Rosario: Tratamiento de residuos

La Secretaría de Ambiente anunció que llamará a licitación para la construcción de una planta de tratamiento de residuos domiciliarios en la ciudad de Rosario.

La planta, de moderno diseño, permitirá el tratamiento de 250 toneladas de residuos por día, lo que representa un 30 por ciento del total producido diariamente en esta ciudad santafecina. Su construcción demandará una inversión de $ 11 millones. La iniciativa también contempla un programa de desarrollo social para la reconversión laboral de aproximadamente 120 personas que actualmente desarrollan tareas de cirujeo.

Fuente: Diario La Nación

Los jubilados, obligados a litigar

El colapso de la justicia previsional tiene como contraparte el persistente incumplimiento de la Nación de las pautas liquidatorias de haberes válidas. Esta circunstancia es gravísima, ya que muestra al Estado empujando la litigiosidad judicial, con el único fin de dilatar el pago de los montos jubilatorios adecuados.

Actualmente, por cada juicio que concluye se inician cinco nuevos. Los juicios, dada las apelaciones de los abogados de la ANSeS, tienen una tramitación prolongada, originando un dispendio de los escasos recursos judiciales y además, impidiendo en muchos casos que el jubilado pueda acceder a su derecho, ya que es frecuente que ocurran decesos durante el desarrollo del pleito.

Actualmente hay unos 421 mil juicios previsionales en trámite, y se liquidan a razón de dos mil por mes, según lo ha reconocido el titular de la ANSeS semanas atrás. A este ritmo, y de no iniciarse nuevos juicios, el Estado terminaría de pagar las sentencias dentro de 17 años.

Esta situación absurda, generada por un Estado incumplidor, pone a la Justicia en una situación de colapso, le genera mayores costos a las arcas públicas por los intereses, honorarios y costas judiciales que se deben afrontar, y revela un ensañamiento humillante contra uno de los segmentos más vulnerables de la población, el conformado por los jubilados. Ante esto, es necesario que se implemente una solución general, que respete los principios fijados por la Corte y que deje de perjudicar a los trabajadores retirados.

El Estado, que incumple con el pago de los haberes jubilatorios debidos, genera una litigiosidad que pone a la Justicia al borde del colapso y que humilla a los trabajadores retirados.

Fuente: Editorial Diario Clarín

Cuando el Estado viola derechos

Por Roberto Gargarella, PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL (UBA, DI TELLA) - Diario Clarín

Es un error objetar la protesta que deriva en cortes de calles como si se tratara de un conflicto entre reclamantes y transeúntes. Parece imprescindible partir de un diagnóstico que ubique las responsabilidades mayores en los gobernantes.

De manera oportuna, en una nota publicada en esta sección el 26 de enero, Alicia Pierini –actual Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires– reabre un debate importante, relacionado con los límites de la protesta social y, más particularmente, con el derecho a cortar las calles en señal de protesta .

En su texto, la funcionaria plantea una serie de preguntas con las que abordar la cuestión. Todas ellas, según entiendo, están mal dirigidas, por lo que quisiera, en lo que sigue, repasarlas, aunque más no sea de modo breve. En primer lugar, ella sugiere que nos preguntemos si la protesta del caso es idónea para obtener o promover el fin alegado (i.e., un aumento de salarios o la reincorporación de los despedidos). Su respuesta es que no, porque lo que persiguen quienes cortan una calle es, sobre todo, hacerse escuchar, y no garantizar un derecho.

Por ello, concluye, los cortes no resultan métodos idóneos.

Ocurre, sin embargo, que su pregunta es por completo engañosa. En una mayoría de casos (e insisto, no en todos), el recurso a formas de protesta molestas para los demás no se debe a un ánimo agresivo por parte de quienes protestan , sino a su razonable certeza de que los medios institucionales disponibles para interpelar a los representantes, y recibir soluciones frente a legítimos reclamos, resultan totalmente ineptos para garantizar los derechos constitucionales agraviados . El punto de partida del análisis, entonces, no debe ser el que ella sugiere, sino la doble –y gravísima– falta que comúnmente comete el Estado: primero, al violar masivamente, por acción y por omisión, derechos constitucionales que tiene la obligación de asegurar. Segundo, al inutilizar o tornar directamente ridículos los instrumentos institucionales destinados el reproche cívico.
(¿Alguien puede creer que el Estado va a ejecutar los planes de vivienda que adeuda, o asegurar la educación digna que no asegura, luego de una petición vecinal o una reunión ciudadana con el representante del distrito?)

