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viernes, 1 de diciembre de 2017

El Gobierno dará de baja 450 gremios si no regularizan su situación en 60 días

Triaca se reunió ayer con Sergio Romero, secretario general de UDAPor Nicolás Balinotti - LA NACION
Apuntan a organizaciones poco representativas y sin actividad; les quitan competencia a los sindicatos más grandes

Triaca se reunió ayer con Sergio Romero, secretario general de UDA. Foto: Prensa UDA

El Gobierno dará a conocer entre hoy y el lunes una resolución para que unos 450 sindicatos regularicen su situación en un plazo perentorio de 60 días o, de lo contrario, serán excluidos del registro de asociaciones sindicales. Es parte de uno de los puntos del paquete de reformas laborales que se negoció con la CGT.

Desde mucho antes de llegar a la Casa Rosada, a Mauricio Macri lo preocupa la alta tasa de sindicalización que existe hoy en la Argentina, que es del 37 por ciento, aproximadamente. El Presidente le ordenó al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, avanzar en la depuración del padrón gremial, que cuenta con 3263 organizaciones: 1640 con personería gremial y 1623 con simple inscripción. "Hay muchos gremios que son un sello de goma y que no tienen actividad desde hace muchísimos años", justificó la jugada un jerárquico de la cartera laboral.

Triaca obtuvo el aval de la cúpula de la CGT para avanzar en esta maniobra. En el Gobierno toman la medida como una señal de respaldo al sindicalismo clásico, que se vio amenazado últimamente por el resurgimiento de la izquierda y hasta por algunos fallos judiciales que pusieron fin a los privilegios de los gremios con personería y equipararon derechos con los meramente inscriptos. De hecho, dos de los 450 sindicatos apuntados serían el Sitraic, un gremio alternativo de la construcción con influencia focalizada en el sur del conurbano, y uno de conductores de colectivos. Nada es casual: ambos rivalizan con dos gremios poderosos de la CGT que el Gobierno considera aliados: la Uocra, de Gerardo Martínez, y la UTA, de Roberto Fernández.

Como una reacción a esta avanzada oficial, gremios de la CTA Autónoma y de la corriente sindical clasista, vinculados a la izquierda, avanzan en una estrategia común para denunciar al Ministerio de Trabajo por intromisión en la vida interna de los organismos. Hoy habrá un encuentro en el que se designaría al abogado Horacio Meguira como uno de los redactores de la denuncia que se llevará antes del fin de año a la sede de la Organización Internacional del Trabajo.

"El Estado no puede interferir en la vida interna de los gremios y eso es lo que plantearemos. Siempre hubo momentos de intervención, pero ahora estamos ante un ministerio que intenta la desindicalización, quiere destruir a los gremios", planteó Meguira, asesor legal de la CTA. En la denuncia hay de todo un poco: desde gremios intervenidos por orden judicial hasta otros que exigen ser reconocidos o que se avale su proceso electoral.

Un trabajo del Observatorio del Derecho Social de la CTA enumeró un listado con los tipos de injerencia que hubo del Ministerio de Trabajo: falta de otorgamiento de certificación de autoridades; falta de aprobación u observación de estatutos; demora en la homologación de acuerdos colectivos; intervención del sindicato o intervención velada; denuncia penal contra dirigentes y delegados; injerencia en el financiamiento de los sindicatos; desconocimiento de órdenes judiciales; injerencia en el resultado electoral; negativa a reconocer o inscribir un sindicato; inspecciones reiteradas; doble imposición de la conciliación obligatoria; multa económica por incumplimiento de orden administrativa; intimación a cumplir una orden administrativa, y suspensión de elecciones.

Desde que Triaca asumió en Trabajo, son ocho los sindicatos en los que el Gobierno intervino con aval judicial. El caso más conocido es el del SOMU y el más reciente, el de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos.

martes, 28 de noviembre de 2017

Fuerte ajuste en la planta estatal: el Gobierno recortaría el 18% de los puestos (II)

Fuerte ajuste en la planta estatal: el Gobierno recortaría el 18% de los puestosPor Marcela Pagano  - Clarin.com
Es parte del plan oficial para bajar el gasto público. Intimará a los que puedan jubilarse y limitarán los contratos.

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, asiste a la inauguración de la Conferencia Mundial de Desarrollo de Telecomunicaciones, en octubre. Foto: EFE

El Gobierno planea recortar el 18% de la planta estatal, es decir unos 35.000 puestos. Así lo confirmaron a este diario fuentes de tres ministerios distintos. El achique se concentrará en ministerios y organismos descentralizados. El Ministerio de Modernización ya envió una planilla a cada dependencia con un examen exhaustivo de cuánto personal es deseable que ocupe cada área.

El denominado "Informe de dotación óptima" solicita a los responsables de cada dependencia del Estado que se ajusten a los números planteados eligiendo qué trabajadores prefieren conservar. Según el relevamiento oficial, al que accedió este diario, para el Gobierno hay 19.119 trabajadores "de más" en los organismos relevados hasta ahora..

¿Cómo se alcanzaría el objetivo de dotación "indicativa"? Modernización planteó un esquema denominado "de adecuación". El mismo consiste en intimar a jubilarse a todo trabajador en condiciones de hacerlo, cortar contratos a aquellos que hayan tenido ausencias reiteradas injustificadas en sus puestos de trabajo y la no renovación de contratos que culminan a finales de diciembre de aquellos que integran las áreas "superpobladas".

A nivel nacional, el Estado cuenta con 193 mil trabajadores. En diciembre culminan contratos para 80.000 empleados (65.000 con contratos directos, el resto con convenios con Universidades).

En Modernización niegan una reducción masiva de personal, pero hasta los gremios estatales fueron notificados por los propios empleados y preparan una ofensiva. ATE podría llamar a un paro para el 6 de diciembre.

En la cartera que comanda Andrés Ibarra aseguran que el recorte alcanzará por el momento a coordinadores, directores, subsecretarios, secretarios y hasta ministros. Se trata de 680 cargos que tienen salarios de entre $ 50.000 hasta los $ 200.000.

Con el recorte del 18% de la planta total se busca un ahorro fiscal cercano al 0,3% del PBI. "Es un mensaje de austeridad, en momentos en los que el Gobierno está pidiendo a todos los sectores que hagan un esfuerzo", sostienen en Balcarce 50.

El septiembre pasado, muchas dependencias del Estado recibieron un informe de Modernización donde se les avisaba que esa cartera había escaneado cada área y encontró mayor personal que el necesario.

De esta manera, solicitaron a los responsables de cada ministerio y organismo descentralizado que ajusten su plantilla al organigrama deseado para cada área.

Bajo la lupa se encuentran los ministerios de Relaciones Exteriores, Agroindustria, Hacienda, Finanzas, Educación, Trabajo, Transporte, Desarrollo Social y organismos como el INTA, ENACOM, CONEA, Enre, INCAA, Energas, UIF, INAES, la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, Fabricaciones Militares y ANSeS, entre otras dependencias. En el caso de los organismos públicos que cuenten con atención al público, se sugirió recortar puestos de trabajo mediante la utilización de la ventanilla única electrónica. es el caso de la ANSeS y el PAMI, que cuentan con más de 30 mil empleados.

"Ya analizamos más de 1.000 reparticiones entre direcciones, subsecretarías, etc. Analizamos las metas y objetivos de cada sector para determinar el personal necesario en cada área", sostienen fuentes del Ministerio de Modernización. En ese relevamiento se detectaron áreas duplicadas en subsecretarías y direcciones, producto de la partición del antiguo Ministerio de Economía y la creación de cinco nuevos ministerios. "Tal vez no haya necesidad de despedir a toda la gente, quizás se puedan reasignar en otras áreas", justifican en Modernización.

Otra forma de recorte que se busca es la conclusión de los convenios con universidades. Especialmente esos contratos se registran en el Ministerio de Salud donde hay más de 600 jóvenes médicos comunitarios, y de especializaciones como salud mental, que prestan servicios al Estado mediante esos convenios.

jueves, 26 de octubre de 2017

Faltan enfermeros en todo el país y lanzan un plan para promover la carrera

Faltan enfermeros en todo el país y lanzan un plan para promover la carreraPor José María Costa y Tomás Marcó del Pont - LA NACION
Según datos oficiales, no se alcanza el mínimo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud

La falta de personal formado en enfermería generó señales de alerta en la Argentina, ya que en la actualidad son muchos menos que los necesarios. Si bien la disminución de los enfermeros y enfermeras ocurre a nivel global, la situación en el país fue destacada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que indicó que en la Argentina sólo hay 3,8 cada 10 mil habitantes, cuando el número mínimo debería superar los 4 cada 10.000.

Para graficar el problema, basta con comparar con otros países. Por ejemplo: en España están preocupados porque consideran que tienen un número muy bajo y tienen 40 enfermeros cada 10 mil habitantes. El país que mejor posicionado está es Finlandia, con una tasa de 150; en el caso de Cuba son 80.

Según datos oficiales del Sistema de Información Sanitario Argentino, en la actualidad son 179.175 las personas matriculadas en el campo de la enfermería. De ese total, 19.729 (11,01 %) son licenciados, que es el grado mayor de formación; los técnicos ascienden a 73.373 (40,95 %); y los auxiliares son 86.073 (48,04 %), quienes tienen la menor formación, ya que cursan carreras de tan solo un año. Ante esta situación, el Gobierno lanzó un programa para intentar solucionar el problema.

