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jueves, 15 de febrero de 2018

El biodiésel pyme, un aliado para la Argentina sustentable

Resultado de imagen para biodiésel pymePor Alejandro Abad - Infobae.com
La utilización de biodiésel en vehículos a motor como autos, camiones, colectivos, genera un impacto muy positivo en el medio ambiente, ya que reduce la emisión de gases de efecto invernadero, principales responsables del calentamiento global.

En nuestro país, todos los autos gasoleros circulan con mezcla de biodiésel en sus tanques. Este reemplazo del 10% de gasoil por biodiésel generó un ahorro de emisiones de gases por 800 mil toneladas anuales, equivalente a la emisión de 274 mil vehículos en un año. Para absorber esas toneladas y evitar el efecto invernadero se hubiese necesitado plantar una superficie mayor a la Capital Federal de bosques de eucalipto. El impacto positivo está claro.

El biodiésel argentino se produce a partir del aceite de soja, es energía sustentable y es producido por alrededor de 30 pymes de capitales argentinos que generan 9.300 puestos de trabajo. Estas pymes nacieron bajo la ley 26093, creada para fomentar las economías regionales y la industrialización del campo bajo una matriz de energía sustentable.

Resultado de imagen para biodiésel pymeEsta industria nace para ser regulada principalmente porque buscó regionalizar la industria llevándola a lugares a los que sin incentivo no se hubiesen instalados industrias (por ejemplo, Catriló, Nogoyá, Daireaux), con verdadero impacto en esas economías. 

También esta ley establece límites de producción, por lo que son plantas con capacidad de hasta 50 toneladas. Como referencia, las grandes productoras de biodiésel para el mercado exportador producen el doble y están ubicadas cerca de los puertos.

Por estas razones es que la industria pyme que abastece el mercado local no puede operar sin estar regulada, ya que no está pensada para el libre mercado y las inversiones que realizaron empresarios locales fueron bajo reglas de juego que brindan previsibilidad. El mercado no siempre es la manera más eficiente de administrar recursos, cuando el objetivo es el de mejorar las economías del interior del país. Existen algunas críticas a este sistema regulado que argumenta que una hipotética liberación del mercado tendría consecuencias positivas en la baja del precio del gasoil en surtidor. Pero sabemos que esto no es así, por un lado, porque la incidencia del biodiésel en el precio final es muy baja y, por otro, porque la variación del precio del biodiésel (cuando este ha estado muy por debajo del precio del gasoil) no ha incidido en una mejora del precio para el bolsillo del consumidor.

El mundo está yendo hacia el fomento de las energías renovables, el uso del biodiésel es aplicado en todo el mundo, para la Argentina es estratégico porque tiene materia prima para hacerlo posible. La soja representa la posibilidad de convertir materia prima en un producto industrializado que sustituye la importación del gasoil: el biodiésel.

Por estos motivos, las pymes productoras de biodiésel son un aliado para acompañar en el camino hacia una Argentina energéticamente autosustentable, fomentar las economías regionales y la industrialización del agro, y preservar el medio ambiente para las futuras generaciones.
El autor es presidente de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles.

miércoles, 14 de febrero de 2018

Sin fronteras entre la defensa y la seguridad

Resultado de imagen para guerra híbridaEditorial del diario La Nación
La reglamentación de la ley de defensa nacional vigente impide a las Fuerzas Armadas participar en una guerra híbrida como son las del siglo XXI

La próxima Cumbre del G-20, que se realizará en nuestro país, es un desafío que también permite constatar que la frontera entre defensa y seguridad hoy no es clara pues las amenazas se desarrollan en ambos campos. El protocolo de seguridad del G-20, exigido para el país sede, exige que se utilicen todos los medios: fuerzas policiales, de seguridad y armadas. Ahora bien, ¿la amenaza que plantea la seguridad del G-20 es interna o externa?

Se trata por lo general de una amenaza externa que se desarrollaría en el país en el que tiene lugar la cumbre. La participación militar que prevé el protocolo alcanza a aviones de combate y vigilancia, buques, baterías antiaéreas, radares y despliegue terrestre para reforzar a las fuerzas policiales y de seguridad.

De acuerdo con la legislación vigente en la Argentina, dicha participación militar es ilegal. La arbitraria reglamentación de la ley de defensa nacional fue establecida por decreto en la gestión ministerial de Nilda Garré, avanzando sobre la ley de defensa de 1988, de acuerdo con la cual la amenaza externa es misión de las Fuerzas Armadas y la interna corresponde a las de seguridad y policiales, pero sufrió una alteración en esta reglamentación, dado que el instrumento militar solo puede ser empleado ante una amenaza externa si esta proviene de una fuerza armada regular de otro Estado.

