Gobierno apura compra de aviones para Gendarmería

Por Edgardo Aguilera - Ambito.com
ACTIVAN EL REEQUIPAMIENTO DE LA FUERZA PARA VIGILANCIA DE FRONTERAS.
Patricia Bullrich debe decidir la incorporación de dos aeronaves. Son para realizar patrullas contra el narcotráfico y realizar el control de fronteras. El viernes estará lista la licitación pública.

En juego. El bimotor Tecnam 2006T en el centro de las discusiones.

El viernes próximo, Patricia Bullrich tendrá en sus manos la decisión de comprar dos aeronaves destinadas combatir delitos complejos en la frontera. El Ministerio de Seguridad tiene bajo análisis desde principios de 2016 dotar a la Gendarmería de los medios tecnológicos e infraestructura adecuados para el combate del narcotráfico, contrabando, trata de personas y otros flagelos.

Así lo había dispuesto Mauricio Macri en el Decreto 228/2016, que declaró la emergencia de la seguridad pública y la puesta en marcha del operativo Fronteras. Cinco oferentes compiten por un contrato de $190 millones (unos u$s12 millones), cuyos sobres con propuestas se abrirán el viernes próximo, a las 11.30, con el objetivo de dotar a la Gendarmería de "dos sistemas de vigilancia aérea".

A mediados de año se había intentado poner en marcha el concurso, pero se cayó antes de su publicación porque el pliego básico de condiciones tenía descripciones técnicas correspondientes al equipamiento de uno de los aparatos, el modelo bimotor Tecnam 2006T (con software de vigilancia Indra Systems) del fabricante italiano Costruzioni Aeronautiche Tecnam.

En las rondas preparatorias se dijo que el desliz descriptivo era un típico "traje a medida" y se modificó el pliego. De esta manera, se llegará a la apertura de los sobres de ofertas con reclamos que aún persisten a pesar de que Seguridad dio la palabra final en circular aclaratoria publicada ayer.

Por caso, el pedido más generalizado fue una modificación del plazo de entrega de los aparatos, ya que el pliego exige que sea en 12 meses. "No se considera conveniente modificar el plazo de entrega por razones operativas", laudó la circular publicada.

Esta condición resuelta en la órbita de la Subsecretaría de Coordinación de Fronteras. a cargo del brigadier retirado Vicente Autiero, pondría en jaque a la mayoría de los oferentes. Llamó la atención en el ambiente de los concursantes que un conocedor del paño aeronáutico como él haya asesorado un lapso tan estrecho para la disponibilidad de las aeronaves.

"En el mercado aeronáutico es poco usual que se disponga de equipos (aviones) en stock, mucho menos del tipo de aparato que se pide con recursos electrónicos de vigilancia que deben integrarse a la plataforma aérea portante", describió un empresario del sector. Sucede que el apuro por contar con los aviones contrasta con el tiempo muerto que transcurrió desde que Macri firmó el decreto de emergencia de la seguridad pública.

La Secretaría de Fronteras, que dirige Luis Green y que se encarga de "coordinar estratégicamente con todas las áreas y organizaciones responsables para poder realizar un eficiente trabajo interministerial e interagencial", es la oficina que da velocidad al expediente licitatorio.

La Gendarmería necesita contar con medios aéreos aptos para la vigilancia y obtención de inteligencia criminal. Es una pata de la actividad de prevención y seguimiento de incursores en la frontera; otra, es el despliegue de radares por la Fuerza Aérea. 

En la frontera norte hay cinco radares fijos de vigilancia: tres fabricados por INVAP están ubicados en las localidades de Las Lomitas e Ingeniero Juárez (Formosa) y en General Mosconi,(Salta), y hay dos equipos Westinghouse FPS113/90 que cedió España en 2011, que fueron modernizados y se instalaron en Resistencia y Posadas. 

Ahora, la tarea es completar el paraguas radar con una "vigilancia y exploración discreta" desde el aire y más próxima a las actividades de los grupos criminales que dan la logística a los narcovuelos en las zonas rurales, describió una fuente de Seguridad. 

Seguridad espera que se complete el escudo de detección con tres radares más, cuya instalación está demorada; se ubicarán en Mercedes (Corrientes), Pirané (Formosa) y Villaguay (Entre Ríos).

El Gobierno prepara un decreto para endurecer los controles migratorios

Por Martín Bravo - Clarin.com
En la norma trabajan los ministerios de Seguridad e Interior y la Cancillería. Buscan combatir la llegada irregular de personas de otros países,

Controles fronterizos en Salta, sobre la ruta 50. Foto: Andres D'Elia.

Inversión en infraestructura en los pasos de frontera para reforzar los controles; renovación informática y mejora del sistema de conectividad para detectar antecedentes penales y pedidos de captura de los ingresantes; cuestionarios más estrictos; implementación de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo; aceleración de las expulsión de los inmigrantes irregulares y habilitación de lugares de retención hasta la deportación. El Gobierno prepara un decreto para avanzar con ese paquete de medidas y endurecer la política migratoria. Algunas ya están en marcha y el decreto apuntará a modificar la reglamentación de la ley de Migraciones para fortalecer las herramientas y mostrar “mayor eficacia” en esa dirección, lo que generará controversias, aunque en la Casa Rosada aseguran que será apoyado por una porción mayoritaria de la población.

Con aval de Mauricio Macri, trabajan en la iniciativa principalmente los ministerios de Seguridad e Interior, del que dependen Migraciones y el Registro Nacional de las Personas. “Lo que el Presidente quiere es ir hacia un camino en el que pueda entrar y quedarse la gente de buena voluntad y no los delincuentes”, coincidieron funcionarios de las dos carteras, aun con diferencias de criterios no saldadas y pujas por el reparto de tareas. 

En Balcarce 50 desestiman que lo impulsen a partir de las declaraciones de Miguel Pichetto, que aseguró que Argentina “siempre funcionó como ajuste social de Bolivia y delictivo de Perú” por la falta de control inmigratorio: argumentan que comenzaron a prepararlo antes. Menos por la victoria de Donald Trump: los funcionarios buscan evitar que el Gobierno y estas medidas sean consideradas xenófobas. Admiten, eso sí, que con sus dichos el senador peronista dio un empujón: “Abrió una puerta que pocos se animaban a tocar. Y no es políticamente correcto, pero por abajo genera más apoyo que rechazo”.

La implementación mediante un decreto, de redacción “avanzada” según las fuentes, aunque resta el análisis de Cancillería por los convenios del Mercosur y que Macri salde la disputa de poder entre Seguridad e Interior, también generará polémica. En ambos ministerios argumentaron que en principio no se modificará la ley de Migraciones, sino que será un cambio en su reglamentación. Uno de los objetivos principales será “agilizar” los procesos para aplicar el artículo 29, que enumera las “causas impedientes del ingreso y permanencia de los extranjeros” en el país, entre ellas tener antecedentes por delitos graves, presentar documentos falsos o eludir el control migratorio. “El problema es que las vías recursivas son eternas. 

En 10 años se hicieron 2.300.000 radicaciones, se dictaron 15.000 disposiciones de expulsión y se materializaron 70. Ese sistema no funciona”, sostuvieron en el ministerio conducido por Rogelio Frigerio. “Vamos a buscar a aquellos que tengan condena y que el que delinquió no pueda volver a entrar”, indicaron en Seguridad, y adelantaron que habilitarán lugares de retención: “Es lo que exige la ley y como no hay y en muchos casos no se los puede detener, se escapan”.

Otra de las iniciativas será endurecer las exigencias para los ingresos. “Estamos trabajando en una revisión integral de los procesos para entrar al país”, confirmaron cerca de Frigerio. Una de las medidas en análisis del ministerio dirigido por Patricia Bullrich es implementar cuestionarios más complejos sobre el motivo de la entrada en cuanto a alojamiento, trabajo, estudio o turismo, aunque en Interior contraponen que con los países del Mercosur iría en contra de los acuerdos vigentes. 

Otra es avanzar en convenios con países de la región para compartir información sensible. Cancillería estudia las alternativas. La creación de un fuero especial para agilizar los procesos y una policía migratoria es otro motivo de puja entre los dos ministerios, todavía sin saldar.

Como en otras áreas, los funcionarios macristas adjudican a la herencia la falta de herramientas para un control adecuado de los ingresos al país: marcan que desde 2002 no había mejoras en la infraestructura de los pasos fronterizos. 

En Interior enumeran la implementación de una base de datos compartida con Interpol, la incorporación de dispositivos técnicos para detectar pedidos de captura y antecedentes penales, la tarjeta vecinal fronteriza (habilita el paso por 72 horas y hasta 50 kilómetros) ya en marcha para registrar los flujos en esas áreas, el control integrado con Chile y el programa de información anticipada de pasajeros como las primeras medidas que permitieron “aumentar el control en un 20%”. También la capacitación de unos 2.500 inspectores para cubrir los 263 pasos. “Nunca es suficiente el personal, son 9.500 kilómetros de frontera”, admiten. “Estamos estudiando el tema para que a la Argentina ingresen las personas que quieran trabajar pero no los que tengan antecedentes penales y ya sepamos la conducta que han tenido en sus países de origen”, aseguró Bullrich. “No queremos fomentar ánimos xenófobos, que están en la sociedad. Nuestro adversario a vencer es la migración irregular, no el inmigrante”, dijo Horacio García, director de Migraciones.