"En la actualidad, para estar bien se necesitarían unos 100 mil enfermeros más. Para tener una relación de 6 o 7 cada 10 mil pacientes", dijo a LA NACION Pablo Bogado, Secretario general nacional del Sindicato de Trabajadores de Enfermería (Sitre).

Una carrera que tiene mucho de vocación

"Empecé como auxiliar de enfermería allá por el año 2005, hace poco más de 12 años. Hoy soy enfermera, aún no soy Licenciada y me especialicé en adulto mayor y salud mental", contó a LA NACIÓN Ana,quien que recordó que eligió la carrera por la insistencia de la mamá de una amiga.

"Cuando ingresé me di cuenta, durante las primeras prácticas, que era algo maravilloso. El contacto con el paciente y la posibilidad de poder ayudar a otro y acompañarlo en los momentos más duros de la vida es algo que no se puede explicar con palabras", resumió la mujer de 35 años que trabaja en un hospital público en el conurbano bonaerense.

Lo más difícil de ser enfermero

Sobre cuál es el mayor desafío de su profesión, dijo: "Lo más difícil es mirar a la familia cuando pierden a un ser querido, o cuando no hay insumos, es algo que me resulta difícil".

"La gran mayoría de los nuevos alumnos, cerca del 80%, son hijos o tienen algún familiar que fue o es enfermero. Se va transmitiendo el amor por la profesión de generación en generación. Son pocos los que eligen la enfermería sin haber estado relacionado con alguien", dijo el titular de Sitre, y concluyó: "El enfermero le puede salvar la vida a una persona y, muchas veces, no toma conciencia de eso. Cuando la sociedad entienda que los enfermeros realizan el 80% de la atención directa e indirecta y no nos mire solo como los «alcanza chatas», la situación cambiará".

Adriana trabaja como enfermera hace 30 años y también se decidió por esa profesión por un familiar. "Mi madre fue enfermera en la ciudad de Salta. Yo trabajé 15 años en la Marina y después otros tantos en una clínica privada", contó a LA NACION.

"Elegí esta carrera porque me gusta toda la parte humanitaria, poder ayudar al otro, y ahora estoy colaborando con el Sitre para lograr tener una Enfermería reconocida, tanto a nivel económico como personal. Es una carrera muy noble y te podés capacitar siempre", indicó.

Buscan un cambio

Leandro Goroyesky es el director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica y es quien coordina el Programa Nacional de Formación de Enfermería (Pronafe), que se lanzó para intentar revertir la crisis. En diálogo con LA NACION, explicó el problema que genera la escasez de enfermeros en la Argentina y la falta de incentivos para permanecer y profesionalizarse.

"La cantidad de enfermeros en relación con los médicos en la Argentina es muy baja. Estamos en un promedio de 0,58. Deberíamos duplicar la cantidad de enfermeros", remarcó para explicar que, en la actualidad, el número de médicos es casi el doble.

"El Pronafe busca aumentar la cantidad y calidad de egresados de la carrera de enfermería en las instituciones de educación superior. Continuando con la inercia actual, en cinco años se estarían egresando 50 mil enfermeros. Nosotros apuntamos a duplicar y tener 50 mil más", dijo el funcionario.

A pesar de que es una de las carreras más estudiadas -entre las mujeres fue la segunda más elegida en 2014 y 2015-, tiene un problema puntual que depende directamente de la demanda de los hospitales y distintos centros de salud.

"Estamos tratando de reconvertir la carrera de enfermería. Más del 50% de las instituciones la dictaban con la modalidad de que en el primer año le daban una certificación de auxiliar de enfermería y los estudiantes dejaban la carrera y con el diploma se iban a trabajar", explicó.
Los elementos que incluyen los kit que se entregarán a los institutos y universidades para formar enfermeros
Los elementos que incluyen los kit que se entregarán a los institutos y universidades para formar enfermeros. 

Desde Sitre explicaron que el motivo de no continuar con la formación está más relacionado a los costos que a una falta de interés.

"La búsqueda de la profesionalización que se lanzó a través del Pronafe es excelente. Lo malo y triste es que, en la mayoría de los casos, no es gratuito. Se hacen en escuelas superiores y universidades donde tienen que pagar entre 1800 y 2500 pesos por mes. Entonces, un tipo que gana 15 mil pesos debe destinar más del 10% para su formación", graficó Bogado, y agregó: "Pero lo más complicado es que más del 70% de los enfermeros en la actualidad tienen dos trabajos con jornadas que van entre las 8 y las 12 horas. Esas personas necesitan dormir y tienen una familia. ¿En qué momento van a poder capacitarse?".

Incentivar la formación

En la Argentina, la carrera se puede hacer en 53 universidades y 250 escuelas técnicas con casi 30.000 nuevos inscriptos por año y un total aproximado de 107.000 estudiantes cursando la carrera entre universidades y escuelas técnicas.

"No queremos cerrar instituciones sino reconvertir la educación y suprimir paulatinamente el enfermero auxiliar y que sean todos técnicos (tres años). Además, con el Pronafe los técnicos pueden seguir estudiando para lograr la licenciatura en una universidad sin tener que cursar toda la carrera", explicó Goroyesky, y detalló que con el objetivo de incentivar la graduación de enfermeros, el programa invirtió más de 100 millones de pesos fortaleciendo estructuras edilicias, dotación de equipamiento para instituciones y estudiantes y ampliación de centros de simulación. Además, apuntan a mejorar la formación y capacitación docente y brindan becas estudiantiles para que puedan afrontar los tres años de carrera.

"No hay un terreno amigable para que el enfermero que tiene dos trabajos se siga formando. Además, cerca del 60% de los que necesitan mayor formación ya tienen 45 años o más. Son padres, abuelos y sostenes de familia por lo que necesitan el dinero", contrapuso Bogado.
Los elementos que incluyen los kit que se entregarán a los institutos y universidades para formar enfermeros
Los elementos que incluyen los kit que se entregarán a los institutos y universidades para formar enfermeros.

La voz universitaria

LA NACION se comunicó con Miguel Schiavone, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Argentina, quien explicó las razones por las cuales muchos estudiantes de enfermería dejan la facultad.

"Las razones son múltiples. La más importante creo que es la falta de vocación. La enfermería es el arte de cuidar. Implica una actitud de entrega y compromiso hacia el prójimo. No es fácil estar al lado del dolor y sufrimiento humano", indicó.

"La retribución salarial no es acorde al esfuerzo que implica la tarea de un enfermero. Muchas veces están más tiempo al lado del paciente que el médico. Además, la sociedad valora poco este esfuerzo y eso desmotiva", agregó.

Dentro de las 125 instituciones que dictan tanto tecnicaturas como licenciaturas de Enfermería, tan solo 25 ofrecen la oportunidad de ser licenciado. Schiavone resaltó que la falta de personal en los distintos hospitales y centros de salud hace que muchos estudiantes prefieran estudiar menos y trabajar apenas tengan un certificado.

"En general ya no es como antes. La gente busca cursos cortos, inserción laboral rápida. El 40% de los estudiantes que comienzan la licenciatura ingresa a trabajar, el mercado laboral los absorbe y abandonan la carrera. Esto genera que la gente no se capacita, hace falta profesionalización del personal", relató.

Los números avalan los problemas que cuenta el decano de la UCA. Mientras que en 2015 ingresaron 72 mil personas a estudiar Enfermería, tan solo 6427 se egresaron en el mismo período. Es decir, menos del 10% de los que comenzaron.

En la universidad de Puerto Madero se dicta el Ciclo de Articulación, que facilita a los estudiantes que son técnicos, obtener la licenciatura. Tienen un acuerdo con la Escuela de Enfermería del Hospital Británico, la institución educativa en enfermería más antigua del país, que dicta de manera gratuita el ciclo de pregrado, donde otorgan el título oficial de Enfermero Universitario.

La beca, una de las salidas

Según información brindada a LA NACION por el Ministerio de Educación, hay tres tipos de becas: la de primer año otorga $ 18.000, las de segundo, $30.000 y las de tercer año, $ 40.000, todas anuales. Al 30 de agosto de 2017, hay 3095 estudiantes de Técnico Superior de Enfermería con su beca aprobada y 2341 estudiantes de Enfermería Universitaria con el mismo beneficio.

"La accesibilidad para la formación es clave. Si bien hay programas y tecnicaturas que son gratuitas, cerca del 70% de los que estudian lo hacen en instituciones privadas donde deben pagar una cuota. Somos una paradoja en la economía, un recurso escaso y crítico como el nuestro, a la hora de recibir un salario va desde los 7500 y los 30.000 pesos; dependiendo la zona del país", se quejó Bogado.

Sobre este punto, Goroyesky opinó: "Es un debate que hay que dar con el Estado y las empresas privadas, que son los principales empleadores. Estamos tratando de decirles que no tomen más auxiliares. Queremos que ellos terminen sus estudios de enfermería. Para esta carrera se necesitan más años, no es lo mismo un programador que en un enfermero, es una carrera particular".

"Por eso queremos dar becas para que los chicos puedan continuar los estudios con los insumos. Les damos las mochilas con 19 elementos necesarios para que puedan estudiar, montamos los 144 centro de simulación (con muñecos) en las escuelas de enfermería para que puedan hacer las prácticas", añadió.

