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sábado, 29 de abril de 2017

El Presidente visitó el Irízar y lo sorprendieron con un grito: "No hay trabajo, Macri"

(Clarin.com) - Luego de su recorrida por el buque y en medio de su discurso, el mandatario pasó un momento tenso.
El Presidente visitó el Irízar y lo sorprendieron con un grito: "No hay trabajo, Macri"
El Presidente Macri visitó el Irízar . (Prensa M de defensa/Pablo Senarega)

Recién llegado de Estados Unidos, donde recibió el respaldo del presidente Donald Trump, a Mauricio Macri no lo dejaron saborear el éxito de su viaje ni medio día. Luego de visitar un centro de jubilados, el Presidente visitó al rompehielos Almirante Irízar que viene de haber sido sometido a un proceso de reconstrucción y modernización para volver a estar en servicio.

El presidente, Mauricio Macri, visitó al rompehielos ´Almirante Irízar´, amarrado en Puerto Madero, que vuelve a navegar luego de diez años de inactividad.

"Siento alegría de participar en la bienvenida del rompehielos Irízar. Hace más de una década que tenemos fuera de servicio esta nave insignia, que representa mucho de lo que está pasando el día de hoy: demostrar nuestra capacidad de trabajo, lo que los argentinos somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos", venía diciendo Macri, con el rompehielos a sus espaldas.

En ese momento, se escuchó una voz a lo lejos, que quedó perdida en medio del discurso. Pero cuando el Presidente terminó de hablar se escuchó clarito: "No hay trabajo, Macri", gritó un hombre, mientras el mandatario saludaba a los comandantes del Irízar con una sonrisa tensa.

En su discurso, había asegurado "estamos en el camino de decirnos la verdad, que consolida la confianza. Tenemos que consolidad la confianza".

viernes, 28 de abril de 2017

Refuerzan controles de asistencia y presentismo de los empleados públicos

Resultado de imagen para controles de asistencia y presentismo de los empleados públicos(Ambito.com) -  El Ministerio de Modernización aprobó un reglamento para fiscalizar el cumplimiento del horario de los trabajadores estatales.

El Gobierno aprobó un reglamento para reforzar el control de asistencia y presentismo de los trabajadores de la administración pública, que incluirá registros biométricos para ficha el ingreso y egreso de los empleados. 

El Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, oficializó la resolución 204-E/2017 que aprueba el "Reglamento General de Control de Asistencia y Presentismo", el cual instrumenta el uso de tecnología informática para verificar el cumplimiento de las horas de trabajo de los empleados estatales. 

Según los considerandos de la medida, publicada en el Boletín Oficial, sostiene que "la modernización del Estado, de sus organizaciones y estructuras, requiere el diseño y puesta en funcionamiento de sistemas de información acordes con las nuevas formas de gestión que aseguren el desarrollo y el buen funcionamiento de un sistema eficiente de carrera administrativa".

"Corresponde estandarizar procedimientos y tareas a fin de simplificar y unificar la documentación necesaria para solicitar licencias o justificar inasistencias, que permita facilitar la correcta administración documental y reforzar el control, tanto para la administración, como para los agentes", resalta la norma y agrega que "en este entendimiento, se propicia aprobar los formularios que serán de uso obligatorio para notificar inasistencias y para solicitar licencias y permisos, respectivamente".

Además, el artículo 3 de la resolución establece un plazo de un año para que las entidades y jurisdicciones públicas implementen un sistema informático biométrico que registre la asistencia del personal que les dependa. 

jueves, 27 de abril de 2017

Las siete provincias con más empleo público por cada uno privado y las nueve con mayor brecha salarial

Por Daniel Sticco - Infobae.com - dsticco@infobae.com
El Ministerio de Trabajo estimó que con los impuestos se pagan más de 3,5 millones de puestos en la administración nacional, provincial y municipal.
Durante más de un lustro, el empleo público se comportó como una bolsa de trabajo en la que se acumulaba gran parte de la población que se incorporaba al mercado laboral o que lo perdía en el ámbito privado, en particular en las provincias y municipios cuyos gastos se financian más con los recursos que cobra la Nación, o que distribuye muchas veces discrecionalmente, que con fondos que obtienen del cobro de Ingresos Brutos y tasas y contribuciones. En todos los casos, el principal aportante es el sector privado, sean empresas, sean empleados y familias, con los impuestos a sus ingresos y consumos.

Si bien esa fue una práctica dominante en la mayor parte de los últimos  70 años, en particular en los años recesivos, volvió a cobrar ímpetu en el lustro previo al cambio de Gobierno, cuando inexplicablemente se dio un giro en la política económica a favor de "vivir con lo nuestro y lo puesto", que minó las posibilidades de crecimiento del sector privado que se había abocado a vender gran parte de su producción al mercado internacional, y debió conformarse con un limitado mercado interno. En 2015, el sector público fue casi el único generador de empleo, a un ritmo de 5,1% en la administración nacional; 3,8% en las provincias y 4,8% en los municipios; sumó 139 mil personas.

En 2015, el sector público fue el casi único generador de empleo, a un ritmo de 5,1% en la administración nacional; 3,8% en las provincias y 4,8% en los municipios

Con el cambio de Gobierno el escenario se modificó, al punto que la nómina de empleados en todo el estado pasó a crecer a una tasa inferior a 1%, desagregado en 2,4% en municipios; 0,9% en provincias y baja de 0,2% en nación.

En diciembre de 2016 un análisis del Ministerio de Trabajo de aproximación al total de empleados públicos en el país, por el faltante de información de algunos organismos públicos provinciales (principalmente de Santa Cruz) y municipales, contabilizó cerca de 3,5 millones de personas registradas en relación de dependencia en todos sus niveles y jurisdicciones.

En términos generales se observa que la mayor parte del empleo público se concentra en el ámbito provincial: el 66% (cerca de 2,3 millones de puestos), fenómeno que se explica porque esas jurisdicciones tienen a su cargo los servicios de educación, la seguridad y la salud pública; 21% depende de la nación (741 mil puestos); y 13% de los estados municipales (452 mil personas).

El mapa del empleo público al cierre del último año mostró que de las 24 grandes jurisdicciones en que se divide el país, en siete se estimaron más empleados públicos que trabajadores en el sector privado registrado como asalariado, monotributista, autónomo y ocupado en casas particulares. Los extremos corresponden a Formosa, Catamarca y La Rioja, en una relación de 2 a 1; le siguen Jujuy, Santiago del Estero y Chaco, con una proporción de 1,5 a 1,4 por 1; y con poco más de uno Corrientes. Un segundo lote, próximo a la unidad, o 50 y 50 se ubican Salta, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, Santa Cruz, San Juan y Misiones.

Mientras que si se mide el empleo público por habitante de cada jurisdicción, la mayor dependencia directa del estado se repartió entre las norteñas Catamarca y La Rioja, con poco más del 16%; la Capital Federal, Tierra del Fuego y Santa Cruz en torno al 16%; y Jujuy y Neuquén 14 por ciento.

Por el contrario, las provincias con menor concentración de empleados públicos fueron Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones y Corrientes, entre el 6% y 7% de sus habitantes.

Presupuestos flexibles para el pago de salarios

Si bien la mayor parte de las jurisdicciones, por no decir todas, se caracterizan por mostrar un estado de las finanzas públicas en el que los gastos superan en varios puntos porcentual al total de recursos propios y que reciben por la coparticipación federal de impuestos, a la hora de pagar salarios se muestran singularmente generosas, al menos de los que abona el conjunto del sector privado.

Lidera ese grupo La Pampa, cuyo gobernador Carlos Verna impulsa la exención de Ganancias de sus empleados, porque la mitad tiene ingresos que compiten con los más altos de las patagónicas Tierra del Fuego, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires. El último dato a septiembre registraba una mediana de $23.900, un 60% que el límite que agrupa a la mitad de los ocupados en el ámbito privado.

También Misiones y Chaco registran pagos de salarios que en la mediana superan en un 50% a los del sector privado. Mientras que un escalón más abajo se ubican la Ciudad; San Juan; Salta; Córdoba; Buenos Aires y Entre Ríos, en un rango de exceso del 38% a 30 por ciento.

En el otro extremo, las jurisdicciones en las que sus empleados perciben remuneraciones inferiores a la mediana del sector privado, sobresalen La Rioja y Jujuy, con 35% y 25%, respectivamente; y en menor medida Santiago del Estero; San Luis; Catamarca, y Tucumán; mientras se equiparan en Río Negro; Santa Cruz y Chubut.

domingo, 2 de abril de 2017

Maestros: el derecho a cobrar y el derecho a no ir

Maestros: el derecho a cobrar y el derecho a no irPor Jorge Lanata - Clarin.com
Ausencias docentes. Representaron el año pasado 10.500.000 días de licencia.

“Argentina camina todo el tiempo delante de sí misma”, escribió hace casi cien años Ortega y Gasset. Nos pensamos como suecos o noruegos y odiamos compararnos con Perú o Bolivia, que nos superan en casi todas las tablas. Discutimos la Universidad cuando la mitad del secundario abandona y en la primaria no se comprenden textos simples. Hablamos de cambio cultural y hace unas semanas en la radio un sindicalista de ATE me dijo: -Claro, estamos en contra de la productividad. No me imagino cómo un trabajador puede estar en contra de que su fábrica produzca más. Y si es una fábrica recuperada, ¿también estarán en contra?

Cuando intenté profundizar un poco ese delirio, el sindicalista me explicó que la productividad es una estrategia de dominación del Consenso de Washington.

Esta semana hemos visto cómo los maestros, que hace unos meses se pronunciaron contra los exámenes, se manifiestan hoy a favor del ausentismo. Los sindicatos docentes presentan el asunto como un derecho adquirido, y no discriminan entre las faltas justificadas y las que no. O sea: existe el derecho a cobrar y el derecho a no ir.

En las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires hay un 17% de ausentismo (en las empresas privadas oscila entre un 2 a 3% y en los colegios privados llega al 5%). Es habitual que el mismo maestro que se enferma para lo público se encuentre saludable para lo privado: la actitud es cínica y por cierto bastante cobarde: su ideología llega hasta donde lo dejan.