La amenaza de seguridad sobre la Cumbre del G-20 difícilmente provendría de una fuerza regular de un Estado, sino de organizaciones no estatales, como ocurre con distintas variantes del terrorismo internacional. Además, la doctrina militar moderna en las Fuerzas Armadas occidentales plantea que el conflicto del siglo XXI es la llamada "guerra híbrida", en la cual un Estado no actúa como tal, sino a través de fuerzas irregulares y acciones de ciberguerra para alcanzar un objetivo militar en función de los intereses de un Estado, pero sin que este participe. Las academias militares de los países occidentales ponen como ejemplos la secesión de Ucrania y las guerras de Irak, Siria y Afganistán, entre otras. A ello se suman los conflictos que derivan de los proyectos de secesión.

De acuerdo con la reglamentación de la ley de defensa nacional vigente, las Fuerzas Armadas argentinas no podrían participar en una guerra híbrida, como es la del siglo XXI. Hoy, las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales tienen miles de sus integrantes procesados y centenares detenidos por haber cumplido "órdenes ilegales" durante los años 70. Concretamente, en 2017, en 25 sentencias fueron condenadas 205 personas por esta causa, siendo el récord cuantitativo desde 2013.
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Sin una modificación del decreto reglamentario, que claramente viola el texto de la ley de defensa nacional, la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad de la Cumbre del G-20, así como de sus equipos y materiales, es ilegal y quienes la ordenen y la lleven a cabo estarán impartiendo o cumpliendo órdenes que no son legales.

Faltan diez meses para esta cumbre, que será el hecho central en la política exterior de la Argentina, y urge que se resuelva este tema, que se soluciona mediante un nuevo decreto reglamentario de la ley de defensa nacional que elimine la arbitraria e ideologizada limitación puesta durante el gobierno de Cristina Kirchner, por el cual las Fuerzas Armadas solo pueden actuar frente a una amenaza externa proveniente de una fuerza armada regular.

Hacerlo no es solo poder concretar bajo el orden legal la participación militar en la Cumbre del G-20, sino también adecuar la norma al conflicto moderno que es la guerra híbrida y permitir al Estado un uso integral de los medios limitados con que cuentan las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales.

Es curioso que, a más de dos años de la asunción de Mauricio Macri, no se haya producido esta modificación a la reglamentación de la ley de defensa nacional, que fue pieza clave en la política militar del kirchnerismo, sobre todo cuando se aproximan las urgencias y los desafíos que, en materia de seguridad, implica la Cumbre del G-20, que tendrá lugar a fin de año.

lunes, 12 de febrero de 2018

La "task force" de Bullrich en el NEA tiene olor a humo

Base antidrogas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al titular de la DEA, Robert Patterson.Por FERNANDO OZ - Ambito.com
La DEA y HOMELAND instalaran una base operativa en Posadas.

Foto: La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al titular de la DEA, Robert Patterson.

Alguien le vendió humo a la ministra Patricia Bullrich y la DEA aprovechó la ocasión. La idea de instalar una "task force" contra el crimen internacional y el narcotráfico en la provincia de Misiones es vieja, alucinada y ni siquiera resolvería el contrabando de productos baratos como las zapatilla truchas que aún se venden en La Salada. Y la imagen de un analista del FBI monitoreando a los militantes del Hizbulá que viven en la localidad paraguaya de Ciudad del Este y en la brasileña Foz do Iguaçu desde algún búnker en Posadas sólo puede ocurrírsele a alguien con exceso de series norteamericanas por Netflix.

Viví cuatro años en la Triple Frontera, otros cuatro en la ciudad de Posadas, y llevo 20 recorriendo cada centímetro de la extensa frontera de Misiones. El día que se desmoronaron las Torres Gemelas en Nueva York me encontraba en Ciudad del Este, comprando repuestos de computadoras a unos comerciantes libaneses. Allí conocí contrabandistas de todos los colores, espías de diferentes nacionalidades, buenos y malos integrantes de todas las fuerzas de Seguridad, militares de inteligencia que apostaban fortunas en casinos, aduaneros millonarios, políticos de nariz empolvada y ojos desorbitados, vendedores de trotyl, falsificadores de pasaportes, chinos que traficaban chinos, colombianos buscando nuevos talentos, las celdas que sabía tener la casa que ocupó la Sección Triple Frontera de la División Unidad Antiterrorismo (DUIA) de la Policía Federal en Puerto Iguazú tiempo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y en el pie izquierdo tengo tatuados los pasos ilegales de la frontera jujeña y salteña con Bolivia.