En segundo lugar, quien fuera Subsecretaria de Derechos Humanos durante el gobierno de Carlos Menem sugiere que nos preguntemos si el instrumento elegido –un corte de calles– es “el único medio disponible” en manos de quienes protestan; y también, si no existen formas de protesta menos lesivas que la utilizada. La primera de estas dos preguntas resulta más bien absurda: todo dilema angustioso nos habla de al menos dos cursos de acción posibles. Se trata, entonces, de una nueva pregunta formulada por la autora para direccionar a su gusto la respuesta, razón por la cual no tiene sentido contestarla.

La segunda pregunta, en cambio, es más interesante, pero en todo caso igualmente inaceptable. Por dar un ejemplo: un grupo de obreros de la construcción, en huelga frente a condiciones de trabajo abusivas, tiene numerosas alternativas a su alcance, menos lesivas para los intereses del patrón. Entre varios cursos de acción posible, ellos pueden redactar un manuscrito de protesta y aun abandonar su empleo. Pero no son estas preguntas decentes para hacer frente a quienes son objeto de abuso reiterado . Las preguntas, otra vez, se las debemos formular, primero, al empleador o al Estado que ofende : ¿cómo es que ustedes permiten o respaldan, sistemáticamente, violaciones de derechos semejantes? El artículo, en cambio, aparece escrito para negar o desplazar la responsabilidad esencial, primera, y gravísima, que es de los últimos, y no de quienes se quejan frente a ellos .

Finalmente, la funcionaria presenta un interrogante más importante, referido a los derechos de terceros. La cuestión es si el daño que ocasionan quienes protestan sobre los derechos de terceros es proporcional a la dimensión de su reclamo. Esta pregunta es fundamental, porque muy habitualmente las protestas acarrean molestias que todos queremos evitar.

Es necesario, sin dudas, pensar alternativas que permitan acomodar los derechos de todos . Sin embargo, no hay que aceptar la trampa que la última pregunta encierra. Es tendencioso presentar el conflicto como uno entre pobres manifestantes y pobres transeúntes -maniobra que nos exige una toma de posición siempre injusta.

El conflicto central en juego es el que origina el Estado, cuando insiste en violar los derechos de los cuales es garante.

En definitiva, le damos la bienvenida al debate sobre la protesta, pero sin aceptar planteos distorsivos, ni olvidarnos de que, habitualmente, y contra lo que sostiene la funcionaria, los “reclamantes” no “desatan el conflicto”, sino que lo padecen , a partir de las ofensas y omisiones de los gobernantes.

La necesidad de reciclar la basura

Una de las principales causas del aumento de la cantidad de basura que produce la Ciudad de Buenos Aires es la débil conciencia institucional y ciudadana acerca de la relevancia del reciclado de residuos.

Mientras en Londres, por tomar un ejemplo, se recicla un tercio de la basura domiciliaria, en Buenos Aires se estima que no se llega al 10%. La diferencia básica se debe a que en un caso es obligatorio separar los tipos de basura y en el otro no. La carencia de campañas de concientización y también de sanciones hace que sea mínima la práctica del reciclado, la cual queda básicamente en manos de cartoneros.

Además, la necesidad de reducir la cantidad de basura se advierte por la saturación de los rellenos sanitarios bonaerenses y la ausencia de alternativas como plantas de tratamiento de desechos. Este serio problema demanda un trabajo coordinado de la Ciudad y las autoridades bonaerenses, a fin hallar alternativas sustentables, priorizando el reciclado.

La saturación de los rellenos sanitarios bonaerenses, más el aumento de la cantidad de basura producida en la Ciudad, obligan a impulsar el reciclado de los desechos domiciliarios.
 
Fuente: Diario Clarín

El conurbano, en crisis estructural

Para revertir el gravísimo deterioro de las condiciones de vida de una enorme proporción de la población del Gran Buenos Aires se requiere articular un modelo de desarrollo consistente, que oriente la ocupación del territorio de manera racional, revirtiendo la actual concentración demográfica en una reducida área espacial que, de seguir la actual tendencia, enfrentará problemas aún más severos en un futuro mediato.

En un país de baja densidad poblacional, el conurbano se mantiene como el principal espacio de recepción de la migración interna y externa. En esta zona se concentra alrededor del 40% de los pobres del país, vale decir casi cuatro millones de personas y se registra la mayor falta de acceso a servicios básicos. Las carencias de viviendas, cloacas, agua corriente de red son proporcionales a las deficitarias prestaciones de los servicios de seguridad, educación y salud, principalmente en las villas y asentamientos.

