Fadea K: advierten desvíos de fondos por $300 millones y la Justicia espera datos de AFIP para imputar a exfuncionarios

Por José Busaniche - Perfil.com

La investigación que inició la fiscal López de Filoñuk ya tiene cuatro cuerpos. Una ex presidente de la empresa señala desvíos millonarios de fondos.

FAdeA fue objeto de años de administración kirchnerista durante los cuáles las deudas se acumularon pero los aviones no se fabricaban. Foto:Cedoc Perfil 

En marzo de 2016 la fiscal federal Graciela López de Filoñuk inició una investigación de oficio tras algunas declaraciones de la entonces presidenta de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones), Cristina Salzwedel que alertó sobre el alarmante cuadro de situación en que había quedado la fábrica tras las administraciones kirchneristas. Una auditoría señalaba un déficit de $1400 millones para el año 2015, un plantel sobredimensionado para la realidad productiva de la compañía y había fuertes sospechas de desvíos de partidas presupuestarias. 

Casi un año y medio después de los primeros requerimientos de información la investigación de la fiscal López de Filoñuk avanzó y ya cuenta con cuatro cuerpos, aunque aún aguarda información sensible que se pidió a la AFIP para tener un cuadro de situación completo antes de avanzar con posibles imputaciones contra los ex funcionarios que dirigieron la fábrica durante la administración k. El foco está puesto en el período que se inicia con la reestatización de la empresa, en 2009, hasta la finalización de la etapa k, en diciembre de 2015. Además de los informes de AFIP la Justicia cuenta con documentos de auditorías que iniciaron las autoridades de Cambiemos que presidieron la empresa, balances, contratos y las actas de directorio del período investigado. “Yo le he pedido mucha información a la AFIP, desde abril del año pasado. Me han enviado información pero el último envío fue de diciembre del año pasado. Me falta lo último para realizar un pronunciamiento”, señaló López de Filoñuk a PERFIL CORDOBA. 

En la mira. Las presidencias de Raúl Argañaraz (2010-2013) y de Matías Savoca (2013-2015) son las que están en la mira de la Justicia y en particular del primero de ellos, una gestión de la que surgen las mayores inconsistencias e irregularidades en el manejo de la empresa que tiene su sede sobre la avenida Fuerza Aérea, según advierten varias fuentes. Además de la investigación que lleva adelante López de Filoñuk, Raúl Argañaraz también está siendo investigado por el juez Ercolini en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. En paralelo, el Ministerio de Defensa de la Nación presentó información a la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso sobre el estado de situación en que quedó la fábrica cordobesa y los posibles actos de corrupción alrededor de su funcionamiento. 

“A Argañaraz se le perdieron $300 millones”. Cuando la administración de FAdeA cambió de color político una de las primeras personas en denunciar las irregularidades que se advertían fue Cristina Salzwedel, dirigente radical riojana y del riñón del por entonces ministro de Defensa Julio Martínez. 

En diálogo con este medio la ex funcionaria (dejó la presidencia el año pasado en manos del actual titular de la empresa, Ércole Felippa) señaló que “la por parte de las administraciones de FAdeA fue la de Argañaraz. Si uno revisaba los contratos, los antecedentes, era claramente desde ahí que arrancaba el desmanejo desproporcionado, de una manera ilógica. Yo creo que hubo corrupción. Una planta que se sobredimensionó de tal manera, con 1600 empleados, y que no fabricaba aviones en serie. 

A Argañaraz se le perdieron $300 millones. Él recibió distintas partidas a lo largo de su gestión y hubo $300 millones que no estaban plasmados en repuestos, en pagos, ni en ningún lado. Fondos del Ministerio de Defensa. Ese faltante se detectó por una auditoría de Fabricaciones Militares. Asume Savoca y nadie dijo nada, hicieron la vista gorda. No es poquito, no son 1500 pesos, se perdieron $300 millones. Se desviaron $300 millones y nadie sabe a dónde. Espero que la Justicia avance porque FAdeA fue uno de los principales nichos de corrupción en Córdoba y usada como caja política del kirchnerismo”. 

Salzwedel también señaló que había fondos que eran inconsistentes y no tenían relación con el trabajo específico que se debería realizar en  la fábrica de aviones. Un ejemplo fueron las partidas que llegaban para la realización de obras y plazas en el marco de programas de Responsabilidad Social Empresaria, pero inconsistentes mirando los números y la realidad de la planta. “Encontramos un programa de RSE que era bastante difícil explicar, de cuadrar los montos destinados a eso con las compras hechas”, contó. 

Auditoría reveladora. La auditoria que encaró el año pasado la gestión de Salzwedel a Deloitte detalla, entre otros aspectos, que mientras el número de ingenieros pasó de 201 en 2010 a 269 en 2015, la cantidad de aviones producidos por la fábrica en ese lapso de tiempo se mantuvo constante: 0. Ese mismo trabajo da cuenta de que la empresa pasó de perder $150 millones en 2013 a $212 en 2014 y luego $1498 millones al final de 2015, aunque desde la empresa las autoridades actuales creen que ese “salto” se explica porque en los años previos se dibujaron los balances y se fue ocultando la pérdida, que finalmente apareció acumulada en el último año del Gobierno de Cristina Fernández. 

Quisieron comprar 80 helicópteros. La compra de un helicóptero a la empresa China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC) es una novela en sí misma de la que se conocen algunos capítulos, pero otros no. El año pasado trascendió que esa compra se hizo de forma directa, que el helicóptero no vuela y que como los manuales estaban en chino tuvieron que traer a una joven china para que oficie de traductora. La joven tradujo, los operarios montaron el helicóptero y luego la ciudadana china formó pareja en Córdoba, tuvo un hijo e incluso le dieron un puesto en la FAdeA K. Hasta ahí el dato de color. Lo más complicado era que, según distintas fuentes que reprodujeron la maniobra, el entonces presidente de la empresa Raúl Argañaraz viajó a China con intención de comprar decenas de helicópteros, en el marco de un negocio atado a un curioso contrato: “Argañaraz viajó a China y quiso comprar dos helicópteros. Cuando él vuelve con el contrato el directorio no se lo aprobó. Le aprobó uno sólo. Compró un helicóptero como si hubiera comprado un par de zapatos”, contó Salzwedel. “El helicóptero costó entre US$5 y US$6 millones porque venía con un paquete de transferencia de tecnología. Pero no puede usarse. Puede volar en el espacio aéreo de FAdeA, pero no está homologado, no está certificado. Y el problema es que en el contrato con la empresa china había una clausula que disparaba la compra de otros 80 helicópteros si a ese helicóptero se lo homologaba”, detalló una fuente de FAdeA. Hoy el helicóptero está guardado en un hangar, parcialmente desmontado. 

Motores sin aviones y servicios inflados. Otro ejemplo del desmanejo de la empresa lo certifican las compras excesivas de insumos, piezas y partes que no se ajustaban a un programa productivo en marcha. Un caso concreto fueron los 22 motores comprados a la empresa Honeywell que fueron encontrados embalados en cajas y que debían montarse en aviones Pampa, pese a que no se produjeron aviones. “Nos encontramos con 22 motores Pampa de US$ 1,8 millones cada uno. No había necesidad de comprar 22, no se necesitaba eso en el marco de la actividad que tenía la empresa, esas compras no se justificaban. Uno de los problemas que tuvimos es que no se habían terminado de pagar, había una deuda de US$ 2,7 millones y encima había una orden de compra de otros 6 motores más que la empresa proveedora quería mandar”, graficó un directivo actual de la planta. 