Por su parte, Bogado resaltó: "Hay una situación triste y perversa a la vez. Muchos auxiliares de enfermería cumplen funciones de enfermero y están igual de capacitados por la experiencia cotidiana que adquieren. El problema es que no tienen la matrícula habilitante. Los tienen trabajando como enfermeros, pero les pagan como auxiliares y con ese sueldo no tienen el dinero suficiente para poder seguir formándose y obtener la matrícula".

martes, 10 de octubre de 2017

Suspenden a 167 empleados de una empresa láctea por un bloqueo de los Moyano

La planta de distribución de la firma láctea Cotar, en Villa Tesei, está bloqueada desde el jueves pasadoPor Nicolás Balinotti - LA NACION
Cotar licenció a su personal porque hace cinco días que una de sus plantas está aislada por camioneros; un sindicalista fue denunciado penalmente por amenazas.

La planta de distribución de la firma láctea Cotar, en Villa Tesei, está bloqueada desde el jueves pasado. Foto: Archivo 

La incómoda tregua entre la Casa Rosada y Hugo Moyano comienza a tambalear. A la expectativa de una salida viable para los 7000 camioneros que se desempeñan en la empresa postal privada OCA, a la que el sindicalista considera casi propia, se le suma ahora un conflicto de menor envergadura, aunque no de menos tensión.

Por un reclamo gremial, la planta de distribución de la firma láctea Cotar, en Villa Tesei, está bloqueada desde el jueves pasado y el corte se extendería hoy hasta su sede central, en Rosario. Con la producción de leche frenada, la empresa anunció ayer 167 suspensiones y elevó su enfrentamiento con el sindicato al denunciar penalmente por "amenazas" a un dirigente que forma parte del círculo íntimo de Pablo Moyano.

"Tenemos la planta bloqueada y no nos dejan cargar los camiones. Nos revisan hasta los vehículos particulares. Nos exigen que incorporemos personal que se quedó afuera de SanCor y que contratemos a la empresa de transporte que nos imponen ellos, que es de un tal Pablo Gerardo Muñoz", denunció Claudio Rafaniello, gerente de distribución de Cotar en la provincia de Buenos Aires.

Ya lleva casi seis meses el conflicto entre Cotar y los camioneros. Inicialmente, la pulseada había sido por el encuadre sindical de unos 20 trabajadores que se desempeñan en tareas de logística y que están agrupados bajo el convenio del Sindicato de Empleados de Comercio. Ahora, la situación se agudizó por otros motivos y un gerente de la empresa denunció ayer un gremialista por amenazas.

Cristian Daniel Duarte, gerente de logística de Cotar, denunció en la comisaría 2a de Villa Tesei, en Hurlingham, a Adrián Alfonso, secretario de la rama lácteos del sindicato de camioneros. Aportó como prueba dos audios de WhatsApp a los que accedió LA NACION.

"...¿Qué está pasando ahí con los trabajadores? Solucionemos todo esto rápido ya se está poniendo pesado el ambiente. O solucionamos o paramos todo. Se están pasando de vivos en la oficinita esa de ustedes. No estamos para jugar, quieren pelotudear, bueno, vamos hasta el hueso...", dice supuestamente Alfonso en uno de los audios que fueron incluidos en la denuncia policial y en un acta del Ministerio de Trabajo de la Nación. Las autoridades de Cotar recurrieron primero al ministerio laboral bonaerense, pero se declaró incompetente. Tomó finalmente el caso Marcos Ambruso, integrante del Observatorio de Relaciones Laborales del área que encabeza Jorge Triaca.

Desde Camioneros minimizaron el conflicto y se mostraron desafiantes. Alfonso dijo a LA NACION que no fue notificado de ninguna denuncia y cuestionó a la empresa por "contratar a personal en negro y no cumplir los acuerdos firmados" en la cartera laboral. El gremialista evitó dar más precisiones sobre el conflicto sindical si es que no contaba con la previa autorización de Pablo Moyano o Marcelo Aparicio, los números dos y tres, respectivamente, en el escalafón jerárquico de los camioneros. Verticalismo puro.

Cotar es una empresa láctea que tiene 82 años y cuenta hoy con unos 70 empleados directos, Cuenta con más de 40 distribuidores exclusivos, que son la clave del conflicto con los Moyano. El gremio de camioneros pretende que todos ellos estén bajo la órbita de su gremio. Además, pretende relocalizar a personal que se quedó afuera de SanCor, un gigante de la misma industria por el que todavía se exploran diferentes vías para su rescate.

La tensión entre el Gobierno y Moyano está en ascenso. Por eso, Pablo Moyano desafía con activar un plan de lucha y se muestra cercano al kirchnerismo. Sin embargo, el vínculo quedará sentenciado por lo que suceda con OCA, a la que la AFIP le reclama $ 400 millones por evasión impositiva.

jueves, 28 de septiembre de 2017

Protesta de empleados de Fadea por decenas de despidos

Resultado de imagen para Protesta de empleados de Fadea por decenas de despidosPor Gabriela Origlia - LA NACION
Empleados se manifiestan en la puerta de la fábrica militar de aviones; el sindicato denuncia que habrá 150 telegramas; el ministro Aguad lo desmiente.

El día comenzó con una protesta gremial frente a la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín; los manifestantes sostienen que recibieron 14 telegramas de despidos pero que desde Recursos Humanos de la empresa se le anunciaron que serán 150; 96 en una primera tanda. LA NACION habló con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien sostuvo que "no hay orden" de cesantías.

También el diario se comunicó con la dirección de Fadea, desde donde indicaron que son "seis despidos por bajo desempeño; algunos con más días de ausencia que de trabajo".

El secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Luis Ortega, señaló que el director de Recursos Humanos de la empresa, Raúl Merino, le comunicó que los despidos se fundamentan en una reestructuración por baja producción y que alcanzarían los 150. "Varios programas de trabajo no se concretaron; se están produciendo chalecos antibalas y vallas pero no otras tareas relacionadas a la aeronáutica", dijo.

En estado de alerta

La seccional Córdoba de APA en un comunicado indica que está "en estado de alerta y tomando las medidas correspondientes ante los numerosos despidos que se sucedieron en los últimos días en la Fábrica Argentina de Aviones". "Luego de hablar con las autoridades de la empresa su respuesta fue que desde Nación se solicitó la reducción obligatoria de la planta de Fadea. Anticipándonos que estos despidos serían los primeros dentro de un plan pensado en varias etapas".

"Estamos estudiando un plan de negocios; se están analizando opciones", admitió Aguad, pero insistió en que no hay orden de despidos masivos.

Déficit

A inicios de este año la conducción de Fadea planteó que proyectaba reducir su déficit a $260 millones, la mitad del de 2016 y menos del 20% de los casi $1500 millones que registró cuando fue administrada por La Cámpora, en 2015. 

Este año la fábrica debe entregar ocho Pampas (cinco remotorizados y tres construidos desde cero) a la Fuerza Aérea, mientras que hará el mantenimiento de cuatro C130 (uno ya se entregó).

Trabajan 1000 personas y, desde que asumió la nueva conducción, hay un plan de retiros voluntarios que ya sumó unas 300 adhesiones.

jueves, 24 de agosto de 2017

Argentina en el podio mundial de los países con más huelgas anuales

(Noticias) - El país encabeza la lista del continente americano: lo siguen Brasil y Chile. El 15,4% de los argentinos dicen participar en protestas.

En lo que va de 2017, Argentina se encuentra nuevamente en el ranking de los países con más protestas anuales dentro del continente americano, lo siguen Brasil y Chile. El primer país que encabeza el podio es Alemania, según datos de la Organización Internacional del Trabajo.

Durante 2015, el último dato disponible, los argentinos realizaron 1.235 protestas, mientras que en Alemania se hicieron 1.618. Las cifran han aumentado respecto del último documento público debido a que las circustancias económicas, sociales y políticas han cambiado en ambos países.

Según el Barómetro de las Américas (única encuesta comparativa que cubre 28 naciones), el 15,4% de los argentinos dicen participar en protestas y esto hace que la cifra sea la más alta de la región.

La Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires, principalmente, son las más afectadas por cortes de tránsito y paro de jornada laboral. Sin embargo, el país en general es atravesado por piquetes de todo tipo.

La lucha por los derechos no es un reclamo nuevo en Argentina. Es por esto que un elemento fundamental para considerar y explicar el puesto del país en cuanto a la cantidad de huelgas es la fuerte presencia de los sindicatos. Por ejemplo, la CGT, las dos CTA y los principales movimientos sociales marcharon ayer en rechazo a una eventual reforma laboral, con un poder de movilización social y una organización tal para manifestarse y hacerse escuchar.

Otra de las protestas más convocantes e influyentes que se agregó en los últimos dos años, y que también hace mantener el puesto dentro del ranking, es el movimiento #NiUnaMenos. Nacido en Argentina en 2015 en las redes sociales, se marcha todos los 3 de junio pero, en este último tiempo debido a más casos de femicidios, la protesta se realizó en diferentes fechas dentro del país.

