La acusación moral más grave contra Cristina

Por Joaquín Morales Solá - LA NACION

Fin para las vacaciones tuiteras de Cristina Kirchner . Dentro de dos días, los tribunales volverán a trabajar. Varias causas judiciales se abaten sobre ella, como el previsible juicio oral y público por la venta de dólares a futuro o la casi terminada instrucción por el supuesto lavado de dinero en la empresa Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner. Estos dos expedientes están en manos del juez Claudio Bonadio, el más odiado por Cristina.

La ex presidenta tiene también un procesamiento por asociación ilícita (por despilfarrar dinero a favor de su socio Lázaro Báez en obra pública) dispuesto por el juez Julián Ercolini poco antes de la feria judicial. Seguramente apelará esa decisión que, si fuera confirmada por la Cámara Federal, la sentará también frente a otro juicio oral por corrupción.

Sin embargo, hay algo más dramático que todo eso. Se abrirá por fin una causa que significa el más grave reproche moral e institucional a Cristina. Es la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman poco antes de morir y en la que acusó a la ex presidenta de encubrir a los autores intelectuales y financieros del criminal atentado a la AMIA. Hay muchas denuncias de corrupción aquí y en el mundo (en Brasil o España, por ejemplo), pero no hay memoria de una denuncia que acuse a un jefe de Estado de proteger a terroristas extranjeros que atentaron en el territorio de su país y provocaron una masacre de 85 muertos. Esa denuncia, además, puso fin a la vida del fiscal que la hizo. Más allá de la eventual responsabilidad penal de Cristina, la carga de deslealtad moral que pesaría sobre ella sería enorme e inédita. Dicen que es la investigación judicial que más teme porque sus resultados podrían inhabilitarla para la política y manchar definitivamente su paso por la historia.

Un día antes de comenzar la feria judicial, el 29 de diciembre pasado, la Cámara de Casación refutó al juez de primera instancia (Daniel Rafecas) y a los jueces de la Cámara Federal (Jorge Ballestero y Eduardo Freiler), que rechazaron abrir la investigación. Casación los apartó de la causa y ordenó abrir a investigación la denuncia de Nisman. El posterior sorteo puso en manos del juez Ariel Lijo la denuncia del fiscal muerto.

Fuentes judiciales dijeron que lo primero que hará Lijo, el próximo miércoles, será declararse juez competente de la causa y pedirle a Bonadio las actuaciones que lleva en una investigación similar, aunque ésta tiene una humillante carátula: "traición a la patria". La iniciaron dos familiares de víctimas de la AMIA luego de que se conoció un audio en el que el ex canciller Héctor Timerman aceptó que el gobierno de Irán ordenó el atentado a la mutual de la comunidad judía. "Es hora de que haya un juez definitivo. Esa causa no puede seguir dando vueltas", dijeron cerca de Lijo, quien descuenta que Bonadio estará de acuerdo.

La segunda decisión que tomará Lijo será autorizar las casi cincuenta medidas de prueba que pidió el fiscal Gerardo Pollicita poco después de la muerte de Nisman. Para poner en marcha el proceso, el juez y el fiscal deberán imputar, entre otros, a Cristina, a Timerman, a Luis D'Elía, a Fernando Esteche, a Andrés "Cuervo" Larroque y a Jorge "Yussuf" Khalil, un argentino de origen libanés sindicado por Nisman como "agente iraní". En rigor, Khalil tenía más influencia en Teherán que la diplomacia iraní; existen varias grabaciones de conversaciones telefónicas que lo comprometen a él (y a D'Elía) con el memorándum firmado con Irán.

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Pollicita, en quien Lijo delegará la investigación, fue el primer funcionario judicial que analizó la denuncia de Nisman. Es el que más la conoce. El fiscal pidió en su momento varias declaraciones testimoniales; cruce de llamadas telefónicas; registros de visitas a la Casa de Gobierno, al Ministerio de Planificación y a la ex SIDE, y el análisis de las celdas de las antenas celulares para establecer dónde se encontraban los imputados mientras realizaban las llamadas. Algunas medidas deberán acomodarse al paso del tiempo. Pollicita requirió hace dos años el allanamiento sorpresivo de varias dependencias oficiales, pero ahora el kirchnerismo ya no está en el poder. Bastaría con un exhorto para reclamar información, si es que queda información.

Tendrá que esclarecerse también qué significaban algunas conversaciones telefónicas grabadas. Hay, por ejemplo, una conversación entre D'Elía y Khalil en la que aquél le dice que está saliendo "de la Rosada". ¿Estuvo en la Casa Rosada? En ese caso, ¿con quién estuvo? D'Elía dice en otra conversación que el memorándum final es el "borrador que escribió Fernando". ¿Se trata de Esteche, sindicado últimamente como protegido por la comunidad iraní local? ¿Hubo dinero iraní que se distribuyó entre los "promotores" argentinos del pacto con Irán? ¿Hay registro en algún lugar del Estado de que a los iraníes sólo les interesaba que Interpol levantara las circulares rojas de captura contra seis jerarcas de su régimen, que Nisman había conseguido y que le valió la condena a muerte por el gobierno de Irán? Las conversaciones comprometen a Cristina, pero también podrían complicar seriamente a D'Elía, Esteche y Larroque.

El destino de la denuncia de Nisman hizo un raro círculo alrededor de Lijo. Éste fue el juez que eligió Nisman para presentar su denuncia en enero de 2015. Lijo investiga las irregularidades en la causa AMIA por parte del ex juez Juan José Galeano. En aquel momento, Lijo venía de procesar al entonces vicepresidente Amado Boudou, hasta ese momento el delfín presidencial de Cristina. Lijo estaba de licencia por la feria de enero, pero se encontraba en Buenos Aires. Aunque su juzgado era subrogado por la jueza María Servini de Cubría, Nisman habló con Lijo. 

El fiscal le deslizó que la procuradora Alejandra Gils Carbó estaba por desplazarlo de mala manera del cargo. Nisman le pidió que fuera Lijo quien se hiciera cargo de la denuncia. "¿Estas escuchas son legales?", le preguntó el juez. "Sí, le respondió Nisman, las autorizó Canicoba Corral (actual juez del caso AMIA), pero dudo que sepa que las autorizó." Canicoba Corral diría luego que no sabía nada de las escuchas, hasta que comprobó que las había autorizado en un trámite casi automático. Entonces calló. Nisman tenía razón. Lijo le explicó al fiscal sus reparos porque no veía conexión entre la causa de Galeano y la denuncia de Nisman. El fiscal muerto se comprometió a llevarle nuevas pruebas. Así quedaron.

En la madrugada del lunes 19 de enero, Lijo recibió dos llamadas telefónicas. La primera lo notificó de que Nisman estaba muerto. Estupefacto todavía, recibió la segunda. Era la jueza Servini, que le dio un lacónico consejo: "Tenés que volver al despacho, nene". La Cámara Federal coincidió con Lijo en que no había conexión entre las dos causas y mandó a sorteo la denuncia de Nisman. Salió el nombre de Rafecas. Un dirigente de la comunidad judía recuerda que entonces Lijo le aseguró que la causa no avanzaría en manos de Rafecas (o algo así). Lo cierto es que empleados de tribunales recuerdan el ataque de furia que le dio a Lijo en los pasillos de Comodoro Py cuando Rafecas desestimó la denuncia de Nisman. Estaba a los gritos. Dos amigos lo metieron a empujones en su despacho.

No es casual que varios de los jueces que contribuyeron a paralizar la denuncia de Nisman durante dos años estén ahora muy cerca de la destitución en el Consejo de la Magistratura. Rafecas, Freiler, Canicoba Corral. Rafecas fue duramente cuestionado por la Cámara de Casación. Freiler tiene una fortuna que ningún juez puede explicar con su recibo de sueldo. Canicoba Corral arrastra una vieja mala fama. Es cierto que el Código Procesal crea un laberinto que demora las causas hasta el infinito, pero lo es también que los malos jueces hacen que las cosas resulten aún peores.

Tampoco es casual, en estas vísperas, que Cristina Kirchner se haya escandalizado ante una supuesta persecución política y haya disparado precisamente contra Lijo. Convocó a una cumbre cristinista en Río Gallegos para analizar su condición de perseguida y sólo fueron unos cuantos dirigentes que nunca estuvieron en ninguna cima conocida. Una cumbre pobre, a la que no fue ni un solo dirigente influyente del peronismo, indiscutible símbolo de su lenta derrota.

La columna de Jorge Asís: La diplomacia de las lanchas artilladas Sugestiva compra de Argentina a Israel

(El Cronista) - Israel no tiene ríos. Pero los israelíes desarrollaron la industria sofisticada como para construir lanchas artilladas, preparadas con cañones Typhoon, aderezadas con ametralladoras. Para que la Prefectura Argentina persiga narcotraficantes en el Paraná.

En efecto, sin provocar asombro, en el Boletín Oficial se publicó la sugestiva operación de compra. Cuatro lanchas de clase Shaldag, equipadas con la tecnología para la disuasión; o la destrucción. Por u$s 80 millones. Sin reparos, ya se abonó el 40%, o probablemente el 50. La primera lanchita diplomática recién estará en nuestro río dentro de 22 meses. Poco antes que Mauricio Macri, Presidente del Tercer Gobierno Radical, “corte el pan dulce” de la navidad de 2018.

Es de esperar que para entonces la señora Patricia Bullrich, Ministro de Seguridad, no tenga ningún precipitado sucesor que se queje ante los medios por “la herencia recibida”.

Puestos fronterizos

Sin embargo antes, en agosto de 2017, y en el mismo paquete, estará instalado el primero de los cuatro puestos fronterizos. Casi similares al situado en la frontera entre Egipto e Israel, y que se controlan también desde una plácida sala rodeada de televisores, cabecera de Tel Aviv.

En siete meses, desde un despacho del ministerio de Gelly y Obes, Bullrich podrá auditar el paso de Aguas Blancas, en Orán, Salta, frontera con Bolivia (el diputado Olmedo de la campera amarilla suele mostrar videos con pasadores que se amontonan, cargados de paquetes que Gendarmería nunca alcanza a revisar).

