jueves, 11 de febrero de 2016

Investigan a 23 policías de la Federal por los manteros de Caballito

Por María Belén Etchenique - Clarin.com
Son efectivos que pasaron por la comisaría 12 desde 2012 hasta fines de 2015. La Justicia porteña los vincula como parte de una organización de venta ilegal.

En algunos puntos de la Ciudad, las calles tienen dueños. Apellidos, apodos o caras sin nombre que deciden quién puede estirar su manta sobre una esquina o levantar un puesto en el medio de una vereda. Nada es gratis. Las autorizaciones se pagan. En Caballito, los manteros están manejados por dos grupos enfrentados. Ellos deciden. En ese juego de jerarquías, la complicidad policial se sobreentiende. Pero la Justicia porteña logró vincularla: imputó a 23 policías de la Federal como parte de la organización de venta ilegal callejera en avenida Rivadavia.

Son seis comisarios, siete subcomisarios, cuatro sargentos, dos agentes, dos cabos, un principal y un inspector que desde 2012 hasta fines de 2015 pasaron por la comisaría 12, ubicada en Valle 1454. Además de involucrarlos en el negocio, la Justicia Contravencional porteña comprobó que tenían órdenes del Ministerio de Seguridad de la Nación de no accionar contra los manteros.

Los policías fueron indagados por la fiscal Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 35, entre junio y julio del año pasado. En las próximas semanas, la causa será requerida a juicio. Los efectivos ya no están en esa comisaría, pero siguen en actividad. Se los acusa de ser parte responsable del uso indebido del espacio público y de permitir el desarrollo de esas actividades ilegales a lo largo de la avenida.

Si bien el 29 de enero los manteros fueron desalojados de Caballito, hay dos organizaciones que están detrás de la mercadería trucha que se vende apoyada sobre un lienzo, en un carrito o en una tabla con caballetes en Rivadavia. Una está liderada por la Asociación Vendedores Libres (Movimiento Francisco Jofre) y otra actuaría en connivencia con la Policía. En 2012 y 2013, "Vendedores libres" empezó a denunciar que la Federal los perseguía por instalarse en la avenida sin haber "arreglado" con ellos. Hablaron de amenazas, procedimientos irregulares y pedidos de coimas.

Fuentes judiciales indicaron  a Clarín que la acusación de "Vendedores libres" llegó hasta el Ministerio de Seguridad Nacional, donde en mayo de 2013 dos jefes de la Federal se reunieron con alrededor de 30 manteros de la organización que relataron que "a ellos se les complicaba vender y a los que estaban bajo la protección de la Policía no". "Esto visibilizó el problema y demostró dos cosas: que había una organización de venta ilegal (Vendedores libres) y que por otro lado había un manejo de los efectivos en Caballito con los manteros", dijo el fiscal general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Cevasco, a Clarín, en una oficina de reuniones del Ministerio Público Fiscal.

Cuando la fiscal Ramírez indagó a los policías de la comisaría 12, dijeron que tenían orden del Ministerio de Seguridad de la Nación de no intervenir. "Uno de los comisarios mencionó una resolución emitida en 2012 por Nilda Garré -entonces al frente de Seguridad- para que la Federal no actuara de oficio contra los manteros ni hiciera operativos, porque la problemática debía ser resuelta por la Ciudad", agregó otra fuente judicial a este diario. La excusa es falsa, opinó Cevasco: "La ley dice que la Policía debe actuar espontáneamente ante cualquier contravención fragante". En especial, porque en Caballito aún no está la Policía Metropolitana, asignada a otras comunas.

También entre las declaraciones ante la fiscal, algunos dieron más datos sobre el destino que podía tener el agente que se metiera en el tema: “A mis compañeros anteriores, cuando labraron un acta contravencional contra los manteros de Rivadavia y Acoyte, los mandaron como castigo al Cuerpo de Infantería y a la División Perros ".

La venta ilegal de mercadería es un delito establecido en el artículo 83 del Código Contravencional que se castiga con una multa de $ 200 a $ 600 para quien hace actividades lucrativas sin permiso en el espacio público y de $ 5.000 a $ 30 mil para el organizador de esas actividades. La ley no pena "la venta ambulante en la vía pública o en transportes públicos de baratijas, artesanías o cualquier objeto que no implique una competencia desleal para el comercio establecido". En los últimos años, el Ministerio Público Fiscal dejó de ir detrás del mantero -en la mayoría de los casos, según muestran las causas judiciales, esclavizado por mafias- para enfocarse en la organización que recauda cifras millonarias. Según un informe de octubre del año pasado de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME),  la Ciudad es el distrito más afectado con 13.596 puntos de venta informal, entre saladitas y manteros. El negocio mueve casi $ 850 millones por mes.

El circuito clandestino se alimenta de redes de fabricación y abastecimiento con talleres, en caso de ropa y calzado, o del contrabando y el robo, en caso de juguetes, artículos electrónicos o de librería. La mercadería se repite en los distintos barrios. En avenida Rivadavia predominaban los juguetes y la ropa. Después están los depósitos (casas tomadas, hoteles familiares, locales comerciales). Ahí, se acopia todo lo trucho. Y desde ese punto, se surte en vehículos o en carritos a los manteros. En esta causa, la fiscal Ramírez allanó 27 locales e inmuebles e incautó 15 camiones de mercadería (en cada vehículo entran entre 80 y 100 bolsones).

"Tenemos notas firmadas, registros fotográficos y filmaciones. Pudimos acreditar que los procedimientos de los policías de la comisaría 12 contra vendedores libres existieron, no así contra el otro grupo. A algunos manteros se los dejó actuar y se usó el procedimiento contravencional sólo contra otros", concluyó Cevasco.

Cómo están hoy las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic


Por Lucia Salinas - Clarin.com

En el Gobierno están analizando el estado de la obra y los aspectos ambientales por el cual fue denunciada la mega obra que el kirchnerismo incluyó en el presupuesto por $43.000 millones.

La obra de las represas de Santa Cruz, la millonaria promesa energética de Cristina Kirchner, lleva dos meses detenida. Las tareas principales no comenzaron y de los 1.800 trabajadores que se deberían haber contratado para esta etapa, la UTE (Electroingeniería y Gezhouba) a cargo de la construcción sólo tuvo que quedarse con 949 que ya trabajan en los obradores.

El Gobierno nacional está en un período de “análisis y revisión” de la obra -en un trabajo conjunto entre el ministerio del Interior, el de Energía y el de Medio Ambiente- y desde la administración de Mauricio Macri aseguraron a Clarín que hay otras prioridades para el “destino de fondos”. La incertidumbre preocupa al gobierno de Alicia Kirchner que anticipa otro foco de conflicto en caso de detenerse la obra.