Ese diecisiete por ciento está compuesto por: enfermedades cortas (28%), largas (49%), ART (enfermedades profesionales, como afonía 23% -los locutores, que hablan durante seis horas corridas en la radio durante todos los días, no tienen esos problemas en la garganta- y el 40% son razones particulares: 40% por exámenes (¿quién estaría en contra de que se preparen?) Es una lástima que tanto conocimiento no llegue al aula, donde los parámetros son cada vez peores), 14% por maternidad, y el resto por diversas razones como actos escolares o donación de sangre –es conmovedor que ganando lo mal que ganan, afónicos y estresados, se arrastren hacia un hospital a donar su sangre a un hermano.

Estas ausencias representaron el año pasado 10.500.000 días de licencia. De cada cinco recibos que el Estado provincial paga, uno es de un suplente. Cuando el gobierno le pidió a las juntas médicas -un servicio tercerizado que se heredó de Scioli- que revisaran las licencias, se dio de alta el 62% de quienes estaban en “largo tratamiento” y comenzó a echarse luz sobre el asunto de las licencias psiquiátricas, tema que llegó a la justicia penal que investiga licencias por treinta días con cuadros de depresión. Cuando en el marco de la causa fue indagado y procesado el Dr. Block, uno de los médicos que emitía certificados truchos, muchos docentes confesaron que no padecían en realidad el cuadro mencionado en el certificado médico. 

Las irregularidades que la prestadora presentó ante ATE, SOEME Y SUTEBA son infinitas:

 -“El agente presentó un talón de licencia apócrifo”.

-“La agente presentó un certificado medico adulterado”.

-“La agente usufructuó una licencia médica por familiar enfermo. Luego se le efectuó una inspección domiciliaria, pero no había nadie en el domicilio. Una vecina informó que se encontraban de vacaciones”.

-“Presentaron certificados médicos y una historia clínica presumiblemente apócrifa”.

-“La agente agredió verbal y físicamente a la profesional por no haberle otorgado la licencia requerida ya que dicha petición no estaba fundada en razones medicas”.

A la vez, la empresa denunció usurpaciones sindicales: “Desde el inicio de la prestación -dicen- hemos sufrido innumerables interrupciones por parte de organizaciones sindicales que, con el supuesto objetivo de velar por los derechos de los trabajadores, irrumpen en nuestros consultorios y obligan a la interrupción del servicio, siempre con exigencias fuera de nuestro alcance y con métodos violentos e intimidatorios”.

El derecho a faltar le cuesta al Estado 14.300 millones de pesos en suplencias. La provincia les propuso a los docentes que, si colaboraran en bajar el promedio, podrían cobrar cinco mil pesos más por año. Los gremios docentes, claro, dijeron que no.

¿Es esta una columna en contra de los docentes? No, es una columna a favor de los docentes buenos: los que van, hacen su trabajo y han enseñado a generaciones de argentinos.

viernes, 13 de enero de 2017

Congelan la contratación de empleados en el Estado

La red del empleo público nacionalPor Pablo Fernández Blanco - LA NACION
Regirá para las dependencias del Poder Ejecutivo, que no podrán superar la plantilla de fines de 2016; también hay nuevas exigencias para que los ministros rindan cuentas.

La obsesión por reducir el gasto público que manifestó Mauricio Macri en los últimos días ya toca a los empleados del Estado: por orden del Presidente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, les prohibió a los organismos que componen el Poder Ejecutivo sumar este año personal por encima de la cantidad que tenían hasta el último día de 2016. Las reparticiones que quieran hacerlo deberán iniciar un enrevesado camino burocrático para conseguir la autorización de Peña.

Gráfico: La red del empleo público nacional.

Los límites a la contratación de personal se aplicarán de manera directa sobre la denominada administración central (la Presidencia y los ministerios, entre las principales dependencias), la descentralizada y los organismos descentralizados, como la Anses, el Incaa y el PAMI. En total, suman unos 208.000 empleados. Ése es el número que se mantendrá congelado este año.

En cambio, quedaron excluidas las empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas; las Fuerzas Armadas, las universidades, el Congreso y la Justicia. Tampoco están incluidas las provincias.

Una fuente oficial reconoció. ante la consulta de la nación, que en el futuro el Gobierno intentará avanzar en medidas similares para el resto de la administración pública nacional, donde hay organismos que suman otros 560.851 empleados y por el momento no tienen restricciones de contratación.

El año pasado terminó con 8000 concursos para incorporar personal al Estado, que esperan la designación final. Según fuentes oficiales, Modernización analizó los casos y continuarán en la administración pública.

Los límites a la contratación de personal están consignados en la decisión administrativa 12 de la Jefatura de Gabinete, que se publicó ayer en el Boletín Oficial y distribuye los recursos del presupuesto de la Nación para este año.

La norma expone sus objetivos de manera expresa. En los considerandos sostiene "que es oportuno establecer" que las entidades que componen el PEN "no podrán incrementar sus plantas de personal contratado que superen las cantidades existentes al 31 de diciembre de 2016".

Además de la firma de Peña, la norma lleva la del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien anticipó poco después de ser nombrado que uno de sus grandes objetivos de gestión sería el de "mirar finito" en qué se están gastando los recursos del Estado. Esta norma parece un producto de esa inspiración.

Si bien Dujovne es el que más habla de ajuste fiscal, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, será el principal auditor del empleo estatal. Todas las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo deberán enviarle en no más de 30 días el detalle de los cargos ocupados por personal permanente y temporario hasta el 31 de diciembre pasado.

Después de evaluar la cantidad y el perfil del personal en tareas, Modernización establecerá y distribuirá las contrataciones, con la posibilidad de modificar la distribución vigente hasta el último día del año pasado.

En la primera parte del año pasado, Ibarra lideró un proceso de depuración del Estado que ocasionó aproximadamente 10.000 despidos. "Está claro que hay una política fiscal más restrictiva. Antes se podía decir que la baja del gasto se limitaba a la reducción de los subsidios, en especial a la energía, pero ahora da la sensación de que hay voluntad de controlar el gasto en términos generales. Esto incluye controlar a los trabajadores del Estado", analizó Rafael Flores, de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). Según el especialista en cuentas públicas, está a contramano de lo que ocurrió el año pasado, cuando hubo una ampliación del gasto en estructura administrativa por la creación de ministerios, que a su vez demandaron nuevos cargos.

"La voluntad de hacer la restricción está en el discurso. Vamos a ver si efectivamente logran ir al detalle y reducir el gasto sin que implique un peor funcionamiento del Estado", se planteó Flores.

Control de gestión

Las restricciones al gasto dispuestas en la norma que se conoció ayer van más allá de la contratación de personal. Por ejemplo, los ministros y el resto de las dependencias del PEN no podrán contratar obras o comprar bienes sin la autorización de la Secretaría de la Transformación Productiva del Ministerio de Producción, a cargo de Francisco Cabrera.

La administración de Mauricio Macri también será más dura al momento de pedirles a los ministros la rendición de cuentas sobre la marcha de su gestión. Por caso, deberán informar cada tres meses la ejecución física de cada programa (así se mide el uso de los recursos del Estado para las tareas asignadas) y explicar eventuales desvíos cronológicos en el uso de los fondos (por encima o por debajo de las previsiones originales).

En la práctica, la decisión de profundizar la reducción del gasto público se decidió antes de la salida del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Por eso está contemplada en el presupuesto para este año. Según la ley aprobada a fines de 2016, casi todas las carteras tendrán menos recursos que en 2015, en términos reales (el aumento de sus recursos estará por debajo de la inflación) e incluso nominales (tendrán menos fondos en comparación con 2016, pese al encarecimiento de los precios). Macri, por caso, tendrá un 0,5% menos de recursos para manejar las actividades directamente relacionadas con la Presidencia, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, contará con un 17% menos en comparación con 2016, que representan $ 33.539 millones que se ahorrará el Estado. En parte, ese ahorro está dado porque caerán las erogaciones en subsidios debido a los aumentos en las tarifas de luz y gas.

Otro grupo que tendrá menos fondos está compuesto por la Jefatura de Gabinete, la Cancillería y los ministerios de Seguridad, Producción, Agroindustria, Comunicaciones, Ciencia, Cultura y Salud, entre otros.

La lupa sobre el gasto

Despidos - Poco después de asumir, el presidente Mauricio Macri le ordenó al Ministerio de Modernización revisar la plantilla del Estado, que había crecido en los últimos años del kirchnerismo. Fueron despedidos unos 10.000 trabajadores.

Nuevos límites - El Gobierno dispuso ayer que este año las principales dependencias del Esado nacional no podrán sumar trabajadores por encima del número de diciembre de 2016.

Señal - La intención es que otras dependencias que no fueron abarcadas sigan el mismo camino.

lunes, 28 de noviembre de 2016

El empleo público creció y alcanzó el nivel que dejó el kirchnerismo

Mauricio MacriPor Marcelo Silva de Sousa - LA NACION
Pese a los recortes que hubo en los primeros meses de la gestión de Mauricio Macri, la planta de empleados en los niveles nacional, provincial y municipal se incrementó 1%, a 3.458.448 personas; descartan más cesantías este año


Considerada como una de las "bombas de tiempo" que dejó la gestión de Cristina Kirchner, el gobierno de Mauricio Macri, desde que asumió, se propuso terminar con un "Estado sobredimensionado" por su abultada plantilla de empleados públicos. Pese a la intención oficial y a las cesantías llevadas a cabo en los primeros meses del año, el empleo público continúa creciendo y ya alcanzó el nivel de diciembre de 2015. En el Gobierno niegan que hacia fin de año pueda haber una nueva "oleada" de despidos.

Los datos surgen del informe "Seguimiento del empleo público nacional, provincial y municipal", elaborado por el Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca. Las estadísticas, que llegan hasta junio de este año, abarcan los estamentos nacional, provincial y municipal, y muestran que, desde que asumió Macri, la plantilla de empleados públicos creció un 1%.

Si bien se produjo una fuerte desaceleración en el ritmo de expansión de personal -en el mismo período del año anterior había alcanzado un 3%-, la tendencia sigue siendo creciente en los tres estamentos. En junio, el total de puestos de trabajo registrados en el sector público ascendió a 3.458.448. La mayor parte corresponde al ámbito provincial (2.277.662), que concentra el 66%. Luego, el ámbito nacional (739.097), que reúne el 21%, y, por último, el municipal (441.689), un 13%.