Hasta el día de hoy nadie pudo desmantelar ninguna célula terrorista en Ciudad del Este ni en Foz. Para la mayoría de los ciudadanos que profesan alguna de las dos principales variantes del islam -en especial para los chiitas- en la región, el Hizbulá no es más que un partido político con un brazo armado; incluso algunos libaneses con importantes intereses económicos en Brasil y Paraguay lo comparan con los Montoneros y otros grupos armados del peronismo de los 70. Pero hay otro dato, que las agencias de inteligencia saben muy bien, la gran mayoría de musulmanes que viven en la Triple Frontera son sunitas y no tienen nada que ver con el Hizbulá.

En términos geopolíticos, Misiones tiene todas las característica de un Estado tapón. Se la podría comparar con Jordania, entre Israel, Irak y Arabia Saudita, o como lo que fue Afganistán en épocas de la India británica y el imperio Ruso. Para los espías, de varios países, Misiones es una suerte de dormitorio, como lo fue Casablanca bajo el control del Gobierno de Vichy. Misiones parece caerse del mapa argentino. Tiene 1.391 kilómetros de frontera, de los cuales sólo 124 lindan con el territorio nacional; 900 con Brasil y otros 367 con Paraguay. Hay 34 pasos fronterizos, en algunos casos son los puentes que cruzan sobre el cauce de los ríos quienes nos indican dónde es allá y dónde aquí, en otros casos no es más que una simple línea pintada sobre unas pocas cuadras que finalizan con montes hacia ambos lados.

Los asesores de Bullrich deberían saber que Misiones no es Colombia y menos México, que la mayoría de las drogas que ingresan al país lo hacen a través del Puerto de Buenos Aires o en vuelos privados que aterrizan en aeropuertos legales, y que jamás van a frenar el contrabando en un Estado Tapón que surgió del contrabando. También deberían saber que logísticamente y operativamente es más fácil custodiar los 124 km que tiene Misiones con Corrientes y no los 1.267 km de frontera con Brasil y Paraguay. Focalizar la seguridad en el aquel cuello de botella no significaría ceder soberanía ni desproteger a los ciudadanos. Los asesores deberían decirle a la ministra que pongan el ojo la isla Yacyretá, o en la isla Apipé Grande. Una "task force" en Posadas no es más que un buen negocio, como los operativos falsos que se hacen para mejorar las estadísticas.

viernes, 9 de febrero de 2018

Una mano negra en el conflicto de los transportistas

Editorial del diario La Nación
Quienes deberían cuidar el valor del capital en una sociedad lo desquician hoy extorsionando a las autoridades públicas
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La violencia ejercida por transportistas de granos autoconvocados en los últimos diez días excede los límites de una protesta legal; es parte de la misma anarquía social que impide bajo cualquier pretexto el desplazamiento de personas y vehículos en los centros urbanos y condena el uso legítimo de la fuerza por agentes policiales o de seguridad contra delincuentes captados in fraganti.

El que no quiere ver ni oír, y desdeña los postulados sobre libertad de trabajo, de comercio y de tránsito consagradas por la Constitución nacional, o desatiende las evidencias de la opinión mundial de que es difícil invertir en un país con desorden epidémico y costos internos irrazonables, se constituye en cómplice de la Argentina encapuchada. Y condena a sus hijos a vivir en un país que se ha ido desplazando hacia la mediocridad en los últimos 70 años.
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Los transportistas que han actuado como mafia atacando vehículos detenidos y en movimiento, volcándoles los granos producto del trabajo y de la inversión de otros están libres para seguir imponiendo la fuerza. Ellos mismos son propietarios de camiones que pararon las actividades en reclamo de una tarifa única para el transporte de la mercadería por el país. Ni son trabajadores en relación de dependencia ni integran alguna de las dos entidades gremiales del sector.

La discordia de la semilla violenta está sembrada por doquier. Cuenta con teóricos que la apañan, como quedó comprobado en medio de las manifestaciones de ira descontrolada de fines de año contra el regular funcionamiento del Congreso de la Nación. Quienes deberían cuidar el valor del capital en una sociedad progresista de verdad lo desquician hoy a fin de presionar a las autoridades para que se les pague por el transporte lo que ellos entienden justo.