El Ministerio de Seguridad usará autos decomisados al narcotráfico

(La Nación) - La ministra Patricia Bullrich firmó un acuerdo con la Corte Suprema; los vehículos servirán para combatir el delito

Los vehículos fueron incautados cuando se desbarató una banda criminal en Mar del Plata. Foto: LA NACION / Mauro V. Rizzi

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , acompañada por el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané, firmó un acuerdo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, para disponer de vehículos decomisados al narcotráfico.

"Es algo muy importante porque se trata de bienes que eran usados para el delito y que, a partir de hoy, serán utilizados para combatirlo", sostuvo Bullrich en un comunicado. "Los vehículos van a ser ploteados indicando que se trata de bienes recuperados destinados para la seguridad de la población; es un paso muy grande que estamos dando entre todos para combatir el crimen", añadió la ministra.

Los vehículos serán traspasados al Ministerio para que las fuerzas de seguridad los utilicen en la lucha contra el narcotráfico y el delito organizado.

En este caso, se trata de autos incautados en un operativo realizado en Mar del Plata, en el cual se secuestraron 241 vehículos a una banda criminal. En la causa intervino el Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, quien dispuso ceder los vehículos a la Corte Suprema.

Excelente medida. Pienso que serian muy útiles en el área de Inteligencia Criminal...

La reorganización de la fuerza policial

Por Rosendo Fraga - Infobae.com

La Policía es una variable de la acción del Estado en materia de seguridad pública, como también lo es la Justicia penal, la procesal penal, el sistema penitenciario, los servicios de inteligencia, la coordinación interfuerzas, interjurisdiccional y la cooperación internacional, junto con la participación ciudadana. Pero la intervención policial suele ser la más visible e inmediata de ellas.

La medida más concreta que ha tomado la administración Macri en materia de seguridad pública quizás sea el envío de aproximadamente siete mil hombres de las fuerzas de seguridad federales a la provincia de Buenos Aires y cerca de tres mil a Santa Fe.

Más allá de la discusión de si esta decisión no es volver a recurrir a medidas de corto plazo que buscan impacto electoral antes que resolver el problema de fondo, la realidad es que son dos distritos donde la situación en seguridad pública es crítica y que, sumados, tienen casi la mitad de los argentinos.

El envío de fuerzas federales (sobre todo de Gendarmería) se dispone porque las dos policías provinciales han mostrado falencias y limitaciones que lo justifican. Pero cabe recordar que ambas provincias, una década atrás, realizaron respectivas reformas policiales que tuvieron como mayor innovación el cambio de las jerarquías, mediante la fusión de oficiales y suboficiales en una sola y la modificación de la denominación de los grados.

En enero de 2005, entró en vigencia la ley provincial 13201 de la provincia de Buenos Aires, que, entre otras reformas a la Policía Bonaerense, fusionó los nueve grados de oficiales y suboficiales en una jerarquía única de nueve grados, encabezada por el superintendente y finalizada con el oficial, nueva denominación que se dio al agente. Paradójicamente, mientras en el nivel más alto los comisarios pasaron a llamarse comisionado, los comisarios y los subcomisarios pasaron a tener denominación militar, la de capitán; se incorporaron las denominaciones de teniente primero, teniente y subteniente.

Un año más tarde, la provincia de Santa Fe —antes de que llegara el socialismo a la gobernación— implementó el mismo tipo de reforma. La ley provincial 12521 entró en vigencia a comienzos de 2006. Como había sucedido con la Policía Bonaerense, las jerarquías de oficiales y suboficiales fueron fusionadas en una de sólo diez —casi la mitad, como en el caso anterior—; el cargo más alto es el de director general de Policía y los dos más bajos, los de oficial y suboficial.

El argumento más esgrimido para esta reforma era que terminaba con el sentimiento corporativo establecido a través del régimen jerárquico anterior. Pero una década más tarde resulta claro que esta reforma, en lugar de hacer policías más eficaces y disciplinadas, generó la situación contraria en las dos fuerzas policiales donde se llevaron a cabo.

Es que esta fusión de grados debilitó e incluso rompió las jerarquías y lesionó la disciplina, con los efectos de ineficacia que hoy son conocidos.

La paradoja es que en la actualidad —lo mismo sucedió en el Gobierno anterior— se debe recurrir a fuerzas de seguridad federales que mantienen las jerarquías tradicionales de sus cuadros de oficiales y suboficiales, como es el caso de la Gendarmería, para ocupar la función que las policías desjerarquizadas deliberadamente hoy no están en condiciones de ejercer.

Pero la paradoja es mayor cuando, frente a esta evidencia, la Ciudad de Buenos Aires, al fusionar 19 mil hombres de la Policía Federal con los 5 mil de la Metropolitana, lo hace con la misma política que el Gobierno nacional reconoce que ha fracasado al enviar fuerzas federales a Buenos Aires y Santa Fe.

Los nueve grados de oficiales de la Policía Federal y los ocho de suboficiales ahora pasan a integrarse con los ocho de la jerarquía de la Policía Metropolitana, que desde su inicio fue creada con esta escala jerárquica única de nueve grados, que comienza en el superintendente y finaliza en el oficial en el grado más subalterno. Los comisarios ahora se llamarán comisionados. Como sucedió con las policías de Buenos Aires y Santa Fe, esto va a tener un costo de disciplina y eficiencia en la función de estos efectivos, que comprenden las comisarías, cuerpo como la Guardia de Infantería, la Policía Montada y los Bomberos.

Además, en esta fusión, la relación de origen es de cuatro agentes de la Policía Federal por cada uno de la Metropolitana, lo que hará más difícil imponerles a los primeros la cultura de la segunda estructura.

Si esta fusión deriva en una desarticulación, políticamente cabe recordar que la Ciudad de Buenos Aires es la sede del Gobierno nacional y que la seguridad urbana en ella quedará a cargo de una policía que, si no se cambian algunos aspectos claves del plan de fusión como este, puede derivar en una seguridad menos eficaz en la capital.

Afortunadamente, no está dicha la última palabra, ya que la fusión de las policías en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser sancionada por una ley de la Legislatura porteña, que tiene la oportunidad de modificar aspectos de la propuesta que ha sido planteada y será debatida el 17 de noviembre.

Además, tratándose de la capital, la seguridad del distrito es un tema donde también debe escucharse la voz del Poder Ejecutivo y algo positivo que ha caracterizado a la administración Macri en su casi año de gestión ha sido corregir propuestas que necesitaron cambios.

 @FragaRosendo - El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.

Acuerdo con EE.UU. para identificar a los refugiados sirios

Por Martín Dinatale - LA NACION

Aplicarán un sistema biométrico para evitar posibles filtraciones terroristas

En una carrera contrarreloj, tendiente a cumplir con el compromiso asumido por Mauricio Macri ante las Naciones Unidas para recibir en la Argentina a 3000 refugiados sirios que escapan de la guerra, el Gobierno acordó con Estados Unidos el apoyo logístico de un sofisticado programa de identificación de personas, que se usará para evitar la eventual filtración de terroristas.

La denominada Mesa Siria, que lideran la Dirección de Migraciones, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Ministerio de Seguridad y la Cancillería, acordó con la oficina de Seguridad Nacional de Estados Unidos el aporte de lectoras de datos biométricos y de consulta de restricciones internacionales. Se trata de un sofisticado Programa de Identificación Biométrica transnacional Alerta para la Migración (Bitmap, por sus siglas en ingles) que será instrumentado en la frontera de Siria y Líbano, donde se reclutan los refugiados, y en el ingreso de éstos cuando lleguen a la Argentina, bajo el programa anunciado por el Presidente.

Según confiaron a LA NACION fuentes calificadas de la Casa Rosada, habrá al menos tres lectoras de datos biométricos aportadas por Estados Unidos, que cruzarán los datos aportados por los refugiados seleccionados para venir a la Argentina. Funcionarios de la Oficina de Seguridad Nacional norteamericana estuvieron la semana pasada en Buenos Aires para cerrar el acuerdo, que se pondrá en marcha en los próximos días.

El Bitmap es un programa que cruza las bases de datos biométricos de muchos países con los datos recogidos de los extranjeros de interés especial, criminales violentos, fugitivos y terroristas confirmados o sospechosos de narcotráfico. Estos datos ayudan a formar imágenes HSI estratégicos de las tendencias, redes y personas relacionadas con estas vías. Un sistema similar se usa en los principales aeropuertos de EE. UU. para supervisar la entrada de extranjeros.

"Será una herramienta de disuasión más que vamos a tomar para evitar filtraciones de eventuales terroristas en el plan Siria", expresó un funcionario. El apoyo de Estados Unidos se acordó en la reunión que mantuvo Macri con Barack Obama en la cumbre del G-20, en China, y la semana pasada se le dio forma. También habrá apoyo logístico de la Unión Europea, por medio de las agencias de inteligencia de esos países, aunque no habrá un aporte financiero hasta el momento.

