Exaltar al equipo para concentrar la decisión

Por Carlos Pagni - LA NACION

Mauricio Macri apostó ayer a un método y a un concepto. El método: la fragmentación de las responsabilidades en el área económica. Hacienda y Finanzas serán, en adelante, materias de dos ministerios distintos. El concepto: una mayor preocupación por el desafío fiscal. La decisión encarna en varios nombres. Relevó a Alfonso Prat-Gay , quien desde hace dos semanas estaba, al menos en el plano emocional, fuera del Gobierno. Y designó en Hacienda a Nicolás Dujovne . Luis "Toto" Caputo fue promovido a ministro para seguir encargándose del financiamiento. El modo en que se movieron las piezas cierra algunas incógnitas sobre el funcionamiento de la administración. Y abre otras.

Según un consenso generalizado, uno de los inconvenientes de la gestión oficial es la excesiva segmentación de las decisiones económicas. Macri confirmó ayer que cree lo contrario. Es decir, que la administración funcionará mejor cuanto más se fraccione el antiguo Ministerio de Economía. Su criterio sería el siguiente: para alcanzar el éxito no hace falta concentrar en las manos de cada actor los instrumentos necesarios para lograr un objetivo; hace falta que ese actor sepa coordinarse con el resto. Esa exaltación del "equipo" oculta mal el interés por preservar la decisión final en un solo individuo. El jefe. Macri. La estética con que la Casa Rosada presentó la resolución de ayer confirma esta percepción: "Macri echó a Prat-Gay". ¿Por qué lo echó? "Porque no se dejaba coordinar". Ése fue el mensaje. Con una dimensión adicional: la leyenda, alimentada por el antecedente municipal, de que Macri no se desprende jamás de un funcionario fue refutada. Isela Costantini fue un banco de pruebas. Anoche también estaba saliendo el secretario de Obras Públicas Daniel Chaín. Carlos Balbín, Procurador del Tesoro, está en lista de espera.

La permanencia de Caputo en Finanzas esconde varios significados. El más obvio es que Caputo demostró una gran capacidad en gestiones complejísimas, como el acuerdo con los holdouts. Se trata de un logro relevante para la economía, pero también para la política. Para desencanto de Cristina Kirchner y Kicillof, en las encuestas el público aprecia más la salida del default que la reparación jubilatoria. Macri ha sido muy celoso de que ese logro le sea atribuido él y, en todo caso, al talento negociador de Caputo. No a Prat-Gay.

Caputo jugó un rol discreto también en otro plano. Convencido de que nunca se entendería con Prat-Gay, Macri confió en que Caputo funcionaría como amortiguador. Se lo prometieron su amigo Nicolás, primo del funcionario, y Horacio Rodríguez Larreta. La alquimia fracasó. Y los intentos de "coordinación" evitaron la intimidad: Macri y su ministro estuvieron en todo el año sólo un par de veces a solas. Mantuvieron lo que Borges llamó "una amistad típicamente inglesa, en la que lo primero que se suprimen son las confidencias y, al poco tiempo, el diálogo". Todo se deterioró con la crisis de Ganancias. Prat-Gay ya estaba, en un sentido emocional, fuera del Gobierno. Era lógico que ayer, cuando le ofrecieron otro cargo, no lo aceptara.

Con Dujovne, Macri suma a otro economista brillante a su Gobierno. El nuevo ministro conoció al Presidente en la campaña. Bromas del destino: fue durante un par de reuniones en las propuso una estrategia fiscal. Desde entonces tuvo excelentes vinculaciones con muchos miembros del oficialismo. Sobre todo Federico Sturzenegger, Jorge Triaca, Francisco Cabrera y Miguel Braun. El trato con Prat-Gay fue menos frecuente, aunque ambos se encontraron hace 15 días. En los últimos tiempos, Macri acostumbraba a comentar las tesis periodísticas del que ahora es su ministro. Lo entusiasmó, en especial, una columna en LA NACION, titulada "La oposición le da aire al Gobierno". Allí Dujovne describió las inconsistencias económicas del Frente Renovador de Massa. Miel para Macri.

Mario Quintana fue el encargado de invitarlo al gabinete. Primero fue un sondeo abstracto, el miércoles pasado. Desde hacía varios días en la Casa Rosada examinaban nombres para el reemplazo de Prat-Gay. Sonó el de Javier González Fraga. Pero Dujovne escuchó y, aceptó, una propuesta formal recién ayer por la mañana. Quintana lo llamó a Punta del Este para una conversación en la que también intervino Marcos Peña. Por la tarde se encontraron en Buenos Aires, con Gustavo Lopetegui sumado a la reunión. Desde allí Dujovne habló con Macri.

La secuencia corrobora un rasgo cada día más marcado del Gobierno. Macri reina a través de la trinidad que integran Peña, Quintana y Lopetegui. Peña sigue siendo el hombre de máxima confianza. Y, en particular, el que mejor interpretó -o el que más estimuló, nunca se sabe- el fastidio creciente de Macri hacia Prat-Gay. Quintana y Lopetegui ganan en autoridad administrativa. Ambos son íntimos amigos. Tanto, que ya hay quien los llama, con cariño, Rómulo y Remo.

Además de la insistencia con un método, la incorporación de Dujovne significa un reajuste conceptual. Nadie ignora lo que piensa: el problema estratégico de la Argentina radica en sus costos excesivos. No parece casual que alguien que defiende esa tesis llegue cuando se discuten las rigideces del mercado petrolero y aeronáutico. Entre esos costos está, para Dujovne, el excesivo tamaño del Estado, que entorpece el crecimiento. El nuevo ministro ha sido crítico del aumento del gasto, en especial de la reparación jubilatoria. Curioso: Macri también está inquieto con que haya más erogaciones, y se las atribuye a Prat-Gay. Y Prat-Gay se las atribuye a su inclinación por licuar las decisiones.

Dujovne está más preocupado que Prat-Gay por las consecuencias del triunfo de Donald Trump sobre los mercados, como escribió en este diario: "Las alarmas empiezan a sonar para el Gobierno", un texto hoy imprescindible. Prat-Gay consideró siempre que no sería dramático: "A lo sumo nos subirán un poco la tasa de interés". Dujovne es más precavido. Piensa que 2017 será un año exigente por las elecciones y por los vencimientos de deuda. Y no descarta que, si el crédito se vuelve más esquivo, al país le convenga fondearse más barato en el FMI.

Quizá Dujovne emite alguna señal antes del lunes. Mientras tanto, irán trascendiendo los nombres de sus colaboradores. Hay algunos movimientos previsibles. El secretario de Hacienda, Gustavo Marconato, pasará a retiro. Se había ganado mucha antipatía en el Gobierno. Sobre todo en Interior, donde le atribuyen algunas filtraciones para beneficiar a los gobernadores peronistas. En cambio, hay dos fiscalistas clave para Quintana y Lopetegui: Rodrigo Pena, de la Jefatura de Gabinete, y Raúl Rigo, de Presupuesto, en Hacienda. Pero Dujovne tiene carta blanca para armar su gabinete.

El nuevo panorama plantea una incógnita mayor: la apuesta a la coordinación de un staff cada vez más fragmentado, ¿no conspira contra el control del gasto? La mejor respuesta la propuso, hace dos semanas, un economista: Dujovne. En su columna de LA NACION, explicó: "La lógica de un gobierno en minoría parlamentaria". Sostuvo que el déficit es mayor cuanto más débil sea el Ejecutivo en el Congreso, cuantos más partidos integren la coalición oficialista, cuantos más ministerios haya, y cuanto más acotado esté el poder del ministro de Finanzas. Según Dujovne, Macri no puede corregir el primer par de factores. Pero sí podría achicar el número de ministerios. Y dotar de más espacio a Finanzas, para cuidar mejor los recursos y contener los gastos. Dujovne no pudo convencer a Macri desde afuera. Pero tal vez su ductilidad y empatía le permitan hacerlo desde adentro.

Macri, ante los desafíos de un mundo más exigente

Por Nicolás Dujovne - La Nación
La siguiente columna, escrita por Nicolás Dujovne, quien ayer fue designado ministro de Hacienda en reemplazo de Alfonso Prat-Gay, fue publicada en la edición de LA NACION del martes 20 de diciembre


El programa económico del Gobierno en 2016 consistió en revertir las extravagancias más notables del kirchnerismo: en un año, la Argentina salió del cepo y del default, volvió a entablar relaciones diplomáticas fluidas con los países más importantes del mundo, independizó al Banco Central y comenzó a migrar hacia un esquema en el cual se espera que el sector privado invierta y prospere sobre la base de incentivos y ya no por la combinación de subsidios y hostigamiento.

Luego de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el mundo financiero se ha vuelto algo más hostil y la Argentina ha sido uno de los países más castigados por los inversores. Ello genera nuevas exigencias: el programa inicial debe ser continuado por otro que defina la gestión ya no por la negativa, sino por determinados objetivos concretos y por una descripción metódica acerca de cómo serán alcanzados. La identidad de ese programa todavía está en construcción por dos motivos: en algunas áreas, el Gobierno no tiene decidido exactamente hacia dónde planea avanzar. Y en otros casos, las ideas no han sido comunicadas adecuadamente.

El Banco Central ha anunciado sus metas de inflación para los próximos años y ha aclarado qué mecanismos planea utilizar para alcanzarlas. Cumplibles o no, ahí están los números propuestos y los instrumentos que se usarán para lograrlos. Sus autoridades serán evaluadas por su desempeño en esa materia. En otras áreas de la política económica no existe una visibilidad semejante acerca de los objetivos buscados ni del método para lograrlos. Llenar ese vacío programático y comunicacional de manera coherente entre las distintas áreas tiene que ser, a partir de ahora, el objetivo número uno del Gobierno.

En materia fiscal, la principal duda de los inversores se refiere a la capacidad del Gobierno de reducir el déficit. La Argentina comenzó el año anunciando metas de déficit primario de 4,8% del PBI para 2016, de 3,3% para 2017, de 1,8% para 2018 y de 0,3% para 2019.

Finalizando 2016, la realidad será diferente. El déficit fiscal se ubicará efectivamente en 4,8% del PBI, pero habiendo computado casi 0,8 puntos porcentuales de ingresos extraordinarios provenientes del blanqueo, sin los cuales el déficit habría trepado a 5,6%. Para 2017 el presupuesto prevé un déficit de 4,2% del PBI, que será superior al 3,3% anunciado previamente y cuyo cumplimiento dependerá en buena medida del resultado final de las negociaciones en torno al impuesto a las ganancias.

