miércoles, 28 de septiembre de 2016

La inseguridad y la hipocresía

Resultado de imagen para policía federal muertos + argentinaEditorial del diario La Nación
La revalorización del papel de la policía requiere no sólo apartar a los efectivos que delinquen, sino también capacitarlos, equiparlos y reconocerlos.


El derecho a la vida y la integridad física de las personas, sin olvidar el respeto por sus bienes, se hallan en el país en medio de la mayor crisis que se recuerde. Hay que preguntarse cuál es el precio, y por cuánto tiempo habremos de pagarlo, por la prevalencia de formulaciones irresponsables e hipócritas que han establecido que puede haber delitos sin sanción condigna con su gravedad.

El correlato del efecto de esas teorías se encuentra en la educación pública cohibida para reprobar a los que no estudian, con maestros y autoridades escolares sujetos a la vindicta de padres que han perdido los valores culturales de consideración hacia la docencia que se inculcaban en las generaciones del pasado. Las manos que se alzan contra médicos y enfermeras en hospitales públicos, por cualquier contrariedad en la asistencia de pacientes, es parte del mismo cuadro de descomposición social.

El número de crímenes que la prensa informa diariamente y el grado de barbarie con los cuales suelen cometerse urgen a un acto colectivo de reflexión y consecuentes decisiones por parte del Poder Ejecutivo, del Congreso y de las autoridades de las provincias más desbordadas por el delito y la violencia. El domingo último, una nota televisada de investigación periodística sobre el narcotráfico y la complicidad, cuando no la dirección de elementos policiales, desnudó con dramatismo la gravedad del cuadro en que se halla inmerso el territorio más poblado del país.

Sería, sin embargo, una insensatez confundir las instituciones policiales y de seguridad con los elementos ruines que las integran. Para éstos no cabe otro camino que el de la separación de las filas de esos cuerpos del Estado y las otras sanciones que cuadren según la ley. No es posible en las actuales circunstancias, derivadas de un cúmulo de causales, entre las cuales ocupa un lugar no menor el mal entendido "garantismo" en materia penal, andar con medias tintas: está comprometido el deber esencial del Estado de proteger en vida, integridad y bienes a quienes habitan el territorio de su jurisdicción. Esa gravísima preocupación debe comenzar por el cuidado de los cuadros policiales y de seguridad. No es un hecho más la muerte de un agente que cae o que es herido en cumplimiento de su deber.

Recientemente, la carta de un lector de LA NACION puso el dedo en esta llaga al narrar que un policía enfrentó a dos asaltantes en un autoservicio, abatiendo a uno de ellos, pero al salir para perseguir al otro fue sorprendido por el que hacía de campana y cayó muerto. "¿Qué sería del policía si no hubiera muerto? ¿Tendría algún ascenso o estaría preso por exceso en su defensa?", se preguntó el lector.

En la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires han muerto 21 efectivos de las policías Federal, Metropolitana y bonaerense entre enero y agosto del corriente año. De los 21, 18 fueron abatidos en el conurbano.

Es correcto que se señalen para su exposición pública los casos de "gatillo fácil", pero no puede haber al mismo tiempo un débil eco social frente a las bajas de quienes tienen por actividad específica la protección de los habitantes. La sociedad, y la Justicia en particular, deben revalorizar el papel de las fuerzas encargadas de nuestra protección. En los municipios de Lanús y Quilmes parecería haberse comprendido la necesidad de un cambio de actitudes al instituirse distinciones por actitudes heroicas en servicio.

Recientemente, una auditoría que llevó a cabo el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires mostró que la tercera parte de los policías bonaerenses no se encuentra en condiciones de patrullar las calles y que uno de cada tres que realizan esas patrullas no está capacitado para llevar a cabo esa función.

Si entra en las filas policiales sólo gente que, por sus condiciones, no encuentra trabajo en otras partes, estaremos siempre mal, a no dudarlo. Una buena policía es inalcanzable como objetivo si no se parte de políticas de reclutamiento serias, profesionales, dotadas de los recursos que permitan la incorporación de los mejores entre quienes aspiren por vocación a entrar en el servicio policial. A partir de allí, la capacitación del personal debe realizarse de manera continua, y con creciente exigencia, para que se pueda acceder a cargos superiores. Corresponde, desde luego, que los recursos en armas y transportes sean eficientes y, cuando menos, de mayor utilidad que aquellos de los que dispone la delincuencia.

En varias ocasiones, el policía que se vio obligado a matar o herir a un delincuente es víctima, a veces junto con su familia, de las amenazas de los cómplices. Se ha reparado muy poco en la indefensión de los policías en momentos en que el crimen organizado y sus bandas poderosas avanzan día tras día entre nosotros. Capacitación y pertrechos, pero también confianza, respeto y apoyo explícito, harán más eficaces a las fuerzas del orden, además de la aplicación sin complejos de la legislación apropiada para conjurar el actual estado de cosas.

Los municipios ya no construirán viviendas

Resultado de imagen para Los municipios ya no construirán viviendasPor Diego Cabot - LA NACION
La provincia de Buenos Aires volverá a manejar fondos que tenían los intendentes.

Gran parte del ovillo político que se tejió en torno de las viviendas sociales se empezará a clarificar por estos días. Seguramente la semana próxima habrá un anuncio en la provincia de Buenos Aires. Todas aquellas licencias para construir y controlar obras que tuvieron los intendentes en los años de oro del kirchnerismo volverán a la órbita de la gobernación bonaerense.

El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, serán los encargados de anunciar la modificación del sistema de construcción de viviendas sociales que reinó en los últimos años.

La medida es simple pero cambia la manera en que se relacionará el poder a través de la entrega de viviendas. El dinero, como siempre, lo mandará la Nación a las cuentas de la provincia. Y desde allí se destinará a obras y viviendas, siempre supervisado por una unidad que fiscalizará y controlará. Así los municipios pasarán de actores principales al lugar de espectadores privilegiados.

Desde hace al menos una década, los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner cambiaron la manera de repartir los fondos para casas destinadas a los sectores de menos recursos. Históricamente, el dinero y la potestad se entregaban a los gobernadores que a través de los institutos de viviendas distritales asignaban el Fondo Nacional de Viviendas (Fonavi). Pero después de un acuerdo federal que se firmó en 2004, los gobernadores entregaron gran parte de las facultades de reparto a la Nación.

Y entonces llegó la discrecionalidad. Primero fue la construcción de la transversalidad mediante la que el kirchnerismo salió a buscar gobernadores encantados con el menú que ofrecía la Nación.