Olvidan el valor de la libre contratación, que suele ser violentado en las actividades rurales de forma tan inaudita que los camioneros entran en campos para exigir que el traslado de un lugar a otro de los granos o hacienda se realice según sus intereses.

El material rodante para la carga de granos no es precisamente de última generación como promedio. Peor aún, hay desinterés generalizado de sus propietarios en agregar a las unidades un eje más, con lo cual no solo podrían aumentar el peso de la carga y disminuir así hasta un 18% el costo de los fletes, sino también contar con más superficie de apoyo de los camiones para que haya menor daño del que desaprensivamente causan en las rutas. El valor por el traslado de maíz desde Salta hasta alguno de los puertos del área rosarina representa el 45% del valor bruto del cereal; desde Río Cuarto, el 31%. Un estudio de FADA, de 2016, documentó que el campo gasta anualmente 48.500 millones de pesos en fletes, o sea, el 14,5% como promedio de sus costos.

El conflicto debe resolverse en el ámbito del Ministerio de Transporte. Su titular, Guillermo Dietrich, ha amenazado con iniciar acciones penales contra quienes están delinquiendo, al perturbar el trabajo y el comercio y, en ciertos casos, produciendo daños inequívocos, como al volcar granos en caminos. Las bolsas de cereales de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca y Entre Ríos han exigido en igual sentido garantías de circulación. Lo llamativo es que ninguna autoridad judicial haya dispuesto actuar de oficio.

¿Quién va a pagar por el tiempo ocioso de buques que esperan la carga para salir a alta mar? ¿Quién se hará cargo de los perjuicios que se causan a la industria de la alimentación o en la crianza de animales? ¿Quién compensará al Estado por las pérdidas consiguientes en los ingresos que provienen del comercio exterior?

Es de práctica anual que en febrero y noviembre los productores, acopiadores y transportistas agrupados en organizaciones debidamente reconocidas acuerden, frente a la autoridad gubernamental, las tarifas orientativas para el ciclo. En eso se está. Deseamos que primen el sentido de la responsabilidad y el diálogo y la conciencia de que los costos internos son de por sí abrumadores para el campo.

Si hay un acuerdo oficial a la brevedad y la violencia de estos días persiste, no hay dudas de que una mano negra, bien negra, estuvo conspirando contra la estabilidad institucional, ya jaqueada por otros lados.

sábado, 3 de febrero de 2018

Cómo es la agenda "estratégica" de Rex Tillerson

El secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson (Reuters)Por Rosendo Fraga - Infobae.com
En la visión de Washington, la deriva antidemocrática del régimen de Maduro y la seguridad del G20 son cuestiones relevantes en la relación con Argentina. El secretario de Estado también visitará la empresa estatal INVAP, que construirá un reactor nuclear para Holanda.

La que se inició el jueves en México es la primera gira del secretario de Estado de los Estados Unidos por América Latina, que incluirá también a Argentina, Colombia, Perú y Jamaica. Pero de hecho se trata de la segunda gira de un integrante de la administración Trump de primer nivel, dado que en agosto del año pasado visitó la región el vicepresidente Mike Pence, quien estuvo en Colombia, Chile, Argentina y Panamá.

Analizadas en conjunto, ha sido visitado México, un país de América Central, otro del Caribe y cuatro de América del Sur. Pero solo dos países han estado en las dos giras: Colombia y Argentina. El primero, un aliado histórico de los Estados Unidos en América Latina; el segundo, un aliado reciente pero firme.

Esta circunstancia hace que, pese a los grandes cambios en la política estadounidense, el tránsito de Obama a Trump no altere el lugar especial que ocupa Argentina en la relación de Washington y la región. Pero cabe recordar que ya en el primer encuentro del presidente estadounidense con Mauricio Macri, Trump planteó la divergencia de prioridades al decir: "Él me hablará de limones y yo de Corea del Norte". Mientras seguramente Rex Tillerson recibirá los reiterados reclamos de Argentina sobre la apertura del mercado de los Estados Unidos para el biodiesel y los limones, la visión del secretario de Estado es ante todo estratégica. Lo pone en evidencia con su decisión de comenzar su visita al país viajando directamente a Bariloche, para conocer el INVAP, la empresa estatal rionegrina que acaba de ganar una licitación en Holanda para vender un reactor nuclear de investigación.