Después vendrá el puesto de Salvador Mazza, también en Salta. Y el de La Quiaca, en Jujuy. Completa Puerto Iguazú, en Misiones. Con la tecnología que permite acercar las imágenes hasta el primer plano. Como si se tratara de la miniserie FAUDA, producto fílmico de Netflix.

La cuestión de los cuatro puestos fronterizos israelíes desvirtúa con anticipación uno de los cuestionamientos más sólidos que se le presentaban al negocio. Gastar u$s 80 millones en la hidrovía fluvial (que por suerte supo enriquecer al señor Romero). Cuando llega a través del río sólo el 25% de la falopa (sea marihuana, diseño o cocaína).

Son datos divulgados, con sus mapas expresivos, por la investigadora Laura Etcharren, quien acostumbra anticiparse a los informes ministeriales. “15% llega por aire, 25% por la hidrovía, y el 60% llega por tierra”, confirma.

Efectivamente, por esta razón, en el paquete por los 80 palos se encuentran los cuatro pasos fronterizos. Y la espera para capturarlos 200 kilómetros más adentro del territorio.

Lo confirma la Garganta que defiende la operación “de Estado a Estado”. Sistema que deja afuera a los lobbystas bienintencionados que pretendían llegar, de algún modo, al escritorio de la ministro. Al menos -según nuestras fuentes- alcanzar el teléfono celular del asediado marido, al que angustiaban con apelaciones.

Comisiones mitológicas

En la mesa de los argentinos informativamente iniciados, cuando se menciona la existencia de una compra semejante, la primera pregunta que siempre brota es “¿de quién es el negocio?”. 

La segunda: “¿quiénes cobran las comisiones mitológicas?”. Aunque descuentan, inexorablemente, que los protagonistas del operativo “están salvados”. Regla tácitamente indemostrable.

En principio, los iniciados dirigen la atención hacia el empresario Mario Montoto. Presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí. Editor de libros, y de la influyente revista DEF, especializada en las problemáticas de la Defensa y Seguridad. E importante proveedor de la mercadería respectiva.

Durante la década ganada, cuando la señora Nilda Garré era la ministro, según nuestras fuentes Montoto ni siquiera podía asomarse al ministerio. Derivaciones de rencores tóxicos, iniciados cuando se trataba de construir -no precisamente con la persuasión de la palabra- las bases de la revolución (socialista) nacional. Epopeya que culminaría con el General Videla y el Almirante Massera en el poder (el aviador Agosti aquí casi no cuenta). Y con miles de muertos que históricamente nunca se terminan de morir.

Pero en el tema estratégico de las lanchas diplomáticas, el empresario Montoto -según nuestras fuentes- no moja. Aunque haya acompañado, hacia Israel, a los gravitantes peregrinos que hoy manejan, con diferencias notorias, el Ministerio de Seguridad, por suerte desde edificios también distintos.

El primero en peregrinar hacia Tierra Santa fue Eugenio Burzaco, experimentado Secretario de Seguridad. La visita fue de tan alto nivel que espantó, según nuestras fuentes, a la señora Bullrich, que hasta emitió un comunicado al respecto.

Después peregrinó la propia Bullrich, invitada por la embajada de Israel. Fue un viaje tan preparado que incluyó hasta reuniones con la presencia del gravitante Montoto, quien con la adquisición diplomática de las lanchitas se queda apenas con el insuficiente mérito moral. Durante su gestión, al frente de la Cámara, se hizo la operación semejante. El acuerdo de Estado a Estado. Entre la SIBAT –Israel Ministry of Defense- y el Ministerio de Seguridad.

La cuestión que se vienen las Shaldag artilladas. Capacitadas para circular a 40 nudos, a 75 kilómetros por hora, con tal vez 15 prefectos artillados a bordo. Aunque parezca mentira, aquí Argentina lanza una apuesta hacia el largo plazo. Pero con lícita seguridad se irrita la ministro Bullrich cuando trasciende que la operación pudo hacerse sólo como consecuencia de la sub-ejecución presupuestaria.

Es el fantasma de la mala praxis. Aqueja a diversos ministros perseguidos por la maldita sub-ejecución. No alcanzan a gastar el dinero que tienen asignado en el presupuesto para utilizar.

Para los profanos, es exclusivamente por ineptitud. O por algo peor: nadie quiere “poner al gancho” por temor a Las Stolbizer del futuro.

En algunos ámbitos (Salud, Educación, especialmente Seguridad), no gastar lo que el Estado proporciona es un crimen estético. Pero los ministros -confidencialmente- se quejan. Sub-ejecutan porque “desde arriba” no les liberan las cuotas presupuestarias.

Ahora se culpa, con facilidad, a Prat Gay. Pero porque se fue. Pocos se atreven a reprocharle a la dupla Quintana-Lopetegui. Y menos a hacerle planteos a Marcos Peña, El Premier.

Los conocedores de la artesanía presupuestaria del Estado aseguran que “no mandar lo que corresponde es una estrategia para reducir el déficit fiscal” (calvario que ostensiblemente le preocupa al economista Javier Milei). O se trata de un hábil recurso para legitimar, sobre el final, un gran negocio. Y destaparse, con lo que sobre, con una compra fabulosa. Para emprolijarla después, con un competente secretario administrativo. Un indispensable Giannotti.

Teoría de la compensación

Para cerrar el despacho -y claudicar ante los obsesivos de las “efectividades”- habría que felicitar, por la concreción exitosa del operativo, al coronel Reuben Gurstein. Agregado militar de Israel, que tiene su base en Chile, con concurrencia en Argentina y Paraguay. Representante de la SIBAT en la extendida tierra de su competencia.

Con la venta de las lanchitas, el eficiente coronel tiene asegurada, según nuestras fuentes, la mansa ociosidad del retiro. En Tel Aviv, o en la ciudad que lo apasione.

Lo que debiera descartarse, inapelablemente -según nuestra evaluación-, son las interpretaciones inspiradas en la manía conspiratoria. Aluden a la teoría de la compensación. Como si la operación de Estado a Estado compensara las afectadas relaciones entre los dos países.

Se mantiene una sólida relación cultural, pero sobre todo económica y militar. Contrasta con la carencia de soluciones, en el plano policial. O el justiciero.

Es preferible evaluar la diplomacia de las lanchas artilladas como una apuesta excepcional hacia el largo plazo. Algo admirablemente inusual para la Argentina. Donde “el largo plazo es un feriado con puente”, como señala el pensador Lucas Carrasco.

Lo que busca Inglaterra en Malvinas son los recursos

(Sputnik) - A 184 años de la ocupación de las Islas Malvinas por el Reino Unido, un 3 de enero de 1833, Sputnik entrevistó al presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas, Ernesto Alonso, quien consideró que la presencia militar británica en las islas es una amenaza para la paz en América del Sur. 

En las frías aguas del Atlántico Sur, los generales argentinos intentaron en 1982 dar un último manotazo de ahogado. Su régimen dictatorial se caía ante la presión popular, por lo que apostaron al extendido sentimiento de patriotismo para salvarse. Las acciones militares que emprendieron contra el Reino Unido para recuperar las Malvinas resultaron ser una pésima estrategia: los militares argentinos no sólo no lograron su objetivo, sino que la posición británica en las islas salió fortalecida.

150.000 millones de dólares gracias a la pesca en la zona ha sido el beneficio para el Reino Unido desde aquella fracasada aventura militar, según dijo a Sputnik Ernesto Alonso. Veterano de aquella guerra,  y denunciante de las violaciones a los derechos humanos dentro del Ejército Argentino, 

Alonso recordó que con los acuerdos firmados con posterioridad al conflicto, en los años 89 y 90, el presidente Carlos Menem le permitió a los británicos avanzar en la explotación de enormes recursos ictícolas. "Ahora está latente la explotación de recursos hidrocarburíferos", sostuvo. Dados los altos costos de la explotación de petróleo offshore, los ingleses necesitarían apoyo logístico desde el área continental argentina para utilizar esos recursos. 

Por eso Londres sintoniza con los gobiernos locales que considera no hostiles a su estrategia. 

"Hoy Malvinas es una unidad de negocios de la economía británica", ahondó Alonso, quien afirmó que no se trata de un territorio de libre circulación, sino que cuenta una política migratoria controlada por Gran Bretaña. "Toda persona que va ahí, lo hace para trabajar dentro de esa esa gran estructura que es la Falklands Islands Company", el grupo económico que detenta licencias de pesca que Alonso considera ilegítimas. 

"El objetivo final de Gran Bretaña no son las Malvinas. Son los mares circundantes, las Islas Georgias, Sandwich y Orcadas del Sur y la proyección hacia la Antártida", estimó Alonso. El ex combatiente opinó que la presencia de una base militar británica en Mount Pleasant, es una "situación gravísima para la paz de la región". "Se trata de la base militar de fuerzas extranjeras más importante de la región. Mantienen coordinación en con otras bases militares que ocupan territorios latinoamericanos, como las de Estados Unidos", agregó. 

Daniel Filmus: "Las acciones británicas en Malvinas echan por tierra la estrategia de acercamiento" Se estima que en la base de Mount Pleasant operan actualmente unos 1.500 militares y unos 500 civiles británicos. Ante una denuncia de la cancillería argentina en 2012 sobre el despliegue de armas nucleares en las islas, Londres prefirió mantener su silencio. 

Desde la asunción de Mauricio Macri en diciembre de 2015, las relaciones británico-argentinas experimentaron una distensión considerable. Los veteranos del conflicto critican al presidente su poco compromiso con la recuperación de las islas. Algo que el mandatario niega. "Argentina ha obtenido el apoyo global en esta causa. El mundo no acepta más una situación de colonialismo" sentenció Alonso al respecto. Por eso consideró que el primer punto a tratar en cualquier discusión sobre las Malvinas "es la soberanía argentina".

La vuelta a Boedo y la insistencia en el disparate

Editorial del diario La Nación

Miles de hinchas de San Lorenzo celebran orgullosamente su sentido de pertenencia con el proyectado retorno de su estadio a su lugar original. Paradójicamente, miles de vecinos del barrio de Boedo no ocultan su justificado fastidio con el regreso del llamado Viejo Gasómetro, vendido en 1980, y expresan fundado temor ante la posibilidad de que el desorden y la intranquilidad se adueñen de la zona.