Además de esas compras sobredimensionadas otro aspecto que genera dudas son los costos por los servicios que distintas empresas cobraban a FAdeA. La actual gestión relicitó todos los servicios y dos años después bajaron los precios hasta un 40% para servicios como catering, seguridad o limpieza. 

Contratos bajo análisis, compras sobredimensionadas y deudas impagas. De los informes y auditorías internas se desprenden algunos casos emblemáticos que dan cuenta del desmanejo que se ejecutó en FAdeA durante los años de las administraciones kirchneristas. Algunos ejemplos de contratos observados: 

-Helicóptero Z 11 Catic de China. Durante la presidencia de Argañaraz se compraron dos helicópteros con intención de un nuevo plan productivo para FAdeA. El directorio aprobó sólo uno. La compra generó un gasto de US$ 5 millones. Actualmente no se usa y no está homologado. Una cláusula en el contrato de esa compra activaba la adquisición de otros 80 helicópteros. 

-Aviones GROB: FAdeA compró directamente 10 unidades (nunca fue autorizada por el Directorio) cuyo destino es el entrenamiento de los pilotos de la Escuela de Aviación Militar. El contrato fue de 21,7 millones de euros (quien no pagó nada por el servicio y tampoco hubo contrato). Sólo funcionan 7 aviones.

-22 Motores para aviones Pampa. Se encontraron embalados en cajas 22 motores para aviones Pampa. Pero durante las gestiones k no se fabricaron unidades de ese modelo. Cada motor costó US$1,8 millones. Había otra orden de compra por otros 6 motores que fue desactivada por la actual gestión de la empresa. 

-Software de VATES. Se analizó un contrato con la empresa cordobesa VATES para el desarrollo de un software para Control y Planeamiento de Producción. Un informe detalla que “No se encontraron documentos que detallen el riesgo que se corría en el Proyecto de KC-390 si no se encargaba el desarrollo de este software a medida”. 

Un pedido de secreto en Washington y varios nombres comprometidos

Por Nicolás Wiñazki - Clarin

Odebrecht. La Justicia de EE.UU mencionó ante los jueces argentinos a Ben(Aysa); el ex vice ministro Feletti;  Sánchez Caballero (Iecsa) y a Jorge “Corcho Rodríguez

El primero en hablar fue un afroamericano, importante subsecretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, según sus siglas en inglés). Fue seco, pero firme y claro: la información que se obtuviera en el curso de la reunión que acababa de empezar debía ser manejada en forma confidencial.

Explicitó que la documentación sobre las coimas pagadas por Odebrecht en Argentina, que las autoridades judiciales estadounidenses intercambiarían con los jueces, fiscales y funcionarios de nuestro país que estaban allí presentes, no tenía que filtrarse. Mucho menos tolerable, remarcó, sería que se intentara usar a esos datos para buscar un posible rédito en la política local. Todos asintieron.

Todos, entre los que se cuentan también a los anfitriones, eran muchas personas. Alrededor de veinte. Lo saben los cuadros diplomáticos, los agentes de Inteligencia: un secreto empieza dejar de serlo cuando se lo cuenta frente a tantos testigos.

Clarín pudo reconstruir parte de la reunión sobre el caso Odebrecht que se realizó el martes 11 en el Robert Francis Kennedy Building, sede del poderoso DOJ, un edificio que se levanta con la potencia de una mole griega en Washington. Algunos de los nombres de la causa Odebrecht mencionados en ese encuentro coinciden como imputados o personas bajo sospecha en las causas judiciales sobre la constructora brasileña que ya se iniciaron en la Argentina. Otros, no. 

Clarín pudo reconstruir, en base a fuentes que conocen la trastienda de las pesquisas norteamericanas sobre el caso, que los nombres mencionados el martes 11 en la reunión que reconstruye en parte esta nota fueron, los del el ex titular de Aguas Argentinas (AYSA), Carlos Ben; el del ex asesor de Odebrecht en Buenos Aires, Jorge “Corcho” Rodríguez; el del ex titular de Nación Fideicomisos y ex viceministro de Economía, Roberto Feletti; y del ex gerente general de la constructora IECSA, Javier Sánchez Caballero.

La empresa IECSA perteneció a la familia Macri e hizo negocios con Odebrecht financiados con fondos públicos durante la gestión de los Kirchner. El presidente Mauricio Macri asegura que en ese momento él ya no tenía acciones de la compañía, que su primo, Ángelo Calcaterra, terminó vendiendo.

El primer mensaje que los funcionarios norteamericanos les transmitieron a las autoridades argentinas fue una buena noticia para la Casa Rosada. Uno de los miembros del DOJ les aseguró a sus visitantes, casi como si fuera un comunicado oficial, que el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, está en los Estados Unidos desvinculado de las causas Odebrecht. Su nombre no figura en los documentos de los investigadores. Arribas había sido denunciado por un financista brasileño, vinculado a Odebrecht, de haber cobrado supuestos fondos ilegales desde Brasil. Fue sobreseído rápidamente en los tribunales.

Los funcionarios norteamericanos fueron tan enfáticos en despegar a Arribas de este caso, que dos de los fiscales presentes que habían insistido con ese tema se pusieron incómodos. Fueron el fiscal Franco Picardi. Y Sergio Rodríguez, titular de la Procuradoría de Investigaciones Administrativas. Los dos son afines a la agrupación K del Poder Judicial, llamada “Justicia Legítima”.

La comitiva argentina que fue recibida por el DOJ la integraban, entre otros, los jueces federales Daniel Rafecas, Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi y Sebastián Casanello y sus secretarios. Y funcionarios de la Oficina Anticorrupción, de Laura Alonso.

La reunión fue organizada por integrantes del Ministerio de Justicia. Y por el de Seguridad. Tras la reunión, hay ex funcionarios K más comprometidos que antes en las causas Odebrecht que se tramitan la Argentina.

El ex titular de Nación Fideicomisos, Roberto Feletti, por ejemplo, ya tiene un pedido de indagatoria realizado por el fiscal Federico Delgado en un dictamen rotundo relativo a cómo fue que Odebrecht, gracias a ventajas notables que le dio el Estado, construyó una planta potabilizadora de agua que tenía un presupuesto primario de $ 2.293.323.243,33. Pero que creció a $ 5.150.390.531,94.

Feletti desmintió las acusaciones en su contra. En Washington desconfían de él. En el mismo caso, también Delgado pidió la indagatoria del ex titular de AYSA, el organismo la empresa que conducía Carlos Ben.

El juez Ramos investiga el posible pago de coimas que, según el relato de “arrepentidos” juzgados por Brasil, tuvieron como destinatarios al entorno del ex ministro K Julio De Vido, hoy diputado. Esos pagos estarían vinculadas a la venta de la empresa Transener a Electroingeniería. En Washington hay material de ello.

Respecto a Sánchez Caballero, el ex gerente de IECSA también está investigado en Argentina por su rol en los contratos por el soterramiento del Sarmiento.

Las fuentes consultadas coincidieron, todas, en que uno de los nombres más mencionados en la reunión de Washington fue el de “Corcho” Rodríguez. El juez Daniel Rafecas, por ejemplo, investiga la construcción de gasoductos que realizó Odebrecht y se habría interesado en Rodríguez. Y, sobre todo, en Feletti y su papel en “Nación Fideicomisos”.

Jorge Rodríguez desmintió haber sido “valijero” de Odebrecht. Dice que solo fue su asesor. En Washington no piensan igual.

La información sobre los supuestos “coimeados” por Odebrecht, recolectada por el Departamento de Justicia, es concreta y precisa. Buena parte de la misma se considera probada como cierta por la Justicia norteamericana. La Argentina no conoce todos los datos sobre el caso que están bajo resguardo de los investigadores de los Estados Unidos.

