualmente, varias máquinas viales que tenían estampado el logo de Austral Construcciones están en un depósito de Vialidad Nacional en Río Gallegos para volver a ponerlas en marcha. Por ahora, hay 89 máquinas que ya están en reparación, aunque en el organismo dicen que sacarán alrededor de 457.

Los abogados de Vialidad obtuvieron una orden judicial que es una suerte de allanamiento continuo y que evita que se tenga que hacer un pedido judicial por cada equipo. Esta instancia, aseguran los funcionarios, facilitó su tarea.

Además de la necesidad de usar las máquinas, había otra razón de apuro. En Vialidad creen que varios equipos fueron canibalizados, es decir, que fueron retiradas algunas piezas con valor en el mercado de las autopartes viales.

En Vialidad ya se puso en marcha la logística. Primero, se acondicionará un depósito en la capital de Santa Cruz. Después, las máquinas que se necesiten para la zona, quedarán allá. El resto, serán trasladadas con carretones, varios de ellos de la propia Austral Construcciones.

Una de las cosas que llamó la atención de los técnicos del organismo vial es que no hay vehículos más nuevos que de 2011. La mayoría de ellos son anteriores. Creen que, desde entonces, no hubo compra de maquinaria nueva. Quizá le cambiaron los tiempos políticos a Báez.

De acuerdo con una auditoría que se realizó en los principales obradores de la empresa constructora, de las 986 unidades que están registradas a su nombre, 459 se encuentran en un buen estado de conservación, otras 206 están en condiciones regulares y 32, directamente están en mal estado.

Gran parte de esta maquinaria sufre un considerable deterioro cuando no se utiliza, de ahí que Vialidad pidiera que se la entreguen.

lunes, 15 de mayo de 2017

Por irregularidades, le sacan una concesión millonaria a Cristóbal López

Por irregularidades, le sacan una concesión millonaria a Cristóbal LópezPor Lucía Salinas - Clarin.com
Es la concesión de la Autopista Riccheri. Vialidad tomó la decisión tras un intervención. La compañía le debe $ 500 millones al Estado. 

Cristóbal López a semanas de perder otro millonario negocio. Foto Pedro Lázaro Fernández.

En poco más de 30 días Cristóbal López perderá un contrato millonario. Se trata de la Autopista Riccheri Ezeiza - Cañuelas, concesión que obtuvo con la empresa Aecsa. En marzo Vialidad Nacional firmó la resolución de intervención ampliada, recuperando el manejo de administración, con un plazo de dos meses para rescindir de forma definitiva el contrato. “Les queda poco más de un mes, aunque apelaron la medida, es una decisión tomada y cada centavo que hoy se mueve en la autopista es rendido y nosotros decidimos su destino”, señalaron fuentes oficiales a Clarín. La deuda reclamada por el Estado en recursos de asignación específica (RAE), un dinero que los concesionarios recaudan en los peajes y deben transferir a Vialidad Nacional, asciende a $ 500 millones. La firma se defiende señalando la imposibilidad por años de actualizar el costo tarifario.

“Ya apelamos, pero cuando nos notifiquen de la rescisión volveremos a apelar porque el que incumplió fue el Estado que desde 2005 no nos permitió actualizar las tarifas”, dijeron a Clarín desde el entorno de Cristóbal López ante la inminente pérdida del contrato que le significó al grupo empresarial el manejo de la Autopista. AECSA está compuesta por Esuvial que es dueña en el 70 % de las acciones y está constituida por CPC (constructora de López) en un 99,12% y Fabián De Sousa en el restante 0,08%. La sociedad arrastra una antigua y millonaria deuda que el Grupo se niega a pagar y es la razón por la que insistieron una vez más ante la Justicia aunque no lograron impedir que el negocio tenga fecha de vencimiento.

Ante "permanentes irregularidades", primero le quitaron al empresario K el manejo de administración de la Autopista Riccheri Ezeiza-Cañuelas. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) -dependiente del Ministerio de Transporte-, firmó a mediados de marzo la resolución de la intervención ampliada, nombrando a Roberto Pérez Vierira al frente del manejo del millonario negocio que rescindirá en un mes el Gobierno.

En la actualidad, Vialidad tiene el poder de administración de la autopista. "Todo el dinero recaudado es rendido y el Estado decide cómo se invierte en obras, se hicieron algunos arreglos y se analiza emprender trabajos en la segunda calzada en Ezeiza", explicaron fuentes del organismo a Clarín. A pesar de que la cuenta regresiva para que López pierda el millonario negocio comenzó, desde la compañía del empresario K replican con críticas que llegan a la gestión de Cristina Kirchner: "Es como la gestión de los Kirchner que estatizaban las compañías, y ahora hacen los mismo y quieren sacarnos la concesión", soltó con ironía uno de los hombres de confianza de De Sousa.

La disputa con el empresario K inició cuando asumida la actual gestión de Javier Iguacel frente a la DNV rechazó un trámite prácticamente finalizado que dejó la gestión kirchnerista: a fines de 2015 Gustavo Gentilli ex director del Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi) firmó la ampliación de la concesión hasta 2031. Las autoridades de Vialidad, investigadas por corrupción en la obra pública, no llegaron a rubricar esto y el ministerio de Transporte decidió intervenir la autopista y rescindir el contrato.
Por irregularidades, le sacan una concesión millonaria a Cristóbal López
Autopista Ezeiza-Cañuelas, un negocio millonario que en breve perderá Cristóbal López. Foto Maxi Failla.

La ampliación era “injustificada y estaba llena de irregularidades” -según fuentes oficiales- e iba a generar ingresos a favor de López, por $ 5.500 millones. En contraposición, la concesionaria posee deudas por multas e infracciones respaldadas con 69 actas de incumplimientos por $ 500 millones.

La principal deuda es lo que en Vialidad describen como “una maniobra similar a la de Oil Combustibles”. La firma no pagó durante el gobierno de Cristina Kirchner el impuesto a las transferencias de combustibles (ITC) generando una deuda con la AFIP de $ 8.000 millones, dinero que la Justicia sostiene utilizó para financiar firmas del holding.

