lunes, 10 de abril de 2017

Santa Cruz: deuda bajo la lupa

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(La Nación)  - RÍO GALLEGOS.- El juez federal Julián Ercolini deberá investigar la denuncia penal que indaga sobre el destino de los $ 4430 millones que en 2015 la presidenta Cristina Kirchner giró a Santa Cruz como adelanto financiero. 


Este monto hoy representa el 70% de la deuda que la provincia mantiene con la Nación. La denuncia, realizada en tribunales federales, apunta al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, al ex ministro de Economía Axel Kicillof, al ex gobernador Daniel Román Peralta y a la actual gobernadora de la provincia, Alicia Kirchner. El empréstito fue aprobado en 2016 por mayoría simple y cuestionado por inconstitucional por la oposición. Días pasados, Peralta aseguró que de esos fondos 1340 millones de pesos fueron enviados a Santa Cruz el último día de gobierno de Cristina Kirchner. La provincia emblema del kirchnerismo está en una situación crítica.

El cese de las policías locales enfrenta a Vidal con intendentes

Resultado de imagen para El cese de las policías localesPor Agustina López - LA NACION
Desde el peronismo objetaron la decisión de frenar la incorporación de más agentes.

Un nuevo frente se le abrió a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal . Tras su decisión de no abrir más vacantes para las policías locales que había inaugurado su antecesor Daniel Scioli , un significativo número de intendentes de los grupos Fénix y Esmeralda y del interior provincial objetaron la medida y sostienen que quedarán desprotegidos ante la inseguridad.

Algunos, incluso, reclaman que esos efectivos pasen a la órbita de cada municipio y no dependan más de la provincia. Días atrás, 33 jefes comunales enviaron una misiva a la gobernadora y pidieron fijar fecha para una reunión, que aún no fue confirmada. La Gobernación aseguró que los efectivos que hay son suficientes para cumplir sus tareas y que muchos realizaban trabajos que no se correspondían con sus obligaciones.

Concretamente, hoy hay 22.600 efectivos locales -los de uniforme azul eléctrico- distribuidos proporcionalmente en 82 de los 135 municipios de la provincia. Son casi el doble de los que había en diciembre de 2015, 13.200. ¿Qué pasará con los efectivos que ya están en las calles? De a poco irán ingresando a los centros de capacitación donde antes funcionaban las escuelas de esta policía para mejorar y actualizar su formación; no se darán de baja los efectivos que ya están en la calle, pero tampoco egresarán más. Algunas escuelas se cerrarán. Según el último dato disponible, había 4000 docentes asignados a estos centros.

El cese de las policías locales enfrenta a Vidal con intendentes. Foto: Archivo / Santiago Hafford

"Es una decisión que debería reverse. Las policías locales sirven y mucho. En Merlo teníamos asignados 400 y por el momento sólo se graduaron 250. Es decir que estos 150 restantes no nos llegarán si se corta el programa. Además, habíamos armado una academia con dinero del municipio, que quedará en desuso", dijo a LA NACION Gustavo Menéndez (FPV), el intendente de Merlo.

Los motivos de que se haya detenido el programa de formación de estos policías son varios. Por un lado, según dijo a LA NACION el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, es porque "se busca sumar calidad antes que cantidad" y la formación y competencias de los efectivos locales no alcanzan para nutrir los cuerpos más exigentes de la provincia, como el Grupo Halcón, caballería o inteligencia. Por ello se destinarán más recursos a capacitar a los efectivos.

Además, en el ministerio detectaron irregularidades tanto entre los policías como en el uso que los municipios hacían de ellos. "Cuando reingresaron a la escuela de formación (se extendió su capacitación de 6 a 9 meses) nos encontramos con muchos que sufrían problemas psicológicos o que incluso no sabían disparar", explicó Ritondo.

Por otro lado, según el ministro, muchos jefes comunales hacían un uso incorrecto de los uniformados: los tenían de choferes y de custodia cuando alguna figura visitaba el municipio o los involucraban en eventos privados. Además, varios de los efectivos fueron denunciados en causas de corrupción o bandas criminales.

El año pasado, según cifras del Ministerio de Seguridad bonaerense, se destinaron $ 2600 millones en chalecos antibalas, armas, patrulleros y en extender y mejorar la red del 911. Además, se les asignó a los municipios un capital de $ 3000 millones. En el caso de las policías locales, la provincia financia los uniformes, las armas, los salarios y los servicios de comunicación. "(Los intendentes) recibieron suficientes recursos, hay que ver en qué los gastaron. Este reclamo es puramente electoral", cuestionan fuentes de la cartera de Ritondo.

"Nos oponemos a esta medida y no es un posicionamiento electoral. A nosotros nos sirven mucho, son chicos nacidos y criados acá que conocen la zona. Son una fuerza de proximidad, que interactúa con vecinos y turistas", se quejó el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona (FPV).

Las policías locales fueron una iniciativa del anterior ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados y un caballito de batalla contra el reclamo por la inseguridad del que se valió Scioli. LA NACION consultó a Granados, quien prefirió no responder el pedido. Los efectivos comenzaron a tener presencia en la calle en marzo de 2015 y el programa estaba destinado a municipios con más de 70.000 habitantes y a aquellos que lo solicitaran explícitamente.

domingo, 9 de abril de 2017

Ejército brasileño actualiza la flota de blindados

Por Andréa Barretto/Diálogo 
Por medio del Programa Guaraní, la fuerza terrestre adquiere 1.580 vehículos nuevos para atender las necesidades del combate moderno.
El EB está reemplazando los vehículos Cascavel y Urutu, usados hace más de 30 años, por los vehículos modelo VBTP-MR 6X6 Guaraní. (Foto: Ejército de Brasil)

En 2017, el Ejército de Brasil (EB) deberá incorporar a su flota 60 vehículos blindados para el transporte de personal “Guaraní” (VBTP-MR 6X6 Guaraní). La flota forma parte del cronograma de adquisiciones del Programa Guaraní, una de las principales apuestas de la fuerza terrestre para cumplir la aspiración de actualizar sus medios de combate. Con capacidad para 11 tripulantes, los vehículos Guaraní son los primeros blindados brasileños con protección antiminas.

El programa comenzó a realizarse en 2013, y tiene como objetivo desarrollar y adquirir una familia moderna de blindados sobre ruedas para el EB. “La elección de un nuevo modelo de vehículo blindado se basa en las exigencias doctrinarias y del cumplimiento de las misiones de defensa externa y de protección de la sociedad”, explicó el General de División Edson Henrique Ramires, administrador del Programa Guaraní.

A fines de 2016, el gobierno brasileño reafirmó el compromiso de adquisición de estos vehículos mediante un contrato de casi US$ 2.000 millones con Iveco, la empresa brasileña responsable de la fabricación de los vehículos que fue socia del Departamento de Ciencia y Tecnología del Ejército en el desarrollo del VBTP-MR 6X6 Guaraní.

Blindados en la ciudad

De un total de 1.580 unidades que se entregarán a la fuerza terrestre hasta 2038, 232 vehículos Guaraní ya están en uso en diferentes unidades militares. Además de servir para el adiestramiento de tropas y los ejercicios militares, los vehículos ya protagonizaron importantes misiones. “El VBTP-MR 6X6 se empleó con éxito en la Operación Maré y en los Juegos Olímpicos 2016, ambos en Río de Janeiro”, recordó el Gral. de Div. Ramires.

La Operación Maré, que tuvo lugar en 2015, consistió en el apoyo de las Fuerzas Armadas en el proceso de pacificación de las favelas que forman el llamado Complexo da Maré, comunidad con altos índices de violencia asociados al tráfico de drogas. Durante esta operación, los vehículos Guaraní fueron operados por militares de la 9.ª Brigada de Infantería Motorizada.

Esta misma brigada encabezó el empleo de vehículos Guaraní durante los Juegos Olímpicos 2016. “Tuvimos un excelente desempeño”, aseguró el Mayor Luiz Guilherme de Oliveira e Silva, auxiliar de la sección de Operaciones del Agrupamiento de Unidades Escuela de la 9.ª Brigada de Infantería Motorizada. En febrero la unidad desplegó unidades Guaraní para desempeñarse en acciones de seguridad durante una ola de violencia en la ciudad de Victoria, en Espíritu Santo, y nuevamente en Río de Janeiro.