Para 2018 y 2019, ya no conocemos cuál es el objetivo del Gobierno. Tampoco tenemos una visión precisa de lo que piensa en materia fiscal. ¿El déficit es expansivo para la economía porque agrega recursos a la demanda? ¿O es contractivo, puesto que desplaza al sector privado y encarece el endeudamiento? Esas respuestas siempre dependen de las circunstancias, pero en esta gestión no hay una voz unificada que responda esas preguntas claves.

En lo fiscal, el Gobierno se debate entre tres objetivos en conflicto: bajar el déficit, minimizar los impuestos distorsivos e incrementar el gasto en infraestructura. En 2016 se priorizó la reducción de impuestos y se redujo la presión tributaria en 1,7% del PBI. Además, el gasto público en términos reales caerá en el año, ya que el nominal aumentará 35%, mientras que la inflación totalizará 40%.

¿Es un objetivo de mediano plazo del Gobierno mantener o incluso reducir el gasto en términos reales? No lo sabemos, pero si lo fuera, debería explicarlo: ayudaría a resolver la mayor incógnita macroeconómica de la Argentina. Si el Gobierno lograra mantener el gasto congelado en términos reales por los próximos cinco años y la economía creciera 3% por año, el gasto en relación con el PBI bajaría de 45% a 39% en 2021. Y si esa estabilidad del gasto permaneciera por diez años, caería hasta 34% del PBI en 2026.

En el primer caso, la reducción en el gasto alcanzaría para eliminar todo el déficit fiscal. En el segundo, para eliminar el déficit, bajar las alícuotas de Ganancias, quitar el impuesto a los débitos y créditos y bajar los impuestos al trabajo a la mitad.

Si ése fuera el plan, la manera de traer al presente parte de los beneficios futuros de la contención del gasto vendría dada por la comunicación de ese programa y por la creación de mecanismos que aseguren que el compromiso del Gobierno va más allá de un Powerpoint. Una ley de responsabilidad que establezca parámetros para el gasto en el mediano plazo (incluyendo el de las provincias) y que fije cómo se repartirá la mejora fiscal que provocaría la contención de las erogaciones (entre la reducción del déficit y la eliminación de impuestos) podría ser negociada con la oposición y despejaría en buena medida la duda de los inversores acerca de la solvencia fiscal de la Argentina. Ello abarataría el financiamiento para el Gobierno, las empresas y las familias.

En la política energética, las dudas son mayores. Si bien algunos precios han comenzado a mejorar para productores, generadores, transportistas y distribuidores, las regulaciones que gobernarán el sector en el largo plazo aún no han sido establecidas. Parte de ese problema se resolvería si el sector pudiera avanzar hacia una "contractualización" de la relación entre los productores y los consumidores de energía. Hoy hay inversiones industriales que no se concretan porque las empresas no saben si contarán con la energía necesaria y, mucho menos, el precio que pagarán por ella. Si se les permitiera a las productoras de gas hacer contratos privados para abastecer la demanda de las empresas, éstas podrían invertir con mayor certidumbre. A su vez, esos contratos de largo plazo les permitirían a los productores de gas acceder a mejor financiamiento y acelerar su proceso de inversiones. Para que el sector pueda "contractualizarse" hay que definir la regulación. Los efectos sobre la inversión serían notables.

Otras dudas permanecen. ¿Seguirá existiendo Enarsa? ¿Será normalizada Cammesa? ¿Cuándo será libre el precio del petróleo? A veces es mucho más importante saber si los precios serán libres que recibir un subsidio temporario.

En comercio internacional, el Gobierno tiene un plan. Consiste en ir eliminando gradualmente la protección que hoy genera que los argentinos enfrenten sobreprecios insoportables cuando consumen electrónicos, prendas de vestir, juguetes y otros bienes. Ese sobrecosto será removido gradualmente junto con la disminución de la protección en esos sectores. Y la forma de institucionalizarlo vendrá de la mano de la firma de acuerdos de libre comercio (como el del Mercosur y la UE), donde el sendero de convergencia hacia la apertura, de 10 o 15 años, quedará establecido. Bueno o malo, es un plan; falta comunicarlo.

Entre la existencia de los superministros de Economía de los últimos 30 años y el esquema actual, en el que rige una excesiva atomización tanto en la comunicación como en la toma de decisiones, hay un punto medio en el que el Gobierno aún no ha encontrado la dosis exacta. El mundo se puso más exigente. Encontrar ese camino del medio hoy es crucial.

Una fisura en el sistema judicial de Comodoro Py

Por Carlos Pagni - LA NACION

La justicia de Comodoro Py no fue diseñada para que los delincuentes sean castigados. Fue diseñada para hacerlos zafar. Esa sarcástica confesión de un fiscal que recorre esos tribunales federales explica por qué en la Argentina, además de la corrupción, reina la impunidad. El miércoles pasado, sin embargo, en ese blindaje se produjo una fisura. Odebrecht, la mayor empresa de infraestructura de América latina, reveló haber sobornado a funcionarios kirchneristas con US$ 35 millones entre 2007 y 2014. A esa novedad no se llegó por la investigación local. 

Fue porque Odebrecht firmó un convenio con la justicia neoyorquina. Ese acuerdo fue una consecuencia de las confesiones del líder de esa constructora, Marcelo Odebrecht, ante los jueces de Curitiba, por su contubernio con Petrobras. Quiere decir que, para obtener alguna precisión sobre los escandalosos negociados ocurridos durante los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner, los argentinos dependen de sistemas judiciales que, como el brasileño o el norteamericano, son más eficaces y transparentes que el de su país.

Julio De Vido pasó la Navidad con la salud quebrantada y el ánimo deprimido en su lujoso retiro de Puerto Panal. Es lógico. Su cuñado, Claudio Minnicelli, sigue prófugo en una causa por contrabando. Y no esperaba las confesiones de Odebrecht. Este empresario, el más importante de Brasil, está peor que De Vido. Desde junio de 2015 está en una cárcel de Curitiba, con una condena de 19 años por haber dado "propinas".

Los negociados con dineros públicos no son más opacos en la Argentina que en Brasil. La diferencia está en los incentivos para que sean sancionados. El más importante: los jueces de Curitiba son intachables. Además, el procedimiento brasileño prevé la "delación premiada", por la cual un acusado puede aliviar su pena si aporta precisiones que permitan subir un escalón en la responsabilidad penal. Por eso Odebrecht entregó a Inacio Lula da Silva, que en su contabilidad oculta figuraba como "amigo".

El contraste con los tribunales argentinos es impresionante. Hace tiempo que los magistrados deberían haber examinado el comportamiento de Odebrecht. En 2013, la Auditoría General de la Nación denunció fabulosos sobrecostos en el desarrollo del Sistema de Potabilización Área Norte, el emprendimiento más ambicioso del gigante brasileño en el país, en asociación con Roggio, Supercemento y Cartellone. La obra había sido contratada por AySA, cuyo presidente, Carlos Ben, obedecía al sindicalista José Luis Lingieri, "Mr. Cloro", quien sueña con que Mauricio Macri le devuelva el control de la compañía. El archivo fotográfico es inmisericorde. En agosto de 2010 muestra a Cristina Kirchner, Daniel Scioli, Sergio Massa y "Mr. Cloro" recorriendo las obras, que financiaba Amado Boudou desde la Anses. Massa alternó con Marcelo Odebrecht en otras oportunidades. Sobre todo durante el Mundial de fútbol de 2014.

Odebrecht tuvo varios puentes con la Argentina. Entre ellos, el "experto en mercados regulados" Sebastián Eskenazi. El principal fue De Vido. Sobre todo después de la muerte de Kirchner. El empresario Jorge "Corcho" Rodríguez niega haber canalizado sobornos. Sólo reconoce haber sido contratado por Odebrecht como consultor de imagen. El problema es que en la página web de su empresa, Nelly Entertainment, figuró como socio Facundo De Vido, el hijo del ex ministro. La mención desapareció cuando en Entre Ríos comenzaron a investigar un contrato multimillonario para una reunión del Mercosur celebrada en Paraná.

Más allá de Rodríguez, hay muchísimos indicios de la complicidad entre Odebrecht y De Vido. Quedó claro, por ejemplo, en la licitación de las faraónicas represas Kirchner y Cepernic, cuya construcción fue ahora suspendida por la Corte Suprema por reparos ambientales, para alegría de algunos aseguradores. La secuencia fue la siguiente: el consorcio que realizó la mejor oferta, liderado por Lázaro Báez, debió retirarse en medio del escándalo de Austral Construcciones. La obra le habría correspondido a Enrique Pescarmona y Odebrecht. Pero el kirchnerista Gerardo Luis Ferreyra, de Electroingeniería, que había quedado tercero, consiguió que le permitieran mejorar su propuesta durante la apertura de sobres. Ferreyra también fue acusado por un arrepentido de Petrobras de haber traficado coimas con De Vido para la adquisición de Transener. Él lo niega. Ningún fiscal lo investiga.

Pescarmona quiso litigar. Pero Odebrecht, que aportaba fondos del banco de desarrollo brasileño, lo obligó a desistir. Temió que De Vido le arrebatara la gran obra del soterramiento del Sarmiento en la ciudad de Buenos Aires.

Este emprendimiento ferroviario es un nudo en la disputa de poder. El kirchnerismo es capaz de autoincriminarse con tal de demostrar que entre su administración y la de Macri existe una continuidad oscura. Porque el socio de Odebrecht en esa licitación es Ángelo Calcaterra, el primo hermano del Presidente, a quien Franco Macri cedió su empresa Iecsa con cariñosas facilidades. La conducta del Gobierno frente a este emprendimiento ya generó una controversia. El 16 de junio pasado, a través del DNU 797, el gabinete dispuso una recomposición presupuestaria de $ 76.000 millones. Parte de esos fondos se destinarían al soterramiento del Sarmiento y a otra obra muy polémica: una megaterminal subterránea para el Roca. 

La norma fue rechazada por el kirchnerismo y el massismo, en una tumultuosa reunión de la comisión que controla los DNU, el 23 de agosto. La diputada Juliana Di Tullio, verticalizada con la señora de Kirchner, sostuvo que la señal de que Macri quería beneficiar a su primo Calcaterra es que no firmó el decreto. Como estaba de viaje, lo hizo Gabriela Michetti. El 31 de octubre, Cristina Kirchner, en su declaración ante el juez Julián Ercolini, que la investiga por asociación ilícita, denunció que Macri otorgó recursos adicionales a su primo y a Odebrecht, contra el dictamen de los técnicos. 