En el caso de la autopista, lo que no se pagó fue el RAE, dinero que los concesionarios recaudan en los peajes y deben transferir a Vialidad Nacional. “El dinero lo usaron para pagarle a los accionistas, se financiaron ellos mismos y sólo una pequeña parte fue a obras”, señalaron fuentes del organismo vial a Clarín.

Entre las irregularidades que se tuvieron en cuenta para dar de baja al contrato que se oficializará en un mes, se encuentra la cantidad de multas que se aplicaron a la empresa no pueden -por ley- superar el 20% de la garantía que se colocó en el contrato, “y a la fecha el acumulado pendiente de multas impagas es de más del 400%“. El Gobierno analiza si relicitará la concesión cuando ya no la tenga Cristóbal López a quien el año pasado el dieron un contrato por $ 1.570 millones para una ruta que le quitaron a otro conocido del kirchnerismo: Lázaro Báez.

domingo, 14 de mayo de 2017

Asignarán $ 500 millones para terminar dos cárceles

El ministro Gustavo Ferrari recorrió las obras en CampanaPor Gustavo Carabajal - LA NACION
El Gobierno aportará fondos a Buenos Aires para finalizar los penales de Lomas de Zamora y Campana.

El ministro Gustavo Ferrari recorrió las obras en Campana. Foto: Ministerio de Justicia bonaerense

El gobierno nacional asignará una partida de $ 500 millones para terminar dos cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que permitirá aliviar la situación de exceso de ocupación en los penales provinciales. Los fondos se destinarán a obras en cárceles situadas en Lomas de Zamora y Campana.

Según fuentes oficiales, los ministros de Justicia de la Nación, Germán Garavano y de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari , firmarán mañana el convenio de asignación de fondos que se girarán en cinco cuotas.

Resultado de imagen para cárcel  Lomas de Zamora y CampanaEstá previsto que la primera obra se entregue dentro de un año y la segunda, en los próximos 24 meses. La terminación de las obras en las cárceles de Campana y de Lomas de Zamora ampliará en casi 600 plazas la capacidad de los penales bonaerenses, que hasta el momento tienen 36.000 internos detenidos en cárceles con algunos problemas de infraestuctura.

Allí serán derivados los internos alojados en comisarías del conurbano y en otros penales del Gran Buenos Aires donde la capacidad de ocupación está casi al límite. También está prevista la derivación de algunos internos alojados en comisarías de la policía bonaerense.

Fuentes oficiales indicaron que el convenio forma parte del programa impulsado por el Ministerio de Justicia de la Nación, denominado Justicia 2020 que tiene como "objetivo mejorar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de su libertad para que impacten en la readaptación de esos presos".

Otro de los fundamentos del convenio fue el hecho de que, a partir de la desfederalización de investigaciones penales por tráfico de drogas, se incrementó notablemente la población en el sistema carcelario bonaerense.

Desde que la justicia provincial comenzó a instruir causas por narcomenudeo los penales bonaerenses empezaron a recibir detenidos que, anteriormente, eran alojados en cárceles federales. Según fuentes del SPB, actualmente hay más de 3000 internos alojados en cárceles bonaerenses con procesos penales por tráfico de drogas.

Tres mil presos más

Ese cambio de jurisdicción de los casos de narcomenudeo impactó de forma positiva en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde bajó la cantidad de detenidos debido a que en las cárceles nacionales sólo eran alojados los acusados de integrar grandes bandas de traficantes, mientras que los procesados por los denominados "quioscos de droga" fueron derivados a los penales del SPB, donde se incrementó notablemente la población de internos.

En la actualidad hay 36.000 presos alojados en 55 cárceles de la provincia de Buenos Aires. La mayoría de ellos están distribuidos en penales del conurbano, como Florencio Varela, Lomas de Zamora, Ituzaingó, José León Suárez, Campana y Mercedes.

La necesidad de firmar el convenio también se fundó en la ley de emergencia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria para el territorio bonaerense que fue prorrogada por la gobernadora María Eugenia Vidal a partir de la sanción de la norma 14.866.

En esa ley se estableció un plan de obras para mejorar las condiciones de detención de los internos alojados en los penales provincial con el objetivo de que puedan favorecer la resocialización, a partir de elevar la calidad de vida y la habitabilidad de los calabozos.

jueves, 11 de mayo de 2017

Denuncian sobreprecios en contratos por la difusión del Mundial

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Por Alan Soria Guadalupe - LA NACION

Según la OA, la maniobra también alcanza a otros torneos.


La Oficina Anticorrupción (OA) presentará hoy una denuncia penal que plantea la existencia de presuntos sobreprecios en el pago de los contratos que permitieron a Radio y Televisión Argentina (RTA) transmitir el Mundial de fútbol 2014 y otros torneos realizados entre 2012 y 2015.

Según la denuncia, a la que accedió LA NACION, hay pruebas que "acreditarían pagos excesivos en los derechos televisivos que impactaron de manera directa en el patrimonio de RTA". La maniobra, indicó el organismo, recaería en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La fundamentación del escrito que se presentará ante la Cámara Nacional en los Criminal y Correccional Federal se basa, puntualmente, en los montos acordados a la hora de firmar los contratos entre 2012 y 2015 y las cifras que se pagaron por convenios de transmisión de la Copa América Centenario (CAC) y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ambos realizados en 2016, que fueron significativamente más bajos que los anteriores.

A modo de ejemplo, la denuncia detalla que para la transmisión de esos dos eventos deportivos del año pasado se pagaron US$ 2,5 millones, mientras que los contratos de los torneos anteriores la cifra fue considerablemente mayor: para el Mundial 2014 se pagó US$ 19 millones; para la Copa América 2015 y el Campeonato Sudamericano de 2013, US$ 8,6 millones, y para los Juegos Olímpidos de Londres en 2012, US$ 2,5 millones. En total, más de US$ 30 millones.