La vivienda fue, en ese momento, una de las herramientas de persuasión. Luego, la dupla que formaban el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el secretario de Obras Públicas José López apuntó mejor. Ya no bastaba con premiar a ciertos gobernadores y castigar a otros, sino que se enfocó en los intendentes. Así las cosas, se arreglaba directamente con los jefes comunales y se pasaba por encima de los estructuras de los jefes provinciales.

Epicentro en Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires fue, quizá, el epicentro de esta forma de construir puentes por encima del entonces gobernador Daniel Scioli. Por esos días, la aceptación tácita con la que el ex motonauta aceptaba los designios de la casa Rosada permitió que la situación llegara a niveles extremos.

Tal fue el sistema que se dio que el Fonavi, un fondo que se recolecta con un porcentaje del precio de los combustibles y que debe aplicarse a la construcción de viviendas, se utilizaba para gastos corrientes. Es decir, como la Nación dejaba afuera a la provincia del reparto de fondos federales para construir viviendas, Scioli tomaba aquel dinero para pagar los gastos de administración de la provincia.

La situación llegó al extremo ya que en decenas de municipios quedaron verdaderos esqueletos de barrios sociales que jamás se terminaron. En parte por la desactualización de los precios, pero también por las complicidades municipales y la corrupción.

Vidal y Frigerio decidieron deshacer aquella operatoria más asociada a la política que a la eficiencia en la construcción. La Nación enviará fondos a la provincia y serán sus organismos los que repartan, controlen y fiscalicen.

La idea que los funcionarios tienen en mente es tratar de acelerar la construcción de viviendas, actualizar los precios de lo que quedó paralizado por la corrosión de la inflación y terminar lo inconcluso.

martes, 27 de septiembre de 2016

Sistema de combate integrado Jeyur (Colombia)


Resultado de imagen para sistema JEYURJEYUR es un sistema automático de defensa y combate que sirve para proteger a los operadores que maniobran las armas en los combates fluviales.

Permite operar desde una cabina adentro de la unidad a control remoto, una consola donde el operador visualiza la amenaza, efectúa la medición de distancia y controla totalmente el montaje del arma automatizada (cargue, puntería y disparo) con capacidad de vigilancia diurna y nocturna.



Cuenta con una importante cantidad de munición disponible para repeler ataques, minimizando los tiempos de exposición de la tripulación al fuego enemigo, mejorando la utilización táctica de las armas y la efectividad de las mismas.


El sistema JEYUR está diseñado también para crear impacto psicológico sobre el enemigo porque no va a poder dispararle a ningún objetivo humano. 

Permite operar armamento ametralladoras Browning 12,7 mm, lanzagranadas tipo MGL de 40 mm y portamorteros de 88 mm.


El sistema JEYUR se ha instalado en la totalidad de embarcaciones fluviales de la Armada de Colombia, incluso en remolcadores de convoy.

Destructores Misilísticos Clase Cassard (Francia)

La destructores misilísticos clase Cassard son clasificados por la marina francesa como fragatas antiaéreas. Serán dados de baja próximamente.
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Las dos unidades de la clase Cassard, Cassard y Jean Bart fueron construidos en el diseño del casco de la Clase Georges Leygues, pero poseen propulsión diesel en lugar de CODOG diesel combinado con propulsión de turbina a gas. Tienen armamento completamente diferente, y son denominados en la marina francesa como fragatas antiaéreas. Para este papel están equipados con 40 misiles superficie-aire de largo alcance SM 1MR Standard con accesoriamente de capacidad antibuque.

Disparado desde un único lanzador Mk 13, los misiles guiados semiactivos pueden interceptar objetivos a altitudes de hasta 18.300 metros, hasta una distancia máxima de 46 km a una velocidad de Mach 2. Su principal arma antibuque es el MM40 Exocet, Asimismo tienen capacidad para portar un helicóptero AS 565MA Panther, con función de orientación de los SSMs. El Cassard y Jean Bart se mantendrá en servicio hasta 2013 y 2015, respectivamente.
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Especificaciones:
Entrada en servicio 1988
Tripulación 244 hombres
Longitud 139 m
Manga 14 m
Calado 6,5 m
Desplazamiento, a plena carga de 5000 toneladas
Propulsión y velocidad
Velocidad 29 nudos
Alcance de 15200 km a 18 nudos, 8900 a 24 nudos
Motores diesel de 4 x SEMT-Pialstick V280 (43 200 hp)
1 x helicópteros Panther AS 565MA
Armamento: Artillería 1 x cañón 100mm, 2 x 20-mm cañones Oerlikon
Misiles: 8 x MM.40 misiles SSM Exocet, un Mk.13 Mod. 5 lanzadores de 40 SAM SM-1MR Standard, 2 x lanzadores séxtuple Matra Sadral

Industrial Naval: En busca de una nueva mentalidad

Industrial Naval: En busca de una nueva mentalidadPor  EL CRONISTA
La Argentina posee una enorme plataforma fluvial y marítima, con provincias alejadas de centros portuarios, pero sin embargo el transporte se realiza por camión.

La industria naval tiene hoy alrededor de doce unidades productivas para hacer frente a las demandas de buques de la Argentina. Podemos hacer remolcadores, barcos para el Inidep, YPF, Prefectura, Armada y Gendarmería. Estas unidades no se hacen por falta de planificación adecuada pero fundamentalmente por una errónea mirada que los distintos gobiernos han asumido hacia el sector.

Esto es determinante a la hora de la definición de una estrategia económica y modelo de desarrollo. Nuestro país necesita inexorablemente cambiar esta posición ideológica y apuntar a uno de los corazones del problema, cual es el del desarrollo logístico". Con esta frase, Juan Speroni, secretario general del Sindicato de Obreros Navales (Saon), dejó en claro cuál es la visión desde el campo laboral.

A juicio de Speroni, "la Argentina posee una enorme plataforma fluvial y marítima, con provincias alejadas de centros portuarios, pero sin embargo el transporte es el camión. Para enderezar esta locura se tendría que estar pensando en el diseño ferroviario que confluya a los puertos. Es indispensable que las autoridades actuales resuelvan esta situación vital para consolidar un proyecto donde se puede capitalizar el flete que pierde nuestro país tomando como tema central la bandera nacional en los buques de la marina mercante y la construcción de unidades en los astilleros nacionales. Hoy existe un déficit en términos logísticos y de transporte, sin lugar a duda la etapa actual requiere esencialmente la definición de políticas en el sector con la mirada histórica y presente de consolidar una industria naval, una marina mercante al servicio de la optimización de los costos de la producción nacional".

Desde el Saon destacaron las recientes botaduras de un pesquero en el astillero Contessi, dos remolcadores en Unidelta, y otro de Servicios Portuarios Integrados (SPI), más la construcción de barcazas para transportes de combustibles tanto en Campana como en el astillero de Villa Gobernador Gálvez Provincia de Santa Fe".