Para el May. Luiz Guilherme, los modernos sistemas de comunicación, de navegación y de armas que equipan los vehículos Guaraní son ventajas que facilitaron el empleo de estos vehículos durante las operaciones en Río de Janeiro. Pero el May. Luiz Guilherme también recordó los desafíos. “El mayor desafío de actuar con estos vehículos dentro de la ciudad fue hacer los desplazamientos en el tránsito de Río de Janeiro, aun con todas las balizas y los cuidados relacionados con la seguridad, necesarios para esta actividad”, relató.

De los 232 vehículos recibidos por el EB hasta ahora, 39 están en la 9.ª Brigada de Infantería Motorizada. Los demás se distribuyeron a la 3.ª Brigada de Infantería Motorizada, en Goiás, y al Centro de Instrucción de Blindados, en Río Grande do Sul. Otros vehículos se entregaron a organizaciones militares subordinadas a la 15.ª Brigada de Infantería Mecanizada, en Paraná, que realizó parte de los experimentos para verificar la capacidad de los vehículos, y a unidades de la 4.ª Brigada de Caballería Mecanizada, en Mato Grosso, que ya empleó los vehículos en acciones de la Operación Ágata, en regiones de la frontera brasileña. Los nuevos blindados del EB se pueden equipar con diferentes sistemas de armas, por ejemplo, las estaciones de ametralladoras de 7,62 mm y 12,7 mm. 

Protección y agilidad

Los VBTP-MR 6X6 Guaraní se destinan al transporte de militares, es decir, su función es desplazar las tropas tanto en misiones de patrulla como en situaciones de combate armado. Por este motivo, el desarrollo de este modelo priorizó la búsqueda de mayor seguridad para los militares transportados.

El Guaraní es el primer blindado nacional con protección antiminas. La base se construyó para soportar hasta seis kilos de explosivos. Si recibe esa carga, el vehículo sale eyectado, pero los ocupantes no sufren mayores riesgos, de acuerdo con las pruebas realizadas por los ingenieros del EB en la fase de homologación del Guaraní, en la cual se usaron maniquíes en lugar de tropas.

La carcasa del Guaraní también está protegida por acero, es capaz de resistir tiros de fusil calibre 7,62 mm e, inclusive, puede recibir blindaje adicional contra proyectiles de ametralladora antiaérea. “Además de la protección blindada, el VBTP-MR 6X6 Guaraní ofrece comodidad a toda la tropa transportada”, destacó el May. Luiz Guilherme. Son vehículos grandes, con 7,1 metros de largo, 2,6 metros de altura y 2,8 metros de ancho, y capacidad para 11 tripulantes. Los asientos poseen cinturones de seguridad con sujeción en cinco puntos.

En tierra, los vehículos Guaraní pueden alcanzar una velocidad de 100 km/h, con autonomía de combustible para recorrer 600 km. En su modo anfibio, el vehículo alcanza 9 km/h como máximo.

Capacidad de fuego

El VBTP-MR 6X6 reemplaza gradualmente los modelos Urutí y Cascabel, adoptados por el EB en la década de los 70. En relación con estos modelos, una de las ventajas principales del vehículo Guaraní es su sistema de armas. “Son sistemas más modernos, que permiten un mejor control de tiro y mayor precisión, particularmente, con el vehículo en movimiento”, afirmó el Gral. de Div. Ramires.

Los vehículos Guaraní pueden equiparse con cañón de 30 mm, ametralladoras de 7,62 mm y 12,7 mm y lanzagranadas de 40 mm, “según la configuración que reciba, adecuada para las operaciones de defensa externa o de protección de la sociedad”, afirmó el Gral. de Div. Ramires.

En 2017, el programa espera recibir 50 estaciones de armas para ametralladoras de 7,62 mm y 12,7 mm. Hasta 2020, se deberán adquirir 215 estaciones. Este equipamiento se acopla a los vehículos y tiene accionamiento remoto automático. También cuenta con un sistema computarizado de dirección y control de tiro, además de cámaras diurna y nocturna, que se unen para lograr la precisión de tiro.

Un Hércules militar británico paró a cargar combustible en el aeropuerto de Porto Alegre

(Telam) - La nave de la Royal Air Force británica fue fotografiado estacionado durante una hora y media en el aeropuerto Salgado Filho de Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul.

Aviones de la Fuerza Aérea Británica siguen aterrizando en aeropuertos brasileños para cargar combustible en su viaje hacia Malvinas, pese a los reclamos realizados por la cancillería argentina el mes pasado, informó el diario Zero Hora, de Porto Alegre.

Un avión Hércules de la Royal Air Force británica fue fotografiado estacionado durante una hora y media en el aeropuerto Salgado Filho de Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay.

Cinco fotografías tomadas del avión británico el viernes por la tarde en el aeropuerto de Porto Alegre antes de partir hacia Malvinas fueron publicadas por el diario más importante de la región sur de Brasil.
Photo published for Avião militar britânico volta a pousar no Salgado Filho rumo às Malvinas
Dos militares británicos aparecen en la fotografía esperando la carga de combustible (Rodrigo Lopes).

El mes pasado, la Cancillería argentina ordenó a la Embajada en Brasilia transmitir "preocupación" al gobierno del vecino país por vuelos operados por la Real Fuerza Aérea británica entre aeropuertos brasileños y la base aérea de Monte Agradable.

La Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo, que depende del Ministerio de Defensa, informó a la Dirección de Malvinas de la Cancillería argentina que durante 2016 fueron realizados al menos seis vuelos militares con esas rutas.

"Además -dice el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores- se recordó el compromiso brasileño de no receptar en sus aeropuertos y puertos, aeronaves o buques británicos de guerra apostados en los archipiélagos bajo disputa, en concordancia con la posición adoptada por MERCOSUR y UNASUR".

El comunicado agrega que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil "reafirmó el apoyo a nuestro país en la Cuestión Malvinas e indicó que no tenía conocimiento de estos vuelos, comprometiéndose a desarrollar las consultas pertinentes al Ministerio de Defensa local".

El Ministerio de Defensa informó a Télam, mediante un portavoz, que la Fuerza Aérea Brasileña abrió una investigación para determinar los episodios con los aviones de guerra británicos que viajan desde Londres hasta Malvinas.

Alarma en el Pacífico: EEUU moviliza un portaaviones a la península coreana

(Ambito.com) - Un portaaviones de Estados Unidos y su flota se dirigían el sábado a la península coreana, informaron fuentes militares, un movimiento que coincide con la intención de Washington de impulsar su capacidad defensiva en la región ante las ambiciones nucleares de Corea del Norte.
El USS Carl Vinson y su flota, en el Pacífico.
El USS Carl Vinson y su flota, en el Pacífico.

"El comando del Pacífico de Estados Unidos ordenó al grupo aeronaval del portaviones USS Carl Vinson movilizarse como medida prudente para mantener su disposición y presencia en el Pacífico", explicó a la AFP el portavoz Dave Benham. "La principal amenaza en la región sigue siendo Corea del Norte debido a su temerario, irresponsable y desestabilizador programa de pruebas de misiles y su búsqueda del arma nuclear", precisó.

La flota de ataque incluye al super transportador de aviones USS Carl Vinson, dos destructores de misiles guiados y un crucero de misiles guiados. El grupo aeronaval estaba originalmente programados para hacer alto en Australia, pero finalmente se dirigieron hacia el Océano Pacífico occidental desde Singapur. 
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Corea del Norte ha llevado a cabo cinco pruebas nucleares, dos de ellas el año pasado. Un análisis de imágenes por satélite sugiere que podría estar preparando un sexto. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos aseguran que Pyongyang podría desarrollar en menos de dos años una ojiva nuclear, que estaría en condiciones de alcanzar el territorio estadounidense.

El presidente Donald Trump se reunió jueves y viernes en una cumbre informal con su homólogo chino, Xi Jinping, a quien pidió que interceda para frenar el programa nuclear norcoreano.

Trump ha amenazado con una acción unilateral contra el país asiático, advertencia que aparece más factible después de ordenar un bombardeo con misiles contra una base aérea siria tras un supuesto ataque químico que Washington atribuye al gobierno de Bashar al Asad. 
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La jefa del Comando de Defensa Aerospacial de América del Norte (NORAD), Lori Robinson, dijo el jueves que estaba "muy segura" de la capacidad de su país para interceptar misiles balísticos dirigidos hacia América del Norte. Sin embargo, expresó su preocupación por un tipo de misil balístico impulsado por un motor de combustible sólido que Pyongyang dijo que había probado con éxito en febrero.

