Estación espacial, China aceptó cambios en los contratos que acordó con Cristina Kirchner

Por Martín Dinatale - LA NACION
El gobierno de Xi Jinping admitió incluir una cláusula de que la estación espacial de Neuquén "sólo será de uso pacífico".

Se definió como "el fin de la transición" y el comienzo de una nueva etapa tendiente a "reafirmar la asociación estratégica a largo plazo" entre la Argentina y China. En estos términos se encuadró ayer la reunión que la canciller Susana Malcorra mantuvo en Pekín con su par Wang Yi, donde sellaron acuerdos y la administración china aceptó cambios clave que exigía Mauricio Macri en la letra chica de algunos acuerdos avalados anteriormente por el gobierno de Cristina Kirchner.

En este contexto, China aceptó finalmente incluir una cláusula específica pedida por la Argentina para que la estación espacial que se está construyendo en Neuquén sea "sólo para uso civil y pacífico" y se aceptaron modificaciones planteadas al contrato para la construcción de dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz. Además, se acordó un contrato para equipar el observatorio espacial Leoncito de San Juan y la instrumentación de un nuevo programa de visados de la Argentina para ciudadanos chinos.

Para que no queden dudas de la buena sintonía que marca esta nueva etapa, Malcorra y Wang ofrecieron una conferencia de prensa conjunta y anunciaron que Macri hará una visita oficial a Pekín el año que viene, más allá del viaje que hará en septiembre próximo para la cumbre de presidentes del G-20. "Hemos reafirmado un compromiso de Estado entre la Argentina y China en cuanto a una asociación estratégica integral de largo plazo", dijo la canciller argentina, y adelantó que su visita tuvo como objetivo "cerrar este capítulo de la transición acordando los detalles de manera mutuamente satisfactoria". Esos "detalles" incluyeron la incorporación de una cláusula específica en el acuerdo por la instalación de una estación espacial en Neuquén, que será manejada por la estatal china Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC), que depende del Ejército Popular de China y que generó mucha polémica por el eventual uso militar de la estación, que se inaugurará en marzo de 2017. Con esta cláusula, el gobierno de Macri dio por superado el conflicto.

A la vez, Malcorra anunció "la última etapa en la definición" del proyecto de construcción de China de las centrales hidroeléctricas Cepernic y Kirchner. Así, se acordó que las represas no tendrán 11 turbinas, como estaba previsto originalmente, sino ocho, para evitar que la potencia impacte en el ambiente; se reducirá el monto de la obra de US$ 7600 millones a US$ 4000 millones; se aplazarán los tiempos de la obra, y la provincia de Santa Cruz obtendrá un 12% de regalías por la energía transportada al país, aunque el Estado nacional mantendrá la propiedad de las obras.

"Tuvimos un cambio de administración, tenemos acuerdos previos y la administración nueva ha hecho todo para asegurarse que esos acuerdos estén en línea con sus prioridades", resumió Malcorra.

También anunciaron ambos cancilleres un ambicioso plan de infraestructura que está lanzando la Argentina -con proyección a cuatro años- de unos 100.000 millones de dólares, que abarca puertos, ferrocarriles, energía y minería. "China aprecia que el gobierno argentino siga adhiriendo firmemente a la política de una sola China", dijo el canciller Wang ante Malcorra y el embajador argentino Diego Guelar.

También hubo coincidencias para avanzar en acuerdos de construcción de dos centrales nucleares de China en la Argentina y en el financiamiento de Pekín para el equipamiento del Belgrano Cargas. Según pudo saber LA NACION, otro punto acordado es la puesta en marcha de un sistema de flexibilización de visas para los chinos que vengan a la Argentina. Se extenderá de dos a cinco años el sistema de visas para turistas chinos con ingresos múltiples cada 90 días. En relación con las inversiones de minería de China en la Argentina, se prevé para el próximo 24 de junio un road show en Pekín para presentar los proyectos de explotación de cobre y litio en el norte argentino.

Críticas chilenas a la decisión de extender la plataforma argentina

Por Natasha Niebieskikwiat - Clarin.com - Funcionarios de ese país creen que la ampliación de los límites marinos se superpone con sus territorios antárticos.

La concesión de un reclamo que había hecho la Argentina ante las Naciones Unidas para  la extensión de su plataforma continental impactó finalmente en Chile, donde diversos funcionarios minimizaron el alcance de la resolución. Para Chile, el mapa mostrado por la Argentina se proyecta sobre su territorio antártico. Pero hubo quien fue más allá: un director nacional de la Cancillería trasandina definió a las Malvinas como territorio británico.

El contrapunto tiene relación con la reciente aprobación en una comisión de la ONU que depende de la llamada Convención Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del nuevo “Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina”, que le concede al país 1.700.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental, más allá  de los 200 metros de profundidad y de las 350 millas desde la costa. Este espacio se proyecta incluso con las islas Malvinas, las Georgias del sur y las Sandwich del Sur, además de la llamada Antártida Argentina.


Y si bien tanto la canciller Susana Malcorra como su vice Carlos Foradori subrayaron que al haber un conflicto de soberanía sobre Malvinas y las otras islas la ONU congelaba cualquier extensión de territorio, en Londres y Malvinas manifestaron la invalidez de los anuncios. 

Ahora también lo hicieron en Chile. Mientras el canciller Heraldo Muñoz estipuló que el nuevo mapa argentino tenía “implicancia ninguna”,  el ministro del Interior, Jorge Burgos, instó a que la situación se debía resolver de forma “muy amistosa, como siempre se ha hecho”. Argentina reclama el territorio antártico entre la longitud de los 25° O y los 74° O; Chile, entre los 53° O y los 90” O, lo que superpone los reclamos entre los 53° O y los 74°O.

Con todo, funcionarios de ambas capitales consultados por este diario descartaron algún desentendido o planteo oficial. Pero llamaron la atención, las declaraciones al diario chileno la Prensa Austral, del director nacional del Instituto Antártico Chileno (Inach), José Retamales Espinoza, funcionario de la Cancillería vecina:  “La plataforma continental extendida, que ha hecho la Argentina, es lo que han hecho varios otros países como Reino Unido, Noruega y Australia. En algunos casos han incluido a la Antártida. Chile también está haciendo los estudios para declarar su plataforma continental extendida, que va más allá de las 200 millas marítimas”.

Agregó que igual ningún reclamo tiene aplicación, porque el Tratado Antártico los congela. “Si uno observa este mapa se da cuenta de que lo que están diciendo es que existen 200 millas desde el borde costero e incluye además a las islas Malvinas, que obviamente es territorio británico. En parte, ese bloque del continente blanco no es chileno ni argentino ni del Reino Unido, ni ningún país reconoce que alguna de esas tres naciones, que tienen reclamaciones en esta área, sean dueños de ese espacio”.

Soberanía y recursos, ejes del fallo de la ONU sobre la extensión territorial (IV)

Por Martín Dinatale - LA NACION
Una comisión del organismo reconoció la ampliación de la plataforma continental marítima; la decisión suma 1,7 millones de kilómetros cuadrados de superficie a la Argentina.

La Cancillería anunció ayer el fallo de la comisión de la ONU que extendió el territorio argentino.

Foto:DyN

Un paso más en la ratificación de soberanía de las islas Malvinas con aval de las Naciones Unidas y futuros negocios petroleros en alta mar. Éstas son las dos variables que se impondrán tras el anuncio que hizo ayer la Cancillería para presentar el nuevo límite exterior de la plataforma continental argentina, que incorpora 1.700.000 kilómetros cuadrados de superficie al país.

El fallo, que sienta un importante precedente histórico, lo determinó la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental, un órgano científico integrado por 21 expertos internacionales de reconocido prestigio y creado por la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar. La medida se adoptó por consenso el 11 de marzo pasado en una reunión reservada sobre las recomendaciones presentadas por la Argentina desde 2009.

Ayer, la Cancillería formalizó el anuncio de este fallo que LA NACION adelantó el domingo pasado. La superficie comprendida en la demarcación presentada, entre las 200 millas marinas y el límite exterior, es de aproximadamente 1.700.000 km2, es decir equivalente a cerca del 48% del territorio emergido de la Argentina, que se suman a los aproximadamente 4.800.000 km2 comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas marinas.

Según dijo ayer el vicecanciller Carlos Foradori al presentar el fallo de la ONU en el Palacio San Martín, la medida adoptada "reafirma los derechos de soberanía" del país en el Atlántico Sur y establece una "zona política, económica y estratégicamente importante".

En tanto, la canciller Susana Malcorra, que no pudo estar en la presentación porque viajó a Estados Unidos, remarcó que "se ha dado un gran paso en la demarcación del límite exterior de nuestra plataforma continental, el límite más extenso de la Argentina y nuestra frontera con la humanidad".

"Es un logro muy significativo de la política exterior de la Argentina, a través de una verdadera política de Estado", resumió la canciller al elogiar la presentación formal que comenzó a hacer la Cancillería en 2009 en la ONU. Aunque desde 1996 se viene trabajando en el tema.

Desde 2009 hasta ahora se hicieron 77 presentaciones y sólo cuatro países se expresaron total o parcialmente en desacuerdo.

Para el relevamiento de la zona se usaron uno 195.760 km de datos para el trazado del límite exterior de la plataforma continental argentina y hubo 12 campañas oceanográficas en el margen continental argentino para presentar ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental.

Desde el punto de vista político, la medida reafirma el derecho soberano de la Argentina en las islas Malvinas ya que establece una extensión territorial por la plataforma marítima. La comisión de las Naciones Unidas que avaló la presentación argentina para ampliar la plataforma continental nacional admitió en sus informes que hay una "cuestión de soberanía" por las islas Malvinas con el Reino Unido, aunque no se involucró en la cuestión de fondo del conflicto con Gran Bretaña. En este sentido, el vicecanciller dijo: "La mención de esta comisión de que hay una disputa de la Argentina con el Reino Unido por las Malvinas reconoce la existencia de una disputa. Es un hito más en el camino del reclamo. Es una fábrica de creación de soberanía, silenciosamente, en forma constante".

