El gendarme, nueva moneda nacional

Por Héctor Gambini - Editor del diario Clarín
Pedir gendarmes es la primera solución en la que piensan intendentes y gobernadores cuando les empieza a apretar el zapato de la inseguridad.

Gendarmes de un grupo especial de operaciones, durante un entrenamiento. FOTO GERARDO DELL ORO

El dólar anda en 15,40. El euro, en 18. Pero el gobierno paga en gendarmes. ¿A cuánto está el gendarme? Cuando se trata de anunciar una solución política rápida, el gendarme corre como el agua. Así nos acostumbramos a ver gendarmes aportando a la seguridad ciudadana en los barrios del sur porteño o en los vértices más complicados del conurbano profundo, que nunca están muy lejos de la General Paz. Es una moneda que gana valor cuanto más aprietan los zapatos de la inseguridad. Cómo será que Scioli tuvo que crear su moneda propia, las policías locales, cuando el gobierno de Cristina le vació el chanchito de gendarmes del GBA.

El gendarme sirve más en la frontera pero allí tiene escaso valor político y por eso cotiza menos. "En los confines de la Patria", dice la ley de oro de la Gendarmería. Pero tal vez la Patria se achicó y por eso ahora hacen tanta falta en Lanús, Ciudadela, Zárate o Rosario. Se sabe: marcha de vecinos contra la inseguridad mata confín de la Patria.

El ex secretario Berni los administraba como patrón de estancia: cuando manejaba el Banco Central de los gendarmes, los mandó a Rosario, les sacó fotos volteando búnkeres y los paseó por toda la ciudad. Pero el valor se derrumbó cuando se conocieron las cifras del mercado del delito: los asesinatos siguieron como si nada.

Para reevaluarlos, entonces, se los sacó a varios intendentes de la Provincia. La reacción de los mercados fue inmediata: todos fueron a zapatearle a Scioli, que convocó al intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, para que hiciera en la provincia lo que había hecho en su terruño. Así nacieron las policías locales, un patacón que saca de apuros pero sólo cotiza en los municipios.

Ahora recrudece la cuestión de la seguridad y el gendarme vuelve a cotizarse bien arriba. Sentada sobre la caja, la ministra Bullrich ya prometió repetir la experiencia en Rosario. Y el intendente de Zárate se quejó porque le vaciaron la jurisdicción de prefectos, que para los municipios serían como gendarmes blue.

Otros 5 intendentes del conurbano sur fueron a ver a la gobernadora Vidal y se tiraron el lance: que interceda para conseguirles gendarmes. Aunque éstos no dependen de Vidal, nadie ignora que ella y su imagen positiva arrolladora pueden ser una llave de oro para acceder al codiciado tesoro.

Tampoco hay abundancia de caja: Gendarmería tiene 35.000 agentes para todo el país, apenas algo más de un tercio que lo que tiene la Policía Bonaerense. Por eso hay necesidad de emitir. El viernes se reabrió el ingreso de postulantes a la fuerza "hasta el 28 de octubre o hasta cubrir las vacantes necesarias". No dicen cuántas vacantes hay. Regla básica de la economía: si hay menos oferta, el precio sube.

China inauguró el mayor telescopio del mundo para buscar vida extraterrestre

(Clarín.com) - Tiene un diámetro de 500 metros y cubre una superficie que equivale a 30 campos de fútbol. Esperan conocer mejor el universo y detectar vida inteligente en otros planetas.

El telescopio FAST está ubicado en una región montañosa y aislada de China. (AFP)

Hoy empezó a funcionar el  radiotelescopio más grande del mundo en el suroeste de China,  con el que se espera poder observar mucho más de lo que conocemos hasta ahora del universo y avanzar en la búsqueda de vida en otros planetas .

El radiotelescopio, al que bautizaron FAST, tiene una apertura esférica de 500 metros de diámetro, cubre una superficie equivalente a 30 campos de fútbol, y está instalado en una zona rural de la provincia de Guizhou , una región montañosa de China. La instalación, cuya construcción empezó en marzo de 2011, costó 1.200 millones de yuanes (185 millones de dólares) y supera en tamaño al radiotelescopio de Arecibo, situado en Puerto Rico, que tiene un diámetro de 305 metros.  El aparato pretende atraer a investigadores internacionales al país, (AFP).

Se espera que FAST obtenga información sobre los orígenes del universo mediante el mapeo de la distribución de hidrógeno, el elemento más abundante en nuestra galaxia, y que permita detectar muchas más púlsares, densas estrellas giratorias que actúan como relojes cósmicos-. Esto les dará a los científicos  capacidad de detectar ondas gravitatorias que den información sobre la evolución de las galaxias

El director general de la Sociedad China de Astronomía, Wu Xiangping, declaró el año pasado a la agencia de noticias china Xinhua que el alto grado de sensibilidad de FAST iba a "ayudar a buscar vida inteligente fuera de nuestra galaxia".  “Nos ayudará a buscar vida y a explorar los orígenes del universo”, indicó  Xiangping.

En una reciente prueba experimental, FAST recibió una serie de ondas electromagnéticas de alta calidad enviado desde un pulsar, una estrella de neutrones, situada a unos 1.351 años luz, según informó Xinhua citando a Quian Lei, investigador asociado de la Observación Astronómica Nacional.

El aparato cubre una superficie equivalente a 30 campos de fútbol,

A comienzos de este año,  las autoridades evacuaron a más de 8.000 personas del campo para dejar espacio al proyecto, que requiere la ausencia de señales de radio en un radio de 5 kilómetros para garantizar un entorno de sonido por ondas electromagnéticas. 

Junto a otros complejos e instalaciones científicas que Pekín planea construir en el futuro, este aparato pretende atraer a investigadores internacionales al país, que desde hace unos años está tratando de ponerse a la par de los Estados Unidos en la generación de descubrimientos.

El país también aumentó sus inversiones en el campo de la astronomía, para acelerar su programa de exploración espacial, con la intención de poner en órbita una estación permanente antes de 2020, con el objetivo, dentro de un tiempo, de enviar un hombre a la Luna.

Fuente: AFP y DPA

El gobierno investiga la supuesta venta de planos sensibles a terroristas

Por Claudio Savoia - Clarin.com

Son de las tres plantas potabilizadoras de agua que abastecen a Capital y Gran Buenos Aires. La Gendarmería alertó sobre la presunta entrega por parte de un ex prefecto argentino a compradores libaneses. Ya hay medidas de prevención.

 La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un operativo antidrogas realizado el viernes pasado en la villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Como una mancha de humedad que se cuela hasta reaparecer sobre la pintura nueva que intenta taparla, el fantasma de una posible amenaza terrorista persiste en entorpecer los pasos con que el gobierno busca alejarlo. Mientras multiplica las alertas, los operativos de inteligencia y rastreo, y los simulacros ante eventuales ataques, el ministerio de Seguridad corre detrás de cada sospecha y de cada rumor. Clarín confirmó la última versión que analiza la ministra Patricia Bullrich: hace dos meses, por encargo de un supuesto grupo de libaneses, un ex prefecto con antecedentes penales habría obtenido y vendido los planos de las tres plantas potabilizadoras de agua que abastecen a la Capital y el Gran Buenos Aires.