Río Turbio: Planificación gastó $ 300 millones en un "tren fantasma"

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

Según una auditoría, el proyecto turístico, que jamás funcionó, estuvo plagado de irregularidades graves

Foto: Archivo / Soledad Aznarez

El Ministerio de Planificación gastó más de $ 296 millones entre 2014 y 2015 en la fallida restauración del tren turístico de 22 kilómetros que jamás funcionó entre Río Gallegos y una estancia privada, pero que acumuló todo tipo de irregularidades administrativas y posibles delitos, según surge de una auditoría que ordenaron las nuevas autoridades del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT).

Esa auditoría, que ya se entregó a la Justicia, expuso que no hay registros de cómo y en qué se gastaron decenas de millones de pesos, falta documentación presupuestaria y contable, y varios documentos que sí se recuperaron se encuentran antedatados, posdatados o fueron fechados en días feriados, como el 1 de enero o el 1 de mayo. También detectaron pagos millonarios sin firmas autorizadas o que se autorizaron con un simple e-mail. Conclusión: esas contrataciones serían nulas.

El malgasto de fondos públicos también abarcó sobreprecios del 48 al 79% en ciertos rubros, como así también implicó gastar $ 14,3 millones en una inhallable "campaña comunicacional" de "promoción" nacional e internacional del "tren histórico Eva Perón", y casi $ 1,1 millón más en su "inauguración", 15 días antes de las elecciones presidenciales de 2015, en las que Alicia Kirchner compitió por la gobernación de la provincia de Santa Cruz.

La entonces candidata participó en ese acto, que incluyó para las fotos una locomotora a vapor que se encontraba "reparada", pero "sin terminar", según la auditoría. Detectaron que estaban "inconclusos los sistemas de lubricación, de frenos, de alimentación de carbón y eléctrico", pero que aun así se montó sobre un tendido ferroviario que tampoco estaba terminado.

Redactada por un ex integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Horacio Pernasetti, y el consultor Miguel Arancio Guzmán -quien este año asumió una subgerencia en YRCT-, la auditoría se completó en julio de 2016. Desde entonces, algunos extractos salieron a la luz, pero nunca se expuso el cuadro completo de los cientos de millones de pesos que se destinaron al "convenio marco Puesta en Valor del Ramal Ferro Industrial Eva Perón, Material Rodante e Infraestructura Complementario".

Ese "convenio marco", firmado en julio de 2014 por el subsecretario Roberto Baratta, considerado la mano derecha de Julio de Vido, derivó en la firma de 71 "convenios específicos" con tres puntales: la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), su Facultad Regional Santa Cruz (FRSC) y el satélite de esta, la Fundación Facultad Regional Santa Cruz (FFRSC). De ese modo se presupuestaron $ 707,3 millones, de los que se llegaron a facturar casi $ 300 millones. Y ese dinero es el que terminó bajo sospecha.

Esa misma operatoria entre el ministerio, YCRT, la universidad y diversas empresas, pero ampliada a todo el espectro de Río Turbio, dominó las noticias durante los últimos diez días, cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió la indagatoria, el desafuero y la detención de De Vido, lo que rechazó el juez federal Sergio Rodríguez. Para De Vido, las acusaciones por Río Turbio son un invento, "una suerte de confabulación mediática y política impulsada por Mauricio Macri, Elisa Carrió y Germán Garavano", dijo.

Por lo pronto, la auditoría sobre el tren expuso múltiples falencias: "En YCRT no se encontraron planos del proyecto completo del Tren Histórico Eva Perón, ni de su recorrido, no existen datos sobre el grado de avance de las obras, ni un detalle de las ejecuciones", según consta en la copia íntegra de ese informe que obtuvo LA NACION. Pernasetti y Arancio Guzmán alertaron, en particular, sobre varios ejes:

Se destinaron cerca de $ 200 millones a "construcciones de terraplenes, durmientes, colocación de rieles, construcción de un andén y remodelación de una estancia, todas realizadas en una propiedad privada sin la existencia de actos administrativos o expropiaciones o convenios de uso del suelo con los titulares de la estancia KilliK Aike", una propiedad privada.

Casi todos los convenios "se firmaron sin respetar el presupuesto de la obra y sin superar la suma de $ 13.600.000" porque ese era el máximo que el interventor de YCRT podía autorizar en forma directa. Cuando un presupuesto superaba esa cifra, abundaron, se dividía en cuantos convenios fuera necesario para que cada uno de ellos quedara por debajo de ese monto límite.

Se firmaron dos convenios para una "promoción y campaña comunicacional" nacional e internacional por un total de $ 14,3 millones, pero "no hay informes ni constancias de productos entregados por lo que no está claro cómo se cumplió o que bienes y/o productos generó por el pago efectuado".

Todos los gastos vinculados al "tren histórico" se hicieron sin informes de imputación presupuestaria, ni dictámenes de las áreas administrativas o legales. ¿Cómo se autorizaban entonces esos gastos? "Se hacía de forma informal mediante correo electrónico", que enviaba personal del ministerio con la participación de Baratta, desde Buenos Aires.

Por el contrario, remarcaron los auditores, el equipo responsable del sector "vías y obras" de YCRT radicados en Río Gallegos, "que tenía competencia directa sobre el complejo ferroviario Río Turbio a Punta Loyola, nunca fue consultado ni tuvo participación en el diseño, planificación o ejecución de la obra".

Múltiples facturas se pagaron con la firma de personas que no estaban autorizadas para ordenar esos pagos, "sin firmar", con rúbricas que "no se pudo identificar", entre otras irregularidades.

Así, estimaron Pernasetti y Arancio Guzmán, "surge con claridad que se usó un contrato de supuesta cooperación técnica entre YCRT, el Ministerio de Planificación y la FRSC - UTN a través de la (Fundación de la Facultad Regional Santa Cruz), para eludir las normas de contratación de bienes y servicios vigentes para los entes de la administración pública, incluyendo la propia UTN".

¿Quiénes participaron en la operatoria sospechada? Baratta y otro funcionario del Ministerio de Planificación, Jaime Álvarez, los responsables de la UTN, su regional santacruceña, la fundación vinculada a esa regional y varios jerárquicos de YCRT. Entre ellos, su entonces interventor, Atanacio Pérez Osuna, el coordinador general, Miguel Larregina, su esposa y responsable de la delegación Buenos Aires, Marta Pérez, y el gerente de explotación, Fernando Lisse.

Para Pernasetti y Arancio Guzmán lo ocurrido en Río Turbio bajo la órbita De Vido fue "un accionar, ilegítimo y arbitrario que amerita la realización no solo de sumarios administrativos para deslindar responsabilidades, sino también la promoción de denuncias a los fines de investigar la posible existencia de delitos".

El avión en el que viajó Lázaro Báez el día de su arresto será usado por la Policía Federal

(Infobae.com) - Podrá ser utilizado para el traslado de personal o detenidos

El avión privado que utilizó Lázaro Báez el día que fue detenido tras aterrizar en el aeropuerto de San Fernando en abril de 2016 será entregado a la Policía Federal. Se trata del Lear Jet 35 LV-BPL en el que el empresario viajó a Buenos Aires desde Santa Cruz. El propósito de esta entrega es la reutilización de bienes con fines sociales.

Funcionarios del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich se habían reunido con el juez federal Sebastián Casanello para tener la guarda de los aviones del empresario y luego avanzaron un poco más. De hecho, Casanello está de viaje y volverá a sus funciones en los próximos días, por lo que al llegar firmará esta iniciativa y se determinará así la fecha de entrega de la nave.

