Gasoductos de Córdoba, podrían investigar la obra en Comodoro Py

(La Nación) - Es porque la Nación aportó fondos para el proyecto cordobés

Después de un fracasado derrotero por la justicia cordobesa, la licitación para la construcción de los gasoductos de Córdoba podría llegar por primera vez a Comodoro Py. A pesar de que es una obra provincial, Córdoba consiguió que el Ministerio de Energía de la Nación financie el 33% de los fondos necesarios para construir los gasoductos.

Son casi $ 3000 millones que desembolsará la administración nacional, según un acuerdo firmado por el ministro Juan Aranguren y su par cordobés Fabián López el 26 de enero de 2016 al que accedió LA NACION.

El Gobierno, además, habilitó la posibilidad de que Córdoba tome deuda para financiar la obra. El gobernador Schiaretti tomó deuda por más de US$ 1000 millones para acelerar los primeros tramos de la nueva licitación, que construye la brasileña Odebrecht.

Pero los fondos nacionales, que son un alivio para la provincia, habilitan también la competencia de la justicia federal sobre la cuestionada obra que lleva casi diez años y que todavía está lejos de concluir.

Ni las menciones en la lista del cuevero Alberto Youssef, ni las redeterminaciones de precios denunciadas por diputados opositores fueron investigados por las distintas instancias de la justicia cordobesa que descartaron la pesquisa con distintos argumentos.

Los diputados opositores entregaron a principio de año su denuncia ante el fiscal Sergio Rodríguez -junto con la lista de Youssef-, que espera el arribo de la documentación del Ministerio de Energía para presentar la denuncia en los tribunales porteños de Comodoro Py.

Las anotaciones de Youssef dan cuenta de pagos por US$ 36 millones a cargo de dos empresas que participaron de la licitación, pero también aparece otra obra que se hizo en la Argentina, como la construcción del centro catalítico de YPF y más pagos vinculados a Techint en Brasil .

Detectan 26 nuevas propiedades de Lázaro Báez y ya suma más de 400

Por Lucía Salinas (Clarin.com) - Están en el Sur y Santiago del Estero. Según el Tribunal de Tasación su fortuna asciende a US$ 186 millones.

El fiscal Guillermo Marijuan durante los allanamientos a una de las propiedades de El Calafate que pertenecen a Lázaro Báez.. Foto: Maxi Failla

No se detiene. La fortuna de Lázaro Báez sólo va en aumento. La Justicia detectó 26 nuevas propiedades que se suman a las más de 400 ya tasadas. Este nuevo conjunto de inmuebles, en su mayoría campos, se encuentran en la Patagonia y se las tasará en los próximos meses.

El patrimonio del empresario preso por lavado de dinero, se incrementó entre 2004 y 2015 en un 12.127 % y el de Austral Construcciones (su firma insignia) en un 45.313%, según un informe judicial que se encuentra en la causa que investiga la corrupción en la obra pública.

Los 52 contratos viales que el Grupo Austral ganó durante el gobierno kirchnerista, contabilizaron 46.000 millones de pesos. El ascenso de la fortuna del empresario K fue durante ese mismo período.

La Justicia sigue contabilizando el patrimonio de Báez. El último informe del Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) al que accedió Clarín, arroja un valor de 2.734 millones pesos. Esto representa unos 186 millones de dólares al valor de la divisa que se tomó en el momento de la tasación.

Esta suma millonaria contabilizada en la causa conocida como la Ruta del dinero K, incluye 418 propiedades (terrenos, casas, departamentos, cocheras, hoteles, empresas, estancias, locales comerciales, estaciones de servicio, galpones, edificios, aviones, vehículos y maquinaria vial), distribuidas en diez localidades de la provincia de Santa Cruz, en Chubut, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Además, se contabilizaron en 937 vehículos y maquinaria vial perteneciente a Austral Construcciones.

Recientemente, tal como contó Clarín, se tasaron dos aeronaves propiedad de Top Air SA que arrojaron un valor de 728.300 dólares, incrementando el número que determinó el TTN a junio de 2017. Se torna incalculable una vez más, a cuánto ascienden los bienes de Báez, quien en 2003 era gerente de líneas de crédito en el Banco Santa Cruz y monotributista.

Las 26 nuevas propiedades fueron detectadas en la causa de la Ruta del Dinero K que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan y por la que Báez está detenido. Según fuentes judiciales, los nuevos bienes retrasarán la tarea de tasación final del patrimonio de Báez.

Los nuevos bienes detectados se encuentran en su mayoría en la Patagonia en las provincias de Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. Pero también adquirió inmuebles en el norte del país en Santiago del Estero.

La mayor parte de las nuevas propiedades son campos, sobre todos los ubicados en Rio Negro. En el extremo sur del país, se encontraron terrenos y locales de las empresas Badial (una constructora sin obras y dueña de varios inmuebles), Integral Alem (una gomería que comercializaba con la inmobiliaria de Máximo Kirchner) y M&P (una firma de Martín y Luciana Báez sospechada de oficiar como “cueva financiera” para eludir los embargos).

Por otro lado, en Comodoro Rivadavia se encontraron más terrenos sin obras, algo que se observó mucho en El Calafate. Allí, Báez compró más de cien terrenos fiscales, todos ellos sin construcciones.

Entre las propiedades más costosas de Báez, se encuentra el hotel Bahía ubicado en El Calafate cuyo valor es de $ 156 millones, el predio de Austral Construcciones sobre la Ruta 3 en el ingreso a Río Gallegos valuado en $ 151 millones, un complejo de cabañas en 28 de Noviembre (Santa Cruz) por $ 72 millones y el Club Boca de Río Gallegos cotizado en $ 49 millones.

También, en esta lista de los más costosos, se encuentran ocho complejos de departamentos y 170 cocheras, todos en Capital Federal tasados en 123.863.000 pesos. Está el terreno que tiene en condominio con los hijos de Cristina Kirchner, en El Calafate, tasado en 17.400.000 pesos.

Gran parte de esta fortuna tiene medidas judiciales. De hecho, Báez tiene embargos en cuatro causas que contabilizan $ 10.963 millones.

Ahora, la Justicia deberá tasar estos nuevos 26 inmuebles para intentar ponerle un número definitivo a la fortuna de Lázaro Báez que terminará superando los 187 millones de dólares.

Denuncian el "elefante blanco de la Justicia", un polo judicial abandonado en Retiro

Segun el diario La Nación, el programa Periodismo para Todos mostró las imágenes del predio sin custodia y abandonado a su suerte en medio de los tribunales de Comodoro Py y la Avenida de los inmigrantes.

En el barrio porteño de Retiro, en medio de los tribunales de Comodoro Py y otro edificio judicial ubicado en la Avenida de los Inmigrantes se encuentra el "elefante blanco" de la Justicia.

El programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata mostró las imágenes del predio en el que se encuentra a medio construir el edificio que sería un polo judicial -y que descomprimiría el espacio en los tribunales existentes-, pero que está a la deriva de la delincuencia y el abandono.

En el informe se ve cómo, sin ningún tipo de vigilancia, pueden acceder al predio sin ningún inconveniente. Además, de acuerdo al secretario gremial del fuero civil, José Luis Cataldo, después de las 15 no hay mucho movimiento en el sector y "puede pasar cualquier cosa".

Según el programa, la responsabilidad del predio y el edificio recae en el Consejo de la Magistratura.

Pero, además de las condiciones en las que se encuentra el predio -en el que en marzo se encontró a una persona muerta y según vecinos se trató de un ajuste de cuentas narco-, PPT mostró que el Poder Judicial alquila containers que son usados como archivadores de expedientes de causas sensibles y que, sin ninguna protección o vigilancia, están resguardados solo por un candado.

A su vez, el predio tiene un espacio habilitado para estacionamiento que, según PPT, explota el Arzobispado de Chaco bajo concesión.

Para la legisladora porteña Paula Oliveto no sólo el Poder Judicial deberá responder por esto, sino también el Arzobispado de Chaco, ya que no hay una razón para que la Iglesia maneje un espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo explote económicamente como estacionamiento de vehículos.

Investigan por contrabando a una empresa vinculada con Suárez (II)

Por Gonzalo Prado - LA NACION
Prefectura realizó operativos en navíos de Maruba, ligada a un detenido ex líder sindical

Decomisaron un contrabando de repuestos navales.

Una empresa ligada al ex titular del gremio de los marítimos (SOMU), el sindicalista detenido Omar "Caballo" Suárez, se encuentra envuelta en una investigación por contrabando luego de que anteayer, en un operativo en conjunto de la Prefectura Naval y la Aduana se decomisaran repuestos de navíos con un valor de mercado estimado en un millón de dólares, según explicaron fuentes judiciales.