Primero, lo esencial: soslayar cualquier dato respecto a un posible interés terrorista en objetivos argentinos sería un enorme error que el gobierno no podría permitirse. Sembrar el pánico o buscar un rédito político de esas versiones, una locura. En medio de esas dos resbalosas banquinas, la información dice que hace casi un mes, el 30 de agosto, ciudadanos libaneses habrían contactado en Puerto Iguazú a Juan Carlos Bassi, un ex prefecto que fue investigado por traficar pistolas y ametralladoras a Brasil y abastecer de armas a sus familiares de Rosario, en su guerra contra los Cantero, otro clan local que dirige la organización narco "Los Monos". Por el control territorial del tráfico de drogas, ambas bandas convirtieron a esa bella ciudad en un matadero.

Juan Carlos Bassi, supuesto dueño de la armería Shooters de Puerto Iguazu, es una figurita conocida para las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia de Argentina, Brasil y Paraguay. Otro jalón en su foja de servicios justifica las miradas torvas sobre él. En 2003, el ex ministro de Seguridad de Néstor Kirchner, Gustavo Béliz, involucró a Bassi en la causa por el atentado terrorista a la AMIA, en 1994. ¿Cuál habría sido aquella vinculación? Según declaró entonces el ex funcionario basándose en la declaración de un testigo protegido, "el suministro de los explosivos para el ataque". Bassi respondió con una desmentida y una denuncia penal.

Pero aquellos antecedentes y las sospechas que arrastra desde hace dos décadas lo convirtieron en un objeto permanente de vigilancia, a veces más discreta que otras. Según supo Clarín, un informante habría alertado a la Gendarmería que Bassi habría vendido los planos de las plantas potabilizadoras de agua que se encuentran en Tigre, Bernal y la Capital Federal (sobre la avenida Figueroa Alcorta) a un grupo de libaneses interesados en esos papeles estratégicos. Este diario también recogió la versión de que el primer alerta lo habrían dado los servicios de inteligencia paraguayos.

Poco más se sabe hasta ahora. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó a Clarín que "tenemos el rumor, y la Gendarmería ya trabajó en él y en un plan de contingencia para mejorar las medidas de seguridad y prevenir cualquier sorpresa. Estamos investigando, pero aún no hay información de calidad. La mesa de reunión de información terrorista no tiene nada, pero estamos muy atentos".

Razonablemente, el gobierno intenta no despertar preocupación ni mostrarse despreocupado. Otra vez, el desfiladero entre dos banquinas resbalosas. También desconfía de las posibles operaciones de "servicios o ex servicios de inteligencia" que pudieran buscar desestabilizar.

Por lo pronto, los gendarmes se movieron rápido: en un puñado de días, hace dos semanas, relevaron los puntos débiles de las tres plantas de agua, que pese a haber sido un objetivo militar en la época en que los dictadores Pinochet y Videla coquetearon con una guerra entre Chile y la Argentina, nunca reforzaron sus medidas de seguridad. Según pudo averiguar este diario, ahora las recomendaciones apuntan a reemplazar los cercos perimetrales de los predios cambiando alambrados por paredes, levantar la altura de los portones de ingreso, poner caballetes de metal en los accesos para impedir la entrada de vehículos no identificados a alta velocidad, multiplicar los puestos de vigilancia -y en algunos sitios reemplazar a la agencia privada de seguridad por fuerzas estatales- y también las cámaras y luces con sensores de movimiento.

Traverso quedó a cargo del nuevo C.A.R. en el Autódromo

Por Redacción Noticias Urbanas

A la par que se elabora un Máster Plan para el Autódromo de la Ciudad, se firmó un convenio para crear un Centro de Alto Rendimiento con una inversión de 500.000 dólares.

Traverso durante la firma del convenio.

El pasado martes 3 de mayo se firmó un convenio entre la Dirección General de Concesiones y la Subsecretaría de Inversiones de la Ciudad, que habilita a la Asociación Argentina de Volantes a disponer del Centro de Atención al Piloto por un plazo de cinco años para transformarlo en un Centro de Alto Rendimiento (C.A.R.). Para dicho proyecto, se estima una inversión de USD 500.000. De esa forma, la institución da inicio al plan integral de reestructuración del predio.

“Hay que poner en valor el Gálvez, que es la catedral del Automovilismo Nacional. Los que queremos al automovilismo debemos colaborar para que todas las categorías del país tengan su carrera y su espacio en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó Juan María Traverso, leyenda del automovilismo nacional y presidente de la Asociación Argentina de Volantes.

El proyecto cuenta con la adhesión de las principales instituciones del automovilismo y motociclismo del país: Automóvil Club Argentino (representante Federación Internacional del Automóvil), Asociación de Corredores de Turismo Carretera y Federación Argentina de Motociclismo.

“Esto marca el primer paso para la recuperación del autódromo y su rol como catalizador del desarrollo de Villa Lugarno” agregó Fernando Oris de Roa, subsecretario de Inversiones dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad.

Gómez Centurión volvió al Gobierno como consejero técnico de la AFIP

Por  BERNARDO VÁZQUEZ SEBASTIÁN IÑURRIETA - Cronista.com
Separado preventivamente de la Aduana, El Cronista confirmó que desde hace tres semanas cumple nuevas funciones y reporta directamente a Abad.


El desplazado ex director de Aduanas Juan José Gómez Centurión continúa trabajando bajo la órbita de la AFIP, como asesor técnico, respondiendo directamente al titular del ente tributario, Alberto Abad. Según pudo saber El Cronista, desde hace tres semanas, poco después de que lo suspendieran en su cargo tras ser involucrado en presuntas maniobras de corrupción, el funcionario comenzó a desempeñarse en su nuevo puesto, a la espera de que la Justicia resuelva su situación en la causa que se inició a raíz de una denuncia del propio Ejecutivo.

Militar de carrera, con pasado como combatiente en la guerra de Malvinas en 1982 y partícipe del levantamiento carapintada contra el Gobierno de Raúl Alfonsín en 1987, Gómez Centurión se vinculó al macrismo en 2012, como titular de la Agencia Gubernamental de Control porteña. El año pasado, con la asunción como presidente de Mauricio Macri, fue designado como responsable de la Dirección de Aduanas.

En ese puesto se mantuvo hasta el 19 de agosto pasado, cuando fue separado provisoriamente del cargo luego de que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el abogado Maximiliano Rusconi radicaran denuncias en su contra por sospechas de coimas para autorizar la importación de contenedores. Tras ello, Gómez Centurión replicó que se trataba de una operación en su contra impulsada por la anterior conducción de la Aduana y por los servicios de inteligencia. Según el funcionario, la denuncia fue respuesta a su intento por desbaratar maniobras irregulares de comercio exterior por u$s 14.000 millones.