La decisión fue tomada con cautela y sorpresa por los habitantes de las islas que bajo el amparo del Reino Unido hoy ocupan las Malvinas. En este sentido, el legislador de las islas Mike Summers expresó a LA NACION: "No sería normal que la ONU se pronunciara sobre una superficie para la que hay aplicaciones que compiten" , dijo. A la vez, aclaró que buscarán una aclaración sobre lo que realmente dijo la ONU".

Desde una evaluación económica del impacto del fallo, la Cancillería destacó que se reafirmaron los derechos argentinos de soberanía sobre los recursos de nuestra plataforma continental en cuanto a minerales, hidrocarburos y especies sedentarias, como langostas y mejillones, entre otros recursos por explotar. "Hay riquezas allí que ni siquiera todavía conocemos", admitió el vicecanciller Foradori.

Para desarrollar proyectos de exploración o explotación de esta zona, el sector privado u otro país deberá contar con el consentimiento expreso de la Argentina. En la Cancillería no pudieron precisar si hubo alguna empresa interesada en el área, ya que el fallo es muy reciente.

La experta en temas de derecho del mar y coordinadora de la comisión que llevó el tema a la ONU, Frida Armas Pfirter, explicó ayer que el nuevo límite implica que ahora la plataforma continental del país alcanza los "6.000.000 de kilómetros cuadrados".

Por un fallo de la ONU, Argentina agranda 35% su plataforma marítima (II)

Por Natasha Niebieskikwiat - Clarin.com
El Comité especializado en derechos del mar aceptó un reclamo de 2009. Se ganan 1,7 millón de kilómetros cuadrados.


Un buque de Greenpeace recorre el mar argentino a la altura de Puerto Madryn.

En un hecho histórico que hace a las cuestiones de soberanía nacional, la 40° Comisión de Límites de la Plataforma que depende de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), acaba de aprobar por unanimidad un pedido argentino de extensión sobre el límite exterior de la plataforma continental, que incluyen las Malvinas, las islas del Atlántico Sur y Antártida. En la Cancillería explicaron que por esta decisión el país ganará 1.700.000 kilómetros cuadrados (35% más que la superficie actual) de plataforma continental comprendidos en la nueva demarcación que se presentó, en 2009, es decir entre las 200 millas marinas y el límite exterior. Sólo ese porcentaje representa el 48% del territorio nacional y se sumará a los 4.800.000 kilómetros cuadrados entre la línea de base y las 200 millas marinas.

“Estamos reafirmando nuestros derechos de soberanía sobre los recursos de nuestra plataforma continental: minerales, hidrocarburos y especies sedentarias”, señaló a este diario la canciller Susana Malcorra horas antes de la presentación de este nuevo límite exterior que hará el lunes en el Palacio San Martín, el vicecanciller Carlos Foradori, que preside Comisión Nacional de Límite de la Pataforma Continental Argentina (COPLA). Estarán junto a él la Armada , la Prefectura y legisladores nacionales.

“La demarcación del límite exterior de la plataforma continental, constituye un verdadero ejemplo de política de Estado en donde se ha trabajado con profesionalismo durante casi 20 años con el propósito de reafirmar nuestra presencia, preservar nuestros recursos y reafirmar nuestros derechos soberanos en una zona política, económica y estratégicamente tan importante como el Atlántico Sur”, agregó la mininistra.

Con este reconocimiento también las Naciones Unidas aceptan que hay una disputa sobre las islas del Atlántico Sur, otra victoria diplomática. Sin embargo, no habrá cambios en el sentido de que Argentina no ejercerá estos derechos sobre territorios y espacios marítimos que el Reino Unido administra unilateralmente desde 1833.

Pero Foradori señaló: “Esto no es una disputa de soberanía sino que fue una creación de soberanía nacional ganada en silencio y en paz trabajando todos los argentinos en equipo a lo largo de los años y de varios gobiernos y con un objetivo común. Fue la generación de una política por diseño y no por accidente”.

La plataforma abarca el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas hasta más allá del mar territorial de todo la prolongación natural del territorio. Hasta que el pasado 11 de marzo la Comisión de límites aprobó la presentación argentina, la plataforma llegaba hasta los 200 metros de profundidad independientemente de las 200 millas de la llamada zona de exclusión marítima. Basta para entenderlo como ejemplo la colocación de una plataforma petrolera no podía ir más abajo de esos 200 metros. Y tampoco se correspondían los derechos sobre recursos.

Ahora, ya no hay límites de profundidad y además se extendió el límite de la base desde la costa hasta las 350 millas. La Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental es un órgano científico integrado por 21 expertos internacionales creado por la CONVEMAR. “La comisión ha reconocido el caso como un leading case pues fue el primero en el que se utilizaron todos los elementos permitidos por las normas vigentes de la forma favorable para el país”. Argentina había hecho su presentación en 2009 bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Sin embargo, es un trabajo que se abrió en 1995 y a travesó todos los gobiernos.

Denuncian que militares paraguayos "invadieron" una isla en Corrientes

Por Urgente24
Una patrulla militar paraguaya desembarcó en la isla de San Antonio de Apipé sobre el río Paraná y secuestró una lancha pesquera argentina por pescar en aguas paraguayas. La intendente de la isla correntina, Mónica Romero, fue la que denunció el hecho, señalando que pidieron una audiencia en la cancillería argentina ante lo que consideran una seria violación de la soberanía argentina.

Isla San Antonio de Apipe, frente a Yaciretá

Los habitantes de la isla de San Antonio de Apipé, ubicada frente a la localidad de Ituzaingó y a la represa de Yacyretá, vivieron en las últimas semanas una situación grave, donde un buque de la armada paraguaya bajó a la isla para secuestrar una lancha de pescadores correntinos.

Fuertemente armados, militares paraguayos pisaron territorio argentino y sin respetar los protocolos y violando la soberanía argentina, decidieron secuestrar una lancha argentina que pescaba en aguas paraguayas, debido a que supuestamente sus tripulantes no habrían querido abonar un apócrifo canon.

La propia intendenta de la isla correntina, Mónica Romero, fue la que denunció el hecho, señalando que pidieron una audiencia en la cancillería argentina ante lo que consideran una seria violación de la soberanía argentina. “Descendieron como si se trataba de territorio paraguayo, saludaron a un prefecturiano y después se llevaron la lancha que venían siguiendo, es algo increíble”, explica la intendenta de Apipé Grande, Mónica Romero, sin salir de su asombro.

Este tema no es nuevo, en reiteradas oportunidades, los acorazados de la Marina paraguaya amedrentaron a los habitantes de la isla a partir de una actitud desafiante. Poniendo sus buques de guerra con el armamento a la vista, muy cerca de la costa de la isla argentina.

A partir de un video captado a través de un teléfono celular, se “muestra algo que no debería suceder. La verdad es una vergüenza, no es la primera vez que ocurre. Hay un manoseo a los isleños y abandono en realidad, porque no pueden venir fuerzas de otros país a proceder de esta manera en nuestras tierras”, dijo la intendenta Romero, que hace tiempo viene denunciando el comportamiento de la Armada de la República del Paraguay.

Esta situación preocupa al Gobierno nacional y ponen en una situación difícil las relaciones con el país vecino. “Nos molestó mucho que el prefecturiano que aparece en la imagen no haya reaccionado, que no haga nada, que no les diga nada. Como que no tenemos derecho a nada y estamos expuestos a cualquier cosa. Ahora estamos esperando la audiencia con Cancillería, iré yo, el viceintendente y los concejales a esa reunión que será esta semana en Buenos Aires. Hablé con el ministro de Coordinación de la Provincia, Eduardo Vischi y él se está ocupando del tema”, indicó la jefa comunal.

Asimismo los habitantes de Apipé expresaron que esta situación se habría debido a que la lancha en cuestión no habría pagado el canon que exigen los militares paraguayos para permitir la pesca en épocas de veda. De hecho, en el audiovisual que se viralizó a través de la red social Facebook, se ve cuando se paga un monto dinerario y la milicia abandona la isla devolviendo la embarcación en cuestión. Supuestamente se pagó una multa de 2.000 pesos por parte de la Municipalidad a las autoridades paraguayas, que tácitamente admitieron el procedimiento.

“Eso nos sirve como documento, ya que ellos habían procedido a secuestrar la lancha; tenemos el acta de que pagamos. Esta gente que se había quedado sin su lancha, tiene hijos, pescaba para su propio sustento y vendía otro tanto para sobrevivir, siempre lo hicieron así, no a gran escala”, expresó Romero según publica el diario La República.

En la isla es vox populi que la Armada paraguaya custodia celosamente los tres kilómetros de exclusión para la pesca por la represa de Yacyretá, pero al mismo tiempo custodian a cientos de pescadores paraguayos que depredan la fauna ictícola en el mismo lugar. Dicen que las leyes y las normas solo son aplicadas para los pescadores argentinos.

Un conflicto de larga data

Por un error de la Cancillería argentina cuando se firmaron los convenios para la construcción de la represa de Yacyretá, se fijaron los límites entre los países de esta manera irregular. Apipé es territorio argentino, pero las aguas que la rodean son de soberanía paraguaya. El desafío de ahora en adelante será intentar enmendar esta situación que lleva a que los habitantes de la isla se sientan constantemente amenazados por la fuerzas armadas paraguayas, que custodian esas aguas.
Quizá este exabrupto sirva de disparador para llegar a un acuerdo que evite las situaciones tensas que se dan entre paraguayos y correntinos en esa zona limítrofe.

Anulan la venta de tierras fiscales a un millonario que pagó $ 9 por hectárea

Por Claudio Andrade (Clarin.com) - Río Negro.Fueron más de 24.000 hectáreas. El comprador estaría ligado al millonario norteamericano Joe Lewis.  Pagaron $ 9 la hectárea.


En Río Negro la justicia provincial anuló la venta de alrededor de 25 mil hectáreas fiscales, pagadas a precio irrisorio, a un particular que es socio del millonario británico Joe Lewis. La transacción se realizó durante el gobierno del radical Miguel Saiz favoreciendo a Mauricio Montes, un comprador que, a través de una serie de trasacciones muy poco claras y pobladas de irregularidades, según manifestó un tribunal provincial, se hizo con casi 24.648 mil hectáreas en la Meseta de Somuncura al precio de 9,18 pesos cada una.

