Echaron del Ministerio de Agroindustria a 330 contratados

Por Fernando Bertello - LA NACION

Se empezaron a revisar múltiples áreas; sorpresa por la flota de automóviles

Como en otras dependencias oficiales, el Gobierno decidió poner la lupa sobre el Ministerio de Agroindustria. Según pudo saber LA NACION, allí ya fueron desvinculadas 330 personas. Se trata de contratados a los que se les terminó el vínculo laboral, trabajadores que estaban bajo la ley marco de empleo público y, paradójicamente, casos de quienes se presentaron a trabajar el 11 de diciembre (un día después de la asunción de Macri) sin haberlo hecho en los tres años anteriores.

Sin considerar organismos descentralizados como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), a fines de 2015 el Ministerio de Agroindustria contaba con 4200 empleados. Con el recorte realizado se achicó casi 8%. No obstante, el proceso de revisión continúa adelante.

"Es un ministerio que, seguro, podría funcionar con menos gente. Estamos tratando de ser justos y hacemos esto [por las desvinculaciones] con mucha responsabilidad, ya que se trata de gente, pero había muchos contratos políticos, gente que tenía funciones políticas, poco específicas o no venía a trabajar. Hubo quienes empezaron a venir después del 11 de diciembre; aparecieron luego de tres años", señaló una fuente consultada de esa cartera. "El que trabaja se queda sin importar el color político", agregó.

En tanto, una persona a la que se le terminó el contrato dijo que se escucharon quejas por contratos caídos de trabajadores que cumplían funciones de 10 horas en esa dependencia desde hacía años.

Todas las áreas de Agroindustria están en análisis. Entre ellas está la Secretaría de Agricultura Familiar, que tiene entre 1300 y 1500 personas vinculadas. Según trascendió, allí habría muchos contratos políticos provenientes de la gestión que realizó el ex secretario de esa cartera y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. "No estamos en contra de la agricultura familiar, pero queremos que la plata de la agricultura familiar llegue", contaron en el Ministerio de Agroindustria sobre la lupa en esa dependencia.

Entre otras cosas, las autoridades de Agroindustria encontraron un parque automotor sobredimensionado. El ministerio tiene en todo el país 700 vehículos. Muchos son usados por técnicos de las delegaciones, pero se cree que "con la mitad de autos se podría funcionar". Sólo en Buenos Aires hay 70 choferes. De hecho, las autoridades se toparon con muchos más autos que choferes para el organismo en esta ciudad. A todo esto, en una delegación del interior observaron que había ocho camionetas para quince empleados.

Por ello, las autoridades están haciendo un rastreo del parque automotor. La gran mayoría de los 700 autos ya fue localizada, pero no en todos los casos había un registro preciso de quiénes los tenían.

"Autobaja"

Por otra parte, según contó otro informante al tanto de lo que ocurre en esa dependencia, quedó en espera un concurso para 463 cargos que venía de la gestión anterior. 

"Mucha gente pasó la evaluación, pero después no entró y no tuvo más novedades sobre cómo seguía", indicó esa fuente, que había rendido para ocupar un cargo concursado.

En este contexto, según trascendió, también hubo una especie de "autobaja" de gente que estaba vinculada al Ministerio de Agroindustria, pero que no cumplía tareas. Es decir, con el cambio de gobierno, nunca más volvió a su oficina. "En varias áreas se dio el caso de que muchos no aparecieron más por su trabajo; no sabemos aún cuántos", señaló una fuente.

Puerto triguero con más ventas

El 29 del mes pasado partió de Puerto Quequén el buque MV KAMRIN OSLO con destino a Tailandia con una carga de 60.500 toneladas de trigo. Después salió otro vapor con destino a Arabia Saudita con 73.700 toneladas de cebada. Ambos embarques se inscriben en estadísticas que muestran un enero superador tras las medidas del Gobierno para el agro. En rigor, en el primer mes del año Puerto Quequén operó 628.187 toneladas (todos los granos) y superó en 225.000 toneladas lo operado en el mismo período de 2015.

El Gobierno confirma 6200 desvinculaciones y finaliza los convenios con universidades

Por Mariano Obarrio - LA NACION - El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, ratificó el rumbo de la revisión de contratos y justificó las cesantías; los casos más insólitos, en Medios y en el Indec


El ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Foto:DyN

El gobierno de Mauricio Macri confirmó ayer que en sus primeros 50 días resolvió 6200 desvinculaciones de contratos temporarios en distintas áreas del Estado. Anunció, además, que decretará esta semana la anulación de los convenios con las universidades nacionales bajo los cuales ya se encontraron 500 contratos irregulares, que podrían ser muchos más.

En medio del conflicto con ATE, que anunció un paro para el próximo 24 por los despidos (ver aparte), trascendió que el Gobierno investiga además 1500 designaciones en el año último en el hospital Posadas. La mayoría de los casos serían militantes de Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella.

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, informó ayer que Macri firmará hoy o mañana un decreto que "dará por finalizados los convenios con universidades y no permitirá nuevas contrataciones a partir del 1° de marzo sin previa autorización" de su cartera.

Además, obligará a todos los ministerios a informar y justificar sus convenios con universidades hasta el 29 de febrero. En caso de no hacerlo, se anularán esos contratos. Y ordenará a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) "una auditoría sobre los haberes del personal entre octubre y diciembre de 2015".

Hasta ahora se encontraron 500 contratos irregulares de asistencia técnica a universidades y se los dio de baja. Pero sospechan que existen muchos más y se los relevará. Ibarra agregó que congelarán vacantes y se centralizará la administración de la infraestructura tecnológica del Estado.

La no renovación de 6196 contratos se descompone así: Ministerio del Interior, 1342 contratos; Energía y Minería, 942; Agroindustria, 72; Ciencia, 43; Comunicaciones, 485; Cultura, 500; Defensa, 241; Desarrollo Social, 387; Educación y Deportes, 13; Hacienda y Finanzas, 100; Justicia, 524; Modernización, 80; Producción, 22; Medio Ambiente, 103; Cancillería, 32; Salud, 193; Seguridad, 305; Trabajo, 34; Transporte, 71; Turismo, 24; Jefatura de Gabinete, 578, y Secretaría General de la Presidencia, 105.

Hasta el 31 de marzo, dijo Ibarra, continuarán las revisiones de contratos. Existen, precisó, 342.000 empleados de planta permanente, 65.000 contratados y 37.000 entre AFIP, PAMI y Anses. Son 450.000 en total.

"De 65.000 contratados, se revisaron 24.000, de los cuales fueron dados de baja 6200 contratos", dijo Ibarra. "No hablamos de despidos, sino de ordenamiento, producto del sistema heredado. No fuimos los que contratamos mal", subrayó.

"Se van a revisar 11.000 concursos y 46.000 líneas de telefonía celular que tienen empleados del Estado", informó.

Macri firmó otros dos decretos vinculados al empleo público. El 254/2015 disponía la revisión de 24.000 contrataciones y 11.000 concursos entre 2013 y 2015 y el 227/2016 estableció que todas las contrataciones requieren la previa intervención de Modernización.

Según el ministro, se registraron situaciones insólitas: personal que cobraba sueldo y no asistía a su trabajo o que ejercía tareas de militancia o tareas duplicadas con otros empleados.

En el Indec se detectaron 60 contratados con menos de dos horas de trabajo por día. En Justicia, 50 contratados vivían en el interior y no iban al ministerio. En Yacyretá 130 contratados no asistían. En el Senado había 2000 contratados en 2015 y no había espacio ni para 1000. En la Secretaría de Comercio había 130 contratados sin tareas específicas.

En el Instituto Malbrán ingresaron 200 militantes de movimientos sociales sin ir al trabajo y en Fabricaciones Militares, 190; en el Centro Cultural Kirchner, 600 militantes sin roles asignados. En la Secretaría de Medios, 500 contratados convivían en tres oficinas; en Justicia, 500 contratados sin funciones asignadas; en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, 35 contratados sin tareas asignadas. En la Biblioteca Nacional, había 1000 personas con tareas superpuestas.

En lo que era Planificación, había un teléfono para 10 telefonistas; en Jefatura de Gabinete, 10 personas para una sola fotocopiadora, y en Cultura, 30 empleados hacían un resumen de noticias. Son algunos de los ejemplos encontrados.

Indec, otra herencia de descontrol con el personal estatal

Por Paula Urien - LA NACION - En la gestión Kirchner creció 36% la nómina de empleados; muchos no tienen tareas

En 2003, el Indec tenía 1173 empleados; hoy, tiene 1580. Es decir, durante las sucesivas administraciones kirchneristas, su planta se incrementó 36%. Pero el aumento de personal, similar al de casi todos los organismos del Estado, no es el principal problema que enfrenta el ente estadístico. El desorden administrativo y el caos en materia de recursos humanos son factores con los que tienen que lidiar las nuevas autoridades para poder medir correctamente datos fundamentales de la economía, como la inflación y la pobreza.

El descontrol llega incluso a los legajos del personal, que en algunos casos, en lugar de la historia laboral del empleado, sólo tienen la fotocopia del documento. Además, fuentes internas del Indec, en coincidencia con los datos de delegados de ATE, afirman que, a esta altura, 60% de los empleados del organismo son contratados. "El tema de los contratos es una forma de precarización laboral. Hay un grupo sin contrato -unas 30 personas-, otro grupo con contratos vencidos y otro con contratos no aprobados", advierte un reconocido jurista que asesora a la nueva conducción del organismo.

La situación de los contratados contempla casos muy diversos. Hay quienes tienen tareas asignadas y, al figurar como contratados, están en una situación irregular. También hay muchos que llegaron a través de algún tipo de favoritismo y no cumplen funciones. A eso se suma que desde 1994, según ATE, no hay concursos

"No hay normalización del Indec si no hay un pase a planta permanente de los trabajadores, empezando por aquellos que claramente estaban antes de 2007, salvo aquellos que fueron parte de la patota de [Guillermo] Moreno y que nos hostigaron", dice Raúl Llaneza, delegado general de ATE-Indec, uno de los que resistieron la intervención del kirchnerismo. Para él, esta situación se repite en todos los organismos del Estado, que tiene un 70% de trabajadores precarizados que no cobran la totalidad del salario que les corresponde. "El Indec no es una isla, es parte del Estado nacional y desde el 94 no hay concursos", agrega Llaneza.

La nueva conducción del organismo estadístico se encontró con otro problema de similar importancia, como lo es la representación sindical. Según altas fuentes del Indec, hay en este momento 121 delegados sindicales (99 de UPCN y 22 de ATE), cuando por ley corresponderían sólo 17.

"La cantidad de delegados excede por mucho lo que está estipulado por la ley de asociaciones sindicales, del año 1988", dice el asesor jurídico del organismo consultado. "El artículo 45 de esa ley es claro y no se ha respetado en el caso del Indec." La ley estipula que la cantidad de trabajadores que representen a la asociación profesional respectiva en cada establecimiento será de diez a cincuenta trabajadores, un representante; de cincuenta y uno a cien trabajadores, dos representantes; de ciento uno en adelante, un representante más cada cien trabajadores.