El 14 de febrero de 2015 la firma adjudicataria de la obra que está pautada para los próximos tres años en $ 43.413.423.833 según el presupuesto oficial que dejó el kirchnerismo, tuvo en mano la orden de trabajo que los habilitó a ingresar al predio de 76.411 m2. Antes de cumplir un año de trabajo, la obra se detuvo y será el Estado nacional quien defina la continuidad de la construcción o su suspensión temporaria. 

En la actualidad se están únicamente realizando los trabajos en los obradores y futuras villas. Pero de las obras principales, etapa que se debería haber iniciado “no se está haciendo nada y se está revisando la información”, explicaron fuentes de la empresa a Clarín. Recientemente, hubo una reunión interministerial con las autoridades de Electroingeniería. A las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic” ya se le destinaron 850 millones de dólares provenientes del crédito otorgado por China.

“No hay nada definido, se está discutiendo entre el ministerio de Medioambiente, Energía e Interior, la obra está en revisión ambiental y en revisión la licitación igual”, señalaron fuentes del Gobierno a este medio. Además recalcaron que “hay otras urgencias en materia de fondos como rutas, cloacas, agua potable”. Pero la última palabra no está dicha aún.

La cautela y el exhaustivo análisis de la obra, es el ritmo que el Gobierno le imprime a las represas que Cristina licitó dos veces y que presupuestó por $43.000 millones antes de irse de la Casa Rosada.

Entre los aspectos que más analiza hoy el Gobierno se encuentra la cuestión ambiental. Las organizaciones ambientales denunciaron la obra por su posible impacto sobre el glaciar Perito Moreno, algo que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. En Electroingeniería se defienden sosteniendo que están seguros “del proyecto ejecutivo está bien hecho del que participaron cuatro universidades, estamos seguros de lo que estamos realizando”.

Los bancos chinos están también pidiendo definiciones sobre la obra “no por una cuestión de giros de dinero sino de los desembolsos realizados que están atados a que funcione la obra para la devolución del dinero, se devuelve con la generación de energía”, explicaron allegados a la obra a este medio.

“Parados y a la espera”: así definieron desde Electroingeniería el estado actual de la obra que promete generar 1.740 megavatios de energía. El plazo de obra es de cinco años y medio con una construcción en paralelo de ambas represas, la “Néstor Kirchner” de 75,5 metros de altura y la “Jorge Cepernic” de 43,5 metros de altura. 

En esta etapa, la UTE debería haber comenzado con la obra principal que demanda la 1.800 personas en el terreno realizando trabajos de excavación y movimientos de suelo “los más fuertes, pensando que en dos años llegamos recién al río por tratarse de un valle muy grande”, especificaron desde la obra. El verano es la época donde más se puede avanzar considerando las inclemencias del tiempo en Santa Cruz y que la obra pública se ve condicionada más adelante por la veda invernal. 

El gobierno de Alicia Kirchner no oculta su preocupación. “Si esa obra se detiene tenemos otro foco de conflicto”, señaló un alto funcionario de la Provincia donde aún no logran apaciguar completamente los reclamos de la UOCRA con Lázaro Báez por los 1.800 despidos. 

Echaron del Ministerio de Agroindustria a 330 contratados

Por Fernando Bertello - LA NACION
Se empezaron a revisar múltiples áreas; sorpresa por la flota de automóviles


Como en otras dependencias oficiales, el Gobierno decidió poner la lupa sobre el Ministerio de Agroindustria. Según pudo saber LA NACION, allí ya fueron desvinculadas 330 personas. Se trata de contratados a los que se les terminó el vínculo laboral, trabajadores que estaban bajo la ley marco de empleo público y, paradójicamente, casos de quienes se presentaron a trabajar el 11 de diciembre (un día después de la asunción de Macri) sin haberlo hecho en los tres años anteriores.

Sin considerar organismos descentralizados como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), a fines de 2015 el Ministerio de Agroindustria contaba con 4200 empleados. Con el recorte realizado se achicó casi 8%. No obstante, el proceso de revisión continúa adelante.

"Es un ministerio que, seguro, podría funcionar con menos gente. Estamos tratando de ser justos y hacemos esto [por las desvinculaciones] con mucha responsabilidad, ya que se trata de gente, pero había muchos contratos políticos, gente que tenía funciones políticas, poco específicas o no venía a trabajar. Hubo quienes empezaron a venir después del 11 de diciembre; aparecieron luego de tres años", señaló una fuente consultada de esa cartera. "El que trabaja se queda sin importar el color político", agregó.

En tanto, una persona a la que se le terminó el contrato dijo que se escucharon quejas por contratos caídos de trabajadores que cumplían funciones de 10 horas en esa dependencia desde hacía años.

Todas las áreas de Agroindustria están en análisis. Entre ellas está la Secretaría de Agricultura Familiar, que tiene entre 1300 y 1500 personas vinculadas. Según trascendió, allí habría muchos contratos políticos provenientes de la gestión que realizó el ex secretario de esa cartera y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. "No estamos en contra de la agricultura familiar, pero queremos que la plata de la agricultura familiar llegue", contaron en el Ministerio de Agroindustria sobre la lupa en esa dependencia.

Entre otras cosas, las autoridades de Agroindustria encontraron un parque automotor sobredimensionado. El ministerio tiene en todo el país 700 vehículos. Muchos son usados por técnicos de las delegaciones, pero se cree que "con la mitad de autos se podría funcionar". Sólo en Buenos Aires hay 70 choferes. De hecho, las autoridades se toparon con muchos más autos que choferes para el organismo en esta ciudad. A todo esto, en una delegación del interior observaron que había ocho camionetas para quince empleados.

Por ello, las autoridades están haciendo un rastreo del parque automotor. La gran mayoría de los 700 autos ya fue localizada, pero no en todos los casos había un registro preciso de quiénes los tenían.

"Autobaja"

Por otra parte, según contó otro informante al tanto de lo que ocurre en esa dependencia, quedó en espera un concurso para 463 cargos que venía de la gestión anterior. 

"Mucha gente pasó la evaluación, pero después no entró y no tuvo más novedades sobre cómo seguía", indicó esa fuente, que había rendido para ocupar un cargo concursado.

En este contexto, según trascendió, también hubo una especie de "autobaja" de gente que estaba vinculada al Ministerio de Agroindustria, pero que no cumplía tareas. Es decir, con el cambio de gobierno, nunca más volvió a su oficina. "En varias áreas se dio el caso de que muchos no aparecieron más por su trabajo; no sabemos aún cuántos", señaló una fuente.