Por su parte, buena parte de la política asistencial es manipulada de manera clientelar, sirviendo más para consolidar las deficiencias que para construir presupuestos sustentables para el desarrollo individual, familiar y colectivo.

Este contexto de pobreza urbana altamente concentrado en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires también registra las tasas de desocupación juveniles más altas de todas las regiones del país, ya que en los 24 partidos del Gran Buenos Aires, el 15% de los varones de menos de 29 años no tiene trabajo; y entre las mujeres la tasa llega al 21,2%, según cifras del INDEC. Además, se estima que más del 40% de los trabajadores del conurbano no está registrado en las empresas. Por su parte, la situación de los menores es delicadísima, ya que la pobreza o indigencia de sus hogares, sumada a la ausencia de contención institucional, los arroja a la droga, la anomia y la violencia.

Ante esto, es imprescindible articular, consensuar e implementar un plan nacional de desarrollo demográfico, territorial y productivo sustentable, sin dejar de revertir en lo inmediato el actual abandono institucional que deja a una enorme masa poblacional al margen de derechos básicos. Muy poblado y con elevadísimos niveles de pobreza y deficiencias institucionales y de vivienda, el Gran Buenos Aires demanda respuestas urgentes y un plan de desarrollo sustentable.

Fuente: Editorial Diario Clarín

La mayor fabricante de tela de jean de Brasil producirá en el país

Llegó a un acuerdo que contempla una inversión de 40 millones de dólares.
El control brasileño sobre el mercado argentino de tela para jean (denim), que hoy es de al menos el 75%, promete ampliarse. Y la que dará el paso es Vicunha Textil, la principal firma del rubro en el país vecino.

La compañía, que ya está en el país pero a través de la importación, acaba de cerrar un acuerdo con un grupo sanjuanino que tiene tres plantas. Vicunha comenzará a producir tejidos en esas fábricas, pero además firmó una opción de compra por esos establecimientos, que podrá ejercer hasta el 30 de junio. Hasta entonces, dijeron en la empresa, los brasileños harán una auditoría. Si los números de la compañía local los convencen, prometen desembolsar US$ 40 millones. Ese monto abarca el precio de la compra de las instalaciones más inversiones para modernizar y aumentar la producción actual de las plantas y sumar una hilandería.

Las textiles que Vicunha está comprando son Tintorería Ullum, Tejeduría Galicia y Tejeduría Panamá. Según deducen en el mercado, el principal atractivo de estas firmas –que están ubicadas lejos de las materias primas y de los centros de consumo y requieren inversión– es que cuentan con beneficios impositivos gracias a la promoción industrial. Sin embargo, en Brastex, la filial local de Vicunha, relativizaron las ventajas y dijeron que aún falta que se instrumente la prórroga de la promoción, que se decidió el año pasado con un decreto.

Hace tiempo que Vicunha quería tener una pata productiva en la Argentina. Es más, fue una de las interesadas en comprar Alpargatas, que finalmente terminó en manos de su rival San Pablo Alpargatas, del grupo Camargo Correa. Justamente esa es la líder del mercado local de denim, en conjunto con Tavex-Santista (ex Grafa), también brasileña. El tercer lugar estaría peleado entre Santana y Vicunha, que hasta ahora trabajaba con importaciones. Solo a partir del quinto puesto empiezan a aparecer firmas argentinas, como Fibraltex, Flandria e Iberoamericana.

“Las plantas que adquirimos están produciendo 300.000 metros por mes. En abril, pasaríamos a 500.000 y, si hacemos uso de la opción, podríamos llegar a 2 millones mensuales en dos años y 400 puestos de trabajo directos”, dice Pablo Jedwabny, director de operaciones de Vicunha en la Argentina. El mercado total de denim ronda los 55 millones anuales. “También queremos crecer en gabardina, donde somos más chicos”, agrega el directivo de Vicuhna, cuyas ventas en la Argentina alcanzan los US$ 40 millones. El grupo facturó más de US$ 600 millones en los primeros nueve meses de 2010.

Fuente: Diario Clarín

Colectivos: apenas en el 12% funciona el boleto electrónico

Por Damián Kantor - Diario Clarín
Se cumplen dos años del lanzamiento del SUBE Si bien hay máquinas instaladas en casi todos los micros, sólo están operativas en 2.000 de los 17.000 colectivos de Capital y el GBA. La Nación y los transportistas se acusan mutuamente por las demoras.