La empresa, Marítima Maruba S.A., fue señalada por el fiscal que investiga a Suárez por lavado de dinero como una de las sociedades que el sindicalista utilizó para volver al circuito legal el dinero que obtenía mediante extorsiones a las empresas que deseaban trabajar en los puertos del país.

La embarcación en cuestión es el remolcador Vibrador, que fue abordado anteayer por la noche en el puerto de la localidad bonaerense de Zárate por efectivos de la mencionada fuerza y de la Aduana. Allí se procedió, según explicaron fuentes al tanto de la investigación, a verificar una denuncia anónima que sostenía que en dicho navío había maquinaria pesada de contrabando.

Lo que se encontró, según comunicó la Prefectura, fue "un sistema de propulsión para buques completo, cuyos remitos indicaban una deuda de 350 mil dólares". Todo ese sistema, estimaron, tiene un valor de mercado de $ 17 millones. La hipótesis de los investigadores es que dicho material iba a ser utilizado para reparar las embarcaciones de Maruba.

Esto se debe a que en otro de los remolcadores de la empresa, el Forjador, se encontraron piezas de similares características.

De los integrantes de la tripulación sólo el capitán se encuentra detenido y, según adelantaron fuentes judiciales, en los próximos días se le tomaría declaración también al presidente de la empresa, Gustavo Rodríguez. El resto de los tripulantes fue detenido, pero finalmente terminaron liberados cuando se les tomó declaración testimonial.

La embarcación fue interceptada en el kilómetro 104, del río Paraná y provenía del Puerto Nueva Palmira, Uruguay, una localidad que se encuentra a 300 kilómetros de Zárate. La causa se encuentra en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo de Adrián González.

En prisión

Suárez se encuentra detenido desde mediados del año pasado por el delito de asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero. De la investigación del fiscal federal Ramiro González se desprende que parte del dinero, presuntamente ilegal que acumuló Suárez durante su gestión a cargo del SOMU, fue a parar a la empresa Maruba.

De 67 años, Suárez estuvo durante 24 años al frente del SOMU. El mes pasado sufrió un revés judicial importante. El juez Rodolfo Canicoba Corral rechazó su pedido de excarcelación y en consecuencia el ex líder sindical continuará detenido en una de las zonas de máxima seguridad en la penitenciaria de Marcos Paz.

Con un estado de salud deteriorado como consecuencia de un ACV, Suárez apeló el lunes pasado la determinación de Canicoba Corral ante los jueces de la Sala I de la Cámara Federal.

Más allá de la resolución sobre su continuidad o no en prisión, el fiscal González apunta a que Suárez utilizó el dinero obtenido desde la conducción gremial para adquirir el control de la empresa naval Maruba, que, además, posee el monopolio en el país del transporte de carga por agua.

La denuncia fue presentada por la entonces interventora del SOMU, la ahora candidata a senadora nacional por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Gladys González.

Maruba no fue la única empresa en la que Suárez vertió el dinero que conseguía de la extorsión, en el expediente también se encuentran mencionadas la Fundación Azul, para el cuidado y preservación del medio ambiente marino, fluvial y lacustre, Mercantes S.A., Pescamarine S.A. y San Jorge Marítima S.A.

El Gobierno frenó en Nueva York otro juicio contra la Argentina por YPF

(Telam) - La jueza Loretta Preska hizo lugar a un pedido realizado por Argentina ,al conceder un amparo (stay) y frenar la causa. El fondo de inversión Eton reclama un resarcimiento de U$S 500 millones.

La jueza neoyorquina Loretta Preska hizo lugar a un pedido realizado por el gobierno argentino durante una audiencia celebrada en junio pasado, al conceder un amparo (stay) y frenar la causa iniciada por el fondo de inversión Eton por la expropiación de YPF concretada en el 2012, en la que reclama un resarcimiento de U$S 500 millones.

Fuentes oficiales informaron a Télam que la decisión de la jueza Preska fue comunicada el miércoles pasado a los abogados que representan al país.

En torno a la expropiación de YPF existe otra causa iniciada por el fondo de inversión Buford, por U$S 3.000 milllones, en la que aún se encuentra pendiente una decisión de la justicia neoyorquina.

Frenan un juicio en EE.UU. contra la Argentina por la expropiación de YPF

(Clarin.com) - El Gobierno reclama que las demandas se tramiten en la justicia Argentina. Miles de millones de dólares en juego.

Foto: Afiches para apoyar la expropiación, en abril de 2012

La justicia de los Estados Unidos le concedió cierto alivio al Gobierno de Mauricio Macri. Esta vez en una de las demandas que un fondo buitre inició contra el Estado argentino por la expropiación, en 2012, de las acciones de YPF que estaban en manos de la petrolera española Repsol.

Ayer, los abogados que representan a la Argentina fueron notificados de que la jueza Loretta Preska concedió un stay (amparo) y congeló la causa que se inició a partir de la demanda del Fondo Eton.

Fuentes oficiales explicaron que como otra causa (un reclamo de US$ 3.000 millones presentado por el fondo de inversión Burford) está pendiente de decisión en la Cámara, la Argentina pidió frenar la causa Eton. 

En otras palabras, en la causa Burford, la Argentina reclama lo que se denomina “excepción de foro no conveniente”, es decir, que la demanda se tramite en la justicia argentina, porque el Gobierno considera que la expropiación fue un acto soberano del Gobierno. “Lo que le pedimos a la jueza fue que otorgue un “stay”, es decir que esta causa (Eton, por US$ 500 millones) quede inmovilizada hasta tanto se decida la otra” (Burford).

En esto momento se tramitan esos dos juicios. Uno es Eton versus YPF y el Estado argentino; el otro Burford versus Argentina. La jueza Preska decidió suspender su decisión (on hold) en el caso Eton hasta que no se resuelva el juicio de Petersen.

Como la causa de Burford está pendiente de decisión en la Cámara (puntualmente la excepción de foro no conveniente), lo que se le pidió la jueza fue que otorgue un “stay”, es decir que esta causa quede inmovilizada hasta tanto se decida la otra. Se trata de la respuesta favorable al pedido que hizo la Argentina en la audiencia del mes de julio.

Los abogados argentinos celebraron el hecho de que es la primera señal positiva que les da la juez Preska, que recibió el juicio por la jubilación del juez Thomas Griesa.

Los abogados argentinos sostienen que si se acepta que la estatización fue una decisión soberana, los dos juicios salen de la jurisdicción de Nueva York.

Una casa expropiada a un narco en Esteban Echeverría fue entregada a las Madres contra el paco

(La Nación) - Se trata de la vivienda que pertenecía al "Rey Arturo", está situada en Esteban Echeverría y será utilizada por recuperación y asistencia de jóvenes con problemas de adicción

La casa tenía sistema de vigilancia con cerco eléctrico, pileta climatizada y cancha de fútbol 5. Foto: Captura de video

La casa perteneciente al cabecilla de una banda narco desbaratada en Esteban Echeverría , conocido como "Rey Arturo", será convertida en una nueva sede de la organización "Las Madres contra el paco y por la vida" tras un pedido del Ministerio de Seguridad bonaerense autorizado por la Justicia Federal de Lomas de Zamora .

"Es un nuevo paso que damos para convertir lo que era de los narcos en hogares para ayudar a los que más lo necesitan" dijo el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo , quien destacó la autorización dispuesta por Federico Villena, titular del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, tras la solicitud de la cartera provincial que había detenido al narco tras un operativo el pasado 4 de julio.

El funcionario además dijo: "Estamos dando una lucha franca contra el narcotráfico y si esos lugares tienen estructuras sólidas y pueden ser habitables vamos a seguir pidiendo que se conviertan en hogares para los sectores más vulnerables".

Esta vivienda que ahora pasará a ser un espacio para recuperación y asistencia de adicciones fue allanada por la Policía de la Provincia el pasado 4 de julio en el marco de un operativo antinarcos.

En el lugar, ubicado en la localidad de Monte Grande , vivía un hombre de 60 años, conocido como "El Rey Arturo" por su colección de espadas antiguas, y contaba con un sistema de vigilancia con cerco eléctrico, pileta climatizada y cancha de fútbol 5, entre otras comodidades.

Los aviones de Lázaro Báez ya los tiene el Estado

Por Lucía Salinas (Clarin.com) - El juez Casanello los pasó al ministerio de Seguridad y a la Fuerza Aérea para que los administren hasta que termine el juicio.