La Policía Federal usará el avión para el rápido traslado de su personal ante alguna alguna intervención urgente que ocurra en el país, como allanamientos, la búsqueda de prófugos o la ayuda ante alguna crisis que se produzca en alguna provincia, entre otras cuestiones. También si necesita para eventuales apresados en otras provincias y que la Justicia requiera su inmediata presencia. La aeronave, de esa manera, acelerará los operativos que lleve a cabo la fuerza que dirige el comisario general Néstor Roncaglia en el interior del país.

Báez podría perder también los demás aviones de empresa Top Air, los cuales también tendrían un fin social. En ese sentido, está la posibilidad de que que puedan ser otorgados tres de ellos a las otras fuerzas de seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria), aunque eso no se definió aún.

En mayo pasado, la Sala II de la Cámara Federal confirmó el secuestro de las aeronaves ordenado por Casanello y le dio el permiso para tomar "todas las medidas de conservación y resguardo apropiadas", entre las cuales estaba la de "evaluar la posibilidad de disponer su utilización para un fin social".

La Oficina Anticorrupción pidió que De Vido vaya a juicio por la compra de trenes chatarra

Por Nicolás Pizzi - npizzi@infobae.com

La Oficina Anticorrupción destacó el rol del ex ministro de Planificación en la maniobra que le costó al Estado más de 100 millones de euros.

La Oficina Anticorrupción pidió este martes que el ex ministro de Planificación Julio De Vido vaya a juicio oral en la causa que investiga la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal, entre 2007 y 2011, que motivó la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. En el escrito, al que tuvo acceso Infobae, la OA destacó el rol de De Vido, jefe directo de Jaime, y el estado deplorable de los trenes adquiridos por más de 100 millones de euros.

"De Vido, como superior de Jaime, suscribió los convenios, contratos y decretos y, también, omitió todo contralor de esta actividad, llevada cabo por la Secretaría de Transporte, que se hallaba bajo su esfera funcional, con dependencia y reporte directos", dice el escrito.

El ex ministro de Planificación fue procesado por el juez Julián Ercolini hace un año por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y como participe del cohecho, ya que Jaime y su testaferro Manuel Vázquez cobraron 2 millones de euros en coimas que se canalizaron a través de la empresa CAESA.

En ese fallo, Ercolini había destacado el rol del ex ministro y ahora candidato a senador Florencio Randazzo: "Fue el propio ministro (de Interior y Transporte) el que instruyó a las distintas dependencias para que entregara a la AGN toda la información disponible".

Foto: Ricardo Jaime

Ahora, en su rol de querellante, la Oficina Anticorrupción pidió la elevación a juicio de De Vido por la compra irregular a las empresas españolas EE, RENFE y FEVE (76.313.108 de euros), y a la empresa portuguesa Caminhos de Ferro Portugueses (25.639.896 de euros).

"Se firmaron acuerdos, contratos y adendas entre el ministerio que dirigía De Vido y la Secretaría de Transporte de la Nación, que estaba a cargo de Ricardo Jaime, a través de los cuales el Estado nacional adquirió material rodante obsoleto con sobreprecio, en muchos casos en un estado inservible", manifestó el organismo que conduce Laura Alonso.

De Vido ingresó a la causa en una segunda tanda. Para entonces ya estaban procesados Jaime, Vázquez y Ricardo Testuri, un ex funcionario del área de Transporte que controló el material rodante.

Según un estudio de la Auditoría General de la Nación (AGN) en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171% y además no hubo controles cuando los trenes llegaron al país. En tanto, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) detectó que de las 46 unidades, 36 estaban fuera de servicio y 10 para desguace.

Los trenes chatarra

"El material se encontraba insuficientemente verificado, y lo realmente verificado en malas o pésimas condiciones cuando no en un estado total de destrucción que no calificaba siquiera para desguace", expresó la OA al solicitar que De Vido vaya a juicio.

En el mismo escrito, el organismo reclamó que también sea juzgado Carlos Castaño, ex funcionario de la CNRT, porque "colaboró con dicha maniobra realizando actos que hacían a su competencia como funcionario público, los cuales resultaron determinantes para la suscripción de los contratos, inspecciones e informes del material rodante en España y la República de Portugal de compraventa de material rodante ferroviario en cuestión".

Estados Unidos dio nombres por las coimas de Odebrecht en la Argentina

Por Hernán Cappiello - LA NACION

Fiscales y jueces se reunieron en Washington con el Departamento de Justicia.

Una comisión de jueces y fiscales argentinos accedió en Estados Unidos a nombres de personas relacionadas con el pago de sobornos que realizó la empresa Odebrecht para quedarse con contratos de obras públicas en Buenos Aires.

Así lo revelaron a LA NACION fuentes al tanto de lo que ocurrió en una reunión cerrada entre los funcionarios judiciales argentinos y autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que tuvo lugar ayer en Washington.

No trascendieron los nombres de las personas que se mencionaron durante ese encuentro con autoridades de la División Criminal de la Sección del Departamento de Justicia, que se encarga de perseguir las violaciones de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, o Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en castellano). Esa norma es la que penaliza el pago de sobornos fuera de Estados Unidos de empresas radicadas en ese país, como Odebrecht.

Los funcionarios argentinos que ayer se reunieron en Washington con las autoridades norteamericanas son los jueces federales Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Caasanello y Daniel Rafecas y los fiscales Sergio Rodríguez y Franco Picardi. También participó Ignacio Irigaray, alto funcionario de la Oficina Anticorrupción.

Ninguno de los presentes quiso revelar el contenido del encuentro cuando LA NACION los consultó. Sólo dijeron que rige una estricta confidencialidad impuesta por los norteamericanos para que fluya la colaboración.

No obstante, fuentes al tanto de lo conversado explicaron que los argentinos accedieron a datos de una base construida por los norteamericanos con las confesiones de Odebrecht y los documentos que aportó la constructora brasileña en el marco del acuerdo por el cual se le permitió seguir haciendo negocios a cambio de pagar una multa de 3500 millones de dólares.

Ahora, los argentinos podrán enviar exhortos a Washington para pedir oficialmente la información que oriente sus investigaciones y procesar a quienes pagaron coimas en la Argentina.

La reunión duró varias horas. La evaluación que realizaron fuentes al tanto del encuentro es que fue "bastante buena". Ésta es una vía informal para acceder al contenido de las bases de datos y luego pedir la información completa mediante exhortos.

Tras el encuentro, los norteamericanos y los argentinos se juraron confidencialidad. Y la mantuvieron a rajatabla a tal punto que no hubo ninguna declaración conjunta.

"Nuestros países desarrollan una importante y colaborativa relación en materia de investigaciones penales", dijo con hermetismo una fuente cercana al encuentro. "Fue una muy buena reunión de trabajo donde se fomentó la colaboración entre las autoridades de ambos países en materia de investigación de causas penales", agregó otra fuente. Los nombres se conocerán por vía oficial cuando lleguen por exhorto a Buenos Aires.

Es un avance por el camino que abrió el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuando se entrevistó en Washington, el 6 del mes pasado, con el fiscal general Jeff Sessions y funcionarios del Departamento de Estado. Sobre todo considerando el fracaso de las conversaciones con Odebrecht para que se avenga a aportar información y las frustradas negociaciones con los fiscales brasileños para que faciliten las declaraciones de los ejecutivos que confesaron en Brasil haber pagado sobornos en la Argentina a través de intermediarios.