En medio de fuertes cruces entre el Gobierno y las empresas de transporte, la instrumentación del SUBE (Sistema Unico de Boleto Electrónico) avanza a paso de tortuga y hoy sólo está operativo en 2.000 de los 17.000 colectivos que circulan por el área metropolitana, esto es el 12% del parque total. El SUBE fue lanzado el 4 de febrero de 2009 por Cristina Kirchner, cuando anunció que estaría funcionando a pleno en 90 días , pero hasta ayer abarcaba apenas a 28 de las 340 líneas de colectivos. Sobre las demoras, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, reconoció a Clarín que hubo dificultades de índole tecnológica y también resistencias de los transportistas y evitó pronunciarse sobre la finalización del proyecto. “Es muy difícil ponerle una fecha, pero vamos a implementarlo”, dijo, sin dar más precisiones.

El boleto electrónico nació a las apuradas para dar respuesta a los reclamos de la gente por la falta de monedas. Tras varios anuncios y promesas fallidas, casi dos años después, el sistema anexó, según fuentes oficiales, a las líneas 5, 6, 7, 8, 12, 20, 23, 26, 28, 39, 47, 50, 61, 62, 80, 86, 88, 101, 102, 107, 129, 132, 150, 151, 168, 193, 194, 195, aunque este diario comprobó que en varias no funciona . También coexiste con la red Monedero del subte y los trenes Urquiza y Belgrano Norte, montada años atrás. Se desprende, entonces, que para hablar de un sistema de boleto electrónico unificado para colectivos, trenes y subtes resta una enormidad .

En principio, el boleto electrónico supone dos beneficios concretos: para los usuarios, la facilidad de contar con una tarjeta prepaga para abonar los viajes; para el Estado, un mayor control sobre la enormidad de subsidios que se destinan al transporte. Schiavi reconoce que en los atrasos hay cierta responsabilidad del Gobierno, pero recalca la intención de los transportistas de entorpecer la implementación. “Estamos tocando intereses y hay resistencias, creo que por temor. Pero que todo el mundo se haga cargo ”, dijo.

Tal como se suponía, el cronograma oficial del armado del boleto electrónico era muy optimista, lo que provocó numerosos derrapes en los anuncios oficiales. El plan consiste en unificar en un solo centro de cómputos el procesamiento de más de 11 millones boletos diarios. Y además, registrar las cargas de los usuarios, descargar el monto de cada viaje y pagar en el día, vía clearing electrónico, los pasajes consumidos a las empresas de transporte. De los 90 días iniciales para armar un sistema así, se pasó a 90 días hábiles, después meses y hasta el propio Schiavi anunció que estaría listo en julio pasado y por último, que a fin de año habría 10.000 colectivos incorporados. La realidad, ya se sabe, es otra.
Ante las evidencias y entre otras cosas, Schiavi señaló dificultades de orden tecnológico. “En la instalación del back office (el centro de cómputos) hubo problemas con la compatibilidad de equipos”, enumeró. Se refirió así a la compra de las primeras 10.000 lectoras de tarjetas , que ya fueron instaladas en los colectivos pero que en su mayoría aún no funcionan. La licitación la ganó una UTE conformada por Metronec (del grupo Roggio), Indra y Siemens. Carlos Abril, ejecutivo de Siemens, deslindó responsabilidades. “Fuimos trabajando de acuerdo con las autorizaciones que nos fueron dando y ya hay 2000 colectivos funcionando”, se disculpó.

En sintonía con el Gobierno, los proveedores culpan a los transportistas por no haber cumplido con los plazos establecidos en las licitaciones. Las empresas no tardaron en responder. “A pesar de que el SUBE no es el sistema más correcto, las empresas estamos poniendo todo para que funcione”, puntualizó Daniel Millaci, titular de la CEAP (Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros), y añadió: “Las demoras son evidentes, pero no estamos poniendo piedras en el camino ”. Millaci sostiene que alertaron al Gobierno sobre algunas fallas de seguridad (prometieron resolverlos) y sobre la colocación de las lectoras en los parabrisas de los colectivos, “algo que es ilegal”. José Troilo, de la Asociación Civil de Transporte Público, opinó que las demoras son “algo natural para un sistema tan complejo”, y prometió que “en los próximos meses se verán avances”.

Al tanto de los reparos, Schiavi advirtió que hubo intimaciones para apurar el SUBE. “Estamos estudiando una reglamentación. Si verificamos trabas a su implementación vamos a aplicar la máxima dureza, que podría llegar a la no distribución de subsidios”, recalcó el funcionario.