La instrumentación del Bitmap será anunciada hoy en la Mesa Siria, que integran también los ministerios del Interior, Trabajo, Salud y Educación, al igual que varias ONG que darán apoyo en las provincias que recibirán a refugiados sirios por medio de las "familias llamantes".

Alertas

De todas maneras, especialistas en seguridad internacional consultados por LA NACION pusieron en duda la utilidad del programa Bitmap en un contexto como el de Siria, donde hay refugiados que ni siquiera están enrolados en bases de datos biométricos e incluso carecen de todo tipo de documentación. Algunos expertos en política de seguridad en Medio Oriente aseguran que las bases de datos de Estados Unidos o de la UE no aparecen los integrantes rasos o mandos medios o bajos del Estado Islámico. Tampoco los mandos superiores del EI conocen a ciencia cierta a varios de sus miembros por temor a filtraciones.

Sin embargo, para el Gobierno la instrumentación de nuevas medidas de seguridad es también una respuesta a los reclamos que hicieron las autoridades de la AMIA y la DAIA, al alertar que el plan de refugiados sirios podría desencadenar en filtraciones de terroristas.

El gobierno de Vidal analiza sumar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad

Por Ezequiel Spillman - (Perfil.com) - Buscan apoyo “logístico” e incluso contar con “acompañantes” en patrulleros. Lo impulsa el ministro Cristian Ritondo y entra en tensión con los límites de la ley de Seguridad Interior.

Uniformes. Vidal con el Grupo Halcón. Ahora buscan ampliar a otras fuerzas. Foto: Cedoc Perfil.

Al desembarco de la Federal, la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria y la Prefectura para luchar contra la inseguridad en la provincia de Buenos Aires podrían sumarse, en los próximos meses, los efectivos de las Fuerzas Armadas.

La idea que manejan en el Ministerio de Seguridad bonaerense que encabeza Cristian Ritondo es que la Fuerza Aérea y el Ejército brinden apoyo logístico en los distintos operativos que comenzaron la semana pasada. Según la Ley de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas no pueden actuar en la seguridad interior ni tener un rol operativo en el combate contra el narcotráfico. Pero están habilitadas a ofrecer tareas de apoyo o participar en operativos de áreas como salud, educación y hasta desarrollo social, como por ejemplo el reparto de alimentos o remedios.

Por ello, en la Provincia analizan solicitarle al Ministerio de Defensa que conduce el radical Julio Martínez que preste equipamiento y tecnología para reforzar a la Bonaerense y a las fuerzas federales que, progresivamente, comenzaron a desembarcar. 

Según los primeros borradores, que serían plasmados en una carta oficial que le enviaría Ritondo a Martínez, la Gobernación solicitaría un informe para saber qué disponibilidad y qué capacidad operativa existe para colaborar. En particular, en la Provincia observan como potables:

-Vehículos blindados.

-Helicópteros y aviones.

-Equipos de comunicación.

-Camiones de transporte.

Incluso, cuentan las fuentes, podrían usarse cuarteles en desuso como lugares de detención transitoria ante el colapso del sistema carcelario, donde hay más de dos mil presos en comisarias.

“No queremos modificar la Ley de Seguridad Interior sino hacer uso de los recursos que hoy tienen las Fuerzas Armadas”, plantean en la Provincia. “Y la ley no nos impide solicitar apoyo logístico”, agregan.

En todo caso, sería un complemento a los 7 mil agentes de fuerzas federales que comenzaron a incorporarse a los patrullajes y puntos fijos del territorio bonaerense. Claro que la tecnología y, sobre todo, la flota aérea sería un diferencial importante, aseguran en la Gobernación.

Otra idea que se deslizó en La Plata es sumar militares como “acompañantes” en los patrullajes. “En ese caso es un hilo muy fino y es discutible”, razonan cerca de Ritondo. Por ahora está descartado. La Ley de Seguridad Interior fue concebida en tiempos donde se quería evitar, tras la feroz dictadura militar de 1976, que las Fuerzas Armadas puedan patrullar las calles y tener un rol coercitivo en la población. Otros tiempos. Tiempos turbulentos de Falcon verdes y paramilitares.

En este contexto, en el Ministerio de Defensa confiaron a PERFIL que “si se nos pide apoyo logístico no habrá ningún problema, aunque habría que ver cómo se pondría en práctica”. “De hecho hoy colaboramos, con la Fuerza Aérea, en la lucha contra el narcotráfico con el Ministerio de Seguridad. Pero tanto en Colombia como en México militarizaron la seguridad interior y fue un fracaso”, agregaron.

Antecedentes. En 2011 durante el gobierno kirchnerista el ministro de Defensa, Agustín Rossi, junto al secretario de Seguridad, Sergio Berni, habían puesto a las Fuerzas Armadas a trabajar en el Operativo Escudo Norte. El gobierno de Mauricio Macri renovó el plan hasta fin de este año en la lucha contra el narcotráfico. Allí unos 1.700 militares de las Fuerzas Armadas participan en tareas de apoyo logístico con aviones y radares destinados a conseguir la intercepción de vuelos clandestinos.

Como sea, cualquier decisión deberá ser articulada entre Vidal y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Es que, tal como ocurrió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde que comienza a armarse el plan hasta su ejecución suelen pasar largos meses. Más aún: dado su perfil como radical, Martínez es de aquellos que mira con recelo cualquier movimiento fuera de lugar del Ejército.

La Señora Gobernadora la tiene clara, a falta del "Capitan Nascimento" otras soluciones...

La custodia presidencial ya no dependerá de Patricia Bullrich y vuelve a la Casa Militar

(La Nación) - La seguridad de Mauricio Macri, sus familiares directos, la Casa de Gobierno y la residencia de Olivos deja de estar bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

La custodia de Macri, sus familiares directos y la Casa de Gobierno pasa a depender de la Casa Militar. Foto: twitter.com/Granaderosarg

El Gobierno dispuso hoy que "la responsabilidad sobre la seguridad" del presidente Mauricio Macri y "sus familiares directos", como así también de la Casa de Gobierno, de la residencia de Olivos y "otros lugares de residencia transitoria del Presidente y de su familia", corresponde a la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

Esta decisión implica que el servicio de protección y custodia de Macri deja de estar a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich , y queda bajo la responsabilidad de la Casa Militar.

La resolución 567 del Ministerio de Seguridad, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece la modificación de otra resolución (389/2016), de agosto, que establecía "las pautas de organización del servicio de protección de Estado y custodia", que incluía "el régimen de seguridad presidencial, del vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de ministros y apoyo operativo; y de custodia de funcionarios".

La medida publicada hoy con la firma de la ministra Bullrich sustituye dos artículos de la resolución 389 y restringe dichas pautas al "régimen de seguridad del vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de ministros y apoyo operativo; y de custodia de funcionarios".

El Ministerio de Seguridad brindará la protección de Estado y custodia a los funcionarios "ubicándolos en tres niveles": nivel 1: vicepresidenta de la Nación y su núcleo familiar, nivel 2: jefe de Gabinete, ministra de Seguridad y secretario de Seguridad; nivel 3: ministros y funcionarios que el Ministerio de Seguridad "considere deba brindar el servicio de protección de Estado y custodia", y ex presidentes de la Nación.

Respecto de la custodia presidencial, la resolución publicada hoy determina que la "responsabilidad sobre la seguridad" del Presidente y sus familiares directos, de la Casa de Gobierno y de la residencia de Olivos "corresponde a la Casa Militar dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación."

Comprarán aviones espía y de transporte para vigilar la frontera norte

Por Daniel Gallo - LA NACION (Modificado)

Serán para mejorar la capacidad de respuesta del grupo aéreo de la Gendarmería; buscan identificar pistas ilegales y agilizar el traslado de tropas.

Los biturbohélice ATR 72, con capacidad para transportar hasta 66 pasajeros, podrían llegar al país para la Gendarmería. Foto: LA NACION.

Con la intención de fortalecer los controles en la frontera norte, el Gobierno dotará de mayor capacidad de movimiento al grupo aéreo de la Gendarmería. Dos proyectos están en el escritorio de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Por un lado se analizan ofertas para la compra de dos aviones espías con capacidad de radar y de cámaras para monitorear potenciales pistas ilegales de aterrizaje y guiar las operaciones terrestres sobre esos puntos. Más avanzadas están las gestiones para adquirir dos aviones de transporte de tropas.

En este último caso, la evaluación oficial terminó por poner en el primer lugar en el orden de preferencias al modelo ítalo-francés ATR72. La idea del Ministerio de Seguridad es dar a la Gendarmería una importante movilidad propia. Esas aeronaves tienen capacidad para el traslado de 60 efectivos con sus pertrechos y evitaría los largos transportes terrestres de los destacamentos móviles, situaciones que provocaron dos accidentes mortales en los últimos años.

En diciembre pasado perdieron la vida 43 gendarmes al desbarrancarse un ómnibus en la ruta nacional 24, en las cercanías de la ciudad salteña de Rosario de la Frontera. Ese grupo viajaba desde su base en Santiago del Estero hacia Jujuy. En junio de 2012 murieron nueve gendarmes al chocar un ómnibus que llevaba a los efectivos contra un camión, en Chubut. Con aeronaves propias esperan que no se repitan esas experiencias mortales en los movimientos de fuerzas federales.