Los fiscales Pollicita y Mahiques abrieron una causa. El flamante banquero Calcaterra, vapuleado por su relación con Lázaro Báez, ahora debe explicar su unión con Odebrecht. Además, ¿la compañía brasileña puede continuar con los trabajos?, ¿contaminará el proceso de venta de Iecsa? Son preguntas razonables, porque Odebrecht consiguió el financiamiento para esa obra gigantesca, licitada hace una década y que recién ha comenzado. En estos días se registra un caso similar: la española Isolux fue tomada por los bancos acreedores. Tiene a cargo la autopista de Puerto Madero. ¿Algún familiar del Presidente está interesado en su filial local? Habladurías de albañiles.

Macri siempre estuvo condenado a estas suspicacias. Ahora que es presidente, más. "Debería constituir otro fideicomiso ciego con amigos y parientes", recomendó un bromista. Los adversarios de Macri siembran dudas sobre un conflicto de intereses con esos contratistas del Estado. Por ejemplo, en el desplazamiento de Isela Costantini de Aerolíneas. En el Gobierno explican que Costantini resistió un nuevo recorte presupuestario. También mencionan una discusión con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sobre el paro del lunes pasado. Además, la funcionaria pretendía, en la audiencia pública de pasado mañana, objetar el ingreso de líneas de bajo costo. Pero Dietrich se lo habría impedido. Ese entredicho es borroso, porque Aerolíneas asistirá a la audiencia.

Hay una explicación más escabrosa. Personas de confianza de Costantini aseguran que ella presentó ante Dietrich un informe elaborado por su segundo, Manuel Álvarez Trongé, con objeciones jurídicas al ingreso de Avianca al negocio local. Dicen que, a raíz de ese supuesto dictamen, Dietrich pidió la cabeza de Trongé, desencadenando la salida de Costantini. Dietrich negó ante LA NACION haber hablado con Costantini sobre Avianca alguna vez.

Avianca pertenece al boliviano, nacionalizado brasileño y colombiano, Efraín Efromovich, quien en 2008 había tenido tratativas con Ricardo Jaime para concesionar Aerolíneas. Avianca está bajo la lupa desde que compró MacAir Jet, la empresa de los Macri. Quienes quieren leer debajo del agua observan que, desde el personal hasta el estudio de abogados, los responsables de Avianca son los mismos de MacAir. Su director, Carlos Colunga, trabajó para Franco Macri durante décadas. Este aviador fastidió a la Fuerza Aérea por su influencia en el manejo de la flota presidencial. Nada de esto, tal vez, sería objetable. Pueden ser sólo problemas de verosimilitud, tan frecuentes, y a veces tan dañinos, en la política. Sobre todo si se les agrega la torpeza: Colunga, el mariscal del aire de los Macri y ahora titular de Avianca, irrumpió anteayer en Perfil para destrozar a Costantini. ¿Habrá que creer que a Costantini no la echaron por un conflicto con Avianca? Condolencias para Dietrich, que debe superar estos problemas para alcanzar un objetivo valiosísimo: introducir la competencia en uno de los mercados más cerrados y costosos del país.

Urge acabar con las mafias de la Aduana

Editorial del diario La Nación
El delito de contrabando reviste suma gravedad pues requiere la complicidad de funcionarios y posibilita la existencia de la criminalidad organizada.


El contrabando en connivencia con funcionarios de la Aduana no nació con el kirchnerismo, pero durante ese largo lapso de más de 12 años no sólo sufrió un auge pocas veces visto, sino que, como recientemente deslizó un juez en lo penal económico, pocas denuncias fueron realizadas en esos años por la propia Aduana. El dato es más que sugestivo.

Durante buena parte de aquel período el responsable fue Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, que comprende la Aduana. Como dijimos en esta columna, durante su gestión no sólo se apañó la corrupción kirchnerista, sino que se fomentó la actividad de mafias de contrabandistas.

En la actualidad, por el contrario, son varias las causas en curso de investigación referidas a verdaderas mafias aduaneras que, poco a poco, van perfilando la enormidad de la corrupción que creció al amparo de ese organismo y con su activa participación.

Uno de los sumarios originados hace escasos meses es el de la llamada "aduana paralela" (durante el menemismo hubo otra con el mismo nombre), que está por elevarse a juicio oral, en el que comparecerán como imputados, entre otros, el empresario Oldemar Barreiro Laborda, el ex jefe de la Aduana de Buenos Aires Edgardo Paolucci y el aún prófugo Claudio Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Julio De Vido. La investigación la llevó a cabo con celeridad el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y de ella surgió una mafia de empresarios enraizada en la Aduana que exigía a importadores decenas de miles de dólares para que pudieran recuperar cada contenedor sospechado de contrabando.

Dadas sus características, es fundamental que esta investigación continúe indagando más allá de las personas elevadas a juicio, pues importa averiguar todos los funcionarios aduaneros de jerarquía que fueron cómplices al autorizar o consentir esta operatoria ilegal.

En otra causa se investiga el contrabando y las maniobras que se llevaron a cabo con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI). La autora de la denuncia fue la diputada Elisa Carrió, quien pidió investigar a más de 17.000 personas y empresas, pues entre ellas se encuentran las que se habrían valido de las DJAI para enviar al exterior 14 mil millones de dólares. La legisladora señaló que algunas operaciones fueron contemporáneas de aquellas que involucraron el contrabando de efedrina entre 2007 y 2008.

Elisa Carrió pidió la indagatoria de Echegaray, del ex director de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) José Sbattella y del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Existe, además, otra denuncia por presuntas maniobras con un centenar de DJAI efectuadas por el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. Como se recordará, este funcionario fue restituido en su cargo luego de un breve desplazamiento debido a una denuncia que, con pruebas más que dudosas, procuraba involucrarlo en hechos de corrupción. Eso ocurrió luego de que Gómez Centurión radicara importantes denuncias por graves hechos de corrupción con los que se topó al poco tiempo de asumir al frente de la Aduana.

Por desgracia, una larga tradición en materia de contrabando, que se remonta a los tiempos de la colonia, ha contribuido a restarle gravedad y relevancia a este delito ante los ojos de la sociedad. Sin embargo, se trata de un delito que suele ocultar otros tan nefastos como el tráfico de armas, de drogas, el terrorismo y la trata de personas.

En una palabra, el contrabando, con sus aceitadas redes infiltradas en importantes estamentos estatales, es un delito que posibilita la existencia del crimen organizado. Los mismos funcionarios que cobran coimas para permitir el ingreso de chucherías sin el pago de impuestos son los que, a cambio de coimas mucho más sustanciosas, abren las puertas del país para que ingresen o salgan desde sustancias narcóticas hasta explosivos. De ahí la importancia de sanear una Aduana que, como tantas otras áreas del Estado, el gobierno anterior convirtió en un antro de corrupción.

Sobre las represas heredadas

Por Emilio Apud - Clarin.com
Ingeniero. Ex secretario de Energía y Minería.

Dentro de la amplia gama del legado energético kirchnerista, fruto del vaciamiento que le produjo al sector, se encuentra el proyecto hidroeléctrico en el río Santa Cruz compuesto por dos represas en cascada. El kirchnerismo seleccionó a este proyecto con similar criterio que el aplicado a muchos otros del sector energético, es decir: político, de poder y de capitalismo de amigos. Por supuesto que en proyectos hidroeléctricos de esa magnitud había varios más convenientes, como los binacionales de Corpus, en el Alto Paraná con Paraguay y el de Garabí con Brasil en el río Uruguay, entre otros.

Una vez tomada esa decisión de construir el proyecto, se llamó de apuros a licitación internacional, sin los estudios de impacto ambiental exigidos, sin la factibilidad financiera, sin las especificaciones técnicas que permitieran acotar un presupuesto y sin consensos como los que ameritan obras complejas y caras. Estamos hablando de más de US$ 5.000 millones.

Luego de tres licitaciones anuladas, la primera con pre-adjudicación a un consorcio liderado por IMPSA, fue evidente que la voluntad del kirchenrismo era darle la obra a Lázaro Baez, asociado a la empresa china Sinohydro. Pero las denuncias periodísticas iniciadas en 2014, donde se ponían de manifiesto las irregularidades en contrataciones con las empresas de Baez, le hicieron desistir al Gobierno de adjudicarle el proyecto al grupo que él integraba y se lo pasó al “muleto” la también empresa amiga de los K, Electroingeniería de Gerardo Ferreira, asociada con otra china, Gezhouba a pesar que en la evaluación económica estaba tercero entre cuatro.

A partir de allí el objetivo fue firmar contrato antes de las elecciones de 2015. Y así se hizo. Fue un contrato entre dos Estados soberanos, el argentino y el chino. Es decir constituye un acto jurídico de carácter internacional que obliga a las partes y establece los organismos arbitrales en caso de diferendos e incumplimientos. Además, en este caso las partes son los Estados entre los que existen acuerdos comerciales - China es nuestro principal cliente sojero - culturales y estratégicos. Por tal motivo preocupa la ligereza de algunos comentarios exigiéndole irresponsablemente al Gobierno la anulación de ese contrato, voces a las que se han sumado parte de la oposición que evalúa todo desde el punto de vista electoral, y de ambientalistas que desconocen el concepto de desarrollo sustentable.

Sin embargo, las consecuencias de anular el contrato hubiesen sido por demás inconvenientes y perjudiciales para nuestro país. Primero porque cualquier tribunal arbitral fallaría en contra nuestro y nos obligaría a resarcir a la otra parte con montos de varios miles de millones de dólares, segundo que se deteriorarían las relaciones con nuestro principal cliente actual y potencial y tercero, pero no menor, retrocederíamos como país en recuperar la credibilidad perdida luego de 12 años de aislamientos, incumplimientos y provocaciones.

Esto es así porque el que asumió el compromiso con China fue su Estado, no los Kirchner. Nos guste o no fue una decisión de un Estado soberano y los compromisos que asumen los Estados soberanos trascienden a la administración de turno. Entonces, no correspondía anular el contrato que, insisto, forma parte de un acuerdo país - país mucho más amplio. Sí, revisarlo y negociar modificaciones y acciones para mitigar consecuencias indeseables que impliquen irregularidades o la concreción de hechos de corrupción.

El Gobierno ha avanzado en este sentido al haber redefinido el tipo de operación del proyecto, pasándolo de semipunta, es decir más potencia pero menos horas de utilización, a otra de semibase con menos potencia pero más horas funcionando. Este cambio, que se logra con un número menor de turbinas y en consecuencia bajando el costo significativamente, también reduce en forma notable el área de inundación del proyecto mejorando el potencial impacto ambiental. Otro aspecto importante es que el proyecto, hecho a los apurones por los K, omitió las líneas de alta tensión necesarias para evacuar la energía que generarán las centrales y en consecuencia, con el ahorro de la modificación de la potencia de las centrales, se podrá encarar la construcción de esa línea.