Puerto triguero con más ventas

El 29 del mes pasado partió de Puerto Quequén el buque MV KAMRIN OSLO con destino a Tailandia con una carga de 60.500 toneladas de trigo. Después salió otro vapor con destino a Arabia Saudita con 73.700 toneladas de cebada. Ambos embarques se inscriben en estadísticas que muestran un enero superador tras las medidas del Gobierno para el agro. En rigor, en el primer mes del año Puerto Quequén operó 628.187 toneladas (todos los granos) y superó en 225.000 toneladas lo operado en el mismo período de 2015.

Chapadmalal: el contraste entre la villa presidencial y los hoteles de futuro incierto

Por Maia Jastreblansky - LA NACION
Mientras la quinta se mantiene, el complejo estatal destinado al turismo social muestra un marcado deterioro; en los últimos años se registró una notable falta de inversión
La quinta presidencial de Chapadmalal y los hoteles destinados al turismo social.
Frente al mar, a 23 kilómetros de Mar del Plata, la Unidad Turística Chapadmalal es un lugar de contrastes. Un complejo de chalets con muelle, mirador, pileta, canchas de tenis y helipuerto está destinado a los presidentes de turno. Contiguos, nueve unidades hoteleras destinadas al turismo social sufren décadas de desinversión y abandono. En el último tiempo, los gastos para sostener toda la infraestructura no superaron el millón de pesos por año. La gestión de Mauricio Macri hizo un inventario del lugar, pero todavía no tomó una decisión sobre las instalaciones.

Inaugurado por Juan Domingo Perón en 1947, el complejo fue ideado con dos objetivos. Por un lado, la creación de una "villa presidencial" para el veraneo de los jefes de Estado. Una suerte de "quinta de Olivos playera", rodeada de muros y vegetación para impedir la mirada de los curiosos. Por otro lado, se construyeron hoteles para las vacaciones de niños, jubilados y sectores de la población económicamente débiles. Durante la presidencia de Cristina Kirchner, casi 500.000 personas al año se alojaron en ese lugar. El mantenimiento es solventado con dinero del Estado y depende del ministerio de Turismo.
Las instalaciones de los hoteles, con marcado deterioro. Foto: LA NACION
De acuerdo a datos a los que accedió LA NACION tras un pedido de información pública cursado al ministerio de Turismo el año pasado, los gastos de la Unidad Turística Chapadmalal fueron, en 2013 de $821.000 y en 2014 de $977.000. Esto incluyó refacciones a la quinta presidencial, pago de internet y TV para todo el complejo, recarga de matafuegos y gastos de luz, gas y teléfono. Nada se informó de reparaciones a los hoteles destinados al turismo social.

Según imágenes recientes, las unidades hoteleras están en un marcado estado de deterioro. Hay escombros en varios salones, paredes venidas abajo, baños abandonados de imposible uso, ventanas sin vidrio, telarañas, moho y polvo por doquier. Inclusive, una combi Mercedes Benz de los años 50 permanece estacionada adentro del complejo.
El retiro presidencial integra el predio de la Unidad Turística Chapadmalal, un complejo con nueve unidades hoteleras destinadas al turismo social. Foto: LA NACION
Un informe de la AGN del 2010 al que accedió este registró varias fallas en el mantenimiento del complejo Chapadmalal. Entre otras: "hoteles 1 y 2 sin baños para discapacitados", "inexistencia de ascensores", "hotel N°6 cerrado" y "con el 60% de las habitaciones completamente deterioradas", "hotel N°7 sin calefacción", "hotel N° 8 ocupado por Prefectura Naval sin encontrarse formalizada esta relación".

Respecto a la distribución de la inversión entre la villa presidencial y los hoteles, el informe de la AGN: "El mantenimiento y las mejoras de la villa presidencial son soportadas por el ministerio de Turismo con cargo al programa auditado, afectándose fondos de su actividad específica [es decir, el turismo social]".
Las instalaciones de los hoteles, con marcado deterioro. Foto: LA NACION
Ahora, el complejo está totalmente descuidado y es imposible de habitar. Foto: LA NACION

"Nos encontramos con una situación muy crítica. Por ahora no se tomó una decisión de qué hacer con el complejo", señalaron desde Casa Rosada. El presupuesto para 2016 contempla "la adecuación de las instalaciones hoteleras de acuerdo al Decreto N° 784/13, por el cual la Unidad Turística Chapadmalal fue declarada Monumentos Históricos Nacionales como pioneras en el origen del turismo social en el país". Están contemplados $113 millones para brindarle prestaciones turísticas a distintos sectores sociales.

La quinta, con impronta de los presidentes

Del otro lado de los muros, la quinta de veraneo presidencial tuvo variado uso, dependiendo del mandatario de turno. En los últimos años los hoteles mostraron falta de inversión

Desde el retorno de la democracia, Raúl Alfonsín la visitó en varias oportunidades. Al igual que en Olivos, Carlos Menem la remodeló a su medida: ordenó que se construyera un muelle para pescar, amplió la pileta y mandó a construir una capilla en el medio del jardín. Fernando de la Rúa eligió el lugar para posar para las revistas. El 30 de diciembre de 2001, como presidente, Adolfo Rodríguez Saá convocó a los 14 gobernadores peronistas a una reunión, pero sólo acudieron cinco. La cumbre frustrada precipitó su renuncia.
Las instalaciones de los hoteles, con marcado deterioro. Foto: LA NACION
Durante el kirchnerismo la quinta tuvo escasa utilidad. Florencia y Máximo Kirchner hicieron algunas visitas secretas. El verano de 2015 fue quizás el momento de mayor movimiento, con operativos que alteraron la rutina de los vecinos del pequeño pueblo ubicado a la vera de la ruta 11. Primero fue el turno de la hija presidencial, que asistió a comienzos de enero con un grupo de amigas. En febrero, Máximo Kirchner eligió este enorme predio para celebrar sus 38 años con un costillar asado. Días después llegó el momento de la ex presidenta Cristina Kirchner , que se resguardó para esperar su cumpleaños en momentos en donde se replicaban las marchas de repudio por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Las instalaciones de los hoteles, con marcado deterioro. Foto: LA NACION
Según el testimonio de trabajadores del lugar, a pesar del poco uso, la villa presidencial contó con personal los 365 días del año, tanto de seguridad como de mantenimiento.
Con la colaboración de Romina Colman
@maiajastre - mjastreblansky@lanacion.com.ar

Si hubo personal de mantenimiento, me pregunto quien es el o los responsables del estado de las instalaciones. Pobre patría mía...