Además, el escrito hace hincapié en el ingreso de fondos que hubo por publicidad en comparación al dinero acordado en los contratos -siempre antes de 2016-, que evidencia un déficit millonario. El retorno de dinero tras la transmisión del último Mundial fue de US$ 1,32 millones; para la de la Copa América 2015 y el Campeonato Sudamericano de 2013, U$S 2,54 millones, y para los Juegos Olímpicos de 2012, US$ 1 millón.

En cuanto a los torneos de 2016, el ingreso fue de US$ 3,2 millones, unos US$ 700.000 más que lo acordado.

La denuncia de la Oficina Anticorrupción es el resultado de una investigación promovida por el ministro del Sistema Federal de Medios y Contenidos Publicos, Hernán Lombardi, que pidió evaluar las contrataciones que vinculan a RTA con Torneos y Competencias International y ESPN SUR SRL y que fueron rubricados -depende el caso- por el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex titular de RTA Tristán Bauer.

"Quienes contrataron por los precios que se consideran sobrevaluados podrían haber actuado de otra manera, buscando precios de referencia de torneos similares y, con la colaboración de las gerencias técnicas, proyectar un estimativo del retorno que en publicidad era esperable por cada evento", reza la denuncia.

domingo, 30 de abril de 2017

El Gobierno construirá más cárceles y duplicará el espacio para los detenidos

El Gobierno construirá más cárceles y duplicará el espacio para los detenidosPor Ignacio Ortelli - Clarin
Hoy hay una 11 mil plazas federales. Pretende llevar el número a más de 20 mil para antes del final del mandato de Macri. Cerrarán viejos penales y mejorarán las condiciones de detención para evitar que los jueces liberen presos por falta de lugar.


Foto: Devoto. El penal, en un principio de incendio de este año. El oficialismo prefiere cerrar sus puertas.

"Anoche me puse a ver televisión y me enganché con una serie. Creo que se llama 'El Marginal'. ¿Esa es la situación de nuestras cárceles?". Impresionado por la crudeza de la tira de Sebastián Ortega, que cuenta la historia de un policía que se infiltra en un establecimiento penitenciario para encontrar y liberar a una joven que fue secuestrada, el Presidente inquirió a las autoridades del Ministerio de Justicia que habían llegado con carpetas con información y datos para afrontar el "examen" de gestión al que se somete cada ministerio en las reuniones mensuales de seguimiento en Casa Rosada. 

Como la realidad en los penales es tan amplia, no obtuvo ni un "sí" ni un "no" contundente, sino matices. Por ejemplo, alguien le dijo que no existía tal connivencia entre el director del penal y los detenidos. Nadie se animó a decirle que, en algunas cárceles, la situación de hacinamiento era peor. Con todo, al cabo de esa reunión que se realizó meses atrás, Mauricio Macri encomendó avanzar en un plan de reforma integral del Servicio Penitenciario Federal que tiene como eje central la renovación de las unidades y la construcción de nuevos módulos: la intención es que para 2020 se haya duplicado la capacidad para alojar detenidos.

El plan de construcción de penales, que elaboró el equipo del ministro de Justicia Germán Garavano y ya fue aprobado por el jefe de Gabinete Marcos Peña, responde a uno de los 100 objetivos de gestión que trazó Presidencia de la Nación para modernizar el servicio penitenciario y mejorar la situación de los reclusos. Y contempla que a fines de 2019 haya más de 20 mil lugares de detención, con una meta aún más ambiciosa, como política a largo plazo: en 2023, siempre que se cumpla con el proyecto, la capacidad será de 24.328 plazas. Para los próximos años, la inversión prevista supera los $7.500 millones.

En el Gobierno admiten que, a partir de las reformas que se impulsan en materia penal en el Congreso, la población carcelaria crecerá en los próximos años. Y quieren evitar que jueces garantistas liberen delincuentes peligrosos en virtud de las malas condiciones de detención que ofrece el sistema. "No queremos quedar en la encerrona de 'cárcel para todos' ó 'todos libres' al que nos quieren empujar desde distintos sectores. Y tenemos que garantizar que las cárceles sirvan para reinsertar a las personas que delinquen", explican.

En la actualidad, según cifras oficiales del Ministerio de Justicia, la capacidad de alojamiento es de 11.124 detenidos. Las cárceles federales no tienen la magnitud de problemas de hacinamiento que se registra en los penales provinciales, pero están al límite. Y a eso se suma que varios establecimientos deberán ser desafectados en los próximos años, por cuestiones socioambientales, especialmente los que se encuentran en los centros urbanos. El caso emblemático es el de la cárcel de Villa Devoto, cuyo cierre es un reclamo histórico de los vecinos y fue pedido expresamente por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta a la Nación.

El Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene capacidad para 1.714 internos, en principio -tal como se había anunciado durante el gobierno de Cristina Kirchner, iba a ser reemplazado por el Complejo Agote, una nueva cárcel en Mercedes, pero la obra se demoró y ahora el Ministerio de Justicia negocia junto a la Ciudad de Buenos Aires la construcción de un nuevo penal en Marcos Paz. La intención es que para 2019 esté construida y que, una vez trasladado el último preso, la cárcel pase a manos de Ciudad para su demolición. 

A Marcos Paz se le sumará otro penal grande en Ezeiza: se construirá un nuevo gran módulo dentro del Complejo Penitenciario Federal I, que podrá alojar unos 3600 detenidos y está previsto que se inaugure, al menos en forma parcial, a mediados de 2019. Y otro similar se levantará en Junín, en un terreno que cederá el Ejército. Ambos serían costeados a través de programas de participación público-privada. En los próximos meses estarían listas las licitaciones.

El plan alcanza unas 20 obras, con nuevos establecimientos en cada región, para cumplir con los reclamos de las organizaciones de derechos humanos que consideran que los reclusos deben estar detenidos . En el Centro, se construirán dos cárceles federales, en La Pampa (Santa Rosa) y en Córdoba -sería en Oliva, a unos 100 kilómetros de la capital-; en el NOA habrá en Salta y Jujuy; en el NEA la idea es abrir unidades en Corrientes y Chaco (evalúan Resistencia pero buscan alternativa por si el intendente Jorge Capitanich pone trabas); en el Litoral, habrá en Santa Fe y en Coronda; y en Cuyo ya se gestiona con el gobierno de Mendoza una nueva cárcel en Cacheuta.