Matriz productiva

"Sobre esta matriz productiva recuperada, lo que hay que mostrar es la estrategia productiva que tiene que ver con instrumentos que le hacen falta al sector como el financiamiento. No puede ser que en la costa atlántica sigan operando buques con más de 25 o 35 años de antigüedad y que la renovación sea vía importación sin tener la visión que hoy la industria naval puede suplantar esas unidades que vienen desde el exterior. Tenemos que ir a un sistema que combine las posibilidades reales que tienen la industria de poder construir en términos de su capacidad y marchar fundamentalmente a una asociación con el estado que es un gran armador, porque la Armada o Prefectura deben renovar y actualizar su flota", dijo a Transport & Cargo Juan Speroni.

Según el gremialista, "Argentina tiene un problema real que son los costos de producción. Es necesario ir a una reforma tributaria progresiva y encaminar una verdadera transformación logística donde trenes, puertos y navegación sean la herramienta competitiva real para bajar los costos. La industria naval argentina supo consolidar un proceso de matriz productiva en los astilleros y talleres navales recuperando mano de obra altamente calificada.

Técnicos e ingenieros navales se encuentran en capacidad de dar respuesta a la construcción de unidades en forma competitiva. De no tomarse decisiones urgentes, este sector va a entrar sin duda en un estado de falta de trabajo y los trabajadores sabemos que eso significa desempleo. Esto sería un crimen y una injusticia, teniendo en cuenta lo que ha costado a empresarios, trabajadores y técnicos profesionales recuperar la industria naval, y más aun teniendo el escenario para poder trabajar a pleno triplicando el empleo. Solo hace falta la materialización de la decisión política en nuestro sector".

En 2017, el Gobierno recortará en un 30% los subsidios a Aerolíneas

En 2017, el Gobierno recortará en un 30% los subsidios a AerolíneasPor DAVID CAYÓN - Cronista.com
El Presupuesto destina $ 3000 millones para la aérea marcando una caída respecto de los $ 4223 millones de 2016. Si se suma la suba de costos, la merma real de los subsidios es mayor.

El grupo de empresas que comanda Isela Costantini deberá seguir ajustando. Luego de un año en donde la ex titular de General Motors tuvo que aplicar un plan que implicó la caída de algunas rutas internacionales, frecuencias y reacomodamientos de los vuelos de cabotaje, el gobierno nacional especificó que Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur, y a sus empresas controladas (Jet Paq S.A., Aerohandling S.A. y Optar S.A.) recibirá un 30% menos de los fondos que tuvo para operar este año.

Así se desprende del Presupuesto 2017 para el Ministerio de Transporte que forma parte del Presupuesto Nacional y que por estos días está siendo analizado en el Congreso de la Nación, en donde la administración central explica que prevé una erogación de $ 3000 millones, lo que significa una caída de poco más de 28% respecto de los $ 4223 millones que se le asignó a la aerolínea de bandera para este año.

La caída en los fondos que recibirá es aún mayor si se tiene en cuenta que Aerolíneas Argentinas obtendrá pesos pero que la mayoría de los costos que tiene que afrontar son en dólares, y en lo que se refiere a la cotización de la moneda nacional la ley de leyes enviada al parlamento prevé para el 2017 una devaluación de 20 por ciento.

Además, a esto habría sumarle los costos que tiene que pagar en pesos –los salarios– van a sufrir el impacto de la inflación, que aunque el Gobierno estima que estará en 17% en el sector privado nadie hace una previsión por abajo de 20 por ciento.

A la hora de defender esta caída en los recursos desde el oficialismo señalan que forma parte del programa para que Aerolíneas Argentinas alcance la meta de déficit cero en el transcurso de cuatro años. Pero, la pregunta que surge luego del ajuste que se realizó este año que significó una merma de 60% de los recursos respecto de 2015 y que la línea aérea de bandera dejara de volar a Auckland (Nueva Zelanda), Sidney (Australia) y La Habana (Cuba), es cómo van a enfrentar esta merma en los recursos.

En el entorno de Costantini reconocen que el recorte los coloca "en un target muy exigente" y que apuntan a realizar un refinanciamiento de la deuda, lanzar un agresivo plan comercial, mejorar la eficiencia de las rutas, ahorrar costos y potenciar el negocio de cargas. Por ahora niegan la posibilidad de una reestructuración en las rutas.

Uno de los problemas que reconocen que deberán afrontar para poder llevar adelante son los conflictos sindicales, y ponen como ejemplo el costo que significó el paro de 24 horas de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que dejó sin volar a 18.000 pasajeros y, según la empresa, generó una pérdida superior a los u$s 5 millones. Y el que enfrentan por estos días donde, aseguran, hay un "quite de colaboración que significa que se cayeron dos vuelos a Miami, uno a Cancún y otro a Madrid; y tuvimos que alquilar un charter, contratar un avión y tenemos pasajeros varados en algunos destinos".

En este contexto, las autoridades de la compañía están en conversaciones con Transporte para obtener más recursos con el fin de alcanzar las metas para este año.

El Estado vende 33 bienes en el país y en el exterior

La residencia del embajador argentino en EE.UU.
Por Diego Yañez Martínez - LA NACION

El Gobierno se desprenderá de varias propiedades, como las residencias de los embajadores en EE.UU. y Brasil.

La residencia del embajador argentino en EE.UU.. Foto: Archivo 
El Gobierno autorizó ayer a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a poner en venta 33 terrenos e inmuebles, ocho de los cuales se encuentran en el extranjero. La lista abarca desde una construcción abandonada en La Boca hasta la residencia oficial de la embajada argentina en los Estados Unidos, que está cerrada desde hace seis años debido al deterioro del edificio.

Las escaleras, el piso del depósito y la falta de matenimiento de la cocina son sólo algunos de los ejemplos que ilustran el mal estado de la residencia en Washington, ubicada en el 1815 de la calle Northwest, a escasos metros de la embajada. El costo sólo de las refacciones para su puesta a punto está valuado en cuatro millones de dólares. Lo llamativo es que el Estado abona anualmente, en simultáneo, 135.000 dólares de alquiler por la actual residencia de Martín Lousteau.

El edificio, de 1908 m2, está valuado en 10 millones de dólares. A pesar de que está en desuso, el Estado debe seguir afrontando 60.000 dólares anuales de gastos relativos a los impuestos y al mantenimiento. Aquello se contradice -argumentan desde el Gobierno- con un uso racional y eficiente de los bienes del Estado. "Con el resultado de la venta, está previsto destinar parte de los fondos para adquirir propiedades acordes con la realidad del país y a los fines que resulten adecuados para la prestación de los servicios. Con esto se deja de gastar, pero no nos descapitalizamos", sostuvieron en el Gobierno. La desidia en el mantenimiento de la residencia en Estados Unidos no es un caso aislado. El Estado nacional cuenta con aproximadamente 80.000 inmuebles en el país y en el extranjero, entre los que existen terrenos baldíos, oficinas abandonadas, campos, departamentos, cocheras y edificios.