Recuperan uniformes robados en un cuartel del Palomar

(La Jornada) - Un importante lote de uniformes del Ejército Argentino que habían sido robados del Batallón 601 de la localidad bonaerense de El Palomar, fueron recuperados en varios allanamientos realizados en comercios de la localidad de San Miguel, donde las prendas estaban en venta, informaron fuentes policiales.
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Se trata de camisas, camisolas y pantalones de combate, casquetes, sombreros tipo jungla y trajes de protección para condiciones climáticas adversas, que fueron encontrados gracias a las tareas de inteligencia efectuadas sobre comercios del rubro de ventas de uniformes

De esta manera, efectivos de la Delegación San Martín de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron recuperar esta importante cantidad de prendas militares robadas del Batallón de Infantería 601 del Palomar, valuadas en unos 600.000 pesos.

Durante las investigaciones, la PFA descubrió tres locales que comercializaban los elementos sustraídos, de nombres “Walkiria”, “La Isla” y la “Proveeduría Textil Obrera”, del partido bonaerense de San Miguel, los que fueron allanados en forma simultánea.

De acuerdo al informe una gran parte de las prendas encontradas llevaban la inscripción "Estado Mayor Conjunto".

Los operativos se llevaron a cabo bajo las órdenes del juzgado Federal Uno de San Martin, a cargo del juez Emiliano Canicoba Corral, tras la denuncia realizada por las autoridades del batallón 601, que días atrás habían notado un faltante de uniformes.
(El Litoral) - La provincia de Santa Fé compró un nuevo helicóptero . Se invirtieron 1.193.000 dólares. La aeronave marca Eurocopter tiene capacidad y equipamiento para realizar patrullajes y evacuación sanitaria. El helicóptero fue fabricado en 1996 y tiene 8000 horas de vuelo.

La nave aún con matricula del Brasil y previo al plan de pintura que solicitó la provincia. Foto: Secretaría de Comunicación Social

La provincia adjudicó la compra de un helicóptero destinado a la Dirección Provincial de Movilidad y Aeronáutica, del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, para prestar apoyo a la policía santafesina, con capacidad y equipamiento de patrullaje, búsqueda, rescate y evacuación sanitaria. Posee equipamiento de aviónica acorde para estas tareas.

De la licitación pública Nº 48/14 resultó adjudicataria la firma Flight Express SA de la ciudad de Buenos Aires, mediante decreto nº 4400, por un monto de U$S 1.193.000.

La aeronave es un helicóptero marca Eurocopter BO 105 CBS-5 Nº de serie S-917 usado, año de fabricación 1996, con 8000 horas de vuelo realizadas, tipo liviano, multipropósito, bimotor con capacidad para realizar misiones de patrullaje sobre zonas pobladas y provisto de kit para evacuación sanitaria. Posee faro de búsqueda, alta voz, kit rapel, radio VHF sistema dual, consola de audio y auriculares para todas las plazas. El costo incluye la nacionalización y matriculación de la nave, plan de pintura acorde al diseño que la provincia estipula para su flota aeronáutica, curso de capacitación para 2 pilotos y 2 mecánicos.

OBJETIVO

Este helicóptero se suma a la flota conformada por el Eurocopter, modelo B2 adquirido en el 2006, al servicio del Ministerio de Seguridad y un Bell modelo 429, 2014, con el objeto de contribuir al patrullaje preventivo del delito y la actuación en situaciones de riesgo y emergencia en las principales ciudades de la provincia.

La gestión se enmarca en la decisión del Ejecutivo provincial de declarar la emergencia en seguridad, a partir de la promulgación de la Ley Nº 13297 a través del Decreto Nº 3973 firmado por el gobernador, y que contó con el acuerdo de la legislatura provincial.

JERARQUIZACIÓN DEL AREA AERONÁUTICA PROVINCIAL

El gobierno santafesino encaró en los últimos tiempos una política destinada a jerarquizar y repotenciar el área de Aeronáutica que depende de la Dirección de Movilidad del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Y en ese sentido, se ha incorporado personal especializado y se mejoraron las instalaciones y los hangares.

Además, los talleres de la provincia (con base en Sauce Viejo) están habilitados para hacer los propios servicios de mantenimiento de las aeronaves, contando con un taller móvil para realizar los servicios, donde las naves se encuentren operando.

En conjunto con esta inversión se encuentra en proceso de licitación la adquisición de un tanque homologado para traslado de combustible, un grupo electrógeno con ruedas y se han adquiridos las balizas para demarcación de un helipuerto móvil. Esto permite establecer en cualquier punto de la provincia, una base de operaciones para actuar en caso de emergencia u operativos programados.

Fuente: Secretaría de Comunicación Social de Santa Fe

miércoles, 10 de febrero de 2016

Reclaman transformar y modernizar el plan energético de la Argentina.

Reclaman transformar y modernizar
Durante las próximas dos décadas, el país deberá reducir la participación de los combustibles fósiles en su matriz energética y –al mismo tiempo– abastecer una demanda incesante. Para el especialista Luis María Calvo, sortear ese doble desafío sólo será posible si se propicia un formidable crecimiento de las fuentes renovables.



El modelo eminentemente hidrocarburífero que guía a las políticas energéticas nacionales se tornará inviable en el mediano plazo. Así lo indica un informe elaborado por el experto en energía y titular de la firma Hidroestructuras, Luis María Calvo, quien fue gerente técnico de la represa hidroeléctrica Salto Grande y director técnico de Yacyretá.

Denominado “La necesidad de transformar y modernizar el plan energético de la Argentina”, el estudio plantea que –pese a las enormes oportunidades que ofrece la generación renovable– actualmente el país presenta un fuerte predominio de la energía térmica, que explica más de un 89% de la oferta interna de fuentes primarias consumidas.

Según sus precisiones, el parque generador nacional abastece a una demanda energética anual de alrededor de 150.000 gigawatts/hora (Gwh) y cuenta con una potencia total de unos 34.000 megawatts (Mw). “En este escenario, las fuentes térmicas convencionales representan un 56,9% de la matriz eléctrica, mientras que las hidroeléctricas constituyen un 35%. El aporte de la energía nuclear es de un 7%, en tanto que el de las vías geotérmicas se sitúa en un 1% y el de las renovables apenas llega a un 0,1%”, puntualizó el especialista.

En ese sentido, advirtió que el desarrollo masivo de los hidrocarburos no convencionales de la formación Vaca Muerta, en la cuenca Neuquina, no bastará para recuperar la autonomía energética perdida y, al mismo tiempo, promover una mayor sustentabilidad de los recursos.