Montes, así, pagó en total 226,268 pesos por una gigantesca fracción de tierra, ubicada en una de las zonas de mayor potencial turístico y productivo que tiene hoy la Patagonia. Sólo para establecer un punto de comparación, según indican los precios de mercado en otras áreas similares del extremo sur -desérticas, despobladas e incontaminadas- tanto de la Argentina como de Chile, el valor de 20 hectáreas marginales puede oscilar entre los US$$ 100 y los 200 mil dependiendo del nivel de acceso al área.

La Justicia rionegrina dio por caída la venta de este verdadero paraíso natural. Desde hace dos años la Fiscalía de Estado venía exigiendo un análisis puntilloso de la transacción ante la Cámara Civil de Viedma. Finalmente un Tribunal en Viedma (capital de la provincia) -compuesto por los magistrados Ariel Gallinger, Luján Ignaci y Sandra Filipuzzi- estableció la nulidad de los actos administrativos de Tierras. Las escritura formalizaba la compra en beneficio de Montes por un total de 24.648 hectáreas.

"Hay un negocio posterior de sacar las tierras fiscales al mercado inmobiliario, donde difiere lo que es el valor fiscal del valor inmobiliario, hay un valor extra que se quedan los ocupantes y los funcionarios. Todo esto se permite porque hay funcionarios que le han sabido sacar una rentabilidad ilegal, hay pagos por debajo que permiten vulnerar la ley de Tierras", denunció hace un tiempo desde la Defensoría del Pueblo de Río Negro, Esteban Aguiar, que hoy es subsecretario de Administración y Proyección Financiera de IPPV.

El diputado nacional Luis Bardeggia -que responde al gobernador alberto Weretilneck-, por su lado, denunció penalmente la compra ante la justicia rionegrina. Bardeggia fundamentó que Montes, en realidad, tenía una sociedad con el empresario inmobiliario Nicolás Van Ditmar. A su vez Van Ditmar, que vive en Bariloche, administra directamente desde hace más de 15 años los intereses de Lewis. El magnate ya es poseedor de 14 mil hectáreas cerca de El Bolsón y construyó su mansión a orillas del Lago Escondido. Otro paraíso sureño.

Bardeggia denunció también la compra de campos fiscales y particulares a 27 y 36,11 pesos la hectárea en Río Negro y Chubut de parte de particulares que luego revenden estos espacios a compañías nacionales y extrajeras. "Han avanzado sobre la montaña en lugares que son únicos, con recursos ambientales, turísticos e hidrológicos que no tienen precedentes", aseguró el legislador señalando por estas transacciones en la cordillera al grupo belga BURCO y Estancia El Foyel SA, entre otros.

Un duro editorial inglés contra el enclave colonial de Malvinas y Gibraltar

(La Nación) - El periodista Simon Jenkins escribió en el influyente diario The Guardian un texto reivindicando la soberanía argentina en el sur y la española en el peñón

El buque de guerra HMS Westminster, listo para zarpar a Gibraltar. Foto: Reuters

La creciente tensión entre España y Gran Bretaña a raíz de la disputa económica y diplomática alrededor del Peñón de Gibraltar, el enclave en territorio español que Londres ocupa desde 1704- la prensa británica se hizo eco de la situación y un periodista que trabaja para Sunday Times y la BBC , escribió un duro editorial contra el gobierno de Cameron y la corona británica en el influyente diario The Guardian , reivindicando la soberanía española en el territorio meditarráneo y también la soberanía argentina en cuanto a las Islas Malvinas.

El periodista Simon Jenkins arremetió contra "los enclaves coloniales británicos" en pleno siglo XXI en un editorial titulado "Gibraltar y las Malvinas niegan la lógica de la historia".

"El Imperio Británico ha desaparecido, está muerto y enterrado, terminado y la sola idea de una nave británica destinada a amenazar a España es ridícula. ¿Se supone que bombardeará Cádiz?", escribe Jenkins y agrega: "El examen de la situación de las colonias británicas actualmente disputadas, Gibraltar y Malvinas , surgen sólo dos conclusiones: o bien la posición inglesa tiene bases sólidas en el derecho internacional, o bien "todo esto no es hoy más que una completa aberración".

Por supuesto que el autor se inclina por lo segundo: "Los Estados-nación del siglo XXI ya no sufren la humillación de ser amputados por esos restos de imperios que datan de los siglos XVIII-XIX -escribe. Hoy, la misma realpolitik impone su desmantelamiento", afirma.

Y expone la duplicidad de la corona inglesa respecto de la cuestión colonial: "Va de suyo que los habitantes de esas colonias tienen derecho a la consideración, pero nunca se ha visto a esos derechos ganarle al realismo político. Por otra parte, ésa no fue nunca la posición de Gran Bretaña. (...) No nos tomamos el trabajo de consultar a la población de Hong Kong o de Diego García, sin mencionar siquiera la idea de acordarles la 'autodeterminación', cuando Gran Bretaña decidió arrojarlas al olvido de la Historia".

DEVOLUCIONES BRITÁNICAS

Jenkins recuerda que Hong Kong fue devuelta a China en 1997 y que Diego García fue entregada al Pentágono en 1973. A los habitantes de Hong Kong, Londres les negó el pasaporte inglés, y a los de Diego García los deportó a Isla Mauricio y a Seychelles.

Luego, asegura que los países sobreviven a la pérdida de sus colonias y pone el ejemplo de Francia y Portugal. Sobre éste último recuerda el caso de Goa, un pequeño estado de la India que los portugueses ocupaban desde el siglo XVI y se negaban a devolver, incluso después de que India declarara su independencia en 1947. Finalmente, los indios lo recuperaron por la fuerza en 1961.

"La comunidad internacional no protestó. No es por lo tanto una casualidad que el [primer] plan de invasión a Malvinas por la Argentina en 1982 haya sido bautizado 'operación Goa': Buenos Aires imaginaba que esto también pasaría como un simple pequeño reordenamiento post-imperial", admite el periodista.

"Las últimas reliquias del Imperio Británico -agrega Jenkins- sobreviven hoy en los intersticios de la economía mundial. Se cuentan entre los grandes ganadores de la hemorragia fiscal permitida por la mundialización financiera; muchas de ellas se han convertido en sinónimo de sinvergüenzadas", precisa.

Y culmina: "Mientras sigan negando la lógica de la Historia y de la geografía, ni Gibraltar ni las Malvinas estarán realmente 'seguras'. Un día de éstos, estas reliquias de otro tiempo terminarán por fundirse de nuevo con sus territorios naturales y cesarán de ser granos de arena en los engranajes de las relaciones internacionales"..

Crean el Fondo para el cruce del Estrecho de Magallanes.

Gobierno oficializó la creación del Fondo Fiduciario del Cruce Marítimo Sur "destinado al financiamiento de las obras necesarias para establecer la conexión marítima entre las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántisco Sur".

En el decreto, publicado por el Boletín Oficial de la Nación, se destaca que el órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera del Sector Público Nacional, estará habilitado a realizar operaciones de crédito público adicionales a las autorizadas en la ley de presupuesto del año en curso, con el fin de disponer un aporte de capital inicial a favor del "Fondo Fiduciario del Cruce Marítimo Sur" por un importe de hasta $1.000.000.000 de pesos, mediante la emisión de Letras del Tesoro a 42 meses de plazo, en los términos y condiciones que fije el órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera del Sector Público Nacional.

Este "Fondo Fiduciario del Cruce Marítimo Sur" tendrá una duración de 10 años, renovable, contados desde la integración de los bienes fideicomitidos. No obstante ello, el fiduciario conservará los recursos suficientes para atender los compromisos pendientes, reales o contingentes, que haya asumido el Fondo hasta la fecha de extinción de esas obligaciones.

Al vencimiento del plazo establecido todos los bienes fideicomitidos que integren el patrimonio del citado Fondo en ese momento serán transferidos al Estado Nacional, en su carácter de fideicomisario, los cuales deberán destinarse a programas con objetivos similares a los del presente decreto.

Fuente: http://www.lmcordoba.com.ar/nota/211478_crean-fondo-para-conectar-el-continente-con-la-antartida

Otra feliz coincidencia con Proyecto Pragmalia:
http://proyectopragmalia.blogspot.com.ar/2011/04/325-implementar-el-corredor-maritimo.html

Otra final Chile-Argentina: dos mineras, millones en juego y una disputa por "confuso" límite geográfico

(iProfesional.com) - Una firma trasandina, perteneciente al poderoso grupo Luksic, se valió de un mapa que muestra a una zona argentina como chilena. El espacio que utilizó para alojar residuos equivale cinco veces al estadio de River. Un funcionario ya perdió su puesto ante un reclamo que no da muestras de resolverse

Por estos días se disputa en la zona cordillerana un revival -menos pacífico por cierto- del último enfrentamiento entre Chile y Argentina. En este caso no se da en el terreno deportivo sino en el campo de los negocios. La disputa ha ido creciendo a tal punto que en los últimos días derivó en la salida de un funcionario de la primera línea política del país trasandino.

El conflicto, que involucra millonarios montos en juego, vuelve a colocar sobre la mesa uno de los temas más ríspidos de la relación entre ambos países: los límites geográficos. El inicio de las controversias tiene su origen en un choque de megaproyectos controlados por dos mineras "peso pesado" ubicadas a un lado y otro de la frontera. 

En un "rincón", la compañía Glencore, que en la Argentina opera un yacimiento de envergadura como el de Bajo La Alumbrera, en la provincia de Catamarca.

Para tener idea de sus movimientos empresariales, este año se comprometió a invertir nada menos que u$s3.000 millones para extraer cobre de las reservas de El Pachón, en territorio sanjuanino.

Del otro, una compañía que propiedad del grupo chileno Luksic, el más rico de Chile, que fuera denunciada por depositar residuos contaminantes en terrenos de la primera. La empresa involucrada opera bajo el nombre de Los Pelambres.