Colectivos: Los funcionarios y empresarios, entre promesas incumplidas

En agosto de 2010, en menos de 13 horas dos mujeres murieron atropelladas por colectivos en Capital. Pocos días antes, un interno de la línea 15 había atropellado a una familia, matando a un nene de 5 años, en Scalabrini Ortiz y Honduras. Tras estos episodios, tanto el Gobierno nacional como el porteño salieron a prometer medidas para disminuir la cantidad de accidentes con colectivos involucrados. Hasta ahora, poco se hizo.

Después de varias reuniones entre funcionarios nacionales y de la Ciudad y empresarios y sindicalistas del transporte público, hubo al menos un avance. La CNRT le remitió a la Ciudad la lista de 22.000 choferes habilitados para manejar colectivos en Capital. Esta información es importante, porque el 70% tiene registros de otras jurisdicciones, lo que dificulta los controles o aplicarles multas. Sin embargo, todavía no se instalaron los GPS en los 9.800 colectivos que circulan por la Ciudad, tal como prometió el ministro del Interior, Florencio Randazzo . Estos sistemas permitirían controlar desde una central la velocidad a la que circulan los colectivos.

Tampoco se cumplió lo prometido por el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que anunció que enviarían un proyecto a la Legislatura para bajar a 40 km/h el tope de velocidad de los colectivos en avenidas , aunque el mes pasado propusieron bajar todas las velocidades en la Ciudad. Además, la Ciudad empezó a retenerle el registro a los colectiveros por exceso de velocidad o violación de luz roja, y los obligan a pagar la multa para recuperar su licencia.

Funte: Diario Clarín

La inflación dibujada: ahora el Gobierno busca culpables afuera

Por Daniel Fernández Canedo - Diario Clarín
En Foco

Cuando en enero de 2007 Néstor Kirchner dispuso un desembarco silencioso sobre los datos del INDEC, el problema era la suba de la lechuga y la cuota de las prepagas. Aquel mes, los estudios privados esperaban una inflación de 2% y la estadística oficial dio el 1,1 por ciento.

Fue el arranque del proceso para institucionalizar dos mediciones de aumento de precios que, en un principio, siguieron la regla del 50%. Si un mes los privados estimaban 1,5%, para el INDEC resultaría de 0,7 o 0,8%. Esa norma nunca escrita, obviamente, lo que intentaba era aquietar las expectativas de una inflación que por aquellos tiempos lucía bastante controlada.

Por otra parte, y simultáneamente, la manipulación del índice de precios minorista buscó reducir el pago de intereses de los bonos argentinos que estaban atados a la inflación. El Gobierno, convencido de que por esa vía se podría ahorrar unos buenos pesos (aunque él mismo había emitido una gran cantidad de esos títulos en 2005), optó por el camino “heterodoxo” de truchar los índices para pagar menos intereses.

Uno de los resultados, más allá del ahorro en materia de pesos, fue el aumento de la desconfianza. Fue a raíz de esa desconfianza que la inflación, medida de acuerdo a los relevamientos de los consultores privados, ganó peso y credibilidad. En algunos casos, más por el descrédito oficial que por la profesionalidad de las encuestas de las consultoras. Antes de la “intervención”, el índice del costo de vida era el resultado de relevar 115.000 precios en 8.000 comercios.

Ningún privado está en condiciones de un relevamiento de esa magnitud, pero eso no implica que encuestas más reducidas pero sin manipulación puedan acercarse más a la realidad que las oficiales. En última instancia, las consultoras hacen estudios para sus clientes, a los que deberán informar sobre la forma de confeccionarlos. Son contratos entre privados.

El ministro Amado Boudou dijo por radio, avalando el apriete de Guillermo Moreno a las consultoras, que dichos cálculos contribuyen a generar expectativas y que eso podría devenir en la toma de malas decisiones. En realidad, el ministro que, sin reírse, aseguró que la inflación de este año será de sólo un dígito, pareció sostener la idea de que sobre la estadística oficial lo mejor es no hablar. El sindicalismo aliado al Gobierno no cree en los índices oficiales y habla de aumentos salariales del 30% o más.

La Presidenta, por primera vez, se mostró preocupada por el tema de los reclamos salariales en tiempos de inflación alta y pidió responsabilidad. En un año electoral, donde la carrera política despunta y todos los sectores buscan sacar ventaja, el Gobierno insiste en decir que no tiene responsabilidad y que toda la culpa es de los empresarios.  Los empresarios tienen responsabilidad, pero el Gobierno también.