Los ajustes necesarios se siguen negociado con el consorcio liderado por la empresa china la que, vale la pena aclarar, ha construido la represa más grande del mundo. Lo que no incluyen estas negociaciones son los actos de potencial comisión de delito o de negociados hechos al amparo de la relación “amistosa” del anterior gobierno con Baez, como la compra masiva de tierras luego expropiables por estar bajo la cota de inundación de los embalses, o con la gente de Electroingeniería para incorporarlo en la oferta muleto. Esos son temas de la justicia que espero dirima a la brevedad.

Lo positivo de este proyecto contratado y heredado es que, primero, tiene financiación comprometida por un grupo de bancos chinos; segundo, afianza relaciones económicas, políticas y diplomáticas con China, un jugador de peso en la globalización hacia la que debemos transitar; tercero, estamos dando una señal al mundo que volvemos a ser un país que respeta los compromisos asumidos como tal; cuarto, la otra parte admite negociar correcciones; quinto, se producirá energía renovable que permitirá una mejora sensible de nuestra matriz energética. Para tener una idea de magnitud, el proyecto rebautizado injustamente Kirchner y Cepernic, significará casi el doble de la energía renovable que licitó el Gobierno entre eólica y solar. Como se comprenderá si queremos ser un país serio, como alguna vez lo fuimos, debemos supeditar lo que nos gustaría hacer a lo que debemos hacer. El gobierno en esta oportunidad actuó responsablemente sin especular con el costo político implícito.

Cañones para derribar misiles

(Popular Mechanics, Homsec.es) - El Secretario de del Departamento de Defensa de EEEUU está de acuerdo con una propuesta del Pentágono que pretende derribar misiles con disparos de cañón. Pero ¿Podrían los actuales obuses terrestres y cañones navales derribar misiles balísticos?

En su discurso de presentación al Congreso del Presupuesto de Defensa 2017, el Secretario de Defensa, Ash Carter, mencionó un programa hasta ahora desconocido, con el que intenta mantener la ventaja tecnológica de EE.UU. En el campo de batalla. El programa “transformaría armas ofensivas del pasado en defensivas del futuro”, utilizando obuses/cañones de largo alcance, actualmente en servicio en gran número, para derribar misiles balísticos capaces de transportar ojivas químicas o nucleares.

Carter reveló que el Pentágono estaba experimentando con proyectiles de hiper-velocidad, desarrollados para los cañones railguns-electromagnéticos actualmente en fase de desarrollo, adaptándolos a la artillería convencional para derribar misiles balísticos. El secretario mencionó a los obuses autopropulsados M-109 Paladin de 155 mm. del Ejército y los cañones de 5 pulgadas (ó 127 mm) de la Armada como plataformas para el nuevo proyectil.

El novedoso proyecto transformaría a la artillería de campaña del Ejército en un arma defensiva contra misiles balísticos. Cada Armored Brigade Combat Team del Ejército de EE.UU. Tiene en plantilla un grupo (batallón) de 18 obuses Paladín, o sea que la plataforma ya está integrada en la estructura de las brigadas pesadas del Ejército. No se ha hecho mención a si el obús remolcado M-777 ligero, utilizado por la infantería ligera, aerotransportada, asalto aéreo y brigadas de Stryker, es también capaz de utilizar este disparo.

Del mismo modo, el desarrollo de un proyectil anti-misiles para cañones navales convertiría a los destructores y cruceros en plataformas de defensa de misiles balísticos. Muchos de los cruceros clase Ticonderoga y destructores de la clase Arleigh Burke ya son capaces de derribar misiles balísticos con el interceptor SM-3, pero esto añadiría una segunda franja defensiva menos costosa para la defensa de una flota, ya amenazada por el misil chino DF-21 “Carrier Killer”.

Carter cree que los nuevos proyectiles serán más baratos que los misiles o que el desarrollo de una plataforma totalmente nueva. Además, los proyectiles serían más baratos que los misiles del adversario, lo que impondrá mayores costes al atacante.

Por si esto suena demasiado defensivo, Carter también mencionó este dato: “Hemos hecho los primeros disparos de proyectil de hiper-velocidad con un Paladín hace poco más de un mes, y también encontramos que aumenta significativamente el alcance de este obús.”

Fabricantes de mentiras

Por Luis Majul - LA NACION

Entre los intangibles que el kirchnerismo nos legó, uno de los más perniciosos es la brutal instalación de la mentira. Falsedades que fueron presentadas en sus más diversas formas, sean las estadísticas de la inflación y la pobreza como los ataques personales con apariencia de denuncia formal. Una de las últimas y más rutilantes mentiras fue la falsificación de las firmas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en los balances de las sociedades que constituyeron.

Pero tampoco habría que dejar pasar la respuesta de Alberto Pérez, ex jefe de gabinete de Daniel Scioli, sobre su responsabilidad en la confección de facturas truchas para cobrar sobreprecios por servicios no especificados con el debido detalle. Las facturas truchas existen. Directivos de las firmas utilizadas negaron haber prestado el servicio. El responsable administrativo de la ex jefatura de gabinete, el dueño de la estatua del dragón alado, Walter Carbone, estampó su firma en las órdenes de pago que fueron justificadas con esas facturas apócrifas. Sin embargo, Pérez niega todo, como si las contundentes pruebas sólo estuvieran en la mente del fiscal Álvaro Garganta. Lo mismo se puede afirmar sobre el zar del juego Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, accionistas del Grupo Indalo, procesados por insolvencia fraudulenta, al apropiarse de 1200 millones de dólares que deberían haber ingresado al Estado como pago del impuesto a los combustibles.

Los actuales responsables de la AFIP han aportado las pruebas de la multimillonaria defraudación. Los fiscales y los jueces que tramitan la causa han determinado el delito una y otra vez. Pero Cristóbal y De Sousa siguen sosteniendo que se trata de un juicio político y ahora mismo se pelean por la estrategia a seguir. Parece que Cristóbal quiere vender lo que se pueda e ir pagando la deuda de a poco. Pero De Sousa apuesta a patearla hasta que "vuelvan al poder" Cristina Fernández o Daniel Scioli.

Más allá del delirio político, la postura de De Sousa es consistente con la más grande mentira que contó un medio de comunicación en la historia reciente: el anuncio, con bombos y platillos, de la victoria de Daniel Scioli como presidente y Aníbal Fernández como gobernador de la provincia de Buenos Aires. El enorme engaño demuestra no sólo que al "empresario" no se le mueve un pelo por faltar a la verdad. También revela la calaña de los periodistas que la repiten: con tal de complacer a sus patrones, son capaces de rifar su credibilidad. En medio de tanta falsedad, el propio Cristóbal cometió un sincericidio: le confesó, por carta, al jefe del Estado que él nunca deseó comprar un medio de prensa, pero que De Sousa lo había convencido de usarlo como un "seguro" para proteger sus negocios.

Si alguien confunde eso con el ejercicio del periodismo es porque no vio nunca, ni un poquito, C5N, la señal que más mentiras cuenta por minuto. En ese mundo paralelo, Macri es una mezcla perfecta del dictador Jorge Rafael Videla con José Alfredo Martínez de Hoz; la recesión económica es culpa exclusiva del actual gobierno y se la debe denominar hambruna; Cristina Fernández, Scioli y Aníbal Fernández pueden hablar sin ser interrumpidos por una pregunta, y para Víctor Hugo Morales, que sólo escucha su propia voz, todos los que no piensan como él son villanos o esbirros de Héctor Magnetto.

En esa misma señal, un comunicador puede pronunciar, con cara de indignación, la palabra "escándalo" y presentar como un delito un proyecto del que cualquiera se podría enorgullecer. Acto seguido puede agregar, para darle verosimilitud a la mentira, todos los ceros que se le ocurran, sin chequear ningún papel. Y enseguida pasar a otra noticia con toda naturalidad. En este caso, su patrón y él mienten a sabiendas y con una doble intención. Por un lado, que el damnificado responda o aclare, la versión falsa se propague y el hecho tergiversado trascienda su pequeño círculo de seguidores radicalizados. Y por otro, mostrar, como el ladrón, que todos los demás, en especial quienes los investigan a ellos, son de la misma condición.

Se trata de un recurso repetido, gastado e inútil. Lo están usando, además de Cristóbal, Cristina y Lázaro Báez, pero los fiscales, los jueces y la mayoría de la sociedad ya descubrieron la estratagema. Se están sosteniendo de la misma liana periodistas oscuros y mediocres que ya intentaron colgarse del alto conocimiento de Jorge Lanata para lograr un poco más de atención. Pero siempre, más tarde o más temprano, el tiempo los termina poniendo en su sitio. Un lugar cada vez más pequeño e intrascendente. Un sitio colmado de resentimiento y miserabilidad.

Macri y Trump, la amistad de los presidente-empresarios

Por Rodrigo Lloret - Perfil.com - Se conocieron haciendo negocios en Nueva York. El día que Macri se refirió a Trump como el “presidente” de EEUU. Trump respondió: “Macri es un buen tipo”.

Trump y Macri Foto: Afp / Dyn.

“Nos llevaremos bien con las naciones que se quieran llevar bien con los Estados Unidos”. A pesar de que la Argentina de Mauricio Macri había declarado su apoyo a Hillary Clinton, el flamante presidente de los Estados Unidos es un hombre de negocios que no tendrá problemas en darle la mano a Macri. Y Macri lo sabe: se conocen desde hace muchos años. Haciendo negocios, precisamente.

A contramano de los líderes de todo el mundo, que se preocupan por la llegada de Trump a Washington -especialmente en América Latina, por sus declaraciones xenófobas-, en la Quinta de Olivos podrían haber brindado en esta noche sorpresiva. Es que los Macri y los Trump cultivan una relación personal desde hace ya varias décadas.

Los empresario-presidentes se conocieron cuando el argentino tenía 24 años y el estadounidense 40. “Es una larga historia, de hace mucho tiempo. Fue cuando tuve que cerrar un negocio familiar en Nueva York”, le dijo Macri a la cadena estadounidense CBS, cuando este año le preguntaron por sus vínculos comerciales con el republicano. En esa entrevista, transmitida para los Estados Unidos, Macri reconoció que las gestiones que tuvo que realizar con Trump representaron su debut en los emprendimientos internacionales.

La historia fue revelada en Estados Unidos en la biografía del magnate neoyorkino, titulada Trump: The Deals and the Downfall (Trump: los negocios y la caída), escrita por el periodista Wayne Barret, que realizó investigaciones para Newsweek y fue docente de Periodismo en la Universidad de Columbia. En la Argentina, los vínculos entre la familia Trump y la familia Macri fueron expuestos en El Pibe, la primera biografía política del líder del PRO, escrita por la ex periodista Gabriela Cerruti, hoy legisladora porteña por Nuevo Encuentro, aliado al kirchnerismo.