Después de una caída en enero, provocada por la política de revisión de contratos que ejecutó el Ministerio de Modernización -que redundó en 10.622 cesanteos- y por el recambio de autoridades en las distintas administraciones, el número de trabajadores creció durante todos los meses del año. El único estamento que tuvo una reducción mínima fue el nacional, de 0,4% -casi 3000 puestos de trabajo menos-. Sin embargo, la caída fue en enero y esa diferencia fue compensándose con la incorporación de empleados en los meses subsiguientes.

Fuentes cercanas al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, justificaron a la nacion: "En lo que tenemos injerencia directa, que son los 23 ministerios y las dependencias estatales, como el PAMI, la AFIP y el Incaa, redujimos la plantilla un 5%". Se trata de un universo de 220.000 empleados, sobre el total de 739.000 que corresponden a la Nación. Así, atribuyeron el alza a sectores descentralizados, como universidades, empresas del Estado, los poderes Judicial y Legislativo y las fuerzas de seguridad.

La evolución del trabajo formal en los últimos cinco años muestra claras diferencias cuando se lo separa entre el sector público y privado. El objetivo del Gobierno, explicaron fuentes cercanas a Triaca, es que hacia fin del mandato, en 2019, las curvas de empleo registrado privado -amesetada desde 2011- y pública -en franca suba durante los últimos años- se hayan "intercambiado".

El ranking de las provincias donde hubo más crecimiento de empleados en el último año lo encabezan Chubut, Chaco y Neuquén, con subas superiores al 5%. Sus contrapartes son la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde las subas en el último año estuvieron cerca del 2%.

Uno de los asteriscos del informe que elaboró Trabajo es Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner. Es que la información del estudio se encuentra "levemente subestimada" por falta de información; señala, en particular, la información fragmentaria brindada sobre el sector público en territorio de la cuñada de la ex presidenta.

Revisión

Según estimaciones del Gobierno, el 31 de diciembre caducarán cerca de 70.000 contratos -para los gremios, son más- en el ámbito público nacional. Los estatales de ATE mantienen la guardia en alto ante la posibilidad de que hacia fin de año haya otra "oleada" de despidos.

"Se van a vencer 90.000 contratos, y estamos en guardia. Ibarra dijo que no habrá despidos, pero dijeron cosas que después no cumplieron", dijo a la nacion Hugo "Cachorro" Godoy, jefe nacional de ATE.

El Gobierno asegura que "no existe una orden para volver a revisar contratos" y que el proceso de revisión impulsado por el decreto 254/15, firmado por Macri, concluyó el 31 de marzo. En Casa Rosada, insisten en que no hay una orden taxativa de avanzar hacia una nueva reducción de la plantilla. "Quedará a consideración de cada ministerio renovarlos o no, pero no hay una orden para que haya una nueva depuración de la plantilla", confió una calificada fuente del Gobierno.

En Modernización aseguran, en tanto, que se trabaja en un plan de "jerarquización del empleo público" que culminará el año próximo y que prevé, hacia fin de año, la incorporación de 3100 contratados a planta permanente.

El panorama de los estatales

3.458.448 - Es el total de empleados públicos a nivel nacional - La cifra corresponde al informe de "Seguimiento del empleo público nacional, provincial y municipal", elaborado por el Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca. Las estadísticas oficiales llegan hasta junio de este año

2.277.662 - Los empleados estatales en el nivel provincial - Los trabajadores de la administración pública de las provincias concentran el 66% del total, según la medición

739.097 - Los empleados estatales nacionales - El grupo de trabajadores públicos de la administración nacional representa el 21%

441.689 - Los empleados públicos en municipios - Reúne al 13% del total de trabajadores estatales del país

10.622 - Despidos en enero - Fue el único mes en el que bajó el número de trabajadores estatales, provocado por la política de revisión de contratos que ejecutó el Ministerio de Modernización y por el recambio de autoridades en las distintas administraciones. El resto de los meses creció

0,4% - Fue este año la caída de los empleados nacionales - Fue el único segmento del empleo público que registró una mínima merma desde el comienzo del año. Se traduce en unos 3000 empleados

miércoles, 9 de noviembre de 2016

Camioneros ya controla OCA y renegocia deuda

Resultado de imagen para OCAmoyanoPor Mariano Martín - Ambito.com
Los trabajadores empezaron la gestión de la empresa a partir del pasivo previsional del dueño formal. Avanza con Abad una moratoria impositiva.

Lo terminaron de acordar a solas el lunes Mauricio Macri y Hugo Moyano. Con la venia del mandatario, el líder camionero quedó a cargo de OCA, la principal empresa postal privada, que atraviesa una severa crisis por deudas previsionales e impositivas. Será a través de una gestión operativa de los trabajadores de la compañía y bajo el paraguas del gremio de los choferes, al menos durante el período necesario para llevar a cabo un saneamiento de sus cuentas.

A partir del acuerdo político sellado esta semana, la nueva conducción de OCA planteará un plan de pagos para una deuda impositiva estimada en un principio en 2 mil millones de pesos, aunque en los últimos meses desde el propio gremio dijeron que parte de ese monto se saldó. Con ese fin, dirigentes de confianza de Moyano se reunieron la semana pasada con el titular de la AFIP, Alberto Abad, para sondear las opciones de la eventual moratoria a la que se acogerán.

El cambio de conducción en la empresa había comenzado a gestarse hace un mes cuando el dueño formal, Patricio Farcuh, se vio impedido de ingresar a sus oficinas. Desde entonces el sindicato tomó el control operativo de la firma y puso al frente a uno de los gerentes junto a un abogado y un contador del gremio. Incluso hubo un indicio previo en septiembre cuando la organización de Moyano pagó parte de los sueldos de los 7.500 trabajadores de la compañía que se encontraban en mora y que habían disparado una huelga. Lo hizo entonces como préstamo a su propietario formal, como informó este diario.

En el Gobierno y cerca de Moyano confirmaron la reunión a solas del lunes entre Macri y el gremialista, así como el desenlace en el manejo de la empresa. También explicaron que la figura visible del sindicato en OCA será Héctor "Yoyo" Maldonado, hombre de la máxima confianza de la familia Moyano y secretario general en el club Independiente, en donde tiene a su cargo la gestión diaria del fútbol.

La crisis en la empresa postal signó este año buena parte de la relación entre Moyano y el Gobierno. Por tratarse del mayor empleador individual para el gremio camionero (a los 7.500 empleos directos debe sumárseles otros 5.000 indirectos) la posibilidad de una quiebra con la pérdida de los empleos representaba un conflicto grave para un Gobierno en su primer año de mandato, y una debacle sin precedentes para un dirigente sindical que hizo de la estabilidad de sus representados su principal bandera.

De hecho, más allá de la relación protocolar de los funcionarios con las distintas versiones de la CGT, y desde agosto con el triunvirato de jefes que quedó a cargo de la central, Macri siempre priorizó el diálogo mano a mano con Moyano. Buena parte de esas conversaciones tuvieron relación con el futuro de OCA, e incluso desde el propio Ejecutivo admitieron que el camionero disuadió a muchos de sus colegas que pretendían ir al paro nacional a partir de las señales que recibía favorables a un salvataje a la empresa postal.

En el gremio explicaron que para concretar el cambio de manos en OCA se apeló a la deuda previsional que la firma mantiene con sus choferes, así como al peso de las potenciales indemnizaciones a ser liquidadas en un eventual cese definitivo de actividades. También dijeron que en principio no habrá afectación en los derechos adquiridos por los trabajadores de la empresa en términos salariales, de antigüedad e indemnizatorios. Incluso deslizaron que en el mes que lleva la nueva gestión de facto, a partir del apartamiento de Farcuh, hubo recuperación de clientes y mejora en las cuentas de la compañía.

jueves, 6 de octubre de 2016

¿Cambiamos? Los acomodados "a dedo" de Mauricio Macri

Resultado de imagen para Fabricaciones MilitaresPor Susana Jantus.
Como todos los años en los primeros días de agosto miles de personas se agolpan en las puertas de la iglesia del barrio de Liniers para venerar al santo del trabajo, San Cayetano. Pero lo que muchos otros veneran son los contactos que les permiten acceder a cargos públicos en dónde perciben elevados sueldos y en muchísimos casos sin presentarse a trabajar. 

Existen además aquellos que idolatran a altos funcionarios que acceden a los pedidos de favores que muchas veces resultan ridículos y por demás inadecuados.


Más allá de la llamada “depuración” que hizo Mauricio Macri al comienzo de su gobierno y las promesas de una función pública idónea, se puede ver que hay una continuidad de la “cadena de favores” que no se limita a ninguna bandera política en particular y pareciera ser que algunos puestos y beneficios están reservados sólo para los amigos de aquellos que estén en el gobierno. Los acomodados de ayer, hoy y de siempre.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández eran frecuentes los pedidos a sus hombres de confianza. Estos favores se extendían inclusive a altos funcionarios y llamativamente a jefes de la oficina de inteligencia, hoy la AFI, Agencia Federal de Inteligencia e iban desde la tramitación de DNI para nuevos residentes en la Argentina, créditos para la compra de camiones “para hacerlos trabajar” en Río Gallegos, hasta insistentes pedidos “de ingresos” en organismos públicos como la DGI y las Aduanas por tomar sólo unos ejemplos: “para los muchachos del partido que tenemos allá” alegaban.

Algunos de esos requerimientos se extendían además a: “me podrás dar una mano para que salgan unos decretos que hace meses están aún pendientes en el Ejecutivo Provincial” e incluían la subvención de proyectos privados. Algo habitual eran las solicitudes a un ex y alto funcionario de la Oficina de Inteligencia para colocar gente en las distintas embajadas y secretarías y en dónde “los ciudadanos santacruceños” tenían prioridad. La embajada ubicada en Caracas era muy requerida, aunque nadie lo entendiera ya que la embajadora asignada no se comportaba de forma diplomática con sus empleados sino todo lo contrario.