Con un aumento del gasto público que supera el 30%; con los agregados monetarios creciendo 30%; los salarios, seguramente, más de 25%, no hace falta saber mucha economía para concluir que difícilmente la inflación anual pueda ser de 9%. La visión oficial prioriza que el dólar está quieto en torno a los 4 pesos, y las tarifas domiciliarias de los servicios no se mueven desde hace años. Resultan factores que pueden ayudar a anclar algunos precios .

Así, tal vez, la inflación de este año no resulte ni del 9 ni del 30%, pero el Gobierno rompió el termómetro y los índices oficiales no son un argumento lo suficientemente contundente para aquietar las expectativas. En un sentido, y salvo dos o tres excepciones, los cálculos de las consultores privadas hablan de una inflación alta pero sin riesgo de espiralización. 

Pero el cambio de ritmo en las subas de precios se hace evidente cuando se mira con un poco de perspectiva. A comienzos del año pasado, la economía venía con una suba del dólar de 10% a lo largo de 2009 y con la inflación algunas décimas por encima del 15%. En aquel momento, empresarios y sindicalistas se empezaban a medir para definir aumentos salariales de 17 o 18% pero la realidad fue otra. Arrancaron los docentes bonaerenses con un aumento de 23,5% y después, la embestida del sindicalismo y la ansiedad oficialista para acelerar la reactivación desembocaron en negociaciones salariales con subas de hasta 35% y más .

Un problema ahora es aquietar las aguas cuando, al calor del año electoral, muchos sectores creen que es el momento de pedir mucho para lograr bastante. El Gobierno que ahora pide responsabilidad a los que reclaman aumentos por la elevada inflación es el mismo que inventó la máquina que fabrica índices increíbles

Según un censo espacial, hay 54 planetas que podrían tener vida

El dato surge de las observaciones del telescopio Kepler , que captó 1.235 mundos fuera del Sistema Solar. Además, identificó un sistema similar al nuestro, con un sol y seis planetas.

La NASA anunció ayer los resultados de un “censo cósmico”: los datos que recolectó el teslecopio espacial Kepler, encargado de identificar planetas ubicados fuera de nuestro Sistema Solar. La sorpresa es que habría 1.235 y, entre ellos, 54 serían candidatos a poseer alguna forma de vida. “Esos 54 planetas parecen estar dentro de la gama que podría albergar vida, es decir, no son demasiado calientes ni demasiado fríos ”, dijo el director científico del proyecto, William Borucki.

Hasta ahora, sólo dos planetas fuera de nuestro Sistema Solar parecían tener esas característas, aunque con muchas dudas. “Tener ahora este número significa que tenemos una cantidad enorme, inconcebible. Es notable ver esta cifra porque hasta ahora era cero”, se entusiasmó Borucki. Antes de este anuncio, sólo se sabía que había 519 planetas extrasolares y dos posibles candidatos a ser como la Tierra. Ahora el panorama es diferente. El próximo paso es estudiar a los 54 candidatos y verificar si tienen las condiciones básicas para permitir vida, como tamaño, composición, temperatura y distancia de su estrella.

Otros aspectos más avanzados para analizar si pueden tener vida, como condiciones atmosféricas específicas y presencia de agua y carbono, requieren la utilización de telescopios que todavía no fueron inventados. Además, el hecho de que un planeta reúna las condiciones requeridas no significa necesariamente que tenga vida. Marte es un buen ejemplo. Cuando se menciona “alguna forma de vida posible”, se hace referencia a un tipo de vida no necesariamente inteligente: podría ser una bacteria, moho o tal vez algo muy diferente a lo que se conoce como vida en la Tierra.

Jack Lissauser, astrónomo de la Universidad de California, transmitió su optimismo sobre cómo están aumentando las posibilidades de hallar un mundo como el nuestro. “Antes teníamos sólo 519 planetas extrasolares para analizar, ahora el telescopio nos muestra que esa cifra se podría triplicar”.