Finalmente, la obsesión de tantos hinchas azulgranas por la vuelta a Boedo se vio concretada, al menos en los papeles, con la reciente firma del boleto de compraventa por el cual la empresa Carrefour cedió al club parte de los terrenos que ocupaba en la avenida La Plata al 1700 para la construcción de un nuevo estadio en el antiguo emplazamiento.

El acuerdo llegó tras la ley de restitución aprobada por la Legislatura porteña el 15 de noviembre de 2012 y una posterior negociación entre San Lorenzo y Carrefour, en función de la cual el club se comprometió a pagar unos 110 millones de pesos, de los cuales ya canceló la mayor parte, y otros 4 millones de dólares en cuatro cuotas anuales a partir de julio próximo. Así, según lo anunciado por los principales directivos de la entidad deportiva -su presidente, Matías Lammens, y su vicepresidente, el conductor televisivo Marcelo Tinelli-, la construcción del nuevo estadio se iniciaría en 2018, con la idea de finalizarlo dos años después.

El proyectado estadio de San Lorenzo inquieta a vecinos de Boedo.

Cabe preguntarse, una vez más, cuál sería el sentido de recuperar aquellas dos hectáreas de la vieja cancha con una inversión muchas veces millonaria para montar un segundo estadio. San Lorenzo dispone en el sur de la ciudad de un predio de 27 hectáreas donde inauguró su actual estadio en 1993.

Es que el sentido de pertenencia que esgrimen los hinchas del club se contrapone al sentido común. Ya hemos señalado desde esta columna editorial la inconveniencia de construir grandes estadios para eventos deportivos o musicales en zonas residenciales y densamente pobladas. Está demostrado que estas canchas suelen convertirse en auténticas torturas para quienes viven en sus alrededores. Una cosa es una sede social y otra muy distinta una cancha de fútbol. Las alteraciones a la circulación de peatones y vehículos, y a la actividad comercial, la inseguridad y el impacto ambiental sobre los vecinos y sus viviendas no pueden obviarse graciosamente. Los trastornos que ocasiona el desplazamiento masivo de personas a un estadio se suman a las graves molestias, incluidas peligrosas vibraciones, que la potencia de los equipos de audio utilizados en recitales suelen ocasionar.

Los espectáculos deportivos o musicales masivos generan un problema adicional a los vecinos en largas jornadas volviéndolos parias en su propia tierra. Los habituales operativos de seguridad con vallados impiden la libre circulación de vehículos por la zona, la presencia de barras bravas y de comerciantes ilegales que invaden veredas, sumados a los tristemente célebres "trapitos" que "ordenan" gravosamente el estacionamiento a su antojo y sin control, ubicando automóviles por doquier, incluyendo veredas y salidas de garajes, ante la sugestiva indiferencia de los efectivos policiales, son parte del paisaje en los entornos de estadios. Sobran los motivos para que el valor de las propiedades en esas zonas decaiga.

Cuesta entender cómo los legisladores porteños cedieron ante la presión mediática de un directivo de San Lorenzo, sin reparar en el grave error que configura seguir construyendo estadios en áreas densamente pobladas de la ciudad.

Es de esperar, de no haber vuelta atrás con esta disparatada medida que preocupa a los vecinos, que al menos se promueva un diálogo fructífero con las autoridades de San Lorenzo para buscar alternativas que atenúen las consecuencias conflictivas de una decisión que nunca debió tomarse.

El Conicet no debe concentrar toda la investigación

Por Hilda Sabato - La Nación

Las universidades resignaron su lugar en la definición de políticas científicas y en la creación de conocimiento.

En los últimos días, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) ha ocupado un lugar destacado en los medios, y ello por las peores razones. El Gobierno decidió disminuir significativamente el número de nuevas vacantes para ingresar en la carrera del investigador científico en relación con la tendencia observada en los últimos años, lo que desató la protesta generalizada de amplios sectores del ámbito científico y, muy en particular, de quienes se consideraron afectados directamente por esa decisión. 

El conflicto duró varios días y se desactivó cuando las autoridades ofrecieron una solución al reclamo al otorgar unas 500 becas por un año a los que en este concurso quedaron fuera del cupo de ingresantes establecido y con la promesa de estudiar en ese plazo la situación de cada uno de ellos.

De esta manera, el Gobierno pateó la pelota para adelante y eludió encarar la cuestión de fondo acerca de la política científica a seguir en los próximos años y del papel que cumple el Conicet en ese marco. Si bien las declaraciones del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, incluyeron algunas referencias a la necesidad de revisar la dirección que el gobierno anterior venía siguiendo en materia de investigación científica, éstas fueron ambiguas y confusas. Así, no inscribió la medida cuestionada en una propuesta explícita de cambios en ese sentido, de manera que todo quedó reducido a un asunto de índole presupuestaria.

Por su parte, desde el ámbito científico, la reacción fue rápida y hubo sucesivos pronunciamientos contra la medida del Gobierno. Además de reclamar por el bajo cupo establecido para nuevos ingresos a la planta del Conicet, estas declaraciones incluyeron denuncias por el recorte del presupuesto, por la drástica reversión de la tendencia reciente a incrementar año tras año las vacantes para entrar en la carrera de investigador y por lo que se consideran medidas que atentan contra el desarrollo científico del país. Sin embargo, poco y nada se ha dicho sobre el estado en que hoy se encuentra la investigación científica en la Argentina en su conjunto ni sobre los cambios habidos en la última década en el lugar que ocupa el Conicet en ese marco y en relación con otras instituciones del sistema, como las universidades y otros organismos públicos, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entre otros.

Se podrá argumentar que ante la urgencia de los hechos estos temas pueden quedar para después. No es así. El conflicto puso al desnudo uno de los problemas centrales en este sentido: a lo largo de la última década (años más, años menos), el Conicet se fue convirtiendo en el canal obligado para todo el que quisiera dedicarse a la investigación científica. Obtener una de sus becas y luego el ingreso en la planta de investigadores devino prácticamente en la única opción posible para llevar adelante una carrera científica. Tan es así que quienes no entraron en el Conicet porque no alcanzaron el puntaje fijado este año como mínimo para ingresar enunciaron su reclamo en términos laborales: se consideran "despedidos" y privados de sus lugares de trabajo.

La distorsión es evidente: no se trata, como se ha dicho, de "trabajadores expulsados", sino de potenciales ingresantes a una planta que hoy no ofrece lugares suficientes para incorporarlos. Esta formulación en clave laboral tergiversa los términos del problema a la vez que soslaya una cuestión central: la falta de alternativas para los jóvenes científicos. Durante estos últimos años esa falencia se vio compensada, pero a la vez reforzada, por el incremento sustantivo de la planta del Conicet, que casi se duplicó entre 2007 y 2015. Esta tendencia a la expansión del consejo ha sido y sigue siendo celebrada por distintos sectores del ámbito científico, pues ha favorecido la formación de nuevos investigadores y su inserción profesional en el marco de esa institución. Sin embargo, y más allá de la actual coyuntura, habría que preguntarse por las consecuencias de una política que ha llevado a una concentración cada vez mayor de las actividades de promoción y desarrollo científico en ese organismo estatal.

Mientras tanto, otras instituciones con responsabilidades en ese terreno lo han ido abandonando. Pero de eso no se habla. En primer lugar, las universidades. Éstas dedican casi todo su presupuesto a sueldos, la mayoría de los cuales se asignan a docentes con dedicación parcial, esto es, sólo para dar clase. Las dedicaciones exclusivas que permitirían la realización de tareas de investigación son cada vez más excepcionales. Los programas de becas y subsidios a proyectos que varias de las grandes universidades nacionales llevaron adelante en las décadas de 1980 y 1990 se han reducido notablemente, con escasas excepciones. Y ese vacío lo ha ido ocupando el Conicet, que provee a las universidades de la mayor parte de los recursos humanos y materiales para la investigación, en el marco de estrategias de selección, incorporación y sostenimiento propias de ese organismo. Las universidades han resignado así buena parte de su poder en materia de definición y desarrollo de política científica y de su responsabilidad en una de sus misiones fundamentales: la creación de conocimiento. Algo similar ha ocurrido con otras instituciones del sistema estatal, para no hablar del sector privado, que, a diferencia de lo que ocurre en otros países del mundo, aquí siempre se desentendió de las actividades de investigación y desarrollo.

Este escenario no ha sido el resultado de decisiones consensuadas públicamente, sino de las tendencias que de hecho se fueron imponiendo en la última década a partir de la actuación de muy diversos actores de los ámbitos educativo y científico. Mientras hubo dinero para alimentar el crecimiento del Conicet y voluntad política de hacerlo, todos parecíamos contentos. Ahora que un nuevo gobierno decide otra cosa, no atinamos sino a exigir volver a lo anterior y, por lo tanto, a reclamar que el consejo siga engrosando su planta y sus recursos. Sin embargo, más no es necesariamente mejor.

La situación a la que se llegó merece ponerse en discusión para evaluar los alcances de las políticas recientes y sus consecuencias en el conjunto del desarrollo científico y tecnológico del país y para abrir el debate sobre el camino a seguir. El tema no es monopolio del Gobierno ni de los científicos, sino del conjunto de la sociedad argentina (y de sus órganos de expresión y representación), que hoy en su mayoría sólo se entera de estas cuestiones en coyunturas de conflicto abierto y lo hace de la peor manera: con información escasa y sesgada y sin posibilidad alguna de intervenir.

Historiadora

Hay que estimular la inversión

Por Ricardo Esteves - LA NACION

La Argentina padece un cuadro severo de estancamiento estructural con demandas sociales crecientes, gestado en las últimas siete décadas y culminado con el despilfarro económico y moral del kirchnerismo. Está consolidado por el descomunal gasto público y todas las consecuencias que se derivan de esa circunstancia.

Esta situación ya es cultural y nada fácil de revertir y acarrea trastornos económicos, sociales y políticos. Y sólo se sale de ella con un shock de inversiones (en términos técnicos, alcanzando como mínimo un nivel de inversión del 24% del PBI -lejos aún de las tasas asiáticas-, algo que el país no logró nunca en los últimos 70 años). Con ese grado de inversión se lograrían mejoras sustanciales en el plano social, económico y humano y se modernizaría el país.