Hubo un caso de una mujer muy insistente, todavía en función, que le reiteraba, al por entonces Jefe de la Side, el ruego para obtener un cargo en alguna embajada, de su preferencia la de Estados Unidos. Un joven estudiante de abogacía, por ejemplo, era postulado por su padre, amigo del kirchnerismo, a un puesto en “algún organismo de Justicia”, el que fuera. Recordemos que existen casos de estudiantes nombrados con letra C como por ejemplo, Francisco Zannini en la Procuración del Tesoro de la Nación, algo que no corresponde ya que no terminó su carrera de grado al momento de su designación.

Otro de los pedidos frecuentes era la asignación de viviendas por parte del IDUV, Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, que no siempre se atendría a las normas para designar a los adjudicatarios. De hecho uno de los “solicitantes” reclamó una para su hijo ya que sabía de antemano que al menos en esa etapa serían sesenta las que se repartirían.

La Cámpora ha sido una de las grandes agencias de colocaciones y favorecedoras de “amigos” ya que ha distribuido a los suyos por todas las oficinas y organismos públicos del país. Actualmente se están reacomodando luego del cambio de gobierno. No es cierto que se haya despedido a todo el frente camporista ni mucho menos.

Unos de los organismos públicos que depende del Ministerio de Defensa y que fue noticia el año pasado por lo masivo de los despidos fue Fabricaciones Militares. Allí a comienzo de año se separó a 140 empleados que más tarde se manifestarían en protestas mediatizadas. Por esos días, el ministro de Defensa, Julio Martínez declaraba que: “Hay áreas sensibles en las que se están haciendo auditorias”. Esa dependencia venía de ser manejada por Santiago Rodríguez, un hombre muy vinculado con la Cámpora, señalada como una agencia de colocaciones desde siempre.

¿Cambiamos?

Fabricaciones Militares es por estos tiempos la vedette de nombramientos de amigos en cargos públicos. Este organismo es dirigido actualmente por el interventor Hector Lostri, un arquitecto de urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires, quién nombró a su hermano como jefe de gabinete de la empresa y a su primo, Jorge Latorre, como asesor de comercialización. Lostri fue desde el comienzo de su gestión señalado como un beneficiario del trabajo público al mismo tiempo que desarrollaba sus propios negocios inmobiliarios, algo considerado incompatible con sus deberes de funcionario.

Por otro lado la directora de administración, Mariana Policastro, nombró en la nueva gestión como su segundo a su primo Néstor Turina, y a su otro primo Francisco Bandeira como gerente de recursos humanos. Toda una genealogía puesta en la dependencia militar.

La ex vendedora de salón de la reconocida cadena internacional Falabella, Elizabeth Lasci, fue nombrada coordinadora comercial de Fabricaciones Militares por el ex sub interventor, Cristian Fernández, que renunció hace poco por las presiones de los hermanos Lostri debido a una denuncia de la propia Lasci por abuso de autoridad. Algunos creen que esto fue utilizado como un excusa por parte de los Lostri para desprenderse de Fernández.

Otro de los señalados como favorecido es Fabián Lago, representante de la marca Umbro en Argentina, compañero de partidos de fútbol de Mauricio Macri. Lago fue nombrado gerente comercial, se cree que es free - lance porque nunca asiste a trabajar. Finalmente quedó debajo del gerente, Silvana Franceschi, amiga de Hector Lostri, quién se desempeñaba como empleada bancaria. Empleados históricos señalan que esto se produjo por la falta de idoneidad que demostró Lago para el cargo.

Marcelo Lancelotti, nombrado director de producción, llevó a Fabricaciones Militares a sus amigos más cercanos como Marina Silliti y Juan Sagamaga, gente poco idónea para el puesto ya que no cuenta con experiencia y han pasado por encima de los viejos empleados de Fabricaciones Militares que ya había desplazado la Cámpora.

Es preciso señalar que todos cobran sueldo que van desde los $30.000 hasta a los $50.000, siempre y cuando no ocurra como en muchos otros organismos tales como la Procuración del Tesoro de la Nación dónde cobran el doble de lo que figura en los recibos, algo justificado como “incentivo”.

Más allá de todos y cada uno de los nombramientos pasados y presentes no se vislumbra en el horizonte más cercano una intención clara de reconocimiento e incorporación de empleados idóneos sino que se perpetúa la vieja costumbre del “puesto para los amigos”.


viernes, 16 de septiembre de 2016

La Ciudad reflotó el proyecto de edificar un shopping en el barrio de Caballito

El terreno de la avenida Avellaneda y Fragata Sarmiento permanece hoy ociosoPor Pablo Tomino - LA NACION (Extractado)
Envió por quinta vez a la Legislatura una iniciativa para rezonificar un predio de IRSA; buscará respaldo opositor; el centro comercial tendría tres niveles y 130 locales.

El terreno de la avenida Avellaneda y Fragata Sarmiento permanece hoy ocioso. Foto: Marcelo Gómez.

El gobierno porteño volvió a presentar ayer en la Legislatura un proyecto de ley para cambiar la rezonificación de un predio privado lindero al estadio de Ferrocarril Oeste, en Caballito, y permitir allí la construcción de un shopping, tal como adelantó LA NACION. La megaobra que desarrollará la empresa IRSA implica una inversión de US$ 150 millones y se deberá aprobar en el recinto con 31 votos, en doble lectura. El oficialismo tiene 28 legisladores y saldrá a la caza de otros tres aliados circunstanciales, posiblemente en legisladores del bloque de Martín Lousteau (Suma+), de Graciela Ocaña (Confianza Pública), del massismo o del PJ disidente.
Simulación. Así sería el frente del nuevo edificio si la Legislatura habilita su construcción.
IRSA, propietaria de 15 shoppings en todo el país, prevé levantar una estructura de cemento de 38.000 m2 en tres plantas, con alrededor de 130 locales. El terreno está situado en la avenida Avellaneda, entre Fragata Sarmiento y Olegario Andrade, tiene 2,4 hectáreas y lo adquirió la empresa hace 15 años. Desde hace una década, intenta sin éxito lograr que la Legislatura cambie la rezonificación del lugar, que hoy sólo permite la construcción de unidades residenciales.

"Con la actual normativa, se podrían edificar en este predio seis torres de 30 pisos, lo que equivale a 140.000 m2. Si cambiamos la rezonificación, se podrá construir un shopping de hasta 70.000 m2. De esta manera estamos recargando menos la zona, no se genera colapso en los servicios y creamos tejido urbano en un espacio que hoy está totalmente abandonado", dijo a LA NACION Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad.

Según el gobierno porteño, IRSA se comprometió a generar 2000 espacios para estacionar (los vecinos también podrán adquirir una cochera mensual) y a invertir un millón de dólares para abrir una calle, Bogotá, paralela a la vía del tren Sarmiento. Así, el shopping quedará incluido en una manzana ampliada, de la cual el 35% serían espacios públicos.

Según pudo saber LA NACION, las cocheras estarán distribuidas en dos subsuelos; el shopping tendría 22 metros de altura y la obra podría arrancar el día después de que se apruebe en la Legislatura. La empresa prevé que pueda inaugurarse en dos años. Fuentes de IRSA indicaron que durante la construcción del centro comercial se empleará a 4500 personas, directa e indirectamente, y que una vez que esté en funcionamiento trabajarán unos 2000 empleados.

La polémica por la construcción del shopping se funda en el impacto que tendrá en el barrio, aunque la Ciudad insiste en que se harán numerosas mejoras en Caballito: colocarán nuevas luminarias, se restaurarán veredas y calles, y se integrará al barrio la comisaría de la zona, que también sería remodelada.

Según constató LA NACION en una recorrida, muchos habitantes creen que es necesario recuperar el predio abandonado, aunque temen que la edificación de un centro comercial provoque que la zona pierda su identidad o colapse, por el tránsito o por el arribo de gran cantidad de gente. Sólo una parte de los consultados aprueba la iniciativa.


La llave que posibilitará este proyecto estará, una vez más, en la Legislatura, a la que llegará por quinta vez. La intención del oficialismo es que pueda ser tratado en lo inmediato. Algunos aliados frecuentes del macrismo ya sentaron su posición.

El diputado porteño Hernán Rossi, presidente del bloque Suma +, dijo que "ECO no cree que en ese lugar tenga que haber un shopping; los shoppings deben estar en zonas alejas de la ciudad. Es cierto que el terreno es de IRSA y que hay que decidir qué hacer con ese vacío, que genera inseguridad. Habría que pensar en un espacio verde sumando algo educativo, recreativo. Convocar ideas, pero que no sea un shopping".

Consultados, legisladores del Frente para la Victoria se mostraron reticentes a votar la iniciativa, mientras que Graciela Ocaña, de Confianza Pública, comentó a LA NACION: "No tengo conocimiento del nuevo proyecto, pero quisiera saber qué piensan los vecinos. En el barrio mucho se opusieron en los últimos años y hay que evaluar si algo cambió en la normativa. Pero no pareciera".

Somos un pueblo con doble discurso, se pide por mas trabajo y se critica e impide la creación de nuevos puestos...ciertamente, es un pensamiento incoherente. Nada es perfecto.

miércoles, 7 de septiembre de 2016

El Gobierno admite que habrá más despidos en el Estado

Macri, con Peña e IbarraPor Agustina López - LA NACION
Lo reconoció el ministro de Modernización, Andrés Ibarra; se activó una nueva revisión en la administración pública que prevé retiros voluntarios y el cese de algunos contratos; advertencia de uno de los dos gremios estatales


Macri, con Peña e Ibarra. Foto: Archivo / Fernando Massobrio

Luego de la ola de 10.662 despidos que se produjo en los primeros meses del año y que concluyó el 31 de marzo pasado, el Gobierno comenzó, a través del ministerio de Modernización, una nueva etapa de revisión de contratos y reordenamiento de la planta estatal. El plan consiste en hacer una meticulosa radiografía que permita evaluar las diferentes áreas. Tras este paso, se activarán traslados de personal, capacitaciones, jubilaciones, retiros voluntarios e incluso la no renovación de contratos. Es decir, habrá más desvinculaciones.

"Si en algún momento de este proceso significa tener que hacer retiros voluntarios o no renovar ciertos contratos porque hay sobredimensionamiento, lo habrá, pero de ninguna manera empezamos por eso, sino que el resultado final de esto que hagamos con mucha sensatez. Vamos a ser implacables con los que no trabajan", dijo a LA NACION el ministro de Modernización, Andrés Ibarra .