Se trata de una demanda multimillonaria y el origen de la disputa es el límite geográfico que delimita donde empieza un país y termina otro. 

Concretamente, la compañía chilena depositó toneladas de residuos mineros en una zona que, a su entender, pertenece a Chile. La otra empresa, por el contrario, afirma que ese es territorio argentino. 

La primera enfatiza que para sus operaciones utilizó un mapa del Instituto Geográfico Militar confeccionado en 1985.

Éste fija el límite entre Argentina y Chile casi dos kilómetros al este de lo que está. Es decir, establece que una franja del territorio argentino fue "comida" por el país trasandino. 

Según la argentina Glencore, la chilena ha dejado sobre tierras albicelestes escombros y residuos mineros que ocupan una superficie similar a cinco veces el estadio de River Plate.

En esa área se concentran hasta 50 millones de toneladas de material rocoso y distintos insumos para la extracción (bajo el nombre de Cerro Amarillo).

Disputa legal

¿Qué pasó entonces? La firma que opera en suelo argentino (Glencore) elevó una denuncia a la Justicia Federal de San Juan y activó una querella penal contra los principales ejecutivos de la compañía chilena (Los Pelambres). 

A estos últimos no sólo los acusa de haber violado diferentes leyes vinculadas con el tratamiento de residuos peligrosos sino, además, de haber presuntamente causado la contaminación de aguas cercanas, producto de los distintos vertidos alojados en Cerro Amarillo.

La magnitud de la denuncia cobró tal fuerza del otro lado de la Cordillera que se concretó la dimisión de Adolfo Galindo, el jefe de Gabinete de la ministra de la cartera, Aurora Williams, según indicaron a iProfesional fuentes del Ministerio de Minería chileno.

Complicación de Gobierno

Conforme el conflicto fue ganando en intensidad, han ido trascendiendo documentos que lo "enredan" en la disputa comercial y diplomática entre ambas compañías.  Al parecer, en medio de este litigio Galindo envió cartas con membrete oficial a los abogados de la compañía que opera en la Argentina.

En las misivas afirma que la minera de los Luksic había actuado "de buena fe", cuando los residuos fueron dejados en un territorio (Cerro Amarillo) que, en principio, pertenecía a Chile. No obstante, luego se determinó que ese lugar es suelo argentino y que, además, es parte de la zona en la que opera la compañía Glencore.

En este contexto, el ex jefe de Gabinete entregó copias con su firma, sobre los peritajes técnicos que favorecían la defensa de la chilena Pelambres. Ahí se generó un segundo (y curioso) problema: los documentos no contaban con la firma oficial. La compañía chilena adujo que entre 2007 y 2011 se traspasó la frontera porque la empresa no fue notificada.

A partir de este hecho y de la confusa participación del entonces jefe de Gabinete, hace unos días desde el Ministerio ordenaron la apertura de un sumario que ya estaría por concluir y en el que Adolfo Galindo no saldría bien parado.

Ofensiva local

Desde Glencore enfatizan que se trata de "una obra ilegal" y remarcan que el juez dictaminó "hace tres meses adoptar medidas ambientales precautorias". Sin embargo, los demandados "aún no han hecho absolutamente nada". 

De acuerdo con fuentes cercanas a la causa podría presuponerse que la empresa chilena o cometió un error o bien se aprovechó de ese mapa para colocar los residuos en una zona más cercana a su área de explotación.

De acuerdo con lo que pudo averiguar iProfesional, Los Pelambres opera a casi 4.000 metros y produce a razón de 350.000 toneladas anuales del mejor cobre. El yacimiento, controlado por el gigante Luksic, inició su funcionamiento en el transcurso del 2000 y se calcula que su vida útil superará el año 2100.

Los Pelambres pertenece en un 60% al emporio que encabeza Andrónico Luksic, titular del holding homónimo, que opera bajo la sociedad Antofagasta Minerales.  Con más de u$s13.500 millones según Forbes, el magnate ostenta la mayor fortuna de todo Chile. 

Hace escasos días, desde el lado chileno aseguraron que no hay residuos sino "roca inerte" y que, según estudios científicos, "no se ha generado contaminación de ningún tipo".

Desde Argentina se muestran reacios a cualquier salida intermedia como la que proponen desde el entorno de Luksic. "La única solución definitiva admisible es la remoción de todo ese material de escombros", argumentaron fuentes de la minera que opera desde este sueldo.

El problema es la suma millonaria que se requiere para llevar a cabo esta operación: unos 200 millones de dólares, a los que hay sumarle otros costos en lo referente a daño y reparación. Añaden desde el lado argentino que en dos informes ambientales aparecen signos de acidificación del agua. San Juan, además, intimó a Pachón por daño del entorno.

A principios de julio, se conoció que Luksic, también en la mira por un crédito a una firma de la nuera de Michelle Bachelet, contrató a la ex canciller Soledad Alvear para tratar de revertir el conflicto en la frontera que separa a Chile de la Argentina.

El contraataque

La minera chilena Los Pelambres hizo a principios de este mes el primer movimiento en su defensa. La empresa exige que intervenga un organismo binacional (integrado por peritos de ambos países) para que éste deje en claro si los residuos están del lado argentino o chileno, alegando cierta falta de claridad en los límites. 

Según medio sanjuaninos, el argumento es que Los Pelambres construyó la escombrera con autorización del Estado trasandino, entendiendo que se trataba de su territorio.  Sin embargo, la firma Glencore, que explota el emprendimiento El Pachón, tiene la concesión del área damnificada y es quien realizó tanto una demanda civil como una denuncia penal.

La presentación fue hecha por el abogado Fernando Echegaray y el escrito resalta que la Justicia Federal argentina no tiene jurisdicción en la disputa, la cual debe resolverse en instancias binacionales acordadas entre ambos países.  De esta manera, el juez Leopoldo Rago Gallo, del Juzgado Federal Nº 2, deberá decidir si acepta o no la presentación. Si la rechaza, el magistrado seguirá con la investigación. En cambio, si le hace lugar se debe disparar el mecanismo de selección, a través de las cancillerías de los dos países, de peritos que conformen el ente binacional para aclarar cualquier diferencia en los límites.

En el caso que se diera este último ejemplo, si los residuos están del lado argentino, seguirá su marcha la causa en la Justicia Federal. Ahora, si la escombrera se encuentra del lado trasandino, se abrirían interrogantes sobre la concesión otorgada a Glencore. 

El tema de los límites es un viejo argumento de Los Pelambres, pero la zona en cuestión no ha estado en disputa y no ha sido modificada, por lo que el planteo se encamina a ser rechazado, explicaron fuentes cercanas al caso. Un informe elaborado por una consultora para Glencore revela que Los Pelambres depositó material con contenido ácido, y que han desaparecido total y parcialmente lagunas por el avance de la escombrera.

El estudio señala que cuando todas estas se sequen, dejarán de contener el material ácido y que llegará hasta el Río Carnicería, que termina alimentando al San Juan. Por su parte, Los Pelambres informó que presentó un informe realizado por delegados de ambos países que indica que de las muestras tomadas, en enero de este año, no hay signos de contaminación.

Los "nuevos" mapas de la Argentina son resistidos en las aulas

(Infobae.com) - Fueron dispuestos en la ley 26.651, pero generaron rechazo entre docentes y alumnos porque muestra a todas las provincias en el mismo espacio y la misma escala. El viejo es el preferido de los maestros

Los nuevos mapas geográficos del país, dispuestos por ley 26.651, generaron rechazo y polémica en el ambiente académico ya que muestra en la misma escala a todas las provincias y al territorio antártico, lo que genera confusión en los alumnos. En los nuevos mapas, Tierra del Fuego aparece como una provincia mucho más grande.

En diálogo con el diario La Nación, varios académicos expusieron sus posturas frente al asunto, ya que el viejo mapa sigue siendo el elegido por estudiantes y docentes. María Di Nápoli, jefa de producto de la editorial Ángel Estrada y dueña de las marcas Rivadavia y Laprida, explicó que de los cinco millones de mapas de la Argentina que ellos producen, el convencional se vende 50 veces más que el nuevo.

Varios profesores de la materia geografía citados rechazaron el mapa bicontinental que distribuye el Ministerio de Educación, donde la Argentina se ve chica. "A veces, en el programa vienen temas que dejan ver que el que lo hizo no está en el aula. Hoy los chicos vienen con una baja capacidad de abstracción, y eso que estoy en una escuela de ingresos medios-altos", sostuvo una docente.

En 2010, el Congreso sancionó la ley que obliga a todas las escuelas a usar el mapa que muestra el territorio antártico en la misma escala que el resto del país, mientras que en los planos convencionales se la lo suele colocar a un costado y en escala menor. El proyecto había sido presentado por la ex diputada fueguina por el Frente para la Victoria, María Adela Calchaquí. "El antiguo mapa daba una visión distorsionada de la Argentina, que en nada ayudaba al sentido de pertenencia", declaró cuando se dio el debate.

Planisferios en su versión tradicional y actual


IGN

Las islas que China fabrica para extender su dominio marítimo

Por Rupert Wingfield-Hayes - BBC Mundo

China está construyendo islas sobre arrecifes. 

El barco se mueve bruscamente de arriba abajo, también de un lado al otro. El ruido del motor diésel estremece la cubierta y me martilla la cabeza. El pescado seco y los humos del motor llenan el ambiente. Con la camisa pegada al pecho por el sudor, dormir es imposible.

Llevamos más de 40 horas navegando por el Mar de China Meridional. La mayor parte del tiempo a la velocidad del paso humano. "¿Quién querría ser pescador?", me pregunto en voz alta. De pronto me llama la atención una especie de plataforma en el horizonte. Parece tierra, pero en el GPS no hay nada.
Ya había visto fotografías aéreas de la zona, muestran enormes trabajos de China para reclamar tierras, algo que ocurre desde el pasado mes de enero.