Jueces tras el pago de sobornos

Sebastián Ramos - Juez federal: Caso Transener - Investiga a De Vido por coimas por dirigir la venta de Transener a Electroingeniería

Sebastián Casanello - Juez federal:  Caso AYSA - Investiga sobreprecios y fraude en la construcción de una planta depuradora para AYSA

Marcelo Martínez de Giorgi - Juez federal: Caso Sarmiento - Investiga coimas de Odebrecht por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento

Daniel Rafecas - Juez federal: Caso gasoductos - Investiga el pago de sobornos por la ampliación de gasoductos hechos por Odebrecht

Bonadio procesó a De Vido por subsidios a colectivos y lo embargó en $ 1000 millones

Por Paz Rodríguez Niell - LA NACION

El juez lo encontró responsable de una estafa al Estado de más de $ 600 millones en pagos sin control; tiene prohibido salir del país.

El juez federal Claudio Bonadio firmó ayer un nuevo procesamiento contra el ex ministro y diputado nacional Julio De Vido. Lo encontró responsable de un desvío de más de 600 millones de pesos en subsidios y ordenó un embargo sobre sus bienes de $ 1000 millones. Le prohibió, además, salir del país y lo obligó a presentarse en su juzgado el primer día hábil de cada mes.

Bonadio consideró probado que la Secretaría de Transporte, que dependía del Ministerio de Planificación Federal de De Vido, entregó "sistemáticamente", durante casi diez años, subsidios a empresas de colectivos por montos mucho más altos de lo que debían cobrar. Le pagó incluso $ 756.149 a una compañía que no movió un solo colectivo.

El viernes pasado, Comodoro Py le había dado a De Vido la primera buena noticia después de mucho tiempo. El juez Luis Rodríguez, en el caso Río Turbio, le hizo saber que no pediría su desafuero. Dijo que no tenía pruebas ni para indagarlo, en respuesta al pedido del fiscal Carlos Stornelli de desafuero y detención. Eso le dio algo de aire a De Vido, pero el oficialismo anunció que igual buscará expulsarlo del Congreso. Este nuevo procesamiento será otro "cargo" que llevará a la reunión de la semana próxima.

Según el juez, De Vido y funcionarios que dependían de él "diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema" para defraudar al Estado y lograr que los responsables quedaran impunes.

Los subsidios se calculaban según los kilómetros recorridos por los colectivos, pero los funcionarios no controlaban cuántos eran efectivamente esos kilómetros. Se pagaba según lo que informaban las empresas beneficiadas en sus declaraciones juradas. Si alguna auditoría advertía que habían informado kilómetros de más, las compañías no tenían castigo. El Estado se limitaba a dejar de pagarles, a futuro, ese extra ilegal. 

"No se aplicaban sanciones ni se exigía la devolución de los subsidios recibidos en exceso. Las normativas no contemplaban estas opciones", afirmó Bonadio. Las auditorías, para colmo, no tenían reglas claras y se focalizaban en las líneas de colectivos que menos subsidios recibían.

"La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en 2014", detalló el juez. Eso fue así, según Bonadio, porque no hubo la más mínima voluntad de controlar. "La medición de los kilometrajes no era algo complicado ni que requiriera tecnología avanzada", escribió el juez.

"En el período del hecho investigado (2003/2014) ya existía el cuentakilómetros desde hacía muchos años y todos los vehículos automotores que se comercializaban en el país incluían uno", afirmó Bonadio.

De Vido fue ministro entre 2003 y 2015. Hasta 2012, la Secretaría de Transporte, que entregaba los subsidios, dependía de él. Además, los kilometrajes eran convalidados por la CNRT, organismo descentralizado que actuaba en la órbita del mismo ministerio. Junto con De Vido fueron procesados también los secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos (hoy diputado kirchnerista), Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro. Bonadio los encontró responsables de un "perjuicio a las arcas del Estado" de unos 609.326.186 pesos.

"Abusando del cargo [De Vido] permitió que la defraudación pudiera concretarse y prolongarse en el tiempo", afirmó el juez, en línea con lo sostenido por el fiscal, que en este caso también es Stornelli.

En su defensa, De Vido declaró que él no había participado y jamás había firmado nada vinculado con estos subsidios. Que tampoco había dado órdenes y ni siquiera había delegado nada, porque los secretarios de Transporte actuaban "en ejercicio de funciones normativamente atribuidas por el Poder Ejecutivo".

Según el fallo de Bonadio, estos argumentos no lo eximen de responsabilidad. "Resulta insostenible la versión ofrecida en el descargo, en cuanto presenta al ministro como una mera figura decorativa, dedicada a la planificación y ajena a la concreción de los planes", dijo el juez. Destacó que las sumas eran demasiado altas y la maniobra duró demasiado tiempo como para que él no lo supiera. Agregó que todos los implicados habían sido nombrados por De Vido y que no se conocían entre sí. También responsabilizó al ex ministro de Planificación por la falta de controles.

En cuanto al embargo, se relaciona con el monto defraudado. Los 600 millones se estimaron con la colocación de los GPS en los vehículos. Se comparó el primer año con GPS con los anteriores, tomando iguales meses, recorridos y cantidad de colectivos. Todo con aviso a las empresas. Por eso, estimó el juez, lo detectado es sólo "la punta del iceberg", lo que las empresas no pudieron ocultar ni aun sabiendo que estaban siendo auditadas.

Radiografía judicial del ex ministro de Planificación

Julio De Vido, diputado nacional (FPV) 

El ex ministro de Planificación y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria Julio De Vido. Foto: Archivo / Fabián Marelli / LA NACION

32 son las causas en trámite que enfrenta De Vido

Según el Observatorio de Corrupción del CIJ, se lo investiga por enriquecimiento ilícito, defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, entre otros delitos

Política ferroviaria

La causa más resonante es la tragedia de Once, que dejó 52 muertos, a la que se le puede sumar la compra de locomotoras a España y Portugal, la renegociación de concesiones y subsidios a concesionarias

Patrimonio personal

Se lo investiga junto a su esposa, Alessandra Minicelli, por enriquecimiento ilícito. La omisión de varios bienes e ingresos que no coinciden en las declaraciones juradas presentadas son un punto clave

Obra pública

Ya está procesado por asociación ilícita en la causa por el direccionamiento de contratos viales a Lázaro Báez, a lo que se suman los casos Skanska y Sueños Compartidos, entre otros

Estados Unidos brindará datos a jueces y fiscales que investigan a Odebrecht

Por Hernán Cappiello - LA NACION

Se reunirán el martes en Washington con funcionarios de la justicia local; tendrán acceso a documentos clave del caso.

Garavano acordó la cooperación de EE.UU. con el director del Consejo de Seguridad. Foto: Twitter

El gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a poner a disposición de la justicia argentina una base de datos con la información que entregó Odebrecht sobre las coimas que pagó en la Argentina, las transferencias bancarias y los documentos internos de la empresa, dijeron a LA NACION altas fuentes del gobierno argentino y funcionarios judiciales.

El intercambio comenzará a concretarse mañana con el viaje que realizarán a Washington cuatro jueces federales y dos fiscales que investigan los sobornos que pagó el gigante brasileño para asegurarse la adjudicación de obras públicas durante el kirchnerismo.

Los viajeros son los jueces federales Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi , Daniel Rafecas y Sebastián Casanello, y los fiscales federales Sergio Rodríguez y Franco Picardi. Los fiscales Federico Delgado y Gerardo Pollicita decidieron no viajar.

Ramos investiga el direccionamiento de la venta de Transener a Electroingeniería -cercana al kirchnerismo- en un caso donde un arrepentido dijo que Julio De Vido cobró sobornos. Martínez de Giorgi indaga el soterramiento del Sarmiento, donde dos mails hablan de un esquema de pago de coimas. Y Rafecas está abocado a los sobreprecios en la ampliación de dos gaseoductos y Casanello, obras de AySA.