Desde 1979 hasta 1984, el Grupo Macri quiso construir conjuntamente con el Grupo Trump un edificio de 150 pisos en Nueva York, sobre una propiedad que Franco Macri había comprado en el lado oeste de Manhattan. El Proyecto Lincoln West no prosperó, pero generó una muy buena relación entre los empresarios y, con el tiempo, Trump empezó a visitar a sus amigos argentinos para alojarse en la quinta Los Abrojos -el refugio que Macri tiene en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas-, o en la mansión que la familia del ex presidente de Boca tiene en Punta del Este.

“Me encanta Buenos Aires, es una hermosa ciudad. Conozco grandes hombres de negocios en la región, como Macri. Es un buen tipo”, confesó Trump en 2012 al diario La Nación, cuando anunció una inversión de 100 de millones de dólares en la Trump Tower, construida, precisamente, en Punta del Este. “Conozco a los dos (Macri), al padre y al hijo, que ahora es jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Me caen bien y creo que son una gran familia. Me dijeron que el hijo está haciendo un buen trabajo en Buenos Aires. Aprovecho para mandarle mis saludos”, completó en aquella entrevista el empresario que tiene un imperio formado por emprendimientos inmobiliarios y cadenas de hoteles en las principales ciudades del mundo.

Ahora que la diplomacia argentina busca desandar el error de haber apostado tan fuertemente por Hillary, sería bueno que la canciller Susana Malcorra y el embajador en Washington Martín Lousteau desempolven un video de principio de año, cuando Macri llevaba pocos meses en el gobierno y el subconsciente lo  traicionó. En medio de una de las primeras conferencias de prensa brindada por el líder PRO, y ante la risa y la sorpresa de los periodistas, Macri se refirió entonces a Trump como “el presidente” de los Estados Unidos. Hay que reconocerlo, fue el primero en decirlo.

Ante un mar de incógnitas

Por Carlos Pagni - LA NACION

La decisión de coordinar los organismos que controlan la frontera promete fortalecer la lucha contra el narcotráfico que se ha propuesto Mauricio Macri. También desnuda los límites que la realidad impone a ese programa. La creación de una comisión para armonizar la tarea de Seguridad, Migraciones, Cancillería y Defensa hará más poderosa a la ministra Patricia Bullrich en el gabinete. Pero también inaugura un mar de incógnitas.Por ejemplo: hace 15 días se dispuso que numerosos gendarmes y prefectos destacados en los confines del país regresen al área metropolitana. Con menos personal, Macri debe readaptar su estrategia.

Hay que esperar alguna tensión política. El Poder Ejecutivo aspira a definir la frontera con mayor profundidad. Es la propuesta de un funcionario clave: Juan José Gómez Centurión. El titular de la Aduana suele argumentar que, para que sea eficaz, el control del tráfico comercial debe ejercerse a cierta distancia de los pasos fronterizos. Gómez Centurión acaba de regresar a su puesto. Macri lo había suspendido a raíz de una denuncia de Bullrich ante la justicia federal. Orquestar al fortalecido Centurión con Bullrich es el mayor desafío de cualquier coordinación.

Falta saber qué opinan los gobernadores fronterizos, en especial los de la oposición, sobre la mayor injerencia nacional sobre una franja importante de sus distritos. Ese refuerzo supondrá un mayor monitoreo sobre las fuerzas provinciales. Y eso molestará a gente muy celosa de su mando, como, por citar un caso, el formoseño Gildo Insfrán.

La profecía de Macri se está cumpliendo. Un par de meses atrás, cuando ordenó a Gustavo Lopetegui coordinar a las fuerzas del área metropolitana, adelantó: "Apenas baje la inflación, el problema lo van a tener ustedes, porque aumentará la preocupación por el delito". La nueva escena encuentra al Gobierno en plena gimnasia ensayo-error.

Hace dos semanas, después de una reunión con María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Bullrich, el Presidente repuso en el conurbano y en el sur de la ciudad de Buenos Aires a los prefectos y gendarmes que habían sido destacados en la frontera, como parte de su plan contra el narcotráfico. Se volvió así a la receta de los kirchneristas Nilda Garré y Sergio Berni. Con el mismo resultado: la frontera quedó desprotegida. Para corregir ese déficit, el ex ministro de Defensa Agustín Rossi y el ex jefe del Ejército César Milani habían lanzado el operativo Fortín II, enviando tropas al interior para combatir a los traficantes.

Ese empleo de las Fuerzas Armadas para suministrar seguridad fue ilegal. Lo prohibía la ley de defensa. Y el decreto 727 de Néstor Kirchner y Garré, aun más restrictivo: establece que los militares sólo tienen facultades para "asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otro/s Estado/s".

Rossi, Milani y Cristina Kirchner ignoraron esas limitaciones y enviaron miles de soldados a custodiar la frontera. Para perplejidad de los organismos de derechos humanos ligados a la ex presidenta, el encargado de corregir esa transgresión fue Macri. Hace seis meses, su ministro de Defensa, Julio Martínez, replegó a esos militares. Y algo más: derivó a la AFI y a Seguridad el 90% del presupuesto destinado por Milani a inteligencia militar. Unos $ 900 millones.

En vez de aplaudir estas decisiones, que ya ocurrieron, los filántropos kirchneristas alertan sobre la posible convocatoria a las Fuerzas Armadas para tareas de policía, que todavía no ocurrió. Bullrich no prevé esa utilización. Aun cuando no se sepa con qué efectivos reemplazará a los gendarmes y prefectos que patrullarán el conurbano. El debate se abre entre los que promueven la participación castrense en la seguridad y quienes la desaconsejan por completo. Vistas en su trazo grueso, ambas posiciones parecen equivocadas.

El decreto Kirchner/Garré atrasa varios años. Sólo concibe que los militares luchen contra otros ejércitos estatales. Por ejemplo: ante un eventual ataque de EI habría que arreglárselas con las policías, la Gendarmería y la Prefectura. Tampoco es fácil distinguir la seguridad interior de la exterior en la nueva guerra cibernética. Además, ¿cómo vigilar el espacio aéreo sin la Fuerza Aérea? ¿Habrá que dotar de una aeronáutica a los gendarmes? Las leyes de defensa y seguridad fueron pensadas en el clima de los años 80, cuando el máximo imperativo de la democracia era retirar a los militares de la política interior. El cambio histórico obliga a revisar antiguas limitaciones. Pero de eso no se infiere que los soldados deban convertirse en policías, ejecutando el control directo del narcotráfico. Los mexicanos tomaron esa senda, de la que ahora no saben cómo regresar.

Estas discusiones son alentadoras porque es imposible establecer una estrategia de defensa y seguridad sin alcanzar un consenso político. El gran inconveniente está en la realidad. Macri debe elaborar un plan de largo plazo y, al mismo tiempo, cubrir las urgencias derivadas del colapso de varias policías. La fórmula para resolver ese problema difiere aún entre los principales dirigentes de Cambiemos. Vidal, por ejemplo, se ha propuesto tomar el control de la bonaerense sin ensayar reforma alguna. En cambio, Rodríguez Larreta se ha lanzado a fusionar la Metropolitana con la sección porteña de la Federal en una nueva policía. Ambas tareas modificaron la configuración del aparato nacional de seguridad. Por eso Bullrich debe ejecutar un plan mientras rediseña sus instrumentos.

En el Coloquio de Idea, Vidal confirmó que la inseguridad es su pesadilla. Es comprensible. A los enormes dramas objetivos ella agregó un enfoque inicial desacertado. El indolente Daniel Scioli dejó una herencia calamitosa. Y Vidal supuso, aconsejada por su ministro Cristian Ritondo, que podría superarla apelando al equipo de su antecesor. Todos los días aparece una nueva evidencia de ese error. Quiere decir que la gobernadora tiene que bajar los niveles de inseguridad mientras se va apropiando, de a poco, de las palancas para hacerlo.

Caja policial

El último paso de esta marcha ocurrió la semana pasada. Vidal tomó una decisión valiente. Quitó a la conducción de la policía el control de la administración y lo puso en manos de Ignacio Greco, el secretario legal y administrativo del Ministerio de Seguridad. Greco ya cumplió esa tarea. En 2010, el jefe de gobierno Macri lo destacó como "interventor" administrativo de la Metropolitana, desautorizando a su ministro Guillermo Montenegro. Fue cuando envió a Edgardo Cenzón a controlar a Diego Santilli en Espacio Público. Greco siempre tuvo cierta dependencia de Cenzón. Pero ahora reportará a Vidal. Entre otras cosas, porque Cenzón renunció a ser ministro de Obras Públicas de la gobernadora. Conclusión: la propia Vidal vigilará la caja de la bonaerense. Ignacio Parera y Marcelo Rocchetti, los codiciosos escoltas de Ritondo, seguirán esperando.

Greco capturó la administración de la policía a raíz de un escándalo. El encargado de esa área, comisario general Néstor Martín, presentó una declaración jurada con siete propiedades, $ 2 millones y un helicóptero. Martín estuvo al frente de los fondos policiales durante casi toda la gestión Scioli. Hombre de confianza de los ministros Casal y Granados, a Martín se le asignó la máxima jerarquía y se le permitió usar uniforme a pesar de pertenecer al escalafón administrativo. Era, entre otras cosas, el encargado de distribuir los fondos de las prestaciones adicionales. Una inagotable fuente de recursos que la cúpula bonaerense obtenía en combinación con una liga de intendentes amigos. El negocio es conocido: sobrefacturar servicios extras. Ahora esa tarea está en manos de Greco, quien debe despejar una duda principal: ¿mantendrá el sistema de reparto en los niveles inferiores?

El nombre de Martín siempre estuvo asociado a helicópteros. En 2011 la prensa se preguntó qué tuvo que ver con la desaparición de un Robinson 44 piloteado por el ex comisario Alejandro Ferzola y alquilado por la Agencia de Seguridad Vial, que dependía de Florencio Randazzo. La nave desapareció cuando sobrevolaba Brandsen y nunca más se vio. Para Randazzo, "es probable que haya sido un accidente". Para las habladurías del funcionariado, Ferzola huyó al cielo con una caja de caudales. Un Sobremonte intergaláctico.

El caso Martín vuelve a golpear al jefe de la bonaerense, Pablo Bressi. ¿No sabía que su administrador era multimillonario? ¿No lo sabía Ritondo? No hay por qué desconfiar. Pero el corolario es inevitable: gente que para advertir un delito necesita que un funcionario se autoincrimine en una declaración jurada, ¿está en condiciones de detectar la infiltración bonaerense de los carteles mexicanos? Otro misterio: ¿por qué Macri y Vidal, que no cesan de denunciar la negligencia y complicidad del kirchnerismo con el avance de la droga, pusieron al frente de sus policías a los responsables de impedir ese delito en la administración anterior? Bressi fue el jefe de lucha contra el narco de la bonaerense de Scioli. Y Néstor Roncaglia, el titular de la Federal, el responsable de drogas peligrosas de la gestión Cristina Kirchner.