Hay camiones, grúas, tubos de acero y el centelleo de las soldaduras. Son millones de toneladas de rocas y tierra dragadas del lecho marino y amontonadas sobre los arrecifes para formar nueva tierra. Sobre un bloque de concreto un soldado nos observa con sus prismáticos. Somos los primeros periodistas en documentar la construcción. Le pido a nuestro capitán que se acerque pero de repente la luz de una bengala se eleva sobre nosotros. Es una advertencia de los chinos.

Nuevas islas

La aparición de las nuevas islas es un dramático cambio en una larga disputa territorial en la región entre China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam. Sólo China y Taiwán lo reclaman todo: no sólo las islas Spratly sino también los arrecifes Scarborough (o de la Democracia) y las islas Paracelso. Filipinas y Vietnam reclaman también grandes extensiones que incluyen gran parte de las Spratly.

Construir islas es una nueva estrategia de China en la zona. A principios de este año, la presencia china en las islas Spratly se limitaba a un puñado de bloques de hormigón sobre atolones de coral. Ahora, se están construyendo islas sobre cinco arrecifes. Es más, de uno de ellos parece estar emergiendo una base aérea con una pista suficientemente grande para que la usen aviones de combate.

La estrategia sirve para hacer frente a un grave déficit de los chinos en la zona. De todos los países que reclaman porciones del Mar de China Meridional, es el único que no tiene bajo su control una isla real.

Los chinos sólo tienen arrecifes. El de Johnson Sur lo tomó en 1988 tras una sangrienta batalla que dejó 70 marinos vietnamitas muertos. Desde entonces, ha evitado cualquier confrontación militar.

Durante décadas, pareció una cuestión más bien latente, pero en 2012 el Partido Comunista reclasificó la zona como de "interés nacional esencial". Eso sirvió de adelanto a que de hecho se dispone a hacer valer sus intereses. Ahora Pekín parece haber decidido que llegó el momento de seguir adelante con su reclamación por la vía de hecho: una cadena de islas y lo que virtualmente será un portaaviones insumergible.

El Mar de China Meridional está lleno de extraños puntos con bases militares y colonias civiles. Es complicado descifrar qué es qué y quién controla qué. Vietnam tiene ocho puestos permanentes, Malasia también varios a las afueras de la costa de Borneo y China, hasta ahora, siete.

 

Filipinas tiene nueve, uno de ellos es Pagasa. Desembarcar allí es un auténtico alivio tras dos días y dos noches navegando entre óxidos. Pagasa es una minúscula isla de aguas cristalinas y arenas blancas, está lejos de Filipinas y de Vietnam, y mucho más del resto del mundo. Según Manila, en Pagasa viven 200 personas.  El estado la compró después de obligar a venderla por una suma simbólica a un excéntrico hombre de negocios, Tomas Cloma, que la ocupó en 1956 y la llamó "Freedomland" ("Tierra de la libertad").

La intención de Manila era convertirla en un bastión militar. Pero hoy, los búnkeres de hormigón se deslizan hacia el mar y las baterías antiaéreas están oxidadas. Sólo la pista de aterrizaje sirve. Quedan 30 infantes de marina en la base. Cuando voy a visitar al comandante, a las diez de la mañana, está durmiendo. Ya por la tarde, todavía con cara de sueño, me recibe. "Eso es información clasificada", responde cuando le pregunto con qué armamento cuenta para defender el enclave. Miro alrededor, no parecen más que unos cuantos rifles. No podrían hacer nada si un día el ejército chino decide borrarlos del mapa.

Pagasa cuenta con una escuela para los niños. Pero su activo más importante son las 30 familias que viven en el lugar. Según Manila, son 200 personas, pero sólo encuentro unas cien. Tienen comida y casa gratis, además hay una escuela para los niños.

Mary Jo llegó para montar un negocio de pesca pero se arruinó. Aceptó el trabajo de administradora de la isla. Tiene grandes planes, sólo que no cuenta con suficientes fondos. "Los chinos tienen tanto dinero", lamenta. "Nosotros tenemos poco, pero es importante que sigamos aquí. Si no, me parece que los chinos vendrían". Porque una cosa es dispararles a soldados, como hizo China en 1988, y otra bien distinta es hacerlo sobre mujeres y niños.

"Barco fantasma"

A 16 horas de Pagasa, justo antes del anochecer, llegamos a Ayungin. Los arrecifes asoman entre las olas y de alguna forma tenemos que atravesarlos sin encayar. No muy lejos, asoma la silueta del Sierra Madre, un barco fantasma filipino atascado en los arrecifes. Desde el sur se nos acercan guardacostas chinos, pero llegan demasiado tarde, el agua está muy baja como para que puedan pasar en sus grandes naves.

Ya había visto fotos del Sierra Madre, pero la realidad es todavía más impactante. Desde la cubierta, se ve incluso peor. Está podrido y hay que tener mucho cuidado con donde pone uno el pie... y las manos: al subir por una escalera arranco accidentalmente un pedazo de madera.

Me disculpo. La escena es absurda y hasta cómica, si no fuera por lo trágico. Los once infantes de marina, lejos del aire marcial de todos los militares, parecen avergonzados de cómo viven. "Es muy duro para mis hombres", dice el joven teniente al mando. "Estamos lejos de casa y a veces hay poco que comer, así que eso nos lo pone muy difícil". Los marines filipinos del Sierra Madre luchan para mantener la moral alta.

Los barcos chinos vuelven a asomar a lo lejos. Llevan más de un año bloqueando cualquier intento de llevar ayudas y suministros al Sierra Madre. Si hubiéramos venido por el suroeste, nos hubieran interceptado.
La armada filipina ayuda a los infantes de marina con suministros que lanzan en paracaídas una vez al mes. Pero la realidad es que subsisten con lo que pescan.

El Sierra Madre, según mi GPS, está a 120 millas náuticas de la costa de Filipinas, todavía dentro de su reclamo de 200 millas de "zona económica exclusiva". Y, sin embargo, Pekín alega que este arrecife sumergido es parte integral de su territorio.

Poderío chino
China está al inicio de su floreciente poderío naval. La velocidad del cambio es enorme. Pekín construye barcos de guerra y submarinos más rápido que ningún otro país, incluido Estados Unidos. Ya está en camino un segundo portaaviones.

El poderío naval chino crece a enorme velocidad. De momento, la fuerza naval de EE.UU. sigue siendo mucho mayor y más poderosa, pero se acercan a mayor velocidad de lo que nadie esperaba.
Y lo que pasa en el Mar de China Meridional es una expresión de las intenciones de Pekín: dominar mar y aire de la "primera cadena de islas". A largo plazo, China quiere ir más allá de Filipinas y del sur de Japón hasta la "segunda cadena de islas": Palau, Guam y las Marianas.

Eso sería un cambio cataclísmico en los equilibrios de poderes del Pacífico occidental. En los últimos 70 años, los estadounidenses no habían sido retados por nadie en la zona. Ahora, por primera vez, un nuevo poder emerge y tiene no sólo la voluntad sino todo lo necesario para desafiar el dominio militar de Washington. Es improbable que en el camino no se desate alguna tormenta.

Israel planea la mayor apropiación de tierras en Cisjordania en 30 años

(Clarin.com) - A una semana de acordar el cese del fuego en Gaza
Son 400 hectáreas entre Belén y Hebrón donde ya existe una colonia. Duras críticas de los palestinos y de sectores israelíes.
Colonias. Casas prefabricadas recién instaladas en el asentamiento de Gevaot, cerca de Belén.
Tel Aviv, ANSA y EFE

A menos de una semana de acordar un cese de fuego definitivo en la devastada Franja de Gaza con los palestinos, el gobierno del premier conservador Benjamín Netanyahu anunció hoy la mayor apropiación de tierras ocupadas en Cisjordania en 30 años para agrandar un bloque de colonias al sur de Jerusalén donde viven unas 70.000 personas pese a ser considerado ilegal por la ONU y la comunidad internacional.

Según explicó el diario local Ynet, la medida se tomó luego que el Ejército israelí, que funciona como autoridad ocupante en Cisjordania, determinara que no existen reclamos palestinos para esos cuatro kilométros cuadrados de territorio, ubicados entre las ciudad de Belén y Hebrón, dentro de lo que la ONU y la mayoría de los países del mundo reconocen como parte del futuro Estado palestino. Radio Israel, en cambio, informó que la decisión de declarar esas tierras como tierras fiscales fue una represalia por el asesinato de tres jóvenes estudiantes religiosos judíos cerca de esa misma región en junio pasado. Este crimen fue el preludio a la ofensiva contra Gaza, que dejó más de 2.140 muertos y unos 11.000 heridos, la mayoría civiles.

La medida desató críticas en Israel y en las autoridades palestinas.La declaración de expropiación demandará al menos 45 días pero no se descarta que se presente un recurso en contra.

Según las leyes israelíes, el gobierno del premier Netanyahu debe esperar 45 días para permitir posibles reclamos antes de asumir formalmente el control de esas tierras. Pero lo cierto es que esas tierras ocupadas hace tiempo que están en manos israelíes. Los cuatro kilómetros cuadrados pertenecen a Gvaot, una colonia ubicada en el oeste del bloque de Gush Etzion, que se creó como un asentamiento no reconocido por Tel Aviv pero, como suele suceder con el avance de la ocupación en Cisjordania, rápidamente fue aceptado de hecho y se convirtió en un suburbio de una de las colonias ya establecidas.

Tras la apropiación y la declaración de tierras fiscales anunciadas hoy, Gvaot pasará a tener status legal para el Estado israelí que de esta manera, y pese a los reclamos de la comunidad internacional, sigue impulsando su política colonialista sobre los territorios palestinos.

“Este es un mensaje para los palestinos de que Israel negocia con (el movimiento islamista) Hamas y al mismo tiempo destruye las opciones para lograr un verdadero acuerdo con los moderados”, denunció el director de la organización israelí Paz Ahora, Yariv Oppenheimer. Según destacó, Israel no había anunciado una apropiación de tierras ocupadas tan importante desde los años 80. "Es una puñalada en la espalda de (presidente palestino, Mahmud) Abbas", agregó Oppenheimer.