Foto: LA NACION

¿Qué se necesita para lograrlo? Desde las actuales circunstancias y en el marco de un horizonte de estabilidad serían necesarias al menos tres condiciones: bajar la inflación a guarismos de un dígito (lograr una tasa del 8 o el 9% no es una maravilla, pero es lo mínimo imprescindible para conseguir inversión en gran escala); reducir la brutal presión impositiva que hoy padecen las actividades productivas. Sólo a modo de ejemplo, y sin aseverar que sean las reducciones más aconsejables, la tasa del impuesto a las ganancias debería pasar del 35 al 25% y las cargas sociales sobre los empleos -o aportes patronales-, caer a la mitad de los actuales niveles. Y el tercer requisito sería -al menos en el inicio del proceso - ubicar el tipo de cambio en un nivel equivalente a lo que sería hoy 25 pesos por dólar. (Por más que el capital suele tener mala memoria, no hay que olvidarse de que la Argentina históricamente lo ha tratado muy mal: el default más grande de la historia de la humanidad, expropiaciones -hasta no hace mucho tiempo-, cambio de reglas y una justicia al servicio de las "causas nacionales" -en el mejor de los casos- y no de lo que emana del derecho y de la ley. Por eso sería aconsejable este estímulo adicional. Dado el extraordinario potencial del país, se entraría de ese modo en un proceso de genuino desarrollo.

Sin embargo, ninguna de estas condiciones pareciera ser técnica y políticamente alcanzable en los tres años de mandato que le restan a la actual administración.

Es más que probable que este año exhiba números positivos en el nivel de actividad económica y un clima de bonanza en más de un sector, y llegue así una brisa de alivio a la sensación de desánimo que en 2016 alcanzó a buena parte de la sociedad. Pero debemos estar preparados para aceptar que posiblemente se trate de ciclos pasajeros, ya que no habrá elementos sólidos para modificar el cuadro de estancamiento estructural en el que estamos inmersos sin mediar un proceso masivo de inversión. Cambiar esta situación puede implicar plazos muy largos (¿quince años, si no hay retrocesos?) durante los cuales el país deberá ir haciendo los deberes paso a paso a fin de alcanzar los requisitos que estimulen la inversión.

Sin un proceso masivo de inversión es imposible salir del estancamiento. La inversión -que no es otra cosa que el capital que está dispuesto a volcarse en ella- debe ser estimulada. No va adonde no están dadas las condiciones. Y, a diferencia de la fuerza del trabajo que está intrínsecamente ligada a un país, el capital es por esencia migratorio: va adonde se siente por sobre todas las cosas seguro, y adonde le ofrecen condiciones para crecer (veamos si no adónde se han refugiado los ahorros de los argentinos). Por eso las naciones con los mejores estándares de vida y de justicia social son las que brindan más seguridad y atractivo al capital.

Es perfectamente comprensible que el país no está hoy en condiciones políticas ni humanas de alcanzar en el corto plazo los tres requisitos que estimulen la inversión. Pero sí es entendible que si un gobierno se propone iniciar el largo y arduo camino para lograrlo, merece tener comprensión y paciencia de la sociedad. Por eso está totalmente fuera de lugar acosarlo y exigirle resultados imposibles.

Ya muy pesada es la tarea que tiene por delante. Tres desafíos que son difíciles de compatibilizar entre sí: convencer a las mayorías parlamentarias de que acompañen sus iniciativas, seducir a la ciudadanía para que siga apoyando su proyecto en el adverso contexto de un sistema electoral perverso, pergeñado por supuestos "estadistas" en el mezquino pacto de Olivos, e intentar atraer a los capitales a que inviertan en el país en medio de condiciones desfavorables.

Empresario y licenciado en Ciencia Política

¿Cómo se las arreglaría China para hundir un portaaviones de EE.UU.? Francia tiene la respuesta

(RT.com) - Submarinos nucleares franceses 'vencieron' a una poderosa nave estadounidense durante unas maniobras de 2015, y el Gobierno chino tomó nota.

A comienzos de 2015 un ejercicio naval entre Francia y EE.UU. se saldó con el éxito del submarino nuclear francés Safir frente al grupo liderado por el portaaviones Theodore Roosevelt. Aunque el hecho no tuvo la trascendencia mediática que merecía la derrota de una de los buques insignia de la marina estadounidense, China tomó nota, detalla el sitio The National Interest.

Según el portal, el profesor Chi Guocang analizó la situación y, tras aclarar que un ejercicio no puede compararse con un combate real, llegó a la conclusión de que el reporte francés tiene un "grado de credibilidad razonablemente alto".

En una entrevista publicada bajo el título 'Un solo submarino nuclear 'hunde' a medio grupo de combate de un portaaviones', el especialista subraya que los submarinos suelen ser una amenaza para ese tipo de barcos y recuerda que al menos 17 fueron hundidos durante la Segunda Guerra Mundial. Además de estos datos, China analizó episodios de la Guerra de Malvinas entre Argentina y el Reino Unido, en 1982.

En ese conflicto, además de tener en cuenta los fallos de los torpedos argentinos, destaca el hecho de que el submarino nuclear británico HMS Conqueror rastreara al Crucero General Belgrano durante 50 horas antes de hundirlo fuera del área de exclusión, sin haber sido detectado. Estos hechos también influyeron en el desarrollo chino de misiles de crucero antibuque.

¿Cómo hizo Francia para tener éxito?

Ante esta pregunta, el profesor Chi analiza varias hipótesis, aunque se centra en el tamaño de los submarinos franceses de la clase Rubis, el más pequeño entre los nucleares, lo que lo hace más difícil de detectar y le da mayor facilidad de desplazamiento. En ese sentido, asegura que para la flota de EE.UU. hallarlo era "tan difícil como pescar una aguja en el vasto océano".

Por otra parte, sostiene que cuanto más grande es el grupo de combate, más sencillo es rastrearlo a grandes distancias; mientras que, por el contrario, el tipo de armamento del portaaviones estadounidense facilita el escape de un submarino tras su ataque.

Por último, el experto chino asegura que la meteorología puede ser un condicionante de gran importancia para un submarino de acecho, ya que puede obstaculizar las operaciones aéreas y de los portaaviones, pero no así las de los sumergibles.

Papel Prensa: la verdad sobre una

Editorial del diario La Nación

El sobreseimiento de directivos de Clarín y LA NACION deja al desnudo uno de los más perversos operativos montados por el kirchnerismo

Uno de los operativos más detestables y perversos que organizó el gobierno anterior estuvo destinado a dominar los medios de prensa independientes. En el tren desenfrenado por lograr ese objetivo, llegó a la temeridad de criminalizar a directivos de los principales matutinos, LA NACION y Clarín. Intentó así asimilar la conducta de éstos a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar.

Los Kirchner habían hecho antes lo imposible por lograr la detención de Ernestina Herrera de Noble a través de la falsa acusación de apoderamiento de hijos de desaparecidos. Al no lograr ese propósito, volvieron a atacarla y, junto con ella, se desmadraron contra Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre. La nueva imputación era la de haberse apoderado de las acciones de Papel Prensa SA mediante extorsión y tortura a la viuda de Graiver, la señora Lidia Papaleo. También se los acusaba de haber pagado un precio vil por la compra de acciones de esa empresa y despojar de tal modo de bienes a los herederos de David Graiver.

No es del caso entrar aquí en la más que turbia relación de Graiver con la organización delictiva Montoneros, pero sí viene a cuento subrayar que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, secundada nada menos que por el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, confeccionaron lo que llamaron "Papel Prensa: la verdad". Se trataba de un libelo mendaz e intencionado, que fue leído por la cadena de medios oficiales por la propia presidenta y repetido hasta el cansancio por la prensa destinataria de fabulosos fondos por publicidad oficial a cambio de servilismo. Un círculo vicioso de corrupción y descaro que ha signado una época.

Fue un "relato" más, tan falso como todos los otros a los que nos acostumbró el gobierno kirchnerista. Lo cierto es que aquel delirio montado treinta años después de la década del setenta hacía agua desde el origen, pues las lamentables torturas a la señora Papaleo de Graiver, se supone que en un intento de lograr por ella la ubicación de los dineros de Montoneros en poder de los Graiver, ocurrieron meses después de la compra de las acciones de Papel Prensa y de la asamblea que aprobó la operación.

Cabe preguntarse a esta altura por qué la señora de Graiver mintió en sus declaraciones, exponiéndose a un juicio por falso testimonio. Se trató de una mentira absoluta desde el principio hasta el final, que se difundió por televisión y hasta adquirió el estatus de película, donde los "malos", o sea, los supuestos torturadores, eran los directivos acusados de los medios mencionados. Hecho de vergüenza inaudita para un gobierno que se dijo "democrático" y que termina por ser revelado en los términos de la resolución del juez Julián Ercolini. Éste sobreseyó a Herrera de Noble, Magnetto y Mitre, además de a Raymundo Podestá, ex secretario de Industria, y a Guillermo Gainza Paz, que había intermediado en la compraventa de las acciones de las que el grupo familiar quería desprenderse. El sobreseimiento fue apelado por el fiscal Franco Picardi, muy cercano al kirchnerismo.

"No existen -dijo el magistrado- elementos objetivos, imparciales y que de modo unívoco puedan llevar a considerar, cuando menos con un grado mínimo de probabilidad, que la venta de las acciones de Papel Prensa SA, acaecida hace 40 años, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiese derivado o hubiese estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad."

Dijo también que no existe ninguna vinculación entre los adquirentes de las acciones de Papel Prensa y las coacciones y amenazas sufridas por los Graiver, antes bien -agregó- habrían estado originadas por relaciones financieras entre el grupo empresario y Montoneros, no habiendo ninguna relación causal entre dichos gravísimos delitos y la compra de Papel Prensa. Por si fuera poco, consideró que los peritajes contables realizados en autos demostraron que no había existido precio vil ni desproporción en la adquisición de las acciones.

Con ser elevado el daño moral a las personas a quienes se persiguió de esta manera, cabe señalar que es también gravísimo el perjuicio ocasionado a la República, a la confianza de los ciudadanos a los que desconcertó esta patraña y a la democracia en general.