"En 2006 los trabajadores del Estado firmaron el acuerdo llamado Convenio Colectivo de Trabajo General del Sector Público Nacional, y en su artículo 106°, que repite las mismas escalas, cambiaron la palabra empresa o establecimiento por la palabra jurisdicción o entidad descentralizada. Así, consideran a la totalidad del Ministerio de Economía para nombrar delegados del Indec. Para dar un ejemplo, el sentido de la ley es que cada planta automotriz tenga una cierta cantidad de delegados, uno cada 100 empleados. Si una automotriz tiene tres plantas, cada una tendrá sus delegados como estipula la ley, pero no más."

Luis Ramírez Bosco, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de grado y posgrado en varias de las universidades más prestigiosas del país, incluyendo la UBA, señaló: "La situación de la representación gremial en el Indec parece que efectivamente es irregular. Para empezar, los representantes sindicales con las garantías reforzadas, y la prestación de trabajo por consiguiente condicionada, alcanzan prácticamente al 8% del total de trabajadores, cuando la proporción debida -por ley y por el mismo convenio para el personal público- es del 1% del personal de cada establecimiento. A esto se habría llegado en elecciones de delegados en las que, salvo que se informara una razón que no está a la vista, el organismo hubiera debido cuestionar el número de delegados a elegir, y la autoridad a cargo no lo hizo; y en las que los organismos de aplicación del Ministerio de Trabajo hubieran debido cuestionar lo que se estaba haciendo y tampoco lo hicieron".

Coincide Ramírez Bosco con la llamada de atención del jurista, sobre el avasallamiento del convenio colectivo sobre la ley. "Otro elemento distorsivo está en el mismo convenio colectivo para el sector público, porque mientras la ley general define una proporción de delegados "por establecimiento", para asegurar que todos los trabajadores, de cualquier establecimiento, estén efectivamente representados, el convenio colectivo redefine mal lo de establecimiento, diciendo que lo es cada jurisdicción (ministerio) o ente descentralizado, con lo cual organismos como el Indec, separados y especializados y con personal con aptitudes diferenciadas, pasan a considerarse como parte de la misma única unidad Ministerio de Economía."

Así, la cantidad de delegados no es proporcional al número de trabajadores del Indec. Podría entonces dejarse sin representación al personal del resto del Ministerio de Economía. "Se designa en una sola repartición una cantidad de representantes gremiales que nada tiene que ver con la proporción que rige en el país desde siempre. Esto es, técnicamente, un abuso de derecho propiamente dicho, porque significa aplicar una norma para un objetivo distinto que el que justifica que la norma exista", dice Ramírez Bosco.

Raúl Llaneza dice que "el Estado delega en distintos ministerios la responsabilidad de velar sobre esas cosas, y durante 9 años el Estado nacional vino avalando que haya esta cantidad de representantes. No voy a defender al otro gremio [en referencia a UPCN, históricamente enfrentado con ATE] ni nada que se le parezca, pero durante 9 años lo vinieron aceptando. Además, por parte de ATE, por el contrario, éramos 28 y ahora somos 22 delegados". Asegura también que no deberían ser 22 (de ATE), sino más, porque hay tres edificios diferentes y bandas horarias.

UPCN, por su parte, respondió a los llamados de LA NACION excusándose de hacer declaraciones porque las personas encargadas de comunicación del gremio están de vacaciones.

"Los delegados son personas inamovibles porque tienen estabilidad sindical", señala el asesor legal del Indec. ¿Pueden complicar el funcionamiento interno? "¿Y qué te parece?", contesta. Según fuentes cercanas al organismo, fue el propio Ministerio de Trabajo del gobierno anterior el que convalidó esta situación a modo de intercambio de favores, ya que hubo un apoyo del sindicato al kirchnerismo, que intervino el Indec en 2007, despidió a técnicos históricos de carrera e instauró mediciones falaces, sobre todo en materia de inflación y pobreza.

Vale todo en recursos humanos

Sindicalización
Con una plantilla total de 1580 empleados, hoy en el Indec hay 121 delegados sindicales -de los cuales 99 pertenecen a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y 22 a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). De acuerdo con la vigente ley de Asociaciones Sindicales, por el número de trabajadores le corresponderían sólo 17

Precarización laboral
La sobre representación sindical es acompañada por una precarización laboral dentro del organismo. Según los sindicatos, el 60% de los trabajadores actuales del Indec hoy son contratados. Los gremios además advierten sobre la existencia de decenas de contratos vencidos y otros que no están aprobados

Aval oficial
El propio Ministerio de Trabajo del kirchnerismo fue el encargado de convalidar esta situación a modo de intercambio de favores, ya que hubo un apoyo político de UPCN para avanzar en la intervención del organismo, que despidió a técnicos históricos de carrera e instauró mediciones falaces de inflación y pobreza

Legajos incompletos
El caos que se registra puertas adentro del Indec se siente con especial intensidad en el área de Recursos Humanos del organismo. Las nuevas autoridades del instituto aseguran que, en algunos casos, en los legajos del personal en lugar de la historia laboral del empleado sólo figura una fotocopia del documento

Un estudio afirma que el 7% de los empleados del Estado son "ñoquis"

Por Paula Urien - LA NACION
Cobrarían unos $ 8000 por mes, según la red KPMG; demandan un presupuesto total de $ 20.160 millones


El Estado pagaría $20 mil millones anuales a unos 210.000 ñoquis.Foto:Archivo

La definición en lunfardo de "ñoqui", aquel que sólo cobra una vez por mes y no trabaja, no tiene que ver con quienes se presentan al lugar de trabajo y hacen poco y nada, sino con aquellos que directamente no trabajan pero tienen un sueldo estatal. "El Estado es la compañía número uno en contratación de personas con un escaso y deficiente control sobre ellas", dice Diego Bleger, socio a cargo de Forensic Services de KPMG.

Por qué existen estas contrataciones irregulares son preguntas que tienen múltiples respuestas. La más importante está relacionada con el financiamiento de la política. "Es un modo de obtener dinero público para hacer política. Por ejemplo, si se necesitan $ 5 millones por mes, se contrata a 500 personas con un sueldo de $ 10.000 por mes. Esas personas quizás ni se enteran", explica Bleger.

Cuántos empleados hay en el Estado es difícil de establecer porque no hay cifras oficiales. Incluso, en los últimos meses se incorporaron de a miles a la planta permanente.

Según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el número trepó de 3.583.000, en 2012, a 3.995.000 este año. Al asumir Néstor Kirchner, en 2003, había 2.210.000 empleados públicos. Para la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) hay tres millones de empleados públicos.

Tomando una cifra intermedia, existen hoy 3,5 millones de empleados públicos. Según estudios anteriores de KPMG, entre el 5% y el 7% del total de una planta son "empleados fantasma" que cobran un promedio de $ 8000 mensuales. Para llegar a este porcentaje, la firma entrecruzó datos y puso en marcha un 0800-ñoquis, con muy buena repercusión, ya que los empleados que sí trabajan ven con muy malos ojos a aquellos que cobran sin concurrir a la oficina.

El 6% de los 3,5 millones de empleados públicos serían 210.000 personas que le cuestan al Estado $ 20.160 millones anuales, por salarios, sin contar aguinaldo y vacaciones. A modo de comparación, por la Asignación Universal por Hijo (AUH) el Estado pagó $ 24.196 millones al tercer trimestre de este año, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. El presupuesto para 2015 fue de $ 24.818 millones y luego creció a $ 30.818 millones. Sin los "ñoquis", entonces, podría aumentarse un 50% el monto de la AUH ($ 837 por cada hijo para grupos familiares con ingresos de hasta $ 7500 mensuales y $ 2730 por hijo con discapacidad).

El ministro de Gestión y Modernización, Andrés Ibarra, dijo a LA NACION: "Encaramos un relevamiento por área y nos llama la atención en la administración pública nacional que los contratos iniciados en los últimos tres años son más de 20.000, sobre un total de 64.000. Vamos a revisar esos contratos para ver que correspondan a gente que efectivamente trabaja".

El funcionario aclaró que hay 370.000 empleados en la administración pública nacional; más de 20.000 en los distintos organismos, y 50.000 más de empresas públicas. Si se agregan los otros poderes, se llega a unos 900.000 empleados.

Categorías de "ñoquis"

Existen favores políticos por los que se incorporan personas al Estado; los "ñoquis" militantes, quienes figuran en un determinado puesto pero se dedican sólo a la militancia; quienes contratan personas o parientes, que trabajan en otros lugares y se quedan, o no, con un porcentaje de su sueldo; fallecidos que siguen con recibo, que cobra otra persona; y "ñoquis" por error, que ya no trabajan para el Estado o se jubilaron hace tiempo y nunca fueron dados de baja. "En algunos casos, los empleados cambian de repartición pero cobran sueldo de ambas, la anterior y la actual", dice Raúl Saccani, de Forensic & Dispute Services de Deloitte.

En los últimos días del gobierno saliente pasaron a muchas personas a la planta permanente. Según un estudio de KPMG mundial, ante un cambio de gobierno hay que detectar a quienes nunca trabajaron y cobran rápidamente un sueldo. De otra manera se esconden en el gran océano de empleados públicos. Bleger recomienda hacer auditorías en todos los niveles de la administración. "Todos sabemos que hay «ñoquis», es una de las formas de abuso de poder", agrega Carlos Rozen, presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y socio de BDO.

La preocupación de Hugo Godoy, secretario general de ATE, es que no se confundan los "ñoquis" con los trabajadores precarizados: unos 600.000. "El 31 de diciembre vencen los contratos de 95.000 trabajadores contratados en el Estado nacional y de 600.000, contando provincias y municipios. No se los puede dejar en la calle. No queremos que se salga a la caza de «ñoquis». El desafío es cómo terminamos con la precariedad laboral en el Estado", dijo.

Buscando noquis, revisarán los contratos de 63.000 empleados públicos

Por Alejandro Alfie - Clarin.com.
La tarea del ministerio de Gestión y Modernización. Andrés Ibarra lidera un equipo que analizará los nombramientos en los últimos tres años, en especial los de 2015


El Gobierno comenzó a revisar los expedientes de 63.000 empleados de la administración pública nacional, que se sumaron durante los últimos tres años, para ver si renueva o no algunos de esos contratos. Especialmente va a auditar poco más de 15.000 contratos que se agregaron el último año, “para ver qué tareas desarrollan, detectar ñoquis y no convalidar esas situaciones, que son una falta de respeto para las personas que trabajan”, dijeron fuentes cercanas al ministro de Gestión y Modernización, Andrés Ibarra. Y agregaron que, en simultáneo, se van a “generar procesos de gestión y capacitación en el empleo público”.