"Israel demuestra una vez más no ser un socio de paz y ni siquiera un miembro de la comunidad internacional que respete la supremacía de la ley o el consenso”, declaró la histórica dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Hanan Ashrawi.

Críticas surgieron también de parte de la jefa de negociaciones israelíes y ministra de Justicia, Tzipi Livni, quien calificó de “medida imprevista” al anuncio y admitió impotencia frente al deseo de las fuerzas armadas de su país en Cisjordania. Israel, para Livni, tiene una deuda de reconocimiento hacia el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, “que en las semanas pasadas evitó una intifada” en Cisjordania. “Necesitamos de los palestinos moderados. La decisión última no ayuda”, declaró Livni a la radio militar.

En tanto, Yigal Dilmoni, subdirector del Consejo de Yesha, el órgano que nuclea a los líderes de las colonias israelíes en territorios ocupados, defendió la decisión del gobierno y sostuvo que medidas como esta "son la respuesta sionista apropiada a los ataques terroristas en Israel”. Dilmoni se refirió concretamente al asesinato de Gilad Shaer, Naftali Frenkel y Eyal Yifrach, los tres jóvenes asesinados en junio pasado cerca de Hebrón, una de las zonas de Cisjordania donde los colonos israelíes religiosos son más violentos. “El anuncio allana el camino para la establecimiento de la nueva ciudad de Gvaot”, celebró Davidi Perl, presidente del Consejo regional de Gush Etzion.

En la actualidad, alrededor de medio millón de colonos israelíes viven entre 2,7 millones de palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén este no reconocidos internacionalmente.
Perl recordó que desde que Netanyahu acusó a Hamas del asesinato de los tres jóvenes a mediados de junio, “1.472 nuevas unidades de vivienda en colonias fueron anunciadas, unos 1.753 palestinos fueron detenidos y al menos 50 construcciones propiedad de palestinos, demolidas”.

Uruguay extiende su plataforma marítima a 350 millas marítimas

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en definir claramente el límite exterior de su plataforma continental en conformidad con la Convención de Derechos del Mar. Tras tres años de complejas negociaciones, la presentación uruguaya obtuvo un definitivo visto bueno de ONU

Uruguay alcanzó un acuerdo en ONU para extender la traza del límite exterior de su plataforma continental de las 200 millas marítimas a las 350 millas marítimas. Esto implica un incremento de su superficie en 80.500 km2, casi medio país (Uruguay tiene una superficie de 176.215 km2).

El acuerdo convierte al Uruguay en el primer país de América en fijar el límite más allá de las 200 millas marinas, en todo su margen continental, de conformidad a lo establecido en el artículo 76 de la Convención del Derecho del Mar, según confirmó a LA REPÚBLICA el doctor Carlos Mata, director de Derecho Internacional de la Cancillería. Mata fue quien realizó la presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental el 25 de agosto de 2009 y quien encabezó una comisión en nuestro país conformada por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Ganadería, Industria y Defensa, delegados de Ancap, Armada Nacional y Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.

El canciller Luis Almagro jugó, además, durante este extenso período de negociación un rol decisivo en la dirección, coordinación y apoyo. El fallo, que adopta la forma de una recomendación que quedará firme en febrero, amplía los derechos de soberanía de nuestro país, en una región submarina que cada vez adquiere mayor importancia económica, estratégica y política. El país asume el control de la riqueza ictícola de esa área, así como del subsuelo de una zona en la que se supone hay yacimientos de gas. Para el Uruguay, al mismo tiempo, implica el desafío de implementar sistemas de seguridad y salvataje marítimo. El acuerdo fue el resultado de una compleja negociación que duró tres años.

La delegación uruguaya debió reunir información científica y técnica de apoyo dentro de los plazos previstos (en el caso de Uruguay el plazo venía en 2009). La subcomisión de ONU encargada del estudio de la presentación realizada por nuestro país se instaló en 2011 y días pasados falló a favor de la petición de Uruguay. En febrero, la Comisión laudará en forma definitiva y las recomendaciones serán definitivas y obligatorias. Argentina y Brasil, entre otros países del continente, se encuentran también en la fase de tramitación de similares aspiraciones.

Del 28 de julio al 1º de agosto se realizaron reuniones de trabajo entre la delegación de Uruguay y la Subcomisión encargada del caso uruguayo. Para lograr objetivo, Uruguay, el “Estado ribereño”, debió probar que la plataforma continental uruguaya efectivamente se extendía más allá del límite de las 200 millas, según lo previsto en la Convención, lo que demandó una inversión significativa en recursos materiales y humanos. El gobierno declaró de interés nacional los estudios y trabajos requeridos a esos efectos.

Además, la Armada Nacional, a través de su Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología (Sohma), trabajó en este proyecto proyecto para obtener los elementos y datos científicos que respalden la extensión de los derechos de soberanía. “Se trata de una negociación exitosa que claramente se contrapone y a su vez viene a reparar, naturalmente que en alguna medida, la realizada por Andrés Lamas en tiempos idos pues conlleva, la presente, un incremento territorial sustantivo para el país”, se evaluó desde la Cancillería.

Límites
Mediante este acuerdo histórico, el país amplía su jurisdicción en 80.500 km 2, que se aproxima al límite de las 350 millas marítimas. En el límite marítimo con Argentina, la extensión reconocida fue de 345 millas, y al norte con Brasil, se aproxima a las 330 millas, en tanto que el límite por el centro llega a las 350 millas marítimas. Respecto al límite con Brasil, la existencia de un depocentro o una cuenca, permitiría a Uruguay extender más adelante el límite norte hasta las 350 millas marítimas.

Evaluación

La Cancillería destacó especialmente la metodología utilizada en la negociación, tanto en lo relacionado a la negociación misma así como también en lo referente a la interacción entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo con dicho motivo.

La Delegación uruguaya (Coalep) presidida por el Dr. Carlos Mata se integró con distinguidos funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional (Sohma);

Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM); Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Porltand (Ancap) y la Universidad de la República (Facultad de Ciencias). En todo momento, bajo las instrucciones y coordinación del Ministro Luis Almagro se tuvo en consideración, como no podía ser de otra manera, la preservación de los mejores intereses de la República sin abdicar en ningún momento de los mismos, todo lo cual surge de las diferentes etapas de intercambio entre la Delegación uruguaya y la Subcomisión de Naciones Unidas. La importancia y complejidad de la negociación, a su vez, no fue obstáculo para mantener informado al Poder Legislativo a través de las Comisiones de Asuntos Internacionales del Senado y de la Cámara de Representantes.

Todo ello fue realizado, bien vale la pena destacarlo para dejar en evidencia ciertos mitos, durante la vigencia de un gobierno democrático con todas sus instituciones en pleno funcionamiento. En diálogo con LA REPÚBLICA, Mata subrayó este aspecto, teniendo en cuenta anteriores negociaciones, límites del río Uruguay, etc, que se realizaron bajo un gobierno de facto. “En este caso, se trató de una exitosa negociación en democracia”, agregó el diplomático.

Convención sobre Derecho Del Mar

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar define a la plataforma continental como “el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial”. Los Estados ejercen sobre la plataforma continental derechos exclusivos de soberanía “a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales”. El Uruguay ratificó esta Convención en el año 1992 y el tratado entró en vigencia en noviembre de 1994.

El límite exterior de la plataforma puede ser establecido de dos formas: aceptando el límite de 200 millas marinas previsto en la Convención, o demostrando, mediante sólidos estudios e investigaciones, que su borde exterior se interna mar afuera de aquel límite hasta una distancia máxima de 350 millas, dependiendo de sus características geofísicas. En el caso uruguayo, existían sólidos fundamentos científicos como para plantear la extensión del mismo.

Presentación realizada en el 2009: http://www.un.org/depts/los/clcs_new...ry_resumen.pdf

Fuente: republica.com.uy - Via www.aviacionargentina.net/foros/noticias-aa-net.33/9640-uruguay-extiende-su-plataforma-maritima-350-millas-maritimas.html

La Triple Frontera, el Acuífero Guaraní y los intereses de Estados Unidos en la región: evolución y ¿cambio de escenario?

Enviado por Joaquín Ferro R. - Análisis GESI

La Triple Frontera constituye el punto geográfico donde convergen las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil, coincidiendo con la desembocadura del río Iguazú en el río Paraná.

En esa área se localizan las ciudades de Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina), que se encuentran comunicadas entre sí por el puente Tancredo Neves –el cual cruza el río Iguazú y une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú-, y por el Puente de la Amistad, que cruza el río Paraná y une las ciudades de Foz do Iguaçu y Ciudad del Este.

La Triple Frontera abarca una superficie de unos 2.500 Km2, con una población de aproximadamente 470.000 personas que conforman un notable conglomerado social y cultural donde destacan colonias muy importantes de ciudadanos alemanes, chinos, coreanos y árabes. En concreto cabe resaltar la numerosa presencia de ciudadanos de origen libanés que comenzaron a llegar a la Triple Frontera en la década de 1980 escapando de la guerra civil libanesa, y atraídos por las elevadas expectativas comerciales que ofrecía el área transfronteriza.

Este conglomerado social y cultural, sumado a la porosidad fronteriza, el escaso control estatal, la elevada afluencia de turistas y la propia disposición geográfica de la zona posibilitan que la actividad económica de la Triple Frontera se caracterice por ser altamente informal. El desarrollo comercial en toda el área es muy elevado, pero se basa en la venta ambulante o directa, en la misma calle -de bienes de todo tipo-, lo que dificulta enormemente su control y fiscalización, y facilita enormemente el contrabando. De hecho, la Triple Frontera es conocida por la elevada cantidad de actividades ilegales que en ella se registran. El tráfico de drogas y de armas, la trata de blancas, la falsificación de documentos, la piratería informática, la compraventa de coches robados y el lavado de dinero son algunas de las actividades que más preocupación generan entre las autoridades.

¿Actividades terroristas?