Arreglo en una licitación de Gils Carbó

Resultado de imagen para Perón 667Por Ricardo Roa - Editor del diario Clarín
En el complicado ajedrez judicial de Cristina, la jefa de los fiscales Gils Carbó es la reina que usa para defenderse y para sacar al Gobierno. Con notable entusiasmo sus fiscales ya imputaron a Macri en cinco causas. Y a los funcionarios de Macri, en decenas.

Pero Gils Carbó tiene sus propios problemas: acumula pedidos de juicio político y denuncias penales. En octubre zafó de la destitución negociada con la oposición por una oposición: la de Carrió que mandó para atrás la movida. A la blindada Gils Carbó la desvela hoy el negociado con la compra en 2013 del edificio de Perón 667 donde funciona ahora la Procuración.

Hay diálogos, más bien documentos, que prueban una operación amañada. Están en mails que tiene la Justicia y que intercambiaron Adrián Gonzalez Fisher, gerente de Arfinsa, la empresa vendedora y Bárbara Jaureguiberry, de la inmobiliaria encargada de la venta.

En uno, Bárbara le dice a González: “...hay que esperar a que aparezca mañana publicado, pero me adelantan que nos quedemos tranquilos...”. Habla de la licitación pública de la Procuración para comprar un edificio. El mail es del 11 de marzo. La licitación 01/2013 de la Procuración se publicó en el Boletín Oficial el 14 de marzo, tres días después. La operación estaba cocinada.

¿Quién le adelantó a Jaureguiberry que “se quedaran tranquilos”? En los mails aparecen dos nombres que son investigados: Juan Carlos Thill y el abogado Rafael Mallo. Otro nombre flota detrás de esos nombres. Es el del ex esposo de Gils Carbó, Héctor Gustavo Alonso que ya tuvo problemas con la Justicia.

La historia de esta maniobra tiene otra historia: en diciembre del 2012 Gils Carbó anuló sorpresivamente la compra acordada del edificio de Alsina 872. Costaba 30 millones de pesos. Gils Carbó argumentó que no tenían tanta plata y llamó a una nueva licitación. La del “nos quedemos tranquilos”. Pero por el edificio de Perón pagó aún más: 54 millones. Apareció la plata que no había.

Gils Carbó anuló una compra y armó una nueva con el compromiso en el pliego de no pagar comisiones. La promesa quedó sólo en el pliego: Arfinsa le pagó a Jaureguiberry una insólita comisión del 18%, el triple de las habituales. Y Jaureguiberry hizo otra cosa insólita: creó una empresa sólo para percibir esa comisión. Más de 1.000.000 millón de dólares. Cualquier semejanza con Boudou, The Old Fund y las coimas con Formosa no son pura coincidencia. Justamente aquí flota el nombre del ex de Gils Carbó.

Gils Carbó fue imputada. Declaró que si existió una comisión la pagó la empresa vendedora. O sea un negocio entre privados como lo que Kirchner alegó en Skanska. Y dijo que su ex le había dicho que no tenía nada que ver. Todo está en manos del juez Ercolini y del fiscal Taiano, notorio fiscal de la causa Nisman y notorio porque cuando iba a apelar en el caso del enriquecimiento de Cristina le secuestraron un hijo.

Para Taiano este es un caso dos veces difícil. Porque él mismo depende de Gils Carbó. Y porque salpica nada menos que a la jefa de los fiscales.

La angustia del Brexit: los británicos hacen fila para convertirse en españoles

Esta semana hubo largas filas de autos en Gibraltar, a la espera de cruzar hacia EspañaPor Martín Rodríguez Yebra - LA NACION
Este año se dispararon un 431% los pedidos de nacionalización con el objetivo de retener las ventajas de la ciudadanía europea; las autoridades no dan abasto con las solicitudes.

Esta semana hubo largas filas de autos en Gibraltar, a la espera de cruzar hacia España. Foto: AFP / Johny Buge

MADRID.- "Somos los rehenes del Brexit." Camila Hillier-Fry cuenta que vive en un mar de incertidumbre desde el referéndum que disparó la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE). Inglesa afincada desde hace años en España, teme perder derechos que creía garantizados: la residencia, el acceso a la sanidad pública y el permiso para trabajar.

Ahora que la ruptura va en serio afronta un dilema emocional. Se plantea renunciar a la ciudadanía británica y hacerse española, el único camino seguro que se le abre para sortear el limbo legal en que la deposita la política de la primera ministra británica, Theresa May.

Hay cientos que ya dieron ese paso angustioso. Las inscripciones de británicos para pasar el examen de ciudadanía española aumentaron un 431% desde enero en relación a la media del año anterior, según cifras oficiales del Ministerio de Justicia.

Las autoridades no dan abasto con las solicitudes. España es el país europeo con más expatriados británicos: 308.821 figuran en el padrón (casi el doble que en Francia). Gozan por ahora de los mismos derechos que los locales, excepto la posibilidad de votar en elecciones generales o autonómicas.

"Si Gran Bretaña sale de la UE sin acuerdo, como amenaza May, todos nuestros derechos europeos se extinguirán de golpe. Nadie piensa en nosotros", se queja Hillier-Fry, socia de una consultora de recursos humanos y fundadora de la plataforma Eurocitizens, que pelea para que a los residentes en el exterior se le extiendan en el tiempo los derechos que da la ciudadanía europea.

Entre las libertades en riesgo figura la circulación y residencia en los 28 países del bloque, la posibilidad de trabajar sin tramitar permisos y el reconocimiento automático de títulos universitarios.

La situación se hace más delicada para los jubilados británicos que eligieron mudarse a la costa valenciana o andaluza -el grueso de la comunidad-, a quienes las consecuencias del Brexit podrían dejar sin cobertura médica pública en un momento de la vida en que ningún seguro privado los aceptaría. "Imagina la situación que se le plantea a una persona mayor, que la única manera de mantener esos beneficios lógicos consiste en renunciar a su patria", explica Michael Harris, otro activista forzado por las circunstancias. Es escritor, vive desde 1982 en Madrid y ahora, a los 61 años, pasó los dos exámenes -idioma e integración- requeridos para la concesión del pasaporte español.

España no tiene un acuerdo de doble ciudadanía con Gran Bretaña y no permite que los británicos naturalizados sigan usando su nacionalidad original. En cambio, a un español que adquiera la nacionalidad británica se le consiente tener las dos si solicitan esa voluntad.

George Thomas, de 76 años, es otro de los que inició el amargo trámite que lo llevará a abandonar a su condición de británico. "A esta altura de mi vida no puedo arriesgarme a que España quede obligada a imponerme condiciones desfavorables", dice. Hace 18 años que vive en Javea, un pueblo de playa donde hay censados 5000 ingleses sobre 27.000 habitantes. Él llegó a ser concejal socialista y aprovecha su posición para convertirse en vocero de sus connacionales.

Una ruptura por las malas afectaría también a los miles de jubilados británicos que tienen propiedades en la costa mediterránea y pasan largas temporadas allí. Ahora peligra su libertad para entrar al país sin trabas y para usar la salud pública.

Los ingleses afincados en España mantenían la esperanza de que el proceso del Brexit fuera amigable y atendiera los derechos de los expatriados. Pero desde que la semana pasada May invocó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inició a las negociaciones de salida, la discusión se volvió agria.

Detonante

Desde ese momento, entre Madrid y Londres estallaron tensiones inesperadas. El detonante fue la decisión del Consejo Europeo de concederle a España poder de veto en cualquier acuerdo que la UE alcance con Gran Bretaña sobre la situación de Gibraltar, el enclave del sur de la península ibérica sometido a una disputa de soberanía desde el siglo XVIII.

Michael Howard, ex líder de los conservadores, enturbió las relaciones al advertir que May estaría dispuesta a defender la soberanía británica de Gibraltar como hizo Margaret Thatcher en las islas Malvinas. La primera ministra bajó el tono 48 horas después, pero sin condena explícita de la amenaza de guerra.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, contraatacó con la sugerencia de que su país apoyaría el ingreso de Escocia en la UE. Un escenario que requeriría primero otro referéndum de independencia, algo a lo que May se resiste.