El ministro Ibarra se reunió con Andrés Rodriguez, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), a quien le transmitió los criterios de evaluación para la revisión de los contratos, ya que algunos de ellos se renuevan cada tres meses y otros no tienen previsibilidad en las tareas que realizan.
Hay casos que despertaron gran inquietud en el Gobierno, como casi 2.000 designaciones en el Ministerio de Trabajo. También están analizando 1.300 contratos en el Ministerio de Educación, 1.035 en Economía, 1.017 en Cancillería, 956 en Salud, 888 en Desarrollo Social, 477 en Defensa, 457 en Justicia y 227 designaciones en el Ministerio de Cultura.

El plan de Ibarra es replicar la experiencia del gobierno porteño, donde gestionó los recursos humanos y hubo un incremento de 3% en la cantidad de personal municipal durante los últimos ocho años, alcanzando 128.000 empleados. Pero ahí hubo una transferencia de empleados hacia salud, educación y seguridad, con un incremento del 21%, al sumar 16.911 personas; mientras disminuyó un 19% en áreas administrativas, con 8.260 empleados menos.

El gobierno macrista busca diferenciar su gestión de la que hubo durante los 12 años de gobierno kirchnerista, durante los cuales el empleo público nacional creció más del 35%, pese a que había una déficit fiscal cada vez mayor. “Vamos a trabajar con la revisión de incorporaciones, concursos y contrataciones de recursos humanos; a implementar una nueva carrera administrativa, que contemple la capacitación, con foco en el desarrollo de una visión sistémica y competencias gerenciales. Se revalorizará el mérito y desempeño como requisito para el crecimiento”, dijeron fuentes del Ministerio de Gestión y Modernización.

El foco en los recursos humanos forma parte de un plan de modernización, que incluye también un Plan de Gestión de la Tecnología Pública, con tres aspectos: Sistemas de Gestión para la administración pública nacional, Gobierno Abierto y un Plan País Digital.

El Plan de Gestión busca reemplazar el soporte papel por procedimientos electrónicos, con sistemas de gestión en recursos humanos, compras, trámites, productos, plataformas y aplicaciones; Gobierno Abierto, para “generar un Estado moderno, abierto y transparente, que rinda cuentas y brinde herramientas a sus ciudadanos para que puedan controlarlo”; y el Plan País Digital, que fomente “la inclusión digital, a través de la banda ancha social, la administración electrónica, los Centros de Inclusión Tecnológica y Reclamos, así como la atención online y telefónica”, dijeron en el Ministerio.

Clausuraron otro taller textil clandestino en Flores y liberaron a 25 empleados

(La Nación) - Encontraron más de 20 máquinas de coser; el lugar había sido cerrado en 2010

Un taller oculto que funcionaba todo el día. Foto: AGC

El gobierno porteño clausuró ayer un taller textil en Felipe Vallese al 3100, en Flores, donde había 25 trabajadores encerrados que desempeñaban su tarea en condiciones de precariedad.

La zona fue denunciada por vecinos y ONG como uno de los sitios de la ciudad donde más prolifera el trabajo esclavo. Precisamente a cinco cuadras de allí, en Páez al 2700, murieron dos niños calcinados tras incendiarse un taller clandestino.

"El lugar ya había sido clausurado en 2010, pero volvió a funcionar al cambiar la razón social. En las últimas dos inspecciones, el titular de este taller obstruyó los procedimientos e impidió el ingreso de los inspectores", indicó, mediante un comunicado, la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

El taller funcionaba en un local de planta baja y en dos pisos. En el operativo liberaron a los 25 trabajadores que estaban encerrados en el primer piso cuando se llevó adelante el allanamiento. Efectivos de la Unidad de Trata constataron que cuatro de ellos residían de manera ilegal en el país.

Intervinieron en el operativo la Dirección de Fiscalización y Control de la AGC, la Dirección de Protección del Trabajo y la Policía Metropolitana, junto con Migraciones y la Unidad de Trata del gobierno.

En el interior del taller había más de 20 máquinas de coser y una gran cantidad de prendas que fueron confeccionadas minutos antes de que ingresaran los inspectores. Por su parte, la Policía Federal dispuso la detención del titular del taller clandestino y dio intervención al Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza Servini de Cubría. La causa tramita en la Unidad Coordinadora de Investigaciones Complejas del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Sandra Guagnino.

Con éste, ya suman más de 200 los talleres clandestinos clausurados en lo que va del año. El titular de la AGC, Juan José Gómez Centurión, resaltó que "resulta prioritario el control preventivo en este tipo de lugares, que muchas veces conviven con la ilegalidad evadiendo los controles".

Según la Fundación La Alameda, sólo en la ciudad de Buenos Aires estarían asentados al menos 3000 espacios clandestinos donde se confeccionan miles de prendas por semana. Hay quienes aseguran que un alto porcentaje de la indumentaria que circula por todo el país proviene del circuito ilegal.

Se estima que en toda el área metropolitana los "talleres esclavos" son abastecidos por una red de 30.000 obreros costureros, en su mayoría provenientes de Bolivia. En la justicia federal hay un total de 51 procesamientos por explotación en talleres textiles de todo el país.

Los “barreteros de Cuyo” realizan mantenimiento de vías férreas

(Ejercito Argentino) - El Batallón de Ingenieros de Montaña 8 trabaja, desde el mes de febrero, en el mantenimiento de las vías férreas de la localidad de Caucete, provincia de San Juan. El trabajo se organiza sobre la base de una sección de Ingenieros de 40 hombres, con relevos de personal cada 15 días.

Las tres actividades básicas que se llevaron a cabo hasta el momento son instrucción de la mencionada sección por parte de personal civil del Belgrano Cargas; recepción de maquinaria específica para actividades de remoción e instalación de vías férreas, y recepción, remoción y reemplazo del material de las vías.

Los medios de transporte que se emplean para los trabajos pertenecen al Departamento de Obras Ferroviarias del Ejército y al Batallón de Ingenieros de Montaña 8.

Actualmente, se continúa con la labor de reemplazo de vías en el tramo comprendido entre las estaciones Caucete y Casuarina, con una distancia total de 18 km; se recepciona material, y se efectúa limpieza del sector de trabajo con apoyo de equipos viales.

Pensar que existen máquinas que efectúan este trabajo...

Excesivo empleo estatal: ¿cómo solucionarlo?

Por Orlando J. Ferreres |  Para LA NACION

El populismo cae siempre, al final, en el mismo error: cuando se agota el "modelo" de crecimiento, es decir: superávits gemelos (fiscal y externo), matriz de producción diversificada, tipo de cambio real alto, desendeudamiento y acumulación de reservas y aparece el estancamiento no queda nada del tipo de cambio real alto, ni de la producción diversificada sino soja dependencia; ni superávit fiscal, sino inflación; no hay superávit de la cuenta corriente del balance de pagos, caen las reservas y el país vuelve a endeudarse. Entonces se clama que hay que defender "el modelo", pero no se sabe si es el primero (2003-2007) o el segundo (2008-2015), "modelos" que en la gran mayoría de las variables, son completamente opuestos. Esto ya ha pasado varias veces, con situaciones parecidas aunque nunca iguales.

Para que no se noten las consecuencias sociales de los errores de esos modelos, que son el desempleo por la falta de crecimiento y la pobreza por carecer de un trabajo formal, se apela a incrementar el empleo público, aunque haya que resignarse a un elevado déficit fiscal y su consecuencia, la inflación, al ser monetizado el déficit desde el Banco Central.


Durante la década del 80, el PIB cayó en promedio al 1% anual y la ocupación aumentó al 2% anual, con lo cual el producto por persona ocupada presentó una caída de 3% anual, una verdadera catástrofe que terminó en una hiperinflación de 46.500.000 % equivalente anual, en julio de 1989.

En dicha década, los empleados públicos fueron creciendo como proporción de la población total desde alrededor del 20% hasta un pico de 24,7%, que es un número muy elevado. Crecía el número de empleados, pero no la producción, sino que bajaba.

Durante los 90, tan criticados actualmente, las autoridades trataron de revertir esta tendencia, tanto en empresas del estado como en empleados de las distintas oficinas públicas. Se recuperó la productividad por persona ocupada y el empleo público pasó del 24,7 % de la población en el pico de la gestión anterior hasta un 19% en 1998, cifra aún alta. Este 19% se considera alto pues en aquel momento no se pudo optimizar el empleo público provincial. En la mayoría de dichas jurisdicciones los empleados públicos trabajaban sólo hasta el mediodía y después tenían la tarde libre. Esto significaba que había un número inadecuado de empleados provinciales. Esta práctica no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado hasta el presente.

Durante los 90, tan criticados actualmente, las autoridades trataron de revertir esta tendencia, tanto en empresas del estado como en empleados de las distintas oficinas públicas. Se recuperó la productividad por persona ocupada y el empleo público pasó del 24,7 % de la población en el pico de la gestión anterior hasta un 19% en 1998, cifra aún alta.

En efecto, desde 1999 se vino revirtiendo la tendencia a regularizar el número de empleados públicos y se volvió a la práctica de tomar muchos empleados para obtener votos y además para que no se note que hay desempleo. Esta tendencia fue firme con la Alianza, se continuó en el período 2003-2007, pero se acentuó vertiginosamente desde 2010 en adelante. Desde 2003 hasta 2015, los empleados públicos aumentaron de 2.387.000 hasta los 4.232.818 puestos actuales, sumando Nación, provincias y municipios. Este número implica que los empleados públicos han llegado a un 27% del total de ocupados, cifra que lo convierte en una bomba de tiempo para las futuras administraciones.

¿Cómo ordenar esto? Es muy difícil puesto que es una decisión impopular que nadie va a querer tomar y sobre todo porque la mayoría de estos puestos fueron creados en las provincias, donde no hay alternativas de trabajo privado productivo, pues los gobernadores prefieren gastar el dinero en prebendas, que rinden mucho más políticamente, que conseguir la radicación de empresas, salvo excepciones.

Un plan de transformación de la Argentina debe contemplar un sector público eficiente y ejemplar éticamente, que cumpla su rol en funciones clave, indelegables, como la educación, la salud, la justicia, la seguridad y defensa y la fijación de un plan estratégico para el país a largo plazo y su ejecución alternada con administraciones democráticas.

Es llamativo escuchar hasta el cansancio lo que vienen repitiendo las administraciones provinciales "que el gobierno central las asfixia, que les saca recursos, que no existe el federalismo en la práctica", pero esas mismas provincias son las que incorporaron sin necesidad 1.109.555 puestos adicionales de empleados en solo doce años. Menos mal que no les dieron más dinero, pues sino ¿cuántos empleados públicos más tendríamos? Las municipalidades no se quedaron atrás, pues pasaron de 379.009 empleados en 2003 a 796.297 empleados para este año.