Ayer, este diario logró corroborar tras consultar a cuatro fuentes diferentes, que Gómez Centurión conservó su cargo dentro del organigrama de AFIP, aunque no en la Aduana, donde sigue suspendido a la espera de una decisión de la Justicia sobre la investigación que se tramita en su contra. De 58 años, se desempeña como Consejero Técnico de Auditoría, Administración y Recursos Humanos. El área se encuentra bajo la órbita de la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional.

En ese cargo responde directamente al jefe de la AFIP Alberto Abad, quien en su momento fue el que formalizó su suspensión pero a la vez respaldó sus denuncias contra la llamada mafia de la Aduana. Según supo El Cronista, la relación entre Gómez Centurión y Abad es buena, más allá de su salida de la Aduana, organismo que también depende de AFIP.

El caso Gómez Centurión marcó la primera denuncia por corrupción contra el macrismo y motivó por ejemplo el respaldo de la diputada Elisa Carrió al funcionario. Posteriormente, el 8 de septiembre pasado se hallaron diez barriles de 25 kilos cada uno de pseudoefedrina, supuestamente a raíz de una pista marcada por Gómez Centurión. Desde el Ministerio de Seguridad lo cruzaron al decir que esa información se había publicado en el Boletín Oficial en junio y que Gómez Centurión estaba al tanto.

Por otra parte, en las últimas horas la Justicia concedió un amparo a favor de otros funcionarios que también habían sido suspendidos a raíz del escándalo en le Aduana, lo que podría motivar el regreso de estos a sus cargos. No obstante, el caso de Gómez Centurión no está incluido en esta causa.

La situación procesal del funcionario deberá definirla el juez Ariel Lijo, quien tramita el expediente en su contra por las presuntas maniobras de corrupción, por las que fue imputado. La semana pasada, Gómez Centurión se presentó en Tribunales de manera espontánea para declarar en el juzgado federal número 3. Sin embargo, Lijo se negó a aceptar llevar adelante la indagatoria y sólo se limitó a oír una exposición oral, sin hacer preguntas.

La Argentina de siempre

Por Graciela Guadalupe - LA NACION

"Los índices de pobreza argentinos son tercermundistas." (De Beatriz Sarlo.)

La ensayista Beatriz Sarlo calificó como "tercermundista" al nivel actual de pobreza de nuestro país (34,5%, según la UCA). No parece exagerada. En primer lugar, porque representa 5,5 puntos más del 29% con que terminó 2015; en segundo término porque, como consecuencia de achacarle a Macri la generación de 1,4 millones de nuevos pobres -que bien endosada está-, el kirchnerismo admite que era falso el 4,7% que daba "su" Indec poniendo a la Argentina por debajo de los niveles de pobreza de Alemania. Y tercero, porque aun con aquel 29% de 2015, estábamos peor que hace 25 años cuando la pobreza rondaba el 26%, sin dejar de considerar las diferencias de contexto entre la convertibilidad y la "década ganada".

Si para el tango "20 años no es nada", para la Argentina, un cuarto de siglo mide menos que una regla sin números. Y no sólo por la pobreza. En 1991, los diarios se llenaban de titulares sobre la necesidad de que los funcionarios judiciales actuasen con independencia del poder político (suenan celulares en fiscalías y juzgados), la aberración de las jubilaciones "especiales" frente al ingreso mínimo (hoy, $ 140.000 mensuales brutos van para Boudou y 332.000 para las dos pensiones de Cristina), la suba de días de clase en el calendario escolar (se preveía llegar a los 200 contra los 190 que ahora queremos tener), y el temor a la inseguridad y a los cortes de electricidad (teléfono para los Bullrich y Aranguren).

Hace 25 años, el Episcopado advertía sobre los "efectos disolventes que produce la corrupción en la sociedad", y preocupaban la violencia en las canchas y los piquetes que hacían chocar el derecho de unos (a peticionar) con el de otros (a circular).

Nos alarmaban la justicia por mano propia, la burlona ley de lemas, el comercio ilegal, el alcohol al volante y la venta de tierras públicas como el Campo de Polo para convertirlas en megaproyectos inmobiliarios (campana para Rodríguez Larreta).

Se le pidió a Santiago Kovadloff una reflexión sobre lo que nos pasa. Y dijo: "La repetición de tantos de nuestros errores es hija de la ineptitud para transformarlos en una fuente de aprendizaje, es decir, en experiencias aleccionadoras. Cuando la política es incapaz de llevar a cabo este proceso de capitalización de sus equívocos reiterados, deja de cumplir con la posibilidad de contribuir a la autocomprensión de la sociedad a la que representa. Esto congela en el inmovilismo y la desorientación, cerrando el ingreso al porvenir y, con él, a una comprensión más fecunda del tiempo".

Buscan compensar a la Fuerza Aérea con más horas de vuelo

Por Francisco Olivera - LA NACION

El Gobierno le triplicaría los fondos para volar; hay mucho malestar por la privatización de traslados

Con la pretensión de saldar una vieja deuda y, al mismo tiempo, evitar ofensas por la virtual privatización del traslado de funcionarios públicos, el Gobierno busca triplicar el año próximo el presupuesto destinado a horas de vuelo de la Fuerza Aérea. Ése es el plan sobre el que trabaja en estos momentos el área de Defensa: que de los 2000 millones de dólares previstos para reequipamiento militar en el lapso 2016-2018, unos 950 millones vayan a los aeronáuticos.

Así lo dispone el presupuesto 2017. La iniciativa, cuyos principales trazos fueron informados a este diario por fuentes del Ministerio de Defensa, pertenece todavía al universo de las intenciones, pero apunta a mejorar la situación de los integrantes de la Fuerza Aérea, cuyo malhumor venía en aumento desde hacía varios años y se intensificó en abril, cuando un documento interno, la "Directiva anual de adscripción", les advirtió por escrito lo que ya todos sentían: el Gobierno prefiere encomendarles a pilotos privados el traslado de funcionarios.

Para los militares se trata de un círculo vicioso: el Estado no confía en sus aviadores porque no tienen la cantidad de horas de vuelo requeridas (4000) y esto pasa porque no hay presupuesto para que lo hagan. El texto en cuestión, fechado el 6 de abril, es una especie de programa de instrucciones para todo el año que, con carácter de "reservado", en su apartado 3, afirma del modo más crudo: "Debido a las restricciones presupuestarias que sufre la Fuerza Aérea, el Programa de Actividad Operacional Año 2016 no permite que todos los aviadores militares y tripulantes no pilotos puedan mantenerse cumpliendo actividad de vuelo. Esta asignación de horas posibilita solamente el cumplimiento de las exigencias básicas mínimas (EBM), dejando aviadores militares sin desarrollar actividad, afectando a la vez la disponibilidad de vacantes para los tripulantes a bordo en los diferentes sistemas de armas".