Resulta inadmisible que desde el poder se hayan generado campañas como las que el gobierno kirchnerista montó con la voluntad deliberada de amordazar a la prensa e inferir daños a empresarios periodísticos. Al hacerlo, se aprovechó, una vez más, de forma subalterna de causas como las de los derechos humanos. Ojalá exista un "Nunca más" para este tipo de persecuciones fascistas a las que el kirchnerismo se aficionó para conquistar y retener el poder.

Exaltar al equipo para concentrar la decisión

Por Carlos Pagni - LA NACION

Mauricio Macri apostó ayer a un método y a un concepto. El método: la fragmentación de las responsabilidades en el área económica. Hacienda y Finanzas serán, en adelante, materias de dos ministerios distintos. El concepto: una mayor preocupación por el desafío fiscal. La decisión encarna en varios nombres. Relevó a Alfonso Prat-Gay , quien desde hace dos semanas estaba, al menos en el plano emocional, fuera del Gobierno. Y designó en Hacienda a Nicolás Dujovne . Luis "Toto" Caputo fue promovido a ministro para seguir encargándose del financiamiento. El modo en que se movieron las piezas cierra algunas incógnitas sobre el funcionamiento de la administración. Y abre otras.

Según un consenso generalizado, uno de los inconvenientes de la gestión oficial es la excesiva segmentación de las decisiones económicas. Macri confirmó ayer que cree lo contrario. Es decir, que la administración funcionará mejor cuanto más se fraccione el antiguo Ministerio de Economía. Su criterio sería el siguiente: para alcanzar el éxito no hace falta concentrar en las manos de cada actor los instrumentos necesarios para lograr un objetivo; hace falta que ese actor sepa coordinarse con el resto. Esa exaltación del "equipo" oculta mal el interés por preservar la decisión final en un solo individuo. El jefe. Macri. La estética con que la Casa Rosada presentó la resolución de ayer confirma esta percepción: "Macri echó a Prat-Gay". ¿Por qué lo echó? "Porque no se dejaba coordinar". Ése fue el mensaje. Con una dimensión adicional: la leyenda, alimentada por el antecedente municipal, de que Macri no se desprende jamás de un funcionario fue refutada. Isela Costantini fue un banco de pruebas. Anoche también estaba saliendo el secretario de Obras Públicas Daniel Chaín. Carlos Balbín, Procurador del Tesoro, está en lista de espera.

La permanencia de Caputo en Finanzas esconde varios significados. El más obvio es que Caputo demostró una gran capacidad en gestiones complejísimas, como el acuerdo con los holdouts. Se trata de un logro relevante para la economía, pero también para la política. Para desencanto de Cristina Kirchner y Kicillof, en las encuestas el público aprecia más la salida del default que la reparación jubilatoria. Macri ha sido muy celoso de que ese logro le sea atribuido él y, en todo caso, al talento negociador de Caputo. No a Prat-Gay.

Caputo jugó un rol discreto también en otro plano. Convencido de que nunca se entendería con Prat-Gay, Macri confió en que Caputo funcionaría como amortiguador. Se lo prometieron su amigo Nicolás, primo del funcionario, y Horacio Rodríguez Larreta. La alquimia fracasó. Y los intentos de "coordinación" evitaron la intimidad: Macri y su ministro estuvieron en todo el año sólo un par de veces a solas. Mantuvieron lo que Borges llamó "una amistad típicamente inglesa, en la que lo primero que se suprimen son las confidencias y, al poco tiempo, el diálogo". Todo se deterioró con la crisis de Ganancias. Prat-Gay ya estaba, en un sentido emocional, fuera del Gobierno. Era lógico que ayer, cuando le ofrecieron otro cargo, no lo aceptara.

Con Dujovne, Macri suma a otro economista brillante a su Gobierno. El nuevo ministro conoció al Presidente en la campaña. Bromas del destino: fue durante un par de reuniones en las propuso una estrategia fiscal. Desde entonces tuvo excelentes vinculaciones con muchos miembros del oficialismo. Sobre todo Federico Sturzenegger, Jorge Triaca, Francisco Cabrera y Miguel Braun. El trato con Prat-Gay fue menos frecuente, aunque ambos se encontraron hace 15 días. En los últimos tiempos, Macri acostumbraba a comentar las tesis periodísticas del que ahora es su ministro. Lo entusiasmó, en especial, una columna en LA NACION, titulada "La oposición le da aire al Gobierno". Allí Dujovne describió las inconsistencias económicas del Frente Renovador de Massa. Miel para Macri.

Mario Quintana fue el encargado de invitarlo al gabinete. Primero fue un sondeo abstracto, el miércoles pasado. Desde hacía varios días en la Casa Rosada examinaban nombres para el reemplazo de Prat-Gay. Sonó el de Javier González Fraga. Pero Dujovne escuchó y, aceptó, una propuesta formal recién ayer por la mañana. Quintana lo llamó a Punta del Este para una conversación en la que también intervino Marcos Peña. Por la tarde se encontraron en Buenos Aires, con Gustavo Lopetegui sumado a la reunión. Desde allí Dujovne habló con Macri.

La secuencia corrobora un rasgo cada día más marcado del Gobierno. Macri reina a través de la trinidad que integran Peña, Quintana y Lopetegui. Peña sigue siendo el hombre de máxima confianza. Y, en particular, el que mejor interpretó -o el que más estimuló, nunca se sabe- el fastidio creciente de Macri hacia Prat-Gay. Quintana y Lopetegui ganan en autoridad administrativa. Ambos son íntimos amigos. Tanto, que ya hay quien los llama, con cariño, Rómulo y Remo.

Además de la insistencia con un método, la incorporación de Dujovne significa un reajuste conceptual. Nadie ignora lo que piensa: el problema estratégico de la Argentina radica en sus costos excesivos. No parece casual que alguien que defiende esa tesis llegue cuando se discuten las rigideces del mercado petrolero y aeronáutico. Entre esos costos está, para Dujovne, el excesivo tamaño del Estado, que entorpece el crecimiento. El nuevo ministro ha sido crítico del aumento del gasto, en especial de la reparación jubilatoria. Curioso: Macri también está inquieto con que haya más erogaciones, y se las atribuye a Prat-Gay. Y Prat-Gay se las atribuye a su inclinación por licuar las decisiones.

Dujovne está más preocupado que Prat-Gay por las consecuencias del triunfo de Donald Trump sobre los mercados, como escribió en este diario: "Las alarmas empiezan a sonar para el Gobierno", un texto hoy imprescindible. Prat-Gay consideró siempre que no sería dramático: "A lo sumo nos subirán un poco la tasa de interés". Dujovne es más precavido. Piensa que 2017 será un año exigente por las elecciones y por los vencimientos de deuda. Y no descarta que, si el crédito se vuelve más esquivo, al país le convenga fondearse más barato en el FMI.

Quizá Dujovne emite alguna señal antes del lunes. Mientras tanto, irán trascendiendo los nombres de sus colaboradores. Hay algunos movimientos previsibles. El secretario de Hacienda, Gustavo Marconato, pasará a retiro. Se había ganado mucha antipatía en el Gobierno. Sobre todo en Interior, donde le atribuyen algunas filtraciones para beneficiar a los gobernadores peronistas. En cambio, hay dos fiscalistas clave para Quintana y Lopetegui: Rodrigo Pena, de la Jefatura de Gabinete, y Raúl Rigo, de Presupuesto, en Hacienda. Pero Dujovne tiene carta blanca para armar su gabinete.

El nuevo panorama plantea una incógnita mayor: la apuesta a la coordinación de un staff cada vez más fragmentado, ¿no conspira contra el control del gasto? La mejor respuesta la propuso, hace dos semanas, un economista: Dujovne. En su columna de LA NACION, explicó: "La lógica de un gobierno en minoría parlamentaria". Sostuvo que el déficit es mayor cuanto más débil sea el Ejecutivo en el Congreso, cuantos más partidos integren la coalición oficialista, cuantos más ministerios haya, y cuanto más acotado esté el poder del ministro de Finanzas. Según Dujovne, Macri no puede corregir el primer par de factores. Pero sí podría achicar el número de ministerios. Y dotar de más espacio a Finanzas, para cuidar mejor los recursos y contener los gastos. Dujovne no pudo convencer a Macri desde afuera. Pero tal vez su ductilidad y empatía le permitan hacerlo desde adentro.

Macri, ante los desafíos de un mundo más exigente

Por Nicolás Dujovne - La Nación
La siguiente columna, escrita por Nicolás Dujovne, quien ayer fue designado ministro de Hacienda en reemplazo de Alfonso Prat-Gay, fue publicada en la edición de LA NACION del martes 20 de diciembre


El programa económico del Gobierno en 2016 consistió en revertir las extravagancias más notables del kirchnerismo: en un año, la Argentina salió del cepo y del default, volvió a entablar relaciones diplomáticas fluidas con los países más importantes del mundo, independizó al Banco Central y comenzó a migrar hacia un esquema en el cual se espera que el sector privado invierta y prospere sobre la base de incentivos y ya no por la combinación de subsidios y hostigamiento.

Luego de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el mundo financiero se ha vuelto algo más hostil y la Argentina ha sido uno de los países más castigados por los inversores. Ello genera nuevas exigencias: el programa inicial debe ser continuado por otro que defina la gestión ya no por la negativa, sino por determinados objetivos concretos y por una descripción metódica acerca de cómo serán alcanzados. La identidad de ese programa todavía está en construcción por dos motivos: en algunas áreas, el Gobierno no tiene decidido exactamente hacia dónde planea avanzar. Y en otros casos, las ideas no han sido comunicadas adecuadamente.

El Banco Central ha anunciado sus metas de inflación para los próximos años y ha aclarado qué mecanismos planea utilizar para alcanzarlas. Cumplibles o no, ahí están los números propuestos y los instrumentos que se usarán para lograrlos. Sus autoridades serán evaluadas por su desempeño en esa materia. En otras áreas de la política económica no existe una visibilidad semejante acerca de los objetivos buscados ni del método para lograrlos. Llenar ese vacío programático y comunicacional de manera coherente entre las distintas áreas tiene que ser, a partir de ahora, el objetivo número uno del Gobierno.

En materia fiscal, la principal duda de los inversores se refiere a la capacidad del Gobierno de reducir el déficit. La Argentina comenzó el año anunciando metas de déficit primario de 4,8% del PBI para 2016, de 3,3% para 2017, de 1,8% para 2018 y de 0,3% para 2019.