Otras ventas

El Gobierno también autorizó la venta de la residencia del embajador argentino en Brasil, cercana al aeropuerto de Brasilia. Al tomar mayor actividad el aeropuerto, en 2012 el entonces embajador decidió de manera unilateral que ése no era un lugar habitable.Esa propiedad hoy necesita varios arreglos. La refacción y la puesta en valor costarían unos $ 2 millones de dólares y desde la AABE aclararon que el Estado no tiene plata para refaccionar propiedades que no usa.

En tanto, hace cuatro años que el Estado alquila una residencia para el embajador que tiene un costo de 240.000 dólares por año. "Hasta 2016, son casi un millón de dólares en gastos. Con la propiedad que se vende se puede comprar una residencia en una zona más acorde y por un menor precio", se informó.

El edificio anexo a la embajada argentina en Estados Unidos, ubicado en la calle Northwest 1811; un estacionamiento sin uso de 172 metros cuadrados también en Washington; las oficinas administrativas de la embajada argentina en Colombia (avenida 40 y carrera 13 N 39); un inmueble que fue asignado al uso del Ministerio de Defensa en Washington; el ex Centro Cultural 19 de Abril y un lote desocupado desde hace 15 años, ambos en Uruguay, completan la nómina de las propiedades en el exterior de las que busca desprenderse el Estado.

Deterioro y predios sin uso

Las residencias de los embajadores en EE.UU. y en Brasil necesitan inversiones millonarias para ponerlas en valor y el Estado prefiere venderlas. La venta en el exterior incluye también el anexo a la embajada de la Argentina en Washington -un estacionamiento de 172 metros cuadrados-, las oficinas administrativas de la embajada argentina en Colombia y dos propiedades en Uruguay, entre otros
En tanto, el Estado venderá 25 bienes que están dentro del país

El Gobierno presenta su plan para "producir más sin ajustar salarios"

Por Francisco Jueguen - LA NACION
Cabrera y Triaca lo mostrarán en la UIA; está centrado en la productividad y en la competitividad; plantea reformas impositivas y laborales, e impulsa la energía nuclear.
El economista Ariel Coremberg afirma que la productividad local está por debajo de la de 1998 e incluso a niveles de 1974. Su colega José Luis Espert dice que esa variable está en un piso similar al que se registraba tras la Segunda Guerra. No es una discusión académica. Estará hoy más que nunca en el centro de la escena.

El Plan Productivo Argentino (PPA), que el Gobierno presentará hoy a la Unión Industrial Argentina (UIA), tiene un objetivo: sacarles el máximo jugo al capital, el trabajo y a los insumos para aumentar la producción y volver a la Argentina un país competitivo gracias al aumento de las exportaciones y de las inversiones. Esta meta debe lograrse sin perjudicar el salario. Se trata de un cambio estructural de modelo, inspirado en la transformación que vivió Australia en los 90.

El PPA, al que accedió LA NACION, no sólo plantea ocho ejes, sino que adelanta algunas medidas y planes nacionales. Los ejes son: 1) bajar el costo de capital; 2) potenciar el capital humano para favorecer la productividad laboral; 3) mejorar la infraestructura y la provisión de energía; 4) alentar la innovación, nuevos procesos y la adopción de tecnología; 5) lograr equidad y eficiencia fiscal; 6) fortalecer la defensa a la competencia y transparencia; 7) impulsar las negociaciones internacionales y fomentar las exportaciones; 8) impulsar la creación de empresas y el espíritu emprendedor por medio de la desregulación y la facilitación burocrática.

Según la hoja de ruta oficial, para el eje 3 -por ejemplo- ya se implementa el Plan Nacional de Transporte y Mejora Logística, cuyas metas son aumentar la capacidad del transporte de cargas de 435 millones de toneladas a 600 millones; triplicar el peso del transporte ferroviario y rehabilitar 6000 km de vías; multiplicar por seis el peso del transporte fluvio-marítimo o duplicar la cantidad de pasajeros de cabotaje en el transporte aéreo. El plan a cargo de Transporte espera hacer 2800 km de autovías nuevas. Para eso buscarán inversiones por US$ 26.000 millones hasta 2019.

En ese mismo eje, también se destaca el Plan de Agua Potable. Su objetivo es el acceso a agua por red del 100% de la población urbana (hoy en 87%) y la incorporación de 8,2 millones de nuevos usuarios. Además se intentará que 8,9 millones de personas más accedan a cloacas en tres años. En cuanto a la Energía, el ministerio que conduce Juan José Aranguren buscará con el Plan Nacional de Energía "impulsar las inversiones en la infraestructura energética", un alza de 22.500 MW de potencia a 2025 "con renovables responsables del 20%" y una inversión en el sector nuclear hasta alcanzar 10% de la generación total.

En cuanto al eje 4, se impulsa el Plan Nacional de Innovación, con el que se pretende elevar la inversión en I+D a 1,5% del PBI, equilibrar inversión pública y privada, y fomentar la contratación de personal con maestrías y doctorados en las empresas.

Sobre el eje 1 -la baja del costo de capital-, se explicita el Plan Nacional de Financiamiento, a cargo de Alfonso Prat-Gay, Luis Caputo y Federico Sturzenegger con los cambios normativos y regulatorios (ya en proceso) y con el nacimiento de las UVI. Además está el Plan Nacional de Financiamiento Productivo a cargo de Pablo García (BICE) y Francisco Cabrera, en el que se mencionan proyectos como el de garantías ampliadas, scoring productivo, bancarización pyme y la inclusión financiera. Caputo se encargará del Plan de Desarrollo de Mercado de Capitales. La "visión" es: "Impulsar la creación de empleo con la baja del costo de financiamiento".

Jorge Triaca tendrá una de las tareas más complejas con el Plan Nacional de Modernización Laboral, que implica el nacimiento del "Servicio de Intermediación Laboral, el Plan de reducción de costos laborales (riesgo de trabajo, ausentismo y litigiosidad) y el plan nacional de prácticas profesionales". A esto se suma otro capítulo con el plan Primer Empleo, el Plan Nacional de Capacitación para el Trabajo, el Plan Nacional de Transformación Laboral, el Sistema de Educación Terciaria y el Sistema Nacional de Certificación de Habilidades. Todos, según el PPA, ya están en proceso. ¿Cuáles son las metas laborales? "Aumentar la estabilidad laboral de los jóvenes, fomentar la creación de empleo formal con nueva legislación y menores costos y adaptar los formatos de trabajo a las necesidades actuales".