El documento avanza además en un asunto que multiplicó la irritación entre los uniformados: da un listado de pilotos, muchos de ellos de antigua relación con directivos de MacAir, empresa que la familia Macri le vendió en marzo a la colombiana Avianca, y desde hace un tiempo contratados habitualmente por líneas privadas, que estarán habilitados hasta el 31 de diciembre próximo para volar el Tango 10, un Learjet 60 que pertenece en rigor a la Fuerza Aérea. Son Enrique Carlos García Moreno, Luis Adolfo Grande, Luciano Mario Grimaldi y Lorenzo Oscar Marzialetti, todos ellos civiles, a los se que agrega a dos vicecomodoros retirados: Ángel César Carrizo y Hugo Marcelo Fiocca.

La difusión de aquella nómina puso por escrito una privatización definitiva del traslado de funcionarios públicos que hasta el año pasado se hacía de modo alternativo, pero no estructural. Los Kirchner, por ejemplo, llegaron a delegar la organización de sus vuelos en Sergio Velázquez, el piloto que habían traído de Santa Cruz y que manejaba el Tango 01, pero solían recurrir todavía al personal de la Fuerza Aérea para el resto de los aviones y helicópteros, en algunos casos incluso para cuestiones de índole privada.

Algunos de los civiles contratados por el Ministerio de Defensa son ya célebres en la industria aérea. García Moreno, por ejemplo, no sólo perteneció a MacAir, sino que acompañó en 2008 al norteamericano Rick Valdés en el traslado hasta la Argentina del Learjet que Ricardo Jaime usaba como propio y que le costó un procesamiento.

En realidad, el descontento de los aeronáuticos no está tanto en los nombres como en el nuevo sistema, que los obliga a cederle espacio a una especie de cuerpo de asesores ad honorem del Gobierno que en los hechos conduce un piloto privado, Carlos Colunga, histórico director de MacAir que conoce a Mauricio Macri desde muy joven. "No cobré un peso, fue todo asesoramiento", dijo en su momento a LA NACION Colunga, que trabaja en la organización de la flota y los vuelos de funcionarios con su hijo Diego y con dos antiguos colaboradores: Roberto Aróstegui, ex jefe de línea de MacAir, ex inspector de la ANAC y aviador con años de experiencia en Aerolíneas Argentinas e Indian Airlines, y Carlos Cobas, ex gerente comercial de MacAir y único con funciones oficiales. Cobas fue a principio de año designado como director general de Logística en el Estado, pero deberá actualizar su CV: a pesar de que Colunga afirma que no pertenece ya la compañía, aparece en Linkedin como "responsable en Nuevos Negocios de MacAir Jet SA".

"El único funcionario es Cobas, el resto son conocidos, pero no cumplen ninguna función de asesoramiento", contestaron en la Casa Rosada ante la consulta de este diario. Con todo, quien suelen dar las instrucciones es Colunga, el mismo que el año pasado contrataba chárteres para la campaña presidencial. ¿Qué convence a un piloto de asesorar a un presidente sin llevarse un centavo al bolsillo? En la industria aérea comparan, con detalles, los beneficios de ese rol de protagonismo superlativo con los que supone para un empresario la carrera de dirigente de fútbol: prestigio, contactos y, por lo tanto, nuevos negocios.

Tanto hacia adentro como hacia afuera del Gobierno, la premisa de Colunga es que el transporte de funcionarios requiere de personal experimentado y eso no abunda en la Fuerza Aérea porque no vuela. Por eso diseñó este esquema, que rige desde que Macri llegó a la Casa Rosada, pero que fue oficializado el 16 de febrero a través de la resolución 83 del Ministerio de Defensa, que designa como "personal civil contratado", bajo la ley marco del empleo público nacional, a los referidos cinco pilotos y al instructor de vuelo Darío Néstor Michelini.

El plan general incluye una operación que ya trascendió, pero de la que se conocen todavía pocos detalles: la compra de un avión para trasladar al Presidente.

La tercera ola de inversiones: Puerto Madero vuelve a estar de moda entre las grandes desarrolladoras

Por Alfredo Sainz - LA NACION

Los nuevos proyectos de residencias, oficinas y hoteles suman US$ 900 millones; en las empresas aseguran que es la última oportunidad de poner un pie en la zona

Puerto Madero vuelve a estar de moda entre los inversores. 

Mientras el mercado inmobiliario porteño todavía sigue a la espera de una recuperación a nueve meses del levantamiento del cepo cambiario, el barrio más nuevo (y más caro) de Buenos Aires ya protagoniza una nueva ola de proyectos millonarios impulsados por las grandes desarrolladoras locales, que en la mayoría de los casos tenían los terrenos comprados, pero estaban a la espera de un cambio en el "clima de negocios".

En la actualidad, los emprendimientos de torres de viviendas, edificios de oficinas y hoteles que se encuentran en construcción en las zonas de los diques alcanzan inversiones por US$ 640 millones, a lo que se suman otros US$ 260 millones que fueron anunciados en las últimas semanas.

Foto: Javier Joaquín

El resurgimiento de Puerto Madero no es un nuevo fenómeno y a grandes rasgos es algo que se repite con cada cambio en el signo político. El barrio vivió su primer momento de esplendor en los 90 durante el menemismo, cuando se empezaron a reciclar los viejos docks, y después de la crisis de 2001 fue la zona que más creció durante el primer gobierno de Kirchner, cuando la mayoría de las nuevas torres se mudó al otro lado del dique, impulsando el desarrollo del llamado Puerto Madero Este.

"Hoy estamos viviendo la tercera ola de inversiones en Puerto Madero. La primera llegó en los 90 y se frenó con 2001. La segunda arrancó en 2003, con muchos inversores nuevos, como en su momento fue Alan Faena, y ahora estamos viviendo la tercera ola que pasa principalmente por la consolidación del dique 1", explicó Federico Weil, dueño de la desarrolladora TGLT.

Si bien la mayoría de los inversores que están detrás de los nuevos proyectos en Puerto Madero son viejos conocidos de la zona -de Faena a Jorge Brito (Banco Macro), pasando por Alberto Fernández Prieto, Alejandro Ginevra o la familia Sutton (los dueños del hotel Alvear)-, en el mercado reconocen el papel clave que jugó la decisión de Jorge Pérez de poner un pie en el negocio. Pérez es un argentino que está radicado en Estados Unidos hace más de 30 años y es el dueño de Related Group, la mayor desarrolladora inmobiliaria de Miami. En la década pasada estuvo a punto de invertir en el desarrollo de la Ciudad Deportiva de Boca -asociada con IRSA-, aunque a último momento decidió cancelar el proyecto porque la Argentina era "un desastre". El cambio de gobierno, finalmente, lo terminó de convencer de que éste era el momento para desembarcar en el dique 1, donde planea levantar dos torres de lujo de 30 pisos cada una, con una inversión de US$ 250 millones.