La provincia de Buenos Aires es un caso aparte. Hoy en Provincia hay unos 35 mil reos y en muchas unidades se registran graves casos de hacinamiento, ya que la capacidad es de apenas 27 mil plazas, situación que motivó a la María Eugenia Vidal a implementar un plan global de reforma penitenciaria que prevé un desembolso para la construcción de cárceles de $10 mil millones para los próximos diez años. En el Gobierno admiten que la población carcelaria bonaerense está integrada por una porción de presos "federales", situación que derivó en negociaciones con el ministro de Justicia Gustavo Ferrari: Nación evalúa asistir con un crédito de unos 750 millones de pesos a la provincia sólo destinados a infraestructura penitenciaria.

miércoles, 26 de abril de 2017

Más sospechas sobre Gils Carbó: alquiló otro edificio que nunca usó

Más sospechas sobre Gils Carbó: alquiló otro edificio que nunca usóPor Nicolás Wiñazki - Clarin.com
Está en Corrientes al 1600. Por un semestre de 2015, la Procuración pagó $ 6,5 millones. Sin ocuparlo, luego lo dejó.

Corrientes 1615. Ahí está el edificio del presidente de Racing que la procuradora alquiló seis meses.

El expediente es oficial. Tiene un nombre de razón indescifrable para quienes no son expertos en las nomenclaturas de la burocracia: “A 9005/2015”.

Pero dice bien grande en su primera página de dónde proviene: “Ministerio Público. Procuración General de la Nación”. Y su “Asunto” se comprende mejor: “En relación a dos contratos de locación de inmuebles en vigencia”. Alguien agregó un escrito a mano más especifico aun: “Corrientes 1615-CABA”. Se trata de un nuevo legajo relativo a resoluciones en el rubro inmobiliario ordenadas por la Procuradora General, Alejandra Magdalena Gils Carbó, jefa de todos los fiscales del país. 

La funcionaria está imputada en una causa judicial en la que se la investiga por posible corrupción generada gracias a la compra del edificio en el que hoy funciona la sede central de su organismo. Clarín accedió a un nuevo legajo que vincula a Gils Carbó con posibles desmanejos irregulares de millonarios fondos públicos, destinados, esta vez, no a la adquisición de un inmueble, si no al sospechoso alquiler de un edificio de 8 pisos que se usaría para que funcionen allí nuevas fiscalías. No pasó. Lo segundo, lo primero, sí. 

El Estado pagó por ese alquiler 6.580.000 pesos, correspondientes al lapso entre julio del 2015 y enero del 2016. Pero nadie trabajó allí, jamás. La Procuración pagó un alquiler millonario, financiado con fondos públicos, para nada. Fue una “renta fantasma”.

Según la carpeta gubernamental “A 9005/2015“, la Procuradora avaló la renta de una propiedad ubicada en Corrientes 1615.

Clarín confirmó la información con fuentes de la Procuración que estaban al tanto del tema. Pero también gracias al testimonio del propio dueño del inmueble. Se llama Víctor Blanco Rodríguez, es presidente de Racing Club y empresario hotelero de relevancia: “Me postulé para la licitación del alquiler de ese edificio de Corrientes 1615, sí, es mío”, le explicó Blanco Rodríguez a Clarín, y agregó: “Tenía dos posibilidades. Una era alquilárselo al Consejo de la Magistratura, La otra fue la que elegí y aun hoy lamento: que lo alquile la Procuración General de la Nación. Nadie lo usó, después me dieron de baja el contrato”.

A la “renta fantasma” autorizada por Gils Carbó, se le sumó a esta trama otra resolución enigmática.

Sin que nadie de la Procuración usase al edificio de Corrientes 1615, se resolvió que se comprarían los muebles que había en esas oficinas. Costaron 203.000 pesos.

El presidente de Racing, Blanco, es el propietario de Corrientes 1615, mediante una de sus sociedades comerciales llamada VBR Group. El empresario ratificó que cobró por el alquiler por su edificio, contó que nadie usó, y confirmó también que la misma Procuración le compró los muebles por alrededor de 200.000 pesos.

¿Por que Gils Carbó autorizó el alquiler de un edificio que la Procuración no usó? ¿Y por qué se compraron los muebles del lugar? 
A esta última pregunta no hay respuestas oficiales.

Entre las diferentes acciones resolutivas y explicaciones internas que constan en el expediente administrativo hay acciones que generan más preguntas que, aun, no tienen respuestas.

La Procuración no sólo pagó un alquiler de 940 mil pesos mensuales por un edifico que nadie usó. Además ofreció abonarle alquileres por adelantado a Blanco. Así quedó asentado en una “addenda” al contrato. Ese adelanto de rentas correspondía a los primeros meses del 2017 iba a tener un costo de 3.574.511 pesos. Blanco niega haber cobrado esa plata. Dice que la Procuración le avisó que dejaba de alquilarle su edificio “mediante un telegrama”.

El 17 de diciembre del 2015, el contador Jorge Argüello, funcionario de la Procuración, aseguró en un documento oficial que “La Sra. Procuradora General” lo “autorizó” a “ejecutar el Plan Anual de Compras y contrataciones correspondientes” al 2015. En ese marco se concretó la “renta fantasma” de Corrientes 1615.

El 26 de febrero del 2016, la propia Gils Carbó decidió terminar con ese alquiler. Pero no porque su organismo nunca ocupó el edificio de Corrientes 1615, si no porque -argumentó- el presidente Mauricio Macri había suspendido la implementación de nuevo Código Procesal Penal.

Pero esa no había sido la razón por la que la Procuración alquiló esa propiedad, según la adjudicación de la operación que consta en el Boletín Oficial. La diputada Elisa Carrió había denunciado varias de las posibles irregularidades en las operaciones inmobiliarias de la PGN en su pedido de juicio político contra Gils Carbó.