El Plan de Servicio de Comunicaciones Móviles y Conectividad impulsa, en tanto, la convergencia, nuevos operadores virtuales ocupando el 10%-15% del mercado, una mayor velocidad y calidad del servicio ("abandono de 2G por 4G"), la baja del costo de comunicación y conectividad a empresas, y el desarrollo de la industria de apps.

También llegará la tan ansiada reforma tributaria, sobre gravámenes nacionales y federales, que buscará "eliminar impuestos distorsivos". Este último objetivo terminará "facilitando la producción de economías regionales y el movimiento de producción entre provincias". Además habrá una revisión de la carga impositiva, "generando incentivos para el aumento del tamaño de las empresas y fomentando el crecimiento empresarial".

Se buscará ubicar al país entre los 50 lugares del ránking Doing Business gracias a leyes de simplificación normativa para pymes, acceso al crédito y fomento de inversiones. El Gobierno buscará además expandir los acuerdos comerciales. con la UE, EE.UU., Canadá, Japón y Corea del Sur "para duplicar la cantidad de tratados".

Preocupa en el Gobierno el rojo fiscal de las cuentas provinciales

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay; el presidente de la Nación, Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos PeñaPor Jaime Rosemberg - LA NACION
Prat-Gay y Frigerio reciben hoy a ministros de Economía de las provincias; la Casa Rosada quiere avanzar hacia una nueva ley de responsabilidad fiscal; Santa Cruz, el distrito más complicado


El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay; el presidente de la Nación, Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña

Se hablará, claro, del proyecto de ley de presupuesto, y también de las reformas al impuesto a las ganancias que se proyectan para el año próximo. Pero el tema central que tratarán hoy los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Alfonso Prat-Gay (Hacienda) con los responsables de las economías provinciales será, por sobre todo, el equilibrio de las cuentas públicas, un tema que preocupa al Gobierno y que la Casa Rosada espera tener resuelto hacia el final de su mandato.

"No les vamos a pedir a las provincias lo que nosotros mismos no podemos cumplir. Pero la idea es avanzar juntos hacia la misma dirección y lograr el equilibrio hacia 2019", afirmaron a LA NACION fuentes de ambos ministerios, que hoy recibirán a los secretarios y ministros de Economía provinciales en el quinto piso del edificio que ocupa Prat-Gay.

En principio, la reunión será la continuidad de la llevada a cabo hace dos semanas en el contexto del revitalizado Consejo de Responsabilidad Fiscal, al que adhirieron la mayoría de las provincias (San Luis, La Pampa y la ciudad de Buenos Aires no forman parte, pero enviaron a sus ministros).

El objetivo, contaron desde el Gobierno, es "replantear" con las provincias la ley de responsabilidad fiscal, suspendida desde 2010 y que establece metas de endeudamiento, déficit fiscal y gasto, entre otros rubros. "La idea es coordinar una nueva ley con las provincias y actuar en consonancia en temas sensibles, como la calidad del gasto", afirmó a LA NACION Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con las Provincias, dependiente del Ministerio del Interior.

Hay, para el Gobierno, casos y casos. El más preocupante es, a todas luces, Santa Cruz, que acumula pedidos de adelantos financieros, rojo fiscal y desempleo creciente luego del corte abrupto de la obra pública financiada por el Estado nacional. "No vemos por dónde, en qué rubros va a estar la llave para que se recupere la economía de la provincia", afirmaron fuentes oficiales en relación con la situación que atraviesa la gobernadora Alicia Kirchner.

En el otro extremo, un grupo de seis provincias mantuvo sus cuentas en orden durante el año pasado. Cuatro de ellas (Santiago del Estero, San Luis, San Juan y Córdoba) son gobernadas por el peronismo en sus distintas vertientes. También tuvieron superávit la ciudad de Buenos Aires, con gobierno del propio Mauricio Macri, y Corrientes, donde el radical Ricardo Colombi encabeza un conglomerado de partidos.

Entre ambos extremos, un grupo nutrido de provincias tienen complicaciones financieras, pero cuentan con "herramientas" para lograr equilibrio fiscal en el corto plazo: son la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Chubut, Mendoza y Jujuy, entre otras.

Deuda en observación

El Gobierno observa además la emisión de deuda de ocho gobiernos provinciales por un total de US$ 5850 millones. A la cabeza están dos mandatarios de Pro: la bonaerense María Eugenia Vidal (US$ 2250 millones) y el porteño Horacio Rodríguez Larreta (US$ 890 millones). Córdoba, Chubut, Mendoza, Salta, Chaco y Neuquén integran ese grupo, al que se sumará Santa Fe en las próximas semanas, por un monto de alrededor de US$ 500 millones. En las últimas reuniones con gobernadores y funcionarios provinciales, el Gobierno dio vía libre al endeudamiento externo de las provincias "siempre que el dinero se use para obras de infraestructura y no para gastos corrientes".

El equilibrio en las cuentas, que el Gobierno ya anunció que no podrá cumplir en 2017, le hará lugar en el temario al debate por el presupuesto del año próximo. "Va a ser una discusión dura, y ya sabemos que alguna concesión vamos a tener que hacer", descontaban ayer en un despacho oficial; aclaraban que en ese presupuesto se prevé una suba del 31% en el envío de fondos a las provincias en concepto de coparticipación federal.

En lo que hace a la reforma del impuesto a las ganancias, el Gobierno intentará imponer su proyecto, que prevé una suba más moderada, por encima de los que proponen la CGT, Sergio Massa y Elisa Carrió, entre otros. La Casa Rosada también promoverá otra "buena noticia" para la clase media, con la suba de las escalas para el pago del monotributo.