El factor que tienen en común estas huelgas, sean en Alemania o en Argentina, es la situación económica del momento y el registro de un empeoramiento de las condiciones de vida. Algo que la sociedad no pasa por alto ni en Europa ni en América Latina.

martes, 18 de julio de 2017

El macrismo conserva 9702 contratados que les facturan a universidades

Resultado de imagen para trabajo + UniversidadPor Mariano Obarrio - LA NACION
Son convenios de locación de servicios que hacen los ministerios; cuestan$ 2300 millones anuales.

En medio del debate por la reducción del déficit fiscal, el gobierno de Mauricio Macri conserva 9702 empleados públicos en sus ministerios que les facturan sus haberes a universidades nacionales con la modalidad de "contratos de asistencia técnica". Cuestan al año $ 2300 millones e implican un aumento de la planta, aunque en forma encubierta.

Según pudo saber LA NACION de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, hasta el 10 de diciembre de 2015 había 15.887. Por impulso del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, se redujeron en un 38,9% y ahora son 9702, pero aún son muchos.

En el sector público nacional, la planta total es ya de 740.600 empleados. Significa apenas un 0,2% menos que al terminar el gobierno de Cristina Kirchner, que tenía 742.000 agentes. El Estado sobredimensionado es el centro del debate por el gasto público, el déficit y la inflación.

Entre diciembre de 2015 y mayo de 2017 hubo 8369 bajas y 2184 altas entre los contratos de asistencia técnica con universidades. Los responsables de esas contrataciones son cada uno de los ministerios en forma independiente. El gobierno de Macri, así, incorporó más de 2000 empleados precarizados, porque cobran honorarios bajo el régimen de monotributo, pero trabajan todos los días y con horarios fijos como si estuvieran en relación de dependencia.

"Revisamos desde el principio todos los convenios con universidades y decidimos continuar sólo aquellos que fueron justificados y dar de baja los otros", aseguró un alto funcionario a LA NACION.

Según diversas fuentes del gabinete nacional, los haberes de estos contratados no son los más elevados de la administración nacional: entre $ 24.000 y 26.000 si tienen título universitario y desde 11.000 si no lo tienen. El Tesoro nacional le transfiere los recursos a las universidades y son ellas, las que les pagan a los empleados monotributistas. En las facturas figura que prestan servicio a una universidad, pero en realidad trabajan en un ministerio.

Si bien ningún organismo dijo tener toda la información centralizada de la masa salarial total, un promedio de los haberes arrojaría que el Estado nacional le transfiere a las universidades nacionales involucradas, para pagar esos sueldos, unos $ 180 millones por mes y $ 2300 millones por año.

Esa partida casi equivale a la erogación por las primarias abiertas (PASO), de $ 2600 millones, aunque éstas se hacen cada dos años y el gobierno de Macri anunció que quiere derogarlas por ser demasiado costosas.

Los ministerios que más usan estos contratos son Desarrollo Social, con 2441 contratos; Energía y Minería, con 1318; el Sistema Federal de Medios (Jefatura de Gabinete), con 864; Salud, con 824; Presidencia de la Nación (Sedronar), con 570; Trabajo, con 505, e Interior, con 350.

Estos siete entes representan el 70,8% (6872) del total de asistencias técnicas. Las demás se encuentran diseminadas en el resto de la administración.

Las universidades nacionales implicadas son, entre otras, las de La Matanza, San Martín, Tres de Febrero, de Rosario, de Lanús, de Córdoba, del Litoral, de Salta, de Cuyo y la UBA, según el relevamiento al que accedió LA NACION.

Con esa modalidad se incorporan empleados públicos encubiertos en los ministerios sin cumplir con la ley de empleo público nacional (25.164): no son planta permanente ni transitoria (funcionarios políticos) ni están bajo la modalidad del artículo 9 de esa ley, que prevé contratos por tiempo determinado (6 meses o un año) para servicios temporarios (aún hay 60.000 contratos que se renuevan todos los años en el Estado).

Para algunos analistas, se usan para aumentar la planta con jóvenes afines al Gobierno que vienen de la actividad privada, pese a que muchas veces esas tareas podrían ser realizadas por personal de carrera existente, según confiaron a LA NACION ex empleados en esa condición.

"No son ñoquis, pero muchos se superponen y hacen lo que podrían hacer los antiguos empleados de planta", dijo un ex supuesto "empleado" de una universidad.

En el gobierno de Macri argumentaron que el gobierno de Cristina Kirchner abusó de esa herramienta para generar empleados sin funciones administrativas, sino político-partidarias, que hacían "caja" para recaudar recursos. "Las asistencias técnicas son una modalidad de contratación transitoria, mediante convenios con universidades, para proyectos específicos de duración limitada", dijo un vocero de un ministerio.

"Este método es eficaz, siempre y cuando sea utilizado para los fines que fue concebido. El gobierno de Macri revisó todos los convenios con universidades y decidimos continuar sólo aquellos que fueron justificados y dar de baja los otros", aseguró esa fuente.

Algunos números de los empleados

9702 Contratos de asistencia técnica - Actualmente se mantienen entre el Estado y varias universidades. En 2015 eran 15.887

$ 24.000 Monto de haberes - El haber mensual se encuentra entre los $ 24.000 y los $ 26.000 si tienen título universitario y ?$ 11.000 si no lo tienen. Se factura a través del monotributo

2184 Contratos se dieron de alta - Entre noviembre de 2015 y mayo de 2017, se dieron de baja 8369 contratos, pero se sumaron 2184. Desarrollo Social es el ministerio que más personal de este tipo tiene (2441)

martes, 11 de julio de 2017

Se reactiva la pelea por el régimen fabril de Tierra del Fuego

Una de las fábricas promocionadas en Río Grande, Tierra del FuegoPor Francisco Jueguen - LA NACION
Los empresarios de la isla quieren cambios en los contratos laborales, pero la UOM los rechaza; el Gobierno no habilita la mesa sectorial y siembra dudas sobre el futuro.

Una de las fábricas promocionadas en Río Grande, Tierra del Fuego. Foto: Archivo 

Con el objetivo de mejorar la competitividad del sector y la productividad de sus recursos, la industria de electrónicos y electrodomésticos de Tierra del Fuego presentó un plan de 14 puntos al Gobierno para debatir entre empresas, sindicatos, autoridades provinciales y el Ministerio de Producción nacional. Entre los pedidos formales para mejorar, sobre todo, los precios al consumidor, pero también la rentabilidad, las firmas requirieron trabajar sobre una simplificación de procesos productivos, la mejora de los costos logísticos y aduaneros y cambios en el convenio laboral al estilo del que se firmó para Vaca Muerta.

Entre las compañías fueguinas, que dicen haber sufrido "un daño importante" en los últimos años, criticaron además que el Gobierno no haya convocado a la mesa sectorial que había prometido y que sí se volvió una referencia para petroleras, automotrices, construcción y textiles, entre otros.

Por otro lado, pese al impacto en el consumo, entre los productores de la isla indicaron que el programa Precios Transparentes -que discriminaba el precio de pago contado del pagado con tarjeta de crédito- bajó los precios de algunos bienes. Se trata de una medida que los mismos empresarios habían impulsado junto a la Secretaría de Comercio. En Tierra del Fuego, varios de los fabricantes son además comercializadores directos.

En el Gobierno afirman que el régimen que beneficia fiscalmente a la industria fueguina está asegurado hasta 2023, pero no más allá. "Lo que quieren discutir en la mesa es esa extensión, pero éste no es el momento", cuestionó un funcionario ante la consulta de LA NACION. En Manaos, Brasil, dicen los empresarios, el régimen fue prorrogado hasta 2073. En el Gobierno admitieron que "el clima" es distinto con otros sectores. Recordaron además los beneficios del "paraguas" aduanero y el "impuestazo tecnológico" de 2013, que benefició a las firmas con "importantes ganancias".

"Hay que mejorar el convenio con la UOM para bajar el costo de la mano de obra, aumentar la productividad y dar premios al presentismo", estimó el ejecutivo de una de las grandes fábricas en esa provincia. En otra de las grandes firmas de Río Grande confirmaron que ése es uno de los principales 14 puntos presentados al Gobierno.

Los salarios en la isla son un 205% más altos que en el promedio nacional, estima un informe que la consultora privada Abeceb elaboró para la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte). Allí también señalan "rigideces en los procesos productivos". El ausentismo llega a picos del 17%, existe una alta tasa de delegados (200% más que el del Smata, por ejemplo) y existe "dificultad para incorporar nuevas tecnologías". En Tierra del Fuego trabajan -estiman- unas 10.000 personas específicamente bajo el régimen industrial promocionado. Un 75% pertenece a la electrónica. En 2015, dicen en el sector, eran 13.000. En las empresas se negaron a dar información sobre las ventas.

"No hay cambios. No se los vamos a dar. No lo vamos a discutir", afirmó a LA NACION Normando López, secretario adjunto de la UOM en Ushuaia, donde está Newsan. "Siempre dicen lo mismo. Lo que hay que mirar es la guita que se llevaron para afuera", criticó.

Un segundo punto, entre los 14, tiene que ver con lo que en las empresas llaman "simplificación de los procesos productivos". Se trata, explicaron, de establecer qué insumos tiene sentido integrar nacionalmente y cuáles no de cara a los consumidores finales. Básicamente, para los industriales de la isla hay algunos insumos que es preferible importar antes de encarecer sustancialmente el precio final con producto nacional. Hay insumos nacionales, estimó Abeceb, que cuestan un 400% más caros que los importados. Estos últimos representan el 33% del precio final de un producto, mientras que los nacionales son el 1 por ciento.