De hecho, si se proyecta una tasa moderada de crecimiento de la demanda eléctrica de un 3,5% anual acumulado, y se confía en la aplicación de políticas de uso racional de la energía que contengan el consumo excesivo, para 2035 será necesario incorporar una capacidad adicional de generación del orden de los 60.000 Gwh anuales. “Ese volumen representa la mitad de la actual capacidad de generación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)”, detalló.

Concepto anacrónico

De acuerdo con Calvo, la Argentina dispone de un nivel de recursos naturales prácticamente insuperable, tanto desde lo cualitativo como desde lo cuantitativo. Posee desde vientos adecuados para producir energía en un 70% de su territorio hasta fuentes biomásicas capaces de cubrir el 100% de la demanda, sin omitir las potencialidades que brindan sus indicadores solares e hidráulicos. Sin embargo, las mayores inversiones de producción eléctrica siguen atadas a los aprovechamientos térmicos.

De cara al futuro inmediato, apunta, el país debe afrontar el reto de formular una estrategia energética ambiciosa y con visión a largo plazo que prevea reducir el uso de combustibles fósiles en –al menos– un 15%. “Será necesario incorporar 11.600 Mw de potencia hidráulica; es decir, el doble de la vigente capacidad instalada. Habrá que instalar un promedio de 580 Mw por año hasta 2035”, anticipó.

En materia de aerogeneración, indicó que el año pasado la capacidad a nivel local apenas creció unos 35 Mw. “Nuestro mercado está en condiciones, en verdad, de inyectar al Sistema Interconectado Nacional (SIN) unos 2.100 Mw eólicos –200 de ellos en forma inmediata– sin desestabilizar la red”, afirmó.

A su criterio, varios países ya han demostrado, a través de políticas activas e inversiones consistentes, que el desarrollo energético sostenible no es ninguna utopía. “La Argentina deberá modificar su anacrónico concepto energético, promoviendo un plan que apueste por la bioenergía como complemento de las formas de generación tradicionales durante las próximas décadas”, manifestó.

Ejemplo a imitar

El informe de Calvo destaca como modelo a seguir el particular caso de Dinamarca, país que antes de la crisis del petróleo de 1973 se hallaba en una situación energética similar a la que hoy atraviesa la Argentina, con una elevada dependencia de los combustibles fósiles y un ínfimo desarrollo de las fuentes renovables.

En los últimos 40 años, la nación escandinava dejó de importar hidrocarburos en grandes cantidades, pasó a liderar el rubro de la generación eólico-marina (con una potencia de más de 630 Mw) y alcanzó una potencia instalada de origen limpio de más de 2.700 Mw en tierra.

Pero eso no es todo, ya que para 2020 Dinamarca proyecta satisfacer con ese tipo de fuentes un 35% de su demanda interna de calefacción, electricidad, actividad industrial y transporte; abastecer con aerogeneración un 50% de sus requerimientos eléctricos; reducir en un 7,6% su consumo energético en relación con los datos de 2010; y disminuir en un 34% sus emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990. Para 2050, en tanto, la idea es que las energías verdes cubran un 100% de la demanda.

Para cumplir tales objetivos, invertirán ni más ni menos que u$s 10.400 millones en diversas áreas, tales como la producción eólica, el ahorro energético, la obtención de biogas, el aprovechamiento de la biomasa, la captación de energía solar, el desarrollo mareomotriz, la investigación tecnológica y la ejecución de proyectos pilotos relativos al uso de la electricidad en el sector del transporte, entre otras variables.

Para cubrir la demanda eléctrica, el país deberá invertir u$s 93.000 millones

Medidor
Durante las próximas dos décadas, el consumo de electricidad podría crecer un 86% a nivel nacional. De cumplirse esa proyección, la Argentina deberá destinar unos u$s 80.000 millones a la ampliación de su potencia instalada y otros u$s 13.000 millones al mejoramiento del transporte eléctrico.



En los últimos tiempos, se dieron a conocer varios informes orientados a estimar el nivel de obras e inversiones que debería materializar el país en pos de hacer frente al crecimiento de la demanda eléctrica previsto para los próximos 20 años. De todos esos estudios, el elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) figura entre los que plantean un escenario por demás desafiante.

De acuerdo con dichas entidades, para 2035 el consumo de electricidad en todo el país se expandirá un 86%, lo que –a fin de garantizar un suministro estable y sin interrupciones– tornará necesario incrementar en un 94% la vigente potencia instalada. En esa dirección, se precisarán inversiones por un total de u$s 93.000 millones, una cifra inéditamente alta para un período tan acotado.

De ese monto, la UIA y la AGUEERA calculan que alrededor de u$s 80.000 millones deberán usarse para ampliar la capacidad de generación, mientras que los otros u$s 13.000 millones tendrán que destinarse a satisfacer los mayores requerimientos del transporte eléctrico.

A decir de Alberto Calsiano, jefe del Departamento de Infraestructura de la UIA, sortear semejante reto será clave para sostener la competitividad de las 115.000 empresas fabriles que hay en la Argentina. “Estas organizaciones precisan seguridad en el abastecimiento, además de aumentar sus niveles de eficiencia y de reservas, y contar con inversiones constantes”, aseguró el directivo.

Para Julia Carruthers, gerente de AGUEERA, las previsiones contemplan que dentro de 20 años la matriz energética seguramente será más diversificada que hoy. “También esperamos un mejor margen de reserva con menor inversiones y un parque más eficiente y seguro, producto del retiro de equipos que hayan llegado al final de su vida útil”, completó.

Otras proyecciones

Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), para el período 2015-2017 la Argentina sumará infraestructura de generación eléctrica por casi 3.600 megawatts (Mw). A excepción de la central nuclear Atucha II (rebautizada “Néstor Kirchner”), de reciente lanzamiento, y de la usina de carbón Río Turbio, en Santa Cruz, el resto de las obras en marcha son netamente térmicas.

En el citado lapso, el país incorporará un promedio de 1.200 Mw anuales, lo que no resultaría una cifra menor si no fuera porque en los últimos tiempos la potencia de generación prácticamente no creció y por estos días las reservas del sistema se encuentran al límite.

A criterio de Gerardo Rabinovich, vicepresidente 2⁰ del Instituto Argentino de la Energía (IAE) “General Mosconi”, este panorama torna crítico el abastecimiento en el futuro inmediato. “Sobre todo si se produjera una reactivación de la economía argentina y la demanda retomara su usual nivel de expansión, por lo general mayor al 4% anual”, advirtió.