La idea que tiene el Gobierno con este "plan integral de transformación" es hacer en un Estado más eficiente. Para ello se puso en marcha un proceso de "planeamiento de dotaciones", que evaluará la estructuración de cada ministerio, sus funciones, si hay solapamiento con otras áreas, si falta personal o si el que hay no está capacitado. Actualmente esta evaluación se está llevando adelante en ocho carteras: Ambiente, Modernización, Seguridad, Cancillería, Salud, Producción, Turismo y Ciencia y Tecnología y se prevé que finalice el año próximo.

A esto se sumará mayor control del presentismo mediante datos biométricos, esclarecimiento de los objetivos de todas las áreas y mejoramiento del control de estas metas, e incluso autoevaluación de los propios empleados. Este último programa, denominado "Valores" comenzará a correr en breve y será una suerte de encuesta masiva en la que cada empleado deberá evaluar su área y proponer mejoras.

"Con una muestra muy representativa, de miles y miles de empleados, vamos a tener un perfil de la estructura de valores y el tipo de organización que los propios trabajadores quieren en la organización. Una vez que tengamos resultados esto retroalimentará nuestros programas de formación y capacitación", explicó Ibarra.

En paralelo, se está trabajando en un plan de capacitación de personal que recorrerá toda la jerarquía pública: desde las más altas esferas hasta el personal administrativo. Los programas irán desde estrategia y liderazgo hasta ofrecer cursos de programación y gestión documental para aprender a manejar expedientes electrónicos o de atención al cliente. "Está pensado para que cada segmento del Estado tenga las herramientas que necesita", dijo Ibarra.

Esta situación no pasó desapercibida para los gremios estatales. "El gobierno está avanzando en una estadística sobre la situación de los trabajadores para construir los planteles que ellos consideran óptimos, por fuera del ámbito paritario. Estamos buscando que se haga un acompañamiento sindical", dijo a LA NACION Hugo Godoy, secretario general de ATE nacional.

El gremialista agregó: "Apuntan a una reducción y reorganización del personal, pero no garantizan el pase a planta permanente que prometieron. No tenemos listas o números de eventuales cesanteados, pero la semana pasada ya despidieron 170 trabajadores en el Ministerio de Educación y no se nos habilita a reincorporar a la gente que fue injustamente despedida".

Irregularidades

Una de las problemáticas que viven muchos empleados públicos es permanecer durante años, a veces décadas, con un contrato transitorio y sin capacidad de ascenso. De acuerdo a datos que aportó Modernización a LA NACION, el 35% de los empleados públicos cuentan hoy con un contrato no permanente, cuando la ley estipula que no puede sobrepasar el 15%.

"Para octubre queremos tener un prediseño de los cambios que haremos a la carrera", explicó Ibarra. Según el ministro, hacia fin de año incorporarán a planta permanente a 2500 personas que lleven más de diez años trabajando en el Estado. Esto se hará mediante un concurso, que es una evaluación de capacidades para determinar su idoneidad en el puesto que ocupan. Actualmente, son alrededor de 13.000 las personas con más de diez años de antigüedad que no integran la planta permanente.

Sumado a esto, el año que viene se lanzará un concurso con jurado para la alta dirección pública (directores y coordinadores) del Estado. Se espera que para el 2019, de los 3000 cargos que hay actualmente, la mitad sea concursado.

"El trabajo es ver dónde estamos y qué tipo de gente nos hace falta; identificar cuáles son las necesidades que tiene el Estado" sintetizó Ibarra y agregó: "En los últimos años tuvimos un crecimiento del Estado de un 64% aproximadamente. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Atacar el verdadero problema de las personas que no venían o no trabajaban. Terminado ese proceso, tenemos la obligación de ver con lo que hay, que el Estado funcione. Porque la verdad, es que no funciona o funciona mal".

lunes, 5 de septiembre de 2016

Un Estado tan obeso como insostenible

Resultado de imagen para gasto publicoEditorial del diario La Nación
Entre 2002 y 2015 el número de quienes viven del Estado pasó de 6 a 19,6 millones de personas, más del doble de los aportantes del sector privado


Sumando los niveles de gobierno nacional, provinciales y municipales, en el año 2002 el Estado ocupaba a 2.100.000 empleados. En ese mismo año el número de jubilados y pensionados a cargo del gobierno orillaba los 3 millones y la cantidad de personas que recibían subsidios o eran beneficiarios de planes sociales, sin incluir asignaciones familiares, alcanzaba alrededor de un millón. En total eran 6.100.000 personas las que mensualmente recibían una remuneración o transferencia del Estado. Frente a ellos había aproximadamente 7 millones de personas activas en el sector privado formal que realizaban sus aportes y pagaban sus impuestos. La balanza de 7 a 6,1 entre los que aportaban y recibían estaba razonablemente equilibrada. Podría haber sido aún más favorable, ya que en aquel entonces diversos estudios ya mostraban un exceso innecesario de empleados estatales.

Pero entre 2002 y 2015 se produjo un cambio desequilibrante de gran significación. El número de empleados públicos aumentó a 4.100.000. La cantidad de jubilados y pensionados a cargo del Estado se expandió a 7,5 millones después de dos generosas moratorias y de la estatización del sistema privado. Por otro lado, los planes sociales se multiplicaron y expandieron hasta abarcar algo más de 8 millones de beneficiarios. El total de personas a cargo del Estado pasó así a 19,6 millones de receptores de pagos mensuales. En el mismo período los aportantes privados formales sólo subieron a 8,5 millones. La balanza quedó así fuertemente desequilibrada: 8,5 millones aportan y 19,6 millones reciben. Una relación de este tipo no se observa en ningún país del mundo y no es sostenible dentro de los límites de una presión impositiva razonable que no destruya la economía.

El desborde estatal durante la gestión kirchnerista se puede evaluar también desde el ángulo del gasto público. De un nivel del 30% del PBI en 2002 se pasó al 47% en 2015. Fue un aumento en proporción al tamaño de la economía, que a su vez también creció. De acuerdo con información desarrollada por la reconocida Fundación Libertad y Progreso, de los 17,1 puntos de aumento del gasto en relación al PBI, el incremento del empleo público fue responsable de 5,5 puntos; el de jubilados y pensionados contribuyó con 3,4; los planes sociales, con 3,9, y los subsidios a la energía, el transporte y otras actividades, con 4,3.

La gestión kirchnerista intentó solventar este engrosamiento estatal aumentando impuestos. Elevó la presión impositiva desde un 27% del PBI hasta un 40%, haciéndola insoportable para trabajadores, exportadores y productores. A pesar de ello desapareció el superávit fiscal que se había alcanzado en 2004 y se generó un creciente déficit, que alcanzó a un 7% del PBI en 2015. Ésta fue la situación heredada por el presidente Macri.

La dificultad de reducir el gasto ha quedado demostrada en la enorme resistencia de la sociedad a los ajustes tarifarios, única alternativa para que el Estado reduzca los abultadísimos subsidios a los servicios públicos.

Macri está ante la necesidad de reducir el déficit para detener el rápido crecimiento de la deuda pública. Podría intentar una licuación gradual haciendo crecer la economía, pero esto requeriría tiempos muy prolongados como para evitar la impaciencia de los acreedores. Inevitablemente deberá actuar sobre los subsidios sociales y sobre la burocracia estatal. Esto exigirá contar con un programa bien elaborado de reforma del Estado y con políticas e instrumentos que faciliten la transferencia de empleo público hacia el sector privado. Entre ellos parece imprescindible una revisión de las regulaciones laborales, que tras el objetivo de proteger al trabajador han afectado severamente la competitividad, han desalentado la inversión y están afectando la demanda de empleo.

La reversión del gigantismo estatal y la crítica situación fiscal constituyen dos de los mayores desafíos del Gobierno. La oposición, así como los gobernadores de provincias y los dirigentes sindicales deberían ser conscientes del riesgo de demorar la corrección de esta situación. Ya han abusado de las exigencias que implicaron un gasto adicional como condición para acompañar cada ley o medida intentada por el Poder Ejecutivo. El presidente Macri y sus funcionarios deberían esforzarse más por explicitar la gravedad de la situación fiscal, en lugar de mostrarse cómodos frente al problema, al tiempo que deberían exhibir una mayor firmeza para enfrentar demandas que aumentan el gasto público.

jueves, 18 de agosto de 2016

Mauricio Macri lanza un programa para crear empresas en 24 horas

Por Juan Gasalla - Infobae.com - El Presidente presentará en Tecnópolis el proyecto de ley para agilizar proyectos productivos y facilitar la generación de empleo. Esta semana se enviará al Congreso


El presidente Mauricio Macri anunciará en la sede de Tecnópolis la iniciativa para simplificar y agilizar la creación de empresas y que se complementa con la Ley PyME sancionada en julio.

El martes, en la sede de Mercado Libre, Macri ponderó la puesta en marcha del plan "Argentina Emprende". "En esa línea logramos el consenso en el Congreso para tener la Ley PyME, instrumento que va a respaldar las buenas ideas y para que se vea que tienen en el Gobierno un socio para ayudarlos y no una traba que haga abandonar el sueño de innovar".

La elección del lugar del anuncio no fue casual, pues Mercado Libre es un ejemplo del potencial de proyectos que apuestan por la innovación. Hoy esta empresa es líder en el país y América Latina en comercio electrónico, y la octava en importancia en el mundo en ese rubro. La firma, que comenzó con una idea y pocos recursos hace 17 años, anunció una inversión de $1.500 millones en Argentina y la creación de 5.000 nuevos puestos de trabajo.

El Gobierno presentará en el Congreso esta semana el proyecto de ley al que le augura un rol relevante como instrumento para la reactivación económica y la generación de empleo. La iniciativa, en manos de la Secretaría de Emprendedores y PyMEs, dependiente del Ministerio de Producción, está enfocada en facilitar y allanar la concreción de micro, pequeños y medianos proyectos.