El optimismo es entendible porque pese a que Kepler todavía no halló un planeta del tamaño de la Tierra, todo indica que “apunta a la dirección correcta” , comentó el astrónomo Jonathan Fortney, de la Universidad de California, un investigador de la misión Kepler.
Debra Fischer, experta en exoplanetas de la Universidad de Yale y que no participa del proyecto, dijo que la nueva información “nos da una base mucho más firme para hallar mundos propicios para la vida”. Otro motivo para la “esperanza” es el hallazgo –comunicado en el marco de los resultados de este censo cósmico–, de seis planetas que orbitan alrededor de una estrella similar al Sol (bautizada como Kepler-11). Cinco de ellos son similares a nuestro planeta: poseen una masa que oscila entre 2,3 y 13,5 veces la de la Tierra; el restante está más alejado de su estrella y es gigante.

El objetivo de la misión Kepler, lanzada en 1999, es recoger datos y pruebas de cuerpos que orbiten alrededor de estrellas con temperaturas que podrían hacer posible la existencia de agua líquida y, por lo tanto, de vida. Con los datos del Kepler, astrónomos de la Universidad de California de Santa Cruz (UCSC) analizaron la dinámica orbital de este sistema planetario. Lo calificaron como “sorprendente” . Los resultados de esta investigación aparecerán publicados en la revista Nature.

Fuente: Diario Clarín

Teatro Colón: sigue la incertidumbre sobre el inicio de la temporada

Por Pablo Novillo - Pnovillo@clarin.com
La pelea entre el Gobierno porteño y los trabajadores del teatro Colón sumó ayer un nuevo capítulo. El gremio ATE salió a criticar fuertemente a Mauricio Macri, e insistió con que no es seguro que vaya a comenzar la temporada de la sala .

Desde que el Teatro fue reabierto, el 24 de mayo del año pasado, varias funciones tuvieron que ser suspendidas por conflictos gremiales, principalmente por reclamos salariales. De hecho, algunos trabajadores ocuparon el escenario e impidieron que comenzaran los espectáculos .

Esto llevó al Gobierno de Macri a tomar una decisión polémica: sumarió a 25 trabajadores, entre ellos a ocho delegados gremiales, a quienes por un lado suspendió y por el otro accionó judicialmente . La Ciudad presentó una demanda por la cual les reclama $ 11.000.000 por los daños provocados por las suspensiones de las funciones, y otros $ 44.000.000 en concepto de “daños futuros y potenciales” . Es que los trabajadores siguen poniendo en duda que la temporada vaya a comenzar .

Además, hace dos semanas el director del Colón, Pedro Pablo García Caffi, anunció que habían alcanzado un acuerdo con el otro gremio que nuclea a los trabajadores del Teatro, SUTECBA. Con ellos acordaron un incremento salarial del 37% que incluye pagos por presentismo y productividad. Este gremio está afiliado a la CGT pero tiene buenas relaciones con la administración macrista, mientras que ATE forma parte de la CTA y tiene históricamente una posición más enfrentada tanto con Moyano como con el Gobierno porteño.

Por el acuerdo con SUTECBA, García Caffi anunció que “la temporada del Colón comenzará el 29 de marzo, y desde el 2 se comenzarán a vender los abonos”. Pero los trabajadores desconocen lo que dice el Gobierno. La cúpula de ATE Capital convocó ayer a la tarde a una conferencia de prensa, en la que aseguraron que el Gobierno porteño es “totalitario” y que “desprecia los derechos y garantías constitucionales”, como el derecho a huelga.

En un comunicado, firmado por el secretario general Rodolfo Arrechea, afirman que la Justicia Nacional del Trabajo declaró ilegal las sanciones a los ocho delegados y ordenó reinstalarlos, pero el Gobierno lo desoyó. Además, denunciaron que la Ciudad no les pagó el sueldo de enero a los trabajadores en conflicto. El sindicato convocó además a una asamblea el 16 de febrero, en la cual los trabajadores del teatro decidirán si la temporada arranca o no.

El cartel que seguirá apagado

No es una obra pública, pero fue un caso más de las resoluciones judiciales que frustraron los planes del Gobierno de Mauricio Macri. El cartel de led más grande de Sudamérica, con 567 m2, se instaló con una publicidad de Coca Cola frente al Obelisco, en lo que el Gobierno presentó como el primer paso para convertir la zona en una especie de Times Square porteño, que recuerde al área más luminosa de Nueva York.

Sin embargo, el cartel estuvo prendido un par de semanas y en junio se apagó por orden del juez Andrés Gallardo, a pedido de los legisladores opositores Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y Martín Hourest, quienes denunciaron que el cartel podía encandilar a los automovilistas y provocar accidentes.