"Nos decidimos por Puerto Madero porque es una de las pocas zonas premium de Buenos Aires donde quedan terrenos. Si uno busca sobre la Avenida Libertador o Recoleta es casi imposible encontrar tierras disponibles. Y los resultados nos están dando la razón. Ya tenemos vendidos 103 de las 130 unidades, a un precio promedio de 7500 dólares el m2. El 100% de los compradores son locales, incluyendo un 10% de argentinos que están viviendo en el exterior", explica Carlos Rosso, presidente de Related.

Los desarrolladores aseguran que su mejor argumento de venta a la hora de convencer a los potenciales compradores es que se trata de la última oportunidad de invertir en Puerto Madero, y algo de razón tienen. Sin contar los proyectos que ya están iniciados y los que se acaban de anunciar, sólo quedarán cuatro lotes libres en la zona: tres pertenecen a la sociedad Fernández Prieto-Vizora (incluyendo uno donde hoy se levantan unas canchas de fútbol) y un cuarto es de Creaurban, la desarrolladora de la familia Calcaterra, que cuenta con el atractivo de que se trata de un predio que tiene la autorización para hacer la torre más alta de Buenos Aires.

De la lista de lotes sin proyecto definido hay que sacar el terreno que hoy está libre sobre la avenida Juana Manso 1400, justo enfrente al edificio El Porteño. La tierra pertenece a Alan Faena, que hace unas semanas anunció que volverá a invertir en la Argentina -hoy tiene todo el foco puesto en Miami- con el desarrollo de un nuevo proyecto residencial. La inversión en lo que el propio Faena considera "la última joya" ascenderá a US$ 100 millones.

"Lo que estamos empezando a ver es el final del desarrollo de Puerto Madero. A partir de la concreción de estos proyectos, los precios se tendrían que incrementar porque no va a haber nueva oferta y todo lo que se venda va a ser usado", asegura Alejandro Ginevra, titular de la desarrolladora Gnvgroup.

Gnvgroup está terminando la construcción de dos edificios de oficina con la marca World Trade Center -que implican una inversión de US$ 40 millones-, y en paralelo acaba de iniciar las obras de una nueva etapa del Harbour Tower. Se trata de una torre de 50 pisos y 150 unidades, que incluirá un hotel con la marca Viceroy, en lo que representará el desembarco de la cadena californiana en América del Sur -hoy cuenta con operaciones en Estados Unidos, México y el Caribe-. La inversión total en Harbour Tower ascenderá a US$ 160 millones.

El Viceroy, sin embargo, no será el único hotel que sumará Puerto Madero. Para junio de 2017 está programada la inauguración del Alvear Icon, el nuevo complejo que combinará habitaciones de hotel y residencias del grupo Sutton, y demandará una inversión de US$ 100 millones. El mismo grupo también está construyendo en el dique 2 la Alvear Tower, que con 54 pisos y 235 metros se convertirá en la torre más alta de la Argentina y representará un desembolso de otros US$ 130 millones.

"A diferencia de lo que sucede con otros barrios de la ciudad que pueden extenderse aunque sea simbólicamente, como por ejemplo ocurre con Palermo, Puerto Madero tiene límites muy acotados, lo que lo vuelve un producto único", dijo Andrés Kalwill, director comercial del Grupo Alvear.

Foto: Javier Joaquín

Frente a la multiplicación de proyectos millonarios, el gran interrogante es si las nuevas torres se traducirán en más gente viviendo en Puerto Madero o el barrio si continuará siendo un refugio para los inversores que no saben dónde poner sus ahorros. Según el último censo que data de 2010, en Puerto Madero viven 6726 habitantes, aunque en el barrio aseguran que la población estable al menos duplica esa cifra.

"Si bien en el pozo la mayoría de los compradores son inversores, muchos terminan instalándose. No coincido con la idea de que Puerto Madero esté medio vacío. Nosotros vemos cada vez más gente viviendo y de hecho hoy en nuestro complejo Zen City tenemos lista de espera de gente para alquilar", asegura Alberto Fernández Prieto, titular de la desarrolladora homónima, que asociada con Vizora -del grupo Brito- acaba de iniciar las obras para la construcción de dos nuevas torres de vivienda con la marca Link Towers, en el dique 1, que demandarán una inversión total de US$ 120 millones.

En Nuevo Madero -un portal especializado en todo lo que sucede en Puerto Madero- coinciden con la idea de que la zona dejó hace tiempo de ser un barrio fantasma, aunque reconocen que la crisis no perdona ni siquiera a los más ricos.

"Las expensas en todas las torres se dispararon en los últimos meses, con subas que llegan al 60%, y el panorama es más preocupante por el lado de los comercios. No es tan fácil para una casa de ropa o un restaurante enfrentar la combinación de ventas estancadas y costos que suben vía las expensas o los servicios", comentó Vanesa Leibas, directora de Nuevo Madero.

Los operadores inmobiliarios igualmente aseguran que más allá de la baja de la demanda actual, el potencial de Puerto Madero sigue siendo enorme. "Si bien hoy el nivel de vacancia en Puerto Madero es un poco más alta (en promedio, en locales comerciales se ubica en el 3,3%), hay que tener en cuenta que se trata de un índice que viene bajando en forma sostenida en los últimos años a pesar de que el consumo no ayuda. Esto se explica porque Puerto Madero es una verdadera ancla de la ciudad. No hay otro desarrollo en la región que ofrezca una propuesta de este tipo con una ubicación tan cercana al Centro", explica Marcelo Zuliani, gerente comercial de la consultora Colliers International.

La Argentina y Chile buscan poner fin a una pelea ambiental

Por Martín Dinatale - LA NACION
Una minera chilena depositó en territorio argentino residuos tóxicos; hay reclamos de la Cancillería

Unos 55 millones de toneladas de residuos tóxicos de la minera chilena Los Pelambres, encallados en 52 hectáreas del lado de San Juan, resumen el conflicto abierto hoy entre Chile y la Argentina.

Ambos países están dispuestos a buscar una solución al problema, hay una causa judicial de por medio, intensas negociaciones diplomáticas y el Gobierno reconoció que si bien hay buena predisposición de las autoridades chilenas el avance de la contaminación en territorio argentino resulta "altamente preocupante".

Según pudo saber LA NACION, en los últimos días hubo renovados reclamos de la cancillería argentina al gobierno de Chile para tratar de alcanzar una solución a un problema que viene de arrastre: entre 2007 y 2012 la minera Los Pelambres (de Antofagasta Minerals), que está instalada del lado chileno, arrojó unas 55 millones toneladas de neumáticos, material tóxico y otros residuos minerales en un predio del lado argentino. Hubo un avance de 1,35 kilómetros en territorio sanjuanino con residuos.

El senador Pino Solanas presentó una denuncia judicial y ahora Chile instó a la empresa a retirar los residuos. Pero no todo está cerrado: aún faltan los permisos de las autoridades argentinas para que los dueños de la minera Los Pelambres puedan retirar todo el material tóxico del lugar, enclavado a más de 2000 metros de altura, en plena cordillera de los Andes.