La delegación judicial argentina visitará el martes a las 9.30 a funcionarios de la División Criminal de la Sección del Departamento de Justicia, que se encarga de perseguir las violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, o Acta de Prácticas Corruptas cometidas en el Extranjero, en castellano). Esa norma es la que penaliza el pago de sobornos fuera de Estados Unidos de empresas radicadas en ese país, como Odebrecht. El jefe de la Unidad de FCPA es Daniel Kahn.

Como las reuniones se pactaron bajo la más estricta confidencialidad no se pudieron conocer otros detalles de la agenda oficial.

La empresa brasileña llegó a un acuerdo con la fiscalía de Nueva York mediante el cual admitió haber pagado sobornos por 3500 millones de dólares en todo el mundo a cambio de pagar una multa para poder seguir haciendo negocios en los Estados Unidos y reducir o evitar sus condenas.

Esa información que entregó Odebrecht es la que aspiran a conocer los jueces y fiscales argentinos, luego de que se empantanaron -al menos por el momento- las posibilidades de un intercambio oficial con Brasil. No es probable que como resultado de este viaje traigan documentación bajo el brazo, pero al menos sí saber cómo fue clasificada la información de Odebrecht en esas bases de datos y cómo pedirla mediante exhortos.

Es decir que la reunión con los representantes de la oficina del fiscal general de los Estados Unidos permitirá precisar qué información hay para poder pedirla exactamente en futuros exhortos.

El viaje es el epílogo de las aproximaciones que realizó el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuando se entrevistó en Washington el 6 de junio pasado con el fiscal general Jeff Sessions y funcionarios del Departamento de Estado.

El camino abierto por el ministro será recorrido ahora por los interesados en los casos concretos que se reunirán con sus pares norteamericanos.

El Gobierno comenzó a explorar la variante norteamericana cuando advirtió que las condiciones que ponía Brasil para entregar información eran de imposible cumplimiento, pues las leyes en la Argentina no con templan la inmunidad de los corruptos a cambio de información .

Al mismo tiempo, el oficialismo desconfía de esa vía, que tiene más aceitadas comunicaciones con la Procuración General de la Nación, pues considera que Alejandra Gils Carbó puede utilizar los datos con fines políticos para perjudicarlos.

Tienen en cuenta, sobre todo, que en el contrato del soterramiento del Sarmiento, la socia local de Odebrecht era la empresa Iecsa, que en ese momento pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Intercambio de información.

• Cuatro jueces y dos fiscales federales que investigan los sobornos que Odebrecht pagó en la Argentina viajan hoy a Washington.
• El gobierno de Estados Unidos les dará acceso a una base de datos con la información entregada por la empresa a cambio de poder seguir operando en ese país.
• El viaje se concreta tras el fracaso, al menos hasta ahora, de un intercambio de información con la Justicia de Brasil

El silencio que aceitó el sistema ahora aparece amenazado

Por Diego Cabot - LA NACION

Los tiempos cambiaron para los dueños de los colectivos. Tanto que aquel mundo de 20 asientos bien podría llamarse ahora el mundo de 251 banquillos.

La noticia de que el juez federal Claudio Bonadio procesó a 251 empresarios del transporte de pasajeros urbano por irregularidades en la liquidación del subsidio al gasoil pegó fuerte en el sector. No es para menos, durante más de una década, el silencio de funcionarios, empresarios y gremios acompañó a cada colectivo que circuló por el área metropolitana. Y claro está, ahora temen que frente a un juez, algún díscolo termine por revelar la trama de dinero sin control con el que se lubricó un esquema que se basó en el boleto congelado y los subsidios discrecionales.

Fueron años de descontrol y los empresarios lo saben mejor que nadie. Todos los meses, desde 2002, los dueños de los colectivos recibían un millonario cheque sin el cual ni siquiera podían sacar los coches de los galpones. Ese fue el verdadero combustible del sector.

Dentro de ese pago, había dos conceptos. El primero, una compensación por el boleto congelado. Una fórmula a pedir de gestores oficiosos fue la base del cálculo. Pasajeros transportados, frecuencias, cantidad de empleados, antigüedad del parque y boletos vendidos fueron algunos de los números que se declaraban en una planilla y sobre la cual se calculaban los subsisios.

La otra parte de subsidio era para el gasoil. La Secretaría de Transporte, y ahora el ministerio, entrega a cada unidad una determinada cantidad de combustible a un precio lejano del que se paga en surtidor. El único documento que servía como pilar de esos cálculos era una declaración jurada del transportista. Nada más.

Aquella cadena de la felicidad no fue pareja. Muchas empresas que no tenían los mejores gestores o no estaban dispuestos a dejar el 20% de la recaudación en el camino no la pasaron bien. Más aún, tal fue la discrecionalidad que muchas veces, con la excusa de la falta de algún documento, la Secretaría de Transporte frenaba los pagos de los subsidios y esas compañías eran invitadas a ser gerenciadas por otras. Casualidades de la burocracia argentina, las gerenciadoras tenían mejores gestores que las otras y los subsidios se destrababan con llamativa rapidez. Alejandro Ramos, un opaco secretario de Transporte que llegó de la mano de los hermanos Alejandro y Agustín Rossi, bien podría aportar datos de aquella operatoria. Claro que también varios funcionarios actuales. La concentración de líneas de colectivos es un proceso que aún no ha parado.

Ese motor aceitado que hizo millonarios a funcionarios y empresarios está a punto de romperse. Todos los transportistas fueron obedientes a la hora de llevar mes tras mes la contribución que aportaban a la cámara que los agrupaba. No había otra forma de subsistir. Pero nadie puede asegurar ahora que alguno de aquellos peregrino obedientes no se quiebre, imputado y ante un juez federal.

La causa con la que Bonadio trajo a 251 empresarios al banquillo empezó en abril de 2014 después de una investigación publicada en de LA NACION. Entonces, se cruzaron los datos satelitales que surgían de las máquinas del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) con los que las empresas de colectivos denunciaban todos los meses antes de pasar por ventanilla a cobrar las compensaciones. Previsible; surgieron fuertes inconsistencias que dejaron mal parados a unos cuantos grupos transportistas.

Sólo el primer mes en el que el entonces ministro de Transporte, Florencio Randazzo, y sus funcionarios usaron datos precisos y no declaraciones juradas, descubrieron que mensualmente se entregaban subsidios por 13 millones de metros cúbicos de gasoil cuyo consumo no se podía justificar con los recorridos. Sólo en el área metropolitana se pagaban por compensaciones al combustible 30 millones de pesos de más por mes. Dicho de otro modo, una irregularidad de un millón de pesos por día.

El ex ministro Julio De Vido no está ajeno a esta causa. Ya fue indagado por Bonadio. Como lo ha repetido en otras causas, endilgó las causas en sus dependientes. Nadie sabe a ciencia cierta cómo reaccionará un hombre asustado. Y justamente ahí radican los temores de los empresarios. Solo basta que uno se asuste.

El Gobierno retiró a Odebrecht del registro de constructores

Por Laura Serra - LA NACION

Por un año no podrá participar de licitaciones de obra pública.

El Gobierno dispuso ayer retirar, por el plazo de un año, a la empresa brasileña Odebrecht de la nómina de oferentes de obra pública por encontrarse "prima facie en falta muy grave". La constructora, que admitió el pago de coimas para acceder a licitaciones públicas, es investigada en la Argentina y en otros países por la Justicia.

"Se está en presencia de fuertes y convincentes indicios de la participación de la empresa en prácticas de corrupción, los que resultan incluso de la documentación aportada por la propia empresa", advirtió ayer en una resolución el Consejo del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas, que depende el Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio.