Otro punto que destacan en Tierra del Fuego refiere a la falta de infraestructura y los altos costos logísticos. Además de los problemas portuarios que tiene la provincia, los empresarios reclaman por los elevados costos de seguridad que deben pagar para acompañar los camiones con productos tecnológicos. "Las deficiencias en infraestructura aumentan el costo logístico en hasta 42% para la electrónica", indicaron. "Los costos y tiempos aduaneros son terribles. Tenemos puertos del tercer mundo para querer participar en el primer mundo. A veces estamos con la mercadería inmovilizada hasta 15 días", cuestionaron.

En el Ministerio de Producción dijeron que nunca dejaron de escuchar al sector. Para las mesas de competitividad existentes, el Gobierno cree que existe "perspectiva de potenciar el sector y un horizonte de largo plazo", según contaron a LA NACION. En el caso de Tierra del Fuego sugirieron que todavía no existe una certeza de qué pasará una vez terminado el régimen de promoción fiscal, en 2023. "Muchas provincias se quejan contra ese régimen. También sectores como el textil o el plástico", criticaron. Eso sí, en el Gobierno admitieron que, como le ocurre a gran parte de la economía nacional, las empresas de la isla están afectadas por la caída de la demanda. Todo, por lo menos en el corto plazo, se calmará cuando mejore el consumo.

Polémica en el sur - Empresarios, sindicalistas y Gobierno, con diferentes visiones

10.000 Empleos directos - Son los que hoy tiene la industria de Tierra del Fuego, un 75% en el rubro electrónico.

3500 Millones de dólares - Fue la facturación de la industria electrónica de la isla al finalizar el año pasado.

35% Recaudación tributaria - Aporta a la provincia, el 20% del producto bruto geográfico de la industria electrónica.

Quejas de los empresarios

Los dueños de las empresas radicadas en Tierra del Fuego se quejan de que el Gobierno no haya decidido llamar a una "mesa de competitividad" para el sector electrónico.

Otro de los pedidos es trabajar con el gobierno provincial sobre el alto costo de vida en Tierra del Fuego, que encarece, según su criterio, la producción de bienes.

En las empresas buscan obtener mayor certidumbre respecto del régimen de promoción de la isla, que llega a 2023. Destacan que el de Manaos (Brasil) llega hasta 2073.

Propuestas

Las empresas plantean que es necesario cambiar el convenio laboral que actualmente tienen con la UOM para mejorar la productividad y bajar las altas tasas de ausentismo.

Los industriales fueguinos reclaman una "simplificación de procesos", lo que significa bajar el costo de los insumos nacionales, que no pueden competir con los importados.

Otro reclamo es por los altos costos logísticos y aduaneros pero también por lo que sale pagar la seguridad para los camiones que transportan tecnología en las rutas del sur.

El dilema de la isla

Del editor - La industria electrónica de Tierra del Fuego nació al calor de la necesidad de poblar la Patagonia, un objetivo geopolítico que perdió bastante vigencia a esta altura. De allí las facilidades que se les dio a empresas y trabajadores para instalarse. El dilema que enfrenta el Gobierno no es menor: hay 10.000 personas a las que habría que buscarles empleo.

lunes, 3 de julio de 2017

Casino Flotante: evalúan su estatización para 2019

Por Gonzalo Prado (La Nación) 
La concesión vence ese año y no puede renovarse porque lo impide la Constitución; en vez del cierre, la Ciudad podría tomar el control para retener las fuentes de trabajo y los ingresos
Uno de los dos barcos casino que funcionan en Puerto Madero
Uno de los dos barcos casino que funcionan en Puerto Madero. Foto: LA NACION / Ricardo Pristupluk

Los encargados de llevar adelante las negociaciones por el traspaso del control y de la fiscalización del juego de la Nación a la Ciudad empiezan a evaluar la estatización el Casino Flotante, cuya concesión vence a fines de 2019 y no puede ser renovada por la traba que impone la Constitución de la Capital.

El proceso -que fue encabezado por el parlamentario del Mercosur Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, histórico asesor legal de Mauricio Macri- culminó anteayer, cuando se hizo efectiva la transferencia.

En función de la restricción constitucional, sólo hay dos alternativas posibles: la estatización o el cierre de los barcos casino de Puerto Madero. Uno de los motivos que conllevan a analizar la opción de estatizarlo es que, con un posible cierre, 2000 puestos de trabajo se perderían de un día para el otro. Además, influye la merma de recursos que implicaría para las arcas porteñas, que durante este mes -según se prevé- comenzarán a recibir los fondos congelados que todavía retenía Lotería Nacional.

En el hipódromo la situación es diferente, debido a que el contrato fue extendido por Néstor Kirchner hasta 2032.

"Todavía no hay nada concretado, pero se evalúa estatizarlo para seguir contando con los fondos", dijo una de las fuentes que participaron de todo el proceso. Voceros del gobierno porteño, por su parte, remarcaron que aún no está en agenda esa cuestión porque "se acaba de terminar el traspaso". No obstante, en los despachos de funcionarios ligados al tema se confirma que el cierre del Casino Flotante sería, por ahora, la alternativa menos deseada.

Se calcula que, este año, entre lo que se recauda por impuestos al juego más el monto correspondiente a los ingresos por la moratoria a la que adhirieron las sociedades que explotan el Hipódromo Argentino de Palermo (Hapsa, de Federico de Achával) y el Casino Flotante (la española Cirsa y Ricardo Benedicto, a quien Cristóbal López vendió su parte) llegarán al estado porteño $ 2100 millones.

Desde anteayer, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires Sociedad del Estado (Lotba) -cuyo presidente es Martín García Santillán, que responde a Rodríguez Simón- tendrá la potestad de control sobre las 6000 máquinas tragamonedas y las 1270 agencias de juego que funcionan en territorio porteño.

El destino de esos fondos, y de los que se encuentran congelados en Lotería Nacional desde diciembre de 2015, se repartirán un 70% para el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y un 30% para financiar programas de salud y educación. El dinero correspondiente a 2016 y a este año ya fue incluido en el presupuesto porteño de 2017 por el Ministerio de Hacienda, por lo que no se tratará de fondos extras.

El proceso de traspaso del control del juego comenzó a ejecutarse luego de la victoria en las elecciones presidenciales de aquel año. Incluyó comunicaciones formales con Hapsa y Casino Club para confirmarles que no desestimarían del reclamo de los ingresos brutos adeudados. En octubre del año pasado, los empresarios adhirieron a la moratoria.

Meses después, en la Casa Rosada firmaron el decreto que aumentó el canon del casino de 20% a 30%, equiparándolo con el que paga el hipódromo. El paso siguiente fue presentar el proyecto de traspaso, que incluyó la creación de Lotba para hacerse cargo de casi la totalidad de las competencias de Lotería Nacional.

El factor político jugará un rol clave, según explicaron, en la toma final de la decisión de estatizar el Casino Flotante; también dependerá de quién sea el adversario de cara a 2019. Más aún cuando en 2015, por la presión que generó en la opinión pública Martín Lousteau con su postura sobre el tema, el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri tuvo que dejar caer el convenio que regía entre Lotería Nacional y el ex Instituto de Juego porteño.

"Bien administrado como está ahora y con un control serio, si bien el margen de ganancia en porcentaje es pequeño, constituye un monto más que interesante", precisaron fuentes al tanto de la operatoria.

Consultados al respecto, desde el sector empresarial dijeron que el margen de ganancia actual, como consecuencia de la presión impositiva, "es igual a tener un bono", análisis que comparten varios funcionarios con competencia en la materia. "Si bien el nivel, en cantidad de dinero, de las ganancias parece mucho, es un porcentaje chico en comparación con lo que se invierte para que sea rentable", explicaron.

miércoles, 21 de junio de 2017

Migración laboral: los brotes verdes del empleo se mudan al interior

Por Julieta Tarrés - LA NACION
A contramano de la suba del desempleo que informó el Indec, firmas de diferentes rubros reactivan los planes de búsqueda de personal

Foto: Vicente Martí
La suba del desempleo no afecta a todos los sectores y las economías regionales por igual. 

Estadísticas oficiales y de consultoras privadas evidencian la convivencia de dos realidades: inversión extranjera que se concreta en cuotas, baja oferta laboral en el Gran Buenos Aires -aunque más amplia en algunas provincias- y los primeros brotes verdes en economías, principalmente en las vinculadas al campo.

Representantes de pequeñas y medianas empresas de diferentes rubros reconocen que lo que se ve en el conurbano es muy distinto de lo que está pasando en localidades de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Neuquén, Chubut, Mendoza, Catamarca, Tucumán e incluso del norte de la provincia de Buenos Aires.

Carlos Moriconi es el CEO de la mayor fabricante de remolques del país, con sede en Las Rosas (Santa Fe). Se trata de Vulcano, una pyme de capitales nacionales que provee medios de transporte para el traslado de cargamento a las industrias de la construcción, el petróleo, la minería y el agro. "Tenemos una demanda creciente desde que comenzó a ser rentable la actividad agropecuaria", dice el directivo desde su oficina en la localidad santafecina, a 100 kilómetros de Rosario.