Los distritos, según sus dificultades financieras

Con superávit

Un grupo de seis provincias mantuvo sus cuentas en orden en 2015. Cuatro de ellas son gobernadas por el PJ, en distintas vertientes: Santiago del Estero, San Luis, San Juan y Córdoba. También tuvieron superávit la ciudad de Buenos Aires y Corrientes

Rojo solucionable

Otro grupo nutrido de provincias tiene complicaciones financieras, pero cuenta con herramientas para lograr equilibrio fiscal en el corto plazo: son las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Chubut, Mendoza y Jujuy, entre otras

En problemas

En el Gobierno coinciden en que Santa Cruz es la provincia más endeudada y la más complicada en sus cuentas. "No vemos por dónde, en qué rubros va a estar la llave para que se recupere la economía de la provincia", comentaron en la Casa Rosada

Del editor: ¿qué significa? El desequilibrio de las cuentas públicas afecta a la Nación tanto como a las provincias; las necesidades políticas de 2017 entrarán en la ecuación.

lunes, 26 de septiembre de 2016

Plan anticrisis: el Gobierno quiere que casas, comercios e industrias generen su propia electricidad

(iProfesional.com) -  Provincias como Santa Fe, Neuquén, Salta, Mendoza y Misiones ya están impulsando iniciativas pero de manera limitada. El macrismo apuesta a extender el modelo a nivel nacional. El objetivo es que los excedentes se deriven a la red de suministro eléctrico
Un esquema que comenzó en Europa y, poco a poco, va tomando fuerza en Latinoamérica, está a un paso de convertirse en realidad en la Argentina. El Gobierno apuesta a que los usuarios residenciales, así como comercios e industrias, generen su propia energía eléctrica y que los excedentes puedan ser derivados a la red general de suministro. 

Para dar curso a esta iniciativa, que implica un verdadero cambio de paradigma, el oficialismo planea impulsar una ley que facilite a los hogares a contar con un sistema de energía renovable. 

Reglamentar una nueva normativa con esta índole es una de las prioridades del Poder Ejecutivo, sobre todo ahora que ya lanzó con éxito una licitación por 1.000 MW para la construcción de grandes centrales. De aprobarse el marco regulatorio, próximamente los argentinos podrán utilizar sistemas de energía solar fotovoltaica y otras fuentes limpias para auto consumo. Lo novedoso del plan es que las personas podrán vender los excedentes de energía eléctrica a las distribuidoras zonales con tarifas más interesantes que las que se manejan hoy en día. 

Puntapié inicial

Si bien para muchos podrá resultar una película de ciencia ficción, actualmente hay cinco provincias que están trabajando con un esquema similar, aunque a escala limitada: Santa Fe, Neuquén, Salta, Mendoza y Misiones.

Santa Fe había dado los primeros pasos pero, por la falta de estímulos, menos de diez usuarios se conectaron a la red hasta el momento.

En Salta se aprobó el régimen a principios de año y ya en julio se llevó a cabo la primera instalación de un equipo de energía renovable a red bajo la Ley 7.824 de Balance Neto. Se trata de un sistema fotovoltaico de 5,5 kWp en el edificio Terra Village, Complejo Parque Norte, emplazado en Salta capital. 

Otras provincias, como Córdoba, Entre Ríos, San Luis y Jujuy, esperan contar con el marco regulatorio antes de concluir 2016.

“Trabajaremos intensamente para que antes de fin de año se pueda tener la reglamentación”, confió Claudio Puértolas, director general de Desarrollo Energético de Córdoba. Sin embargo, el desafío del Gobierno nacional es extenderlo a todo el país pero con mayores estímulos financieros para ganar en escala. 

En lo que respecta a energías renovables, la geografía nacional fue tocada por la “varita mágica”: la región Norte presenta gran potencial para el desarrollo de la energía solar; Patagonia, Centro y Cuyo, eólica; Centro y Noreste, principalmente biomasa.

Aprovechar este gran recurso -aplicando las nuevas tecnologías- es la carta que se propone jugar el Ministerio de Energía y Minería, que dirige Juan José Aranguren.

Una vez en marcha, el usuario que obtenga sobrantes a través de un equipo de energía limpia en el hogar o en su empresa, estará habilitado para despacharla a la distribuidora.  Aunque todavía es tema de discusión el valor del kilowatt, el interés oficial es que el importe recibido sea lo suficientemente atractivo como para promover este tipo de iniciativas. 

En definitiva, el objetivo es que la inversión en paneles o aerogeneradores de baja potencia se pueda recuperar en un plazo menor a los cinco años, motorizando la industria local y el desarrollo de las economías regionales.

Según informan los proveedores locales, los módulos de energía solar capaces de suministrar a una vivienda con demanda tipo cuestan actualmente cerca de $90.000. Esta cuenta incluye las baterías para acumulación que permiten el funcionamiento de los artefactos y electrodomésticos durante la noche. A valores de hoy, por el nivel de subsidios del Estado Nacional que todavía están impactan en la factura de electricidad convencional, todavía no es atractivo el uso de estas tecnologías.

¿De qué manera se podría seducir a los usuarios? El sistema que busca impulsar el Gobierno a nivel nacional apunta a evitar la adquisición de las costosas baterías. Es decir, se buscará que los consumidores puedan inyectar a la red aquella energía que no están utilizando, principalmente durante el día. Cuando la compra de energía a la distribuidora es mayor a la entregada a la red, entonces se pagaría sólo la diferencia. 

Más interés del arco político

El tema empezó a ocupar un rol central en la agenda de los funcionarios y legisladores.
Tal es así que este año la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados inauguró la sesión analizando diez proyectos de ley que proponen estimular las energías renovables. Fue inédito y sorprendió hasta a los propios industriales del sector.

El ambientalista Juan Carlos Villalonga, ex Greenpeace y devenido en Diputado por el PRO de Capital Federal, indicó que “la normativa necesaria a nivel nacional está atrasada respecto de lo que pasa en las provincias”. No obstante, el legislador que presentó un proyecto proponiendo su regulación celebró el hecho de que ya “figura dentro del paquete de medidas que deberían tratarse este año”. A priori, el Gobierno está de acuerdo en avanzar con la propuesta. De hecho, el subsecretario del área, Sebastián Kind, confirmó días atrás que “el Poder Ejecutivo va a apoyar el desarrollo de la generación distribuida en el Congreso”.  Estas expresiones aceleraron las gestiones de los interesados. “Nos hemos reunido con diputados de las distintas fuerzas políticas y estamos trabajando en un texto en común”, destacó Villalonga. Con este empuje, se estima que podría desembarcar el expediente en el recinto en las próximas sesiones. 

Esto mismo está siendo estudiado por los asesores en temas energéticos de los diputados que pertenecen al Frente Para la Victoria (FPV), Frente Renovador, Cambiemos, Socialismo, UCR, Bloque PJ, entre otros. La idea es que salga por unanimidad para que luego los gobiernos provinciales adhieran a la normativa y se pueda lograr un gran impacto real en el mercado. 

En el Senado, Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), también está haciendo sus esfuerzos.  Días atrás, el empresario consiguió el visto bueno de Julio Cobos, senador de la UCR, en una reunión desarrollada en su despacho que duró poco más de 45 minutos, exclusivamente para analizar este tema. “Es muy valioso seguir por este camino para lograr una ley que sea acompañada por legisladores de ambas cámaras, además del Poder Ejecutivo y el sector privado”, expresó Álvarez a iProfesional.