Vidal intenta romper el pacto con el orden preexistente. No sólo en el caso de la seguridad. También en el del juego. El binguero Daniel Angelici, íntimo de Macri, deberá explicar a sus colegas que la gobernadora les aumentará Ingresos Brutos. El problema de Vidal es otro: ignora si, con las elecciones cada vez más cerca, es hora de romper el statu quo. ¿Teme represalias? Esta ambigüedad desorienta a los policías. No saben manejarse con matices.

La estrategia de la gobernadora, que consiste en ir colonizando de a poco una estructura en la que los rasgos mafiosos se van volviendo crónicos, contrasta con la de Rodríguez Larreta. El jefe porteño encaró, contra el consejo de varios asesores, una audaz reforma policial. Debe incorporar 19.000 efectivos de la Federal a una Metropolitana de sólo 6000.

Es un experimento complejo. Desafía la identidad de los agentes federales, que son provincializados. Tienen, es cierto, un aliciente: la sustantiva mejora salarial. Pero ese salto plantea curiosidades. ¿A qué se debe que haya policías que prefieren permanecer en la Federal renunciando a ganar más plata? ¿No quieren renunciar a la mística o a los negocios? Larreta parece saberlo. Pidió a Bullrich que le transfiera todo menos el instituto de formación. De la Federal quiere el cuerpo. Al parecer, no quiere el alma.

Esta contradicción se proyecta sobre una decisión relevante. ¿Quién conducirá la nueva organización? ¿Un policía o un civil? Para la primera opción prevalece el nombre del comisario José Pedro Potocar. Pero, en plena transición, esa opción es un detalle. Y no ha sido definida.

El karma que persigue a Mauricio Macri

Por Eduardo van der Kooy - Clarin.com

Mauricio Macri empieza a sentirse incomprendido. Temprano para sus apenas diez meses de poder. Se molestó por la mirada descreída que acompañó, incluso dentro de Cambiemos, la pelea de Susana Malcorra para obtener la Secretaría General de la ONU. 

Dante Caputo, por ejemplo, la responsabilizó de descuidar el timón de las relaciones exteriores. Llegó a la irritación cuando la canciller fue superada en votos por el portugués Antonio Guterres y sobrevoló la etiqueta de un fracaso. Para el Presidente, la sola posibilidad de aquella disputa habría servido para posicionar a la Argentina en un escenario en el cual estuvo ausente durante la década kirchnerista.

A Macri tampoco le caen bien las menciones al ajuste económico. Provengan de la oposición o del periodismo. Menos todavía que lo asocien a un dirigente de la derecha clásica o subrayen su insensibilidad social. Recuerda los fondos destinados a mejorar las asignaciones familiares: $ 17 mil millones. O el pago de los juicios a los jubilados, emblocados en lo que se denomina reparación histórica: otros $ 75 mil millones. Además, la compensación a los sindicatos por las obras sociales: $ 2.700 millones en efectivo y otros $ 25 mil millones en bonos. De allí la falta de paciencia que endilga a la CGT, aunque la central obrera tenga aún entre paréntesis su promovido paro. Al activismo de la CTA le encuentra otras razones: su lucha interna entre distintos sectores y la infiltración del kirchnerismo. Los gremios estatales, donde ancla el poder ceteísta, no parece haber sufrido tanto como dicen. El recorte en el Estado ha sido magro: se desprende de los números del gasto público.

Esta situación, mechada con otros sinsabores de la realidad, indujo a Macri el último martes a una explosión ocurrente. Sucedió durante su encuentro con la mesa política del Gobierno. Lo disparó con humor sin ocultar, sin embargo, que detrás de ese buen ánimo habría cierto convencimiento. “Hay gente que cree que soy un hijo de puta, Y otra gente que cree que soy un boludo. ¿Qué raro, no? Parezco condenado a tener que convivir con ese karma”, lamentó.

El Presidente prefirió no entrar en detalles. Pero nadie de los asistentes ignoró a qué sectores aludía. Los más ideologizados (por supuesto, los kirchneristas) lo observarían como la personificación de un diablo. La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, al anunciar la recuperación del nieto 121, subrayó por primera vez en 13 años que ahora le preocupan otros derechos humanos al parecer en peligro. Que antes no veía o le convenía soslayar. Al llamado círculo rojo, sectores del poder empresario que lo interpelan desde las épocas electorales, le adjudicaría la otra calificación. Quizás por no seguir una huella más nítida en su política económica. El Presidente percibe, por la situación social y el horizonte electoral del año que viene, que no habría más margen para el ajuste. De allí que el secretario de Finanzas, Luis Caputo, haya estado la semana pasada rastreando endeudamientos en centros financieros internacionales. Las cifras también hablan: el Gobierno tomó deuda estos meses en el exterior por US$ 22 mil millones. Aún un porcentaje razonable referido al PBI.

Aquel lamento de Macri estaría desnudando a lo mejor otra cosa. La ausencia de una articulación política consistente con los diferentes actores de la sociedad. Institucionales y fácticos. En algún sentido, el Presidente no habría modificado todavía el núcleo duro del concepto del ejercicio del poder que concibió el kirchnerismo. En especial, Cristina Fernández. ¿Cómo sería eso? La ex presidente entendió su gestión como un enlace directo entre ella misma y la gente. En el tiempo de auge, luego del 54%, con concentraciones masivas. En el ocaso, desde los balcones interiores de la Casa Rosada con arengas hacia los militantes que sólo alcanzaban para llenar los patios interiores.

Macri también privilegia por ahora la línea directa. Claro que ha variado la metodología. No apela a grandes actos. Repite los timbreos en los barrios que, ante el aislamiento kirchnerista, tuvieron su efecto para ganar las elecciones. Aunque habría comenzado a tentarse con la sobreactuación. Aquel presunto improvisado viaje en colectivo en una zona humilde de Pilar fue la cima del exceso. El Presidente y su círculo áulico baquetean además las redes sociales. Le pasaron el trapo, en ese campo, al kirchnerismo. A esas acciones parecieran interpretarlas como la política nueva. Aunque insuficiente si se desmenuza el contenido de aquel lamento de Macri. Ese mismo pensamiento envuelve también a sus socios en Cambiemos, la coalición oficialista. Sobre todo, a los radicales. El debate se iba a plantear en el plenario que debió postergarse la semana pasada por el percance en la salud de Elisa Carrió. Pero ocurrirá.

El radicalismo indaga con inquietud electoral dos geografías. La cercanía del macrismo en Córdoba con el gobernador peronista, Juan Schiaretti. “Allí ganó por nosotros”, alertan ellos. El otro dilema se plantearía en Santa Fe. La alianza de los radicales con el socialismo atraviesa un tiempo difícil. Pero los discípulos de Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín no desean resignarla. Hay macristas más desprejuciados: hasta reparan, con buenas ganas, en el senador peronista Omar Perotti, propietario hoy de la mejor imagen provincial.

Macri, en cambio, no pudo innovar casi nada cuando volvió a la primera línea, como una marea, un viejo tema irresuelto en la Argentina: la inseguridad. Resolvió saturar con el envío de agentes federales (gendarmes, prefectos, Policía Federal y aeroportuaria) dos zonas ardientes: Buenos Aires y Santa Fe. La misma respuesta que tuvieron Néstor Kirchner y Cristina. Y hasta Carlos Menem en los 90. Con una realidad infinitamente peor que la de aquellas épocas. En esas décadas se fue incubando en etapas el fenómeno que ahora aterra: el delito común entrelazado con el narcotráfico.

El despliegue de agentes, pese a todo, resultaría atendible como respuesta psicólogica al temor colectivo. Pero se disipará igual que el humo si no resulta acompañado por estrategias y políticas multicausales congruentes. Aquella saturación encierra una enorme complejidad. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está obligada a hacer, por caso, un reclutamiento de gendarmes en los 850 puestos que ocupan en el país. Eso implica para los efectivos trastornos familiares, de hábitat y compensaciones salariales de excepción. Bullrich carece todavía de tales recursos. Entre tanta repentización resolvió una cuestión que apunta al fondo: a partir de enero creará la Región Rosario de la Gendarmería. Un asiento permanente de efectivos. Fue una de las cláusulas que le permitió abrochar el acuerdo con el gobernador socialista Miguel Lifschitz.

Pese a la inmensidad de su territorio, la tarea de refuerzo resultaría menos ardua en Buenos Aires, porque Gendarmería y Prefectura tienen en la Provincia asientos importantes. Incluso ya han participado, en combinación con la Policía bonaerense, en una impresionante cantidad de procedimientos que María Eugenia Vidal combinó con Bullrich: se computan 140 mil en diez meses. Incluye todo tipo de delitos. Por supuesto, también el narcotráfico.

Semejante despliegue no posee aún relación con los resultados. Siempre se apunta a la connivencia de la propia Policía y del Poder Judicial. Pero algunos intendentes bonaerenses describen cuadros aún más graves. La complicidad que existe en muchos barrios pobres para resguardar a los mercaderes de la droga. Un funcionario de la intendencia de Lanús, a cargo del macrista Néstor Grindetti, describió realidades desoladoras. Operativos discretamente planificados para barrer reductos donde se comercializa el menudeo. En varios lugares se repitieron diez veces sin éxito. La información se filtra a través de los vecinos que reciben una compensación económica, que supera el valor de una changa o un plan social. Son síntomas que harían recordar a los inicios de la penetración del narcotráfico que sufrió Colombia. El cuerpo social está permeado.

La penetración sería de tal magnitud que hasta afectaría actividades impensadas. Un dirigente ligado a la Iglesia, experto en combatir el narcotráfico y la trata de personas, acopia datos sobre los movimientos en un club de fútbol de Buenos Aires que juega en primera división. Lo enlaza con otro club de Mendoza.

No se trataría de excepciones. En Jujuy, el paso de una simple carretilla con pasta base o cocaína a través de la frontera con Bolivia vale US$ 150 dólares. La tarea es realizada en general por clanes familiares. Cinco módicos días de trabajo significarían mil dólares. Los niveles de violencia no son elevados, porque gente de pequeñas localidades opta por vivir de ese negocio.

El Ministerio de Seguridad tuvo acceso a otra información desconocida. La Argentina se transformó en el tercer país abastecedor de droga a países de Europa. La estadística provino de Madrid. El hábito es hablar de Santa Fe o Buenos Aires como focos principales de distribución y salida. Esa información resulta incompleta: el puerto de Comodoro Rivadavia, distante, es también una puerta abierta. La novedad se complementa con otro dato: esa ciudad petrolera del Sur registra la tasa de homicidios más elevada del país, junto a Santa Fe. Apenas trazos de un problema que pasó de menor a calamitoso.