Finalizando 2016, la realidad será diferente. El déficit fiscal se ubicará efectivamente en 4,8% del PBI, pero habiendo computado casi 0,8 puntos porcentuales de ingresos extraordinarios provenientes del blanqueo, sin los cuales el déficit habría trepado a 5,6%. Para 2017 el presupuesto prevé un déficit de 4,2% del PBI, que será superior al 3,3% anunciado previamente y cuyo cumplimiento dependerá en buena medida del resultado final de las negociaciones en torno al impuesto a las ganancias.

Para 2018 y 2019, ya no conocemos cuál es el objetivo del Gobierno. Tampoco tenemos una visión precisa de lo que piensa en materia fiscal. ¿El déficit es expansivo para la economía porque agrega recursos a la demanda? ¿O es contractivo, puesto que desplaza al sector privado y encarece el endeudamiento? Esas respuestas siempre dependen de las circunstancias, pero en esta gestión no hay una voz unificada que responda esas preguntas claves.

En lo fiscal, el Gobierno se debate entre tres objetivos en conflicto: bajar el déficit, minimizar los impuestos distorsivos e incrementar el gasto en infraestructura. En 2016 se priorizó la reducción de impuestos y se redujo la presión tributaria en 1,7% del PBI. Además, el gasto público en términos reales caerá en el año, ya que el nominal aumentará 35%, mientras que la inflación totalizará 40%.

¿Es un objetivo de mediano plazo del Gobierno mantener o incluso reducir el gasto en términos reales? No lo sabemos, pero si lo fuera, debería explicarlo: ayudaría a resolver la mayor incógnita macroeconómica de la Argentina. Si el Gobierno lograra mantener el gasto congelado en términos reales por los próximos cinco años y la economía creciera 3% por año, el gasto en relación con el PBI bajaría de 45% a 39% en 2021. Y si esa estabilidad del gasto permaneciera por diez años, caería hasta 34% del PBI en 2026.

En el primer caso, la reducción en el gasto alcanzaría para eliminar todo el déficit fiscal. En el segundo, para eliminar el déficit, bajar las alícuotas de Ganancias, quitar el impuesto a los débitos y créditos y bajar los impuestos al trabajo a la mitad.

Si ése fuera el plan, la manera de traer al presente parte de los beneficios futuros de la contención del gasto vendría dada por la comunicación de ese programa y por la creación de mecanismos que aseguren que el compromiso del Gobierno va más allá de un Powerpoint. Una ley de responsabilidad que establezca parámetros para el gasto en el mediano plazo (incluyendo el de las provincias) y que fije cómo se repartirá la mejora fiscal que provocaría la contención de las erogaciones (entre la reducción del déficit y la eliminación de impuestos) podría ser negociada con la oposición y despejaría en buena medida la duda de los inversores acerca de la solvencia fiscal de la Argentina. Ello abarataría el financiamiento para el Gobierno, las empresas y las familias.

En la política energética, las dudas son mayores. Si bien algunos precios han comenzado a mejorar para productores, generadores, transportistas y distribuidores, las regulaciones que gobernarán el sector en el largo plazo aún no han sido establecidas. Parte de ese problema se resolvería si el sector pudiera avanzar hacia una "contractualización" de la relación entre los productores y los consumidores de energía. Hoy hay inversiones industriales que no se concretan porque las empresas no saben si contarán con la energía necesaria y, mucho menos, el precio que pagarán por ella. Si se les permitiera a las productoras de gas hacer contratos privados para abastecer la demanda de las empresas, éstas podrían invertir con mayor certidumbre. A su vez, esos contratos de largo plazo les permitirían a los productores de gas acceder a mejor financiamiento y acelerar su proceso de inversiones. Para que el sector pueda "contractualizarse" hay que definir la regulación. Los efectos sobre la inversión serían notables.

Otras dudas permanecen. ¿Seguirá existiendo Enarsa? ¿Será normalizada Cammesa? ¿Cuándo será libre el precio del petróleo? A veces es mucho más importante saber si los precios serán libres que recibir un subsidio temporario.

En comercio internacional, el Gobierno tiene un plan. Consiste en ir eliminando gradualmente la protección que hoy genera que los argentinos enfrenten sobreprecios insoportables cuando consumen electrónicos, prendas de vestir, juguetes y otros bienes. Ese sobrecosto será removido gradualmente junto con la disminución de la protección en esos sectores. Y la forma de institucionalizarlo vendrá de la mano de la firma de acuerdos de libre comercio (como el del Mercosur y la UE), donde el sendero de convergencia hacia la apertura, de 10 o 15 años, quedará establecido. Bueno o malo, es un plan; falta comunicarlo.

Entre la existencia de los superministros de Economía de los últimos 30 años y el esquema actual, en el que rige una excesiva atomización tanto en la comunicación como en la toma de decisiones, hay un punto medio en el que el Gobierno aún no ha encontrado la dosis exacta. El mundo se puso más exigente. Encontrar ese camino del medio hoy es crucial.

Una fisura en el sistema judicial de Comodoro Py

Por Carlos Pagni - LA NACION

La justicia de Comodoro Py no fue diseñada para que los delincuentes sean castigados. Fue diseñada para hacerlos zafar. Esa sarcástica confesión de un fiscal que recorre esos tribunales federales explica por qué en la Argentina, además de la corrupción, reina la impunidad. El miércoles pasado, sin embargo, en ese blindaje se produjo una fisura. Odebrecht, la mayor empresa de infraestructura de América latina, reveló haber sobornado a funcionarios kirchneristas con US$ 35 millones entre 2007 y 2014. A esa novedad no se llegó por la investigación local. 

Fue porque Odebrecht firmó un convenio con la justicia neoyorquina. Ese acuerdo fue una consecuencia de las confesiones del líder de esa constructora, Marcelo Odebrecht, ante los jueces de Curitiba, por su contubernio con Petrobras. Quiere decir que, para obtener alguna precisión sobre los escandalosos negociados ocurridos durante los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner, los argentinos dependen de sistemas judiciales que, como el brasileño o el norteamericano, son más eficaces y transparentes que el de su país.

Julio De Vido pasó la Navidad con la salud quebrantada y el ánimo deprimido en su lujoso retiro de Puerto Panal. Es lógico. Su cuñado, Claudio Minnicelli, sigue prófugo en una causa por contrabando. Y no esperaba las confesiones de Odebrecht. Este empresario, el más importante de Brasil, está peor que De Vido. Desde junio de 2015 está en una cárcel de Curitiba, con una condena de 19 años por haber dado "propinas".

Los negociados con dineros públicos no son más opacos en la Argentina que en Brasil. La diferencia está en los incentivos para que sean sancionados. El más importante: los jueces de Curitiba son intachables. Además, el procedimiento brasileño prevé la "delación premiada", por la cual un acusado puede aliviar su pena si aporta precisiones que permitan subir un escalón en la responsabilidad penal. Por eso Odebrecht entregó a Inacio Lula da Silva, que en su contabilidad oculta figuraba como "amigo".

El contraste con los tribunales argentinos es impresionante. Hace tiempo que los magistrados deberían haber examinado el comportamiento de Odebrecht. En 2013, la Auditoría General de la Nación denunció fabulosos sobrecostos en el desarrollo del Sistema de Potabilización Área Norte, el emprendimiento más ambicioso del gigante brasileño en el país, en asociación con Roggio, Supercemento y Cartellone. La obra había sido contratada por AySA, cuyo presidente, Carlos Ben, obedecía al sindicalista José Luis Lingieri, "Mr. Cloro", quien sueña con que Mauricio Macri le devuelva el control de la compañía. El archivo fotográfico es inmisericorde. En agosto de 2010 muestra a Cristina Kirchner, Daniel Scioli, Sergio Massa y "Mr. Cloro" recorriendo las obras, que financiaba Amado Boudou desde la Anses. Massa alternó con Marcelo Odebrecht en otras oportunidades. Sobre todo durante el Mundial de fútbol de 2014.

Odebrecht tuvo varios puentes con la Argentina. Entre ellos, el "experto en mercados regulados" Sebastián Eskenazi. El principal fue De Vido. Sobre todo después de la muerte de Kirchner. El empresario Jorge "Corcho" Rodríguez niega haber canalizado sobornos. Sólo reconoce haber sido contratado por Odebrecht como consultor de imagen. El problema es que en la página web de su empresa, Nelly Entertainment, figuró como socio Facundo De Vido, el hijo del ex ministro. La mención desapareció cuando en Entre Ríos comenzaron a investigar un contrato multimillonario para una reunión del Mercosur celebrada en Paraná.

Más allá de Rodríguez, hay muchísimos indicios de la complicidad entre Odebrecht y De Vido. Quedó claro, por ejemplo, en la licitación de las faraónicas represas Kirchner y Cepernic, cuya construcción fue ahora suspendida por la Corte Suprema por reparos ambientales, para alegría de algunos aseguradores. La secuencia fue la siguiente: el consorcio que realizó la mejor oferta, liderado por Lázaro Báez, debió retirarse en medio del escándalo de Austral Construcciones. La obra le habría correspondido a Enrique Pescarmona y Odebrecht. Pero el kirchnerista Gerardo Luis Ferreyra, de Electroingeniería, que había quedado tercero, consiguió que le permitieran mejorar su propuesta durante la apertura de sobres. Ferreyra también fue acusado por un arrepentido de Petrobras de haber traficado coimas con De Vido para la adquisición de Transener. Él lo niega. Ningún fiscal lo investiga.

Pescarmona quiso litigar. Pero Odebrecht, que aportaba fondos del banco de desarrollo brasileño, lo obligó a desistir. Temió que De Vido le arrebatara la gran obra del soterramiento del Sarmiento en la ciudad de Buenos Aires.

Este emprendimiento ferroviario es un nudo en la disputa de poder. El kirchnerismo es capaz de autoincriminarse con tal de demostrar que entre su administración y la de Macri existe una continuidad oscura. Porque el socio de Odebrecht en esa licitación es Ángelo Calcaterra, el primo hermano del Presidente, a quien Franco Macri cedió su empresa Iecsa con cariñosas facilidades. La conducta del Gobierno frente a este emprendimiento ya generó una controversia. El 16 de junio pasado, a través del DNU 797, el gabinete dispuso una recomposición presupuestaria de $ 76.000 millones. Parte de esos fondos se destinarían al soterramiento del Sarmiento y a otra obra muy polémica: una megaterminal subterránea para el Roca. 