Para los británicos que viven en España el ruido diplomático complica la expectativa de un acuerdo bilateral que blinde los derechos de los respectivos migrantes después del Brexit.

"La situación es parecida a la que sufren los españoles [132.000, según cifras oficiales] que viven en Gran Bretaña. Somos moneda de cambio y nadie tiene en cuenta dónde nos dejan", insiste Hillier-Fry. La mayoría empieza a resignarse a cambiar de ciudadanía. La historia se repite en casi todos los países de la UE.

La opción más lógica es Irlanda, de vínculos muy cercanos con Gran Bretaña y que permite la posibilidad de tener la doble nacionalidad.

Pero también hay ingleses que rastrean sus raíces en Italia -país más permisivo de lo normal en la concesión de pasaportes- o investigan leyes de reparación, como la vigente en Alemania para descendientes de personas perseguidas durante el nazismo, o la que rige en Portugal para judíos de origen sefardí.

Gibraltar teme perder sus privilegios

Resultado de imagen para Gibraltar teme perder sus privilegios(La Nación) - El peñón depende vitalmente de la UE y enfrenta un futuro sombrío con el Brexit
MADRID (De nuestro corresponal).- En ningún otro lugar se siente con más fuerza la angustia del Brexit que en Gibraltar, el enclave británico de apenas 6 km2 anclado en el sur de la península ibérica.

Para sus 32.000 habitantes la ruptura con la Unión Europea (UE) revive la claustrofobia de la frontera cerrada por el dictador Francisco Franco en 1969 para forzar la discusión de la soberanía. Vivieron 16 años así, limitados entre la verja y el mar. El paso sólo se normalizó cuando España entró en el club europeo.

Pero, además, perder el acceso al mercado comunitario podría empujar al desastre a una economía hasta ahora floreciente, basada en los servicios bancarios, los seguros, el turismo y la industria de las apuestas online.

El gobierno de Mariano Rajoy aprovechó la brecha del Brexit para incluir en la agenda el reclamo diplomático. Ofrece a Gibraltar -en manos británicas desde hace 300 años- que acepte la soberanía española (o al menos un régimen compartido) como vía para retener su membresía europea.
"Nos tratan como matones, con extorsiones. Nunca, jamás, va a flamear la bandera española sobre el Peñón", se queja Fabian Picardo, el ministro principal de Gibraltar.

El conflicto escaló esta semana como pocas veces a raíz de unas incendiarias declaraciones de Michael Howard, ex líder de los conservadores y actual miembro de la Cámara de los Lores. Dijo que el gobierno de Theresa May está dispuesto a defender Gibraltar de la misma forma que lo hizo la ex primera ministra Margaret Thatcher en 1982 en las Islas Malvinas: con una intervención militar.

May bajó el tono dos días después, pero insistió en que la soberanía "es innegociable". Se lo dijo en Londres a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, a quien recibió para avanzar con las tratativas de salida.

Tusk había irritado a los británicos cuando anunció que la UE le otorgará a España poder de veto ante cualquier acuerdo concerniente a Gibraltar al que el bloque llegue con Gran Bretaña como parte del proceso del Brexit.

Eso aceleró la ansiedad de los gibraltareños. Si España busca forzarlos a cambiar de nacionalidad, la lógica indica que bloqueará un eventual pacto que le otorgue a Gibraltar libertad de circulación y el acceso al mercado común, dos aspectos vitales para que el enclave sortee una crisis grave. Mucho menos logrará ser aceptado como "territorio asociado", el objetivo de máxima que persigue Picardo.
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"La frontera y el acceso al mercado común son cruciales. Nosotros importamos todo lo que consumimos. Un tercio de los trabajadores cruzan a diario desde España. Y el turismo también depende de la libre circulación", señala Edward Macquisten, jefe de la Cámara de Comercio local.

Tal como ocurre con Malvinas, el caso de Gibraltar se discute desde hace décadas en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. A pesar de recurrentes chisporroteos en el paso fronterizo, la UE ejerció siempre de árbitro para mantener las buenas relaciones entre España y Gran Bretaña, dos de sus mayores socios.

Los gibraltareños reconocen el papel decisivo que juega Europa en su destino. El 95,9% votó allí en contra del Brexit en junio pasado, más que en ninguna otra circunscripción electoral. Pero aun así es unánime el deseo de mantener el vínculo con Gran Bretaña. En 2002 lo reafirmó el 99% en un referéndum y las encuestas actuales ratifican esas cifras.

En gran medida eso se explica por el contraste entre cómo se vive a uno y otro lado de la verja que separa el territorio británico del español. En Gibraltar el PBI creció 49% en los últimos cuatro años, la renta per cápita fue de 69.000 dólares en 2016 -sólo por debajo de tres países, según el FMI- y tiene pleno empleo. El pueblo andaluz vecino La Línea de la Concepción sufre un récord de desocupación, por encima del 30%.

Una reacción que esconde riesgos y beneficios para la Casa Blanca

Por David Sanger - The New York Times
WASHINGTON.- Si bien es cierto que para el presidente Donald Trump el lanzamiento de un ataque militar a apenas 77 días de haber asumido el poder representa una oportunidad para cambiar la sensación de descalabro que transmite su administración, tampoco es garantía de nada.
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El ataque también marcará el tono de la reunión que mantendrán la semana próxima el secretario de Estado Rex Tillerson con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer encuentro cara a cara entre el líder ruso y un miembro de la administración Trump. Hasta el ataque de anteayer se esperaba que el tema central del encuentro fuese la investigación por los ciberataques y la intervención rusa a favor de Trump durante las presidenciales 2016.

Pero la acción militar le brinda a Trump la oportunidad de exigirle a Putin que contenga o destituya al presidente sirio Bashar al-Assad, porque de lo contrario Estados Unidos ampliará, de inmediato, su hasta ahora limitada campaña militar sobre Siria.

Antony J. Blinken, subsecretario de Estado durante el gobierno de Obama, dice que el ataque con armas químicas del gobierno de Damasco sobre el territorio controlado por los rebeldes terminó forzando al gobierno norteamericano a pasar a la acción. "Teníamos que actuar", dice Blinken. "Al-Assad transgredió una regla que está vigente desde la Primera Guerra Mundial", cuando la guerra química fue usada por primera vez de manera extensiva.
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Muchos altos asesores de Obama, entre ellos Blinken, sugirieron una acción militar similar hacia mediados de 2013, cuando Obama subió la vara y estableció que el uso de armas químicas era la "línea roja" que Al-Assad no debía traspasar si quería impedir un ataque norteamericano.

En vez de tomar la medida con la que había amenazado, Obama, con ayuda de Rusia, forzó a Al-Assad a comprometerse a sacar de Siria la mayor parte, aunque evidentemente no todo, del arsenal químico que había en el país. Más tarde, Obama dijo estar "muy orgulloso" de aquella decisión, porque había logrado abstraerse de las advertencias del establishment de Washington. Fueron pocos los asesores en política internacional que estuvieron de acuerdo.
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Durante la campaña presidencial, Trump argumentó estruendosamente que aquella decisión de Obama era una flagrante señal de debilidad que no debía repetirse. En ese sentido, el ataque del jueves por la noche parece casi una orden preexistente.

Pero en las próximas semanas, cuando la satisfacción inmediata de haberle hecho pagar a Al-Assad por su barbarie se desvanezca, a Trump lo esperan enormes riesgos. El primero es que su jugada con Putin falle. Por más que el líder ruso apostara fuertemente a Trump frente a su adversaria Hillary Clinton, es poco probable que Putin se embarque en un acuerdo que debilitaría su influencia sobre Siria, y por lo tanto su principal pie de apoyo en Medio Oriente.
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El segundo riesgo para Trump es que al atacar a Al-Assad esté atentando contra su principal objetivo en la región: la derrota de Estado Islámico. Si Siria colapsa, se convertirá en un refugio para los terroristas islámicos, que es precisamente la eventualidad que Trump intenta evitar.

Resta saber si los combatientes de Estado Islámico están siquiera en condiciones de beneficiarse de una Siria aún más desguazada. Pero como suele señalar el general retirado del ejército norteamericano David Petraeus, que planificó el ataque a Irak, una de las lecciones que dejó la década pasada es que el extremismo islamista aprovecha cualquier vacío de poder que se genera en la región.