Según declaró el vicecanciller Carlos Foradori, en un reciente plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Relaciones Exteriores del Senado, "esto no es un problema de dos empresas privadas, sino de territorialidad de dos repúblicas, la de Chile y la Argentina". Así, Foradori dejó sentado que "el reclamo es a un Estado, al Estado de Chile, no a una empresa", y advirtió que "lo que ha habido es un reconocimiento del error de parte de Chile, por lo que esperamos que se proceda como es debido", al referirse al depósito de residuos de la empresa Los Pelambres situados en la localidad sanjuanina de Calingasta.

Un estudio realizado en 2014 por la cancillería argentina alertó que el megabasurero ya produce contaminación, tal como lo señaló en su denuncia judicial el senador Solanas.

El embajador de Chile en la Argentina, José Antonio Viera-Gallo, reconoció que hay un conflicto abierto con el Gobierno y, en diálogo con LA NACION, dijo: "Esperamos que empiece prontamente el retiro de los neumáticos, en cuanto estén listos los permisos correspondientes de parte de las autoridades argentinas".

A su vez, el diplomático chileno dijo que "Chile tiene voluntad de contribuir a una solución adecuada y satisfactoria, sin interferir en las decisiones del Poder Judicial argentino".

Por otra parte, fuentes de la diplomacia chilena y de la Argentina dijeron a LA NACION que la minera Los Pelambres comenzaría el proceso de retiro de los neumáticos de la escombrera en los próximos meses, aunque admitieron que no hay seguridad plena de que ello ocurra porque ya van varios años que este conflicto está abierto sin solución a la vista.


Los Pelambres de Antofagasta Minerals. Foto: Gentileza

La empresa Los Pelambres acordó el cierre de la escombrera con el gobierno de San Juan y ese proceso se realizará con la supervisión de las Naciones Unidas y la Universidad de San Juan. Pero los residuos tóxicos siguen allí. Si bien el gobierno de Chile se mostró dispuesto a dar una solución al tema, también admite en reserva que se encuentra inhibido por mandato constitucional de interferir en asuntos sometidos al conocimiento de tribunales nacionales o extranjeros. No piensa lo mismo el vicecanciller Foradori, quien alertó en el Senado que este conflicto atañe a dos Estados, que deben tomar cartas en el asunto.

Solanas dijo a LA NACION: "El Senado no puede ser indiferente a la contaminación chilena de una de las cuencas hídricas más importantes de nuestro país. Antofagasta Minerals debe remover sus propios residuos peligrosos y devolverlos a territorio chileno, que es donde realmente se originaron. Tras los derrames de cianuro de la Barrick Gold, no vamos a permitir que Antofagasta Minerals siga contaminando en San Juan".

En este contexto, el conflicto sigue vigente, no hay solución inmediata a la vista y ya hay 52 hectáreas con residuos contaminantes del lado argentino que arrasaron con lagunas, secaron vegas y contaminaron con drenaje ácido un curso de agua del río San Juan.

Controversia en la frontera - Protagonistas de la puja por los residuos tóxicos de Chile depositados en San Juan

Carlos Foradori - Vicecanciller argentino - "Esto no es un problema de dos empresas privadas, sino de territorialidad de dos repúblicas. Hasta ahora hubo reconocimiento del error de parte de Chile y eso es una avance"

Antonio Viera-Gallo - Embajador de Chile - "Esperamos que empiece pronto el retiro de los neumáticos y los residuos en la Argentina. Chile tiene voluntad de contribuir a una solución adecuada al conflicto abierto"

Fernando Solanas - Senador Proyecto Sur - "La empresa Los Pelambres debe remover sus propios residuos peligrosos de inmediato y devolverlos a territorio chileno, que es donde realmente se originaron"

Decomisaron más de cuatro toneladas de precursores

(La Nación) - Siete sospechosos de elaborar cocaína y de lavar dinero narco fueron arrestados en Tucumán y en Buenos Aires.


La banda operaba en Tucumán y en Buenos Aires. Foto: Ministerio de Seguridad
Siete personas fueron detenidas en distintos puntos del país -entre ellas, un ex funcionario público de la Legislatura de Tucumán- acusadas de integrar una banda dedicada al narcotráfico a la que se le secuestraron más de cuatro toneladas de precursores químicos.

Según precisó en un comunicado el equipo de prensa de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se realizaron durante el fin de semana 15 allanamientos en territorio tucumano y bonaerense. Del informe oficial surge que uno de los principales detenidos es Julio César Trayán, de 37 años, un "ex funcionario público de la Legislatura de Tucumán" que fue aprehendido en su domicilio.

El procedimiento principal se realizó en un laboratorio de José C. Paz que funcionaba como una fábrica dedicada a la comercialización de sulfato de cobre. Allí, el personal de la Policía Federal Argentina secuestró 3240 litros de ácido clorhídrico, 200 de sulfúrico y 30 kilos de soda cáustica.

En otro allanamiento realizado en una empresa de la localidad bonaerense de Esteban Echeverría dedicada a la compra, producción y venta de sustancias químicas -y cuya actividad no contaba con la habilitación del Registro Nacional de Precursores Químicos- se hallaron 260 litros y 600 kilos de ácido sulfúrico y 475 litros de ácido clorhídrico.

En total fueron decomisados 4184 litros (3724 de ácido clorhídrico y 460 de sulfúrico) y 705 kilos (105 de clorhídrico y 605 de sulfúrico) de precursores químicos, se consignó en el informe oficial.

"El exitoso procedimiento, que incluyó la intervención de más de 40 líneas telefónicas y tareas de campo en Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Buenos Aires y la costa atlántica, permitió corroborar que la poderosa banda criminal lavaba el dinero obtenido del narcotráfico a través de la compra de bienes e inmuebles", añadió el Ministerio de Seguridad.

La investigación está a cargo del juez federal Fernando Poviña y del fiscal Pablo Camuña, ambos con jurisdicción en Tucumán.

Las autoridades nacionales pusieron el foco este año en evitar el desvío de sustancias químicas hacia el mercado narco. Así en los primeros siete meses llevaban incautadas más de 700 toneladas de precursores químicos, siendo que el promedio anual de decomisos alcanzaba las 100 toneladas.

El Gobierno impulsa el juicio en ausencia para el lavado y el narcotráfico

Por Martín Dinatale - LA NACION
Es parte del proyecto para combatir delitos transnacionales; permitirá juzgar a los iraníes acusados por el ataque a la AMIA; incluye la trata y la venta ilegal de armas

El Gobierno se apresta a enviar al Congreso un ambicioso e innovador proyecto de ley para imponer la figura del juicio en ausencia a los delitos transnacionale s. Es decir que la iniciativa oficial no sólo se ajustará, como se había anunciado, a casos de terrorismo como el atentado contra la AMIA, sino que ese mecanismo jurídico se extenderá también a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, venta ilegal de armas y trata de personas.