Paula Oliveto, una de las legisladoras que trabajó junto a Carrió esos temas, le aseguró a Clarín que “es gravísimo que la Procuración haya pagado por un edificio que no usó”. Y agregó que la intención de pagarle alquileres por adelantado al dueño de ese inmueble va en contra de Ley de la Administración Nacional.

Alejandra Magdalena Gils Carbó hizo carrera en el fuero comercial. Conoce de contratos y operaciones financieras e inmobiliarias. Mucho.

domingo, 23 de abril de 2017

Los millonarios contratos de Gils Carbó Propiedades

Los millonarios contratos de Gils Carbó PropiedadesPor Nicolás Wiñazki - Clarin.com
El Ministerio Público, a cargo de Alejandro Gils Carbó, pagó por adelantado un contrato de alquiler de más de 22 millones e hizo cuantiosos gastos en reformas. No se controló la gestión.

El viernes empezó a funcionar en forma plena un órgano institucional que jamás lo había hecho desde que fue creado por ley, hace diecinueve años. Se trata de la Comisión Bicameral del Congreso que debe controlar las acciones del Procurador General de la Nación, o sea, el ente al que debería rendirle cuentas el jefe de todos los fiscales federales de la República Argentina. Ese organismo “debutó” con la convocatoria exitosa a la funcionaria que le da su razón de ser, la actual Procuradora, Alejandra Magdalena Gils Carbó.

Acechada por la Justicia, las denuncias de la prensa y la oposición, la jefa de los fiscales debió admitir que es posible que una inversión multimillonaria que realizó su gestión hace cuatro años pueda haber sido el eje de una trama delictual.

La operación bajo sospecha es la compra de la propiedad de una mansión en Perón 667, hoy la sede del Ministerio Público Fiscal. Es el edificio en el que Gils Carbó trabaja desde hace cuatro años. Por esta historia la jefa de los fiscales está imputada y será llamada a indagatoria en una causa judicial.

Clarín confirmó en base a informes de legisladores de la Coalición Cívica que le pidieron el juicio político a la Procuradora; y al chequeo de documentación pública de la Procuración, que hay otros edificios que Gils Carbó compró en nombre del Estado, alquiló y hasta remodeló varias veces sin razones lógicas o arquitectónicas; y sobre todo, sin que otro organismo estatal controlara cuánta dinero público gastó en esas tareas. El “caso Gils Carbó” recién empezó.

El primero que denunció las irregularidades de Gils Carbó en el Poder Judicial fue el fiscal Guillermo Marijuán. La causa en la que la Procuradora está imputada -rumbo a ser llamada a declaración indagatoria- es instruida por el fiscal Eduardo Taiano. El juez es Julián Ercolini. El expediente investiga por qué el hermano del subprocurador Guillermo Bellingi cobró una comisión extraordinaria (por lo alta) para el mercado de los martilleros por hacer de supuesto “gestor” de los vendedores de la mansión de Perón 667, en la que vivió la familia Bemberg, fundadora de la cervecería Quilmes.

Los millonarios contratos de Gils Carbó Propiedades
Perón 667: en 2012, la jefa de los fiscales adquirió este edificio por 43 millones de pesos. Lucía Merle

Hasta el viernes pasado en el que se hizo presente en el Congreso, Alejandra Magdalena Gils Carbó era irreductible y no se dejaba controlar por casi nadie.

Por ley, los gastos y el accionar legislativo de la Procuración General de la Nación deben ser estudiados por la Auditoría General de la Nación (AGN). Pero Gils Carbó puso trabas desde asumió en su cargo para evitarlo.

Es paradójico, teniendo el cuenta el nombre de la agrupación K para el Poder Judicial que ella fundó con nombre idealista: “Justicia Legítima”. El control de la AGN sobre la PGN está legitimado por la Constitución Nacional.

Según datos del propio Ministerio Público Fiscal, Gils Carbó manejó, desde el 2013 hasta el 2015, presupuestos anuales que en total sobrepasan los 7.500 millones de pesos.

Además del edificio de Perón 667 -por el que ya está imputada en la Justicia- hay otros ejemplos de manejos discrecionales de presupuesto público en el mercado inmobiliario sospechosos para los denunciantes de la jefa de los fiscales.

En un informe de la Coalición Cívica sobre el juicio político que se le podría abrir a Gils Carbó, se consigna que mediante la resolución 4201/15 del organismo de esa funcionario se determinó la renovación del alquiler de un edificio que la Procuración utiliza hace muchos años. Está ubicado la calle Tucumán 966. La renta de ese inmueble estaba pactada en 625 mil pesos mensuales. Pero el total del alquiler, dice el informe repitiendo la información de la Procuración, es de $ 22.500.000.

Los millonarios contratos de Gils Carbó Propiedades

La Procuración pagó $22.500.000 por adelantado por el alquiler del edificio de Tucumán 966. Martin Bonetto

Matemáticas son matemáticas: $ 22.500.000 dividido doce meses da una renta mensual de $1.875.000.

Más allá de esa diferencia, que la Auditoría General de la Nación no podrá estudiar, ¿por qué se adelanta el alquiler de un inmueble del Ministerio Público Fiscal?

Clarín detectó además gastos en el edificio central de la Procuración General, el de Perón 667, por cifras millonarias o de cientos de miles de pesos, que tienen que ver con remodelaciones arquitectónicas o mantenimiento de equipos; o compras de insumos tecnológicos, o de trabajo.
Por ejemplo: la construcción de una Sala de Usos Múltiples (SUM) en el edificio de Perón 667; la renovación de sus cocheras; el recambio de alfombras y ascensores; o la instalación de aires acondicionados; o cientos de aparatos telefónicos.

Además de esos items, quizás transversales a los organismos públicos del Estado, se destaca en la gestión de Gils Carbó una licitación para comprar 100 “sillones gerenciales”; y “200 sillas operativas”.