El tercer riesgo es que Trump no tiene realmente un plan de paz para ofrecerle a Siria. Las negociaciones conducidas por Estados Unidos para lograr algún tipo de acuerdo político -la misión de John Kerry- fracasaron. Tillerson no ha manifestado el menor interés de lanzar una nueva mesa de diálogo. Queda claro que el conflicto que condujo a Trump a decidir su primera acción militar no es el que hubiese querido.
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Durante su campaña, Trump desdeñó el concepto de ayuda humanitaria, y al New York Times ni siquiera le supo decir bajo qué circunstancias estaría dispuesto a recurrir a la fuerza militar para defender a un pueblo extranjero de un dictador brutal. La idea no encajaba en su definición de defender "Primero Estados Unidos".
Traducción de Jaime Arrambide
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Las venas abiertas en la frontera caliente del narcotráfico

La localidad de Itatí (Corrientes), con la basílica en la que se venera a la Virgen; detrás, la costa paraguaya, desde donde llega la marihuana que después se distribuye en siete provincias argentinasPor Carlos M. Reymundo Roberts - LA NACION
El escándalo de Itatí, donde cayó una banda que incluía al intendente, es apenas una muestra de que la droga ha perforado el país y amenaza con invadirlo.

La localidad de Itatí (Corrientes), con la basílica en la que se venera a la Virgen; detrás, la costa paraguaya, desde donde llega la marihuana que después se distribuye en siete provincias argentinas. Foto: Mauro V. Rizzi y Marcelo Manera

El viernes 24 de marzo, cuando caía la tarde, unas 300 personas salieron a protestar por las calles de Itatí, a orillas del Paraná. Reclamaban “verdad y justicia”. Diez días antes, un megaoperativo de la Gendarmería Nacional había desbaratado una poderosa banda de narcotraficantes con la detención de más de 20 personas, entre ellas el intendente Natividad “Roger” Terán, su vice y jefes policiales y de fuerzas federales. Un desprevenido podía pensar que la gente gritaba su indignación ante una trama de corrupción que había convertido “la ciudad de la Virgen” en la capital narco del norte del país. Error. Lo que la marcha pedía era la liberación del intendente.

Por momentos da la sensación de que nada es lo que parece en esta frontera caliente con Paraguay, de unos 300 kilómetros en Corrientes. Paraguay es el vecino, el hermano, el socio del Mercosur, pero también es campos y campos de cultivo de cannabis que luego entra al país por esta provincia y por Misiones, Formosa y Chaco. Se estima que el año pasado, sólo por Itatí, ingresaron más de 20 toneladas de marihuana para proveer a siete provincias argentinas.

En su paleta de aguas marrones y rojizas y su entorno verde salvaje, el Paraná es un espectáculo a los ojos y un paraíso de la pesca, pero también es la autopista de la droga: además de marihuana, barcazas repletas de cocaína surcan sus aguas en busca de los puertos de Santa Fe, Rosario y sus alrededores.

En el medio del río, decenas de islas e islotes son un remanso silvestre, la silueta irregular que completa el paisaje, y al mismo tiempo son depósito del tráfico ilegal. Lanchas que llegan de Paraguay dejan allí la carga, que recogerán después, en general cubiertas por las sombras de la noche, lanchas que van desde las costas correntinas. En ambos casos el viaje no lleva más de 10 o 15 minutos.

Una recorrida por esta frontera perforada y ardiente, y conversaciones con funcionarios del gobierno nacional y el correntino, jefes de fuerzas federales, jueces, legisladores y expertos en seguridad llevan a una conclusión compartida: el problema no es sólo Corrientes, no es Misiones, Chaco, Formosa, Salta o Jujuy. Por acción u omisión, en los últimos diez años el país parece haber abierto sus puertas al narcotráfico, que, como las venas de un organismo, se ha expandido y ramificado.
Como en un juego de imágenes que distorsionan, acá la primera impresión puede no ser la definitiva. Los policías, gendarmes y prefectos no necesariamente trabajan sólo para el uniforme que llevan puesto. Muchos reparten su tiempo con el narcotráfico. En la redada de Itatí fueron detenidos el comisario del pueblo y dos de sus subalternos, todos de la policía provincial; un subcomisario y un sargento de la Policía Federal, y un segundo comandante de la Gendarmería.

“No estoy en condiciones de asegurar que no hay hijos o sobrinos de los narcos que se están metiendo en nuestras filas”, admite un jefe policial de Corrientes.

¿Los pescadores son pescadores o matones a sueldo de los capos? ¿Los chicos que corretean por las márgenes del río son inocentes gurrumines o son “chajás” (los llaman así en alusión a las aves de sonoro graznido) que alertan cuando hay policía a la vista?

Tampoco la protesta callejera que pedía la liberación de Terán, el intendente del Frente para la Victoria detenido en la cárcel de Marcos Paz, debe ser leída como un respaldo del pueblo. “El día del operativo se llevaron a 25, 26 personas. Si a la marcha fueron sus familiares, empleados de la municipalidad y los que recibieron planes sociales, ya tenés por lo menos 400 personas. Eso no es Itatí”, dice E.G., una señora que vive a tres cuadras de la basílica.

“No se llevaron a todos”

Otro dato de que no todo es lo que parece: si bien la redada de Gendarmería desarticuló la banda, en Itatí no pocos –incluidas fuentes con acceso a la causa que está en manos del juez federal Sergio Torres, en Buenos Aires– sostienen que algunos de sus miembros siguen libres y caminan por las calles. “Se llevaron a muchos, pero no a todos”, dice a LA NACION el padre Pánfilo Ortega, vicario de la catedral, que años atrás ganó notoriedad al ser el primero en advertir públicamente que el triunfo electoral de Terán era “el triunfo de los narcos”. Ortega se queja de que las autoridades hayan tardado tanto tiempo en tomar el toro por las astas en su pueblo. “Dicen que esto no se hizo durante el gobierno anterior porque Aníbal Fernández lo paraba. Ojo, no lo digo yo: lo decían los medios.”

Acaso la mayor distorsión consista en sacar conclusiones equivocadas sobre el caso Itatí. Con todo su halo de espectacularidad y escándalo, por la importancia de los detenidos y el secuestro de decenas de autos, camionetas, camiones, motos, lanchas y armas, lo que ha caído al sacudir el árbol es una sola manzana podrida. Todas las demás siguen en su lugar. No habían pasado diez días de la gran redada y en otro operativo en la zona se secuestraron 700 kilos de marihuana. Las autoridades corrieron a notificar a los medios. El revés de la trama es que el hallazgo demostraba que los traficantes siguieron haciendo su trabajo. No se habían detenido a curar heridas ni a leer los diarios. Si les cierran una puerta, abren otras. En todo caso, si aumentan las dificultades –los controles–, la variable de ajuste es el precio.

Además, no todo lo que brilla es oro. Un funcionario del Ministerio de Seguridad de Corrientes revela que muchas de las incautaciones de droga son pactadas. “Los narcos saben que las fuerzas tienen que cumplir con ciertas estadísticas, para no levantar sospechas, y entonces entregan cargas. No es difícil descubrir cuáles son porque a cambio se les da la fuga. Si en la información que se entrega a los medios figura que el que llevaba la droga escapó, ahí hay gato encerrado.”

Otro patrón para evaluar la importancia de un decomiso es el volumen: hasta 1000 o 1200 kilos se considera poco relevante.
Patrullaje de Prefectura en el Paraná; detrás, Itatí, a la que algunos ya llaman “la capital narco del Norte”; en realidad, muchas otras localidades, en varias provincias, se han vuelto permeables al narcotráfico
Patrullaje de Prefectura en el Paraná; detrás, Itatí, a la que algunos ya llaman “la capital narco del Norte”; en realidad, muchas otras localidades, en varias provincias, se han vuelto permeables al narcotráfico. Foto: Mauro V. Rizzi y Marcelo Manera.