El colectivo de actores que conforman la Alianza por las Energías Renovables de Argentina (AERA) está participando activamente del proceso. A priori, las grandes distribuidoras y cooperativas eléctricas no ofrecerían gran resistencia a pesar de que puedan ver amenazado su negocio (la comercialización de energía). “Queremos que esto avance pero destacamos que el proceso debe darse cumpliendo las normas de seguridad y una regulación adecuada en las redes”, afirmó Claudio Bulacio, gerente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA). El directivo hizo referencia a las redes inteligentes, dispositivos capaces de integrar las acciones de todos los agentes: productores y consumidores o ambas funciones al mismo tiempo.

Industria solar, proyecciones

En la Cumbre de Líderes Locales contra el Cambio Climático, que tuvo lugar el 4 de diciembre de 2015 en París, más de 170 grandes compañías, Estados y ciudades del mundo se comprometieron a realizar una transición al 100% de energía renovable hacia el año 2050.

Desde el Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía (CACME) señalan que este objetivo sólo puede alcanzarse si los usuarios incluyen en sus casas sistemas de generación renovable. “Si, por ejemplo, se supusiera electrificar el 100% de la matriz energética primaria local argentina para abastecer sus 67 GW de consumo proyectado al 2050, esto implicaría multiplicar la capacidad instalada local actual de potencia eléctrica por un factor de entre 4 y 6”, explican. En forma gradual, sostienen que “habría que instalar entre 3,5 y 4,5 GW de energía renovable más acumulación por año”, entre 2016 y 2050. Esto implicaría una inversión de entre 260.000 y 330.000 millones de dólares durante los próximos 34 años.

¿Elección u obligación?
La Ley 27.191 establece que al 31 de diciembre del 2017, los usuarios que contraten potencia por un monto igual o superior a 300 KW deberán incorporar como mínimo un 8 por ciento del total del consumo propio con energía proveniente de fuentes renovables. Hay dos opciones para cumplimentar la norma: autogenerar con equipos propios o comprar a un tercero. Por el momento, la alternativa disponible es a través de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA).

No obstante, son varias las compañías grandes que están tras el tema, entre ellas, Aluar y Techint.
Por eso en los industriales están a la expectativa de una nueva resolución por parte del Ministerio de Energía y Minería que reglamente los contratos entre privados. Bajo ese andamiaje legal, una firma podría firmar convenios con generadores de energía eólica y solar para dar cumplimiento la exigencia de incorporar energía sustentable.

En contacto con iProfesional, José Carlos Cueva, abogado especializado en energías renovables y socio junior del estudio Beccar Varela consideró que “es un aspecto esencial para que continúe desarrollándose plenamente la industria”.

Cabe destacar que el esquema de generación eléctrica en forma distribuida es utilizado en todos los continentes, pero principalmente en Europa. Alemania y España, con menor potencial de recurso solar y eólico que Argentina, se posicionan a la cabeza del podio. En la región, Brasil hizo lo propio, al igual que Chile y Uruguay. En estas plazas, de a poco se empiezan a observar paneles solares en las casas. Luego de más de una década de crecer en el mundo, llegó el turno de Argentina. 

La demora en desarrollar el mercado es para los expertos a la vez una ventaja: se puede aprender de las experiencias anteriores, aprovechando la importante caída del costo de la tecnología. Con estas perspectivas, ya hay empresas que están planificando radicarse en el país para elaborar y comercializar equipos de gran calidad.

Dietrich pide a empresas chinas sumarse a renovación de la red de transporte

Dietrich pide a empresas chinas sumarse a renovación de la red de transporte(Cronista.com) - El ministro de Transporte se encuentra de visita oficial en ese país. El Gobierno dispondrá un presupuesto de u$s 33 mil millones.


Dietrich pide a empresas chinas sumarse a renovación de la red de transporte
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, convocó hoy a las empresas chinas a sumarse al plan de renovación de la red de transporte argentino, con la instalación de nuevas plantas, financiamiento y tecnología.

Dietrich, quien realiza esta semana una visita oficial a China, asistió a un seminario sobre las oportunidades de desarrollo de la infraestructura de transporte de Argentina organizado en Beijing, consignó la agencia de noticias EFE. El Gobierno tiene una estrategia para modernizar los sistemas de transporte hasta 2019 con un presupuesto que supera los u$s 33 mil millones de dólares, y que Dietrich calificó como el “más importante” en la historia de la Argentina.

Este plan, dijo el ministro, se complementa con una serie de medidas para reducir la burocracia, con el objetivo de reducir los costos del transporte para mejorar la competitividad del país y atraer la inversión extranjera.

Los programas de movilidad urbana (con un costo de u$s14 mil millones) y la ampliación de la red de autopistas con vistas a incrementar los 2.800 kilómetros actuales (que supondrá otros u$s 12.500 millones) se destacan en este plan que Dietrich presentó hoy a empresas chinas, y que a fines de esta semana expondrá también en Japón. “Todas nuestras licitaciones son internacionales donde pueden participar empresas de todo el mundo”, explicó el ministro de Transporte, quien recordó que firmas chinas ya construyen y financian proyectos ferroviarios argentinos, como la fabricante de material rodante CRRC o la de maquinaria e ingeniería CMEC en el ramal Belgrano Cargas.

“La presencia (de China) en los últimos años ha sido muy importante, ha vendido mucho material ferroviario, ha vendido tecnología ferroviaria, ha vendido material para la renovación de los trenes de carga y ha financiado muchas de estas obras”, apuntó Dietrich.

Con la vista puesta en los nuevos planes, que también contemplan mejoras en los puertos, los aeropuertos y los trenes de carga, el titular de la cartera de Transporte insistió en que las empresas chinas se instalen en la Argentina. “Esperamos no sólo que las empresas chinas vendan productos a la Argentina, sino también que se instalen y fabriquen productos en Argentina y, desde Argentina, se exporte a la región y que la transferencia de tecnología sea más profunda”, expuso Dietrich.

El ministro de Transporte adelantó que ya hay “más de una empresa” que le ha trasladado su intención de instalarse y explicó que en los procesos de compra de material se incentivará la apertura de plantas en el país.

Estados Unidos promete ayuda para el blanqueo y financiamiento

Por Marcela Pagano - Clarin.com
Lo confirmó el secretario del Tesoro, tras una reunión con Prat Gay. Habrá intercambio de información tributaria. Elogios a las reformas de Macri.
Prat Gay, Jack Lew y Macri, en la reunión de esta mañana en Aeroparque. (EFE)
Prat Gay, Jack Lew y Macri, en la reunión de esta mañana en Aeroparque. (EFE)

Cuando aún no había terminado enero y el Gobierno de Macri apenas pasaba el mes de desembarco, el poderoso secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, le daba al flamante ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, una buena noticia para la Argentina. Durante el Foro de Davos, el funcionario de Obama confirmaba que su país levantaría el veto a los créditos internacionales destinados a la Argentina.