Si bien no trascendió el monto de esa inversión, otros países latinoamericanos, como el caso de Perú, optaron por esas aeronaves en programas que alcanzaron los cien millones de dólares para la adquisición de dos unidades.

De todas maneras, esa clase de sistemas tienen costos que dependen no sólo del valor del avión sino de los convenios para futuras reparaciones, la provisión de repuestos y el adiestramiento específico de las tripulaciones.

Más vigilancia

El proyecto que involucra a los aviones de guerra electrónica se encuentra en la etapa de evaluación de alternativas de compra, ya que en los despachos oficiales se aguardan definiciones sobre la posibilidad de negociaciones directas entre países.

Como publicó LA NACION en su edición de anteayer, el mes próximo la ministra Bullrich y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, viajarán a Israel para la cumbre de jefes de seguridad interna y ciberseguridad que se realizará en Tel Aviv, entre el 14 y el 17 de noviembre. En esa ocasión habrá una exhibición de equipamiento de última generación en materia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y se espera que los enviados suscriban acuerdos y, eventualmente, algún precontrato de compra.

La Argentina no cuenta hoy con aeronaves de guerra electrónica, ya que las últimas similares fueron desactivas en 2006 tras un accidente. Ese año se precipitó a tierra un Mohawk del Ejército: fue en Los Polvorines, casi inmediatamente después del despegue de Campo de Mayo, y murieron el piloto y el copiloto. En esos años la Gendarmería aprovechaba informalmente algunos vuelos de entrenamiento de los pilotos del Ejército para conseguir información sobre potenciales pistas de aterrizaje irregulares.

Los aviones espía formarán parte de un proyectado "escudo tecnológico" de protección de la frontera norte. Ese plan incluye la compra de globos aerostáticos con capacidad de visualizar grandes extensiones de terreno. Esa compra de tecnología de origen israelí tiene conversaciones muy avanzadas. En ese caso se negocia por el sistema SkyStar, basado en un globo aerostático que ubica una cámara a 600 metros de altura. Con esas imágenes se puede identificar vehículos a 15 kilómetros de distancia.

Por otra parte, el transporte aéreo de la Gendarmería será reforzado con los dos helicópteros de transporte de tropas UH1H que habían sido transferidos desde el Ejército pero que estaban en tierra por un problema de seguros vinculados con la empresa constructora, la norteamericana Bell.

Más allá de la dotación aérea que tendrá la Gendarmería, el Gobierno consiguió la aprobación de los Estados Unidos para la compra de 24 aeronaves T6 C Texan II, biplazas de turbohélice que serán operados por la Fuerza Aérea para el adiestramiento avanzado de pilotos y para el control de vuelos ilegales. Un comunicado oficial del Departamento de Defensa norteamericano informó en agosto pasado sobre esa operación, con un costo de 300 millones de dólares.

La Casa Rosada comprometió importantes inversiones en unidades aéreas al encontrarse con la mayoría de los aviones casi desactivados. Incluso la flota aérea presidencial fue dejada en tierra. Otro sistema de transporte, el Fokker 27, voló por última vez la semana pasada. Algo similar ocurre con los interceptores de la Fuerza Aérea, cuyos aviones Mirage fueron dados de baja, sin reemplazo. En busca de cazas livianos el Ministerio de Defensa maneja como opciones el KT50 coreano, al que fueron a probar pilotos argentinos el mes pasado, y el M346 italiano.

Buscan dar mayor poder a Seguridad en las fronteras

(Clarin.com) - Sería a través de dos decretos. Quieren sumar tecnología en los pasos fronterizos. Bullrich gana atribuciones.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al gobernador de La Pampa, Carlos Verna,los secretarios Eugenio Burzaco, de Seguridad; y Gerardo Milman, de Seguridad Interior, inauguró el primer Centro de Inteligencia Criminal de la Argentina. Foto: Télam.

El Gobierno de Mauricio Macri trabaja a fuego lento dos decretos que en la práctica reforzarán las atribuciones que tiene actualmente el ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich. Uno de ellos busca reformar la ley de seguridad de fronteras, que estableció los límites de la misma en todo el país, y que data de 1944, pero hoy se encuentra en un limbo.

El otro borrador busca una reforma en todo lo referente a los pasos internacionales, más conocidos como pasos fronterizos, que son 156 sobre 9,600 kilómetros de fronteras nacionales. Se enfocará este en el modelo chileno de pasos, mucho más moderno que los que tiene Argentina.

Los decretos ya fueron evaluados por el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y esperan la firma de Macri. Algunas fuentes no descartan que al final, las modificaciones salgan a través de dos proyectos de ley.

Fuentes oficiales desmintieron versiones periodísticas de que habrá cambios en el rol de las Fuerzas Armadas, o que éstas participarán en la vigilancia de fronteras con patrullas del Ejército, en el control del crimen organizado -narcotráfico, terrorismo y otros delitos- o que tengan un cambio de rol en la seguridad interior, lo que tienen prohibido por ley. Hoy la Fuerza Aérea presta apoyo logístico, y alguna que otra acción encubierta. Las mismas fuentes de Presidencia aseguran que el traslado de Gendarmes al Conurbano no debilita las fronteras que se pueden contener con pocos efectivos. “Lo importante es dotar los pasos fronterizos con mejor tecnología, mejorar la infraestructura y tener más presencia cívica administrativa", señalan al tiempo que, aseguran, están trabajando ya en 30 puntos fronterizos que han priorizado.

Las preocupaciones del Gobierno por aclarar las líneas de acción también se enmarcan en el revuelo que genera el choque de posiciones. Porque efectivamente tanto en Seguridad como en Defensa hay sectores que presionan para que los militares tengan un rol más activo en la lucha contra el crimen organizado, lo que implicaría en algún sentido modificar la ley de Defensa nacional.

Recientemente, expertos académicos presentaron un documento sumamente crítico bajo la esfera del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por la situación actual al que titularon “la riesgosa política del Gobierno para las Fuerzas Armadas. Allí señalan una “falta de discusión” sobre el rol de las misma en la defensa de la democracia y la “ausencia de reformas institucionales y policiales” para dar eficacia a las políticas de seguridad. Conluyen que  todo eso “encubre el abordaje miltiarizado de las políticas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico”.

Según explicaron en el Gobierno a este diario, por orden de Macri todos los ministerios y agencias con competencia en las fronteras están trabajando en conjunto. “Nos encontramos con que Seguridad no tenía competencia para actuar en temas de fronteras y por eso se cambió la ley de ministerios”, señalaron en el Gobierno. Mientras que en 1944 se puso a la seguridad bajo la órbita militar, en 1996 fue transferida a la secretaría de Seguridad Interior. Pero en 2007 con la creación del Ministerio de Seguridad, quedó en dicha cartera, pero en un verdadero limbo jurídico.

Misión a Israel para comprar equipamiento de ciberseguridad

Por Martín Dinatale - LA NACION

Bullrich viajará el mes que viene con Burzaco; irán funcionarios y expertos de varios países.

Ampliar la colaboración en materia de seguridad, comprar equipamiento para las fronteras, sumar software específico para las fuerzas de seguridad y apuntalar la lucha contra el terrorismo, la inseguridad callejera y el narcotráfico. Sobre esta base se sustentará la presencia de la Argentina en la cumbre de jefes de seguridad interna y ciberseguridad de todo el mundo que el mes que viene se realizará en Israel.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajará a Tel Aviv para participar de esa reunión mundial entre el 14 y el 17 de noviembre próximo. Ese contexto será una "gran oportunidad para abastecerse de tecnología y conocimientos del mundo entero", según detallaron a LA NACION fuentes confiables de la Casa Rosada. Es que en esa cumbre participarán representantes de todos los organismos de seguridad de los países desarrollados y habrá una exposición de los equipamientos de última generación en materia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

A su vez, fuentes diplomáticas confiaron a LA NACION que el Gobierno aprovechará ese encuentro para poner al día los acuerdos de cooperación en materia de seguridad con muchos países.

Bullrich viajará a Israel con Burzaco para comprar equipamiento de ciberseguridad. Foto: AP / Archivo

La ministra Bullrich viajará a Israel con el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y será oradora en el encuentro de ciberseguridad. En el listado de oradores que compartirán escenario con Bullrich figuran el ministro de Seguridad de Israel, Gilad Erdan; el ministro de Seguridad de Bélgica, Jam Jambon; el director de Europol, Steve Wilson; la comisaria de Aviación de Chicago, Ginger Evans, y el jefe del organismo de inteligencia interna de Israel, Yoram Cohen, entre otros.

Todo esto formará parte de la cumbre de representantes de departamentos de seguridad de todo el mundo en Israel. En ese encuentro internacional, la ministra Bullrich tiene previsto mostrar todos los avances y cambios que instrumentó el Gobierno para controlar las fronteras y combatir el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y eventuales situaciones de sospechosos de terrorismo.