“En Itatí dimos un golpe, gran golpe. Y sobre todo dimos una señal de cambio, aunque obviamente se necesita hacer mucho más. Lo fundamental es que tenemos el respaldo total del Presidente. Nos pide que vayamos a fondo, y que si tienen que caer peces gordos, que caigan”, dice en Buenos Aires una alta fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“El delito en torno de la droga ha ido penetrando en todos los niveles. Cuando digo todos, es todos”, murmura un jefe de la Prefectura Naval. Su propia fuerza se ha visto involucrada. La mitad de los agentes de inteligencia que operaban en Paso de la Patria, a 40 kilómetros de la ciudad de Corrientes, fue desplazada el año pasado bajo el cargo de “no estar haciendo bien su trabajo”, eufemismo que apenas disimula las sospechas de colaboración con el narco. La otra mitad fue relevada semanas atrás.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad, otras localidfades del mismo litoral quedaron en la mira después de lo de Itatí y no debería sorprender que próximamente se dispongan allanamientos. “Hay grabaciones muy comprometedoras que involucran a políticos, gente de la Justicia y policías, y no sólo por narcotráfic: también por trata”, adelantan las fuentes.

Al arquitecto Guillermo Osnaghi, empresario de la construcción y candidato a intendente de la apacible y bella Paso de la Patria en las elecciones que se harán este año, no lo sorprenden estas sospechas: “Nuestra situación no es la de Itatí, donde la industria de la droga es poderosa porque es un pueblo muy pobre. Acá tenemos mucha actividad turística todo el año. Pero obviamente también operan los traficantes, y para combatirlos necesitamos fuerzas federales bien equipadas”.

El senador nacional Pedro Braillard Poccard, ex vicegobernador, ex ministro de Seguridad, acepta que su provincia y toda la frontera norte viven una situación comprometida, aunque advierte: “Corrientes no es Rosario, no es Santa Fe. Acá no hay disputa territorial, guerra de bandas, secuestros, muertes. La marihuana entra desde Paraguay y pasa, no se queda. El consumo no es importante”.

Una fuente policial desmiente lo del consumo: “El año pasado cerramos 80 quioscos [locales de venta de droga], pero por cada uno que cerramos aparecen uno o dos más”.

Un juez bajo sospecha

Sentado en un amplio escritorio de su casa, en el centro de la ciudad de Corrientes, el juez federal Carlos Soto Dávila hace un duro alegato contra la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de haber desplazado al conurbano bonaerense a miles de gendarmes que custodiaban la frontera. “Fue una medida totalmente equivocada que desprotegió zonas enteras donde operan los narcos”, dice. Y despliega mapas para mostrar que a lo largo de cientos de kilómetros apenas hay presencia de fuerzas de seguridad. “En junio del año pasado me reuní con gente del Ministerio de Seguridad de la Nación y con el jefe de la Gendarmería para advertirles que Itatí era un problema muy serio”, relata.

El problema de Soto Dávila, que está a cargo del juzgado federal N° 1, con 8 secretarías y 160 empleados, es que dos fiscales lo acusan de tener una política de excarcelación de narcos sospechosamente concesiva y lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura, al igual que a uno de sus secretarios penales.
Natividad “Roger” Terán, intendente de Itatí, poco después de ser detenido por Gendarmería
Natividad “Roger” Terán, intendente de Itatí, poco después de ser detenido por Gendarmería. Foto: Mauro V. Rizzi y Marcelo Manera.

No son las únicas voces que se alzan contra él. “Con Soto directamente no podemos trabajar porque aplica el mecanismo de la puerta giratoria. Narco que detenemos in fraganti, con droga, con antecedentes, narco que él libera. Con Juan Carlos Vallejos [el otro juez federal de la ciudad] es muy distinto, se labura bárbaro, pero tiene un juzgado chico y está menos de turno”, disparan en una de las fuerzas federales con asiento en Corrientes. Soto Dávila lo niega. “Las acusaciones son falsas. Decido las excarcelaciones si están dadas todas las garantías procesales, según un criterio que no fijo exclusivamente yo. Lo demostraré el día que tenga que defenderme en el Consejo de la Magistratura.” Cuando despide a LA NACION en la puerta de su casa parece estar a punto de quebrarse. “Esto ha sido devastador para mi familia.”

“Nos desmantelaron”

Fuentes de la justicia correntina admiten que hay una marcada diferencia de criterios entre los dos jueces, y también la desproporción en el tamaño de los dos juzgados: 160 empleados contra 25. “Vallejos tiene apenas siete personas para atender un promedio de 700 causas penales. Y a veces no tienen plata ni para fotocopias. Así es difícil combatir al narco”, protestan.

La falta de recursos, humanos y materiales, es manifiesta y torna totalmente desigual la lucha contra un enemigo tan poderoso. “Para el Estado –ejemplifica un fiscal federal–, destinar plata a combustible de lanchas o patrulleros es un gasto. Para los narcos es una inversión que les asegura un retorno.”

Prefectura, cuya misión es clave en una provincia que tiene 300 kilómetros de frontera líquida con Paraguay, sufre probablemente más que ninguna otra fuerza esa debilidad. En ocasiones la explicación es la falta de fondos, y en otras parece deberse a una política deliberada. De los 120 prefectos que hasta 2010 estaban basados en Itatí, hoy sólo quedan 60. Y de sus cuatro lanchas anda una sola.

“Es obvio que en el gobierno de Cristina Kirchner hubo un plan para desmantelarnos, para que no pudiéramos hacer nada”, acusa un oficial de Prefectura en Corrientes capital. “Pasaban cosas raras. Teníamos 150 prefectos en Itá Ibaté y en Paso de la Patria, y 60 en Itatí, que era donde estaba concentrado el tráfico. Hace 4 o 5 años llegamos a estar hasta 12 días sin combustible… Tuvimos que usar nuestros autos y pedir prestadas lanchas particulares. Hoy por suerte la cosa está cambiando. En Itatí este año ya secuestramos cinco toneladas de marihuana. ¡En tres meses!”

Fue en 2010 cuando cambió dramáticamente la naturaleza del delito. Hasta entonces, la economía de las costas correntinas, de pobreza estructural debido a la falta de recursos productivos, estaba basada en el contrabando, en especial de cigarrillos, provenientes de Paraguay.
Decomiso de 700 kilos de marihuana en Paso de la Patria (Corrientes), hace 10 días
Decomiso de 700 kilos de marihuana en Paso de la Patria (Corrientes), hace 10 días. Foto: Mauro V. Rizzi y Marcelo Manera.

Los gobiernos miraban para el costado: de algo tenían que vivir esos pueblos. “Poblar la zona fue una decisión geopolítica –dice el economista Jorge Vasconcelos, investigador jefe del Ieral–. Si no se ocupaban los territorios, los países vecinos podrían correr las fronteras. Pero claro, muchas de esas localidades económicamente no eran sustentables.”

En 2010, los llamados “cigarrilleros” cambiaron de rubro: del tabaco a la marihuana. El giro no era inesperado. Años antes, un agente de la Gendarmería había estado en misión en Paraguay y volvió alarmado. Contó que había visto grandes cultivos de cannabis, y que, según sus averiguaciones, el ejército de ese país estaba perfectamente al tanto. “Muchachos, se nos viene la marihuana”, advirtió el gendarme.

Para los viejos “cigarrilleros”, el negocio pegó un salto de escala brutal. Con la misma operatoria y los mismos volúmenes, pero distinta mercadería, pasaron a amasar fortunas. Con esas fortunas no sólo compraron autos de alta gama, lanchas, casas y armas. También personas. El dinero de la droga penetró en pueblos, ciudades, policías, tribunales, fuerzas de seguridad, gobiernos. Nada que no se haya visto antes en Colombia y después en México.

“En Corrientes y en todas las provincias del Norte, como en las villas de Rosario o de Buenos Aires, el narco va de la mano de la pobreza.” La afirmación es de un policía experto en narcotráfico, pero LA NACION la recogió, casi en términos idénticos, en ámbitos de la política, la Justicia y las fuerzas federales. El de la droga es un negocio convertido en economía de sustentación para miles de personas que viven en los márgenes del sistema. Un “chajá” cobra hasta 4000 pesos por operación. Llevar una carga a Buenos Aires en avión o en un ómnibus (en este último caso, ni siquiera hay que tocar las valijas: alguien las lleva y alguien las va a buscar) se paga hasta 10.000 pesos. A policías, gendarmes o prefectos que avisan que conviene evitar determinado control los retribuyen con sumas que van de los 5000 a los 8000 pesos. Son agentes cuyos sueldos en muchos casos no superan los 15.000 pesos. “En el interior, un cabo de la policía gana 10.000 pesos por mes, o incluso menos”, apunta el experto.