Hoy, apenas unos meses más tarde, Lew adelantó otros gestos de Estados Unidos para nuestro país. Entre otras cosas, aseguró que se avanzará en el intercambio de información tributaria, una medida que el Gobierno argentino considera clave para garantizar el éxito del blanqueo de capitales. Además, el secretario prometió que Estados Unidos ayudará a financiar programas sociales y habrá apoyo para combatir el terrorismo y su financiamiento.

Las definiciones se dieron esta tarde en el Ministerio de Economía, luego de una reunión entre Prat Gay y Lew. Más temprano, en Aeroparque y antes de que Macri partiera a Colombia, ambos compartieron un encuentro con el presidente argentino.

Estas fueron las principales definiciones del ministro de Hacienda y el secretario del Tesoro:
Jack Lew con Mauricio Macri, esta mañana, antes de que el presidente argentino partiera a Colombia (DYN).
Jack Lew con Mauricio Macri, esta mañana, antes de que el presidente argentino partiera a Colombia (DYN).

Alfonso Prat Gay 

- "Vamos a dedicar esta tarde a tratar temas de interés bilateral. Habrá una conferencia de prensa con presencia de Pedro Lacoste (vice de Hacienda) y Alberto Abad (jefe de la AFIP). Queremos resaltar el acompañamiento de EE.UU. en el objetivo de volver a integrar a Argentina con el mundo".

- "A partir del encuentro con Jack Lew en Davos y su apoyo nos ayudó a recuperar posición en organismos multilaterales, como el Banco Mundial, que es muy importante para realizar obras de infraestructura y también para recuperar el empleo que no crece desde hace 5 años. Esta es la clave para la recuperación de la actividad económica".

- "También vamos a avanzar en una coordinación tributaria para obtener ambos países información automática, uno de los ejes sobre los que estamos avanzando a partir del régimen de sinceramiento fiscal".

Jack Lew

- "Es la primera visita de un secretario del tesoro de EE.UU. a Argentina desde 2002. Queremos continuar con la cooperación, de acuerdo a nuestros objetivos del G20. Con Macri trabajamos desde el primer día en conjunto y nos hemos conocido mucho. La participación de Argentina en la política internacional no es sólo un interés de EE.UU. sino de todo el mundo".

- "Reconocemos avances logrados por este gobierno. Recuperar una economía balanceada es un objetivo difícil. Los cambios estructurales y en las instituciones no suceden de la noche a la mañana. Damos la bienvenida al compromiso que este país está dando para que el sector privado pueda brindar lo mejor y sacar su creatividad".

- "Como dijo Prat Gay, hoy conversaremos para cooperar para lograr un tratado en temas impositivos y la posibilidad de intercambiar información entre ambas naciones. En este contexto, se compartirá información de residentes argentinos en EE.UU. y que tienen fondos allá. La AFIP tendrá reuniones de consulta con miembros de nuestro gobierno".

- "Ambos países coincidimos en la lucha contra el lavado de dinero y el narcotrafico, con el apoyo de la UIF y nuestro organismo local. Destaco el esfuerzo por compartir inteligencia entre nuestras agencias respecto del financiamiento del terrorismo. El Tesoro financiará programas para avanzar en esa lucha. El tesoro de EE.UU. quiere financiar y promover proyectos en Argentina orientados a la ayuda social.

- "Damos la bienvenida a todos los logros que pueda hacer Argentina para cumplir con estándares de la OCDE para fomentar llegada de inversiones. Trabajaremos para promover relaciones entre la OCDE y Argentina. Ambos países transitarán por era de cooperación bilateral. Festejamos esta nueva relación".

Cómo son los aviones y helicópteros que alquilará Macri para moverse (II)

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
Algunos detalles sobre las aeronaves que usará el Gobierno; la licitación es por 36 millones de pesos
Hasta ahora, la única oferente es la empresa Únicos Air
Hasta ahora, la única oferente es la empresa Únicos Air. Foto: unicosair.com/

El gobierno de Mauricio Macri alquilará una numerosa flota privada de aviones y helicópteros. La Secretaría General de la Presidencia, que maneja Fernando De Andreis,lanzó en agosto una licitación para contratar el servicio de transporte aéreo doméstico e internacional de Macri y de su comitiva durante 12 meses, con opción a extender ese requerimiento por otro período idéntico o menor.

A continuación, los detalles de las aeronaves que solicitó al Gobierno. Hasta ahora, la única oferente es la empresa Únicos Air, de Diego Martín Colunga Campo y David Rubén Yacobiti, que ya le prestó servicios a Pro antes de que Macri ganara las elecciones y es proveedor del gobierno porteño. La licitación es por unos 36 millones de pesos.

Aviones

1. Jet con una capacidad de hasta ocho pasajeros y 4000 kilómetros de autonomía para vuelos nacionales. Uso máximo: 81.000 km.

2. Jet de hasta ocho pasajeros y hasta 4000 kilómetros de autonomía para hacer vuelos internacionales. Uso máximo: 9000 km.

3. Jet con capacidad para transportar entre 9 y 12 pasajeros y con hasta 8000 kilómetros de autonomía para vuelos internacionales. Uso máximo: 50.000 km.

4. Turbohélice de hasta ocho pasajeros y con una configuración de asientos VIP para vuelos nacionales. Uso máximo: 10.800 km.

5. Turbohélice de hasta ocho pasajeros, con una configuración de asientos VIP, para vuelos internacionales. Uso máximo: 1200 km.

6. Turbohélice de más de ocho pasajeros y hasta 19, con asientos VIP para vuelos nacionales. Uso máximo: 16.800 km.

7.Turbohélice para transportar entre 9 y 19 pasajeros -con configuración de asiento VIP- y hacer vuelos internacionales. Uso máximo: 1200 km.

8. Jet con capacidad para más de 12 pasajeros y con más de 8000 kilómetros de autonomía para vuelos internacionales. Uso máximo: 40.000 km.
Uno de los helicópteros que ofrece Únicos Air
Uno de los helicópteros que ofrece Únicos Air. Foto: unicosair.com/

Helicópteros

9. Helicóptero tipo Robinson R44 Raven II equipado con instrumental del tipo IFR, capacidad para un piloto y tres plazas para vuelos nacionales. Uso máximo: 60 horas.

10. Helicóptero tipo biturbina, ejecutivo, con tren retráctil de aterrizaje, equipado con instrumental del tipo IFR y capacidad para dos tripulantes y cinco plazas. Uso máximo: 90 horas.
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