El avión que trasladó a Lázaro Baez ya está en manos del Ministerio de Seguridad.

El Learjet LV-BPL en el que el 5 de abril de 2016 Lázaro Báez llegó al aeropuerto de San Fernando, donde se ordenó su detención, tal como contó Clarín, oficialmente fue entregado al Ministerio de Seguridad la semana pasada cuando se firmó el acta con el juez Sebastián Casanello. Asimismo, el viernes pasado la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) se notificó de la entrega del segundo avión, un Rockwell Commander. Ambas aeronaves fueron tasadas oficialmente y tienen un valor de 728.00 dólares. El Estado será el responsable de contratar un seguro contra todo riesgo "para la conservación de las aeronaves y mantener su valor".

El avión Rockwell Turbo Comander 690B, matrícula LV-MBY, de Lázaro Báez. (Opi Santa Cruz)

Con la firma de las dos actas correspondientes, los aviones que pertenecen a la empresa Top Air SA cuyo mayor accionista es Austral Construcciones firma insignia de Lázaro Báez. La empresa de taxis aéreos es investigada dentro de las maniobras de lavado de activos de la Ruta del Dinero K. La premisa de la justicia es que las aeronaves secuestradas por Casanello fueron utilizadas "para el traslado de dinero" que terminaría siendo parte de las operaciones de blanqueo.

En prisión hace más de quince meses, con embargos millonarios y gran parte de sus bienes inhibidos, el empresario K observó cómo la Justicia comenzó a disponer sobre sus bienes que superan los 2.700 millones de pesos, sólo lo tasado oficialmente.

Con el fin de otorgarles "un fin social" y evitar su deterioro, bajo el mismo lineamiento con el que otorgó a la Dirección de Vialidad Nacional la guarda judicial de más de 400 máquinas de Austral Construcciones, el juez Casanello le hizo la entrega oficial de uno de los aviones más importantes de Báez, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, según confirmaron a Clarín fuentes judiciales.

El acta se firmó la semana pasada, consignando que el Learjet LV BPL tiene un valor oficial 517.000 dólares. Su operatividad requiere de una importante inversión. Detenida hace más de quince meses, deben revisar uno de los motores y el sistema de navegación que no estaba funcionando en su totalidad.

La inversión que demandará la puesta en funcionamiento del costoso avión que usaba Lázaro Báez, recaerá sobre el ministerio de Seguridad que utilizará la aeronave para "la lucha contra el crimen organizado y delitos complejos", como así también "para lograr el desplazamiento más eficiente y rápido a los diferentes escenarios del territorio nacional", donde se combatan dichos delitos.

Antes de utilizarlo, el ministerio de Seguridad está obligado a contratar "un seguro contra todo riesgo que garantice la conservación de la aeronave y así también la conservación de su valor", explicaron fuentes judiciales. La Policía de Seguridad Aeroportuaria ya fue notificada de la decisión del juez, y entregarán el Learjet a la cartera que dirige Patricia Bullrich.

El avión de Lázaro Báez en Santa Cruz. Foto Archivo. (Opi Santa Cruz)

El segundo avión, un Rockwell Commander tasado en 211.300 dólares, quedó en manos de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC). Es la aeronave más deteriorada y que demandará más inversión para su utilización. El objetivo es destinarla al "traslado en el menor tiempo posible al lugar (donde se produzcan accidentes aeronáuticos) y poder realizar la recolección y análisis de las evidencias, a fin de comenzar con el proceso de investigación".

Las autoridades de la JIAAC firmaron el viernes pasado el acta y antes de retirarlo del aeropuerto de San Fernando, enviarán a sus equipo técnicos para presupuestar cuánto presupuesto se requiere para acondicionar la maquinaria. Al igual que el ministerio de Seguridad, la aeronave deberá ser asegurada contra todo riesgo.

La decisión del juez Casanello fue apelada por Walter Zanzot, presidente de Top Air SA y uno de los que junto a Martín Báez (el mayor de los hijos varones del empresario K), contaba dinero en la financiera "La Rosadita". Sin embargo, el juez dispuso entregar los aviones al ministerio de Seguridad y a la JIAAC bajo la figura de "depositario judicial para la conservación y resguardo" de dichos bienes.

El Learjet 35A de Lázaro Báez que se despistó e incendió en 2015. Foto DyN.

Hay un tercer avión involucrado, el Learjet LV-ZSZ que Lázaro Báez compró en 2007 a los hermanos Juliá (condenados a prisión en España por narcotráfico) y que según denunció el financista Federico Elaskar, habría sido usado para sacar grandes sumas de dinero del país y depositarlas en el exterior.

Este avión se incendió en 2015 y la aseguradora pagó por el mismo 1.300.000 dólares que fueron cautelados por el juez Casanello como parte de las medidas tomadas sobre el patrimonio del dueño del Grupo Austral. Zanzot reclama dicha suma de dinero, algo que también rechazó el magistrado.

Investigan la licitación de compra de un nuevo avión presidencial

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

La Justicia busca irregularidades en el proceso para cambiar el Tango 01.

El juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer un operativo en las oficinas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para secuestrar documentación vinculada al proceso de compra del nuevo avión presidencial.

Según pudo conocer LA NACION, por orden del magistrado, la Policía de la Ciudad se presentó en Paseo Colón 1452 con objeto de obtener los papeles de la licitación para adquirir un Boeing Business Jet. Se trata del modelo que reemplazará al viejo Tango 01, dado de baja al inicio de la gestión de Mauricio Macri.

La causa por la compra del nuevo Tango se tramita en paralelo al caso Avianca, un expediente que instruye el juez Sergio Torres por la denuncia de un grupo de diputados kirchneristas. Por vía separada, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, conducida por Fernando Miguez, hizo otra denuncia en la que apuntó al proceso para reemplazar la aeronave oficial. El escrito recayó en el juzgado de Bonadio y la Cámara Federal resolvió que se investigue como un expediente separado.

La denuncia indicó que Carlos Colunga, ex presidente de MacAir y actual CEO de Avianca, habría hecho lobby para digitar la compra del nuevo avión presidencial. Y que -siempre según la denuncia- ese empresario habría "pactado" previamente que el proveedor del nuevo Tango 01 sería Peerless Aviation, una empresa de aviones canadiense, y que la operación se haría por US$ 70 millones.

El fiscal del caso, Jorge Di Lello, impulsó la investigación y le requirió al juez una serie de medidas para determinar si existieron irregularidades en la licitación.

Cerca del mediodía de ayer, oficiales de la comisaría 14» se presentaron en la ANAC y secuestraron los papeles vinculados a la compra del nuevo Tango. El juzgado busca verificar si Peerless Aviation figuró como oferente, o no, y si reunió las condiciones legales para serlo.

Licitación internacional

El Gobierno asegura que todo el proceso para comprar el nuevo avión presidencial fue regular. Para garantizar la transparencia en la operación, la contratación fue derivada a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un organismo de la ONU con sede en Montreal, Canadá.

El 3 de febrero, la ANAC hizo un llamado a licitación para la compra de un Boeing y las ofertas se recibieron hasta el 22 de ese mes. Pasados seis meses desde aquella convocatoria, aún no hay novedades de la adquisición y, según lo que informó Marcos Peña ante el Congreso, "el procedimiento licitatorio aún se encuentra en ejecución y análisis" en la OACI.

Según reveló LA NACION semanas atrás, los miembros de la OACI junto con integrantes de la ANAC ya hicieron una preselección de aeronaves. En paralelo, el Tango 01, avión que compró el ex presidente Carlos Menem en 1992, salió a subasta, pero no hubo oferentes. Según informó Peña, el costo para poner a punto el viejo avión oficial implicaba una inversión de entre US$ 21 y US$ 26 millones.

Desde que asumió, Macri se traslada en vuelos comerciales o en aviones privados para sus misiones en el exterior.

Las medidas en torno de la flota oficial y la política aerocomercial ya le trajo más de un dolor de cabeza para el Gobierno. La decisión de otorgarle rutas aéreas a Avianca, la empresa que compró MacAir (la firma de aviones que era de la familia Macri), desató un vendaval judicial y político.

El episodio derivó en la renuncia de Carlos Cobas a la secretaría de la Presidencia, porque, antes de asumir su cargo, había sido gerente de MacAir. El por entonces funcionario había pedido una licencia, pero aún figuraba como empleado de Avianca cuando compró la empresa que era de la familia Macri.

Hasta su salida, en marzo, Cobas estuvo a cargo de organizar la licitación para la compra del nuevo avión presidencial.