La presencia de terrorismo en la Triple Frontera es otra de las actividades ilegales que se han venido estudiando desde hace tiempo. Los primeros indicios de la presencia de grupos terroristas en esta zona datan de comienzos de los 90 a raíz de dos atentados concretos, acaecidos ambos en Buenos Aires, con relaciones con la Triple Frontera. En 1992 se produjo un ataque suicida contra la embajada israelí en Argentina que dejó una cifra de 29 muertos, mientras que dos años más tarde, en 1994, la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) fue objeto de otro atentado que se saldó con 85 fallecidos.

La justicia argentina ha señalado a Hezbollah, con el apoyo específico de Irán, como responsables directos de ambos atentados, pidiendo infructuosamente la extradición de ciudadanos iraníes (incluyendo al ex presidente iraní Rafsanjani o a Soleimanpour, ex embajador en Buenos Aires), así como de miembros del grupo libanés. Cabe señalar, sin embargo, que este proceso se ha visto enturbiado en repetidas ocasiones por actos de destrucción de pruebas y obstrucción a la justicia que han devenido en el procesamiento, entre otros, del juez Galeano (responsable del procedimiento por el AMIA), así como del propio Carlos Menem, ex presidente argentino, por encubrir la participación de un acusado de origen sirio.

Las sospechas de que la zona de la Triple Frontera alberga células dormidas de grupos islamistas radicales se intensificaron, sin embargo, a raíz de los atentados del 11-S y han seguido sonando con fuerza, sobre todo, hasta finales de la primera década de este siglo. Tras el inicio de la “guerra global contra el terror” que lanzó la administración Bush, hubo autores como la reputada Jessica Stern que situaron la Triple Frontera entre las zonas con más posibilidades de albergar terrorismo yihadista y que más riesgo entrañaban para la seguridad estadounidense. No obstante, esas afirmaciones tan rotundas no han encontrado nunca soporte fáctico adecuado. La existencia de terrorismo en la zona ha sido un tema muy discutido sobre el que normalmente se han realizado ejercicios retóricos con escaso fundamento, atendiendo a intereses enfrentados.

Y es que a pesar del interés y la preocupación mostrados por Estados Unidos, es un hecho admitido por ellos mismos que en la actualidad no hay pruebas que apoyen la teoría de que en la Triple Frontera hay células terroristas activas pertenecientes a grupos islamistas, ya sean Al Qaeda, Hezbollah, Hamas o cualquier otro. Lo mismo podría decirse en cuanto al hecho de que la zona sirva como campo de entrenamiento para islamistas radicales.

Al contrario, la mayoría de documentos procedentes de fuentes estadounidenses sitúan la amenaza en la financiación del terrorismo y concretamente la vinculan a la rama armada de Hezbollah. Las fuentes disponibles señalan algunas de las actividades ilegales corrientes en la zona, descritas anteriormente, como método habitual de financiación del grupo libanés. A favor de este argumento juega la presencia de la nada desdeñable colonia libanesa que habita en la zona y las periódicas detenciones que año a año se vienen produciendo (sobre todo en la paraguaya Ciudad del Este) sobre ciudadanos de esta ascendencia, precisamente acusándolos financiar a la organización mediante actividades ilegales.

En este sentido, la operación Barakat fue la más sonada, ya que la policía paraguaya detuvo a Assad Barakat por evasión de impuestos a través de una red de comercios situados en un centro comercial de Ciudad del Este. El dinero evadido era presuntamente enviado a Líbano para financiar a Hezbollah, de quien Barakat sería el tesorero en la Triple Frontera, lo cual suponía una verdadera inyección económica debido a que estas actividades se venían realizando desde hace bastantes años. Concretamente, según el U.S. Naval War College, Hezbollah obtendría una cantidad aproximada a los 10 millones de dólares anuales de las actividades ilegales realizadas en la Triple Frontera. Sin embargo, no son pocas las fuentes latinoamericanas que acusan de falta de rigor a las voces estadounidenses que esgrimen este tipo de argumentos, debido a las escasas y débiles pruebas en las que se basan.

Sea como fuere, la seguridad y la lucha contra el terrorismo en la zona se ha marcado como una prioridad por parte de los tres países afectados así como por Estados Unidos Desde 2002, estos cuatro Estados abordan la evolución de la Triple Frontera en unas cumbres conocidas como Grupo 3 + 1. El objetivo de las mismas es fomentar la mutua colaboración, el intercambio de información y la mejora de la eficiencia en la lucha contra las actividades ilegales y el terrorismo en el área triplefronteriza. Producto de las reuniones ha sido la intensificación de los controles estatales a todos los niveles, sobre todo los realizados por Brasil y Argentina, aunque estos no están muy bien vistos por los propios gobiernos ya que tienen efectos negativos en la actividad económica de la región, que como hemos visto se caracteriza por su informalidad.

El Acuífero Guaraní

El Sistema Acuífero Guaraní (SAG) es una gigantesca reserva subterránea de agua dulce que se extiende bajo territorio de Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Su extensión es de 1.200.000 Km² aproximadamente, distribuidos la mayor parte entre Brasil (840.000 Km²) y Argentina (225.000 Km²), correspondiendo en menor medida a Paraguay (70.000 Km²) y Uruguay (45.000 Km²).

Según un estudio llevado a cabo por el Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), el Acuífero Guaraní tendría una capacidad de unos 50.000 Km³, con una recarga de entre 160 y 250 Km³ al año, de forma que explotando unos 40 Km³ anuales podría abastecerse a 360 millones de personas a unos 300 litros de agua al día por habitante.

De acuerdo con el mismo informe, en total, en la región sobre la que se extiende el SAG habitan unos 15 millones de habitantes divididos entre los cuatro países, que se abastecen de sus aguas para uso urbano, industrial y agrícola, sobre todo en Brasil, donde unas 300 ciudades beben del acuífero. Además, el SAG cuenta con varios puntos de recarga, lugares donde el agua se renueva, coincidiendo uno de los más importantes con la zona que nos ocupa, la Triple Frontera.

Debido a su enorme potencial, el SAG ha llamado la atención de los países abarcados por el acuífero, así como de terceros. El interés fundamental radicaba en llevar a cabo un estudio que revelara las condiciones y características exactas del sistema, para a raíz de ello, establecer una legislación conjunta que fomentara su explotación de forma eficiente y sostenible. Para ello, los cuatro Estados elaboraron el "Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní", que tenía un presupuesto de 27 millones de dólares, y que era cofinanciado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), actuando el Banco Mundial como operador del fondo y la Organización de Estados Americanos (OEA) como agencia ejecutora. Además, el Proyecto contaba con aportación de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), la Vigilancia Geológica Germana (BGR) y el Programa Asociado del Agua de los Países Bajos (BNWPP).

Sin embargo, las diferencias que surgieron entre Argentina y Uruguay debido a la instauración, por parte del segundo, de dos plantas de pasta de celulosa sobre el río Uruguay, que separa ambos países, provocaron que el Proyecto fuera abandonado en 2009, cuando sólo se había finalizado la primera fase relativa al estudio científico. No se llegó por tanto a ningún acuerdo sobre el marco jurídico a establecer con respecto al acuífero y este vacío legal trató de ser llenado en 2010 mediante un Acuerdo sobre el SAG firmado entre los cuatro países, auspiciado por el Mercosur. No obstante, este acuerdo había de ser ratificado parlamentariamente por cada uno de los Estados, fallando Paraguay en este aspecto al argumentar que el Acuerdo vulneraba en su articulado la soberanía paraguaya sobre sus propios recursos al establecer la negociación conjunta de acciones que afecten a más de un Estado de los que albergan el acuífero. Tras esta negativa puede haber también otro tipo de razones, que algunas fuentes atribuyen al resentimiento paraguayo con Uruguay debido al empuje de éstos para suspender a Paraguay en el Mercosur tras el juicio político a Fernando Lugo.

De este modo, actualmente el SAG no cuenta con regulación internacional o regional alguna, quedando su administración y explotación en manos de cada país, lo que puede originar un uso indiscriminado y poco eficiente de sus aguas y la contaminación de las mismas.

Intereses estadounidenses en la zona

Como más arriba se ha indicado, Estados Unidos ha mostrado un gran interés en la Triple Frontera durante la pasada década, sobre todo a raíz de los atentados del 11-S. Reiteradamente, distintos organismos estadounidenses han alertado de la existencia de terrorismo, o de la financiación del mismo, en la zona de la Triple Frontera, aun sin aportar pruebas incontestables sobre estas acusaciones.

Por ello, desde Latinoamérica se ha venido defendiendo que el discurso antiterrorista estadounidense respondía en realidad a la necesidad de este país de ganar presencia (militar o diplomática) en la zona para dar cobertura a otro tipo de intereses, a la sazón, los siguientes:

• Asegurar el flujo de hidrocarburos de los países exportadores de la región, sobre todo de Bolivia
• Mantener bajo control el conflicto colombiano, la actividad de las FARC y el narcotráfico
• Contrarrestar la creciente doctrina anti-estadounidense que se instauraba en América del Sur, sobre todo a raíz de la inclusión de la Venezuela chavista en el Mercosur, de las crecientes relaciones comerciales y diplomáticas de los países bolivarianos (y no bolivarianos) con Irán, y de la pujante inversión china en la región. Es aquí donde el Grupo 3 + 1 cobraría una importancia significativa al suponer un foro político propicio para que Estados Unidos extendiera su influencia.
• Tener un acceso privilegiado a la biodiversidad que proporciona la Amazonia con fines investigativos para su uso farmacológico
• Suplir sus carencias de agua dulce explotando el Acuífero Guaraní

De entre estos, el que más atención ha suscitado ha sido el último. Debido a su enorme potencial, se ha sugerido que el SAG es un codiciado objeto de deseo para Estados Unidos, cuyas reservas de agua dulce se encuentran en unas no muy halagüeñas condiciones. La mayor preocupación en este aspecto venía de la combinación de dos factores. En primer lugar, del ya citado Proyecto de Sostenibilidad del SAG, coordinado por el Banco Mundial, institución sobre la cual se sembraba la duda de si emplearía la información privilegiada que le reportaran los informes del Proyecto para fomentar la privatización y las concesiones a multinacionales de la explotación del agua. Este razonamiento se combinaba con un segundo elemento: las negociaciones sobre la instauración del ALCA, o Área de Libre Comercio de las Américas, tratado con el que Estados Unidos pretendía conectar a todos los países del continente americano y crear un área de “libre comercio”, eliminando progresivamente los aranceles. Esto les permitiría importar el agua del SAG libremente, quedando únicamente sujetos a la legislación del propio ALCA.