El plan de Moriconi es invertir $ 30 millones entre 2017 y 2019 para aumentar en 50% la capacidad instalada de su planta, de 5500 m2. El objetivo de Vulcano es reducir los altos costos logísticos del mercado local con el proyecto BiTren. "Trabajamos en tres unidades de negocio: el 70% de nuestros ingresos provienen de la venta de semirremolques (tolvas), que se usan en el transporte de granos; vendemos grúas que cargan entre 30 y 90 toneladas, y vehículos de alto rendimiento (BiTren) conformados por un camión más dos remolques con capacidad de hasta 75 toneladas. El BiTren permite un incremento del 80% en una carga útil", explica el hijo de Alberto Moriconi, fundador de la compañía que nació en 1986. Vulcano cerrará el año con una facturación de $ 120 millones y un incremento del personal. A medida que su planta crezca, la empresa necesitará aumentar su nómina de 110 empleados. "Nos cuesta conseguir gente. Hay personas que buscan trabajo en localidades cercanas, incluso en el Gran Rosario. Pero a pesar de la necesidad, hemos ofrecido vacantes a potenciales empleados que no quieren hacer esto, les cuesta involucrarse con el proyecto", explica Moriconi.

Ante la falta de recursos, Vulcano cerró un acuerdo con el municipio de la localidad de Pinto, Santiago del Estero. "Trajimos gente de esa ciudad, que está 450 km al norte de Las Rosas. Pensamos que iba a ser más fácil que los trabajadores migraran de localidades más cercanas, pero no. Tenemos empleados que nacieron en esa ciudad, de 6000, habitantes y que aceptaron el desafío porque tienen mucha necesidad", cuenta el empresario.

Marcelo Cámara, fundador del Grupo Del Viento, coincide con su colega cordobés. "Contratamos a 25 personas entre octubre y febrero, y nos costó. La situación laboral en ésta provincia no es tan mala como la del conurbano. En Chubut hay un bajo índice de desocupación", explica el propietario de la cadena de heladerías, que, de a poco, se expande por el país. Según Cámara, no sólo es difícil retener a la gente que vive en Comodoro Rivadavia, en donde tiene la planta elaboradora de alimentos, también es complicado encontrar especialistas. "No consigo pasteleros, panaderos con experiencia ni baristas. Empezamos a capacitar gente local, pero mientras tanto contraté a un marplatense que viaja una vez por mes", dice el empresario que emplea a más de 100 personas y factura $ 50 millones al año. Del Viento está en pleno proceso de expansión a pesar del golpe que sufrió tras las inundaciones. 

Con una inversión de $ 13 millones, la marca del mejor helado artesanal de la Patagonia (que además produce chocolates, dulces, panificados y tuesta café) compró seis máquinas industriales, cuatro vehículos de reparto y abrió dos locales (Esquel y Puerto Madryn) que se suman a los ocho que ya tenía. "Perdí $ 100.000 y dejé de ganar otros $ 700.000 por las lluvias que dejaron Comodoro bajo el agua, pero hay que seguir adelante. Estoy por lanzar un vino orgánico con la marca Kurrus que se cultiva en Valle de Uco", adelanta Cámara desde el Sur.

A 1825 km de ahí, en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez, la fábrica de tanques cisterna Bertotto-Boglione también está incorporando personal. Eduardo Borri, presidente de la pyme, creada en 1948, cuenta a LA NACION que emplean trabajadores que llegan desde la ciudad de Córdoba, a 220 km de distancia de la planta. "Algunos viajan una hora en auto y otros deciden mudarse. Acá no buscamos gente capacitada, simplemente gente. El Gobierno debería pensar en crear políticas activas para permitir una migración laboral, como ocurre en otros países", sugiere el empresario que se ve obligado a buscar empleados en poblaciones cercanas a la planta, como General Roca, Leones, Inriville y San Marcos.

La empresa que vende tanques de plástico para almacenar fertilizantes, entre otras soluciones, incorporó a 20 trabajadores en los últimos seis meses. Tiene 250 empleados en relación de dependencia y planea contratar 80 más el año que viene.

Bertotto-Boglione no es una pyme más; tiene en carpeta proyectos ambiciosos. "Estamos invirtiendo en la ampliación de la fábrica de cisternas que abastece a la industria del petróleo, principalmente en Vaca Muerta. Ahí vamos a necesitar 20 personas adicionales. También queremos aprovechar el efecto derrame que genere el Plan Belgrano en materia de infraestructura", admite el número uno de la empresa, que firmó una carta de intención con la intendencia de Bahía Blanca para invertir $ 240 millones en la edificación de una planta de producción de columnas para molinos de viento.

En alza

En Tucumán también se ven brotes verdes. A 20 km de la capital de la provincia, en la localidad de San Isidro de Lules, está Veracruz, una citrícola familiar que procesa 30.000 toneladas de fruta por año y exporta el 80% de su producción. Jorge Seleme, director y accionista de la pyme, fundada en 1927, cuenta a LA NACION que con el cambio de gobierno inició un proceso de expansión. "Con $ 50 millones empezamos a ampliar la planta procesadora de fruta fresca para exportar a nuevos mercados de la Unión Europea", dice el empresario, que necesita contratar 300 trabajadores. "Tenemos problemas para conseguir personal. Pedimos ayuda al Ministerio de Trabajo, pero en ciudades de la zona no se busca empleo. Competir con los planes Interzafra (por los que la provincia paga salarios a quienes trabajan en las cosechas) de Luis Manzur es imposible", explica el empresario, crítico de esos planes estatales. "Es el mundo al revés", agrega.

Su colega cordobés Jorge Simonutti, presidente de SICA, la primera fabricante de torres eólicas del país, con sede en la localidad de Esperanza, se expande con viento de cola. El auge por la generación de energías limpias le permitió a Simonutti embarcar su pyme en un proyecto con dos empresas españolas (TecnoAranda y Haizea Wind) para producir 80 molinos de viento por año. "Vamos a necesitar 100 personas en los próximos 10 meses. Por ahora no hay problemas para encontrar gente con oficio o ingenieros. Veremos más adelante", dice Simonutti. Aunque el empresario no quiso compartir detalles de la inversión, medios de España confirman que el desembolso del consorcio argentino-español asciende a $ 150 millones. Ahí se levantarán tres módulos modelo para fabricar torres y hélices metálicas.

Funcionarios del Ministerio de Producción, a cargo de Francisco Cabrera, celebran este proyecto. Según Martín Etchegoyen, secretario de Industria y Servicios, hay pymes en el interior que están invirtiendo, en parte, porque ahora hay medidas oficiales como la ley pyme y la flexibilización para acceder a financiamiento a tasas subsidiadas, que les facilitan la tarea. "A Sica, por ejemplo, la asistimos para que consiguiera crédito y pudiera cerrar el joint-venture con sus pares en España", destaca el funcionario. Lo cierto es que el 75% de los desembolsos comunicados en lo que va del año pertenecen a proyectos de pymes argentinas. Probablemente sean esas las estadísticas que colorean de verde (porque son números positivos) la pantalla del Monitor de la Economía Real, el sistema de datos que ideó Lucio Castro, secretario de Transformación Productiva, para que los miembros del gabinete se informen en tiempo real. Para el Gobierno ésos son los brotes verdes que comienzan a poblar el bosque.

Fomento pyme

Una buena parte de las búsquedas laborales actuales están a cargo de pequeñas y medianas empresas que se vieron favorecidas por la ley pyme. Entre otros beneficios, la norma exime a las firmas más chicas de pagar el impuesto a la ganancia presunta y les permite computar a cuenta de Ganancias el impuesto al cheque.

martes, 20 de junio de 2017

Se agrava el conflicto en los puertos del Gran Rosario

(La Nación) - Hay 40 buques que no pueden cargar granos; Los gremios montaron piquetes y quieren impedir el ingreso de camiones
Por el conflicto, los barcos enfrentan demoras para cargar
Por el conflicto, los barcos enfrentan demoras para cargar. Foto: Marcelo Manera

ROSARIO.-Se tensó aún más durante la tarde de ayer el conflicto en los 21 puertos del gran Rosario que lleva seis días y paralizó la exportación de granos. Ingresó a las terminales un 71 por ciento menos de camiones y la CGT San Lorenzo anunció que bloqueará las fábricas.

Por la medida de fuerza, unos 40 barcos no pueden cargar en las terminales de la zona, luego de que más de 20 gremios de la región dispusieran un paro por tiempo indeterminado en reclamo de que los exportadores paguen un "salario regional". Pretenden que todos los trabajadores cobren un sueldo equiparado al de los aceiteros, que ronda los 27.000 pesos.

A media tarde algunos barcos pudieron cargar con una fuerte custodia de la Prefectura Naval y la Gendarmería pero después de que se incrementara la tensión con los gremialistas los amarraderos quedaron otra vez bloqueados.

El conflicto provocó que bajara abruptamente el ingreso de camiones a la zona portuaria. Como señaló LA NACION, algunas empresas pedían a los productores y acopiadores que no enviaran las cargas hasta que se solucione este conflicto.

De acuerdo al registro de la Bolsa de Comercio de Rosario, ayer entraron 1379 camiones, mientras que en promedio la semana anterior descargaron 4258 vehículos. El paro provocó que ingrese un 71 por ciento menos de camiones a los puertos.