Cayó el cuñado de De Vido, acusado de lavado de dinero y contrabando en la Aduana

Por Darío Palavecino - LA NACION

Minnicelli estaba prófugo desde hacía nueve meses y era uno de los más buscados en el país; lo detuvieron en Chapadmalal; fue clave la recompensa de $ 250.000.

Foto: Mauro V. Rizzi Foto: Mauro V. Rizzi

MAR DEL PLATA.- Luego de permanecer prófugo durante casi nueve meses, fue detenido anoche en Chapadmalal Alejandro Minnicelli, el cuñado del ex ministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido . Está acusado de contrabando y lavado de dinero, por ser considerado responsable de la mafia de la Aduana.

La detención se produjo a las 21.51 en un parador de Estación Chapadmalal, 15 kilómetros al sur de esta ciudad, un par de semanas después de haberse ofrecido una recompensa oficial. El pedido de captura nacional e internacional había sido ordenado en diciembre por el juez federal Marcelo Aguinsky.

La información precisa sobre la ubicación de Minnicelli -aportada por un vecino de la zona interesado en cobrar los $ 250.000 que ofrecía el Ministerio de Seguridad- llevó a la policía bonaerense hasta una despensa y bar donde lo ubicaron y esposaron sin que opusiera resistencia. "Dijo ser quien es, sin ánimo de eludir la situación", confió una fuente policial que siguió de cerca el procedimiento. Como informó ayer LA NACION, Minnicelli, de 52 años, era uno de los prófugos más buscados del país.

"En la Argentina la impunidad se termina", remarcó anoche la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en un tuit con el que confirmó que se habían acabado las horas de prófugo para Minnicelli.

"Teníamos información de que se había ido a Uruguay. También se planteó que se había ido a Paraguay. Siempre lo buscamos con distintas pistas por diferentes lugares. Habrá que ver quién lo sostuvo en esta zona", afirmó luego la ministra.

Alias "el Mono" y hermano de Alessandra -la esposa del ex ministro De Vido, procesado en varias causas-, Minnicelli era buscado en el país y el exterior desde el 24 de octubre de 2016 por su participación en delitos de la "mafia de los contenedores". En el juzgado penal económico que conduce el magistrado Aguinsky se lo considera parte de una asociación ilícita que permitía el ingreso ilegal de mercadería que llegaba desde China y se comercializaba en puestos informales de venta al público, entre ellos La Salada.

Según la investigación, Minnicelli formaría parte de una organización que actuaría en connivencia de funcionarios de la Dirección General de Aduanas, lo que le permitiría eludir controles.

Tras su detención, Minnicelli, de 52 años, quedó anoche alojado en la Comisaría 8», en jurisdicción de la vecina localidad de Batán, donde al cierre de esta edición se cumplían todos los trámites de rigor correspondientes para su identificación y certificación de su estado de salud.

Testimonios a los que pudo acceder LA NACION revelaron que estaba de buen semblante y tranquilo. Incluso, sonrió para la fotografía que se le tomó, según destacaron funcionarios que participaron de cada uno de estos pasos.

El local en el que fue cercado y quedó detenido está ubicado en la calle 9, entre 20 y 22, del paraje Estación Chapadmalal, que tiene poco más de 1600 habitantes y al que se accede por la ruta 88, desde las inmediaciones de Batán. Es un almacén y bar, con algunas mesas y televisor, frecuentado por parroquianos, muy próximo al Club Chapadmalal y la parroquia de la zona. De acuerdo con la información policial, allí ya se lo había visto algunos días anteriores, incluso antes de que el vecino que informó sobre su paradero aportara ese dato concreto.

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, confirmó anoche que a partir de la precisión aportada por el vecino se dispuso un operativo que, con el transcurso de las horas, dio anoche resultado positivo. "Queda por determinar si estaba alojado en la zona y si estaba acompañado por alguien más", aseguró el funcionario.

Desde anoche comenzó el rastreo de pistas que podría reconstruir el derrotero del prófugo, que habría elegido resguardarse en este territorio escaso de viviendas, con población muy humilde entre la que abundan quinteros, trabajadores de canteras y de hornos de ladrillos.

Minnicelli había llegado hasta esta despensa para realizar una compra que no llegó a concretar. Los uniformados pertenecientes al Destacamento Estación Chapadmalal de Comisaría 8» lo identificaron y, ante testigos, una vez notificado de los cargos que se le imputan y el pedido de captura que pesaba sobre él, lo subieron al patrullero que lo trasladó hasta la dependencia policial de Batán. Esta madrugada esperaba ser trasladado hacia la Capital Federal, en un operativo que estaría a cargo de la Policía Federal.

Ritondo felicitó anoche el desempeño de las fuerzas policiales de la provincia en la resolución de esta captura y resaltó "el trabajo en conjunto" que se pudo lograr con el Ministerio de Seguridad de la Nación para alcanzar el objetivo perseguido, que era la detención de uno de los diez hombres con pedido de captura más buscados en el país.

Según la ministra Bullrich, es muy probable que Minnicelli haya tenido algún tipo de ayuda o asistencia durante estos más de nueve meses que transcurrió evadiendo a la Justicia. "Quizás haya tenido más protección política que de una fuerza de seguridad", afirmó anoche. Por eso destacó el valor de disponer una recompensa importante que, en poco tiempo, dio sus frutos.

YPF: Gobierno ya prepara millonario pago (hasta u$s4.000 M) a buitre Burford

Por Carlos Burgueño - Ambito.com

LA CÁMARA DE APELACIONES DE NUEVA YORK DEBE DEFINIR LA SEGUNDA INSTANCIA.

La Argentina, si pierde el caso, deberá pagar ese dinero a parte de los tenedores del 41% de acciones que no fueron reestatizadas. Especulaciones sobre quiénes (personas y sociedades) se verían beneficiadas.

El Gobierno está resignado. Ya prácticamente se descarta en Buenos Aires que la Argentina perderá el juicio que el fondo buitre Burford le hace al país en Nueva York, por la manera en que se reestatizó YPF durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. En silencio, en el Palacio de Hacienda se elabora la estrategia financiera para conseguir entre 3.000 y 4.000 millones de dólares; el dinero que, se especula, costaría un fallo en contra de la demanda generada por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocaron al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos u$s1.000 millones) a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero.

El caso está ahora en análisis por los jueces de la Cámara de Apelaciones de Nueva York a la espera de una decisión final de segunda instancia, la que se conocería antes de octubre. Desde la Argentina hay pocas expectativas favorables. Más teniendo en cuenta los argumentos utilizados por la defensa del país en la audiencia del 15 de junio pasado en Nueva York. Ante un fallo negativo, el Ejecutivo apelará la medida, casi a reglamento, ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero sabiendo que el destino estará jugado. Ante esto se analizan diferentes alternativas financieras para atender estas causas y el resto de los juicios que puede perder la Argentina en los próximos meses, incluyendo varios que están al borde de la definición en el CIADI. La hipótesis de máxima es que no sería este año el momento para pagar este pasivo y que debería armarse una estructura financiera para el primer trimestre de 2018. Una visión más pesimista habla de este año, pero, al menos, después de las elecciones de octubre. 

El caso planteado por Burford llegó a la segunda instancia judicial de Nueva York luego de la presentación del fondo ante el juzgado de Thomas Griesa el 8 de abril de 2015, y después de que el juez derivase el caso a la jueza Loretta Preska el 11 de mayo de 2016. Preska finalmente falló en contra de la Argentina e YPF (y a favor de Burford) en octubre de 2016 y el Gobierno de Mauricio Macri apeló la decisión ante la Cámara que finalmente hoy se abrirá para que las partes presenten sus reclamos. 

La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra y abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera. El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, y uno de los grandes misterios (por ahora) de esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. 

Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de la audiencia), Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en u$s 66 millones. En esa operación, el fondo de capitales ingleses especializado en hacer juicios luego de renacioanalizaciones fallidas, la valuación que se le aplicó al caso fue de u$s 440 millones, en lugar de los u$s3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos. 

Según los analistas la razón para que exista tamaña diferencia de dinero entre lo que se reclama y lo que para el propio demandante vale la demanda, sólo se explicaría por una razón: en realidad Burford es quien lleva adelante el juicio y a nombre de un porcentaje general que no superaría el 35%. Esto implica que el 75% restante de la demanda es propiedad de un tercero que podría recibir, si el fallo es positivo, unos u$s 2.250 millones. ¿Quién puede ser este tercer actor?. El único que lo sabe es Burford. Podría ser un inversionista argentino o extranjero. Podría ser cualquier fondo buitre o cualquier persona o holdout que haya sido demandante al país en el "Juicio del Siglo". Puede ser un ex o un actual accionista de la empresa. O incluso una persona en particular. Por ejemplo, un político o un grupo de políticos. 