La norma fue rechazada por el kirchnerismo y el massismo, en una tumultuosa reunión de la comisión que controla los DNU, el 23 de agosto. La diputada Juliana Di Tullio, verticalizada con la señora de Kirchner, sostuvo que la señal de que Macri quería beneficiar a su primo Calcaterra es que no firmó el decreto. Como estaba de viaje, lo hizo Gabriela Michetti. El 31 de octubre, Cristina Kirchner, en su declaración ante el juez Julián Ercolini, que la investiga por asociación ilícita, denunció que Macri otorgó recursos adicionales a su primo y a Odebrecht, contra el dictamen de los técnicos. 

Los fiscales Pollicita y Mahiques abrieron una causa. El flamante banquero Calcaterra, vapuleado por su relación con Lázaro Báez, ahora debe explicar su unión con Odebrecht. Además, ¿la compañía brasileña puede continuar con los trabajos?, ¿contaminará el proceso de venta de Iecsa? Son preguntas razonables, porque Odebrecht consiguió el financiamiento para esa obra gigantesca, licitada hace una década y que recién ha comenzado. En estos días se registra un caso similar: la española Isolux fue tomada por los bancos acreedores. Tiene a cargo la autopista de Puerto Madero. ¿Algún familiar del Presidente está interesado en su filial local? Habladurías de albañiles.

Macri siempre estuvo condenado a estas suspicacias. Ahora que es presidente, más. "Debería constituir otro fideicomiso ciego con amigos y parientes", recomendó un bromista. Los adversarios de Macri siembran dudas sobre un conflicto de intereses con esos contratistas del Estado. Por ejemplo, en el desplazamiento de Isela Costantini de Aerolíneas. En el Gobierno explican que Costantini resistió un nuevo recorte presupuestario. También mencionan una discusión con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sobre el paro del lunes pasado. Además, la funcionaria pretendía, en la audiencia pública de pasado mañana, objetar el ingreso de líneas de bajo costo. Pero Dietrich se lo habría impedido. Ese entredicho es borroso, porque Aerolíneas asistirá a la audiencia.

Hay una explicación más escabrosa. Personas de confianza de Costantini aseguran que ella presentó ante Dietrich un informe elaborado por su segundo, Manuel Álvarez Trongé, con objeciones jurídicas al ingreso de Avianca al negocio local. Dicen que, a raíz de ese supuesto dictamen, Dietrich pidió la cabeza de Trongé, desencadenando la salida de Costantini. Dietrich negó ante LA NACION haber hablado con Costantini sobre Avianca alguna vez.

Avianca pertenece al boliviano, nacionalizado brasileño y colombiano, Efraín Efromovich, quien en 2008 había tenido tratativas con Ricardo Jaime para concesionar Aerolíneas. Avianca está bajo la lupa desde que compró MacAir Jet, la empresa de los Macri. Quienes quieren leer debajo del agua observan que, desde el personal hasta el estudio de abogados, los responsables de Avianca son los mismos de MacAir. Su director, Carlos Colunga, trabajó para Franco Macri durante décadas. Este aviador fastidió a la Fuerza Aérea por su influencia en el manejo de la flota presidencial. Nada de esto, tal vez, sería objetable. Pueden ser sólo problemas de verosimilitud, tan frecuentes, y a veces tan dañinos, en la política. Sobre todo si se les agrega la torpeza: Colunga, el mariscal del aire de los Macri y ahora titular de Avianca, irrumpió anteayer en Perfil para destrozar a Costantini. ¿Habrá que creer que a Costantini no la echaron por un conflicto con Avianca? Condolencias para Dietrich, que debe superar estos problemas para alcanzar un objetivo valiosísimo: introducir la competencia en uno de los mercados más cerrados y costosos del país.

Urge acabar con las mafias de la Aduana

Editorial del diario La Nación
El delito de contrabando reviste suma gravedad pues requiere la complicidad de funcionarios y posibilita la existencia de la criminalidad organizada.


El contrabando en connivencia con funcionarios de la Aduana no nació con el kirchnerismo, pero durante ese largo lapso de más de 12 años no sólo sufrió un auge pocas veces visto, sino que, como recientemente deslizó un juez en lo penal económico, pocas denuncias fueron realizadas en esos años por la propia Aduana. El dato es más que sugestivo.

Durante buena parte de aquel período el responsable fue Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, que comprende la Aduana. Como dijimos en esta columna, durante su gestión no sólo se apañó la corrupción kirchnerista, sino que se fomentó la actividad de mafias de contrabandistas.

En la actualidad, por el contrario, son varias las causas en curso de investigación referidas a verdaderas mafias aduaneras que, poco a poco, van perfilando la enormidad de la corrupción que creció al amparo de ese organismo y con su activa participación.

Uno de los sumarios originados hace escasos meses es el de la llamada "aduana paralela" (durante el menemismo hubo otra con el mismo nombre), que está por elevarse a juicio oral, en el que comparecerán como imputados, entre otros, el empresario Oldemar Barreiro Laborda, el ex jefe de la Aduana de Buenos Aires Edgardo Paolucci y el aún prófugo Claudio Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Julio De Vido. La investigación la llevó a cabo con celeridad el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y de ella surgió una mafia de empresarios enraizada en la Aduana que exigía a importadores decenas de miles de dólares para que pudieran recuperar cada contenedor sospechado de contrabando.

Dadas sus características, es fundamental que esta investigación continúe indagando más allá de las personas elevadas a juicio, pues importa averiguar todos los funcionarios aduaneros de jerarquía que fueron cómplices al autorizar o consentir esta operatoria ilegal.

En otra causa se investiga el contrabando y las maniobras que se llevaron a cabo con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI). La autora de la denuncia fue la diputada Elisa Carrió, quien pidió investigar a más de 17.000 personas y empresas, pues entre ellas se encuentran las que se habrían valido de las DJAI para enviar al exterior 14 mil millones de dólares. La legisladora señaló que algunas operaciones fueron contemporáneas de aquellas que involucraron el contrabando de efedrina entre 2007 y 2008.

Elisa Carrió pidió la indagatoria de Echegaray, del ex director de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) José Sbattella y del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Existe, además, otra denuncia por presuntas maniobras con un centenar de DJAI efectuadas por el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. Como se recordará, este funcionario fue restituido en su cargo luego de un breve desplazamiento debido a una denuncia que, con pruebas más que dudosas, procuraba involucrarlo en hechos de corrupción. Eso ocurrió luego de que Gómez Centurión radicara importantes denuncias por graves hechos de corrupción con los que se topó al poco tiempo de asumir al frente de la Aduana.

Por desgracia, una larga tradición en materia de contrabando, que se remonta a los tiempos de la colonia, ha contribuido a restarle gravedad y relevancia a este delito ante los ojos de la sociedad. Sin embargo, se trata de un delito que suele ocultar otros tan nefastos como el tráfico de armas, de drogas, el terrorismo y la trata de personas.

En una palabra, el contrabando, con sus aceitadas redes infiltradas en importantes estamentos estatales, es un delito que posibilita la existencia del crimen organizado. Los mismos funcionarios que cobran coimas para permitir el ingreso de chucherías sin el pago de impuestos son los que, a cambio de coimas mucho más sustanciosas, abren las puertas del país para que ingresen o salgan desde sustancias narcóticas hasta explosivos. De ahí la importancia de sanear una Aduana que, como tantas otras áreas del Estado, el gobierno anterior convirtió en un antro de corrupción.

Sobre las represas heredadas

Por Emilio Apud - Clarin.com
Ingeniero. Ex secretario de Energía y Minería.

Dentro de la amplia gama del legado energético kirchnerista, fruto del vaciamiento que le produjo al sector, se encuentra el proyecto hidroeléctrico en el río Santa Cruz compuesto por dos represas en cascada. El kirchnerismo seleccionó a este proyecto con similar criterio que el aplicado a muchos otros del sector energético, es decir: político, de poder y de capitalismo de amigos. Por supuesto que en proyectos hidroeléctricos de esa magnitud había varios más convenientes, como los binacionales de Corpus, en el Alto Paraná con Paraguay y el de Garabí con Brasil en el río Uruguay, entre otros.

Una vez tomada esa decisión de construir el proyecto, se llamó de apuros a licitación internacional, sin los estudios de impacto ambiental exigidos, sin la factibilidad financiera, sin las especificaciones técnicas que permitieran acotar un presupuesto y sin consensos como los que ameritan obras complejas y caras. Estamos hablando de más de US$ 5.000 millones.

Luego de tres licitaciones anuladas, la primera con pre-adjudicación a un consorcio liderado por IMPSA, fue evidente que la voluntad del kirchenrismo era darle la obra a Lázaro Baez, asociado a la empresa china Sinohydro. Pero las denuncias periodísticas iniciadas en 2014, donde se ponían de manifiesto las irregularidades en contrataciones con las empresas de Baez, le hicieron desistir al Gobierno de adjudicarle el proyecto al grupo que él integraba y se lo pasó al “muleto” la también empresa amiga de los K, Electroingeniería de Gerardo Ferreira, asociada con otra china, Gezhouba a pesar que en la evaluación económica estaba tercero entre cuatro.

A partir de allí el objetivo fue firmar contrato antes de las elecciones de 2015. Y así se hizo. Fue un contrato entre dos Estados soberanos, el argentino y el chino. Es decir constituye un acto jurídico de carácter internacional que obliga a las partes y establece los organismos arbitrales en caso de diferendos e incumplimientos. Además, en este caso las partes son los Estados entre los que existen acuerdos comerciales - China es nuestro principal cliente sojero - culturales y estratégicos. Por tal motivo preocupa la ligereza de algunos comentarios exigiéndole irresponsablemente al Gobierno la anulación de ese contrato, voces a las que se han sumado parte de la oposición que evalúa todo desde el punto de vista electoral, y de ambientalistas que desconocen el concepto de desarrollo sustentable.