Los 20 sindicatos que reclaman una equiparación salarial con el sueldo de los aceiteros -que ronda los 27.000 pesos- decidieron trasladar el conflicto a los ingresos de las terminales. Durante la mañana intentaron montar un piquete en Bunge, pero efectivos de Gendarmería lo impidieron. Luego se trasladaron a otras terminales, como Terminal 6 y Cargill, según indicaron voceros del sector.

"No hemos recibido ni un sólo llamado para destrabar el conflicto y es hora de cambiar la estrategia de la protesta", anticipó al portal SL24 José Capuano, delegado del sindicato de Camioneros. "Lo que vamos a hacer es avanzar sobre las terminales portuarias, donde ya hay piquetes en Cargill y Terminal 6. Y seguiremos con Vicentín, Renova y Dreyfus", amenazó el dirigente.

"Ante la falta de respuesta, vamos a arbitrar otras estrategias de la protesta para que las cámaras empresariales recapaciten y se pongan a dialogar", coincidió Marcelo Zavala, dirigente de la Marina Mercante.

La CGT San Lorenzo reclama que las empresas exportadoras equiparen con el salario del gremio de los aceiteros -que ronda en promedio los $ 27.000- a trabajadores de otros sindicatos, como empleados municipales, remiseros y vigiladores, entre otros.

Las firmas nucleadas en la Cámara Aceitera de la República Argentina (Ciara) rechazan el planteo, con el argumento de que hay sectores que nada tienen que ver con la agroindustria, como los remiseros, por ejemplo. Y argumentan que una central obrera no tiene atribuciones para exigir un ajuste salarial, que cada gremio discute en paritarias.

Cada año, los gremios nucleados en la CGT San Lorenzo, que nada tienen que ver con el sector agroindustrial, reclaman que las empresas paguen un "salario mínimo regional". Pretenden que las terminales portuarias abonen el sueldo del convenio de los trabajadores aceiteros a otros gremios de la zona, como remiseros, gastronómicos y empleados municipales, entre otros. En otros años, y para evitar un conflicto, las compañías exportadoras pagaron una especie de plus, que se denominó "convenio COPA". Este año rechazan abonar un monto que no les corresponde, advierten.

Edgardo Quiroga, secretario general de la CGT San Lorenzo, sostuvo que "hay una decisión política de no pagar este reclamo. Estas empresas vienen de recibir grandes beneficios del gobierno nacional y pueden tranquilamente pagar lo que se pide".

El gerente de Comunicaciones de Ciara, Andrés Alcaraz, señaló que "hay gremios que hacen este reclamo y no tienen ni siquiera relación indirecta con el sector agroindustrial".

El Gobierno recibe más denuncias por aprietes sindicales

En el Ministerio de Trabajo se apilan desde hace meses pedidos de empresarios que reclaman la intervención del Gobierno para mediar en conflictos sindicalesPor Nicolás Balinotti - LA NACION
En el Ministerio de Trabajo se registran tres casos por semana; los empresarios hablan de amenazas, pedidos de sobornos y hasta un negocio con los juicios laborales.

En el Ministerio de Trabajo se apilan desde hace meses pedidos de empresarios que reclaman la intervención del Gobierno para mediar en conflictos sindicales. Foto: Casa Rosada

Las recientes agresiones sindicales de las que fueron blanco el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , tienen también su correlato en el sector empresario.
"Desde que el Presidente salió a hablar de las mafias [sindicales] no tengo menos de dos o tres denuncias por semana por aprietes", dijo hace unos días el secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, durante un almuerzo con miembros de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.

En la secretaría que ocupa el número dos del Ministerio de Trabajo se apilan desde hace meses pedidos de empresarios que reclaman la intervención del Gobierno para mediar en conflictos sindicales.

Extorsiones para que las empresas sumen más trabajadores de lo previsto; tiros en el domicilio de un directivo de una compañía de Entre Ríos por haber despedido personal, y pedidos de sobornos para no paralizar una obra son algunos de los casos.

La semana pasada, el eje de las presentaciones fue solamente uno: los juicios laborales. Fue a partir de la acusación de Macri contra el diputado kirchnerista Héctor Recalde, a quien señaló como el conductor de "la mafia de los juicios laborales". Un caso: la empresa Sinteplast denunció ante el Gobierno que sus trabajadores hacen presentaciones en la Justicia contra las ART por "una expectativa monetaria desmesurada prometida por los abogados".

Resultado de imagen para aprietes sindicalesSabor tomó nota de los episodios y en algunos de ellos hasta ofició como una suerte de mediador entre el sector empresario y los gremios. Sin embargo, en algunos casos, la capacidad de acción del Ministerio de Trabajo se percibe limitada ante determinados hechos que rayan lo delictivo y que requerirían la intervención de la policía y de la Justicia.

"Necesitamos que la Justicia haga algo porque a veces no tenemos herramientas para avanzar", se quejaron en voz baja en el organismo que dirige Jorge Triaca. Tensiones cotidianas que guían hoy el vínculo entre el Gobierno y la Justicia.

Las denuncias empresarias en el Ministerio de Trabajo no tienen siempre su réplica en la Justicia. "No lo hacen porque a veces terminan arreglando entre las partes", argumentaron con algo de resignación en la sede laboral.

Entre las denuncias recibidas por el secretario de Trabajo, una es de la aceitera Entre Ríos Crushing, que está en conflicto con la Federación de Aceiteros desde febrero por la reducción de personal. Escaló la tensión cuando la jefa de recursos humanos de la empresa denunció un ataque a tiros en su vivienda, además de haber sufrido escraches y amenazas por parte de los delegados del gremio.

LA NACION consultó a la empresa, pero dos voceros prefirieron mantener el silencio. Argumentaron que Juan Martín Echeguía, el presidente de la compañía, era quien iba a dar una respuesta.

Sucedió lo mismo con dos compañías de bebidas que optaron por la cautela antes de relatar a LA NACION sus tironeos con el sindicato de los camioneros, de Hugo Moyano, y con el de Aguas y Gaseosas, de Rubén Álvarez.

Sabor recibió denuncias de empresarios por pedidos de sobornos de los operarios que llevan adelante refacciones en el puerto de Bahía Blanca y en otras obras públicas de la zona. El Ministerio de Trabajo, en realidad, tiene varias seccionales de la Uocra en la mira. Son todos bastiones que no responden a Gerardo Martínez, el jefe nacional de los albañiles. En el sindicato dan luz verde al Gobierno para actuar en caso de que exista alguna denuncia judicial.

También hay un seguimiento por el modus operandi de los sindicatos petroleros de la Patagonia. "Piden contratar el doble de gente de la que realmente se necesita para los pozos. Exigen eso y si no, garantizan quilombo", describieron en el oficialismo el tono de las negociaciones en el sector petrolero.

Preocupa también una disputa de bandas por el control del sindicato de la carne. La interna, en la que se entrecruzan barrabravas de Boca, altera la producción en los frigoríficos, según relataron en la cartera laboral.
Resultado de imagen para empresa Monsa + conflictoUn conflicto paradigmático, pero que sí tuvo su correlato en la Justicia, es el de la línea 60 de colectivos. El 9 de septiembre de 2016 un operario falleció al ser aplastado por un colectivo mientras realizaba las tareas de mantenimiento de la unidad en la terminal de la empresa Monsa, en Barracas. Por entonces, la comisión interna de la línea 60, que conserva sus raíces en la izquierda sindical y el trotskismo y que se opone al liderazgo de Roberto Fernández en la UTA, reaccionó de manera violenta ante la muerte de su compañero David Ramallo.

En las cámaras de seguridad de la empresa quedaron registradas las imágenes del desbande: destrozos de las oficinas y un empleado agredido a golpes. Por el episodio, que cuenta con una causa penal en curso, la empresa ordenó diez despidos y veinte suspensiones después de meses con protestas, paros y la decisión de los choferes de no cobrar boleto. Pero hace tres semanas un fallo de la justicial laboral ordenó reincorporar al personal en "aras de la paz social" y anuló los despidos y las suspensiones.

A partir de la escalada de conflictos sindicales, cuyo pico se alcanzó el año pasado, el Ministerio de Trabajo fortaleció el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) como instancia alternativa para la solución de los conflictos laborales. En 2016 se generaron 84.258 expedientes y el porcentaje de acuerdos fue de 26%. Mientras que en 2017 la cantidad de expedientes bajó a 59.922 y se elevó el porcentaje de acuerdos a 39%. El Gobierno considera el Seclo un paso clave para evitar el aumento de los juicios laborales.

Macri se refirió en abril a las mafias sindicales, empresarias, políticas y judiciales. Prometió desterrarlas. Sin embargo, el mensaje presidencial, expresado en la víspera del primer paro general de la CGT, tenía por entonces un único destinatario: los gremios. Selectivos, los empresarios captaron una parte del mensaje y comenzaron a denunciar sus experiencias.

viernes, 16 de junio de 2017

Anses le sacó la jubilación a mil extranjeros que nunca vivieron en el país

Resultado de imagen para Anses le sacó la jubilación a mil extranjeros que nunca vivieron en el país(Perfil.com) - Fueron otorgadas a paraguayos y brasileños residentes en poblaciones limítrofes con la provincia.

Más de mil ciudadanos extranjeros perdieron automáticamente su beneficio jubilatorio cuando el jefe de la Unidad de Atención Integral de Posadas (Udai), dependiente de la Anses, Marcelo Julien, confirmó, luego de un exhaustivo sondeo que se llevó a cabo con la Dirección de Migraciones, "que nunca vivieron en la Argentina", sino que residen en poblaciones limítrofes con Misiones.