Cambio de escenario y situación actual

En la actualidad, y desde comienzos de la presente década, las noticias que nos llegan sobre la Triple Frontera o el SAG son menos. Esto podría deberse, en parte, a los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos tiempos a nivel global, que podrían aventurar un cambio de percepción por parte de Estados Unidos Si consideramos como válidos los objetivos anteriormente expuestos, que motivarían en gran medida la presión que desde Norteamérica se ejerce sobre el Cono Sur, nos daremos cuenta de que el escenario puede haberse visto modificado últimamente, alterando por tanto los pasos a dar desde Estados Unidos

Por un lado, los informes de los últimos dos años de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anuncian que Estados Unidos se convertirá en un país energéticamente autosuficiente y exportador neto de hidrocarburos a partir de 2015, gracias a la revolución del fracking. Muchos análisis han asegurado que ello les permitirá relajar la presión en Oriente Medio para centrarse en Asia-Pacífico. De la misma forma, este logro podría motivar una pérdida de interés a corto plazo sobre los hidrocarburos latinoamericanos, que constituían el primer punto de interés en la región.

Por otro lado, en las últimas fechas el gobierno de Juan Manuel Santos se encuentra en Cuba negociando un proceso de paz con las FARC que incluiría la posibilidad de incluir a la guerrilla en el elenco político una vez que entreguen las armas. Este proceso de paz traería consecuencias asimismo para el narcotráfico colombiano, que históricamente ha financiado a la guerrilla. Por ende, una resolución del conflicto podría afectar a los intereses estadounidenses en la zona y hacer prescindibles ciertos esfuerzos en la misma.

En cuanto a la doctrina anti-estadounidense, desde Washington han visto cómo desaparecían dos auténticos quebraderos de cabeza en un breve espacio de tiempo y que estaban personificados en las figuras de Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad. Cabe señalar que ésta era una batalla retórica en el que la figura del líder instigador era clave y, por tanto, la desaparición de dos figuras tan carismáticas como las de los citados personajes sin duda allana el camino a Estados Unidos Es más, el acuerdo en materia nuclear al que acaba de llegar el Grupo 5 + 1 con Irán, podría tener efectos positivos para Estados Unidos en la América Latina, ya que no solo Ahmadineyad ha sido sustituido por el moderado Rohani, sino que un acuerdo de esta envergadura podría favorecer la imagen de Estados Unidos entre los países del Sur, que con el relajamiento de las sanciones económicas tendrán más fácil establecer relaciones comerciales con el país persa.

Por último, en lo tocante al SAG, los dos elementos que inspiraban el temor por el “saqueo” del agua del acuífero están muertos a día de hoy. Por una parte, ya hemos mencionado cómo el Proyecto del Banco Mundial se abandonó por las discrepancias entre Uruguay y Argentina. Por otro lado, las negociaciones sobre el ALCA llevan varios años congeladas y hoy día la viabilidad de semejante acuerdo parece reducida. Es por ello que, de ser ciertas las acusaciones al respecto, el plan principal de Estados Unidos para llegar a las reservas del SAG parece haber fracasado.

Consideraciones finales

En este análisis hemos prestado atención al cruce de informaciones contradictorias, datos sin contrastar y acusaciones que durante más de una década se han vertido sobre la Triple Frontera y el SAG . Además, hemos visto cómo los últimos acontecimientos podrían afectar a los intereses estadounidenses en la zona y provocar un cambio de escenario que presumiblemente haga que Estados Unidos disminuya la presión sobre dicha zona.

Sin embargo, a pesar de este cambio de tendencias, consideramos que la zona de la Triple Frontera continúa siendo un punto de importancia geoestratégica clave del que presumiblemente Estados Unidos no se desentenderá tan fácilmente, pues sigue siendo una puerta óptima hacia los asuntos del Cono Sur, a través de la cual podría contrarrestar la creciente influencia china en la región. Además, pese a que tanto el Proyecto del SAG como el ALCA fracasaron, la acuciante necesidad de agua que presenta Estados Unidos le hará estar atento al Acuífero Guaraní para saciar lo que, pronto que tarde, devendrá en una prioridad geoestratégica para ellos.

Estos dos elementos -la creciente presencia china en Latinoamérica y la necesidad de agua dulce estadounidense- son dos factores que permanecen estables en el panorama de la región, y ambos tienen un peso geoestratégico muy importante en el futuro de Estados Unidos Es por ello que, a pesar de que el escenario pueda verse alterado a raíz de los últimos acontecimientos, es posible que Estados Unidos persista en su intento de ganar influencia en la zona de una u otra manera, siendo la Triple Frontera una de sus mejores bazas.

Joaquín Ferro es ayudante de investigación de GESI y Máster en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional por la Universidad de Granada.

Editado por: Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI). Lugar de edición: Granada (España). ISSN: 2340-8421.

Fuente: http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/la-triple-frontera-el-acu%C3%ADfero-guaran%C3%AD-y-los-intereses-de-estados-unidos-en-la-regi%C3%B3n

Incertidumbre en el límite territorial con Bolivia

Editorial II del diario La Nación

Se ha presentado en el Congreso un proyecto para crear una comisión especial que investigue el desplazamiento de un hito fronterizo en Salta

Como se ha informado, recientemente se produjo el corrimiento de un hito fronterizo entre la provincia de Salta y la República Plurinacional de Bolivia, que significó tanto un desplazamiento de unos treinta kilómetros de la frontera hacia territorio salteño como una pérdida de 600 kilómetros cuadrados de territorio argentino.

A raíz de estos graves hechos, a los que nos referimos en esta columna el 24 del mes pasado, se ha presentado en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para constituir una comisión especial investigadora sobre tan grave suceso. En los fundamentos de ese proyecto del diputado Alberto Asseff (UNIR-Frente Renovador) se afirma que el motivo obedece a las denuncias realizadas por pobladores del paraje Abra de Santa Cruz, en el Valle del Silencio, comprendido por el municipio de Santa Victoria Oeste. Esas denuncias fueron investigadas y publicadas por el diario El Tribuno, de Salta.

Según da cuenta el proyecto, el límite internacional entre la Argentina y Bolivia "está determinado por el Tratado Definitivo de Límites de 1925", algo que parece desconocer el actual Gobierno al haber permitido, según un acuerdo de noviembre del año pasado, el corrimiento del mojón sin que el Ministerio de Relaciones Exteriores ni su titular, Héctor Timerman, hayan dado a publicidad el contenido de lo acordado ni brindado la justificación legal pertinente.

Ante la gravedad de lo acontecido, el proyecto ha propuesto que la comisión por crearse sea integrada por once miembros designados por resolución del cuerpo legislativo respetando la pluralidad de la representación política de la Cámara", y que se designe presidente, vicepresidente y secretario, quienes serán elegidos por la mayoría de los votos.

Entre las facultades concedidas a la comisión merece destacarse que podrá recibir denuncias, debidamente registradas ante escribano público, por parte de las familias afectadas. A su vez, gozará de la facultad de solicitar informes a todos los poderes del Estado nacional, provincial, municipal y realizar inspecciones en el sitio fronterizo mediante constancia fehaciente por acta notarial.

La iniciativa legislativa establece que la comisión podrá ordenar pericias técnicas y denunciar ante la Justicia cualquier intento por parte de funcionarios nacionales, de la provincia de Salta o del Estado boliviano de "acallar, amedrentar -cosa que ya ha sucedido- o amenazar a los habitantes denunciantes del hecho investigado". Entre otras potestades, se reserva asimismo la facultad de denunciar la disputa limítrofe ante los organismos internacionales que corresponda, así como la de proponer arbitraje internacional.

La iniciativa es valiosa porque nos encontramos ante un suceso plagado de sombras y que compromete tanto a una porción del territorio nacional como a compatriotas nuestros, abandonados a su suerte por un acuerdo nunca esclarecido..

Londres, tajante, rechaza la mano tendida de Margallo y sólo admite hablar de pesca

Por abc.es / epabc_es / londres

Se muestra cerrado a toda conversación sobre el Peñón, la soberanía de Gibraltar y la tasa que quiere implantar España en la Verja

Reino Unido ha rechazado este martes la propuesta formulada por el Gobierno español de mantener conversaciones bilaterales sobre la soberanía de Gibraltar y ha defendido que en todo caso debería haber un diálogo entre España y el Peñón sobre asuntos pesqueros.

En un artículo en el "Wall Street Journal" bajo el título "Tenemos que hablar de Gibraltar", el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, ha pedido a Reino Unido que, de cara a la posible reanudación del diálogo sobre Gibraltar, "demuestre" que tiene intención de "deshacer el daño causado" y ha citado como primer y "necesario" paso que retire los bloques de hormigón arrojados al mar.

Asimismo, ha defendido que "el diálogo debe ser bilateral y respetar las leyes internacionales, europeas y nacionales". "España está preparada para reiniciar este diálogo. Estamos dispuestos a aceptar la creación de foros "ad hoc" en los que otras autoridades, como el Gobierno de Gibraltar y la Junta de Andalucía, puedan participar para tratar áreas en las que tengan competencias", ha sugerido Margallo. Sin embargo, una portavoz del Gobierno de David Cameron ha dejado claro que Londres no está dispuesto a entablar ninguna conversación sobre el asunto.

«La soberanía está clara en nuestras mentes»

"La soberanía está clara en nuestras mentes", ha defendido, subrayando que las únicas conversaciones que Reino Unido podría contemplar serían entre España y Gibraltar sobre las prácticas pesqueras pero no sobre la soberanía o el control de las aguas de pesca del Peñón. "Debería haber algún tipo de diálogo sobre la pesca", ha insistido la portavoz de Cameron, "pero este no sería sobre quién es responsable de las aguas, ya que eso está claro".