El empleado de Gils Carbó bajo sospecha tenía acceso a datos y causas por lavado de dinero
Para esa adquisición, se movió un expediente el 30 de marzo pasado. El costo de la compra de esos elementos de oficina, se estipuló en un millón setenta mil pesos.

Se trata de una compra mayorista, por lo que el fabricante o proveedor de esos sillones y sillas podría rebajarle el precio al Estado para vender sus productos. En la calle, o por la web, comprar 100 sillones gerenciales de buena calidad; y 200 sillas operativas, tiene un costo aproximado de 800 mil pesos.

La legisladora de Coalición Cívica Paula Oliveto le explicó a Clarín que “Gils Carbó maneja las cuentas de la Procuración de forma discrecional y sin rendir cuentas. Eso provoca que su gestión termina cargada de irregularidades que, en algunos casos, también pueden devenir en delitos”.

Y agregó “El alquiler de inmuebles que hizo y hace la Procuración también son posiblemente irregulares, además de conformar un manejo pero absolutamente anti-económico de los fondos del Estado”. Oliveto aseguró que personas que militan en el kirchnerismo son quienes resultaron beneficiados con las rentas de sus propiedades a la Procuración.

Hay un caso muy gráfico sobre los alquileres sin justificación -en los papeles al menos- que ordenó financiar Gils Carbó. La Procuración pagó millones de pesos durante meses por la renta de un edificio entero: sus oficinas nunca fueron ocupadas por nadie. Las de ningún piso.

Esa otra historia sobre este mismo caso. Ya se revelerá. Pronto.

Apartaron al jefe de la Policía de la Ciudad

Potocar asumió en enero como jefe de la Policía de la CiudadPor Gabriel Di Nicola - LA NACION
El comisario José Potocar es investigado en una causa por corrupción. Potocar asumió en enero como jefe de la Policía de la Ciudad. Foto: Archivo 

El primer jefe de la flamante Policía de la Ciudad fue suspendido anoche de forma preventiva. La decisión fue tomada por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, luego de conocer que el comisario José Potocar fue alcanzado por una investigación iniciada por presuntos hechos de corrupción en la comisaría 35a.

La decisión fue confirmada en un comunicado oficial. No fue nombrado un reemplazante porque Potocar está por ahora suspendido hasta que se aclare su situación procesal en una causa seguida por el fiscal José María Campagnoli.

De todas maneras, las autoridades de la Ciudad sintieron el impacto de tener que apartar en estas circunstancias al jefe designado en enero pasado.

"El Ministerio de Justicia y Seguridad informa que el gobierno dispuso la suspensión preventiva del jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, para preservar una investigación judicial en la que está mencionado", se informó anoche en un comunicado. Tras ser apartado Potocar de la Jefatura de la Policía de la Ciudad, la conducción de la fuerza porteña continuará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Marcelo D'Alessandro, según se informó en el comunicado de prensa.

En esa información oficial se detalló que la decisión, adoptada por medio del decreto 139/17 del jefe de gobierno porteño por recomendación del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, preserva el principio de inocencia de Potocar y se adopta hasta tanto se resuelva su situación procesal.

"La suspensión de Potocar se producirá hasta tanto se clarifique y resuelva su situación procesal, con el objetivo de preservar el principio de ética y transparencia en el ejercicio de la función pública en la órbita de la Ciudad y garantizar el correcto desarrollo de las investigaciones judiciales", se explicó en el comunicado.

Para las principales autoridades porteñas significó un golpe duro la salida, por ahora transitoria, del hombre que había sido elegido para conducir la unificación de una parte de la Policía Federal con la Policía Metropolitana. La visión en los despachos oficiales apunta a que cualquier cuestionamiento judicial sobre los actuales conductores policiales hace referencia al pasado cercano, pero no implica la existencia de actos de corrupción en el actual sistema de seguridad porteño.

Más allá de las explicaciones oficiales, la suerte de Potocar pareció estar resuelta tras una allanamiento concretado este mes en la sede de la Policía de la Ciudad. Entre las exigencias judiciales apareció el pedido de entrega del legajo de Potocar. Todo olfato político sintió que algo podía explotar pronto y muy cerca.

La investigación

La causa tomó velocidad en septiembre del año pasado, cuando el fiscal Campagnoli pidió la detención del comisario Norberto Villarreal, jefe de la comisaría 35a. En noviembre pasado el juez de instrucción porteño Luis Farías hizo lugar al pedido del Ministerio Público fiscal, pero desde ese momento Villarreal está prófugo.

Se sospecha que en la comisaría había una asociación ilícita que desde la comisaría 35a extorsionaba a comerciantes de Núñez y Saavedra a cambio de una seguridad "privilegiada". También se investiga si dejaban trabajar a los "trapitos" a cambio de dinero.

En ese momento, Potocar era jefe de la Dirección General de Comisarías. Estaba directamente por encima de todos los comisarios con mando en las seccionales. Hace 24 días fue detenida Susana Aveni que llegó a ser comisario inspector de la Policía Federal Argentina.

Un uniformado que trabajaba en esa seccional declaró como testigo. Contó que ciertos comercios aportaban en forma periódica y sistemática grandes sumas de dinero exigidas por el comisario [Villarreal]. Y que parte de la recaudación de la «caja negra» era distribuida a órganos superiores, como la Circunscripción VII (que encabezaba Aveni), la Dirección General de Comisarías -que para los investigadores figura en un manuscrito secuestrado como DGC- y la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal.

"Se han podido comprobar el espurio pago que era recibido a contramano de los mandatos legales y, además, las evidentes contraprestaciones que brindaba la cúpula de la comisaría 35a. para garantizar la perpetuidad de sus ingresos", explicó Campagnoli en su dictamen donde pidió la detención de Villarreal.