Un plan de transformación de la Argentina debe contemplar un sector público eficiente y ejemplar éticamente, que cumpla su rol en funciones clave, indelegables, como la educación, la salud, la justicia, la seguridad y defensa y la fijación de un plan estratégico para el país a largo plazo y su ejecución alternada con administraciones democráticas. Dentro de dicho plan estratégico debe fijar una política óptima para el tamaño del Estado, de manera que la tenaza de los impuestos que éste impone para financiar sus propios fines no ahogue a la actividad dinámica, que es la que puede ocupar productivamente a toda la población económicamente activa del país. Este punto, la ocupación, debe ser el primer e indelegable objetivo de cualquier país democrático.

Revertir esta inadecuada política llevará muchos años y, además, requerirá lograr un crecimiento económico robusto y permanente, que sólo será posible con una mucha mayor tasa de inversión sobre el PIB, de manera que con el crecimiento económico se pueda ir transfiriendo empleados del sector en el que son redundantes a trabajos formales de alta productividad. Esta transferencia es posible, aunque lenta, pero es la forma de hacerlo. No se puede reducir el número de puestos estatales con un ajuste fuerte de empleados públicos sin darles la oportunidad de obtener un trabajo formal. Primero se deben sentar las bases del crecimiento.

La Juanita: la cooperativa que está cambiando un barrio

Por Fernando Massa  | LA NACION
Talleres, una escuela y hasta un banco, ejes de la transformación

 Una de las alumnas de la escuela Crecer en Libertad-Oscar Alvarado. Foto: LA NACION / Ricardo Pristupluk
Es un proyecto que busca recomponer los lazos sociales mediante la educación y el trabajo. Así describe a la cooperativa La Juanita su fundador, el referente social y ex diputado Héctor "Toty" Flores, frente a padres y chicos de la escuela y a un grupo de padrinos de la ONG Inicia, que llegaron desde la zona norte del conurbano para visitar la institución ahí, en Gregorio de Laferrère, partido de La Matanza.

"Quienes fuimos piqueteros, hoy somos una cooperativa y una escuela –dice Flores–. Universidades de todo el mundo pasan a ver el proyecto y nos cuesta explicar lo que hacemos. Simplemente hubo ganas de concretar las cosas: los que fuimos excluidos quisimos ser incluidos".

En catorce años no sólo lograron levantar de cero una escuela privada de nivel inicial –que ahora espera su habilitación para abrir el primario–, a la que concurren 120 chicos que no tienen que pagar un peso. La maquinaria productiva que pusieron en marcha hace años –en principio un taller de costura que trabaja con diseños de Martín Churba– se fue multiplicando y hoy incluye la sede de un banco, algo hasta ahora completamente exótico en el barrio.

Durante su charla, "Toty" Flores pide disculpas por el lío de alrededor. Es que incluso los fines de semana las actividades en la escuela se superponen. Chicos que corren por el patio con globos en las manos y bigotes de conejo recién pintados en la cara, mientras otros bailan en el salón con la música que pasan los organizadores del evento, los jóvenes del grupo de liderazgo. Esos pibes a los que no les importó que fuera sábado y se levantaron de madrugada para estar a las siete de la mañana en la puerta de la escuela para terminar con los preparativos a tiempo.

Lo que no cuenta "Toty" en su charla es que ahí mismo, durante los 80 y 90, también funcionaba una escuela privada. Una a la que ni la fama de ser la mejor del barrio la salvó de la crisis: se fundió y de un día para otro se volvió el aguantadero del barrio. Pero sólo hasta que en 2001, un grupo de piqueteros del Movimiento de los Trabajadores Desocupados de La Matanza, esos mismos que cortaban la ruta 3 a la altura de Gregorio de Laferrère, para hacer visible su desesperación por haber quedado fuera del sistema, consiguió que le dieran el predio, que de tan destrozado, les resultó más barato tirarlo abajo que reconstruirlo.

 Silvia Flores y otros cooperativistas, en el Taller de Costura. Foto: LA NACION / Ricardo Pristupluk

Ahí se levantan ahora los dos pisos del jardín comunitario Crecer en Libertad-Oscar Alvarado, escuela que aspira a abrir en breve el nivel primario. La nombraron así en honor al fallecido empresario que fue presidente de la agropecuaria El Tejar y de Aacrea. El hito que le mereció el reconocimiento ocurrió una noche de diciembre de 2010 cuando en una cena de recaudación organizada por Alvarado recaudaron dos millones de pesos, que la cooperativa pronto cambió por ladrillos y educación.

La cooperativa lleva el mismo nombre del barrio donde está radicada. Y su logro más reciente queda a la vuelta de la escuela sobre la pavimentada calle Da Vinci. Es una sucursal del Santander Río. Conseguir que un banco se animara a poner un pie en La Juanita y que los vecinos ya no tuvieran que recorrer 5 km para llegar a un cajero automático resultó una conquista inédita para el barrio.

Fuera del banco se formó la típica fila para usar el cajero y otra sumamente infrecuente para el fin de semana: la que armaron los clientes que esperan a ser atendidos por un empleado. Lorena López, que hace poco trabajaba en la cooperativa, es una de esas empleadas, y se reconoce como una consultora financiera las 24 horas. "No sólo es tenerlo cerca, también es la educación financiera que se le da a la gente. Ya se bancarizaron unas 5000 personas y muchos no tienen idea de cómo utilizar los servicios de un banco", dice.

 El banco del barrio abre hasta los sábados. Foto: LA NACION / Ricardo Pristupluk

Silvia Flores, hija de "Toty" y hoy al frente de la cooperativa, cuenta que al principio les propusieron abrir la sucursal sobre la ruta por una cuestión de seguridad. Ellos contestaron que no, que tenía que ser dentro del barrio. Y así fue. "En dos años, no hubo ningún hecho de inseguridad, y la única medida que se tomó fue cerrar los cajeros de noche", dice Silvia.

A dos cuadras de ahí, funciona la sede de La Juanita que alberga la panadería, los talleres, y los espacios donde se dan clases y cursos. Pero antes de llegar, Silvia repara en lo que a simple vista parece un detalle: un cartel con el nombre y la altura de la calle. "La señalización del barrio la hicimos nosotros con radiografías y la técnica del stencil –dice–. Nos costó en total 5000 pesos. Parece mínimo, pero es un tema de identidad: ahora podés pedir un remís, puede entrar una ambulancia, o no tenés que ir a buscar a un amigo a la ruta porque puede llegar solo."

Dentro de la sede, tres muchachos conversan. Ariel Sánchez, de 30 años, trabaja en la sucursal del banco y se ocupa de resolver conflictos en el barrio. Carlos Núñez ronda los 40 años, integró el Regimiento de Granaderos, tiene a cargo la panadería y da el curso de liderazgo. Y Fernando Barrionuevo, de 24 años, lidera el equipo que trabaja testeando páginas para empresas de Internet, entre ellas, la red social Taringa! (un trabajo que no requiere la fuerza del cuerpo, algo también novedoso para el barrio).

Los tres tienen en común que se acercaron a la cooperativa por el curso de reparación de computadoras. Carlos, sin embargo, confiesa que antes de entrar era muy escéptico. "Era un militar con muchos prejuicios hacia la institución. Cuando los veía por televisión en los cortes de 2002, decía: ‹‹Estos vagos tiraron la pala››. Pero desde adentro me di cuenta de otra cosa: habían rechazado los planes y se habían puesto a trabajar."

 Carlos Núñez, en la panadería de La Juanita. Foto: LA NACION / Ricardo Pristupluk

En el Taller de Costura, Margarita Jiménez habla del salvataje que implica la cooperativa para muchos chicos del barrio. Esos que en vez de parar en la esquina, se levantan un sábado a las nueve de la mañana para hacer un curso o dar una mano en lo que se necesite. "A esos chicos ya no los perdés. Los recuperás –dice–. Porque esos chicos van a conocer la cultura del trabajo."

Esa cultura del trabajo se ve materializada ahí, arriba de la mesa, con los guardapolvos que hace una década diseñaron junto con Martín Churba y que después exportaron a Japón. O con los bolsos confeccionados con el reciclado de trajes de azafatas de LAN, el proyecto más reciente de la dupla La Juanita-Churba.

Cultura del trabajo que va de la mano con la educación. Porque para Silvia Flores la educación no sólo implica mandar a los chicos a la escuela; requiere compromiso de los padres. "Si bien no se cobra cuota en dinero, sí se les pide a los padres que asistan todos los miércoles a una reunión y que una vez por mes participen de una clase", dice. Si se le pregunta qué produce en definitiva La Juanita a "Toty", a Silvia o a cualquiera de los más de 50 socios activos de la cooperativa, cualquiera de ellos dirá lo mismo: que La Juanita produce de todo, pero fundamentalmente dignidad..

Excelente, un ejemplo a imitar...

Mientras pelea con los gremios, Kicillof gana más de $ 400.000

Por Alcadio Oña (Clarin.com)

Son sus honorarios como director de YPF. La regla no es igual para funcionarios que están en otras compañías.


El privilegio de pertenecer. Axel Kicillof, ministro de Economía y director titular de YPF. /Mauricio Nievas

Se sabe hace tiempo que pertenecer tiene sus privilegios, como decía la publicidad de una tarjeta de crédito; que con plata o poderes o con ambas cosas es posible acceder a lugares inaccesibles para la enorme mayoría de la gente, envidiables y exclusivos. Algo de eso pasa con los cuadros de La Cámpora, con el núcleo duro del kirchnerismo y con el propio ministro de Economía.

Gracias a una resolución de la última asamblea de accionistas de YPF, Axel Kicillof acaba de ser favorecido con un honorario mensual que seguramente desbordará los 405.000 pesos y que, según fuentes privadas, hasta podría andar por el millón de pesos. En cualquier caso, arriba de 32.400 dólares blue.

Tal cual informó Clarín, la medida alcanza tanto a los directores titulares cuanto a los suplentes –treinta en total– y promedia, justamente, una remuneración de 405.000 pesos. Pero es de un rigor riguroso que los titulares ganen bastante más que los suplentes y mucho más que todos, el presidente Miguel Galuccio.

Para que se entienda mejor, Galuccio ocupa el escalón superior de la grilla y de inmediato lo sigue el ministro que hoy pelea contra los gremios por los aumentos salariales. Además, Kicillof talla fuerte en decisiones clave de la empresa, como por ejemplo en la colocación de bonos de la deuda que le acercan al Gobierno dólares vitales para estos tiempos de divisas escasas.

Austero en cuestiones de la vida personal, Kicillof ya pisaba terreno firme desde antes. El informe de la asamblea de accionistas revela que, en 2014, el sueldo promedio de los ejecutivos ascendió a 333.000 pesos; aplicando la misma regla, él ganaba por encima de ese monto.