Fuente: Diario Clarín

General Paz: lleva parada un año la obra de ensanche

Por Romina Smith - Diario Clarín
Arrancó en enero de 2009 y tenía un plazo de dos años, pero quedó paralizada tres meses después. Hoy la situación es crítica por el mayor caudal de vehículos en los accesos que afectan a la avenida. Está colapsada porque el tránsito creció 45%

Lo saben todos los que la usan a diario. Los que circulan por alguno de sus tramos, o los que no tienen otra salida que recorrer sus 24 kilómetros de punta a punta, bordeando la Ciudad desde el Riachuelo hasta el Río de la Plata, todos los días. Circular por la avenida General Paz es un sufrimiento . Y todo indica que lo seguirá siendo: desde 2006 hasta la fecha, el tránsito en esa avenida se incrementó más de un 45% , y esa cifra seguirá en ascenso.

Cada día, ya pasan por ahí unos 150 mil vehículos, que en horas pico sólo pueden avanzar a paso de hombre. Los usuarios que lo padecen siguen esperando el ensanche prometido en 2009 por Nación, que significó aumentos de hasta el 112% en los peajes de los accesos Norte y Oeste, pero que jamás llegó. Hoy, la avenida General Paz está igual de angosta que hace ocho años y no hay proyecto oficial que prevea cambiar eso.

Este panorama se nota aún más en las estadísticas: según datos oficiales, la cantidad de pasajeros que usa el transporte público para ingresar a la Ciudad bajó casi un 7% durante los primeros cuatro meses del año. Es decir, que muchos prefieren usar su propio auto en vez de viajar en trenes o colectivos: en la ex línea Mitre del ferrocarril, por ejemplo, la cantidad de usuarios bajó un 9,9%, mientras que el número de vehículos que llegan a la Ciudad por la Panamericana creció un 4,7%. Y en el Oeste se da un caso similar: mientras que en la ex Sarmiento se perdió el 8,4% de usuarios, en el Acceso Oeste la cantidad de vehículos subió un 4,4%. Ese aumento de autos particulares también se da en todos los accesos a la Ciudad y afectan a la avenida General Paz, sobre todo en horas pico, con grandes congestiones y cuellos de botella, que hacen que viajar sea un martirio.

Consciente de eso, el Gobierno nacional impulsó, en 2005, un completo plan de obras en la avenida que está en jurisdicción de la Dirección Nacional de Vialidad y es administrada por Autopistas del Sol (Ausol). Es un proyecto ambicioso, que incluye la construcción de un cuarto carril, en principio del lado de Provincia, además de una nueva rama de ingreso a la calzada principal a la altura del puente de la estación Miguelete, la construcción de nuevos puentes y el ensanche de otros once ya existentes, la demolición y el reemplazo de cinco puentes tipo arco permitirían elevar la altura de paso, y la construcción de un tercer carril en el tramo entre el Acceso Norte y la avenida Lugones, sobre la calzada de vehículos pesados que circulan en dirección al Río de la Plata.

Pero el proyecto padeció sus propias demoras y finalmente quedó parado, pese a que en 2008 el Gobierno había llegado a un acuerdo con la concesionaria Ausol, que maneja los accesos Norte y Oeste para realizar las obras, y parecía que todo iba a fluir. La idea era terminarlas en dos años, y se previó una inversión de $ 340 millones. En el arranque, el 6 enero de 2009, el ministro de Planificación, Julio De Vido, prometió “inversión genuina por parte de las empresas” y hasta dio via libre a un aumento en los peajes de los accesos Norte y Oeste (en algunos casos y horarios llegó a ser mayor al 100%), que terminaría siendo utilizado para financiar los trabajos.

Sin embargo, todo duró muy poco: las nuevas tarifas quedaron vigentes, pero varias demoras a nivel administrativo y otros tantos cruces entre Nación y Ausol -que debía llevar adelante los trabajos- terminaron por frenar la remodelación a sólo tres meses del inicio. Como consecuencia, los primeros días de abril de 2009 Ausol paralizó la obra y hasta acusó a Planificación por no haber creado un fondo para el dinero. Desde el Ministerio respondieron que eso no justificaba la suspensión de los trabajos. Lo único que se hizo fue la bajada de acceso a la altura de la estación Miguelete.

Esa pelea volvió a frenar todas las intenciones para darle más carriles a la General Paz, pero ni el Gobierno nacional ni Ausol pagaron la cuenta. Fuentes de la empresa confiaron ayer que “tras cerrarse con éxito el reperfilamiento de la deuda de Autopistas del Sol, el Gobierno está en condiciones de retomar el tema pendiente”. Pero nadie habla de fechas.