Además, la ministra prevé regresar de allí con acuerdos de mucho peso político. De hecho, se supo que habrá reuniones con referentes de seguridad del campo privado y público de países como Francia, Estados Unidos, España, Gran Bretaña e Israel, entre otros. En el listado de posibles compras que podría concretar la Argentina figuran desde drones hasta globos aerostáticos, radares de última generación y equipamiento de monitoreo terrestre para las fronteras.

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Según confiaron a LA NACION fuentes diplomáticas, la semana pasada, la ministra Bullrich se reunió en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires con referentes de seguridad interior norteamericana para interiorizarse de una eventual compra de un software avanzado en materia de seguridad. También está en estudio por parte de la Argentina la compra de equipamientos de seguridad en zonas de frontera a empresas de Israel y de equipamiento para fuerzas de seguridad a Francia y Rusia.

Desde el Ministerio del Interior, la Dirección de Migraciones, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, también ya puso en marcha un sistema de preaviso de delincuentes con pedido de captura internacional que está sustentado por Interpol.

La Dirección de Migraciones, a cargo de Horacio García, está abocada en estos momentos al programa de la Mesa Siria, que tiene bajo su responsabilidad la coordinación de tareas con otros ministerios y ONG para traer a 3000 refugiados sirios que escapan de la guerra. Esta es una de las prioridades del presidente Mauricio Macri.

Refuerzan la lucha contra el delito en las fronteras con apoyo de las FF.AA.

Por Martín Dinatale - LA NACION

El Presidente tiene a la firma dos decretos que le dan más poder a Bullrich; centralizarán las tareas de inteligencia criminal y el uso de la fuerza. 

La ministra Patricia Bullrich, durante un reciente operativo de seguridad en la frontera. Foto: Ministerio de Seguridad

En su fuerte apuesta por erradicar el narcotráfico y los delitos transnacionales en la Argentina, el Gobierno avanza en una reforma estructural del sistema de control en las fronteras, que le dará mayor poder al Ministerio de Seguridad, con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. También centralizará las tareas de inteligencia criminal y el uso de la fuerza para los delitos que se detecten en las zonas limítrofes.

Por medio de dos decretos que están en la Secretaría Legal y Técnica a la firma del presidente Mauricio Macri, se reforzará la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, que estará bajo el mandato de la Secretaría de Fronteras, dependiente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La intención de fondo es aggiornar la normativa relacionada con el control fronterizo, que data de un decreto de 1944, para poner el foco en los 145 pasos internacionales de frontera y preparar el terreno para avanzar más adelante en una ley nacional de seguridad en las zonas limítrofes.

Según los decretos que tiene en su escritorio Pablo Clusellas, de la Secretaría Legal y Técnica, y a los que tuvo acceso LA NACION, la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad estará manejada por la Secretaría de Fronteras del Ministerio de Seguridad y tendrá bajo su órbita al subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, al subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial, al subsecretario de Desarrollo de Fronteras, al subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería, al subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar del Ministerio de Defensa, el director de la Gendarmería, el Prefecto Naval, el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al jefe de la Policía Federal. También los gobernadores serán "vocales".

La intención del Gobierno es coordinar con todos estos organismos nacionales, provinciales y municipales una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y los delitos transnacionales. En uno de los decretos se estipula, además, que en 180 días se deberá realizar una "revisión de alcance geográfico de la zona de seguridad de fronteras en todo el país". Y en otro de los decretos se establece que se planteará una actualización de toda la normativa de control en las fronteras tendiente a dar con una futura ley de seguridad nacional.

"Conceptualmente, se busca actualizar todo el sistema de control en las fronteras, unificar tareas que desde hace 20 años estaban descoordinadas y poner un 80% de énfasis en los trabajos de inteligencia criminal y un 20% en la fuerza en el terreno", graficó a LA NACION un destacado funcionario del Gobierno que trabaja por pedido de Macri desde hace varios meses en este tema.

Las fuentes consultadas por este diario coincidieron en señalar que los decretos que se aprobarán buscan darle mayor poder de control fronterizo al Ministerio de Seguridad en detrimento del Ministerio del Interior, que hoy controla los centros de frontera desde la Dirección de Migraciones. A la vez, se busca un apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Pero sobre este tema desde el Gobierno aclararon dos puntos de manera reiterada: no habrá inteligencia militar que implique atentar contra la ley de seguridad interior y tampoco un traslado masivo de los uniformados militares a las fronteras. Por lo menos, esto no se prevé en lo inmediato.

En tal caso, la participación de los militares en las fronteras se dará con apoyo logístico, el sustento de información por medio de radares y, eventualmente, el apoyo de aviones de la Fuerza Aérea para disuadir a las aeronaves sospechosas del delito de contrabando o narcotráfico. Esto se dará específicamente en los 145 pasos fronterizos internacionales.

En rigor, no es la primera vez que el Ministerio de Seguridad realiza tareas conjuntas con los militares en las fronteras. Ya hubo ejercicios conjuntos en agosto pasado en la zona de Misiones para enfrentar situaciones de lucha contra el narcotráfico donde participaron la Prefectura, la Gendarmería, la policía provincial y las Fuerzas Armadas con apoyo logístico. Es probable que, de acuerdo con lo que plantean los decretos en estudio, en adelante se profundicen los operativos de control en los pasos fronterizos internacionales.

A su vez, la intención del Gobierno es que la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad Nacional pueda actuar dentro de los 100 kilómetros que existen entre las fronteras en el territorio nacional. Esta comisión también contará con el apoyo logístico de Interpol en lo que hace al monitoreo online desde las oficinas de Lyon para los reportes de personas con pedido de captura internacional.

Según reveló a LA NACION un funcionario del Gobierno, Clusellas ya tiene en sus manos los dos decretos que giró el Ministerio de Seguridad y contaría con el visto bueno para que cuando Macri regrese hoy de su visita al Papa firme estas normativas. Será el puntapié inicial para debatir el año que viene una ambiciosa ley de seguridad nacional en las fronteras. Los decretos que están a la firma del Presidente actualizan el decreto 887/1994 y el decreto ley 15.385/44, que contemplan organismos hoy obsoletos e incluso fijan organigramas donde el Ministerio de Seguridad tenía rango de secretaría.

Por otra parte, el plan de actualización normativa para el combate del narcotráfico en las fronteras también tendrá una faceta pragmática, que es instrumentar la compra de equipamientos de logística y defensa en el exterior para las fuerzas de seguridad que operan en las fronteras. Para ello, entre el 14 y el 16 de noviembre próximo, Bullrich y otros funcionarios de Seguridad viajarán a Israel para participar de una cumbre de jefes de seguridad interior de países centrales. Allí, la Argentina aprovechará la oportunidad para comprar equipamiento.

En paralelo a la elaboración de los decretos que crean la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, el Gobierno está avanzando lentamente en consultas con especialistas locales y externos para el desarrollo de lo que será el proyecto de ley de seguridad de fronteras.

Proyectos en marcha - Dos decretos y un borrador de ley de seguridad en fronteras

Una comisión - Se creará la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, que estará a cargo del Ministerio de Seguridad y tendrá bajo su control las fuerzas de seguridad y otras aéreas

Apoyo militar - Un decreto contempla que haya apoyo logístico bajo la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Defensa. Será ayuda logística de las FF.AA.

A la firma - Los dos decretos que impulsa el Ministerio de Seguridad están a la firma del presidente Mauricio Macri en la oficina de Pablo Clusellas, de la Secretaría Legal y Técnica

Proyecto de ley - El Gobierno aggiornó los decretos de 1944 y de 1996. Pero la idea de fondo es avanzar en el futuro inmediato en una nueva ley de seguridad para las fronteras

Advierten sobre el rol de las FF.AA. en seguridad

(Perfil.com) - Un informe denuncia reuniones con Estados Unidos y el nombramiento de militares en el Ministerio de Defensa en medio de la lucha contra las drogas.

Fuerzas Armadas Foto:Cedoc 

La promesa presidencial de sostener la lucha contra el narcotráfico como uno de los ejes de su gestión podría tener, a juicio de un informe del Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales), el Grupo Convergencia XXI y el Ilsed (Instituto Latinoamericano para la Seguridad y la Defensa), contracaras polémicas en materia de derechos humanos: una participación de las fuerzas armadas en política interior, una militarización de las fuerzas de seguridad y la participación activa de Estados Unidos en la lucha contra las drogas (más que contra el narcotráfico).

El título del informe es por demás sugerente: “La riesgosa política del Gobierno para las Fuerzas Armadas”. Y está firmado por Carlos Acuña, Ileana Arduino, León Carlos Arslanian, Alberto Binder, Paula Canelo, Gastón Chillier, Agustín Colombo Sierra, Enrique Del Percio, Katchik Derghourgassian, Rut Diamint, Natalia Federman, Enrique Font, Sabrina Frederic, Jaime Garreta, Gabriel Kessler, Paula Litvachky, Ernesto López, Pablo Martínez, Germán Montenegro, Alejandra Otamendi, Gustavo Palmieri, Hernán Patiño Meyer, Raúl Sánchez Antelo, Marcelo Sain, Luis Tibletti, Juan Gabriel Tokatlian, José María Vázquez y Horacio Verbitsky. Y si bien a juicio de Paula Litvachky “tiene un carácter esencialmente de advertencia”, señala que a partir de las últimas decisiones de Mauricio Macri y del Ministerio de Defensa podríamos estar en un contexto en el que se viole la ley de defensa. Algo que, según los firmantes, puede dar pie a situaciones en las que militares intervengan concretamente en cuestiones nacionales.