El año pasado, en un allanamiento en la comisaría 35a. se secuestró en la oficina de Villarreal un cuaderno en el que había anotaciones hechas a mano; según los investigadores, era el registro de la distribución de la recaudación ilegal. Uno de los apodos consignados hacía referencia a Aveni. Cuando comenzó la investigación, Susana Aveni era la jefa de la Circunscripción VII. Tras el traspaso del área de Seguridad Metropolitana de la Federal a la órbita porteña, se convirtió en comisionada mayor y quedó a cargo del Departamento de Narcocriminalidad de la Policía de la Ciudad.

En la causa ya están procesados el sargento 1° Adrián Otero, el cabo Alejandro Malfetano, el sargento Sergio Ríos y el suboficial escribiente Marciano Quiroga. El subcomisario José Alberto Codaro, al igual que Villarreal, está prófugo.

A principios de mes fueron detenidos el comisario Marcelo Stefanetti y el subcomisario Hernán Kovacevic. Hasta su detención, Kovacevic prestaba servicios en la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal y Stefanetti se desempeñaba en el área de Comando y Control de la Policía de la Ciudad. Stefanetti fue procesado por el juez Farías. El magistrado decretó la falta de mérito de Kovacevic. Ahora el escándalo de la recaudación ilegal en comisarías rozó, al menos, a Potocar.

Un escándalo que afectó a varios oficiales

  • La investigación sobre un posible sistema de corrupción policial llevada adelante por el fiscal José María Campagnoli provocó varios dolores de cabeza para las autoridades porteñas, que observan como oficiales importantes de la nueva fuerza de seguridad caen frente los testimonios y pruebas tomados en ese expediente que se sustentó alrededor de los negocios descubiertos en la comisaría 35a.
  • La suspensión preventiva del comisionado José Potocar tiene su impacto por tratarse del jefe de la recientemente creada Policía de la Ciudad, pero otros oficiales quedaron antes en la mira de la Justicia. La comisionada Susana Averi fue arrestada el mes pasado. Era la jefe de Narcocriminalidad de la Policía de la Ciudad. Pero la causa que la tiene como procesada es parte de la herencia recibida por la nueva fuerza. El año pasado Averi era la jefa de la Circunscripción VII de la Policía Federal. También fue arrestado el comisario Marcelo Stefanetti, integrante del Comando y Control de la fuerza porteña. También por actos previos a la fusión de los 19.300 agentes de la Policía Federal con los 6000 efectivos de la Policía Metropolitana.

sábado, 22 de abril de 2017

La Justicia le prohibió a Báez abrir un concurso de acreedores

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
La Cámara de Apelaciones le cerró la puerta al empresario para sanear sus cuentas y mantenerse como proveedor del Estado; fuertes críticas al "manejo desprolijo"

Confirmado. Austral Construcciones no podrá abrir el concurso de acreedores como pretendía desde el año pasado. Por el contrario, la Justicia desnudó múltiples irregularidades contables y registrales que la principal constructora de Lázaro Báez acumuló durante años, sin que esas falencias conllevaran sanciones o le impidieran sumar contratos multimillonarios de obra pública durante la década kirchnerista.

La Justicia le prohibió a Báez abrir un concurso de acreedores foto: Archivo La decisión la tomó la sala E de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, que en un fallo unánime de sus tres miembros criticó ayer el "manejo desprolijo" de la constructora y le cerraron la puerta a las esperanzas de Báez de lograr que la Justicia lo ayudara a sanear sus cuentas y mantenerse como proveedor del Estado, para lo cual incluso había pedido que le designaran un coadministrador.

La Justicia le prohibió a Báez abrir un concurso de acreedores. Foto: Archivo.

Esa "insólita pretensión" de abrirse a una coadministración, planteó la Cámara, "resulta sorprendente". ¿Por qué? Porque "es llamativo que el presidente de la sociedad comercial (por Martín Báez) haya reconocido su dificultad para garantizar transparencia de su gestión empresarial".

Los camaristas remarcaron en esa línea, por ejemplo, la salida de casi $ 147 millones de las cuentas de Austral Construcciones durante los últimos años en violación a la legislación comercial, sin que los Báez dieran "una explicación convincente" sobre los motivos o cómo ocurrió esa fuga.

Esos millones, añadió la Cámara, representan alrededor del 165% de lo que alcanzaba el patrimonio neto" durante 2016 de la constructora, que venía de afrontar "enormes pérdidas" durante los dos años anteriores, es decir, mientras Báez comenzaba a afrontar sus primeros problemas penales por sus vínculos hoteleros e inmobiliarios con los Kirchner y la llamada "ruta del dinero K".

La Cámara convalidó, así, el fallo de primera instancia que la jueza María José Gigy Traynor firmó el 22 de diciembre pasado. Rechazó el pedido de abrir el concurso de acreedores porque la información aportada era "deficiente, imprecisa y poco transparente", lo que impedía conocer la verdadera "situación patrimonial" de Austral Construcciones.

Báez sabía que corría el riesgo de toparse con la negativa antes de presentarse en Tribunales, al punto que uno de los abogados a los que convocaron se negó a patrocinar esa intentona, según reconstruyó LA NACION. Pero, aún así, avanzó por esa senda y a principios de noviembre presentó la petición formal con la firma de Martín Báez, su hijo mayor, en la que incluso planteó que afrontaba problemas de "claro tinte político".

Menos de dos meses después, la jueza enumeró 16 "irregularidades o incumplimientos" y le rechazó la pretensión de la constructora, cuyos abogados apelaron al considerar que se basó en "presunciones arbitrarias" y emitió múltiples "cuestionamientos retóricos sin fundamento".

En su fallo de ayer, sin embargo, los camaristas Miguel Bargalló, Ángel Sala y Hernán Monclá confirmaron la resolución de la jueza, que calificaron como "medulosa y fundada", y basada en un "proceder elogiable".

¿Por qué? Porque no hizo más, estimaron, que actuar con "mayor cautela al analizar la situación societaria y patrimonial" de la constructora dados los problemas penales y las sospechas que se ciernen sobre los Báez.

En esa línea, los camaristas coincidieron en que los Báez ni siquiera informaron con precisión cuál es el activo ni el pasivo de Austral Construcciones, ni qué porcentaje de participación accionaria mantiene en otras empresas, ni precisaron tampoco cómo interviene en algunas unidades transitorias de empresas (UTE).