"También en Brasil la empresa tiene causas judiciales con mayor grado de avance, sentencias condenatorias y reconocimiento de culpabilidad de los acusados", indicó el Consejo en su resolución, aludiendo así a la megacausa conocida en Brasil como Lava Jato. "Así surge del informe de los auditores independientes sobre los estados contables consolidados que el propio constructor envió al Registro Nacional de Constructores para renovar su certificado", se argumentó en la resolución.

En efecto, según se informó en la cartera de Interior, la empresa Odebrecht estaba realizando los trámites para renovar su inscripción en el Registro Nacional de Constructores, vencida el 30 de junio del año pasado. Sin embargo, el Gobierno decidió no sólo no renovarle el certificado, sino suspender a la empresa por un año, por lo que no podrá participar de las futuras licitaciones públicas durante ese período.

La decisión fue firmada de manera unánime por el presidente del consejo, Guillermo Ferrea; el vicepresidente, Ricardo Delgado; los consejeros titulares Susana Martín, Eduardo Dos Santos y Gustavo Burgwardt, y el consejero suplente Víctor Entrala.

Coimas y sospechas

En los Estados Unidos, la constructora brasileña reconoció haber pagado coimas por US$ 35 millones en la Argentina entre los años 2007 y 2014. Tal como publicó LA NACION, sólo por el soterramiento del tren Sarmiento -el proyecto de infraestructura más grande del país, con un presupuesto de 3000 millones de dólares-, Odebrecht habría desembolsado unos US$ 20 millones. Así lo confesó Marcelo Odebrecht, delator premiado y máximo responsable de las coimas que durante años pagó su empresa en Brasil y en otros países.

En nuestro país, Odebrecht contó con dos aliados clave dentro del Ministerio de Planificación que lideró Julio De Vido: el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, durante la primera etapa, y el secretario de Obras Públicas, José López, desde mediados de 2012, cuando los brasileños lograron involucrar al Banco Nacional de Desarrollo (Bndes) de su país para que financiara el proyecto.

A raíz de estas revelaciones, el Gobierno decidió crear nueva "comisión investigadora" para auditar todos los antecedentes de la obra del soterramiento. Se trata de un ente tripartito en el que participará el Ministerio de Transporte junto con especialistas de la Procuración del Tesoro Nacional y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

Acosada por las investigaciones judiciales, hoy concentradas en los juzgados federales a cargo del juez Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Marcelo Martínez De Giorgi, la empresa brasileña decidió desprenderse de su participación en el soterramiento del tren Sarmiento.

Odebrecht tiene el 33% del consorcio que ganó la construcción de la obra. Esa parte pasará a la constructora italiana Ghella, que ya tiene el 37,4 por ciento. De manera que la firma europea se quedará con el 70% del consorcio. El resto será para Sacde, la empresa de Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía. La transacción significó un gran alivio para el oficialismo, apurado por despegarse de la trama del Lava Jato.

Contrabando: Prefectura decomisó mercancía ilegal en tres localidades

(Misiones Online) - La Prefectura Naval secuestró mercadería de contrabando valuada en más de 320 mil pesos, tras realizar cuatro procedimientos en las localidades de Posadas, San Javier y Puerto Iguazú. Los dos primeros procedimientos tuvieron lugar en Posadas, cuando personal de la fuerza detectaron dos vehículos con mercadería durante un control vehicular en la intersección de las calles Marconi y Cabred.

En ambos casos, el personal procedió a la apertura de los paquetes frente a testigos y constató la presencia de 96 camperas en uno de los automóviles y de 88 en el otro, mercadería sin aval aduanero cuyo valor total asciende a 184 mil pesos.

La Fiscalía Federal Nº 2 a cargo del Dr. Diego Guillermo Stehr interviene en ambas causas.

Por otro lado, gracias a tareas de investigación, se detectó la llegada de una embarcación que transportaba bultos desde Brasil hacia el puerto natural Arroyo Alipio, a la altura del km 990 del río Uruguay, en la localidad de San Javier.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos abandonaron la carga y escaparon entre la vegetación. Efectuada la requisa, se pudo determinar que los paquetes contenían duchas eléctricas, un molino eléctrico para maíz, parrillas eléctricas, bebederos plásticos para aves, mates artesanales, aparatos tipo desgranador de maíz, cocinas a gas, vestimenta y alimentos, entre otros objetos, todos sin aval aduanero y por un valor total de 97.910 pesos.

La mercadería fue secuestrada y puesta a disposición de las oficinas locales de DGA y SENASA por infracción al Código Aduanero.

El último operativo tuvo lugar en el barrio Santa Rosa de Puerto Iguazú, en el marco del Operativo de Control Combinado del Comando Tripartito de la Triple Frontera, del que participan fuerzas de seguridad de Argentina, Brasil y Paraguay.

Personal de Prefectura que realizaba tareas de control vehicular detuvo la marcha de una persona que trasladaba 870 baterías de celular a bordo de una motocicleta. Se procedió al secuestro de los objetos sin aval aduanero, con un valor total de 42.804 pesos.

Las incautaciones se llevaron a cabo en el marco del Operativo Conjunto Abierto de Frontera (OCAF), programa impulsado por el Ministerio y coordinado por el secretario de Fronteras, Luis Green.

Lava Jato: Argentina rechaza la inmunidad de los arrepentidos

Por Hernán Cappiello - LA NACION

El juez Ramos le dijo a Brasil que no puede garantizar, como pidió, que los ejecutivos condenados no sean perseguidos penal o civilmente.

La Justicia allanó el hotel Waldorf, propiedad de un socio de Máximo Kirchner. Foto: Archivo 

La Argentina rechazó oficialmente ayer las condiciones que pretendía el Gobierno de Brasil de dar inmunidad penal y civil a ex ejecutivos de Petrobras, arrepentidos en el caso Lava Jato, a cambio de que colaboren en una investigación local por el supuesto pago de coimas al ex ministro Julio de Vido para direccionar la venta de la distribuidora eléctrica Transener, en beneficio de Electroingeniería, una empresa ligada al kirchnerismo.

Esta primera reacción puede repetirse en el resto de las investigaciones abiertas en Argentina por coimas confesadas en Brasil, que tienen a Odebrecht como caso principal.

El juez federal Sebastián Ramos envió -vía Cancillería- una nota al Ministerio de Justicia de Brasil en la que señala que las condiciones que impusieron los brasileños para que los condenados arrepentidos de Petrobras no tengan aquí causas penales, ni civiles ni actuaciones administrativas, son de imposible cumplimiento. Pero al mismo tiempo pidió "evaluar otras alternativas de cooperación". Brasil había pedido en marzo al juez Ramos y a la cancillería argentina que firmen un acta asumiendo el compromiso de inmunidad en representación del Estado argentino. La Cancillería dijo que el planteo de Brasil excedía los compromisos asumidos por la Argentina en los acuerdos internacionales.

Ramos respondió específicamente para el caso Transener. Sin embargo, el resto de los jueces que investigan el pago de sobornos de brasileños a funcionarios argentinos recibirán en estos días una carta similar a la que llegó a manos de Ramos donde el Gobierno de Brasil condiciona la entrega de la información a la garantía de inmunidad, lo que no se condice con lo que permite la ley argentina. Por eso es de esperar que los jueces que investigan a la constructora Odebrech, que confesó haber pagado 35 millones en coimas en Argentina, den respuestas similares. Marcelo Martínez de Giorgi tiene la causa por el pago de sobornos en la obra del soterramiento del Sarmiento; Sebastián Casanello investiga el supuesto pago de coimas para construir plantas potabilizadoras de AySA y Daniel Rafecas , la ampliación de gasoductos con sobreprecios.