Hay una pregunta que cae de madura: ¿es posible que el ministro cobre como ministro y también como director de YPF? Salvo que resigne una parte de lo que obtiene en la petrolera y lo destine a alguna organización de bien público, lo cual se desconoce, la respuesta es sí: cobra de los dos lados y del lado de Economía, $ 54.800 limpios.

A esa conclusión es posible llegar cruzando un decreto de Cristina Kirchner con dos leyes, una de ellas, la que aprobó la nacionalización parcial de la compañía.

El decreto, de mediados de 2012, establece una pauta general para las empresas privadas donde, a raíz de la estatización de las AFJP, la ANSeS tiene parte de los paquetes accionarios. Dice que los directores oficiales no reciben íntegramente los honorarios de las compañías, sino otros relacionados con los haberes de la quinta categoría de trabajadores autónomos.

Esta cuenta ya implica un recorte significativo en los salarios de bolsillo. Pero se dispone, además, que la empresa debe transferir la plata al Ministerio de Economía y que, una vez hecha la quita, éste les paga a los directores estatales. Y también que la diferencia entre los honorarios y el ingreso real va al Fondo Nacional del Menor y la Familia.

Parece una fórmula justa, salvo que el mismo decreto hace una excepción precisa: allí no entran las retribuciones de los directores oficiales en YPF, que por lo tanto reciben la remuneración fijada por la petrolera limpia y sin filtros.

La medida lleva el sello de Economía y quien se encarga de monitorear el proceso es el propio Kicillof, a tal punto que a veces demora los pagos. Todo remite a la ley de estatización, según la cual para YPF no rigen las normas que se aplican a compañías en las que el Estado Nacional y las provincias tengan participación.

Por aquello de que pertenecer tiene sus privilegios, desde que YPF fue intervenida y luego parcialmente nacionalizada el directorio se pobló de cuadros de La Cámpora.

Entre otros figura Nicolás Arceo, a cargo de Administración y Finanzas, leal a Kicillof e hijo del vicepresidente del Banco Nación. También, Ignacio Perincioli, un amigo personal de Máximo Kirchner que ingresó en representación de Santa Cruz, y Rodrigo Cuesta, abogado militante de la organización kirchnerista Justicia Legítima y ex funcionario de Aerolíneas Argentinas.

Los tres son directores titulares, o sea, también cobran más de 405.000 pesos mensuales. Según fuentes privadas, de ellos el mejor remunerado es Cuesta.

Menor suerte, aunque nada para despreciar, le tocó al viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis. Ocupa el sillón de director suplente y reemplaza a su pareja, Cynthia de Paz.

Sería seguramente exagerado decir que son ñoquis, pero aun cuando algunos de ellos estén capacitados para los cargos que desempeñan, es evidente que llegaron en andas del poder político y que han tenido mucha mayor fortuna que varios con capacidades similares.

En YPF pasa lo mismo que pasa con los centenares de camporistas que desembarcaron en las más diversas áreas del Estado. Es lo que se llama militancia rentada, aunque habiendo recursos públicos en juego bien podría llamárselo de otra manera.

Pero el caso de Kicillof tiene un precio diferente, que no viene y al mismo tiempo viene de sus ingresos como funcionario multipropósito. Desde su papel de ministro de Economía y con chapa de la Presidenta, libra una batalla a fondo para encajonar los aumentos de millones de trabajadores cuyos sueldos ni por asomo se aproximan a los de él.

Según su manera de interpretar el momento económico, en los hechos los asalariados deben aceptar la pérdida de ingresos que sufrieron en 2014: ha comprado la fórmula de que los sueldos deben atarse a la inflación presente, así sea mayor a la de sus cálculos, y no a la inflación pasada. Y muchos tolerar, encima, un incremento en la presión del Impuesto a las Ganancias.

Y como todo suena a pedir demasiado, Kicillof enfrenta problemas en la gesta que ha emprendido.

Está claro que también es la gesta de la Presidenta, que después de calificar de oligarcas a los dirigentes sindicales que organizaron el paro nacional de abril y en consecuencia a los propios trabajadores, ahora les ha disparado que viven en otro mundo, no en la Argentina.

Cristina Kirchner ha resuelto poner su capital político sobre la mesa, pensando en que alcanzará para evitar que la conflictividad laboral acompañe al menos parte de la campaña electoral del oficialismo.

Kicillof comparte el pensamiento de la Presidenta y gasta empeño, pero dado el peso del contraste quien arriesga de verdad es ella; el director de YPF corre de atrás.

Aumentó 46,1% la dotación del Gobierno

Por Francisco Jueguen (La Nación) - Ocurrió entre 2003 y 2014, según datos oficiales; cae el trabajo privado

No sólo las picardías del Indec contienen el incremento de la desocupación en la Argentina. En los últimos años, el empleo público actuó como un bálsamo para contener la destrucción de puestos de trabajo. Un dato sirve de ejemplo: según cifras oficiales, entre 2003 y 2014 sólo el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) aumentó su plantilla laboral 46,1%, y la mayor expansión se dio durante el gobierno de Cristina Kirchner. Datos privados estiman que en total hay en la actualidad unos 3,5 millones de empleados públicos.

En el sector privado, según FIEL, el trabajo cayó 1,3% el año pasado, mientras que el empleo público trepó 4,5%. Esta dinámica se repite desde 2008, según explicaron en FIEL.

El mayor reclutamiento estatal se da en las provincias, y luego aparecen la Nación y los municipios.

"En los últimos siete años el empleo público creció siempre muy por arriba del privado", afirmó Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL y especialista en mercado laboral.

De acuerdo con el Boletín Fiscal presentado por el Ministerio de Economía en enero pasado, en el tercer trimestre de 2003 el PEN contaba con 245.366 empleados. Los datos del mismo trimestre de 2014 muestran que el sector que incluye a todos los ministerios y a las diversas modalidades de contratación suma hoy 358.491 trabajadores. Los números oficiales no contemplan los llamados tercerizados, que les facturan a empresas o universidades, pero en concreto trabajan en el Estado.

El sector que más se expandió en los últimos años fue el de las empresas y sociedad estatales. Desde el tercer trimestre de 2006 hasta el mismo período del año pasado, los recursos humanos de esas compañías crecieron 173,3%: pasaron de 9566 a 26.151 empleados, sin contar el personal de Aerolíneas Argentinas, YPF, Correo Argentino, AYSA, Enarsa y Arsat, entre otras firmas. Los otros entes u organismos descentralizados del sector público no financiero mostraron en los últimos once años un incremento de 11,6% (de 9566 a 26.151 trabajadores).

Entre las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner existe una diferencia de volumen. Mientras el primero aumentó 13,73% la dotación del PEN, la actual presidenta expandió 27,5% esos recursos. El paralelismo es válido, ya que en los últimos años la creación de empleo público reemplazó a un estancado empleo formal privado. Según la consultora FIEL, en un informe basado en datos públicos, en 2008 el trabajo en el sector privado creció 1,2%, mientras que el empleo público avanzaba a una velocidad de 3,7%. Lo mismo ocurrió hasta 2014, cuando incluso cayó 1,3% el empleo privado.

"El crecimiento del empleo público es elevado cuando la economía se contrae, como ocurrió en 2009 y en 2014", explicó Bour. Según FIEL, el 63% de los trabajadores estatales están en las provincias; 17%, en municipios; 17%, en la Nación, y 3%, en empresas estatales y bancos públicos.

El Indec estimó que en el segundo trimestre del año pasado el sector público provincial tenía 803.347 trabajadores, mientras que los municipios sumaban 117.923 empleados. En ambos casos, existió un crecimiento de la plantilla laboral en 2014 en comparación con un año atrás, a pesar del mal momento económico.

Sin embargo, los datos del organismo estadístico se basan en los números del sistema previsional (SIPA), y no contemplan las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación (Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego).

"La acumulación de empleo público es, junto con el aumento de pensiones, que se duplicó en los últimos nueve años, un importante factor de crecimiento del gasto público que condicionará a cualquier nueva administración", opinó Bour. "El recurso de apelar al sector público como sustituto tiene un límite dado por el creciente deterioro fiscal", coincidió Jorge Colina, de Idesa.

"En 2014 se confirma la tendencia. No hay creación de nuevos empleos asalariados formales en el sector privado, lo que se compensa con más empleo público", indicó, y agregó: "El problema de fondo es la falta de competitividad de la economía, que hace muy difícil a las empresas crear nuevos empleos".

Los ministerios con más personal en planta permanente y transitoria son los de Defensa y Seguridad. En sus filas suman a la policía y al Ejército. Entre los contratados -más expuestos a la utilización de la política- el podio se lo lleva la cuñada de la Presidenta. De acuerdo con el Boletín Fiscal, Alicia Kirchner controla a 8488 trabajadores en el Ministerio de Desarrollo Social.

Trabajar en el Estado -cerca de la cúpula del poder- puede ser un buen negocio. En la actualidad, hay 12.380 empleados que ganan más de 48.000 pesos brutos mensuales. En rigor, el promedio salarial en esta franja es de 65.202 pesos, según los datos oficiales. No obstante, el salario bruto promedio en el PEN y otros entes del sector público es de $ 17.340, aún lejos de los $ 100.624,15 que todos los meses cobra la presidenta de la Nación.

Pobre país...

Grupo de presos de Ezeiza tendrá vacaciones y aguinaldo

Lo resolvió en favor de un grupo de reclusos de Ezeiza que reclamó condiciones similares a las de cualquier trabajador. El fallo se conoce en medio de un pedido sindical para que los reos tengan aguinaldo y vacaciones

La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación, mediante el cual un grupo de presos peticionó la equiparación de sus derechos laborales a las condiciones de trabajo libre.

El fallo favorece específicamente a los reclusos alojados en los pabellones A, B, C y D de la Unidad Residencial V del Complejo penitenciario federal I de Ezeiza que realizaron la presentación judicial, pero abre las puertas a que se produzca una avalancha de reclamos similares.

En concreto, la decisión de la Justicia dispuso que se cree un régimen laboral para los convictos con idénticos derechos que los de una persona libre; de esta manera -aunque no fue explicitado-, el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (Sutpla) podría lograr su objetivo de que los encarcelados que trabajan también gocen de aguinaldo y vacaciones.

La resolución de la Cámara de Casación Penal advirtió que la lucha contra la inseguridad solo será posible si se brinda empleo a los reos. Y -plagada de citas y referencias doctrinarias- hace hincapié en el principio constitucional de "igual remuneración por igual tarea" para las personas privadas de su libertad.

ESTE FALLO ABRE LAS PUERTAS A UNA OLA DE PRESENTACIONES SIMILARES Y POSIBILITARÍA QUE EL SINDICATO DE PRESOS LOGRE QUE TODOS LOS RECLUSOS COBREN AGUINALDO Y VACACIONES

El juez Slokar, en el voto principal, indicó que "para cualquier preso que trabaje no pueden dejar de gobernar como estándares, entre otros el derecho a la remuneración y la regla de asimilación al trabajo libre, con todos sus alcances, (asignaciones familiares, obra social, cobertura frente a accidentes de trabajo, capacitación laboral, agremiación) por imperio del principio de progresividad".