Según confiaron a LA NACION fuentes calificadas de la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri ya tiene en su escritorio el borrador del proyecto de ley de juicio en ausencia ampliado que elaboraron el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el jefe de la unidad especial de investigación de la causa AMIA, Mario Cimadevilla, entre otros funcionarios del Gobierno.


El Gobierno impulsa el juicio en ausencia para el lavado y el narcotráfico. Foto: Archivo / Fernando Massobrio / LA NACION

La intención del oficialismo es "desamianizar", según el término que usaron varios de los funcionarios consultados, el proyecto de ley de juicio en ausencia, que hasta ahora estaba acotado a la posibilidad de enjuiciar a los cinco iraníes involucrados en la voladura de la mutual judía, que se niegan a declarar en la Argentina.

Detalles de la iniciativa

Es decir, la idea es que el proyecto tenga mayor amplitud que la causa AMIA por dos motivos centrales que explican puertas adentro de la Casa Rosada: la necesidad de sumar mayor cantidad de adherentes en el Congreso y, a la vez, terminar con varias causas judiciales relacionadas con el narcotráfico, el lavado de activos, la venta ilegal de armas y la trata de personas en investigaciones que no pueden cerrarse en la actualidad en la Argentina.

Sustancialmente, hay muchas causas judiciales enmarcadas en esta tipología de delitos, que no logran tener la colaboración de la justicia de otros países o bien los acusados se niegan a declarar en el país y no pudieron ser extraditados hasta el momento.

"Hay un acuerdo generalizado de que la causa AMIA fue un incentivo claro para el Gobierno a fin de ampliar la ley de juicio en ausencia a otros delitos", expresó Cimadevilla a LA NACION al ratificar las intenciones oficiales de la iniciativa. El funcionario de la unidad AMIA puso como ejemplo de esta herramienta legal el uso que se le da en países como Francia e Italia, donde las leyes de juicio en ausencia fueron elaboradas para todo tipo de delitos.

A modo de ejemplo, Cimadevilla mencionó que en el caso hipotético de que Ibar Pérez Corradi nunca hubiera regresado preso a la Argentina, como finalmente ocurrió, la causa en su contra por el tráfico de efedrina iba a tener un punto final, ya que quedaba paralizada sin resolución. En ese caso, el juicio en ausencia para el delito de narcotráfico hubiera sido aplicable a fin de destrabar esa situación engorrosa.

Los detalles

El proyecto de ley de juicio en ausencia, que está en revisión del presidente Macri en estas horas, prevé, entre otras cosas, que si el imputado de un caso aparece luego de un fallo puede apelar su condena. También fija garantías para su defensa y contempla la posibilidad de poder finalizar una investigación judicial con un fallo definitivo, más allá de que no esté presente el acusado del delito.

La idea central de la iniciativa es que se llegue a la verdad de los hechos, se sepa lo que ocurrió y se busque una reparación para las víctimas. También se establece en el proyecto que nadie puede ser juzgado si con carácter previo no ha sido efectivamente citado en tiempo hábil que le permita comparecer y preparar su defensa; que la citación ha de precisar las consecuencias de la incomparecencia; que la sentencia dictada en ausencia debe serle notificada al inculpado, y que se permita al condenado impugnar la sentencia a través de todos los recursos que fueren procedentes.

El ministro Garavano y Cimadevilla recibieron a representantes de la comunidad judía para hablar sobre este proyecto de ley y hay sectores de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA que pusieron serios reparos (ver aparte). No obstante, desde el Ministerio de Justicia el proyecto fue consensuado con varias universidades nacionales y expertos en este tipo de jurisprudencia.

El martes próximo llegará al país, en visita oficial, el presidente de la Corte Penal Internacional de La Haya, el juez surcoreano Sang-Hyun Song, con quien se buscará darle un respaldo mayor al proyecto de juicio en ausencia.

Sucede que la Corte Penal Internacional avala esta jurisprudencia a nivel mundial, ya que, entiende, respeta las garantías de un debido proceso con la intención de concluir una investigación. En Italia, por ejemplo, en los años 90 se llevó adelante el juicio en ausencia del criminal nazi Erich Priebke, que estaba recluido en la Argentina y que finalmente fue deportado a Roma. Algo similar ocurrió con Francia, donde se realizó un juicio en ausencia al represor de la dictadura militar argentina Alfredo Astiz por el asesinato de dos monjas francesas, Léonie Henriette Duquet y Alice Domon, en 1977.

Desde el punto de vista político, en el Gobierno aseguran que el proyecto de ley de juicio en ausencia ampliado contará con el visto bueno de varios referentes de la oposición, ya que no estará sujeto solamente al tema de la causa AMIA, sino también a otros delitos de carácter transnacional.

De hecho, se sabe que hubo una ronda de consultas del Ministerio de Justicia con referentes del PJ no kirchnerista, el socialismo y el Frente Renovador por este tema y hubo buena predisposición en todos los casos.

En su momento, la ex diputada de Pro y actual titular de la Oficina Antocorrupción Laura Alonso defendió a rajatabla este proyecto de ley, al sostener que "muchas veces la parálisis de una causa no se ha debido a la inacción ni a los fatales y maliciosos errores de la justicia argentina, sino al producto de la nula cooperación que Irán ha prestado en el proceso encubriendo a los acusados de la causa AMIA".

Advertencias de Garavano

El ministro de Justicia, Germán Garavano, advirtió ayer sobre la importancia de la "rápida y efectiva reacción del Estado" para hacer frente a los delitos y manifestó que "no importa el tiempo de la condena, sino que se condene" a los responsables.

"Lo importante para hacer frente al delito, más allá del monto de las penas, tiene que ver con la rápida y efectiva reacción del Estado", expresó el ministro de Justicia a Radio Mitre. Además, al evaluar el avance de la inseguridad y del funcionamiento de la Justicia, Garavano sostuvo que "no importa tanto a cuánto lo condeno [a un ladrón], sino que lo condeno", y dijo que "no importa tanto cuánto esté en la cárcel, sino que lo identifico y lo detengo" al responsable de un delito. "El objetivo del Estado debiera ser desbaratarlos y detenerlos lo antes posible. Eso es más importante que el monto de la condena", advirtió el ministro de Justicia sobre el avance de la inseguridad en el país. Por otra parte, Garavano afirmó que "sólo llega a juicio menos del 3% de los casos, lo que es muy poco".

Del editor: ¿qué significa? El Gobierno hizo de la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales una de sus banderas; la causa AMIA le permite avanzar en esa vía.

Reemplazarán la flota oficial con ocho aviones alquilados

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
También contratarán dos helicópteros; la licitación es por 36 millones de pesos

A las ocho de la mañana del 29 de abril pasado, Mauricio Macri abordó el avión que lo llevó junto con su comitiva a Tucumán, donde anunció el plan de agua y cloacas del Gobierno. Uno de los más entusiasmados era el secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, principal gestor de la iniciativa. Un comentario del Presidente le puso puntos suspensivos a su algarabía: "Esto no me da ninguna seguridad", le dijo.