Si el funcionario estadounidense estará en Argentina dos días y uno en Colombia, Perú y Jamaica en cada caso, es por esta visita a esta empresa que pone a la Argentina en el primer lugar de América Latina en materia de tecnología nuclear y satelital. El éxito en Holanda no es un hecho aislado. Ya hace una década, INVAP vendió un reactor nuclear de investigación a Australia —al igual que Holanda, no tiene restricciones políticas en materia de acceso a la tecnología— y a Perú, Egipto y Argelia. Tiene en marcha cuatro más, uno de ellos para Brasil y otro para Arabia Saudita.

Ya el año pasado, cuando visitó la Argentina, el Presidente de Italia dedicó uno de los dos días en Argentina para visitar el INVAP en Bariloche. La visita del secretario de Estado de los Estados Unidos subraya así la importancia de un emprendimiento argentino que quizás no tiene en el país la atención que merece.

El tema Venezuela es central en la gira regional de Tillerson, dada la crítica evolución de la situación en este país. No puede descartarse en el futuro que sea necesaria la intervención de una fuerza multinacional de paz, si es que la crisis deriva al campo de la violencia. Este es un punto que comienza a discutirse, porque los acontecimientos pueden precipitarse.

La otra cuestión es que la crisis puede requerir una intervención en materia de asistencia alimentaria, si hay un cambio en las condiciones políticas, dado que la hambruna se va extendiendo en el país.

En ambos casos el problema es que Venezuela es un país que supera los 30 millones de habitantes, lo que no hace fácil ni el empleo de una fuerza de paz ni una asistencia alimentaria masiva como será necesaria para contener la crítica situación social. Pero es en este campo donde Argentina puede tener un papel central, dado que es el segundo exportador de alimentos de América después de Brasil y el mayor exportador per cápita del mundo.

La otra cuestión estratégica que está en la agenda bilateral es la Cumbre del G20, que tendrá lugar el 30 de noviembre y el 1º de diciembre y a la que asistirá el presidente Donald Trump, quien el 12 de abril también estará en Lima para asistir a la Cumbre de las Américas. Pero en el caso del G20 la gran cuestión organizativa es la seguridad, dado que estarán en la capital argentina los jefes de gobierno de los países más importantes del mundo.

Está claro que Argentina, con su sistema de defensa obsoleto y en crisis, requiere la cooperación extranjera y que Estados Unidos es el país del mundo con más capacidad para hacerlo. También lo es que, dada la pugna global, China y Rusia han ofrecido su cooperación en esta materia. El vínculo entre Washington y Buenos Aires será clave para la resolución del problema.

Pero la Argentina viene atrasada en sus tareas en este campo. La modificación del decreto 727 que reglamenta la ley de defensa, que el Presidente había dispuesto que se realizara inmediatamente después de la elección, para permitir que medios y efectivos de las Fuerzas Armadas cooperaran, se sigue demorando y ello complica la organización de la seguridad del G20.

En conclusión, la visita de Tillerson confirma que la relación entre Estados Unidos y Argentina pasa por el mejor momento en 17 años y que, en la visión de Washington, la crisis de Venezuela, la seguridad del G20 y la proyección del INVAP son cuestiones estratégicas relevantes en la relación con Argentina.

El autor es analista político e historiador. Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.

martes, 30 de enero de 2018

El ajuste "salvaje" anunciado es de 0,47% de la masa salarial del sector público

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Por Roberto Cachanosky - Infobae.com

Sin duda los anuncios de reducción de gasto público que realizó el presidente Mauricio Macri, apuntan en la dirección correcta.


Si bien da para el debate el hecho de que parientes de funcionarios públicos no puedan ocupar puestos en el estado, lo cierto es que con el kirchnerismo el nepotismo era un escándalo y Cambiemos estaba copiando parte de esa mala costumbre. Digamos que la medida es una discriminación, ya que si yo fuera funcionario y un sobrino mío consiguiera un puesto por su capacidad y sin mi influencia, quedaría marginado solo por ser pariente.

La medida se entiende solo como señal de frenar el nepotismo de los últimos años, pero no sé si debiera ser algo permanente. Hoy es una señal de comportamiento ético del gobierno de turno con esta medida. Se compromete a que no haya nepotismo, al menos a nivel nacional.

Respecto a los números veamos el impacto en cuanto al nivel de baja del gasto público. Si la reducción del gasto en salarios de funcionarios políticos es de $1.500 millones, como lo indicó el Presidente, esto significa una reducción del 0,47% de la masa salarial de la Administración Pública Nacional que, según el Presupuesto 2018, tiene previsto pagar sueldos entre la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de la Seguridad Social, por $319.128 millones. El ahorro sobre el gasto público total de la Administración Pública Nacional, que es de $2,9 billones, es del 0,052% del gasto total.