Malvinas: "En 1993, un alto funcionario británico dijo a los isleños que una negociación podía suceder en el futuro"

Por Claudia Peiró - Infobae.com - cpeiro@infobae.com -@PeiroClaudia.
El ex vice canciller Fernando Petrella afirma que hubo discusiones muy avanzadas con Londres pero que “nunca se tradujeron en negociación porque siempre existió, del lado argentino, la idea de conseguir de inmediato lo que en realidad debía ser el objetivo final”

En charla con Infobae, Petrella insiste en el hecho de que la resolución 2065 de Naciones Unidas no dice que la soberanía es nuestra sino que debe haber una salida negociada.

Es por ello que la intransigencia declarativa de ciertos políticos resulta inconducente y podría malograr la nueva oportunidad que, en su opinión, se abre en esta etapa. "No tenemos que alienarnos los apoyos de los principales aliados del Reino Unido", dice, como Estados Unidos, "que nos respalda para que negociemos con racionalidad", ni pedirle a "aquellos que no son aliados del Reino Unido, como China y Rusia por ejemplo, y que apoyan a la Argentina, que la apoyen en posiciones extremas".

En ese marco, recuerda que con los ingleses se había llegado a avanzar en propuestas como el condominio, ofrecido por ellos en la tercera presidencia de Juan Perón; una solución que éste había aceptado pero que su muerte impidió concretar. Después de la guerra, el momento de mayor acercamiento fue bajo la gestión de Carlos Menem. Fue por entonces que   un alto funcionario del Foreign Office dijo: "…podrá verse una discusión (de soberanía) en el futuro, pero no por la fuerza".

— ¿Por qué nunca se llegó a esa negociación con los ingleses por Malvinas?

— En diplomacia hay cuatro etapas para obtener un resultado en una negociación bilateral: primero el diálogo, después la conversación, después la discusión y finalmente la negociación, cuando lo que se discute pasa a ser formal. La Argentina, en los mejores momentos de la relación bilateral con el Reino Unido, llegó a discusiones muy de fondo sobre Malvinas. Pero en general esas discusiones nunca se tradujeron en negociación porque siempre existió, del lado argentino, la idea de conseguir de inmediato lo que en realidad debía ser el objetivo final, si es que se llega a él alguna vez.

— ¿A qué se llegó en esas discusiones?

— Durante el período 1965 – 1982, el Reino Unido y la Argentina discutieron el condominio, el retroarriendo y una solución a lo Hong Kong, es decir, un solo país, dos soberanías. Nada de eso se pudo concretar.

— ¿Qué implicaba el retroarriendo?
— Que el Reino Unido nos transfería la soberanía y la Argentina le alquilaba las islas por 99 años.

— Son nuestras pero las tienen ellos.
— Ellos las administran. Fueron soluciones que en su momento se ofrecieron y que la Argentina por distintos motivos no aceptó. Perón aceptó el condominio pero no se formalizó antes de su fallecimiento [1° de julio de 1974], y luego Isabelita no se animó…

— Perón hubiera podido contener la intransigencia de algunos…
— Lógico. Lo que Isabel invocó, tal vez con razón, fue que la violencia que había en la Argentina en ese momento… hay que acordarse de Montoneros, hay que acordarse de los enfrentamientos… O sea que todo esto se malogró. Y el gobierno dictatorial evidentemente tenía otra cosa en la cabeza porque tampoco aceptó la solución Hong Kong.

— ¿Cuando se propuso esa solución?
— Antes de la guerra. Todavía en el período en que la Argentina tenía YPF, tenía becas y vuelos por los cuales los malvineros venían a la Argentina como paso previo a ir a Inglaterra. Porque, recordemos que en esa época no eran ciudadanos británicos.

— Usted insiste en aclarar que la resolución de Naciones Unidas dice que debe haber negociación, no que las islas son nuestras. ¿Por qué es importante esa distinción?
— Cuando Inglaterra pone el territorio de Malvinas bajo el sistema de descolonización, como muchos otros territorios, la Argentina disputa eso y dice "las islas son nuestras". Y lo que Naciones Unidas reconoce es que es probable que no sean británicas, que hay una disputa, y dice: resuélvanla bilateralmente por medios pacíficos y teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Es decir, hace una excepción sobre el concepto de descolonización donde lo que se tenía en cuenta eran los deseos, los wishes, de los habitantes y en cambio dice los intereses.

—¿Qué pasó a partir de aquella primera resolución, en 1965?
— Empezó una negociación bilateral donde la Argentina más o menos pedía la devolución de las islas y los ingleses iban muy despacito. Sin embargo, los ingleses, en más de una ocasión, hablaron de que podía haber una devolución de las islas dentro de ciertas condiciones. Al principio, en el año 66, 67, hubo un episodio militar que desalentó mucho a los ingleses, que fue el famoso "Operativo Cóndor", en el que un grupo de jóvenes argentinos comete tres delitos de lesa humanidad: secuestro de un avión en vuelo, captura de la tripulación y secuestro de gente en tierra. Eso causó en los británicos un sentimiento de retroceso muy grande. Se superó con el tiempo, pero siempre está.
 Cuando se propone el condominio, tanto Firmenich, como el almirante Rojas, se opusieron.

— ¿Por qué equipara la actitud de Mario Firmenich con la del almirante Isaac Rojas en este tema?
— Porque cuando se propone el condominio, tanto Firmenich, Montoneros, como el almirante Rojas, que era la derecha, se oponían, querían la devolución. Interpretaban que la resolución de Naciones Unidas era un aval a la soberanía argentina y no es así. Los países que nos apoyan lo hacen para que negociemos y esperan de todo corazón que usemos ese aval para negociar seriamente y no para hacer manifestaciones nacionalistas o para política interna.

— ¿Cómo evalúa el documento negociado por nuestra canciller, Susana Malcorra, con Alan Duncan, vicecanciller británico?

— Lo que está pasando actualmente no tiene precedentes. El presidente argentino se ha reunido primero con David Cameron, cuando varios presidentes argentinos tuvieron que trabajar años para encontrarse con el Premier británico, y bajo condición de no tratar el tema Malvinas. Ahora ha ocurrido algo distinto: Macri al verlo a Cameron le habló del tema y Cameron le dijo, bueno, nosotros tenemos otro criterio. La señora (Theresa) May le manda una carta muy cordial, que en un párrafo habla del deseo de asociar a la Argentina y al Reino Unido a grandes temas de la agenda internacional y en otro párrafo referido al Atlántico Sur, que hay que leer con mucha atención, dice: allí donde tenemos diferencias –es decir soberanía- tratémoslas con respeto mutuo y para beneficio de todos los involucrados –es decir, la Argentina también-. Después dice: esto incluye petróleo y comunicaciones, es decir una serie de cosas que son la posición británica. O sea, proponen incluso una agenda. Saben que el punto de vista argentino es distinto y saben también que, iniciando una conversación, discusión, sobre el Atlántico Sur, vamos a terminar en el tema soberanía de alguna manera. Vamos a terminar en un cambio de estatus de las islas, y eso es gradual. Por eso hay que sostener que la cláusula constitucional no es un cepo, es un objetivo al cual hay que ir llegando gradualmente, paso a paso, administrando este esquema de trabajo conjunto con los isleños y con el Reino Unido.

— Mientras lo escuchaba, pensé: ¿puede suceder que los ingleses deseen avanzar más de lo que dicen, o lo hayan deseado alguna vez, y no lo hacen por no ver del otro lado una contraparte que encare el tema con madurez, que no diga "les arrancamos las islas", que no sostenga un discurso patriotero que hasta juega en contra?

— Ha jugado en contra históricamente, porque la Argentina avanzó bastante: discutir soberanía, ejercicios compartidos, hablar sobre los recursos, etcétera. Pero nunca se pudo concretar realmente porque siempre estaba el temor del qué dirán acá. Creo que ahora hay un cambio de contexto internacional. Probablemente en la Argentina haya una nueva madurez. 

El Brexit implica que a lo mejor el Reino Unido está tratando de recrear sus viejas asociaciones para asegurarse alimentos y materias primas, recursos naturales. La Argentina fue históricamente eso. Y deben estar pensando, porque tienen la diplomacia más calificada del mundo, si el conflicto puede ayudar a unir y no a separar. Si nosotros lo vemos desde ese punto de vista y sabemos poner una pausa en nuestras aspiraciones finales, tal vez nos sirva de mucho y tal vez podamos compartir una cantidad de cosas en el Atlántico Sur para beneficio propio. Ahora, compartir implica tener presencia. Cuando se avanzó en materia de hidrocarburos y de pesca era porque en la Argentina YPF funcionaba bien, estaba (José) Estenssoro [titular de YPF durante la presidencia de Carlos Menem], se gastó en eso, teníamos presencia, y eso forzó al Reino Unido a los acuerdos que se hicieron. Porque nadie es santo, no hay santos en el escenario internacional. Es decir, hay que hacer la política y acompañarla de hechos, siempre compatibles con la buena relación y con el derecho internacional. Y creo que ahora el campo está abierto, hay nuevas posibilidades y ojalá las aprovechemos.

— Usted citó en un artículo a un alto funcionario inglés avisando a los habitantes de Malvinas que en algún momento habrá que hablar de la soberanía.

— Eso salió en el Penguin News. Creo que el Penguin News es de lectura obligatoria. Uno se entera de la vida social de las islas, de los autos que se venden, de cómo fue la pelea en el bar… El señor David Heathcoat Amory era mi contraparte, y se llegó a discutir el tema de la soberanía. Entonces era corriente en los encuentros argentino-británicos. O sea, no es que se excluye el tema; cuando nos sentamos a conversar eso es lo que está permanentemente y es usado por los británicos para conseguir pequeñas concesiones. En la medida en que esas concesiones nos acerquen al objetivo, nosotros las otorgamos. Acá no hay nada oculto ni nada novedoso. Y esa manifestación de Heathcoat Amory a los isleños [Penguin News, 3 de julio de 1993] diciéndoles que una discusión o conversación sobre soberanía es posible pero nunca por la fuerza, para nosotros fue muy importante. Cuando hablan de "fuerza", no se refieren otra invasión militar, sino a la confrontación, a una expresión indebida, a gritarles "colonialistas", "imperialistas".

El diario de las islas que debería ser de lectura obligada para los políticos que quieran ocuparse del tema Malvinas

— ¿Había un clima positivo entonces?