Estados Unidos. Para Lit-vachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Cels, “quisimos marcar una tendencia en algunas decisiones de política del gobierno, especialmente al quedar enmarcado en el paradigma de la guerra contra las drogas, que ha tenido efectos muy negativos en la región. Y al mismo tiempo, con el documento quisimos dar una información más precisa en cuanto a innumerables reuniones que se tuvieron con funcionarios del gobierno estadounidense, con el gobierno francés... Quisimos indicar que se está generando una política, enmarcada en la cantidad de reuniones que hubo, más algunas definiciones que se tomaron, líneas que se dieron en algunos cursos. La idea fue poner todos los datos juntos y que haya conciencia de hacia dónde va la política”.

La acción norteamericana contra el narcotráfico y el terrorismo tiene valores con implicancias en la política local. Litvachky explica que “hay un paradigma respecto de las nuevas amenazas que legitima la acción de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Y esto va contra las leyes del país y es una toma de decisión política fuerte”. Y que tiene como contraparte una militarización también de las policías.

Contra las drogas o contra el narcotráfico. La militarización de las policías es el reflejo de una confusión entre seguridad y defensa. “El paradigma tiene que ver con las dos cosas. Nosotros advertimos contra la política hacia las Fuerzas Armadas. La legislación argentina es clara en este sentido y diferencia la defensa nacional de la seguridad interior. Lo que se llama ‘lucha contra el narcotráfico’ implica algunas acciones más duras de las policías”, explica la directora del Cels.

Las tácticas y estrategias de la lucha contra el narcotráfico se transforman en una lucha contra las drogas. Y esto implicaría tener un accionar más violento en cuestiones que podrían resolverse con “políticas de salud pública. Es una confusión”, según la entrevistada.

Uno de los correlatos de toda esta tendencia puede observarse también en los casos recientes de violencia de parte de las fuerzas de Gendarmería y Prefectura en barrios carenciados del cordón sur: “Hay un modo de entender la seguridad, que se pensó en su momento, que tiene que ver con cómo se pensó al cordón sur que respondía a una demanda genuina de seguridad de los barrios y de romper la lógica que había en esos barrios con la Policía Federal. Eso se fue deteriorando con el tiempo. 

Y la actuación de Prefectura y Gendarmería fue complicando la misma situación de los barrios con estos temas. Y ahora, con la idea de replegarlas, queda el territorio como un lugar donde no se sabe qué va a pasar. Lo mismo es lo que denunciamos con los chicos de Barracas, que habla de prácticas permanentes en las que el verdugueo y las detenciones arbitrarias son constantes. Esto terminó siendo un emergente muy grave. Pero es una práctica que venía de antes. Hay cambios, aunque tampoco podemos decir que sean prácticas que comenzaron ahora: el caso Bulacio es un ejemplo de la tendencia”.

Sin orden judicial. Si bien no hay denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, se advierte que se puede crear un escenario hacia una política de seguridad que incluya detenciones sin causa por averiguación de antecedentes.

Políticas. “Nuestro punto es que si la política de seguridad está en este momento orientada a desplegar policías territorialmente para generar ese tipo de detenciones, las violaciones se van a multiplicar. Porque la policía genera ese tipo de prácticas, y si la política va hacia ese lado, se genera un marco para eso”.

La situación del ejército actuando en política interior, especialmente en inteligencia, fue una acusación sobre el gobierno anterior. ¿Hay continuidad en este sentido? “Para ser precisos –dice Litvachky–, nosotros no tenemos información específica sobre cuáles fueron estas prácticas del ejército. Esto independientemente de que cualquier práctica de inteligencia sea repudiable. Lo que señalamos aquí es el riesgo de una política y su implementación”.

El monstruo que supimos engendrar

Por Jorge Fernández Díaz - LA NACION

Un veterano detective asevera que las multinacionales de la droga no se instalaron plenamente en la Argentina porque éste es un país impredecible, individualista y poco serio, y que tampoco ha surgido un cartel local de proporciones porque el argentino es incapaz de organizarse. 

Se trata de una boutade. Pero es cierto que los grandes holdings del narco lavan dinero y operan aquí a mansalva aunque siempre de paso, vendiendo su mercancía a múltiples entrepreneurs autóctonos para solventar su propia logística y concentrados esencialmente en el negocio de la exportación: tienen el criterio de cualquier inversor transnacional, nunca los ha convencido poner dinero a gran escala en una sociedad inestable y con la costumbre de transgredir todo el tiempo las reglas. 

El delito sólo es el lado oscuro de la lucha por el dólar, explicaba Raymond Chandler. Los megamillonarios de la cocaína se aprovechan de las instituciones débiles y proveen a distancia a las pymes protegidas por uniformados, pero sin atreverse a abrir casas matrices ni filiales. Tenemos la "suerte" de ser demasiado chantas, chapuceros y erráticos para su gusto. Aunque esa desinversión, como se sabe, no nos libró del boom de los estupefacientes, que en su forma atomizada y caótica se consolidó bajo la "década ganada", detonó el consumo social, incrementó la violencia y se convirtió en el modus vivendi de miles de personas.

Llegar al fondo del fenómeno de la inseguridad implica siempre bucear en las características de la sociedad que lo engendró. Ya en 1930, Borges aseguraba que "el argentino es un individuo, no un ciudadano". En nuestra patria -describía-, quien entrega a un delincuente es una canalla y la policía es una mafia. Sobre esta cultura histórica se suman pecados más actuales que fuimos cocinando a fuego lento. Convertimos el Estado en un propulsor de delitos y en un protector de malvivientes. 

Mantenemos un sistema de financiación de los partidos políticos que alienta la recaudación más oscura. Otorgamos un presupuesto bajísimo para salarios y fondos operativos a las policías, con lo que obligamos a que se moneticen brindando cobertura a ladrones y traficantes. Permitimos sistemas carcelarios con presupuestos exiguos que se autogobiernan y conforman de hecho una infalible escuela superior del robo y el secuestro. Dejamos que colonizaran ide- ológicamente a la Justicia con un garantismo caricaturesco, que en nombre de la piedad es impiadoso con las víctimas. Mantenemos niveles de desigualdad y de hecatombe educativa que son motores de marginalidad, cuentapropismo criminal y numerosos joint ventures de la coca y el paco. Y fuimos frívolos frente a la política de parches, purgas y camaritas sabiendo de sobra que no solucionan el problema de fondo. La combinación de todos estos factores explica entonces nuestra enorme hipocresía y pasividad, y las calamidades consecuentes a las que nos enfrentamos ahora que el agua nos llega al cuello.

Conviene, al respecto, hacer un breve informe de daños. La tasa de delitos graves empeoró en 1995, explotó en 2001 y tuvo otra notable trepada en 2008, cuando decidieron emular en esta área sensible la gran broma de Moreno: también destruyeron el termómetro para ocultar la enfermedad. Sin embargo, algunas cifras de los últimos dos años pudieron reconstruirse, sobre todo los homicidios (por las denuncias) y los robos de autos (por los seguros). 

El Sistema Nacional de Indicadores Criminales indica que los asesinatos y los robos este año descendieron, pero el Gobierno no quiere dar a conocer estos guarismos semestrales porque les parecen inoportunos y hasta ofensivos en medio del espanto social y porque ese declive se da todavía en un contexto altísimo: el conurbano y Santa Fe están "muy calientes", como se dice en la jerga. Una encuesta de la UADE revela que el 79% de los argentinos no confía en la policía y que tres de cada diez sufrieron alguna clase de hurto o agresión durante el último año. Otro sondeo que analizan en el Gabinete muestra la inflación como gran preocupación popular. Según Rosendo Fraga, la inseguridad suele ser la segunda prioridad de la gente cuando se estabiliza la economía y de hecho será una de las tres cuestiones que gravitarán en las elecciones del próximo año, junto con la reactivación y la división del peronismo.

Dos episodios llamaron mucho la atención de Eugenio Burzaco en los últimos días. Una visita a una villa de San Miguel le permitió constatar que en diez meses allí se registraron cinco homicidios: cuatro de ellos eran ajustes de cuentas entre bandas. La droga quebró los viejos códigos del hampa: antes los chicos eran intocables; hoy se los asesina sin remordimientos. El otro caso tiene que ver con el rol irresponsable de la Justicia y con la muerte de Miriam Amelia Copolillo, ultimada en Morón: los dos motochorros tenían entre 17 y 18 años, iban con chalecos antibalas y munidos de pistolas, y uno de ellos había sido detenido dos veces este mismo año por robo a mano armada.