En algún momento cercano en el tiempo, el financista Aldo Ducler le aseguró al Gobierno de Mauricio Macri que tenía datos lo suficientemente probados como para confirmar la identidad de este eventual propietario de la mayor parte del juicio. Aseguraba Ducler que las pruebas con las que contaba podrían, incluso, hacer caer la causa y hacerle ahorrar a la Argentina los 3.000 o 4.000 millones de dólares que puede costar en el caso de un fallo negativo. Sin embargo Ducler falleció el primero de junio pasado (a días de la audiencia en segunda instancia) sin que se lo tuviera en cuenta. 

Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su expertice son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Fue el caso de Petersen, que luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner y se vio obligado a presentarse en concurso. Antes dejó en claro que no podía seguir adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se reestatizó la petrolera y la prohibición explícita del Gobierno argentino de redistribuir dividendos en la nueva YPF. 

La causa se basa en el reclamo de Burford por la manera en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado. 

Burford es un viejo conocido del país. Hace semanas le ganó un juicio ante el CIADI por más de u$s300 millones por Aerolíneas Argentinas por el que obtuvo una rentabilidad de casi 1.000%

Gracias Kristi. Muchas gracias por los males que le trajiste al país. Salí a explicar esto...

Panamá Papers: la Cámara Federal cerró el caso

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

El fallo descartó que hubiera lavado y favoreció a Macri.

La causa de los Panamá Papers, que complicó a Mauricio Macri por su participación en sociedades offshore, se dio por cerrada ayer en los tribunales de Comodoro Py. Así lo resolvió la Sala II de la Cámara Federal, que confirmó el fallo del juez Sebastián Casanello y consideró que no existió lavado de dinero.

La Cámara Federal cerró el caso

Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun también avalaron a Casanello en su decisión de derivar la investigación a otros dos tribunales. Por un lado, determinaron que el fuero penal económico deberá descartar la existencia de evasión fiscal vinculada a las firmas offshore Fleg Trading (de Bahamas) y Kagemusha (de Panamá), donde Macri figuró como director junto a su padre y a su hermano.

Los camaristas, sin embargo, aclararon: "La hipótesis sobre la que se dispuso la intervención del fuero penal económico está anclada a cuanto pudiera surgir de las actuaciones que se desarrollan en la AFIP". El organismo fiscal aún debe concluir una pericia sobre las firmas.

Por otro lado, los camaristas ordenaron "remitir una copia del expediente" a Elizabeth Paisan, magistrada subrogante del Juzgado de Instrucción N° 20 de la ciudad, donde se investiga a Macri por enriquecimiento ilícito desde que era jefe de gobierno porteño. La jueza porteña deberá descartar si existió una "omisión maliciosa", ya que el Presidente nunca informó esas sociedades en sus declaraciones juradas.

Recorrido judicial

Casanello se declaró incompetente para seguir investigando a Macri a mediados de abril, al considerar que no existían elementos para sospechar que hubo lavado dinero con las firmas offshore y que, por lo tanto, no había presunción de un delito federal. La decisión del juez llegó días después de que la Cámara Federal cuestionara el curso de la investigación y considerara que iba en una excursión de pesca, sin un rumbo claro.

La pesquisa se concentró en los US$ 9,5 millones que Fleg Trading le habría pagado a Socma Americana SA por las acciones que esta última tenía en una empresa brasileña que habría estado vinculada a Pago Fácil. Pero la UIF dijo que no existió lavado.

El fiscal del caso, Federico Delgado, apeló la resolución de Casanello y requirió que el caso continúe abierto en Comodoro Py, ante la falta de elementos que aporten un panorama acabado de la vida societal de Fleg Trading y Kagemusha. Pero el fiscal ante la Cámara, Germán Moldes, desistió de la apelación presentada por el fiscal de instrucción.

Así, el fallo de ayer de la Cámara terminó de herir de muerte la investigación de los Panamá Papers. Una noticia que trae alivio al Presidente en uno de los casos que marcó el inicio de su gestión en el Gobierno.

Miles de personas marcharon a Tribunales en rechazo de la "impunidad" en casos de corrupción

Por Iván Ruiz - LA NACION

La convocatoria se gestó en las redes sociales; De Vido, el funcionario más señalado entre los asistentes.

Marcha contra la corrupción en Tribunales. Foto: LA NACION / Fabián MarelliMarcha contra la corrupción en Tribunales. Foto: LA NACION / Fabián Marelli

"Justicia independiente. Basta de impunidad." Bajo ese lema se manifestó ayer miles de personas pidieron frente a Tribunales el avance de las causas de corrupción contra ex funcionarios kirchneristas. Unas 5000 personas -según datos oficiales- convocadas por las redes sociales encendieron velas frente al icónico edificio -sede del Poder Judicial- para reclamar justicia por las víctimas de la corrupción.

Aunque la convocatoria fue espontánea y prácticamente no contó con funcionarios del Gobierno, la marcha tuvo un marcado perfil antikirchnerista.

"No quiero ser un país chavista", decía la remera de un manifestante. Otros tenían carteles con fotos de Amado Boudou y Julio De Vido vestidos con traje a rayas. El ex ministro de Planificación Federal fue el hit de la noche: "De Vido, preso", repitieron varias veces los manifestantes durante toda la marcha. También se escapó algún: "Sí, se puede", emblema del cancionero de Cambiemos.

El primer aplauso se despertó minutos antes de las seis de la tarde. "Nisman, presente", repitió la multitud, en uno de los momentos más emotivos de la marcha.

Al anochecer, se encendieron miles de velas blancas para recordar a las víctimas de la corrupción. La multitud ya se expandía en forma de cruz a ambos lados de la esquina de Tucumán y Talcahuano, desde las avenidas Corrientes hasta Córdoba.

Una traba inesperada

Los organizadores se quejaron porque la calle Talcahuano -el acceso a la puerta principal de Tribunales- amaneció vallada, lo que limitó el avance de la manifestación hacia el frente del edificio. Y varios apuntaron a la Corte Suprema por la decisión.

Desde el alto tribunal negaron que ellos hubieran sido los responsables de tomar esa decisión. El escenario finalmente se montó de costado, sobre la esquina, donde comenzaba el vallado.

"Queremos instalar, en la sociedad y entre los dirigentes, la necesidad de una Justicia eficaz en la lucha contra la corrupción. Sin justicia no hay república", sostuvo Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los organizadores de la convocatoria.

Lo acompañaron los diputados Waldo Wolff y Cornelia Schmidt-Liermann (ambos de Pro), la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic, los candidatos a diputados Fernando Iglesias, Marcela Campagnoli y Carolina Piparo, el dirigente radical Luis Brandoni y el ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, entre otros dirigentes presentes.

"Tenemos que terminar con los jueces tiempistas, porque al final los corruptos nunca van presos mientras están en el poder", reclamó Lipera.

Ninguno de los organizadores subió al escenario. Los únicos oradores fueron dos padres de víctimas: Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, uno de los muertos en la tragedia de Once, y Diana Cohen Agrest, cuyo hijo fue asesinado durante un robo en 2011.

"Que nos venga a explicar la Cámara de Casación cómo no les alcanzó un año para leer la sentencia que condenó a los corruptos Ricardo Jaime, Ricardo Schiavi y Julio De Vido", lanzó Menghini, en referencia a la decisión que todavía debe tomar el tribunal para dejar firme la sentencia en juicio que haga efectivo el cumplimiento de la pena.

"Queremos una Justicia con los ojos vendados. Queremos ver a De Vido muy pronto sentado en el banquillo por la tragedia de Once", agregó.

De Vido ocupó ayer, en la marcha, el lugar que supieron ocupar Ricardo Jaime, Amado Boudou y Lázaro Báez en otras protestas.

Después de las largas discusiones sobre su responsabilidad en distintos procesos penales, el ex ministro kirchnerista fue protagonista como ningún otro funcionario kirchnerista de los cientos de carteles que escribieron los manifestantes para reclamar justicia contra la corrupción.

Skanska II: Piden la declaración indagatoria de De Vido por los gasoductos

Por Iván Ruiz - LA NACION

El fiscal Delgado lo acusó de defraudar al Estado en una obra por US$ 2300 millones para Odebrecht.