"En este ámbito, como en el medio libre, nunca es tan necesario recordar el eterno adagio: el trabajo digno dignifica al hombre", afirmó el magistrado, quien agregó que "enfrentar las inseguridades es combatir a la par la inseguridad civil y la inseguridad social".

"Hoy en día existe un amplio consenso respecto de que, para asegurar la seguridad civil (la seguridad de los bienes y de las personas) se requiere una fuerte presencia del Estado: hay que defender el Estado de derecho. Lo mismo debería suceder para luchar contra la inseguridad social: habría que salvar el Estado social", destacó el juez al fundamentar su voto.

El fallo plantea "la realidad laboral penitenciaria argentina actual" en donde el 59 por ciento de las personas privadas de su libertad en la Argentina "no accede actualmente a ningún trabajo remunerado".

También se hizo referencia a "los indicadores oficiales que informan que del universo de aquellos trabajadores presos remunerados, sólo el 19 por ciento cuenta con la posibilidad de acceder a cuarenta horas semanales de trabajo remunerado, en tanto el 81 por ciento restante o trabaja menor cantidad de horas o no tiene posibilidad de acceso a un trabajo pago, por cierto por razones ajenas a su voluntad".

La presentación fue realizada a partir de un pedido del ciudadano ucraniano Yuriy Tiberiyevich Kepich, preso en la cárcel de Ezeiza, quien ya hizo planteos similares por el derecho a la comunicación con sus familiares y a recibir encomiendas.

El Sutpla es el sindicato que defiende los derechos de los reclusos y forma parte de la CTA oficialista que lidera Hugo Yasky

Los reos sostienen que aquellos días que no podían trabajar, ya sea por enfermedad, estudio o visitas, no les pagaban el día pese a tenerlo justificado.

Ante el reclamo, el tribunal dispuso ordenar al Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE), dependiente del Servicio Penitenciario Federal, junto con los organismos del Estado vinculados a la materia en cuestión, y de consumo con la Procuración Penitenciaria, la elaboración de un régimen de trabajo para las personas privadas de su libertad que, a la par de organizar el trabajo intramuros atendiendo al especial ámbito en el que se desarrolla, adapte su régimen a la normativa local vigente y a los instrumentos internacionales que rigen la materia.

También se encomendó al director del Servicio Penitenciario Federal para que durante la transición se instruya a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza para que ajusten su actuación de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo y sus modificatorias, respecto de los internos que desempeñen tareas laborales. Y se dispuso comunicar el fallo a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Río Turbio triplicó su personal pero produce menos carbón

Por Lucia Salinas (Clarin.com) -  YCRT gasta el 54 % de su presupuesto en salarios y produce sólo el 16% del carbón que demandará una nueva usina cercana

Su planta de personal se triplicó mientras su producción se redujo un tres por ciento en la última década. Gasta en salarios el 54% de su millonario presupuesto, pero apenas produce el 16 % del carbón que demandará a partir del año próximo la usina térmica adyacente que se propone abastecer con 240 MW al sistema energético Nacional. Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) es otro ejemplo de desbarajustes en la administración de una empresa estatal durante la década kirchnerista.

El ministerio de Planificación Federal tiene entre sus metas para el año próximo "poner en marcha la Central Termoeléctrica de Río Turbio". La obra construida por Isolux Corsán, con un costo inicial de $2.963 millones, está en la etapa final y constituye una carrera contra reloj para YCRT, responsable de proveer el carbón para que esté más cerca el autoabastecimiento energético.

Los números actuales no favorecen a la empresa intervenida por el Estado nacional y que depende de Planificación Federal. Clarín realizó un pedido de acceso a la información púbica que fue respondido por el coordinador General de YCRT, Miguel Ángel Larregina.

A la fecha, el Yacimiento produce sólo el 16% del carbón que va a demandarle desde 2015 la usina térmica. La mega obra exigirá 112.320 toneladas de carbón por mes (se calcula un promedio diario de 3.744 toneladas). El coordinador General informó que Yacimientos Carboníferos hoy produce 19.008 toneladas mensuales. "Siendo necesario indicar que la mina se halla en etapa de preparación principal y secundaria a fin de lograr las metas de abastecimiento propuestas", aclaran las autoridades.

De seguir con este ritmo de extracción, la producción anual será de 228.096 toneladas, menos del 20% de que exigirá la usina. En materia de extracción, para YCRT no fue una década ganada. "En 2005, con un solo frente de explotación a un año del derrumbe, logramos sacar 235.000 toneladas anuales sin recursos", explicó una ex autoridad de YCRT. Esto representa 19.583 toneladas mensuales, más que lo que se produce en la actualidad con tres frentes de producción y nuevo equipamiento. En 2004, un incendio en Mina 5 causó la muerte de 14 mineros y dejó dos frentes derrumbados, exponiendo la falta de inversión y las falencias en materia de seguridad. El ministerio de Julio De Vido impulsó desde entonces dos programas de modernización para la mina con el fin de repuntar su producción. El primer plan de inversión fue en 2007, por $3.725 millones, y para el período 2004-2011, otro de $4.100 millones.

La partida presupuestaria para YCRT es elevada. Durante este año recibió $2.200 millones del Presupuesto Nacional y sus ampliaciones posteriores. El 54% de los ingresos se destina "al pago de salarios", indicó la empresa. En 2004 la mina contaba con 994 agentes; ahora "la dotación asciende a 2.941 agentes", indicó el Coordinador General. La planta de personal se triplicó y pero produce un poco menos que hace una década.

De Vido sostiene que "no se va a importar carbón para garantizar el funcionamiento de la Usina". En Santa Cruz esperan que lo que no se logró en la última década se logre este último año. YCRT tiene una reserva total de 697 millones de toneladas. "Es un problema de gestión. Carbón hay y en 2015 tiene que mejorar", evaluó un funcionario provincial.

La herencia kirchnerista, el Gobierno incorporará más de 13.000 empleados en el Estado

Por Laura Serra  | LA NACION
La cifra surge del presupuesto 2015 que se debate en el Congreso y representa 36 nombramientos por día; el Senado es el más beneficiado y pasará a tener más trabajadores que la Cámara de Diputados

El año próximo, el último de su gestión, el gobierno de Cristina Kirchner incorporará 13.251 empleados nuevos a la administración pública. Dicho de otro modo, en pleno año electoral el kirchnerismo sumará 36 personas por día al plantel del Estado nacional.

En efecto, el proyecto de ley de presupuesto de 2015 precisa que en el próximo ejercicio habrá 389.396 empleados en toda la administración nacional, mientras que este año el personal alcanza los 376.145 trabajadores. De este incremento surgen dos datos por demás llamativos: en primer lugar, el grueso de las incorporaciones pasa directamente a la planta permanente del Estado nacional; segundo, que el área que más empleados nombra es el Senado, que preside Amado Boudou.

A tal punto el Senado se convirtió en una virtual agencia de empleo público que por primera vez en la historia tendrá más empleados que la Cámara de Diputados, pese a que el Senado, con sus 72 miembros, es menos de un tercio de la Cámara baja, con 257 diputados. Las cifras oficiales son elocuentes: el Senado contará con 6081 empleados, mientras que la Cámara baja, que preside el también oficialista Julián Domínguez, tendrá 5554 trabajadores.

La oposición denuncia que el kirchnerismo pretende colonizar la administración pública con empleados afines antes de dejar el poder, en diciembre de 2015. "Piensan que pueden volver dentro de cuatro años y, para eso, dejan gente propia en cada área del Gobierno para condicionar la gestión que venga. Ésa es la impronta del kirchnerismo, sobre todo de La Cámpora", interpretó un importante legislador de la UCR.

La polémica se trasladará al recinto de Diputados dentro de diez días, cuando se debata el presupuesto. La oposición, una vez más, votará en contra: denunció que nunca como ahora el gobierno kirchnerista "dibujó" tanto las cifras, sobre todo cuando proyecta una reducción drástica de la inflación al 15,6 por ciento anual, un crecimiento del 2,8% del PBI y un tipo de cambio ya superado por la realidad, de 9,45 pesos por dólar.

TODOS A PLANTA PERMANENTE

Si bien el kirchnerismo demostró no respetar demasiado sus proyecciones macroeconómicas a lo largo de los últimos ejercicios, sí cumple sobradamente las previsiones respecto del nombramiento de nuevo personal. El año próximo el jubileo va a ser completo, no sólo porque se incorporarán más de 13.000 nuevos agentes, sino que buena parte de ellos pasará a la planta permanente. Disminuirá, en cambio, el lote de contratados, que bajará de 15.206 a 14.996 trabajadores.

La avanzada del oficialismo en materia de nombramientos es notoria, sobre todo, en el Congreso: según el proyecto de presupuesto, el año que viene tendrá una dotación de 15.073 personas, 2087 más que ahora.

Como la mayoría de las incorporaciones recae en el Senado, el presupuesto de esa cámara crece de modo considerable: aumentará un 37%, es decir, más del doble que la suba de la inflación oficial. En cifras concretas, pasará de 2024 millones del crédito hoy vigente a 2776 millones en 2015.

Diputados no corre con esa misma suerte: no sólo tendrá menos empleados que el Senado, sino que su presupuesto crece a un ritmo menor, un 28% respecto de este año.

El Senado ha sido, desde hace un tiempo, el más mimado a la hora de recibir refuerzos presupuestarios, justamente por absorber las nuevas incorporaciones de personal. De hecho, hace diez días recibió un auxilio de 200 millones de pesos extras del Tesoro nacional porque, de lo contrario, el dinero no le alcanzaba para pagar los sueldos hasta fin de año.

Es más, al promediar este año hubo sonoras quejas entre los empleados porque ya no sólo faltaban insumos básicos para trabajar, sino también elementos primordiales como papel higiénico, café o té.

El Estado se ha convertido así en el principal empleador en nuestro país. Según un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), entre 2002 y 2014 el empleo público aumentó un 67% en los tres niveles de la administración pública (nacional, provincial y municipal) y los de algunas de las empresas estatizadas (por ejemplo, Aerolíneas Argentinas). Este porcentaje representa unos 3.650.000 personas que trabajan para el Estado.

Según ese informe, a partir de 2005 las incorporaciones de empleados estatales aumentaron a un ritmo mayor. "Entre 1995 y 1999 el empleo público promedió 2,08 millones de empleados, y se elevó a 2,18 millones entre 2000 y 2002. A partir de 2003, y más desde 2005, subió fuertemente, para sumar poco más de 3,65 millones de empleados estimados este año", se precisa en el documento.