La piratería del asfalto, por su parte, está menguando y el decomiso de narcóticos aumentó un 200%, pero eso fue posible porque las fuerzas federales se abocaron a esos rubros; gran parte de ellas serán retiradas de la faena para socorrer a la provincia de Buenos Aires. Es el drama de la sábana corta, aunque juran que el anunciado traspaso de gendarmes no será lo que parece: la repetición de un recurso de marketing que resultó improductivo. El traslado fue resuelto en una reunión quincenal que coordina el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, y al que asisten los ministros de Seguridad de Nación, Ciudad y provincia; también el propio Presidente (una vez por mes), la gobernadora y el alcalde. De esa mesa surgieron dos conclusiones: los gendarmes no andarán yirandopor la calle, se ocuparán de operativos especiales y delitos complejos, y la nueva policía porteña se transformará en un modelo a copiar. La convergencia de federales y metropolitanos que realiza Rodríguez Larreta produjo ruidos en varias fuerzas, pero María Eugenia Vidal sigue de cerca la experiencia: quiere importarla a su territorio.

La policía bonaerense está llena de logias y capangas, pero no es una estructura mafiosa piramidal ni un ejército napoleónico. Al principio se creyó que con el cambio de ética muchos se iban a cuadrar, pero algunos jefes son irrecuperables, no saben ser de otra manera. Por lo general en los Estados Unidos un policía se retira con un sueldo y una casa; quien se corrompe entonces es por pura codicia. 

En la Argentina un comisario que tiene a cargo el cuidado de 700.000 personas puede llegar a ganar 30.000 pesos: no es excusa, pero ese personaje no se corrompe únicamente por ambición; con su salario no llega a fin de mes, y esto es así desde que salió de la escuela de policía. Recaudar en paralelo es por lo tanto una práctica intrínseca al oficio, y con el correr de las décadas se convierte en una adicción voraz. Recuperarlos de ese vicio es una tarea ciclópea e insalubre. Y parecen existir dos criterios distintos en el oficialismo: ser un poco flexibles y seguir avanzando, o cortar el nudo de cuajo. Hoy parece haber un mix de las dos recetas, y el resultado es una limpieza ostensible que convive con una resistencia salvaje: trabajo a reglamento y liberación de zonas. No hay otra policía en el mundo que se parezca a la bonaerense. Su reforma debe ser urgente y original. Es el mayor desafío de esta sociedad sin reglas. Que ama la desorganización.

Así será la nueva Policía de la Ciudad

(La Nación) - Se unificará la Policía Metropolitana con la Federal; esto supone un cambio en el uniforme y los vehículos.

Un vehículo de la nueva Policía de la Ciudad. Foto: DyN

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció hoy que "esta semana" enviará a la Legislatura porteña el proyecto de Ley Integral de Seguridad Pública, que permitirá "la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires".

"Estamos anunciando que estamos mandando el proyecto de ley a la Legislatura. Es una ley que va más allá de la policía, que habla del sistema de Seguridad de la Ciudad", enfatizó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en declaraciones a un grupo de medios, entre ellos DyN.

La presentación formal se realizará mañana a las 10.15 en el Instituto Superior de Seguridad Pública, ubicado en Santiago de Compostela 3801, de esta ciudad.

Los uniformes de la nueva Policía de la Ciudad. Foto: DyN

La unificación de la Policía Metropolitana con la Federal también supondrá un cambio en el uniforme, el cual tendrá como colores preponderantes el celeste, en chalecos antibalas, y el bordó en remeras, poleras y camperas.

En ese marco, Rodríguez Larreta manifestó que "llegado el momento" van a "tener el honor de anunciar la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que va a nacer cuando se vote la ley", que deberá ser aprobada por mayoría simple (31 votos) por la Legislatura porteña. "La propuesta de seguridad contempla que los policías se concentren en ser policías y no tengan que cumplir tareas administrativas", precisó.

Además, destacó que "la idea es que los policías sean policías que estén en la calle, y que todas las otras funciones sean cumplidas por gente que sea parte del ministerio (de Seguridad)".

Un vehículo de la nueva Policía de la Ciudad. Foto: DyN

En tanto, reveló que "la designación" del jefe de la Policía de la Ciudad será realizada por el jefe de Gobierno Porteño, y aclaró: "Hoy todavía el cargo de jefe de la Policía de la Ciudad no existe porque no existe la Policía de la Ciudad. Se va a decidir cuando la ley esté votada".

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, precisó que "el proyecto de ley tiene una mirada integral de la seguridad", y está "pensado en base a cuatro cuestiones: gobierno civil, transparencia, participación ciudadana, y capacitación y formación (del personal policial)". Ocampo afirmó que el proyecto de ley contempla que los agentes de la nueva policía trabajen "ocho horas" al día, y establece la "unificación de salario" según el escalafón al que pertenezcan.

Por último, indicó que "contempla" un cupo femenino dentro de la fuerza policial, la cual tendrá "aproximadamente 25 mil efectivos". - Agencias DyN

Revelan que el grupo Halcón trabaja con equipamiento viejo y sin mantenimiento

Por Ezequiel Spillman - Perfil.com - Después de la muerte de un efectivo, Vidal pidió una auditoría: armas con quince años de antigüedad y escudos y máscaras en malas condiciones, entre las conclusiones.

Encuentro. El miércoles último, la gobernadora y el ministro Ritondo visitaron a uno de los comandos del grupo. Foto:cedoc

Escudos y máscaras en malas condiciones. Armas con una antigüedad superior a los 15 años y con escaso mantenimiento. Más de diez años sin adquirir nuevo equipamiento. Y con causas judiciales abiertas sin una debida estrategia jurídica de parte del gobierno provincial.

El estado de la División Especial de Seguridad Halcón, más conocida como el Grupo Halcón, prendió las alarmas de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. En especial después de un hecho desgraciado: el asesinato, con un balazo en el rostro, de un agente cuando se realizaba un allanamiento en Laferrere, La Matanza, a mediados de septiembre.

Hace diez días, cuando viajó a Bahía Blanca, hizo esperar a sus asesores en los autos oficiales y fue a darle el pésame de manera personal a la familia del agente. No quiso fotos. Siquiera lo difundieron sus voceros. Estuvo sola.

Es que el caso la impactó de tal manera que pidió informes sobre el estado del grupo de élite. No fue sorpresa: la desinversión y el estado de abandono en términos de equipamiento era elocuente. “Encontramos todo deteriorado, desde los cascos hasta armas viejas, era un desastre, lo mejor que tenían era el capital humano con agentes de experiencia”, confiaron en el Ministerio de Seguridad.
El Grupo Halcón, que depende de la Policía Bonaerense, funciona con más de setenta comandos, divididos en equipos de 15 miembros de élite. Cada grupo especial tiene, al menos, dos francotiradores, un médico, un experto en explosivos, un especialista en negociaciones, otro en comunicación, un experto en inteligencia y ocho miembros de asalto.

En ese marco, Vidal le encargó al Ministerio de Seguridad que encare una serie de compras: según pudo saber PERFIL para este año se sumaron 150 chalecos, municiones (había escasez), pistolas no letales, equipos de fibra óptica, veinte escudos nuevos, 150 pistoleras, 150 linternas (usaban unas pequeñas de las que se compran en los supermercados), cuatro fusiles de presión, veinte fusiles de asalto y pistolas Glock.

El último miércoles Vidal estuvo con uno de los comandos junto al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. Hablaron casi diez de ellos. Se emocionó cuando escuchó de boca de los efectivos que aunque no haya dinero su vocación era defender su grupo.

Ese día, la gobernadora viajó al local “La Enramada”, en Gonnet, para asumir como presidenta del PRO bonaerense. La esperaban los dirigentes más importantes del partido para legitimar su liderazgo, desde intendentes a funcionarios nacionales. Allí relató su experiencia. Contó que los efectivos le confiaron que prefieren “morir salvando vidas y defendiendo la ley”, como su compañero asesinado la semana pasada, “y no de un ACV o en un accidente de tránsito”.

Argentina y Estados Unidos firman un acuerdo sobre drones militares

Por Paula Lugones - Clarin.com.

Así, nuestro país se suma al llamado “Joint Declaration of Principles regarding the use and export of military UAVs”, un compromiso político en el que la administración de Obama trabaja desde hace tres años. 

Visita del presidente de EE. UU. Barack Obama, a la Argentina. Foto Juan  Tesone.

La Argentina suscribirá en los próximos días un compromiso impulsado por Estados Unidos sobre control de drones de uso militar, según informaron fuentes del Departamento de Estado a Clarín.

Portavoces del gobierno estadounidense señalaron que nuestro país se sentará en la mesa chica del lanzamiento del llamado “Joint Declaration of Principles regarding the use and export of military UAVs”, un compromiso político en el que la administración de Barack Obama viene trabajando hace más de tres años y que verá la luz el 5 de octubre en Nueva York. “Queremos construir nuevos standards internacionales de uso y exportaciones de drones”, explicó la fuente a esta corresponsal, porque “hay una percepción equivocada de que es algo fácil de usar, de negar y díficil de regular internacionalmente” y ellos buscan revertir esa visión.

La información proviene del Departamento de Estado. Consultados el ministerio de Defensa y la Cancillería argentina, no dieron precisiones sobre el tema.

En este caso no se trata de los drones comerciales o de vigilancia sino los que están equipados militarmente y pueden ser utilizados para lanzar ataques en cualquier lugar, muchas veces sin ser detectados y sin conocer realmente quién está al mando de los controles. “Queremos empezar una conversación, sabemos que es un tema muy sensible, muy político, incluso en Estados Unidos. Pero es un primer paso para una discusión muy necesaria”, señalan desde el Departamento de Estado. Washington ha sido criticado por el uso de este tipo de drones en supuestas operaciones secretas en países donde buscan combatir al terrorismo.