La jueza Gigy Traynor había expuesto, por ejemplo, la inconsistencia de los Báez al estimar el pasivo de Austral Construcciones. Por un lado, los Báez dijeron que la constructora que arrastraba deudas por $ 1575 millones, pero la suma de lo reclamado por todos los acreedores que informaron sólo llegaba a los $ 590 millones. Es decir, una diferencia de $ 975 millones.

Más irregularidades

La jueza también detectó falencias en el informe de Austral sobre sus empleados. Presentó dos listas en los que incluyó, remarcó Gigy Traynor, "un gran número de trabajadores (que) aparecen duplicados, indicándose remuneraciones diferentes para el mismo período", además de 20 empleados en Misiones, donde "la sociedad no tendría actividad económica en dicha provincia ni poseería bien alguno".

La Cámara expuso, además, numerosos incumplimientos que surgen de la documentación societaria desde 2012, mientras que registró problemas por otros $ 453,9 millones que los Báez se comprometieron a aportar a la constructora, "pero que no llegaron a ser capitalizados por la sociedad". Esos fondos, según dijeron en el entorno de Báez a LA NACION, equivaldría a la operatoria que pasó por el fondo suizo Helvetic Services Group.

Ahora, los abogados de Austral deberán evaluar los pasos a seguir y si, como anticiparon, recurren e intentan llevar a la constructora de Báez, por primera vez, hasta la Corte Suprema.

viernes, 21 de abril de 2017

Por lavar U$S 60 millones, Lázaro Báez podría pagar una multa de U$S 600 millones

Por lavar U$S 60 millones, Lázaro Báez podría pagar una multa de U$S 600 millonesPor Lucía Salinas - Clarin
El juez Casanello cree que ese es el monto de las operaciones ilegales. Por ley, el castigo puede multiplicarlo por diez. Por lavar U$S 60 millones, Lázaro Báez podría pagar una multa de U$S 600 millones.

Lázaro Báez afrontaría una multa millonaria por lavado de dinero. Foto DyN.

En una semana la familia Báez comenzará a ser indagada por los movimientos de dinero por sumas millonarias, en el exterior. La cifra aproximada que analiza la Justicia por la que deberá responder el empresario kirchnerista preso hace un año, ronda los 60 millones de dólares. Esto significa que la multa por lavado de dinero por la que debería responder Lázaro Báez- en caso de comprobarse las maniobras investigadas por el juez Sebastián Casanello-, podría ser de 600 millones de dólares. El valor lo determina la ley que a su vez sostiene que la cifra -10 veces el monto del dinero lavado-, no es negociable bajo ningún aspecto. Así, todo su patrimonio quedaría comprometido.

La Ruta del Dinero K se compone de diversas maniobras y circuitos utilizados para el lavado de activos. La primera operación que le significó un procesamiento por este delito al dueño del Grupo Austral, implicó una suma de 33 millones de dólares. Para esto se utilizó a Helvetic Services Group - empresa controlante de la financiera SGI conocida como "La Rosadita"-, que reingresó al país desde Suiza, a través de bonos de la deuda argentina. El dinero se depositó en las cuentas de Austral Construcciones, firma insignia de Báez quien reconoció la recepción del dinero, pero buscó justificarlos como "una operación lícita".

No es la única operación bajo sospecha. Recientemente la Confederación Helvética confirmó al juzgado de Casanello, 139 operaciones por un total aproximado de 20 millones de dólares, vinculadas al entorno del empresario K. Las transacciones se hicieron con las empresas SGI y Marketing and Logistic Managment SA. Los responsables de las cuentas corrientes bancarias, tal como informó Clarín, fueron Fabián Rossi, con firma autorizante y los directores de la financiera, Eduardo Castro y Gustavo Fernández. Operaron con los bancos suizos PKB Privatbank y el J. Safra Bank, y el movimiento de dinero está asociadas “a las cuentas de la familia Báez” en dicho país. Esto condujo al magistrado a citar a ampliación indagatoria a los cuatro hijos del dueño del Grupo Austral.

La Justicia está determinando, y a la espera de más documentación proveniente de Suiza si parte del dinero de estas últimas operaciones se cruzan con los 33 millones de dólares iniciales, pero las fechas de las operaciones no se superponen.

En paralelo, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) informó que hubo 25 transacciones por un total 9.314.874 de dólares, de distintas cuentas bancarias tanto de Estados Unidos como de Liechtenstein y Suiza vinculadas a Helvetic -una vez más-, entre septiembre de 2008 y junio de 2014 (este último año está fuera de lo investigado en la causa que abarca hasta 2013). A estas cifras se suman pagos de comisiones por 900.000 euros que recibió el responsable de Helvetic -Néstor Ramos.

La suma que estudia la Justicia en la actualidad, es estimativa y contempla también movimientos de dinero en España y en Estados Unidos, países a los que el juez ya libró exhortos para conocer el detalle bancario. El número general por el que deberá responder Lázaro Báez ahora rondaría los 60 millones de dólares, según pudo saber Clarín. Lo más cercano a los 55 millones de dólares que Leonardo Fariña dijo en su momento, que había movido por orden del empresario K.

De comprobarse todas y cada una de estas maniobras, el socio comercial de Cristina Kirchner podría afrontar una multa que por ley, es de dos a diez veces el valor de dinero que se blanqueó. La Justicia iría por el máximo: es decir 600 millones de dólares, lo que comprometería todo su patrimonio y más.

Báez ya tiene un embargo trabado de $ 800 millones en la Ruta del Dinero K. Su patrimonio que entre 2005 y 2016 se incrementó un 12.127 %. El Tribunal de Tasación de la Nación (TTN), en un trabajo emprendido por el fiscal Guillermo Marijuan, determinó que sólo en propiedades tiene 200 millones de dólares. No descartan que la suma se incremente porque no se estipuló aún, el valor de todas las empresas que tiene el dueño de Austral Construcciones.
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