“Esta guerra se gana con plata”

Un “ladrillo” de marihuana se paga en Buenos Aires entre 10.000 y 18.000 pesos, dependiendo de la calidad y de otros factores. En una valija entran hasta 16 ladrillos, es decir, una carga promedio de 224.000 pesos, que una vez distribuida y fraccionada multiplicará varias veces su valor. El eslabón clave de la cadena, y el más riesgoso, es ponerla en el mercado de Buenos Aires. Por eso se paga tan bien el traslado. El año pasado detuvieron en Aeroparque a una embarazada que llegaba de Corrientes. Tenía tres valijas repletas de marihuana. “Me dijeron que me pagaban 9000 pesos si las llevaba –le relató a la policía–. Y que volviera en otro avión a la noche. ¿Saben lo que tendría que trabajar para ganar lo que acá gano en un solo día?”

En un oscuro despacho de los tribunales correntinos, el funcionario judicial que habla con LA NACION, bajo condición expresa de no ser identificado, larga fuego por la boca. “Ésta es una guerra que se gana con plata o no se gana. Plata para investigar, para nafta, para armas, para que las fuerzas de seguridad tengan mejores sueldos y no sea tan fácil comprarlas. ¡Para que la gente salga de la pobreza! El pobre es un instrumento perfecto para el narcotráfico.” Otro gran problema, dice, es Paraguay. “De ahí viene la marihuana, y también la cocaína, aunque no la producen ellos. Acá por lo menos tenemos un río que nos separa, pero la de Formosa es prácticamente una frontera seca. En muchos lugares el Pilcomayo es apenas un hilo que se cruza con un salto. Formosa en un colador.”

El funcionario, que además del off the record le pide al cronista que durante la entrevista deje el celular fuera del despacho, es de los que creen que el gobierno anterior tomó la decisión de abandonar la frontera. Vuelve sobre Formosa. “Ahí tenemos, para 900 kilómetros linderos con Paraguay, 1466 gendarmes y 300 prefectos. Da un promedio de un hombre cada 600 metros, y suponiendo que el hombre está las 24 horas. ¡Imposible! Esa política fue deliberada.”

Las calles y las casas de Itatí son las de un pueblo pobre. Ni siquiera la casa del intendente Terán resulta, a simple vista, muy llamativa, aunque sí bastante mejor que las de sus vecinos. El padre Ortega dice –otra vez el juego de las imágenes que distorsionan– que por afuera engañan y por adentro son lujosas: “Casi palacetes”. Uno de los investigadores de la gran redada del 14 de marzo cuenta que una de las casas tenía canillas de bronce. Y agrega un dato que es vox populi en el pueblo: muchos de los que fueron detenidos apostaban hasta un millón de pesos en las cuadreras que se hacen en un campo de la zona.

El dinero que mueve el tráfico de droga siempre es una cifra de varios ceros. En diciembre, la policía correntina allanó la vivienda de una familia de narcotraficantes en el barrio Seminario, de la capital. Encontraron 870 dosis de cocaína y la recaudación del día: 110.000 pesos. En enero hubo otro operativo en la misma casa. La cosecha: 45.000 pesos y casi la misma cantidad de dosis. Y en febrero, el tercer allanamiento, pero, en este caso, a cargo de la Policía Federal. “Qué raro, no encontraron plata”, ironizan en la policía correntina.

Si algo han conseguido los narcos en Corrientes es que todos sospechen de todos. Ninguna institución se salva de la mirada acusadora, y vuelan críticas y denuncias. Un fiscal federal: “En Itatí, muchos operativos se terminaban cayendo. Siempre había alguien que buchoneaba”. Un juez: “Nos ha pasado de intervenir una línea telefónica y que en el medio alguien nos chupara la intervención a nosotros y se quedara con la grabación”. Una alta fuente judicial: “En la ley 23.737 [contra el narcotráfico] no se sobresee ni se excarcela. Si algún juez lo hace, y lo hace seguido, da para pensar mal”. Otra fuente judicial: “En las investigaciones muchas veces el laburo más difícil es controlar a las fuerzas de seguridad”. Un prefecto: “A una lancha se le rompió el rotor en noviembre del año pasado y todavía estamos esperando que nos manden el repuesto, que cuesta menos de 2000 pesos”. Un jefe policial: “Tres localidades acusadas de complicidad con el narco están en manos de intendentes kirchneristas.Itatí, Paso de la Patria e Ituzaingó”. El senador Braillard Poccard: “Todo el mundo sabía lo que estaba pasando en Itatí, y todos se quedaban callados. También en la Justicia”. Padre Ortega: “Terán les pedía a la policía y a la Gendarmería que liberaran calles y rutas para que los narcos pudieran pasar”. Un funcionario del gobierno correntino: “Hace dos años Gendarmería detuvo en la ruta 12 un camión que llevaba marihuana escondida en jabones. El camión estaba circulando con custodia de la Policía Federal”.

Cerrar los ojos y rezar

Isla del Cerrito, una pintoresca localidad chaqueña bañada por las aguas del río Paraguay en su desembocadura en el Paraná, ofrece, también ella, la engañosa dualidad de lo que se ve y lo que se esconde. Lo que se ve es un pueblo que entre 1939 y 1974 fue colonia-hospital para enfermos de lepra. Casi 40 construcciones de estilo inglés le dan un perfil absolutamente especial, único. Todo rezuma paz en sus calles, plazas, parques y playas, meca del descanso y la pesca. Lo que oculta ese paisaje idílico es que Isla del Cerrito, a cinco minutos en lancha de la costa paraguaya y muy cerca también de Paso de la Patria, en Corrientes, es considerado un enclave estratégico para el tráfico de droga.

“Hay que conocerla de día. Cuando cae la tarde, por el río pasa de todo, y no te lo dejan ver. Siempre se acerca alguien y te dice que es mejor que te alejes –cuenta un oficial de la policía correntina–. Me pasó a mí mientras pescaba. Fui unos días de vacaciones y me llamaba la atención que en el puesto que tiene ahí Prefectura nunca había nadie.” Cuando LA NACION estuvo en ese puesto encontró un agente de guardia: “Los jefes vuelven en tres horas”.

Ante tanto espectáculo en doble dimensión que ofrecen estas tierras, quizá convenga seguir el consejo que dio un joven sacerdote en la basílica de Itatí: “Cerrar los ojos y encomendarse a la Virgen”.

Se partió la ruta 3 y aisló a Comodoro Rivadavia

La grieta de cinco metros de profundidad y cuatro de ancho en la ruta 3Por Ana Tronfi - LA NACION
Fue por las intensas lluvias; está en riesgo la llegada de mercadería por tierra; en varias zonas falta agua potable.


La grieta de cinco metros de profundidad y cuatro de ancho en la ruta 3. Foto: Télam 

COMODORO RIVADAVIA. - Las lluvias se disiparon ayer por la mañana y dejaron al desnudo lo que dejó el temporal: pedidos desesperados de los vecinos de algunos barrios por agua potable -la rotura de acueductos impide la normal distribución del suministro - y a la ciudad convertida en una isla, separada del resto del país por una grieta de cinco metros de profundidad y cuatro metros de ancho en la ruta nacional número 3, unos 20 kilómetros antes de llegar a Garayalde, una localidad a mitad de camino entre Trelew y esta ciudad. La ruta es la única vía de comunicación con el norte y sur del país.

Fuentes oficiales indicaron a LA NACION: "Ante la gravedad de la situación, estamos evaluando la llegada de insumos y alimentos a través de aviones Hércules porque el aeropuerto está operable. Por tierra no será posible llegar hasta que este problema no se solucione".

A través de un comunicado oficial, se informó que la ruta entre Comodoro Rivadavia y Trelew (hacia el norte) y Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia (hacia el sur) permanecía cortada en ambos sentidos hasta nuevo aviso. Desde la Administración de Vialidad Nacional, Marcelo Yapura, señaló: "Se está analizando junto a los ingenieros los pasos a seguir".