Por primera vez, una causa judicial vinculada al caso Odebrecht golpea directamente la puerta de Julio De Vido . El fiscal Federico Delgado pidió ayer la indagatoria del ex ministro por haber incurrido en los delitos de defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa conocida como Skanska II, por la millonaria contratación para construir gasoductos.

"El Estado nacional fue engañado por un grupo de funcionarios y empresarios privados", escribió Delgado en su requerimiento, que ayer fue entregado al juez federal Daniel Rafecas. El fiscal sostuvo que el ex ministro de Planificación fue responsable por los sobreprecios y de los sobornos por haber diseñado "el marco legal" en el que se manejaban las contrataciones sin ningún tipo de control, pero también por haber influido en "otro grupo de funcionarios que lo puso en movimiento y que vigiló cómo se desplazaba", y también señaló a un tercer grupo, compuesto por empresarios, que protagonizó los "actos materiales", como Odebrecht.

El pedido de indagatoria de Delgado se extendió también para el ex secretario de Energía Daniel Cameron, el ex titular del Enargas Fulvio Madaro, y los ex directivos de Odebrecht Flavio Bento de Faria y Marcio Feria Silva, entre otra decena de imputados.

La causa conocida como Skanska II investiga supuestos sobornos en la asignación de los contratos para ampliar la construcción de los gasoductos, contratos que fueron adjudicados a las empresas Cammesa SA y Albanesi SA, que financiaron la obra construida por Odebrecht, cuyo monto supera los US$ 2300 millones.

La causa retomó su actividad cuando explotó el Lava Jato y quedó a cargo del juez Rafecas, que había ordenado allanamientos a Cammesa y Albanesi a fines de mayo.

Delgado expuso ayer "tres dimensiones" que hicieron posible la defraudación, la negociación incompatible y el pago de sobornos: "Primero, el armado de la estructura legal de la obra pública, toda la ingeniería normativa que se creó para suspender las leyes preexistentes y así disponer del dinero sin mecanismos de control. La segunda: las contrataciones privadas donde se produjeron los sobreprecios (privadas a medias porque estaba Cammesa y porque la Secretaría de Energía y el Enargas «acompañaron» las decisiones de las firmas privadas). La tercera de ellas: los posibles sobornos incentivaron la elección de empresas y los costos mayores sin justificación".

Cada vez más complicado

El ex ministro kirchnerista sufrió otra semana negativa en Comodoro Py. Delgado había pedido el lunes la elevación a juicio de la investigación por las irregularidades en la compra de material ferroviario a España y Portugal.

No es el único juicio por el que espera De Vido. Ya terminada la etapa de presentación de pruebas, el Tribunal Oral Federal N° 1 de la Capital debe decidir la fecha para realizar el juicio oral por la tragedia de Once.

La agenda judicial del ex ministro de Planificación está cargada. Tiene cinco procesamientos, y otras tres causas en las que está involucrado podrían tener desenlace en los próximos meses: las investigaciones por irregularidades en Río Turbio y por el desvío de los subsidios para el gasoil de los colectivos.

El ex ministro también está atento al desenlace de la causa Skanska, el primer gran caso de corrupción durante el kirchnerismo que motivó la ampliación de gasoductos investigados en el caso Skanska II. Después de largas idas y venidas, el ex ministro ya fue indagado por el juez federal Sebastián Casanello, quien espera una resolución de la Cámara Federal para resolver si lo procesa.

Odebrecht pagó coimas por US$ 14 millones para ganar un contrato de AySA

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

La constructora brasileña admitió que durante el kirchnerismo dio sobornos a Baratta, el número dos de De Vido, para quedarse con el proyecto de agua potable Paraná de las Palmas; figuran como nexos Carlos Wagner, Jorge "Corcho" Rodríguez y Raúl Biancuzzo.

La firma brasileña Odebrecht pagó coimas millonarios para ganar un contrato con AySA. Foto: Archivo 

La constructora brasileña Odebrecht pagó coimas por al menos US$ 14 millones a funcionarios kirchneristas del Ministerio de Planificación Federal y de la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Así fue que obtuvo el contrato para la construcción del Sistema de Potabilización Área Norte, según surge de documentos secretos de la investigación Lava Jato, a los que accedió LA NACION. Odebrecht pagó la coima a través de los mismos intermediarios que están sospechados de canalizar los sobornos del contrato para la extensión de las redes de gas: Carlos Wagner -por entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción- y el lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez. Está también involucrado Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido .

Wagner, dueño de la constructora Esuco, le comunicó a Odebrecht las condiciones para participar del negocio. Primero, les dijo, debía integrar un consorcio junto a otras tres empresas locales: Benito Roggio, Cartellone y Supercemento, mientras que Esuco iría con otra constructora brasileña, Camargo Correa, por el contrato mellizo del proyecto en Berazategui. Y segundo debía aportar millones para "pagos indebidos" a funcionarios del gobierno; en particular, del entorno del entonces ministro Julio De Vido.

Odebrecht aceptó esas condiciones y el consorcio ganó el contrato por US$ 720 millones, más una ampliación por otros US$ 69 millones. Pero aun así, el consorcio padeció atrasos en los pagos tras la muerte del ex presidente Néstor Kirchner que sólo se solucionaron con la aparición del "Corcho" Rodríguez y el pago de más sobornos.

Consultado por LA NACION, Wagner negó cualquier rol delictual. "Me deja sin palabras, sólo puedo decirle que desmiento todo eso. ¿Coimas? ¿Yo? Eso?, no sé?, no es cierto. Yo no tengo ni jamás tuve ese poder de decisión sobre los funcionarios que tenían que tomar esas decisiones o los empresarios que evaluaban participar en alguna licitación", replicó.

El "Corcho" Rodríguez también se despegó de cualquier ilicitud. "Es un divague absoluto, una locura. No sé ni siquiera dónde queda esa obra (por Paraná de las Palmas) ni conocí a nadie de las empresas involucradas, pero por lo visto me quieren «atornillar» a mí como un «daño colateral»", dijo.

Según los documentos que LA NACION analizó como parte de un proyecto periodístico colaborativo regional liderado por el equipo peruano IDL Reporteros, la operatoria delictual registró dos etapas.

Odebrecht pagó coimas por US$ 14 millones para ganar un contrato de AySA. Foto: Archivo 

La primera abarcó de noviembre de 2007 a diciembre de 2010, cuando el Departamento de Operaciones Estructuradas -el lado oscuro de Odebrecht- pagó US$ 7,6 millones bajo las indicaciones de Wagner. Y la segunda, entre enero de 2011 y diciembre de 2014, cuando desembolsó US$ 6,45 millones bajo las pautas del "Corcho" Rodríguez.

¿Quién recibió esos primeros US$ 7,6 millones? Según esos documentos todavía secretos que obtuvo LA NACION, fue el ingeniero mecánico Raúl Biancuzzo -hoy de 69 años-, que entre 2007 y noviembre de 2011 trabajó como director de Infraestructura de AySA, a cargo de las licitaciones, contrataciones y ejecuciones de obra, según detalló en el currículum que subió a Internet.

La justicia argentina ya tiene a Biancuzzo bajo la lupa. Es uno de los 29 acusados a los que el fiscal federal Federico Delgado pidió indagar el 21 de junio pasado, entre los que también incluyó a Wagner, pero no al "Corcho" Rodríguez ni a Baratta. LA NACION intentó comunicarse ayer con Biancuzzo por teléfono y correo electrónico, pero no respondió las sucesivas consultas.

Según el ex vicepresidente de Odebrecht para América latina Luiz Antonio Mameri, quien se acogió al régimen de la delación premiada ante la justicia brasileña, Wagner identificó a Biancuzzo como el destinatario de los primeros pagos. Y el directivo que se desempeñaba como número dos de Carlos Ben en AySA -el hombre clave junto al sindicalista José Luis Lingeri- contactó luego a otro ejecutivo de la constructora brasileña, Sergio Gouvea Pinheiro, para indicarle a qué cuentas debía transferir el dinero.

Al igual que ocurrió en el contrato para la extensión de las redes troncales de gas, sin embargo, la muerte del ex presidente Kirchner trastocó la interacción con el gobierno, que acumuló atrasos en los pagos por US$ 53 millones con el consorcio, que optó por paralizar la obra.

Aparece Baratta

Fue entonces que, según relató Mameri ante la justicia brasileña, el "Corcho" Rodríguez contactó al entonces director de Infraestructura de Odebrecht en la Argentina Rodney Rodrigues de Carvalho, para destrabar los pagos en nombre de Baratta, la mano derecha de De Vido en el Ministerio de Planificación.