Manuel Tanoira, director de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de la Argentina (ASEA), afirmó a Infobae que el proyecto establecerá "la eliminación de las barreras burocráticas al momento de invertir y un par de incentivos innovadores a nivel de Latinoamérica. Si la oposición apoya y sale la ley va a ser una legislación muy moderna para lo que es la región en términos de startups (compañías incipientes)".

Entre otros puntos destacados, contempla la posibilidad de crear empresas en 24 horas y establecer nuevas figuras societarias que faciliten el trámite para la puesta en marcha de los emprendimientos.

María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, expresó que "este proyecto acompaña en gran parte las necesidades de los emprendedores en sus diferentes estadios, además de reconocer a las empresas sustentables. Se incluyen los puntos más demandados, como la simplificación de la creación de nuevas empresas y la ampliación de las fuentes de financiamiento, así como también la promoción de incentivos fiscales para los inversores que apuestan por el capital emprendedor".

TRES PUNTOS CENTRALES DE "ARGENTINA EMPRENDE"

1) Una de las claves del proyecto es la constitución de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Esta figura legal es propia del derecho anglosajón, aunque se aplica con éxito en países de la región con importante tracción económica del emprendedorismo, como Colombia, México y Chile. Una Sociedad por Acciones Simplificada puede constituirse por una o varias personas físicas o jurídicas, y si bien su naturaleza es comercial, puede desempeñar actividades tanto comerciales como civiles.

2) Otro punto saliente es lo que se denomina "Atracción de capital inversor para proyectos de alta escalabilidad". Aunque las fuentes oficiales consultadas por Infobae no brindaron detalles al respecto, en el borrador inicial se había evaluado la posibilidad de otorgar beneficios impositivos en Ganancias, IVA y Bienes personales a las denominadas "Instituciones de Capital Emprendedor" y la opción de "crowdfunding público", es decir, el financiamiento colectivo a través de plataformas , con supervisión de la Comisión Nacional de Valores.

3) También se promoverá la actividad de empresas con beneficio de interés colectivo, conocidas como empresas de "triple impacto" que, más allá del cuidado con la propia rentabilidad, tienen en cuenta los aspectos ambientales y sociales.

"Si estos beneficios son finalmente implementados, se generará un entorno propicio para agilizar la dinámica de creación y crecimiento de los emprendimientos en el país con lo que esto conlleva: generación de más puestos de trabajo y desarrollo económico", señaló Bearzi a Infobae. "Por eso vemos un panorama muy alentador para los emprendedores argentinos: a estas iniciativas se suma el apoyo de los actores que integran el ecosistema emprendedor a través de redes de contacto, capacitaciones y mentorías a emprendedores, dentro del marco de colaboración propio de este sector", acotó.

"Lo que tiene esta ley de innovadora es el tema de la digitalización de las sociedades. Es algo que a nivel regional sigue siendo una deuda pendiente", dijo Tanoira, quien participó desde el comienzo en la elaboración de Argentina Emprende, desde hace tres años. "Hoy nosotros podemos mandar facturación digital, que es dinero, y no podemos crear una sociedad en forma digital, que es un vehículo jurídico. Es un absurdo", agregó.

INMEDIATO TRATAMIENTO LEGISLATIVO

En Argentina, un tercio de la actividad económica es informal, hecho que afecta a la inversión y la recaudación fiscal, a la vez que alienta el empleo precario. Esta iniciativa puede contribuir a incorporar toda esta producción a la economía formal. "Cuando vos ponés una legislación que es burocrática y obsoleta, lo que pasa es que menos gente entra al vector impositivo. Cuanto más fácil, barato y simple es declarar impuestos, darte de alta como vehículo jurídico y declarar quiénes son los accionistas, más fácil es que la gente se quiera incorporar", apuntó Manuel Tanoira, de ASEA.

Fuentes de la Secretaría de Emprendedores y PyMEs, a cargo de Mariano Mayer, indicaron a Infobae que "esta semana o la próxima se está definiendo la fecha para el tratamiento de la iniciativa en el Congreso".

En diversas exposiciones para promover el plan Argentina Emprende, Mariano Mayer explicó que "con la expansión de las tecnologías exponenciales y la democratización de la información, emprender resulta más fácil que nunca. Tenemos que aprovechar este contexto para multiplicar posibilidades y generar empleo de calidad", a la vez que apeló a "todo el potencial de los emprendedores y de las PyMEs para hacer frente a la generación de millones de puestos de trabajo y a los desafíos de crecimiento y cumplir con el objetivo de Pobreza Cero".

 En el mundo el 90% de los nuevos empleos los generan las micro, pequeñas y medianas empresas
Tanoira opinó que "el objetivo de Pobreza Cero no se logra haciendo crecer el número de empleados en las corporaciones. En el mundo más del 90% de los nuevos empleos los generan las PyMEs y los emprendedores. No hacés crecer el empleo haciendo crecer a corporaciones de cuatro mil o diez mil empleados. La única forma de hacer crecer el empleo es fomentando la innovación y el emprendedorismo. Sin hacer eso, no se va a cumplir el objetivo de Pobreza Cero".

Argentina Emprende se complementa con los beneficios que fijó la Ley PyME, como la oferta de líneas de crédito más ágiles y a tasa preferencial, el pago trimestral del IVA, la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta y la compensación del impuesto al cheque.

"Hace 18 años que trabajamos para apoyar y potenciar a emprendedores de alto impacto y promover ecosistemas de emprendedores en todo el país y se hacía necesario una política como esta que fomente, proteja y apoye a los emprendedores. Hasta hoy, muchas de las startups fracasan durante sus primeros años de vida, entre otras cosas, porque no cuentan con sistema regulatorio y fiscal que los contemple o programas de financiamiento que acompañen su desarrollo", sostuvo María Julia Bearzi, de Endeavor.

"Cuando regulás, tenés que regular por la positiva, no por la negativa. Ahora, si alguien comete un fraude y quiere evadir el impuesto, entonces ahí tiene que entrar el Estado, para investigar, sancionar y que esa persona pierda no solo los beneficios obtenidos por parte de la ley, sino además que pague por el incumplimiento. Es una forma distinta, que es más o menos lo que hacen los países desarrollados. Castiguemos a los que hacen las cosas mal, habiéndole dado la posibilidad de hacerlas bien", completó Manuel Tanoira.

Planean ejecutar obras por $ 75.000 millones en lo que resta del año (II)

Por Martín Kanenguiser - LA NACION
Incluye proyectos de agua, transporte y energía; ayudaría a recuperar empleo perdido; dudas de los analistas.
El Gobierno tiene previsto ejecutar proyectos de obra pública por cerca de $ 75.000 millones hasta fin de año, para comenzar a recuperar parte del empleo perdido e intentar dejar atrás la recesión. La intención es gastar entre 15.000 y 20.000 millones de pesos mensuales en caminos, saneamiento y energía, según comentaron a LA NACION calificadas fuentes oficiales.

Luego de un primer semestre en el que el Gobierno se focalizó en investigar la red de corrupción dominante en el rubro durante el kirchnerismo, ya comenzaron el pago de obras y la lenta ejecución del presupuesto, previsto en $ 200.000 millones para todo el año. El Gobierno planea ejecutar obras por $ 75.000 millones en lo que resta del año.

Aunque no se llegará a desembolsar todo ese dinero, la intención del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio, es completar obras de Vialidad, Aysa, las centrales hidroeléctricas del Sur y el soterramiento del tren Sarmiento. El ambicioso objetivo planteado por la Subsecretaría de Coordinación de la Obra Pública Federal, que conduce Ricardo Delgado, es recuperar un 75% de los 60.000 empleos que se perdieron en la construcción en el último año, para arrancar 2017 con una perspectiva positiva.

Además, la obra pública aparece, por la lentitud demostrada por la inversión privada real -cuyo nivel es difícil de precisar por la divergencia de cifras entre los ministerios de Hacienda y Producción y la agencia nacional de inversiones-, como el salvavidas para que la recesión sea más suave este año.

Los economistas consultados por LA NACION coincidieron en señalar que luego del muy malo segundo trimestre el tercero está en modo de estancamiento y el último podría mostrar un leve crecimiento. En este sentido, otra fuente oficial indicó que "hay algunos síntomas de reactivación, pero aún se tienen que confirmar por la baja de la inflación", que en agosto reflejaría un número inferior al 2%.

En la Casa Rosada afirman que "se ve algún leve rebote en los bienes de consumo durable", y creen que la baja de la inflación y de las tasas de interés colaborará para que el panorama mejore a fin de año.

El director de Elypsis, Luciano Cohan, dijo que "datos de reactivación aún no hay, pero en el cuarto trimestre la tendencia se revertirá por la construcción, a partir de la obra pública y la privada, más la venta de electrodomésticos y algo de las exportaciones". Elypsis prevé que el PBI crezca 3,2% en 2017, con una inflación superior al 20%.

Orlando Ferreres estimó que este año el PBI caerá 1,1% y que crecerá 3,7% el próximo. "Hay una situación de estancamiento, sin mucha inversión", sentenció. En términos sectoriales, detalló, "el campo está muy bien y eso es positivo, porque traccionará al resto de la economía y ayudará al presidente Macri a ganar las elecciones de 2017, mientras que el resto de la industria, que depende mucho de Brasil, está en una floja situación, y la obra pública está frenada".

Adrián Ramos, director del Grupo Bapro por Cambiemos, consideró que "este año no se va a percibir ninguna reactivación, y aunque se habla mucho de la obra pública, aún no se ve nada".

La directora del estudio Bein, Marina Dal Poggetto, consideró que, dado que "ésta es la primera recesión con entrada de capitales que vive el país, la economía va a comenzar a crecer, aunque en forma lenta, porque se está cambiando de un modelo de consumo a uno de inversión".

"Julio fue muy malo, pero agosto viene mejor: la inflación se está moderando, mientras que los planes sociales y la jubilación le ganarán hacia adelante a la inflación. A eso se sumará el efecto directo e indirecto del blanqueo, por lo que el año próximo será mejor, con un crecimiento del 5% del PBI", afirmó.

miércoles, 8 de junio de 2016

Sólo los gremios pueden realizar paros

Por Adrián Ventura - LA NACION
La Corte no les reconoció ese derecho a cooperativas ni organizaciones sociales


La Corte Suprema emitió ayer un fallo con importantes consecuencias para la actividad gremial al resolver que el derecho de huelga sólo puede ser ejercido por las asociaciones sindicales. En cambio, los grupos informales de trabajadores no pueden promover este tipo de medidas de fuerza.