Ramos, no obstante, le aseguró a Brasil que empleará la eventual información únicamente en su causa y que los arrepentidos brasileños no serán investigados por los mismos delitos por los cuales fueron condenados en Brasil. Esta garantía de la imposibilidad de doble imputación rige en los acuerdos binacionales.

Pero Ramos y el fiscal Gerarado Pollicitia ya cuentan con la declaración de los arrepentidos brasileños. Ambos avanzaron en la investigación para establecer si hubo sobornos, chequeando entradas y salidas del país, cuentas bancarias, pagos de almuerzos, cenas y reservas de hotel, entre otras medidas.

Las declaraciones que brindaron los arrepentidos brasileños se las envió a Ramos el fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez que las recibió de los fiscales brasileños. El fiscal Pollicita convalidó su valor probatorio porque llegaron por canales oficiales y Ramos las puede usar como pruebas de cargo.

Fernando Soares, un operador de Petrobras en Brasil, y el entonces director de la petrolera, Nestor Cerveró, ya fueron condenados en Brasil. El juez Sergio Moro le impuso 16 años de prisión a Soares y otros 12 años a Cerveró. Ambos se acogieron al régimen de la delación premiada, entregaron documentación y confesaron. Soares y Cerveró contaron, entre otras operaciones delictivas en las que intervinieron, cómo fue la venta de Transener -que pertenecía a Petrobras- a Electroingeniería, con la ayuda de De Vido.

Primero la venta había sido acordada con el fondo americano Eton Park, pero luego Eletroingeniería se quedó con el negocio. Cervero dijo que cobró un sobornos de 300.000 dólares para direccionar la operación luego de que la Argentina rechazara a la empresa norteamericana como compradora.

Contó además que hubo varias reuniones en Brasil, pero también en Buenos Aires, entre Soares, Cerveró, los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, De Vido y su entonces asesor, Roberto Dromi. El fiscal Pollicita amplió la imputación para investigarlos.

Según Moro, Cerveró cobró US$ 300.000 cuando Electroingeniería se quedó con Transener, la misma cifra que retuvo Soares. En su fallo, el juez Moro consignó que ese dinero que movió Soares sirvió para "el pago de propinas a diversos funcionarios públicos como resultado de tal negocio".Cerveró dijo que con esa plata se compró un inmueble en Brasil, y luego apuntó contra el ex ministro De Vido: "Ciertamente De Vido recibió más que eso como propina", afirmó.

Odebrecht se va del Sarmiento: le vendió su parte a una empresa italiana

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Cederá su 33% a Ghella, la socia italiana en el proyecto; el Gobierno debe aprobar la operación.

Odebrecht se va del Sarmiento: le vendió su parte a una empresa italiana. Foto: Archivo 

Odebrecht, la empresa más cuestionada de América latina luego de haber admitido el pago de coimas millonarias en varios países, incluidos US$ 35 millones en la Argentina, tiene todo acordado para desprenderse de su participación en el soterramiento del tren Sarmiento, el proyecto de infraestructura en marcha más grande del país, con un presupuesto de US$ 3000 millones.

De esa manera, espera deshacerse de las críticas que despertó en distintos sectores su permanencia en la iniciativa pese al escándalo que surgió en torno del Lava Jato, la megainvestigación de corrupción que se lleva adelante en Brasil, con ramificaciones en varios países.

Según las últimas modificaciones accionarias del proyecto, que informó ayer LA NACION, Odebrecht tiene hoy el 33% del consorcio que ganó la construcción del soterramiento del Sarmiento. Esa parte pasará a la constructora italiana Ghella, que ya tiene el 37,4 por ciento. De manera que la firma europea se quedará con el 70% del consorcio. El resto será para Sacde, la empresa de Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, que se quedó con los activos que pertenecían a Iecsa, la empresa de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Ghella y Odebrecht presentaron ayer la documentación con los cambios accionarios en la UTE al Ministerio de Transporte, que maneja Guillermo Dietrich. Esa cartera tiene aproximadamente 25 días para dar su opinión con respecto a las modificaciones, dado que es la entidad a cargo de supervisar la obra.

La firma del acuerdo entre las compañías privadas, en tanto, se hizo la semana pasada. Ante la consulta de LA NACION, voceros de Ghella prefirieron no hacer comentarios.

Odebrecht no es la única firma que emprendió el éxodo del mayor proyecto local de infraestructura. A principios de año, la española Comsa pidió reducir su participación a un 1 por ciento. Además, pidió dejar de ser representante del consorcio y quedó sin cargos ejecutivos en el consorcio.

La salida de Odebrecht fue también celebrada por el Gobierno. Si bien se trató de una negociación entre privados, la administración de Mauricio Macri comenzó a gestar los argumentos para defenderse de las críticas de quienes cuestionaban la presencia de la empresa brasileña en la obra.

Aunque su sombra golpea la gestión actual, la mayor parte de esa historia se escribió durante el kirchnerismo. La apertura de ofertas para soterrar el Sarmiento se hizo el 24 de mayo de 2006. En enero de 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner le adjudicó el proyecto al consorcio integrado por Odebrecht.

Fuentes oficiales explicaron a LA NACION que la futura salida de Odebrecht no exime a la empresa de responsabilidades civiles o penales si se demuestra que pagó coimas para quedarse con la obra.

Si bien Odebrecht reconoció el pago de coimas por US$ 35 millones, no especificó quién recibió esos fondos, algo que exigieron varios funcionarios del Gobierno.

Anteayer, la Corte Suprema autorizó a los jueces Sebastián Ramos, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de Giorgi a viajar a Estados Unidos para buscar información relacionada con las causas por presunta corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht con funcionarios argentinos.

Pese a la incomodidad por las denuncias de corrupción, el Gobierno sostiene que el consorcio a cargo del soterramiento trabaja a un ritmo acorde con los plazos de ejecución, algo que no ocurrió en el kirchnerismo, según sostiene. LA NACION informó días atrás que en la administración anterior no se hizo ni un solo metro de túnel en ocho años, pero las empresas recibieron $ 865 millones. Y recibió otros $ 1086 millones desde octubre del año pasado, cuando Macri definió un nuevo presupuesto para la obra.

En el marco del Lava Jato, un ex ejecutivo de Odebrecht reveló que la empresa había pagado sobornos a funcionarios en el marco de la ampliación del sistema argentino de gasoductos, el sector del cual surgió el denominado caso Skanska, el primer gran escándalo de corrupción del kirchnerismo.

También se sospecha del pago de coimas para quedarse con la ampliación de la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, y la construcción de la Plante Depuradora del Bicentenario, en Berazategui, que realizó AySA.

En ambos casos, se coló el nombre del ex ministro de Planificación Julio De Vido, que fue mencionado en el marco de la mega investigación brasileña.

Un proyecto polémico

Lejos y hace tiempo - En 2006 se recibieron las ofertas para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. En enero de 2008, la ex presidenta Cristina Kirchner le adjudicó el proyecto a un consorcio integrado por la empresa brasileña Odebrecht

Mucha plata, poco avance - El kirchnerismo le giró al consorcio $ 865 millones, pero en ocho años el túnel por donde debería pasar el ferrocarril no avanzó ni un solo metro. Macri redefinió el presupuesto de la obra, que en los últimos meses avanzó 800 metros

Lava Jato - Odebrecht reconoció el pago de coimas en el país por US$ 35 millones. El escándalo creció y aumentó la presión sobre el Gobierno, que tenía contratista a una empresa de ese tipo. Odebrecht acordó la semana pasada la venta de su parte en el proyecto a su socia, la empresa italiana Ghella. Debe esperar la aprobación de Transporte