Sin embargo, las consecuencias de anular el contrato hubiesen sido por demás inconvenientes y perjudiciales para nuestro país. Primero porque cualquier tribunal arbitral fallaría en contra nuestro y nos obligaría a resarcir a la otra parte con montos de varios miles de millones de dólares, segundo que se deteriorarían las relaciones con nuestro principal cliente actual y potencial y tercero, pero no menor, retrocederíamos como país en recuperar la credibilidad perdida luego de 12 años de aislamientos, incumplimientos y provocaciones.

Esto es así porque el que asumió el compromiso con China fue su Estado, no los Kirchner. Nos guste o no fue una decisión de un Estado soberano y los compromisos que asumen los Estados soberanos trascienden a la administración de turno. Entonces, no correspondía anular el contrato que, insisto, forma parte de un acuerdo país - país mucho más amplio. Sí, revisarlo y negociar modificaciones y acciones para mitigar consecuencias indeseables que impliquen irregularidades o la concreción de hechos de corrupción.

El Gobierno ha avanzado en este sentido al haber redefinido el tipo de operación del proyecto, pasándolo de semipunta, es decir más potencia pero menos horas de utilización, a otra de semibase con menos potencia pero más horas funcionando. Este cambio, que se logra con un número menor de turbinas y en consecuencia bajando el costo significativamente, también reduce en forma notable el área de inundación del proyecto mejorando el potencial impacto ambiental. Otro aspecto importante es que el proyecto, hecho a los apurones por los K, omitió las líneas de alta tensión necesarias para evacuar la energía que generarán las centrales y en consecuencia, con el ahorro de la modificación de la potencia de las centrales, se podrá encarar la construcción de esa línea.

Los ajustes necesarios se siguen negociado con el consorcio liderado por la empresa china la que, vale la pena aclarar, ha construido la represa más grande del mundo. Lo que no incluyen estas negociaciones son los actos de potencial comisión de delito o de negociados hechos al amparo de la relación “amistosa” del anterior gobierno con Baez, como la compra masiva de tierras luego expropiables por estar bajo la cota de inundación de los embalses, o con la gente de Electroingeniería para incorporarlo en la oferta muleto. Esos son temas de la justicia que espero dirima a la brevedad.

Lo positivo de este proyecto contratado y heredado es que, primero, tiene financiación comprometida por un grupo de bancos chinos; segundo, afianza relaciones económicas, políticas y diplomáticas con China, un jugador de peso en la globalización hacia la que debemos transitar; tercero, estamos dando una señal al mundo que volvemos a ser un país que respeta los compromisos asumidos como tal; cuarto, la otra parte admite negociar correcciones; quinto, se producirá energía renovable que permitirá una mejora sensible de nuestra matriz energética. Para tener una idea de magnitud, el proyecto rebautizado injustamente Kirchner y Cepernic, significará casi el doble de la energía renovable que licitó el Gobierno entre eólica y solar. Como se comprenderá si queremos ser un país serio, como alguna vez lo fuimos, debemos supeditar lo que nos gustaría hacer a lo que debemos hacer. El gobierno en esta oportunidad actuó responsablemente sin especular con el costo político implícito.

Cañones para derribar misiles

(Popular Mechanics, Homsec.es) - El Secretario de del Departamento de Defensa de EEEUU está de acuerdo con una propuesta del Pentágono que pretende derribar misiles con disparos de cañón. Pero ¿Podrían los actuales obuses terrestres y cañones navales derribar misiles balísticos?

En su discurso de presentación al Congreso del Presupuesto de Defensa 2017, el Secretario de Defensa, Ash Carter, mencionó un programa hasta ahora desconocido, con el que intenta mantener la ventaja tecnológica de EE.UU. En el campo de batalla. El programa “transformaría armas ofensivas del pasado en defensivas del futuro”, utilizando obuses/cañones de largo alcance, actualmente en servicio en gran número, para derribar misiles balísticos capaces de transportar ojivas químicas o nucleares.

Carter reveló que el Pentágono estaba experimentando con proyectiles de hiper-velocidad, desarrollados para los cañones railguns-electromagnéticos actualmente en fase de desarrollo, adaptándolos a la artillería convencional para derribar misiles balísticos. El secretario mencionó a los obuses autopropulsados M-109 Paladin de 155 mm. del Ejército y los cañones de 5 pulgadas (ó 127 mm) de la Armada como plataformas para el nuevo proyectil.

El novedoso proyecto transformaría a la artillería de campaña del Ejército en un arma defensiva contra misiles balísticos. Cada Armored Brigade Combat Team del Ejército de EE.UU. Tiene en plantilla un grupo (batallón) de 18 obuses Paladín, o sea que la plataforma ya está integrada en la estructura de las brigadas pesadas del Ejército. No se ha hecho mención a si el obús remolcado M-777 ligero, utilizado por la infantería ligera, aerotransportada, asalto aéreo y brigadas de Stryker, es también capaz de utilizar este disparo.

Del mismo modo, el desarrollo de un proyectil anti-misiles para cañones navales convertiría a los destructores y cruceros en plataformas de defensa de misiles balísticos. Muchos de los cruceros clase Ticonderoga y destructores de la clase Arleigh Burke ya son capaces de derribar misiles balísticos con el interceptor SM-3, pero esto añadiría una segunda franja defensiva menos costosa para la defensa de una flota, ya amenazada por el misil chino DF-21 “Carrier Killer”.

Carter cree que los nuevos proyectiles serán más baratos que los misiles o que el desarrollo de una plataforma totalmente nueva. Además, los proyectiles serían más baratos que los misiles del adversario, lo que impondrá mayores costes al atacante.

Por si esto suena demasiado defensivo, Carter también mencionó este dato: “Hemos hecho los primeros disparos de proyectil de hiper-velocidad con un Paladín hace poco más de un mes, y también encontramos que aumenta significativamente el alcance de este obús.”

Fabricantes de mentiras

Por Luis Majul - LA NACION

Entre los intangibles que el kirchnerismo nos legó, uno de los más perniciosos es la brutal instalación de la mentira. Falsedades que fueron presentadas en sus más diversas formas, sean las estadísticas de la inflación y la pobreza como los ataques personales con apariencia de denuncia formal. Una de las últimas y más rutilantes mentiras fue la falsificación de las firmas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en los balances de las sociedades que constituyeron.

Pero tampoco habría que dejar pasar la respuesta de Alberto Pérez, ex jefe de gabinete de Daniel Scioli, sobre su responsabilidad en la confección de facturas truchas para cobrar sobreprecios por servicios no especificados con el debido detalle. Las facturas truchas existen. Directivos de las firmas utilizadas negaron haber prestado el servicio. El responsable administrativo de la ex jefatura de gabinete, el dueño de la estatua del dragón alado, Walter Carbone, estampó su firma en las órdenes de pago que fueron justificadas con esas facturas apócrifas. Sin embargo, Pérez niega todo, como si las contundentes pruebas sólo estuvieran en la mente del fiscal Álvaro Garganta. Lo mismo se puede afirmar sobre el zar del juego Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, accionistas del Grupo Indalo, procesados por insolvencia fraudulenta, al apropiarse de 1200 millones de dólares que deberían haber ingresado al Estado como pago del impuesto a los combustibles.

Los actuales responsables de la AFIP han aportado las pruebas de la multimillonaria defraudación. Los fiscales y los jueces que tramitan la causa han determinado el delito una y otra vez. Pero Cristóbal y De Sousa siguen sosteniendo que se trata de un juicio político y ahora mismo se pelean por la estrategia a seguir. Parece que Cristóbal quiere vender lo que se pueda e ir pagando la deuda de a poco. Pero De Sousa apuesta a patearla hasta que "vuelvan al poder" Cristina Fernández o Daniel Scioli.

Más allá del delirio político, la postura de De Sousa es consistente con la más grande mentira que contó un medio de comunicación en la historia reciente: el anuncio, con bombos y platillos, de la victoria de Daniel Scioli como presidente y Aníbal Fernández como gobernador de la provincia de Buenos Aires. El enorme engaño demuestra no sólo que al "empresario" no se le mueve un pelo por faltar a la verdad. También revela la calaña de los periodistas que la repiten: con tal de complacer a sus patrones, son capaces de rifar su credibilidad. En medio de tanta falsedad, el propio Cristóbal cometió un sincericidio: le confesó, por carta, al jefe del Estado que él nunca deseó comprar un medio de prensa, pero que De Sousa lo había convencido de usarlo como un "seguro" para proteger sus negocios.

Si alguien confunde eso con el ejercicio del periodismo es porque no vio nunca, ni un poquito, C5N, la señal que más mentiras cuenta por minuto. En ese mundo paralelo, Macri es una mezcla perfecta del dictador Jorge Rafael Videla con José Alfredo Martínez de Hoz; la recesión económica es culpa exclusiva del actual gobierno y se la debe denominar hambruna; Cristina Fernández, Scioli y Aníbal Fernández pueden hablar sin ser interrumpidos por una pregunta, y para Víctor Hugo Morales, que sólo escucha su propia voz, todos los que no piensan como él son villanos o esbirros de Héctor Magnetto.

En esa misma señal, un comunicador puede pronunciar, con cara de indignación, la palabra "escándalo" y presentar como un delito un proyecto del que cualquiera se podría enorgullecer. Acto seguido puede agregar, para darle verosimilitud a la mentira, todos los ceros que se le ocurran, sin chequear ningún papel. Y enseguida pasar a otra noticia con toda naturalidad. En este caso, su patrón y él mienten a sabiendas y con una doble intención. Por un lado, que el damnificado responda o aclare, la versión falsa se propague y el hecho tergiversado trascienda su pequeño círculo de seguidores radicalizados. Y por otro, mostrar, como el ladrón, que todos los demás, en especial quienes los investigan a ellos, son de la misma condición.

Se trata de un recurso repetido, gastado e inútil. Lo están usando, además de Cristóbal, Cristina y Lázaro Báez, pero los fiscales, los jueces y la mayoría de la sociedad ya descubrieron la estratagema. Se están sosteniendo de la misma liana periodistas oscuros y mediocres que ya intentaron colgarse del alto conocimiento de Jorge Lanata para lograr un poco más de atención. Pero siempre, más tarde o más temprano, el tiempo los termina poniendo en su sitio. Un lugar cada vez más pequeño e intrascendente. Un sitio colmado de resentimiento y miserabilidad.