En ese sentido, el ex secretario de Energía Daniel Montamat resaltó la necesidad de promover una mayor eficiencia energética y elevar el añadido de potencia a unos 1.500 Mw anuales para revertir la desinversión pasada. “Las obras térmicas de generación son las que se ejecutan más rápido, pero requieren un fuerte impulso al desarrollo del gas natural”, explicó.

De acuerdo con el economista y consultor energético Francisco Mezzadri, el Estado nacional no dispondrá de los recursos suficientes para financiar la optimización de la infraestructura eléctrica local. “Pero sí estará bajo su responsabilidad la creación de un marco macroeconómico estable y previsible, además del establecimiento de condiciones específicas y de confianza para atraer capitales internacionales en un contexto de competencia y transparencia”, manifestó.

Bloques de poder

Creada el 7 de febrero de 1887, la UIA es una organización que agrupa a las empresas, empresarios y cámaras patronales sectoriales vinculadas con las actividades industriales de la Argentina. Forma parte del denominado “Grupo de los Ocho”, que reúne a las ocho entidades patronales de mayor poder a escala nacional, junto con la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino y la Asociación de Bancos de la Argentina.

Fundada el 28 de julio de 1992, la AGUEERA se dedica a asesorar y defender los intereses de sus asociados, grandes usuarios de energía eléctrica. Es propietaria de la totalidad de las acciones clase “E” (es decir, de un 20% del total del capital accionario) de la Cammesa. Dicha entidad es la empresa de gestión privada con participación del Estado nacional que administra el mercado eléctrico y realiza el despacho técnico.

Vale destacar que, a partir de la modificación de su estatuto en 2005, Cammesa puede actuar como mandatario del Estado a partir de situaciones transitorias que pudieren generar riesgos de desabastecimiento y/o afectar la seguridad y calidad habituales del sistema eléctrico.

Algunos de los principales socios de AGUEERA son 3M Argentina, Acindar, Air Liquide, Aluar, AySA, Bunge Argentina, Chevron, Loma Negra, Mercedes Benz Argentina, Minera Alumbrera, Pan American Energy, Papel Prensa, Petrobras Argen-tina, Petroken, Praxair Argentina, Profertil, Scania Argentina, Shell, Siderca, Sinopec Argen-tina, Unilever e YPF, entre otras compañías. 

Construirán el mayor parque solar del país en el norte de Neuquén

Alejandro-Nicola_ENERGIA-NEUQUENPor Alejandro Nicola
Con la participación de Distrocuyo, el proyecto Antu Newen I estará en un predio de 50 hectáreas en Chos Malal.

Gracias a su potencia instalada de 20 megawatts, permitirá cubrir el consumo de esa localidad e inyectar el volumen excedente a la red.


El norte neuquino albergará el mayor parque solar fotovoltaico de la Argentina. Su potencia instalada de 20 megawatts (Mw) duplicará la capacidad del complejo sanjuanino que hasta ahora ostenta ese título.

Denominado “Antu Newen I” (voz mapuche que significa ‘fuerza del sol’ o ‘energía del sol’), el emprendimiento acaba de ser presentado por el ministro de Energía y Servicios Públicos de Neuquén, Alejandro Nicola. “Ya están hechos los análisis de factibilidad y estamos en vías de obtener la aprobación definitiva por parte de la Secretaría de Energía de la Nación, paso previo al comienzo de las obras de construcción”, confirmó. La idea de los desarrolladores, entre los que se encuentra la distribuidora Distrocuyo, es que la iniciativa esté en marcha antes del cierre del año que viene.

Según Nicola, además de efectuarse las estimaciones del recurso solar disponible, la configuración técnica y el diseño que tendrá el parque, se completó exitosamente la formulación y evaluación económica de la propuesta, el cálculo de inversiones de capital y el costo permanente de su funcionamiento. “Una vez conseguido el visto bueno de Nación, las firmas desarrolladoras buscarán atraer las inversiones requeridas, que serán del orden de los u$s 54,2 millones. El plazo de desarrollo, en tanto, tendría una vigencia de 15 años”, anticipó el funcionario.

A su criterio, el objetivo es contribuir con los esfuerzos globales orientados a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. “No sólo favoreceremos el suministro energético de una gran cantidad de neuquinos, sino que también ayudaremos a cuidar el medio ambiente en beneficio de todos”, aseguró.

Diversas ventajas

Ubicado en unas 50 hectáreas (Has) de tierras fiscales aportadas por el Gobierno provincial, Antu Newen I se localizará cerca del punto de inyección de la estación transformadora Chos Malal, propiedad del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

El proyecto posibilitará cubrir la totalidad de la demanda de los 14.000 habitantes de Chos Malal y volcar un excedente de aproximadamente 13 Mw a la red eléctrica regional. De ese modo, garantizará el abastecimiento energético de localidades vecinas como Andacollo, Varvarco, Las Ovejas, Huinganco, Los Carrizos, Bella Vista y Manzano Amargo.

Básicamente, el complejo constará de una superficie de captación de energía solar de 130.000 metros cuadrados (m²), en la cual se montarán unos 66.880 paneles, dotados de una capacidad de producción de energía superior a los 3.000 Mw por mes. Con un costo de funcionamiento tasado en u$s 1,2 millones, poseerá un valor residual estimado de un 40% y una tasa interna de retorno (TIR) de un 10%.

La proximidad a un punto de conexión eléctrica adecuado, el buen nivel de accesos y comunicaciones para construir la planta y la existencia de una red de alta tensión en la zona norte de Neuquén figuran entre las principales ventajas que ofrece el emprendimiento para su materialización.

Apuesta limpia

La apuesta por las energías renovables y las tecnologías limpias de un distrito emblemáticamente hidrocarburífero como Neuquén resulta cada vez más consistente. A comienzos de año, la provincia fue noticia por la firma de un acuerdo tripartito entre el gobierno de Jorge Sapag, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y China que sentaba las bases para la instalación de una estación de investigación aeroespacial. Adicionalmente, se anunció la construcción de un Polo Hidro-geotérmico único en la región.

Técnicos de la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI-Nqn) dieron inicio a los estudios de pre-factibilidad en los ríos Neuquén y Nahueve, donde se localizarán los aprovechamientos multipropósito Colo Michi Có y Los Guiones. En el corto plazo, se efectuarán allí los sondeos geosísmicos y las perforaciones necesarias para avanzar con la licitación, además de distintos análisis de yacimientos y trabajos ambientales y topográficos.