En su mayoría otorgadas a paraguayos y brasileños, se estiman que pensiones y jubilaciones truchas exceden las 3.000. 

Según detalla La Nación, esta investigación surgió de un acuerdo entre la Anses y la Dirección Nacional de Migraciones "a los efectos de verificar el domicilio real de aquellos beneficiarios de prestaciones sociales”. 

Además, de acuerdo con las declaraciones de los funcionarios al diario, el objetivo del Gobierno con esta medida es “evitar abusos o falta de transparencia en el otorgamiento de tales prestaciones, las que el Estado eroga utilizando dineros públicos provenientes del aporte de sus contribuyentes".

sábado, 29 de abril de 2017

El Presidente visitó el Irízar y lo sorprendieron con un grito: "No hay trabajo, Macri"

(Clarin.com) - Luego de su recorrida por el buque y en medio de su discurso, el mandatario pasó un momento tenso.
El Presidente visitó el Irízar y lo sorprendieron con un grito: "No hay trabajo, Macri"
El Presidente Macri visitó el Irízar . (Prensa M de defensa/Pablo Senarega)

Recién llegado de Estados Unidos, donde recibió el respaldo del presidente Donald Trump, a Mauricio Macri no lo dejaron saborear el éxito de su viaje ni medio día. Luego de visitar un centro de jubilados, el Presidente visitó al rompehielos Almirante Irízar que viene de haber sido sometido a un proceso de reconstrucción y modernización para volver a estar en servicio.

El presidente, Mauricio Macri, visitó al rompehielos ´Almirante Irízar´, amarrado en Puerto Madero, que vuelve a navegar luego de diez años de inactividad.

"Siento alegría de participar en la bienvenida del rompehielos Irízar. Hace más de una década que tenemos fuera de servicio esta nave insignia, que representa mucho de lo que está pasando el día de hoy: demostrar nuestra capacidad de trabajo, lo que los argentinos somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos", venía diciendo Macri, con el rompehielos a sus espaldas.

En ese momento, se escuchó una voz a lo lejos, que quedó perdida en medio del discurso. Pero cuando el Presidente terminó de hablar se escuchó clarito: "No hay trabajo, Macri", gritó un hombre, mientras el mandatario saludaba a los comandantes del Irízar con una sonrisa tensa.

En su discurso, había asegurado "estamos en el camino de decirnos la verdad, que consolida la confianza. Tenemos que consolidad la confianza".

viernes, 28 de abril de 2017

Refuerzan controles de asistencia y presentismo de los empleados públicos

Resultado de imagen para controles de asistencia y presentismo de los empleados públicos(Ambito.com) -  El Ministerio de Modernización aprobó un reglamento para fiscalizar el cumplimiento del horario de los trabajadores estatales.

El Gobierno aprobó un reglamento para reforzar el control de asistencia y presentismo de los trabajadores de la administración pública, que incluirá registros biométricos para ficha el ingreso y egreso de los empleados. 

El Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, oficializó la resolución 204-E/2017 que aprueba el "Reglamento General de Control de Asistencia y Presentismo", el cual instrumenta el uso de tecnología informática para verificar el cumplimiento de las horas de trabajo de los empleados estatales. 

Según los considerandos de la medida, publicada en el Boletín Oficial, sostiene que "la modernización del Estado, de sus organizaciones y estructuras, requiere el diseño y puesta en funcionamiento de sistemas de información acordes con las nuevas formas de gestión que aseguren el desarrollo y el buen funcionamiento de un sistema eficiente de carrera administrativa".

"Corresponde estandarizar procedimientos y tareas a fin de simplificar y unificar la documentación necesaria para solicitar licencias o justificar inasistencias, que permita facilitar la correcta administración documental y reforzar el control, tanto para la administración, como para los agentes", resalta la norma y agrega que "en este entendimiento, se propicia aprobar los formularios que serán de uso obligatorio para notificar inasistencias y para solicitar licencias y permisos, respectivamente".

Además, el artículo 3 de la resolución establece un plazo de un año para que las entidades y jurisdicciones públicas implementen un sistema informático biométrico que registre la asistencia del personal que les dependa. 

jueves, 27 de abril de 2017

Las siete provincias con más empleo público por cada uno privado y las nueve con mayor brecha salarial

Por Daniel Sticco - Infobae.com - dsticco@infobae.com
El Ministerio de Trabajo estimó que con los impuestos se pagan más de 3,5 millones de puestos en la administración nacional, provincial y municipal.
Durante más de un lustro, el empleo público se comportó como una bolsa de trabajo en la que se acumulaba gran parte de la población que se incorporaba al mercado laboral o que lo perdía en el ámbito privado, en particular en las provincias y municipios cuyos gastos se financian más con los recursos que cobra la Nación, o que distribuye muchas veces discrecionalmente, que con fondos que obtienen del cobro de Ingresos Brutos y tasas y contribuciones. En todos los casos, el principal aportante es el sector privado, sean empresas, sean empleados y familias, con los impuestos a sus ingresos y consumos.

Si bien esa fue una práctica dominante en la mayor parte de los últimos  70 años, en particular en los años recesivos, volvió a cobrar ímpetu en el lustro previo al cambio de Gobierno, cuando inexplicablemente se dio un giro en la política económica a favor de "vivir con lo nuestro y lo puesto", que minó las posibilidades de crecimiento del sector privado que se había abocado a vender gran parte de su producción al mercado internacional, y debió conformarse con un limitado mercado interno. En 2015, el sector público fue casi el único generador de empleo, a un ritmo de 5,1% en la administración nacional; 3,8% en las provincias y 4,8% en los municipios; sumó 139 mil personas.

En 2015, el sector público fue el casi único generador de empleo, a un ritmo de 5,1% en la administración nacional; 3,8% en las provincias y 4,8% en los municipios

Con el cambio de Gobierno el escenario se modificó, al punto que la nómina de empleados en todo el estado pasó a crecer a una tasa inferior a 1%, desagregado en 2,4% en municipios; 0,9% en provincias y baja de 0,2% en nación.

En diciembre de 2016 un análisis del Ministerio de Trabajo de aproximación al total de empleados públicos en el país, por el faltante de información de algunos organismos públicos provinciales (principalmente de Santa Cruz) y municipales, contabilizó cerca de 3,5 millones de personas registradas en relación de dependencia en todos sus niveles y jurisdicciones.

En términos generales se observa que la mayor parte del empleo público se concentra en el ámbito provincial: el 66% (cerca de 2,3 millones de puestos), fenómeno que se explica porque esas jurisdicciones tienen a su cargo los servicios de educación, la seguridad y la salud pública; 21% depende de la nación (741 mil puestos); y 13% de los estados municipales (452 mil personas).

El mapa del empleo público al cierre del último año mostró que de las 24 grandes jurisdicciones en que se divide el país, en siete se estimaron más empleados públicos que trabajadores en el sector privado registrado como asalariado, monotributista, autónomo y ocupado en casas particulares. Los extremos corresponden a Formosa, Catamarca y La Rioja, en una relación de 2 a 1; le siguen Jujuy, Santiago del Estero y Chaco, con una proporción de 1,5 a 1,4 por 1; y con poco más de uno Corrientes. Un segundo lote, próximo a la unidad, o 50 y 50 se ubican Salta, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, Santa Cruz, San Juan y Misiones.

Mientras que si se mide el empleo público por habitante de cada jurisdicción, la mayor dependencia directa del estado se repartió entre las norteñas Catamarca y La Rioja, con poco más del 16%; la Capital Federal, Tierra del Fuego y Santa Cruz en torno al 16%; y Jujuy y Neuquén 14 por ciento.

Por el contrario, las provincias con menor concentración de empleados públicos fueron Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones y Corrientes, entre el 6% y 7% de sus habitantes.

Presupuestos flexibles para el pago de salarios

Si bien la mayor parte de las jurisdicciones, por no decir todas, se caracterizan por mostrar un estado de las finanzas públicas en el que los gastos superan en varios puntos porcentual al total de recursos propios y que reciben por la coparticipación federal de impuestos, a la hora de pagar salarios se muestran singularmente generosas, al menos de los que abona el conjunto del sector privado.

Lidera ese grupo La Pampa, cuyo gobernador Carlos Verna impulsa la exención de Ganancias de sus empleados, porque la mitad tiene ingresos que compiten con los más altos de las patagónicas Tierra del Fuego, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires. El último dato a septiembre registraba una mediana de $23.900, un 60% que el límite que agrupa a la mitad de los ocupados en el ámbito privado.

También Misiones y Chaco registran pagos de salarios que en la mediana superan en un 50% a los del sector privado. Mientras que un escalón más abajo se ubican la Ciudad; San Juan; Salta; Córdoba; Buenos Aires y Entre Ríos, en un rango de exceso del 38% a 30 por ciento.

En el otro extremo, las jurisdicciones en las que sus empleados perciben remuneraciones inferiores a la mediana del sector privado, sobresalen La Rioja y Jujuy, con 35% y 25%, respectivamente; y en menor medida Santiago del Estero; San Luis; Catamarca, y Tucumán; mientras se equiparan en Río Negro; Santa Cruz y Chubut.
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