Según Mameri, Rodríguez propuso que el consorcio pagara coimas por cada tramo que destrabara de la deuda. Y que debían pagarle con transferencias a las cuentas que él les indicara. Esa sería, les aclaró, la única forma de que el gobierno priorizara al consorcio.

Odebrecht aceptó. Y durante la gestión de Rodney Rodrigues en la Argentina se pagaron US$ 5,6 millones por medio de transferencias bancarias desde y hacia sociedades offshore, mientras que su sucesor, Ricardo Vieira, se encargó de pagos por otros US$ 850.000 hasta diciembre de 2014.

Consultado por LA NACION, desde Odebrecht no confirmaron ni desmintieron la investigación. Indicaron que la constructora "ratifica su firme voluntad, transmitida a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial referidas a su ofrecimiento para colaborar de forma amplia y eficaz con las investigaciones", así como "reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación íntegra, ética y transparente".

¿Cómo fue la "ruta del dinero"? Según los documentos analizados por el consorcio liderado por IDL que integra LA NACION, los fondos que recibió Biancuzzo tras la intermediación de Wagner continúan en las sombras. Pero la operatoria vinculada al "Corcho" Rodríguez comienza a salir a la luz.

Esos fondos salieron de los bancos Credicorp Bank SA, de Panamá, y el Meinl Bank, de Antigua y Barbuda, a través de cuatro sociedades offshore. ¿Su destino final? Una cuenta en el banco Itaú de Uruguay abierta a nombre de una sociedad operativa en la zona franca de Montevideo.

Qué ocurrió a partir de allí es un misterio. Pero sería así acaso por poco tiempo: el controlante de esa sociedad es un "cuevero" brasileño -"doleiro", en la jerga de su país- que al igual que Mameri ya se acogió al régimen de la delación premiada.

Protagonistas de un negociado

Marcelo Odebrecht - Jefe del holding 

El presidente de la constructora brasileña terminó preso, condenado a 19 años y medio de prisión por el juez a cargo de la megacausa Lava Jato, Sérgio Moro, para luego acogerse al régimen de la delación premiada y confesar sus crímenes a cambio de reducir su estancia en la cárcel. Uno de sus hombres de máxima confianza, Luiz Alberto Mameri, fue el que delató las maniobras irregulares en la Argentina, en el proyecto para la planta potabilizadora de AySA

Los acusados

Roberto Baratta - Número dos de De Vido - 

La constructora admitió pagos de coimas por US$ 14 millones a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo y señaló a Baratta, la mano derecha del ex ministro Julio De Vido. Según el arrepentido brasileño, Jorge "Corcho" Rodríguez contactó al director de Infraestructura de Odebrecht en el país (Rodney Rodrigues de Carvalho) para destrabar el pago de sobornos en nombre de Baratta

Jorge "Corcho" Rodríguez - Lobbista e intermediario

Figura como el intermediario de canalizar los sobornos de Odebrecht. Su nombre ya había aparecido en una maniobra similar: las coimas que admitió la constructora por la extensión de las redes troncales de gas. "Es un divague absoluto, una locura. No sé ni siquiera dónde queda esa obra [por Paraná de las Palmas] ni conocí a nadie de las empresas involucradas", dijo Rodríguez a LA NACION

Raúl Biancuzzo - Directivo de AySA

Entre 2007 y 2011 se desempeñó como director de Infraestructura de AySA, la empresa estatal que suministra el servicio de cloacas y agua potable. Estaba a cargo de licitaciones, contrataciones y ejecuciones de obra. Lo acusan de haber recibido el primer tramo de las coimas (unos US$ 7,6 millones). Su nombre ya está bajo la lupa de la Justicia: es uno de los 29 acusados a los que el fiscal Federico Delgado pidió indagar

Carlos Wagner - Dueño de Esuco y ex titular de la Cámara de la Construcción

Cuando se concretó la maniobra, Wagner ejercía como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Según Odebrecht, Wagner fue el que le comunicó las condiciones para participar del negocio. Les dijo que debían integrar un consorcio junto con otras empresas, entre ellas la de él, y luego informó sobre "los pagos indebidos" a funcionarios del gobierno (por entonces gobernaba el kirchnerismo)

Manipulan el padrón con cambios de domicilios falsos

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

Un juez electoral anuló 3000 trámites en pequeñas localidades de Santiago del Estero, al detectar que la mitad eran ficticios

Manipulan el padrón con cambios de domicilios falsos. Foto: Archivo 

Las "mudanzas" iban a poblar, de un día para el otro, a pequeñas localidades del interior de Santiago del Estero. Pero los traslados quedaron truncos, porque la justicia electoral sospechó y corroboró que los movimientos buscaban trucar el padrón electoral de algunas comunas, con el objetivo de inclinar el resultado de los futuros comicios municipales.

El juez Guillermo Molinari, con competencia electoral en Santiago del Estero, requirió una medida cautelar para que 3000 cambios de domicilio en múltiples localidades de la provincia fueran revertidos tras detectar que casi la mitad de los casos no eran reales. La sospecha es que pudo haber existido una maniobra clientelar para modificar el desarrollo de las elecciones locales.

"Con el fin de evitar que en aquellos circuitos electorales en donde se eligen comisionados municipales e intendentes el resultado de los comicios no refleje la voluntad genuina de quienes residen en esas comunidades, se impone una medida cautelar provisoria hasta tanto concluya el proceso comicial", redactó el magistrado de Santiago del Estero en uno de sus oficios.

Según explicaron en la Cámara Nacional Electoral, supervisora del proceso, cuando en Santiago del Estero se publicó el padrón provisional, "algunos partidos políticos denunciaron el crecimiento desmedido del número de electores de algunas comunas". Eso motivó a ordenar un operativo a la Unidad de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional, para que efectúe constataciones de los domicilios.

El escuadrón de la Gendarmería verificó en su recorrido que muchas de las personas que se habían mudado de localidad, en realidad no vivían en el lugar indicado. Por ejemplo, en algunas casas se registró que había múltiples residentes con distintos apellidos, sin que se tratara de un mismo núcleo familiar.

"El primer operativo motivó una avalancha de denuncias, casi 150, que dejaron bajo observación a 3000 cambios de domicilio", explicaron fuentes de la Cámara Nacional Electoral a LA NACION. La Gendarmería hizo un muestreo de casos y encontró nuevas irregularidades.

"Dado que no estaban ni los recursos ni el tiempo para verificar los cientos de denuncias, el juez electoral decidió suspender los casi 3000 cambios de domicilio sospechados, porque podrían haber trastocado el resultado de los comicios municipales", agregaron.

En el circuito de Los Romanos (Robles), los cambios de domicilio denunciados alcanzaban al 10% del padrón, mientras que en Tapso (Choya) esa cifra trepaba al 11,8%. En Santa Catalina (Guayasán) los casos denunciados alcanzaban al 3,7% de los electores y en Lavalle (también en Guayasán), al 2,3 por ciento.

"Podría tratarse de maniobras tendientes a modificar la base electoral de esas pequeñas comunidades que eligen a sus autoridades. Si bien no tendrá incidencia a nivel nacional, si pueden influir en el ámbito local", manifestó Molinari.

Una fiscalización rigurosa

La Cámara Nacional Electoral viene dando batalla a este tipo de maniobras. La acordada 57 dictada por el tribunal electoral este año promovió la fiscalización de los domicilios declarados por los electores, a partir de denuncias ante casos sospechosos. "La certeza y la exactitud de los registros de electores representan una de las más relevantes garantías con que cuenta el cuerpo electoral", manifestaron en su escrito los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via.

No es la primera vez que se detecta este tipo de maniobras. Ya en 2006 se tomaron medidas por movimientos de personas sospechados en nueve localidades de San Luis y en 2011 fue el turno de tres comunas de La Pampa.

En las presidenciales de 2015 se registraron situaciones anómalas en las localidades bonaerenses de General Guido y Monte Hermoso y en Lago Posadas, en Santa Cruz.