Así lo estableció el máximo tribunal en la causa promovida por Francisco Orellano, un trabajador que había sido despedido por el Correo oficial luego de que participó en una declaración de huelga, y cuyo reclamo no fue contemplado por la Justicia.

La sentencia, que el alto tribunal muestra como una señal tendiente a reducir los niveles de conflictividad y a determinar la legalidad de las medidas de fuerza, lleva la firma de los tres integrantes de la Corte Suprema: el presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, y sus colegas Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.

La Corte, siguiendo su propia doctrina, aclara expresamente que la facultad de declarar la huelga les cabe a tanto a las asociaciones con personería gremial, como el caso de las agrupadas en las tres CGT, como a los sindicatos simplemente inscriptos, que por lo general adhieren a las dos CTA. Pero en ambos casos se trata de gremios. En cambio, los otros grupos de trabajadores, como organizaciones sociales o cooperativas, no son titulares de ese derecho.

El máximo tribunal recordó que el derecho de huelga está previsto en el artículo 14 bis de la Constitución. Pero ese mismo artículo también establece expresamente que sólo puede ser ejercido por los gremios que están inscriptos en un registro especial como asociaciones sindicales.

Sólo cuando se cumple la condición de pertenecer a una asociación gremial -dice la Corte- puede considerarse legítima una huelga, una medida de fuerza que produce no sólo impacto sobre los empleadores, sino también sobre los ciudadanos, que ven afectados sus propios derechos a la salud, a la educación y otros más.

Para el tribunal, el art. 14 bis de la Constitución Nacional y las normas internacionales sobre derechos humanos -como el Convenio de la OIT- reconocen el derecho de declarar una huelga a los sindicatos, es decir, a las organizaciones formales de trabajadores.

El caso específico en el que falló la Corte se originó a partir de que la empresa Correo Oficial de la República Argentina había despedido a Orellano, un trabajador que participó en medidas de fuerza que no contaban con el aval de ninguno de los sindicatos del sector. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó al Correo reincorporar a Orellano y también pagarle los salarios caídos y el daño moral. El Correo oficial cumplió con el fallo, pero el juicio siguió adelante y, en septiembre último, la Corte celebró una audiencia pública en la que en favor de Orellano participaron el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Julio Fuentes; el secretario general de la CTA-Autónoma, Pablo Micheli, y uno de los representantes legales de la CTA-De los Trabajadores, Alejandro Ferrara.

Para justificar el despido, el Correo había sostenido que durante dos semanas Orellano había participado de sucesivas "reuniones en el lugar de trabajo y durante la jornada habitual", lo cual afectó "la entrega de 6 millones de piezas postales" y el "desarrollo normal de la labor en su centro operativo de Monte Grande". Sostuvo que el despido había sido dispuesto como una represalia injustificada por su participación en medidas legítimas de acción gremial. Ayer, la Corte rechazó ese argumento al señalar que las medidas de fuerza en las que participó el trabajador en modo alguno podían considerarse legítimas.

Para el tribunal, la huelga es un medio de presión para lograr que se satisfagan ciertas reclamaciones del sector laboral. Pero las medidas de acción directa, por su impacto, no sólo perjudican al empleador, sino que también afectan a los destinatarios de esos bienes y servicios, es decir, a los consumidores o usuarios, que pueden verse perjudicados en sus derechos a la educación, a la salud, a la adquisición de bienes para una adecuada alimentación y otros más que también están garantizados por la Constitución.

Por eso, el máximo tribunal señala que el derecho de huelga se subordina al cumplimiento de determinadas condiciones o recaudos, una de las cuales es que la decisión de ir a la huelga sea adoptada por una asociación gremial.

La Corte recordó que el 14 bis de la Constitución estableció que "queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga". Y esos "gremios" son las entidades profesionales a las que se refiere el primer párrafo de ese mismo artículo, cuando afirma que tiene derecho a la "organización sindical libre y democrática". Es decir, gremios que tienen "simple inscripción en un registro especial".

Para la Corte, el artículo 14 bis de la Constitución no permite otorgarle a la palabra "gremios" un alcance mayor, por lo cual no se les reconoce la facultad de declarar la huelga a cualquier grupo informal de trabajadores.

El artículo 14 bis ha puesto especial énfasis en garantizar que las asociaciones profesionales destinadas a representar a los trabajadores en el ámbito de las relaciones colectivas se organicen con arreglo a los principios de libertad sindical y de democracia interna. Y por eso les impuso el requisito de la inscripción en un registro especial como medida de control del cumplimiento de tales directivas.

Por eso, dice la Corte, no resulta lógico admitir entender que el mismo artículo, a renglón seguido, otorgue de modo indistinto la titularidad de los derechos más relevantes del ámbito de las relaciones colectivas tanto a las organizaciones que cumplen con todos esos recaudos como a simples grupos informales a los que no les exige satisfacer ninguno de ellos.

Las claves de un fallo de alto impacto laboral

¿Quiénes pueden declararse en huelga?
La Corte Suprema de Justicia resolvió que el derecho de huelga sólo puede ser ejercido por las asociaciones gremiales, tanto las que cuentan con personería gremial como las simplemente inscriptas

¿Quiénes no pueden llamar a huelga?
Los grupos informales de trabajadores no son titulares del derecho. Por tanto, y según el fallo de la Corte Suprema, pueden ser despedidos por esa razón

¿Cómo impacta el fallo en los gremios?
La sentencia fortalece políticamente a las cúpulas de los gremios, que tendrán en sus manos la potestad de llamar a huelga. En cambio, resta poder a las comisiones internas y los delegados de base "rebeldes" o enfrentados a los titulares de cada sindicato. También perjudica a los trabajadores tercerizados

¿En qué se basa la Corte?
Se basó en el artículo 14 bis de la Constitución, que menciona expresamente a los gremios como titulares del derecho a huelga. Para la Corte, que un sindicato esté formalmente organizado es interpretado como un reaseguro ante la posibilidad de que una huelga afecte los derechos constitucionales de terceros y del empleador

Alcances de un fallo polémico
El impacto de la decisión de la Corte varía según el tipo de organización

Sindicatos
El fallo ratifica el derecho de los gremios con personería -la mayoría enrolados en la CGT- a convocar a huelgas y doblegar así a las comisiones de delegados que enfrentan a las conducciones oficiales. Sin embargo, al incluir a los gremios simplemente inscriptos, termina con el monopolio sobre esta potestad que hasta ahora tenían

Gremios con simple inscripción
La decisión de la Corte amplía sus derechos. No podían llamar a paros y a partir de ahora sí podrán hacerlo. Siguen sin poder participar de la paritaria ni retener la cuota sindical. No obstante, la CTA, que aglutina a la mayoría de los gremios de este tipo, tildó la resolución de "represiva" por dejar afuera a los no sindicalizados

Trabajadores no sindicalizados
La Corte Suprema los dejó afuera del fallo firmado ayer. Las agrupaciones informales de empleados y cooperativas, entre otras formas de asociación entre trabajadores, no podrán llamar a paros. Hacerlo podrá ser considerado causal de despido

jueves, 2 de junio de 2016

Los metrodelegados amenazan con parar el subte por la modernización de la línea H

Por Mauricio Giambartolomei - LA NACION
Temen que, al sumarse coches con puertas automáticas, no se necesiten guardas


La renovación de la flota del subte puede toparse con una amenaza sindical que pondría en riesgo el servicio en toda la red. Es que la llegada de coches 0 kilómetro para la línea H equipados son sistemas más modernos, entre ellos la apertura automática de puertas, pone en discusión las responsabilidades que tendrán los guardas de cada formación y la continuidad laboral de por lo menos 40 personas.

A pesar de que las autoridades de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) aseguraron que el recambio de la flota no implicará una reducción de las fuentes de trabajo, los delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) avisaron que si los nuevos coches Alstom entran en servicio paralizarán las seis líneas de subte y el Premetro por considerar que atenta contra la estabilidad laboral. "En ese punto no hay discusión", sostuvo el secretario general de Agtsyp, Roberto Pianelli.

El principio de conflicto surge a raíz de la inminente incorporación a la línea H de seis formaciones 0 kilómetro que entrarían en servicio durante junio, si se cumplen los plazos previstos por Sbase. Antes de fines de año se incorporarán otros 14 trenes.

Se trata de 120 coches Alstom con aire acondicionado; cámaras de seguridad; sistema de aviso sonoro de estaciones; suspensión neumática que se ajusta en función de la carga; equipados con caja negra y dispositivo antiempotramiento, que evita que un coche se superponga a otro en caso de accidente. Además, poseen sistema CBTC (Communication Based Train Control), que le permite al tren operar casi en forma automática.

"Nadie perderá su trabajo", aseguró a LA NACION el presidente de Sbase, Juan Pablo Piccardo. "Se está haciendo una enorme inversión en nuevos coches, por lo que se necesitan más conductores. Lo que hará es jerarquizar a los trabajadores, capacitarlos", agregó. En la actualidad, el subte cuenta con 4700 empleados, entre maquinistas, guardas, boleteros y auxiliares de estación.

"Quienes se desempeñan como guardas en la línea H -dice una circular que Metrovías, la concesionaria del servicio, envió a todos los trabajadores- continuarán trabajando en la misma línea y cumpliendo sus funciones sobre las formaciones, en un rol de asistencia operativa de la misma jerarquía, nivel y salario que el actual puesto de guarda."

En la actualidad, los guardas tienen la responsabilidad de abrir y cerrar las puertas y controlar que todos los pasajeros hayan subido a la formación. Los metrodelegados temen que el cierre automático de puertas en los coches Alstom pueda marcar algo más que la renovación de la flota.

Según explicaron desde la Agtsyp, los tableros de los trenes nuevos ya incorporados en la red poseen un dispositivo para que los guardas puedan operar si detectan alguna anomalía o posible accidente, a pesar del cierre automático de las puertas. Pero en los que estarán en la línea H esa opción fue anulada.