Financiadas por la Corporación Andina de Fomento (CAF), a través del Programa de Estudios del Sector Energético de la República Argentina (PESE), las obras implicarán una inversión de
$ 14,8 millones. Según informaron desde la Agen-cia, la intención es que la energía producida en ambos sitios se sume a la del futuro proyecto geotérmico Domuyo y luego sea direccionada hacia la estación transformadora de Chos Malal. “De ese modo, quedaría constituido un Polo Hidrogeotérmico sin precedentes a nivel regional que podría producir más de 100 Mw”,
anticiparon.

Fuente: http://revistapetroquimica.com/construiran-el-mayor-parque-solar-del-pais-en-el-norte-de-neuquen/

Avanza la purga contra Echegaray: desplazan a la jefa de la Aduana en Ezeiza

Andrea Muñoz manejaba la Aduana de EzeizaPor Nicolás Pizzi - Clarin.com
Andrea Muñoz resistió durante el verano, pero tuvo que dejar su cargo. El ex titular de la AFIP respondió con una cadena de nombramientos en la AGN.


La purga contra Ricardo Echegaray no cesa en el gobierno de Mauricio Macri. En las últimas horas, el nuevo jefe de la Aduana, José Gómez Centurión, decidió desplazar a una abogada que debía fiscalizar el tráfico en el aeropuerto de Ezeiza. Se trata de Andrea Muñoz, hija de un capitán de navío amigo de Echegaray. La resolución oficial, según pudo saber Clarín, se publicará esta semana en el Boletín Oficial. La “limpieza” contra el ex jefe de la AFIP alcanza a otro de sus hombres de confianza, Daniel Santanna, un hombre que monopolizó los negocios aduaneros en los últimos años gracias a sus vínculos con Jaime Stiuso, a quien catalogó como un “amigo” en una causa judicial.

Muñoz resistió durante todo el verano. Primero se tomó unas vacaciones para las Fiestas, y nuevamente en enero sumó unos días de descanso. Aunque la resolución aún no es oficial, en los hechos ya fue desplazada y recalará en el área de Legales. En su lugar estará Gustavo Curatolo, responsable de la Aduana de Rosario.

En Ezeiza también operaba Damián Sierra, el aduanero que terminó manejando la camioneta que sacó a Stiuso del país. Fue desplazado cuando el diario Clarín reveló que tenía una posada y sociedades en Brasil, un caso aún investigado por la Justicia.

Otro que ya sufrió los efectos del fin del mandato de Echegaray es Santanna, ex director general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, un cargo con enorme peso en la Aduana. “Su destino está en una oficina de la DGI de La Plata”, confirmó a este diario una alta fuente oficial.

Otros laderos históricos de Echegaray recalaron en la Auditoría General de la Nación. Mediante la disposición número 1 de 2016, la primera que firmó en su nuevo cargo, designó al ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, en el cargo de Secretario Ejecutivo de Presidencia (de la AGN) y a Silvana Quinteros, ex directora nacional de Seguridad Social, en la Oficina de Actuaciones Colegiadas.

Mediante la misma resolución, a la que accedió Clarín, Echegaray designó a otros dos hombres de AFIP: Julian Coronel y Roberto Ceferino Propato. En el artículo 10 de esa norma se aclara que “todos los gastos que demande la aplicación de la presente se imputará a las partidas correspondientes del presente presupuesto de la Auditoría General de la Nación”.

¿Por qué China compra los nuevos cazas Su-35 de Rusia?

(RT.com) - China ha comprado a Rusia 24 cazas de generación 4++ Su-35 por unos 2.000 millones de dólares. La adquisición corresponde a intereses chinos en el desarrollo tecnológico de sus propios aviones.
Su-35S
China fue el primer cliente que compró un lote de cazas rusos Su-35 en otoño de 2015. La semana pasada estos aviones han comenzado a llevar a cabo misiones de combate en la operación antiterrorista rusa en Siria. El experto de la Academia de Ciencias de Rusia, Vasili Kashin, opina que la compra por parte del gigante asiático de 24 cazas Su-35 es esencial para Pekín, y explica por qué.

En su artículo publicado en la página web de Carnegie Moscow Center, Kashin sostiene que el precio por los aviones rusos comprados por China fue de unos 2.000 millones de dólares y que los suministros podrían empezar este año, aunque la parte principal sería entregada entre 2017 y 2018.

"Aparentemente los chinos ahora buscan nuevas formas de desarrollo de sus aviones de combate", cree el experto. Actualmente China está desarrollando dos cazas prometedores, el J-20 y el J-31. Sin embrago, solo el J-20 puede ser considerado un avión de combate de quinta generación, explica. "El J-31 utiliza tecnologías de sigilo, pero sus principales componentes son prestados de los cazas de la generación 4+, tales como el J-10B, el J-16 y el FC-1. En cuanto al J-20, que contiene todo el potencial de la industria de aviación china, el logro de este avión de disposición combativa es una perspectiva distante y no muy clara", opina Kashin.

Asimismo, China está probando el caza J-11D, que cuenta con las tecnologías más modernas. "Es probable que la operación de los Su-35 en un regimiento permita a los chinos evaluar el éxito de sus esfuerzos en el desarrollo del tipo de base del J-11", concluye el autor del artículo. China también, según el experto, podría comprar pronto a Rusia componentes para sus nuevos cazas, así como firmar contratos de transferencia de tecnologías.

La entrega exitosa de aviones rusos a un comprador tan importante como China mejorará sus oportunidades en los mercados extranjeros. Se espera que el próximo comprador de los Su-35 de Rusia sea Indonesia, precisa el experto.

El Su-35 (Flancker-E, según la designación de la OTAN) es un impresionante derivado del Su-27. Fue construido para afrontar los nuevos retos en el mundo después de la Guerra Fría. Esta aeronave de generación 4++ alcanza una velocidad máxima de 2.390 kilómetros por hora y dispone de un mejorado sistema de armamento.

Barcos hundidos y abandono total en la Subsecretaría Nacional de Puertos


Por Iván Ruiz - LA NACION - En la isla Demarchi sólo funciona una decena de barcos para el dragado de ríos; el resto permanece en estado de destrucción



Barcos hundidos, esqueletos de hierro que supieron ser grandes galpones y oficinas inhabitables. El paso del tiempo parece haberse ensañado con la Subsecretaría Nacional de Puertos y Vías Navegables. Mejor dicho, el Estado parece haber mirado para otro lado durante largos años cuando se trataba de poner en valor la dependencia que asegura las condiciones de navegación mediante el dragado y la señalización de los principales ríos de la Argentina.