Razones de la medida cautelar

3000 Cambios de domicilio - Quedaron en observación luego de que se produjeron más de un centenar de denuncias

Padrones - Cuando se publicó el padrón provisional en Santiago del Estero, muchos partidos denunciaron un crecimiento desmedido de los electores en ciertas comunas

Falta de tiempo - Como no se llegaría a revisar todos los casos antes de las elecciones, se decidió congelar los cambios de domicilio hasta después de los comicios

Antecedentes - Situaciones similares se dieron también en San Luis (2006) y La Pampa (2011)

La Justicia desestimó casi la mitad de las denuncias contra el gobierno de Macri

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

La Casa Rosada atribuye a maniobras de la oposición la sucesión de causas penales contra funcionarios y celebra que en un año y medio se haya descartado un alto porcentaje.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri. Foto: DyN / Archivo

Lo debaten en reuniones reservadas, lo analizan en planillas de Excel y lo dejan trascender a la opinión pública. Los altos funcionarios del Gobierno están convencidos de la existencia de un grupo opositor que busca complicar la marcha de la gestión mediante la radicación de denuncias penales. Y se jactan de que la Justicia, en tan sólo un año y medio, ya desestimó varias acciones o dictó sobreseimientos en casos sensibles.

Según un análisis elaborado por la Casa Rosada, que LA NACION estudió y cotejó con fuentes judiciales, sobre un total de 39 denuncias sensibles que recibieron el Presidente y sus ministros, 17 fueron desestimadas, archivadas o sobreseídas. Es decir, el 43% de esos expedientes dejaron de ser una preocupación para los asesores y los abogados de los funcionarios.

Los números son una foto de lo que ocurrió en los juzgados de primera instancia, pero no la película completa, ya que pueden existir fallos en distintos sentidos en la Cámara Federal o en Casación.

Además de mirar con recelo a los denunciantes, el Gobierno también pone el ojo en el trabajo de los fiscales, que tienen la tarea de impulsar las pesquisas. "Ellos deben investigar, pero a veces parece que le hacen el juego a la oposición e imputan porque sí... parece un cambalache", se quejó días atrás un alto funcionario que asesora a Macri en materia judicial.

El blanco de los mayores recelos del oficialismo es la procuradora general Alejandra Gils Carbó, jefa de los fiscales y promotora de Justicia Legítima.

Causas contra funcionarios

Algunas de las causas que tuvieron un resultado favorable para el Gobierno fueron de alta sensibilidad política.

El primer caso que complicó a Macri fue el de los Panamá Papers, en el que se investigaron las sociedades offshore de la familia del Presidente. Tras requerir una serie de testimoniales y librar exhortos, en abril, el juez Sebastián Casanello entendió que no existían elementos para sospechar de maniobras de lavado de dinero. Decidió derivar una parte de la causa al fuero ordinario y otra, al penal económico. Si bien el caso aún no se cerró, la noticia fue un importante alivio para el oficialismo.

También en abril de este año el Gobierno recibió otras dos buenas noticias desde los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Ariel Lijo sobreseyó a la vicepresidenta Gabriela Michetti en la causa iniciada por bienes que tenía en su casa y que fueron robados. El juez Rodolfo Canicoba Corral, en tanto, a 80 días de radicada la denuncia, dictó el sobreseimiento del jefe de los espías, Gustavo Arribas, investigado por recibir transferencias de un valijero condenado en el Lava Jato.

Otras causas contra altos funcionarios de Cambiemos que terminaron en sobreseimiento fueron el caso contra el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, por la presunta compra de máquinas de votación sin que existiera la ley de la boleta electrónica (una adquisición que no se verificó); la compra de dólar futuro que efectuaron, entre otros, los funcionarios José Torello, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y un expediente por presunta "incitación a extorsiones" para el traspaso de la empresa OCA.

Con otras nueve denuncias, la investigación no prosperó y las acciones fueron desestimadas o archivadas, como la radicada por la firma de un memorándum con Qatar, que contemplaría la utilización de fondos de la Anses, y la presentación por las negociaciones entre el Gobierno y Odebrecht.

Un dato que inquieta a la Casa Rosada es que la persona más denunciada del Gabinete es el propio Mauricio Macri. El presidente acumula 17 causas en lo que lleva de su gestión. Luego de la investigación por los Panamá Papers fue imputado por el decreto que revivió los pagos por el soterramiento del Sarmiento (donde estaba involucrada Iecsa), el tarifazo de gas y la designación de los jueces de la Corte, entre otras denuncias.

"No se puede imputar al jefe del Estado tan livianamente, no es serio. Se pueden investigar los hechos sin necesidad de imputar de antemano la investidura presidencial", se quejan en Casa Rosada.

Del mismo modo que durante la gestión anterior varios dirigentes de la oposición radicaron múltiples denuncias de corrupción contra el kirchnerismo, la gestión de Cambiemos también tiene sus "denunciantes frecuentes". El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade radicó cinco denuncias de alto voltaje político contra el oficialismo, como el caso Avianca o la denuncia por la compra de gas a Chile. Otras tres acciones fueron iniciadas por grupos de diputados del FPV.

En otros casos, las denuncias fueron impulsadas por abogados que mostraron afinidad al gobierno anterior, como Eduardo Barcesat y Pablo Llonto, ambos ligados a los movimientos de derechos humanos.

Casos en alerta

La tranquilidad del Gobierno en los tribunales contrasta con el panorama oscuro que viven algunos de los funcionarios del gobierno anterior, que en las próximas semanas podrían vivir fallos adversos. Pero el kirchnerismo también gozó de años mozos en Comodoro Py en el pasado reciente. En el transcurso de esa gestión, por ejemplo, los Kirchner fueron sobreseídos por enriquecimiento ilícito en 2009, el caso Skanska fue herido de muerte y Julio De Vido permaneció ileso en múltiples investigaciones.

Cuando el kirchnerismo bajó al llano, la Justicia aceleró el pulso de los casos de corrupción.

El actual gobierno, de todos modos, también mantiene cierto estado de alerta. Casos como los de Avianca, la emisión del bono a cien años y el del Correo Argentino hoy tienen a los abogados que defienden a los ministros deambulando por los tribunales.

Procesados por encubrimiento: ofrecían a la venta un proyector robado del cine Gaumont

Por Omar Lavieri - Infobae.com

El aparato fue hallado y devuelto al cine.

Sebastián Casanello es juez federal desde octubre de 2012. Se lo conoce porque tiene a su cargo –entre otros causas– la denominada "Ruta del dinero K", y es uno de los magistrados que hace dos semanas estuvo en Washington reunido con autoridades judiciales estadounidenses por el Caso Odebrecht.

Pero como sucede con todos los jueces federales, por su juzgado pasan también casos menos rimbombantes, como el del robo de un proyector NEC modelo PX750 que estaba en el depósito del Cine Gaumont. Es que cuando hay un robo en una dependencia del Estado nacional, interviene un juez federal.

En agosto de 2015 el área de Patrimonio del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA) se descubrió que faltaba un proyector y una lona para cubrirlo que debían estar guardados el Gaumont. En 2016 se hizo la denuncia que le tocó a Casanello. Allí se decía también que un proyector y una lona similares a las que desaparecieron se ofrecían en la web Mercado Libre. Casanello ordenó que investigara la Policía Federal.

Los policías se mostraron interesados en la compra y fueron a buscarlo. El proyector estaba en venta en un local de artículos electrónicos de la avenida Eva Perón al 600 en Guernica, provincia de Buenos Aires. El juez ordenó el allanamiento del local donde fue hallado el proyector que fue devuelto al INCAA.

Cuando se realizó el operativo los policías se encontraron con A.P., un hombre que estaba a cargo del local quien fue imputado en el caso. Pero A.P. dijo que su cuñado, L.R. le había dado el proyector a cambio de $ 35.000 en mercadería para abrir un local. No sabía que era robado y no sabía a quién se lo había comprado su cuñado.

L.R. quedó imputado y declaró en indagatoria ante Casanello. Allí relató que un hombre fue hasta su negocio y le ofreció el proyector. Pelearon el precio. El vendedor pedía 30.000 y L.R. ofreció 25.000 en dos pagos. El primero fue de 20.000 y quedaron en que los 5.000 restantes se pagarían contra entrega de factura. El vendedor no volvió jamás. Y por supuesto, L.R. no tiene cómo contactarlo. Luego de eso, L.R. se lo vendió a A.P. a cambio de mercadería.

En su descargo ante Casanello, L.R. exculpó a A.P. Dijo que él había comprado de buena fe el proyector y que su cuñado no sabía nada acerca del modo en que lo había adquirido.

En el procesamiento, Casanello aclara que ni L.R. ni A.P. fueron los que robaron el proyector del cine Gaumont. No hay manera de ligarlos con aquel delito. Sin embargo fueron procesados, sin prisión preventiva, por el delito de encubrimiento que está tipificado en el artículo 277 del Código Penal. Ese artículo establece que: "Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado… Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito" (inciso C).

El juez les impuso a los procesados $ 100.000 de embargo.