 La masa salarial de la Administración Pública Nacional es de $319.128 millones.

¿En cuánto contribuye a bajar el déficit fiscal las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri? El déficit fiscal, incluyendo los intereses de la deuda, como corresponde medirlo, fue del 5,9% de PBI en 2016 y del 6,1% del PBI en 2017. Los$1.500 millones de ahorro en sueldos de funcionarios políticos son equivalentes al 0,012% del PBI proyectado por el Gobierno para 2018 y del 0,015% del PBI de 2017, tomando los datos del Presupuesto para el corriente año.

Es decir, lejos se está de una reducción mínimamente significativa del déficit fiscal salvo que esto que se anunció hoy continúe en el tiempo. Es decir, que estas reducciones de gasto público, no solo en salarios, se vayan extendiendo en otros rubros del gasto público a lo largo de los años.

 Lo anunciado por el Presidente es como volver al 10 de diciembre de 2015 cuando asumió
En efecto, como puede verse en el cuadro precedente, la estructura de la Administración Central aumentó 18,2% entre 2015 y 2016. Si bien ahora hay un par de Ministerios menos, reducir un 25% los cargos, si va acompañado con una reducción de la estructura del Estado en el mismo porcentaje es casi como volver al punto de partida. Es decir, al nivel de estructura burocrática que dejó el kirchnerismo, que a su vez, ya había crecido enormemente respecto a 2003, momento en que ya el gasto público era alto.

Por ejemplo, en 2003 había 12 Ministerios, con el kirchnerismo treparon a 18 y con Cambiemos llegaron a 23 para luego bajar a 21. Siempre de acuerdo a datos del  Centro de implementación de Políticas Públicas para la Igualdad y el Crecimiento (Cippec), en 2003 había 67 organismos descentralizados, en 2015 se amplió a 88 organismos y en 2016 se redujo a 87. En 2003 había 44 empresas públicas, en 2015 habían trepado a 55 y en 2016 a 56. Es decir, el Estado fue creciendo sistemáticamente incluso desde la primera Constitución Nacional de 1853/60 que establecía 5 ministerios.

 El Estado fue creciendo sistemáticamente incluso desde la primera Constitución Nacional de 1853/60 que establecía 5 Ministerios
Con el general Julio Roca se hace una reforma Constitucional y los eleva a 8 Ministerios y hoy día la Constitución no marca cuántos ministerios puede haber. Quedó a gusto del gobierno de turno, lo cual hace que la estructura estatal no tenga diques de contención institucionales.

El kirchnerismo dejó un descalabro fiscal fenomenal con un déficit fiscal récord. Cambiemos profundizó ese problema en sus primeros 2 años de mandato incrementando el empleo público y la estructura estatal.

Ahora vuelve hacia el punto de partida pero, aunque no luzca simpático decirlo, es fenomenal el nivel de esfuerzo fiscal que hay que hacer para tener una reducción del déficit a niveles manejables. Aclaremos que, además, el problema de fondo no es el déficit fiscal sino el nivel de gasto público. No es solo cuestión de cerrar las cuentas fiscales, sino de no ahogar al sector privado con mayor carga tributaria.

De los 4 mecanismos que tiene el Estado para financiar el gasto público: 1) impuestos, 2) deuda interna, 3) deuda externa y 4) emisión monetaria, el Gobierno está utilizando los 4 y aun así no pueden terminar de controlar el déficit fiscal. En definitiva, sin desmerecer la buena señal que ha dado el presidente Mauricio Macri al controlar el gasto en los cargos políticos, de la modesta baja del gasto público que proponen, pero baja al fin, mi único punto es que esto es claramente insuficiente para dominar el fenomenal lío dejado por el kirchnerismo.