No se refería al millonario proyecto de infraestructura, sino a la aeronave que los transportaba: un equipo de la Fuerza Aérea afectado a la flota presidencial. Macri se ubicó en su asiento y no volvió a hablar del tema. Chaín se quedó pensando.

La breve escena muestra que la preocupación por los traslados presidenciales alcanza hasta al propio Macri. Para poner fin a esa incertidumbre, el Gobierno alquilará una numerosa flota privada. La Secretaría General de la Presidencia, que maneja Fernando De Andreis, lanzó en agosto una licitación para contratar el servicio de transporte aéreo doméstico e internacional de Macri y de su comitiva durante 12 meses, con opción a extender ese requerimiento por otro período idéntico o menor.

El requerimiento es amplio. Les exige a las empresas que tengan naves disponibles para cubrir en el período de un año una distancia de 204.000 kilómetros en aviones (el equivalente a más de 18 viajes a Roma, por ejemplo) y 150 horas de vuelo en helicóptero.

También es muy preciso. La Secretaría General les pidió a las compañías interesadas que coticen el alquiler de cuatro jets, cuatro aviones turbohélices y dos helicópteros. En el caso de los primeros, con asientos VIP tanto para vuelos nacionales como internacionales. Además, deberán agregar un presupuesto para el pernocte nacional e internacional.

El Gobierno estima que los traslados presidenciales por el lapso de un año demandarán un presupuesto de 36.393.811 pesos, es decir, unos 2,41 millones de dólares.

Siempre en dólares

La cotización debe ser en dólares, pero los pagos se harán en pesos tomando en cuenta la cotización del dólar vendedor del Banco Nación al día anterior.

Fuentes privadas de trato habitual con la Casa Rosada explican la búsqueda de proveedores privados por el desgaste que tuvieron durante la gestión kirchnerista las aeronaves afectadas al traslado de los primeros mandatarios y otros usos. En cuanto a la flota presidencial, la reparación del emblemático Tango 01, que se compró durante la administración de Carlos Menem, requiere un desembolso de unos 20 millones de dólares, un número que la actual gestión no está dispuesta a utilizar a tales efectos. Se rematará entonces a fines de año junto con el Tango 04, que fue adquirido por la ex presidenta Cristina Kirchner.

Mientras tanto, el Tango 02, que tuvo problemas en un vuelo reciente que Macri emprendió desde Córdoba hasta Buenos Aires, también quedó desafectado, al igual que tres helicópteros Sikorsky. El estado precario de los aviones de la Fuerza Aérea destinados a los traslados del Presidente también relegó esa opción.

A pedido de Presidencia de la Nación, las aeronaves que trasladen a Macri no podrán tener una antigüedad superior a los 20 años. Además, los jets tendrán que alcanzar una velocidad mínima de 800 kilómetros por hora y de 400 kilómetros para los turbohélice. Los helicópteros, en tanto, tendrán que andar a un mínimo de 190 o 240 kilómetros por hora, según cada caso.

Las empresas, además, dice el texto de la licitación, deberán presentar planes de contingencia "en caso de situaciones que puedan causar demora o interrupción en la prestación del servicio", aceptar los controles previos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Casa Militar o la Dirección General de Logística y estar preparadas para tomar un pedido presidencial con una antelación mínima de tres horas previas a la salida del vuelo.

En todos los casos se utilizará la modalidad de orden de compra abierta, por lo que los servicios se podrán utilizar pagando el precio cotizado, pero sin la necesidad de emplearlos en su totalidad.

Fuentes del mercado aeronáutico explicaron a LA NACION que la cifra, si bien se calcula en millones, está dentro de lo previsto para los servicios que requiere para el próximo año la Casa Rosada. Y pusieron como ejemplo el mayor gasto de Cristina Kirchner, que en ocasiones usaba más de dos vuelos por fin de semana para trasladarse desde Buenos Aires hasta El Calafate ella misma, a su entorno y a los diarios del fin de semana.

Candidatos

Hasta ahora, la única oferente es la empresa Únicos Air, de Diego Martín Colunga Campo y David Rubén Yacobiti, que ya le prestó servicios a Pro antes de que Macri ganara las elecciones y es proveedor del gobierno porteño. En forma paralela, el Gobierno continúa en la búsqueda de un avión de largo alcance con aproximadamente 15 asientos. Según los números que maneja la Casa Rosada, una nave de este tipo costaría unos 40 millones de dólares.

A pesar de que la decisión está tomada, una fuente de contacto directo con el Presidente sostuvo que no se trata de una operación sencilla, por lo que podría demorar un tiempo que no se acopla a las necesidades de la agenda presidencial.

Con la colaboración de Romina Colman, del equipo de LNData

Avanza un proyecto para construir un viaducto del Belgrano Sur en Barracas (II)

LPO - Larreta había presentado un proyecto para expropiar tierras donde construirían el viaducto.
Este miércoles, se realizó una reunión conjunta entre las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria se reunieron este mediodía para tratar el proyecto de ley presentado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para que se autorice la expropiación de predios para la construcción de un viaducto elevado del Ferrocarril Belgrano Sur.

El Secretario de Planificación de Transporte de la Nación, Germán Bussi, explicó el proyecto de Ley. Entre los puntos más importantes, destacó que buscan promover acciones conjuntas para el desarrollo del modo ferroviario a partir del entendimiento de la regulación del transporte ferroviario corresponde a un quehacer de políticas concurrentes entre ambas jurisdicciones.

La obra del viaducto del Ferrocarril se localiza en el sur de la Ciudad y tiene una extensión de 5,6 kilometros, con lo cual implica la construcción de dos estaciones elevadas cercanas a las estaciones actuales: Sáenz y Buenos Aires, además de una nueva ubicada en un sector de la playa ferroviaria de Constitución. Por otro lado, el Ejecutivo prevé la construcción de un andén provisorio del lado oeste de la Avenida Sáenz para que mientras se construya el viaducto, cumpla las funciones de cabecera temporal de la linea.

Según explicó Bussi, la llegada a la Estación Constitución evitará el trasbordo a líneas de colectivos en la Estación Sáenz o la realización de dos etapas en subterráneo para todos los usuarios del Ferrocarril Belgrano Sur con destino al Área Central, optimizándose por consiguiente el uso de la actual línea C potenciada y el Corredor Metrobus de la Avenida 9 de Julio.

Otro punto a destacar del viaducto es que permite la existencia de más de una decena de pasos viales seguros, considerando que se eliminarán los ocho pasos a nivel vigentes que, según consta en las estadísticas de la Comisión Nación de la Regulación del Transporte (CNRT), presentan un promedio de cuatro arrollamientos de personas y cinco colisiones de vehículos por año. Asimismo, estos pasos contribuirán a la fluidez del tránsito, especialmente por la eliminación del cruce a nivel crítico de las avenidas Sáenz y Amancio Alcorta.

Por último, dado que por medio del viaducto se vincula a ambos márgenes de la vía ferroviaria, la presencia de éste permite la continuidad de la red vial local, facilitando la integración barrial.