— Sí, pero como los ingleses no son santos, como no hay santos en el sistema, y hacia el final de la década de los 90, la Argentina venía mal económicamente -eso lo sabía todo el mundo-, nuestra presión en materia de presencia en el Atlántico Sur había disminuido. Se mantenía la pesca, los cruceros conjuntos, en barcos nuestros, de científicos británicos y argentinos para investigación pesquera, había una gran camaradería… Pero en el Reino Unido sabían que la Argentina venía en picada. Consecuentemente empezaron con acciones unilaterales que llevaron a que, finalmente, durante la gestión Kirchner, nosotros denunciásemos los acuerdos de petróleo y pesca. Eso fue visto como un acto directamente de ruptura.

— A partir del momento que asume Néstor Kirchner, ¿se mantuvo el diálogo en algunos de estos niveles?

— La última reunión de alto nivel con los británicos fue la de Carlos Ruckauf, como canciller, con su par Jack Straw, en 2002, en la presidencia de Duhalde, yo era subsecretario [de Relaciones Exteriores].

— Vino luego un largo período de congelamiento.

— Alguna cosita en Naciones Unidas, pero no hubo nada… hubo sí reacciones nuestras, pesca, petróleo. Y la molestia del canciller (Héctor) Timerman que usó el foro de Naciones Unidas para acusar a los ingleses de tener una base militar, de estar militarizando el Atlántico Sur; en fin, las cosas que a lo mejor dictaba en ese momento la necesidad política, pero creo que fueron muy estériles.

 Jugar a los héroes que murieron en las islas para frenar cualquier negociación no conduce a nada y desprestigia a quien lo hace

— En la reunión en el Congreso esta semana a Carlos Foradori se habló de "traición a la patria".

— Soy muy respetuoso de nuestros representantes, pero los asesores tienen que estudiar los papeles, para objetar con argumentos. Si uno piensa realmente que la resolución 2065 le da la razón a la Argentina, que los que nos apoyan para negociar creen que las islas son argentinas, estamos en un error. El apoyo de Estados Unidos, que es importantísimo, es para que negociemos con racionalidad. No tenemos que alienarnos los apoyos de los principales aliados del Reino Unido. Y tampoco le podemos pedir a aquellos que no son aliados del Reino Unido, como China y Rusia por ejemplo, y que apoyan a la Argentina, que la apoyen en posiciones extremas, porque entonces se van a contener y vamos a perder fuerza relativa en cualquier negociación.

— Parecen discursos más bien dirigidos al público interno.

— Jugar a los héroes que murieron en las islas para frenar cualquier negociación, o jugar la clausula constitucional como si fuera un cepo, no conduce absolutamente a nada y a mi juicio se desprestigia quien recurre a esas dos excusas. Pero además, lo peor que se puede hacer en una negociación es obligar a la otra parte a definirse en un sentido contrario al objetivo de la negociación por exceso de intransigencia inicial.

— ¿Se excedió Macri al decir que se habló de soberanía?

—Yo no sé lo que hablaron. Cuando Macri sale de ahí dice "tocamos" o "toqué", una cosa indefinida. Ahí estaba ante el frente interno porque le tiran que a él no le importan las Malvinas. El Reino Unido dice que no se tocó el tema, pero no usa la fórmula de siempre: "No tenemos dudas sobre nuestra soberanía". En todos estos intercambios que ha habido desde que asumió Macri, el Reino Unido no usó esa fórmula, que sí es una fórmula rupturista porque dice "El Reino Unido no tiene ninguna duda". Esa fórmula la archivaron cuando se fue Cristina Kirchner. Todo aquel que entiende la microdiplomacia, y que se está conversando con una de las diplomacias más sofisticadas del mundo, tiene que tener estas cosas presentes. Por eso entiendo que todo este núcleo que empieza con la carta de Theresa May y el comunicado Foradori-Duncan, la cuestión en Naciones Unidas, es enormemente positivo si lo queremos aprovechar bien.

— Usted subrayaba también el hecho de que los ingleses vinieron a firmar la nota conjunta acá. ¿Por qué es importante eso?

— La diplomacia es forma y es fondo. Con los británicos hemos tenido momentos sin comunicación, hemos tenido comunicados divergentes y a veces conjuntos. En general, se firmaban en un terreno neutral: Naciones Unidas, Ginebra. Esta vez no, lo firmó Duncan en la Argentina. Eso, si vamos al detalle, es una cuestión de importancia. ¿Hay que hacer alharaca? No. Pero si nosotros mismos atacamos el comunicado… Hubo un señor del Foreign Office que vino a la Argentina, puso en riesgo su prestigio diplomático frente a sus pares y sus autoridades para venir a firmar un comunicado acá, y nosotros encima le pegamos una cachetada.

— Sería lamentable que los ingleses quieran avanzar más y no puedan hacerlo por el infantilismo de ciertos políticos argentinos.  

— Sí, porque todo está indicando que hay un nuevo contexto. Esto hay que unirlo a la visita de Obama a la Argentina. Ellos tienen el mapa. Ven un territorio importante, estratégico, lleno de recursos, con energía nuclear, satélites, alimentos, ciencia y tecnología. Dicen, hay que tratar de traerlos para nosotros.

— También está el hecho del Brexit.

— Claro. Si les decimos a los isleños: esto no cambia nada, seguimos siendo amigos. Es más, creo que hay acá gente importante que quiere establecer una especie de diálogo privado con los isleños. Y eso no sería a mi juicio algo errado.

— ¿Hubo algún intento de restablecer cosas como las becas y otros intercambios que había antes de la guerra con los isleños?

— Lo hubo en la gestión de Timerman. Daniel Filmus y él propusieron. Pero no estamos en los años 70, ahora los isleños van a estudiar a Europa. Entonces, ¿qué becas podríamos dar nosotros que puedan tentar? Deberían ser de altísima excelencia: para el Instituto Balseiro, el INVAP, o para estudiar con el doctor Zaldívar [Mendoza], por ejemplo. Aquellas cosas que para un isleño en Europa, en Inglaterra, serían imposibles o prohibitivas y en las que estamos al nivel de Europa. Pero hay que hacerlo sin estar mostrando las garras detrás…

Las relaciones entre la Argentina y Gran Bretaña

Editorial del diario La Nación

El delicado tema no debe ser usado con fines políticos, sino pensando en que la recuperación de la soberanía es un objetivo cuya importancia no debe banalizarse.

La soberanía respecto de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes es un tema de interés de todos los argentinos, cualquiera sea su filiación política. Es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, definido en la propia Constitución. Por esta razón, el gobierno nacional debe mantener informada a la oposición acerca de lo sustancial en el manejo del tema.

La cuestión, por lo demás, se rige por la Declaración Conjunta suscripta en Madrid por ambas partes el 19 de octubre de 1989. Especialmente por su párrafo 2°, que establece que nada, en ninguna reunión entre las partes, puede ser interpretado como un cambio de posición de la República Argentina acerca de la soberanía o jurisdicción territorial y marítima sobre las islas mencionadas y sus mares circundantes. Lo mismo se ha establecido respecto de la posición del Reino Unido en este tema.

El 12 y 13 del actual, el ministro británico de Estado para Europa y las Américas, Alan Duncan, mantuvo reuniones en Buenos Aires con las autoridades nacionales con motivo de haber participado en el Foro de Inversiones y Negocios organizado por el gobierno argentino. Se reunió primero con nuestra canciller y luego, con el vicecanciller argentino, con quien revisó la agenda bilateral. Esta reunión fue informada por nuestra Cancillería mediante un comunicado conjunto que "describe principios y relata intenciones.".

Ha quedado establecido que ambos países buscarán ampliar la relación bilateral en torno a una agenda positiva, para lo cual se establecerá un mecanismo de diálogo, pensamiento y reflexión estratégica, con reuniones anuales programadas al efecto. Y, entre otros temas, el comunicado menciona específicamente el del Atlántico Sur, respecto del cual se decidió establecer un diálogo para mejorar la cooperación en todos los asuntos de interés recíproco, aunque naturalmente sujeto a la fórmula de soberanía de la Declaración Conjunta de 1989.

De ese diálogo se espera que se puedan remover los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas, incluyendo lo vinculado al comercio, la pesca, la navegación y los hidrocarburos. Lo dicho no supone haber decidido ya cómo se resolverán los temas específicos, en tanto se esperan negociaciones complejas para arribar a soluciones sensatas para ambas partes.

En lo inmediato, se decidió establecer conexiones aéreas adicionales, aunque sujetas a que los detalles específicos sean definidos también por ambas partes. Se agregó el apoyo al proceso de identificación de ADN de los soldados argentinos no identificados que están sepultados en el cementerio de Darwin, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, destacando que, para las dos partes, los deseos de las familias involucradas son de la mayor importancia.

Como era previsible, atento a la cuestión pendiente que es nuestro reclamo de soberanía, la información suministrada por la Cancillería desató un huracán de objeciones y críticas. Entre ellas, las de diputados opositores -y de algunos del oficialismo, como Elisa Carrió-, quienes anteayer cuestionaron en duros términos el comunicado oficial en presencia del vicecanciller Carlos Foradori. Este funcionario exaltó la "estrategia del diálogo" y dijo que aquel escrito es "sólo una hoja de ruta".

El hecho de que el reclamo de soberanía sea de una enorme sensibilidad y un punto esencial en la relación bilateral no implica que haya que transformar en un pantano todos y cada uno de los demás capítulos de nuestro diálogo con Gran Bretaña. La historia reciente sugiere que, en rigor, esa actitud negativa no ha logrado sino postergar y dificultar cualquier posible avance en dirección a una solución del gran tema pendiente. La rigidez extrema está lejos de ser la mejor o la única alternativa cuando de buscar soluciones se trata.

Por el momento, sólo existe la intención de encontrar capítulos que puedan conformar, con las reservas del caso, una agenda positiva, que en lugar de alejarnos nos acerque. Es posible que de esa manera en algún momento, dentro de una relación madura, la Argentina pueda finalmente dialogar y avanzar sobre el demorado tema de la soberanía respecto de los territorios en el Atlántico Sur que nos fueron arrebatados.

Corresponde a nuestras autoridades establecer los mecanismos de diálogo con los responsables de los partidos de oposición y destacar el insoslayable rol del Congreso en cuestiones de política exterior. Este delicado tema no debe ser usado con fines políticos, sino pensando en que la recuperación de la soberanía es un objetivo común, cuya importancia y seriedad no deben nunca banalizarse.

El Reino Unido, después de la desacertada decisión del llamado "Brexit", ha ingresado en un proceso de pérdida de poder y debilitamiento progresivo, que no puede perderse de vista. No se puede tampoco soslayar el importante impacto que la cuestión adquiere en relación con nuestra soberanía.