Gonzalo Diéguez, director del Programa de Gestión Pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), confirmó esta tendencia al precisar que en los últimos diez años el empleo público aumentó un promedio de entre 6 y 7% anual. "Éstos son los datos comprobados -afirma-, pero ni el propio Estado tiene la cifra exacta. Además, uno de cada tres trabajadores que se incorporan al Estado lo hace de manera informal", indicó.

Pregunta: ¿Por qué no se incorporan como personal civil de las fuerzas de seguridad, reemplazando al personal activo en tareas administrativas, así estos pueden dedicarse a funciones operativas y así poder contar con mas personal que incremente la seguridad ciudadana? Será mucho pensar.

Se consolida el éxodo del país de firmas extranjeras

Por Paula Urien  | LA NACION
La retirada se acentuó a partir de 2012; cierran, venden todo o una parte

Foto: Donnelley, una salida traumática.

Costos laborales altos, paritarias que pueden volver a abrirse, paros, baja productividad, leyes laborales inflexibles que no permiten que el negocio "respire" (es decir, se expanda o se contraiga según las posibilidades del inversor), conflictividad, presión tributaria, alta inflación, un dólar que no ayuda, dificultad para girar dividendos y también para importar y en algunos casos exportar productos.

Son algunas de las razones por las cuales varias empresas de capitales extranjeros desinvirtieron en la Argentina en los últimos dos años y continúan haciéndolo.

Tampoco ayudan ciertas iniciativas con incidencia directa en el management de las compañías, como la reforma de la ley de abastecimiento (que recibió media sanción en el Senado el miércoles pasado) o la ley antiterrorista (aunque luego de su anunciada aplicación a la imprenta Donnelley se haya dado marcha atrás).

Según el Global Innovation Index 2014 (un índice elaborado por la Universidad de Cornell, la escuela de negocios Insead y una agencia de las Naciones Unidas llamada The World Intellectual Property Organization), la Argentina está en el puesto 124° entre 143 países en el ítem "Clima de negocios", detrás, en la región, de Chile (62) Uruguay (68) y Perú (72).

A la hora de medir la "Facilidad para hacer negocios", la Argentina está en el puesto 119, superada por Uruguay (44), Chile (53) y Perú (63).

"La inversión extranjera directa (IED) creció en el último año en general en todos los países del mundo, llegando a niveles anteriores a la crisis 2008-2009", dice Marcelo Elizondo, director de Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI) y quien fue director de la fundación ExportAr.

Sólo en los países emergentes, la inversión global representó 52% del total mundial, pero en la Argentina descendió 13% en 2013 "pese a que se computó como recepción de IED la forzada reinversión de empresas extranjeras que no recibieron autorización para enviar utilidades al exterior y que representa el 70% de la inversión total", agrega. La Argentina recibe la mitad de inversiones extranjeras que Chile, un sexto de lo que recibe Brasil y 0,7% del total mundial.

Según el último informe de la consultora Tendencias Económicas, la inversión extranjera directa se redujo 25% anual en 2013 en la Argentina. "Ese comportamiento se debió a las restricciones en el acceso a las divisas implementado en 2011", explica.

"La salida de empresas extranjeras es una muestra de problemas de competitividad, de ineficaz funcionamiento de las instituciones, de desequilibrios económicos, de debilidad en los marcos regulatorios, de malas expectativas económicas, y contribuye, entre otros factores, a un decrecimiento de la economía argentina, que se agrava en los últimos meses", advierte Elizondo en su informe.

A la cabeza de las empresas con problemas están las autopartistas. La norteamericana Visteon Corporation se sumó al estado de crisis del sector y cerró su planta en Quilmes. Lear, también de Estados Unidos, ya había anunciado el cierre de su actividad y tiene un conflicto todavía latente que ya había vivido la española Gestamp a mitad de año. Los frigoríficos están en la misma situación.

Quizás el modus operandi que quedó más expuesto fue el de la imprenta norteamericana Donnelley, que directamente informó de un día para el otro a sus empleados que ya no operaría más en la Argentina a través de un breve comunicado difundido durante la mañana del 11 de agosto, cuando ingresaban a trabajar. Sin preámbulos, bajó la persiana.

La ecuación para las empresas extranjeras que invierten en el pais es sencilla: si no dan los números se van.La empresa láctea canadiense Agropur también se fue de la Argentina en 2012, lo mismo que su colega japonesa Yakult.

También la cadena de electrodomésticos mexicana Elektra se fue en 2013 por "el entorno macroeconómico y de negocios, que resta viabilidad a la operación en este país", expresó en un duro comunicado.

Por otro lado, la inversión anunciada en minería por la brasileña Vale, de unos 6000 millones de dólares, finalmente no se concretó y quedaron sin trabajo 6000 personas entre puestos directos e indirectos que iban a poner en marcha el proyecto en 2013. Ese año también dejó el país Deca Piazza, fábrica de sanitarios con capitales también brasileños.

Symantec, estadounidense, empresa de servicios de soporte técnico, y la española Jazztel, con call centers, se sumaron al éxodo. Y la lista sigue.

Poco tiempo antes, ya habían emprendido la retirada las marcas de lujo Louis Vuitton, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Escada, Cartier, Ralph Lauren, Armani y Kenzo, entre otras.

Otras firmas de alimentos, seguros, entretenimiento y operaciones cambiarias desinvirtieron y hay problemas en el sector químico, en el parque industrial Pilar-Zárate, según refieren fuentes autorizadas.

MÁS RAZONES

"Hoy la inversión va para otro lado", se lamenta Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA. "Las empresas pierden competitividad, hay problemas para importar insumos y en la remesa de utilidades. Los niveles salariales se fueron a las nubes y los costos son más altos que en algunos países de Europa."

La productividad del trabajador argentino también está sobre la mesa a la hora de evaluar inversiones. A pesar de que se reconoce un excelente nivel de talento, el argentino promedio produce menos que su par en el puesto en otros países.

Una encuesta reciente de la consultora internacional Randstad entre 193 ejecutivos de recursos humanos de la Argentina dejó ver que siete de cada 10 empresas reconocieron que aumentar la productividad y el rendimiento de los empleados es su principal desafío. "La necesidad de mejorar la performance de los trabajadores es hoy el principal objetivo en materia de capital humano", señala Andrea Ávila, CEO de Randstad. Uno de los motivos es que deben afrontar costos laborales cada vez más altos por cada incorporación a su plantilla.

La infraestructura es otro freno para las inversiones. El último informe de CREA consigna que sólo está pavimentado el 10,6 por ciento entre la red nacional y provincial de rutas. La red pavimentada creció desde 1920 hasta 1980, pero el ritmo de avance cayó drásticamente en las últimas tres décadas "Las rutas argentinas tienen un intenso tránsito de camiones (responsable del 93,1 por ciento del transporte total de cargas) porque el ferrocarril (moviliza sólo el 5,4 por ciento) y el transporte fluvial carecen de peso en la movilización de las cargas. Paradójicamente, el camión, que es el principal medio de transporte, debe transitar por caminos en mal estado", dice CREA. Otra piedra en el camino de la inversión.

TENDENCIA

-13% Inversión: Es lo que cayó la inversión extranjera directa en 2013, pese a la reinversión forzosa por el bloqueo al giro de divisas

HACIENDO LAS VALIJAS

Algunas empresas que se fueron o que analizan irse
- Visteon Corporation: Autopartista. Cerró su planta de Quilmes
- Donnelley: Capitales de EE.UU. Cerró su planta de impresión
- Farm frites: Alimenticia holandesa. Vendió a capitales locales
- Vale: La minera brasileña desistió de su proyecto en 2013
- Elektra: Cadena de electrodomésticos de México
- Agropur: Láctea de origen canadiense. Se fue en 2012
- Yakult: Otra láctea que dijo adiós. De capitales japoneses
- Ermenegildo Zegna: Indumentaria italiana de alta gama. Se fue en 2012
- Big K: Exportación de productos de carbón. Británica
- Jazztel: Call center. Capitales españoles que emigraron
- Petrobras: La petrolera brasileña tiene en venta sus activos locales
- Apache: Petrolera norteamericana. Podría comprarla YPF.

La malsana dependencia de los planes sociales

Editorial I del diario La Nación
Muchos de los programas de ayuda económica han dejado de ser un paliativo para conspirar directamente contra la cultura del esfuerzo y del trabajo

Cada año que pasa el Gobierno dispone de más dinero para sostener una multiplicidad de planes sociales. La cifra es elocuente: en 2013 se administraron, sin exigir contraprestaciones, 58 planes sociales a más de 16 millones de beneficiarios por un valor de 74.000 millones de pesos. Para 2014, ya son 60 programas de ayuda social para 18 millones de beneficiarios, con un presupuesto de 120.000 millones de pesos.

Si se compara esa cantidad de beneficiarios con el total de la población del país, podría decirse que más del 40 por ciento de los habitantes recibe algún tipo de ayuda estatal que no debe devolver ni siquiera con servicios. Probablemente, el porcentaje sea menor por la sencilla y polémica razón de que, muchas veces, una persona recibe más de un plan asistencial.

La paradoja es notoria: un gobierno que se jacta de haber recuperado el salario, reducido la pobreza y ampliado la oferta educativa y de empleo, entre otros tantos presuntos logros de la declamada década ganada, insume cada año una porción mayor del presupuesto en atender a aquellos que no alcanzan a subsistir con sus magros ingresos o que ni siquiera tienen trabajo, a los que arañan niveles mínimos de educación y a los que no acceden a los más básicos servicios de salud, entre otras tantas falencias deliberadamente silenciadas.

A esos programas se suman las numerosas pensiones graciables que otorga el Estado, los planes de trabajo escasamente controlados, la discrecionalidad en el otorgamiento de las ayudas, su uso político clientelar y su perennidad. Cuando un país necesita perpetuar la asistencia social es porque no tiene la capacidad de generar las condiciones básicas para que sus habitantes procuren por sí mismos su manutención y ascenso social. Cuando la ayuda reemplaza a la oferta laboral, la dependencia económica se hace hábito, se violenta la dignidad de las personas y sus perspectivas de futuro se encogen hasta hacerse invisibles. Si la ayuda, la asistencia o el subsidio pierden su condición de paliativo, el problema se agrava no sólo porque desnuda la profundidad de la crisis, sino porque evidencia que las autoridades carecen de las herramientas para superarla o, peor aún, porque no les conviene políticamente romper con ese estado de dependencia malsana.

Una reciente investigación de Marcos Hilding Ohlsson, de la Fundación Libertad y Progreso, revela que la institución pública que más planes otorga es la Anses (18 programas con casi 14 millones de beneficiarios y un presupuesto de 61.000 millones de pesos para el corriente año). En 2013, llevaba la delantera el Ministerio de Desarrollo Social, con un presupuesto de 33.000 millones de pesos. La Anses, que sistemáticamente apela las sentencias judiciales que reconocen deudas a los jubilados, es la que más compromete sus recursos en planes que no debieran ser tantos ni dirigidos a tantas personas en una década de supuesto crecimiento económico.