El desmadre es muy grande y requiere de una audacia fenomenal para controlarla. Ahora, si esta baja del gasto se continúa en el tiempo, es decir, en varios años más, junto con otras medidas adicionales, vamos a estar en el camino adecuado, por más que el kirchnerismo y los progres hablen de ajuste salvaje por una baja del 0,47% de la masa salarial estatal. Entonces, los inversores empezarán a prestarle atención a la Argentina y podemos llegar a empezar a torcer 70 años de lacerante decadencia económica.

sábado, 27 de enero de 2018

Fuerzas Armadas para este siglo

Resultado de imagen para Fuerzas Armadas argentinasEditorial del diario La Nación
Para recuperar nuestra deteriorada capacidad defensiva es preciso rediseñar y equipar urgentemente al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Distintos acontecimientos ocurridos a fin de 2017 advirtieron sobre la pérdida de la capacidad defensiva de nuestras Fuerzas Armadas y despertaron la atención sobre cuál debiera ser su rol hoy. Se ha vuelto también a discutir si tienen o no que actuar en conflictos internos, ya que la ley de defensa nacional solo las habilita para hacerlo ante agresiones de fuerzas armadas de otros Estados, terrorismo excluido, a partir de un equivocado decreto promovido por Nilda Garré en 2006, que debiera ser revisado.

Hace ya unos meses que Macri y su ministro de Defensa, Oscar Aguad, trabajan en una reestructuración de las Fuerzas Armadas que priorice la acción coordinada para racionalizar recursos, tarea que debe definitivamente surgir también del aporte de expertos en defensa. En este debate resulta insoslayable considerar cuánto han cambiado el modo y los escenarios de la guerra cuando organizaciones armadas que no usan uniforme y que actúan en la clandestinidad han trascendido la mera cuestión fronteriza para atacar a los Estados y a la sociedad con mucha más eficacia que un ejército regular convencional.

La indefinición sobre el rol que les cabe a las Fuerzas Armadas argentinas se puso en evidencia ante el accionar y las delirantes aspiraciones independentistas de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), violenta organización infiltrada por extremistas de izquierda, con activo protagonismo en el caso Maldonado. Algunos de los excesos por ellos cometidos en supuesta defensa de su "territorio soberano" fueron verdaderos desafíos para un Estado que, en el marco de la ley, no podía responderles militarmente. La supletoria convocatoria a la Gendarmería y a la Prefectura obligó a estas fuerzas a descuidar sus responsabilidades en las fronteras y en las costas. Algo similar ocurre con las organizaciones del narcotráfico que superan holgadamente a la policía en armamento y se abastecen de droga por vía aérea sin que nuestra aviación militar pueda intervenir.

A los superados conflictos armados del pasado se sumaron los que surgen de fanatismos religiosos, tráfico de armas, drogas o personas y movimientos independentistas dentro de los propios Estados, muchos de los cuales se corporizan en el creciente fenómeno del terrorismo. Casi sin excepción sus cabezas suelen estar lejos del lugar en el que actúan y responden a objetivos transnacionales con accionar local. La inteligencia militar no puede acotarse nacionalmente pues requiere información tanto de procedencia local como internacional, mucho más también ante el desarrollo del ciberdelito. Seguridad, Inteligencia y Defensa debieran actuar cada vez más conjuntamente.

Lo ocurrido con el submarino ARA San Juan volvió a evidenciar la necesidad de abrir un debate nacional sobre el rol y el presupuesto que debe asignarse a las Fuerzas Armadas ante este triste ejemplo que demuestra el déficit de inversiones en mantenimiento y equipamiento militar.

La paz mundial y el desarme de las naciones solo podrían concebirse en el marco de un amplio acuerdo global sobre eliminación de las armas. En todo caso, una nación podría proyectar la supresión de su aparato defensivo si todos los países con los que interactúa hicieran lo mismo, o de no ser así, si pudiera asegurarse la protección militar de alguna potencia. Mientras tanto, aun los países que no sostienen conflictos bélicos ni amenazas inminentes mantienen fuerzas armadas con fines disuasivos o en apoyo de su tarea diplomática. Un principio reconocido en las relaciones internacionales es que la mejor forma de sostener la paz y evitar la guerra es estar en condiciones de disuadirla. La capacidad militar, junto al poderío económico de un país, determinan su capacidad de negociación. No por azar son cinco las potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China.

Recuperar el prestigio de las Fuerzas Armadas implica alejarlas de los fantasmas de un pasado en el que triste y equivocadamente usurparon el poder, rescatándolas también del desmedido protagonismo con el que el anterior gobierno imbuyó a la inteligencia militar. Modificar la ley que rige al personal militar, modernizar y optimizar la estructura y logística de las fuerzas para que de aquí en más actúen conjuntamente son solo algunos de los desafíos del Gobierno.