El compromiso establece principios como la aplicación de la ley internacional y de respeto a los derechos humanos para utilizar estos drones (como por ejemplo que no sean usados contra la población civil); el seguimiento de la venta de estos artículos para que realmente se los utilice con los fines para los que fueron comprados; el compromiso de vender drones armados solo a quienes tengan una historia consistente de respeto de la ley y los derechos humanos, entre otros.

La declaración probablemente se quede corta respecto de lo que muchas organizaciones de derechos civiles y control de armas y drones propugnan, pero para el Departamento de Estado representa “un importante primer paso”. Creen que “los países que están en la fundación de este compromiso deben ayudar a crear los stándares internacionales y ser socios en la discusión”.

Los grandes fabricantes y exportadores de drones del mundo son Estados Unidos, China, Israel, la Unión Europea y Turquía. “Si ellos firman el compromiso va a tener más impacto”, señalan. Pero dicen que la firma de Argentina “es importante porque buscamos que suscriban países de todas las regiones del mundo”.

Extraña demora: Seguridad pagó por cuatro helicópteros en 2010 y sólo recibió dos

Por Edgardo Aguilera - Ambito.com

TARDANZA PRIVADA EN CUMPLIR EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN

No llegan. De los cuatro helicópteros Bell UH-1H, Huey II comprados en 2010 sólo llegaron dos.

A cinco años de la firma de un contrato de adquisición de cuatro helicópteros Bell destinados a la Gendarmería, y que el Ministerio de Seguridad pagó por completo, sólo se recibieron dos máquinas. La licitación pública se lanzó en mayo de 2009, luego por decisión administrativa 893/2010 se aprobó la contratación, hubo una única oferta del Grupo Módena. La operación comercial se resolvió durante la gestión del entonces ministro Julio Alak y el seguimiento del contrato continuó en el período de Nilda Garré. 

La firma Módena cotizó 3.988.982 dólares por cada unidad, un total de 15.955.928 por el lote de 4 helicópteros marca Bell, modelo UH-1H, Huey II. El Estado pagó todo y a la fecha sólo cuenta con la mitad de las aeronaves. El contrato estipulaba que los helicópteros provenientes de los Estados Unidos serán llevados al estándar Huey II en la Argentina por la firma Módena.

La versión Huey II es una modernización que asegura el aumento de la performance de la aeronave y el sostenimiento técnico por parte del fabricante: Bell Textron Helicopter. El primero de la serie recién fue incorporado a la actividad operativa en marzo de 2015, mientras que el segundo, ya convertido a Huey II, aún no puede volar, restan trámites de habilitación y certificación por parte del fabricante y de la autoridad aeronáutica nacional. 

El Ministerio de Seguridad, responsable de la operación, advirtió que había un contrato ejecutado durante el kirchnerismo al que le faltaban los bienes adquiridos. 

La presión por contar con medios aéreos para combatir el narcotráfico en la frontera del NOA y el NEA hizo el resto. Patricia Bullrich dio instrucciones y se convocó de urgencia a Cristiano Rattazzi, titular del Grupo Módena. La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete del ministerio, Pablo Noceti, acompañado por el auditor Sergio Lombardo. Bullrich pasó de apuro unos instantes, sólo para saludar al empresario automotor. "Nos debe 8 millones de dólares", palabras más o menos fue la frase que abrió la conversación del lado de Seguridad. 

La estadounidense Bell, proveedora de las células (estructuras) y del kit de conversión a Huey II, quedó en medio del sofocón. Hay una factura con el membrete Módena-Bell, que la identifica como parte, aunque el único actor en la licitación es Módena. La firma de Rattazzi se comprometió a apurar los tiempos para actualizar y poner en servicio los dos helicópteros faltantes y completar el trámite de habilitación del que está listo para operar. 

La Gendarmería necesita estas máquinas para aeromovilidad y despliegue rápido de tropas al punto donde se detecten actividades ilícitas. También se busca contar con otras plataformas aéreas de vigilancia (inteligencia electrónica), trámite que con máquinas Tecnam 2006T impulsa el brigadier retirado Vicente Autiero, subsecretario de Coordinación del Ministerio de Seguridad. 

El Ejército cuenta con un taller habilitado por Bell que efectúa la conversión a Huey II a los helicópteros de la Aviación Militar. Esas instalaciones están en el Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento de Aeronaves 601.

Llegaron fuerzas federales a 11 ciudades de Santa Fe para combatir el narcotráfico

Por Germán de los Santos - LA NACION
Junto con la policía provincial realizarán amplias tareas de "vigilancia ciudadana"

El primer contingente de Gendarmería desplegado desde ayer en las calles de Rosario. Foto: Marcelo Manera

ROSARIO.- Los efectivos federales arribaron ayer a once localidades de la provincia de Santa Fe, donde, según definió la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, realizarán tareas de "vigilancia ciudadana" y combatirán las bandas narcos que provocaron un espiral de violencia en los últimos años en esta ciudad y en la capital provincial.

Desde ayer comenzó a regir el acuerdo que firmó el Ministerio de Seguridad de la Nación y el gobierno santafecino para el combate de la inseguridad y el narcotráfico que regirá hasta el 31 de diciembre de 2017. En ese lapso la policía de Santa Fe -con 22.300 uniformados en toda la provincia- y los efectivos de seguridad federales trabajarán de manera coordinada bajo la dirección de un comité operativo, que estará al mando del director de Inteligencia Criminal de la Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni.

Bullrich demarcó las funciones que tendrá cada fuerza, algo que estuvo en el centro de la polémica en la negociación del acuerdo de seguridad que se firmó el 12 de este mes. "Las fuerzas nacionales no estarán a cargo de la seguridad de la provincia, que es una materia indelegable del gobernador, sino que se ocuparán de los delitos federales", explicó la ministra.

Es la tercera vez que desembarcan fuerzas federales en Santa Fe desde el 9 de abril de 2014, cuando arribaron más de 2400 efectivos en un operativo que apuntó al desmantelamiento de los búnkeres: en sólo unas horas fueron allanados 69 quioscos de droga, pero la cantidad de cocaína secuestrada fue escasa.

Los gendarmes se quedaron hasta fines de diciembre y luego se replegaron hasta mayo, cuando en medio de la campaña electoral en Santa Fe las fuerzas federales retornaron. Lo que ocurrió en esas dos oportunidades, según admitieron en el Ministerio de Seguridad de la Nación, es que "la policía desapareció de las calles" y los problemas de narcomenudeo y violencia que había en sur de Rosario se trasladaron luego al norte de la ciudad. Los patrullajes de la Gendarmería en las calles se ganaron el respaldo de la población, que tiene desconfianza de la policía. Pero no lograron bajar la violencia que aflora a través de las peleas entre bandas. Según el Informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) publicado en abril pasado, esta provincia tiene un índice de 12,2 asesinatos cada 100.000 habitantes, que es el doble de la media nacional.

Esa violencia cotidiana se expresó anteanoche en el barrio 7 de Setiembre, donde un joven de 26 años murió tras recibir diez tiros. Leonardo Maciel fue interceptado por dos sicarios en moto cuando se trasladaba en su auto con su pareja y sus dos hijas, que no sufrieron lesiones. Unos minutos después fue atacado el primo de la víctima de la misma forma.

En la reunión que Bullrich y Lifschitz mantuvieron con los jueces y fiscales federales, la ministra planteó que unos 400 efectivos de fuerzas nacionales tomarán unas 300 causas sobre narcotráfico que la policía provincial viene investigando en Rosario. Hay otras investigaciones que aún no fueron judicializadas que van a ponerse en marcha en territorio santafecino.

Se proyecta un esquema de trabajo nuevo, con grupos especializados en inteligencia criminal que operarán en la provincia con casos particulares que ya vienen siendo seguidos de cerca desde los últimos dos años desde las oficinas en Buenos Aires.

Ante esta nueva forma de trabajo aparecen cuellos de botella en la justicia federal. El lunes próximo la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, anunciará la puesta en marcha de una delegación de la Procuraduría de Narcotráfico (Procunar), que conduce Diego Iglesias. Uno de los objetivos es que un grupo de investigadores judiciales especializados aceiten el trabajo de las fiscalías, tanto de las causas más antiguas que deben llegar a juicio como de las nuevas que se van a generar con el trabajo de inteligencia que realizarán los efectivos federales.

A la par, la policía de Santa Fe seguirá con los patrullajes divididos por cuadrículas, que dejaron a un lado la centralidad de las comisarías. Según explicó el titular de la cartera, de Seguridad Maximiliano Pullaro: "Hay 120 móviles patrullando en 86 zonas y una segunda capa con otros 50 patrulleros, que recibirán el apoyo de una parte de los gendarmes que llegaron ayer, y se centraron en el Barrio Municipal, una zona tomada por ex barras de Newell's que está en permanente conflicto. Las tres escuelas que funcionan allí están con vigilancia policial por los permanentes tiroteos.