La falta de coordinación, de transparencia, de objetividad en los criterios de distribución y de evaluación, y de corrección de los planes sociales -dice el informe- son algunas de las causas por las cuales no se logró ayudar a las personas a salir de la situación de pobreza y vivir por sus propios medios, sino que generó una trampa de dependencia económica que, en algunos casos, lleva ya varias generaciones. En este punto, vale detenerse en la crítica de la presidenta Cristina Kirchner el día en que anunció el plan Progresar, destinado a chicos de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan. En ese momento, la primera mandataria culpó a los gobiernos que la precedieron diciendo que estos jóvenes son "los hijos del neoliberalismo". Nada dijo, por cierto, de que cuando su esposo, Néstor Kirchner, inició su presidencia en 2003, estos chicos tenían entre 7 y 13 años, es decir, una generación entera que ha transcurrido bajo la tutela del kirchnerismo y que no ha podido hallar una salida a sus padecimientos.

Programa Conectar Igualdad, pensiones no contributivas a madres numerosas; planes Argentina Trabaja, Techo Digno, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Jefes de Hogar, Progresar y Procrear son algunos de los más conocidos. No pocos de ellos, indirectamente, terminan favoreciendo el trabajo en negro pues, con tal de no perderlos, numerosos beneficiarios omiten declarar haber conseguido un empleo o, lo que es peor aún, prefieren rehusarse a contar con un trabajo formal. A eso se suman la multiplicidad y superposición de programas entregados por la Nación, las provincias y los municipios, irregularidad que resulta favorecida por la falta de coordinación entre los distritos.

Otro dato contradictorio es que mientras el Gobierno muestra índices de inflación, pobreza e indigencia que harían menos necesaria y urgente buena parte de la ayuda, ésta crece cada vez más, dando así crédito a las mediciones que el oficialismo tanto desacredita como, por ejemplo, las del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, cuando sostiene con fundamentos que en nuestro país es pobre el 40 por ciento de las personas que viven en hogares con niños.

Vale la pena reproducir aquí una reflexión que compartimos, publicada en la investigación de Libertad y Progreso: "Que un individuo no tenga trabajo ni se ocupe de conseguirlo desarrolla un problema que se proyecta a lo largo de la vida de ese sujeto y de la de su familia. El trabajo, además de ser remunerado con dinero, genera hábitos, capacita y brinda experiencia. Hay que dejar de ver a las personas excluidas como bocas para alimentar y, en consecuencia, como sujetos receptores de ayuda social. Hay que comenzar a pensar programas que las impulsen a trabajar y a ascender para que no necesiten de más asistencia y puedan ayudar a otros".

Y, desde ya, urge dejar de lado la mentira y los fundamentalismos políticos o ideológicos, sincerando la gravedad de la situación y evitando comprometer todavía más el futuro de todos los argentinos..

Sigue fuera de control la tradicional feria de San Telmo

Por Valeria Musse  | LA NACION

Los puesteros ocupan cinco cuadras más de lo permitido; el gobierno quiere censarlos y mudarlos

Foto: Patricio Pidal / AFV

 

La invasión de vendedores ilegales en la calle Defensa, que estiró más allá de los límites habilitados la tradicional feria de San Telmo y la inundó de productos industrializados de dudosa procedencia, es el foco de las críticas de los históricos anticuarios de la zona, que denuncian caídas en sus ventas por la proliferación de puestos callejeros y la competencia desleal.

Los feriantes pueden ocupar las veredas entre la Plaza de Mayo y la calle Chile los domingos entre las 9 y las 20. Pero los puestos llegan mucho más allá, hasta la avenida San Juan. En un intento de limitar la venta ilegal y ordenar el caos, el Ministerio de Espacio Público comenzó a censar a los manteros que se instalan en las cinco cuadras excedentes, para reubicarlos. Los puesteros se resisten a abandonar el lugar.

Mientras, los lugareños sienten que el espacio fue "usurpado". Dijo el vecino Edio Bassi: "El barrio se convirtió en un mercado persa. Los comerciantes de las galerías quedaron aislados. Las veredas fueron tomadas. Es muy decadente".

En diciembre de 2011, la ley 4121 habilitó el funcionamiento de cinco ferias en San Telmo, que se sumaron a las históricas de la plaza Dorrego y el pasaje San Lorenzo. Una de las zonas habilitaciones está en Defensa, entre el 50 y el 600 inclusive. Lo que había nacido por la ocupación de hecho fue autorizado por la Legislatura porteña. Y, al menos en ese tramo, se generó un ambiente regulado.

Pero el importante movimiento de vecinos y turistas en la zona hizo que los puestos proliferaran y coparan las veredas casi hasta San Juan. Como en tantas otras zonas de la Capital, los manteros se despliegan donde quieren, incluso en las ochavas. Así, los fines de semana la calle Defensa luce una imagen caótica.
Juan Carlos Maugeri, de la Asociación de Anticuarios y Amigos de San Telmo, es uno de los más enconados enemigos de la feria ilegal: "Les dieron la ley luego de que usurparan, pero no se conformaron y ahora ocupan el resto de la calle, que no está habilitada", dijo a LA NACION en su local de Defensa al 800.

"Estamos hartos, nos estamos hundiendo. No sólo porque ya cerró el 50 por ciento de los locales, sino porque, como vecinos, no podemos disfrutar de nuestro barrio y los domingos nos terminamos yendo."
Puesteros y comerciantes coinciden: la extensión de la feria sobre Defensa más allá de Chile es ilegal.
"Sabemos que hay que ordenar el espacio público y que estamos en un lugar no permitido. Por eso pedimos que se amplíe la ley 4121", dijo a LA NACION Gabriela Olguín, delegada de la cooperativa El Adoquín, que agrupa a 296 puesteros que ocupan cuatro de las conflictivas cuadras, desde la avenida Independencia.
Aunque saben que están al tanto de su situación irregular, los manteros decidieron en asamblea que permanecerán sobre esa calle. "A nuestra manera, intentamos reordenar el lugar. Les cambiamos el paño a quienes revendían para defender a los artesanos. Pero no queremos mudarnos", afirmó Olguín.

Reubicación

El mes pasado la Ciudad anunció un plan para recuperar el casco histórico de San Telmo, que incluye el reordenamiento de la calle Defensa. Explicó a LA NACION el subsecretario de Uso del Espacio Público porteño, Patricio Di Stéfano: "Ya iniciamos el proceso y liberamos algunos metros de esa calle, casi en San Juan".

Para reorganizar la cuestionada feria los inspectores recorren los puestos y censan a los vendedores. Primero, cotejan que, de acuerdo con la reglamentación, sólo vendan manualidades y artesanías y no artículos de reventa, lo que está prohibido; luego, a los que cumplen con los requisitos les ofrecen reubicarlos en las seis cuadras permitidas.

Aunque Di Stéfano dijo que "de a poco, cada fin de semana algunos puesteros admiten la mudanza", la delegada de El Adoquín asegura que ninguno de sus pares aceptó irse.

Olguín explicó: "Es muy difícil regularizar la situación sin dejar a gente en la calle. Esos lugares que nos ofrecen a cambio de expulsarnos quedan a disposición porque están sacando a la gente que revende productos industrializados. Nosotros, en cambio, buscamos la forma de que no se queden sin trabajo".
Frente al puesto de Gustavo Suárez transitaban dos inspectores que recorrían el tramo legal de la feria. Minutos antes, esos funcionarios le habían indicado a un hombre que vendía vuvuzelas albicelestes que debía retirarse del lugar. "Está bien que controlen. El tema es dónde van a poner a los que traigan del otro lado", dijo a LA NACION Suárez, que hace cinco años instaló su puesto de artesanías de alpaca en Defensa.

Baches y empedrado

El empedrado de la calle Defensa remite a una Buenos Aires de otros tiempos. Hoy -a pesar de la proliferación de vendedores de baratijas- caminar por la tradicional feria suele ser los domingos una actividad obligada para los turistas. Claro que el disfrute de aquellos que caminan los fines de semana por ese histórico empedrado se transforma en el sufrimiento de automovilistas durante la semana. El empedrado, además de histórico, merece estar bien conservado. O, al menos, sin baches y sin pozos..

Del editor: cómo sigue. El gobierno se enfrentará a una situación en la que cualquier decisión que tome será cuestionada por la parte que se considere perjudicada.

Licitarán un frigorífico después del fracaso de una gestión oficial

Por Fernando Bertello  | LA NACION

Sergio Urribarri le informó al gremio de la carne que venderá por concurso una planta que manejaba la provincia

  

Después del fracaso de la gestión oficial para mantener abierto el frigorífico cuyo control tomó en 2012, el gobierno de Entre Ríos, a cargo del kirchnerista Sergio Urribarri , venderá mediante licitación pública la planta San José. Así se lo adelantó el gobernador a los dirigentes de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne en un encuentro reciente. "Estamos esperando que lo saquen a licitación para la venta. Eso nos dijo «el Pato» Urribarri", contó Alberto Fantini, secretario general del gremio de la carne.

En julio de 2012, el San José, que antes perteneció a la firma brasileña JBS, reabrió bajo el nombre de Procesadora Ganadera Entrerriana SA, con 85% de capital estatal provincial y un 15% privado. El gobierno nacional aportó un crédito del Bicentenario por unos $ 70 millones para su reapertura, que fue encabezada por la presidenta Cristina Kirchner a través de una videoconferencia.

El frigorífico, con capacidad para faenar unas 600 cabezas diarias, empezó a operar, pero enseguida sumó contratiempos en medio de la caída de faena y un mercado intervenido. Tiene más de un centenar de operarios cobrando una garantía horaria equivalente al 70% del sueldo. "Hace tres meses que el frigorífico no trabaja y la gente está con la garantía horaria", afirmó Fantini.

Según el sindicalista, Urribarri se comprometió a continuar abonando la garantía horaria hasta que se concrete la venta. "Es un compromiso del gobierno de Entre Ríos con nosotros", señaló el secretario general.
Hace menos de dos meses circularon versiones de una venta directa a un grupo empresario integrado, entre otros, por capitales locales y chinos. "Desestimaron eso y ahora decidieron hacerlo por licitación pública", agregó Fantini.

 

Crisis

Una fuente de la industria contó que es difícil ponerle valor hoy a un frigorífico en medio de la actual crisis del sector, que sufrió el cierre de 125 plantas en los últimos años por la intervención del gobierno nacional en el mercado y la cuotificación de las exportaciones. "Hoy el valor que puede tener un frigorífico es meramente simbólico", expresó.

En el caso del ex San José no se sabe si, además, el eventual comprador debería hacerse cargo del pasivo del crédito del Bicentenario. A todo esto, en el frigorífico Estancias del Sur, ubicado en Unquillo, Córdoba, y propiedad de la brasileña Marfrig, hay 520 operarios que tampoco trabajan. Están suspendidos desde febrero, con garantía horaria..