En un escenario democrático asegurado como es el de nuestro país hoy, es hora de rediseñar el rol de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI para recuperar nuestra capacidad defensiva, incorporando las últimas tecnologías y equipamientos.

jueves, 25 de enero de 2018

Uranio: Chubut desconoce memorándum con Rusia

Mariano Arcioni.Por  Mariano Arcioni (Ambito.com)
La provincia se negó a firmar el año pasado el Pacto Federal Minero en rechazo a la explotación, precisamente, de este mineral. Reparos del Gobierno y polémica en puerta.

La euforia que exudó Mauricio Macri tras la firma del memorándum con el Gobierno ruso de Vladímir Putin para la explotación de uranio en nuestro país chocó ayer con la reacción del Gobierno de Chubut, que advirtió que no sólo no fue informado sobre el contenido del acuerdo, sino que le recordó al Presidente que el recurso le pertenece a la provincia, donde, además, la actividad minera está prohibida por ley. Sin embargo, la restricción no alcanza al uranio, considerado como un recurso estratégico cuya extracción puede ser autorizada por la Comisión Nacional de Energía Atómica.

"Recordemos que por jurisdicción los recursos son nuestros, de la provincia y van a tener que venir a informarnos a la provincia" sostuvo el gobernador Mariano Arcioni. "Lo veo como una carta de intención que firmó la República Argentina con Rusia para poder tener una intención para explotar el uranio, simplemente eso, pero es muy clara la Constitución Nacional y Provincial y la Ley 5001", agregó el mandatario.

El lunes, en el marco de la gira presidencial por Rusia, el canciller Jorge Faurie (en representación del Ministerio de Ciencia) firmó un convenio con el presidente de la empresa rusa Uranium One Group y el titular de UrAmerica SA, Omar Adra, que podría reportarle a la Argentina una inversión inicial de u$s250 millones y la generación de unos 500 puestos de trabajo. 

Pero el entendimiento, centrado en la potencialidad de los yacimientos Cerro Solo, Laguna Salada, Laguna Colorada y Meseta Central, esquivó la cuestión ecológica que, por caso, hace 30 años le costó a la provincia de Mendoza uno de los daños más graves de la historia ambiental, que requirió un crédito del Banco Mundial y el pago de una multa millonaria aplicada por la Corte Suprema.

En diálogo con Ámbito Financiero, Adra sostuvo que Argentina "puede tener una Vaca Muerta en uranio".

"Creemos tener una cuenca similar a la Kazajstán, por lo que podríamos autoabastecer, a costos bajos y mayor seguridad, las plantas nucleares en funcionamiento y las próximas por construir", calculó Adra y agregó: "Podemos llegar a ser un proveedor de uranio mundial, pero especialmente para la región. Nuestro socio ya provee a Brasil, por lo que hacerlo desde nuestro país sería ideal".

Los diputados provinciales Jerónimo García, de Chubut Somos Todos, y Gustavo Fita, del Frente para la Victoria, recordaron que el recurso natural le pertenece a la provincia. En idéntico sentido se manifestó el ministro Coordinador, Sergio Mammarelli. 

"Como mínimo habrá que revisarlo y discutirlo. El canciller firmó esto en Rusia, sin la presencia de ningún funcionario o aval de la provincia del Chubut. Estamos sorprendidos", expresaron desde el ala política de la provincia.

El legislador provincial recordó que, al menos a título personal, "no le decimos que no a la minería, pero sí creemos que hay que ver los pros y los contras. Lo que está claro es que los recursos son de la provincia, y que es Chubut y los chubutenses los que deciden sobre ellos", enfatizó.

El año pasado, el fallecido gobernador Mario Das Neves se negó a suscribir el Pacto Federal Minero que sucribió Macri con los distritos productores, con excepción también de La Pampa y La Rioja, bajo el argumento no sólo de que la Nación no tiene por qué establecer un marco regulador sobre recursos que, de acuerdo con la reforma constitucional de 1994, le corresponden a las provincias, sino que la negativa del contrato social para esa actividad ha sido contundente, especialmente en la ciudad de Esquel.

Ayer, Arcioni retomó esa postura pero dejó abierto el canal de un debate. "La postura de este Ejecutivo con respecto a la megaminería está clara. Nosotros respetamos lo que se firmó con Das Neves en Rawson junto a los intendentes en la Cumbre Ambiental, en donde se firmó un acuerdo en rechazo a la megaminería", dijo aunque anticipó que está dispuesto a habilitar "el debate sobre la minería".

Despues "lloran" que no tienen trabajo en su provincia. Qué falta de creatividad. Crear trabajo es el gran desafío para la Argentina...
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