Flotan sobre el Riachuelo, oxidados, los restos de varios barcos hundidos, un puñado de naves inutilizables y otras tantas embarcaciones tan deterioradas que apenas puede adivinarse su color. Inmóviles, ya son parte de una postal del abandono. Los yuyos crecen en lo que fue la popa de una "draga", como se conocen en el mundo marítimo las naves encargadas de dragar los ríos.

Aunque ocupar espacios de poder forma parte del abecé de la política local, nadie quiso hacerse cargo de esta dependencia: cambió de manos cuatro veces en cuatro años. Pasó casi una década bajo las órdenes del ministro de Planificación Julio De Vido; lo tomó el ministro Florencio Randazzo en 2012, pero se lo entregó a su colega Axel Kicillof en 2015.

Es que Cristina Kirchner había encontrado otra solución para esta dependencia, lejos del óxido portuario y cerca de las luces del espectáculo: ideó, lanzó y licitó el Polo Audiovisual para la producción de contenidos de cine y televisión, que funcionaría en la isla Demarchi. Un megaproyecto licitado por $ 2500 millones que le generó un enfrentamiento a la ex presidenta con el gremio de Dragado y Balizamiento de Juan Carlos Schmidt.
Aunque el Polo Audiovisual todavía tiene destino incierto, desde el Ministerio de Transporte -ahora a cargo de la dependencia- adelantaron a LA NACION que intentarán recuperar la flota y las instalaciones de la Subsecretaría Nacional de Puertos.

Sólo de una decena de las 115 embarcaciones que aparecen registradas por la subsecretaría están en condiciones de ser utilizadas, informaron las nuevas autoridades de la dependencia. De las 15 dragas registradas sólo una puede utilizarse, a pesar de que la nave funciona con un permiso de seguridad provisorio de Prefectura. Las embarcaciones más modernas fueron adquiridas por el Estado en la década del 70. Nunca fueron renovadas. El Estado privatizó en los noventa buena parte del dragado de las vías navegables más importantes del país. Para medir el mantenimiento de los barcos alcanza con un primer vistazo.

Caminar por las instalaciones de la oficina Río de la Plata -una de las siete distribuidas en la Argentina-, en la isla Demarchi, es entrar en el túnel del tiempo y el tren del terror. Los restos de los barcos hundidos -por los que caminó LA NACION- forman parte de la triste herencia, y ya se convirtieron en un riesgo para el medio ambiente por el derrame de combustible. De hecho, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo requirió a la subsecretaría reflotar ocho de sus embarcaciones para el desguace definitivo por considerarlas nocivas.

"El desafío es recuperar esta área estratégica. Tenemos las embarcaciones y el conocimiento, sólo hay que realizar las inversiones para recuperar este potencial tan postergado para ponerlo al servicio de una navegación segura", dijo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Un galpón abandonado de la Subsecretaría de Pesca. Foto: Daniel Jayo
Un galpón abandonado de la Subsecretaría de Pesca. Foto: Daniel Jayo

Túnel del tiempo

Si el óxido domina por completo la escena en el puerto, en tierra firme las imágenes transcurren en sepia. Las oficinas de la subsecretaría que se levantan en la isla Demarchi podrían convertirse en el primer barrio fantasma de la ciudad de Buenos Aires, sino fuera porque trabajan adentro 215 de empleados sin ninguna medida de seguridad, según pudo comprobar LA NACION.

Los empleados conviven, además, con ratas, mosquitos y otras plagas del puerto que se crían en los grandes galpones que solían emplear en sus talleres carpinteros, soldadores y mecánicos. Ya nadie trabaja ahí. Como si se tratara de esqueletos, sólo se mantienen en pie las vigas que sostiene el techo. Adentro, sólo escombros y más basura.

No sólo lo sufren los empleados. También los estudiantes de la Escuela Nacional Fluvial, que viajan desde todo el país para especializarse en dragado. Las aulas funcionan justo detrás de un galpón en ruinas.

A pocos metros de allí aparecen como piezas de museo dos surtidores de nafta de YPF, ya obsoletos. Casi de la misma época, en una oficina de la subsecretaría -cerrada el público- se lee sobre una pared descascarada el cartel de un joven Carlos Menem que, en campaña, rezaba: "Síganme".

Escándalo por cobros millonarios en Yacyretá

Yacyretá, escándalo y cobros millonariosPor César Sánchez Bonifato - LA NACION - Los ex consejeros se llevaron $4 millones cada uno


POSADAS.- Amenaza con transformarse en otro escándalo el cobro de más de cuatro millones de pesos que se llevó cada uno de los ex consejeros argentinos de la entidad binacional Yacyretá, nombrados por la administración política que dejó el poder a fines del año pasado.

La medida -sustentada en supuesto concepto de indemnización- se habría adoptado el 9 de diciembre, fecha en que todos dejaron sus puestos. La suma que se llevaron sería equivalente al despido de empleados jerárquicos pertenecientes a planta permanente, según afirmaron asesores jurídicos del organismo binacional. Pero por disposición del nuevo director ejecutivo, el dirigente macrista Humberto Schiavoni, la disposición quedó sin efecto.

Los autobeneficiados son Daniel Muguerza, Mirta Susana Monti, Jorge Antonio Romero y Raúl María Noceti, nombrados por el anterior director, Oscar Thomas, hombre muy allegado a Julio De Vido y al titular de la Legislatura de Misiones y ex gobernador, Carlos Rovira .

Al conocerse la información, medios locales críticos a la renovación kirchnerista que gobierna esta provincia desde 2003, la calificaron de "bochornosa", advirtiendo que la causa ya fue elevada para su consideración a la Procuradoría General de Justicia y a la flamante Oficina Anticorrupción del gobierno de Mauricio Macri cuya titular es la ex diputada de Pro, Laura Alonso.

El diario Misiones Cuatro destacó asimismo que Muguerza fue primero decano de la Facultad de Ingeniería de Oberá y luego siguió su carrera administrativa como miembro del directorio de Electricidad Misiones Sociedad Anónima (Emsa), del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (Enre), además de figurar entre los principales operadores del negocio que implica de la venta (y/o compra) de energía al Brasil, utilizando la red que enlaza Salto Grande con Rincón Santa María (Corrientes). Las líneas de alta tensión atraviesan el norte del territorio correntino, cruzando el río Uruguay para conectarse con el sistema del país vecino, a la altura del paraje Garabí.

Fuentes cercanas a la actual dirección se mostraron indignadas por la autoasignación de semejante suma por parte de los ex directores. "Es increíble desde lo moral y también desde lo político", afirmaron a LA NACION cerca de Schiavoni, que también pondrá la lupa en otros gastos "indefendibles" de la anterior administración del ente binacional argentino-paraguayo.
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