"Todos deben estar tranquilos, porque no está previsto eliminar los puestos de trabajo", reiteró Piccardo. "Tendrán que hacer capacitaciones para brindar mejores atenciones a los pasajeros, y cuando la flota se complete podrán convertirse en conductores. Los guardas son como los ascensoristas de hace 50 años", comparó.

lunes, 16 de mayo de 2016

Baja $ 2800 millones el gasto en el Estado por los despidos

Por Laura Serra LA NACION
Ese monto representaba el pago de casi 11.000 contratos en el Ejecutivo; se redistribuirán partidas
La movilización por los despidos, frente al Centro Cultural Kirchner
La movilización por los despidos, frente al Centro Cultural Kirchner. Foto: Reuters / Enrique Marcarian

Culminado el proceso de revisión de las contrataciones en el sector público, el gobierno de Mauricio Macri instrumentó un total de 10.921 cesantías de empleados en distintas áreas del Poder Ejecutivo. Esta cifra es el 5 por ciento de la dotación correspondiente a ese sector y, según anticipó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, representará para el Estado un ahorro de 2800 millones de pesos anuales en el gasto salarial.

¿Qué impacto tiene este ahorro en el presupuesto? La respuesta depende del prisma con que se mire. Según Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el efecto presupuestario es relativo si se considera que el total de personas despedidas, casi 11.000, equivale a 1,4% de la dotación total que heredó Macri de la gestión kirchnerista, con casi 779.000 agentes en todo el sector público nacional.

Sin embargo, para Ibarra, el ahorro de $ 2800 millones es muy significativo si se lo analiza en otros términos. Sólo a manera de ejemplo, el hospital Posadas, uno de los más importantes del país, insume un gasto anual de 2178 millones, según la ley de presupuesto 2016. El programa Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, otros 1641 millones. El presupuesto anual de la Corte Suprema, otro caso, es de poco más de 2400 millones de pesos. Es otra perspectiva para medir el mismo impacto presupuestario.

Según precisó el ministro Ibarra a LA NACION, las cesantías afectaron sólo a trabajadores contratados de manera temporaria y que no prestaban funciones (conocidos como "ñoquis"), o bien "no respondían a necesidades de servicio" (su tarea era más bien de militancia política). Remarcó que sólo se aplicaron en el Poder Ejecutivo, que cuenta con un plantel de 220.000 agentes.

"Nuestro objetivo con las cesantías no es producir un ahorro presupuestario, sino que el gasto del Estado sea eficiente y productivo para la ciudadanía -remarcó Ibarra a LA NACION-. No queremos achicar el Estado, sino que éste pueda prestar mejores servicios."

El funcionario confirmó que ya no se producirán más cesantías dentro de la administración pública central. El proceso de revisión y de depuración del personal había comenzado en diciembre y se instrumentó por medio del decreto 245/2015, por el cual el presidente Macri instruyó a todos los funcionarios a revisar las contrataciones que se efectuaron en los últimos tres años en los ministerios, empresas públicas y organismos estatales descentralizados.

El panorama con que se encontró la flamante gestión fue impactante. Cuando Cristina Kirchner dejó la presidencia, el sector público nacional (incluidos los tres poderes del Estado, los organismos descentralizados, empresas públicas, universidades y otros entes) sumaba 778.798 agentes, 61% más que en 2003. Así lo indica el informe "GPS del Estado", que la semana pasada presentaron en forma conjunta ASAP y Cippec.

El informe da cuenta, además, de que 30% de los empleados en el sector público nacional está bajo la modalidad de contratación, un porcentaje que se mantuvo estable desde 2003; en los organismos descentralizados, ese porcentaje de precarización llega a 45%.

"De los 70.000 contratos que recibimos, hemos dado de baja casi 11.000", explicó Ibarra. El funcionario señaló que, pese a lo abultado de la dotación, no habrá despidos en la planta permanente del Estado. "Nuestra intención es capacitar y jerarquizar a los empleados de planta permanente", indicó. Y agregó que a medida que avance el proceso de ordenamiento del personal contratado se ordenarán pases a planta permanente "en los casos que se justifiquen".

"Hay personas contratadas con más de 10 años de antigüedad. Previo concurso, esta gente -unos 2500 empleados- podría pasar a planta permanente", anticipó.

La oposición mantiene una mirada crítica sobre los despidos producidos en el Estado. En un informe, el economista y diputado Claudio Lozano (MC) señaló que, mientras el Gobierno ejecutaba cesantías entre los contratados, amplió las estructuras del Estado con más cargos jerarquizados. "En efecto, se observa un aumento en la cantidad de ministerios (pasaron de 17 a 21), en la cantidad de secretarías (de 65 a 80) y también en las subsecretarías (de 167 a 196)", advirtió Lozano en un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.

"Esto pone en duda el discurso del gobierno nacional centrado en la necesidad de «despolitizar» la administración estatal para un adecuado funcionamiento -agregó Lozano-. Como se demuestra en este trabajo, el nuevo perfil de la estructura burocrática se caracteriza por el incremento de los cargos jerárquicos, lo que implica entonces una mayor politización."

En medio de la discusión sobre la polémica ley antidespidos en el Congreso, varios fueron los legisladores opositores que plantean sus críticas por las cesantías en el Estado.

"Hoy, todos los compañeros trabajadores tienen miedo de ser despedidos, y tienen una razón para eso: el mal ejemplo que dio el Estado al decir «cuando me sobran trabajadores, los despido»", enfatizó el diputado Héctor Daer, uno de los "rebeldes" del Frente Renovador en la frustrada sesión del miércoles pasado en la Cámara baja.

En el Gobierno rechazan este punto de vista. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señaló, por caso, que en el último trimestre el gobierno kirchnerista nombró a más de 10.200 personas en el Estado, en plena campaña electoral, con evidentes fines políticos. Aquéllos fueron los contratos revisados. "Nuestra intención no es achicar el Estado, pero tampoco convalidar situaciones no deseadas", sentenció Ibarra.

Las cifras del proceso de "revisión"

1,4% Del total de empleados - El Gobierno cesanteó a casi 11.000 personas, que representan el 1,4% de los 778.798 empleados públicos a nivel nacional

La herencia - Cuando la presidenta Cristina Kirchner dejó el poder, también dejó un 61% más de empleados públicos que en 2003, según un informe presentado por ASAP y Cippec. El 30% de esos empleados están contratados

220.000 En el Poder Ejecutivo - El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, afirmó que los despidos que se aplicaron en la Jefatura de Gabinete y los distintos ministerios sólo incluyeron a los empleados contratados que no prestaban funciones o cuyas tareas se limitaban a la militancia

miércoles, 11 de mayo de 2016

YPF le pagó $ 72 millones a Galuccio para acordar su salida de la empresa

Miguel GaluccioPor Pablo Fernández Blanco - LA NACION
El Gobierno autorizó el pago al ex presidente y CEO de la compañía por la compensación de "todas sus funciones"


Miguel Galuccio. Foto: LA NACION / Aníbal Greco

En representación del 51% de las acciones que tiene en YPF, el gobierno de Mauricio Macri propuso y autorizó el pago de $ 72 millones al ex presidente y CEO de la compañía, Miguel Galuccio, por la compensación de "todas sus funciones y conceptos del CEO", algo que incluye también "el acuerdo por su salida de la compañía". Lo hizo en el marco de la última asamblea de accionistas de la empresa, que se realizó el 29 de abril pasado. La decisión se votó por unanimidad.

La remuneración al ex número uno de la mayor compañía del país, sobre la que giraron múltiples especulaciones desde la estatización de la empresa, en abril de 2012, y se mantuvo en secreto hasta ahora, figura en el acta de la asamblea de accionistas que se realizó en la sede de la compañía, en Puerto Madero. Ese día Galuccio dio un paso al costado en la conducción de la empresa, que les cedió a su nuevo presidente, Miguel Gutiérrez, y a Daniel González, actual CFO de la petrolera, que continuará como gerente general interino hasta que YPF defina quién sucederá a Galuccio.

Según corroboró LA NACION con una fuente de acceso directo a la información, Galuccio estuvo de acuerdo con que su indemnización constara en el acta de asamblea. También apuntó que la retribución al ex ejecutivo implica no sólo el denominado golden parachute (paracaídas de oro), el pago por la salida, sino también salarios y otros ítems.

Otra fuente al tanto de la decisión señaló que es una práctica habitual de YPF otorgar esa clase de remuneración a un gerente general que abandona la compañía, y apuntó que está en línea con las prácticas del mercado.

Durante la gestión de Galuccio la petrolera registró un aumento importante de la producción de hidrocarburos, con lo que revirtió la tendencia decreciente que habían mostrado sus anteriores gestores, como la española Repsol y la familia Eskenazi.

Entre 2012 y 2015, la extracción de gas creció más de 26%, mientras que la de crudo aumentó 16 por ciento. Esos números le alcanzaron a la empresa, por mucho, para convertirse en la firma que más creció en términos de extracción y oferta de hidrocarburos en el país.

La reunión del 29 de abril definió, además, la conformación del nuevo directorio de la petrolera, a cuya remuneración la compañía también destinará otros tantos millones. Siempre por pedido del Estado, cuya representación estuvo a cargo de Emilio Apud, los honorarios de los directores que no cumplen funciones ejecutivas y de los síndicos serán de $ 40,3 millones. Entre ellos figuran el propio Gutiérrez, Roberto Monti, Norberto Bruno, Néstor Di Pierro, Juan Donnini, Carlos Felices, Daniel Montamat, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón (mano derecha del Presidente en temas judiciales), Inés Leopoldo, Daniel Kokogian, Octavio Frigerio (padre de Rogelio, ministro del Interior) y Luis Augusto Domenech, todos ellos con mandato por un ejercicio. La lista es más extensa, y no todos cobran lo mismo.

Además, la empresa destinó $ 15 millones a "la compensación por todas sus funciones y conceptos de los directores que ejercen cargos ejecutivos", como González, Carlos Alfonsi y Fernando Dasso, entre otros.

El 29 de abril, YPF había informado a la Comisión Nacional de Valores que su asamblea de accionistas había aprobado la suma de $ 137,24 millones para remunerar al directorio por el ejercicio 2015. Pero no había especificado las cifras con la precisión que lo hizo en el acta de asamblea.
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