En tanto que la ruta N° 26 entre Comodoro Rivadavia, Sarmiento y hasta Río Mayo por la ruta N° 40, también sufrió un corte parcial. Tanto éste último como el tramo a Caleta Olivia se habilitaron sobre el final de la tarde y sólo para vehículos livianos.

La ciudad amaneció sin lluvias, lo que permitió que se normalizara el servicio de transporte público de pasajeros. Sin embargo, la mayoría de los barrios sufre por el desabastecimiento de agua potable. En un comunicado, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que el servicio se normalizaría en las próximas horas, pero permanecerá cortado en Rada Tilly y Caleta Olivia por la rotura de válvulas y de los caños que abastecen a esas localidades.

Elvira Castaño, del barrio San Cayetano de esta ciudad, relató a LA NACION: "Hace seis días que estamos sin agua. El tanque está vacío y ya no tenemos nada para tomar en casa".

El pedido de auxilio se replicó en las radios locales ayer y muchos vecinos improvisaron cargaderos de agua en puntos clave de la ciudad, que se sumaron a los que implementó la SCPL.

Con el servicio de transporte reestablecido y una legión de camiones y personal de limpieza que sacaba el barro de las calles, los supermercados abrieron. Pero lo hicieron desabastecidos por la alta demanda registrada. Sobre todo, de agua embotellada.

Fondos

Ayer, el gobernador de Chubut Mario Das Neves amplió la emergencia a todo el territorio de Chubut. "Subimos de 10 a 20 millones de pesos", justificó el mandatario.

"Comodoro Rivadavia vive una verdadera catástrofe, pero también hay que decir que la naturaleza parece estar cada vez más enojada con el hombre y nos ha causado serios inconvenientes de los que no son ajenos los habitantes del Valle Inferior del Río Chubut y el interior de la provincia. Ha llovido en toda la provincia y a eso agreguémosle que desde ayer está nevando en varios lugares y la ruta 3 está cortada, se partió al medio a la altura de Garayalde" indicó Das Neves. .

"Por el decreto N° 353 se declaró el estado de emergencia climática por el plazo de 120 días corridos, en los departamentos de Escalante, Biedma, Florentino Ameghino, Rawson, Telsen, Gastre, Paso de Indios y Mártires afectados por el evento climatológico acontecido a partir del día 29 de marzo de 2017", se lee en los considerando del decreto.

Y se completa: "Se ha comprobado un daño mayor al inicialmente informado, por lo que resulta necesario extender el ámbito territorial de la emergencia climática declarada a todo el territorio de la Provincia del Chubut. El Estado provincial debe establecer la urgente ejecución de medidas para solucionar los inconvenientes generados".

La justicia brasileña apunta contra el ex ministro De Vido en el Lava Jato

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION (Extractado)
Dos condenados en Brasil dicen que el ex funcionario recibió sobornos como parte de la operación por la venta de Transener a la firma Electroingeniería SA

De Vido, implicado en una denuncia por coimasLa justicia brasileña dio otro paso hacia Julio De Vido . En la investigación Lava Jato, primero llegaron las condenas a dos operadores que se acogieron a la delación premiada y apuntaron contra él; ahora, los fiscales presentaron cargos por corrupción y lavado contra Jorge y Bruno Luz, dos lobbistas vinculados al ex ministro de Planificación Federal kirchnerista.

Los fiscales acusaron a los Luz de participar en una red dedicada a la distribución de coimas -"propinas", en la jerga- en el área internacional de la petrolera estatal brasileña, Petrobras, para obtener y destrabar negocios multimillonarios que beneficiaron a la firma cordobesa Electroingeniería, entre otras.

De Vido, implicado en una denuncia por coimas. Foto: Archivo

Los investigadores avanzaron contra ambos lobbistas tras detectar pruebas sobre el supuesto pago de coimas por US$ 15 millones por la venta de unos barcos a Petrobras, con la ayuda de Fernando Soares y Julio Camargo, y el entonces director de la petrolera, Néstor Cerveró.

Tanto Soares como Cerveró ya fueron condenados. El juez Sergio Moro, a cargo de la megacausa Lava Jato, le impuso 16 años de prisión a Soares y otros 12 años a Cerveró. Y ambos ya se acogieron al régimen de la delación premiada, entregaron documentación y relataron lo que hicieron y presenciaron durante aquellos años.

Al aceptar colaborar con la Justicia, Soares y Cerveró contaron, entre otras operaciones delictivas en las que intervinieron, cómo fue la venta de la empresa Transener -que pertenecía a Petrobras- a Electroingeniería, con la ayuda del entonces ministro De Vido.

Según reconstruyó Moro, el lobbista Soares primero tentó a Cerveró para influir en la venta de la compañía, y después completó el círculo. "A pesar de que el negocio estaba cerrado con el fondo americano Eton Park, después de que Cerveró aceptara beneficiar a Electroingeniería, la combinación del pago de una propina y la negativa del gobierno argentino a [aceptar] al fondo americano como comprador de Transener, incluso con la intervención criminal de políticos argentinos, Transener fue comprada por Electroingeniería", relató el juez.

Para eso, según detalló Moro en la resolución de febrero pasado por la que había ordenado la captura de los Luz, la venta de Transener entre 2006 y 2007 incluyó varias reuniones en Brasil, pero también en Buenos Aires entre Luz, Soares, Cerveró, los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, De Vido y su entonces asesor, Roberto Dromi.

Según el magistrado, Cerveró cobró US$ 300.000 cuando Electroingeniería se quedó con Transener, la misma cifra que retuvo Soares pero con un destino aún incierto. En su fallo, el juez apenas consignó que ese dinero que movió Soares sirvió para "el pago de propinas a diversos funcionarios públicos como resultado de tal negocio".

Cerveró admitió que cobró esos US$ 300.000, que utilizó para comprar un inmueble en Brasil, y luego apuntó contra el ex ministro: "Ciertamente De Vido recibió más que eso como propina", afirmó.

Con Cerveró y Soares ya como delatores, Moro avanzó sobre los restantes lobbistas. "El investigado Jorge Luz figura como intermediario de una propina relacionada con la venta de la empresa Transener, de Petrobras, para la empresa Electroingeniería, de la Argentina, lo que ocurrió en 2006 y 2007", explicó. Ese rol incluyó "actividades criminales de políticos argentinos".

Con Jorge y Bruno Luz ya detenidos en Estados Unidos y extraditados luego a Brasil, donde se encuentran detenidos desde fines de febrero, llegó entonces el turno de los fiscales de presentar la acusación formal contra ambos. "Les correspondió a Jorge y Bruno Luz la intermediación en los pagos a parlamentarios federales del PMDB [por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que integra el presidente Michel Temer] a través de estratagemas de lavado de dinero por medio de una cuenta oculta en Suiza a nombre de la forma off shore Pentagram, que era controlada por los acusados", indicaron.

Los fiscales detallaron que la operatoria del pago de sobornos a políticos del PMDB y ejecutivos del área internacional de Petrobras también contó con la ayuda de dos financistas uruguayos, Jorge y Bruno Davies, imputados en la megacausa Lava Jato.

Para los Davies no se trata de su debut en las noticias policiales. Ya en 2008 habían aparecido por primera vez en los radares de la justicia brasileña por su presunto rol en la triangulación de las coimas que Alstom pagó a políticos brasileños. Siete años después, en 2015, las autoridades uruguayas intervinieron y suspendieron su sociedad bursátil Interbaltic.

Macri evalúa comprar nueva tecnología contra los piquetes

foto: DyN Carlos GrecoPor Mariano Obarrio - LA NACION
Resolvió profundizar su batalla para enfrentar los cortes de rutas y calles; se analizan inversiones en grúas, equipos para dispersión y reducción de activistas.


El gobierno de Mauricio Macri profundizará su decisión de desalojar piquetes en las protestas sociales. Luego del paro nacional del jueves último, cuando despejó todos los accesos a la Ciudad, creyó haber deslegitimado al "piqueterismo" que fue criticado hasta por la CGT.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, se reunirán pasado mañana con los altos mandos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura para analizar los futuros pasos.

Según pudo saber LA NACION, se evaluarán la compra de nueva tecnología, los procedimientos por corregir y nuevas técnicas de adiestramiento antidisturbios.

El Presidente quedó satisfecho por los operativos y pidió perfeccionar un plan integral: no sólo remover a los manifestantes, sino controlar en forma coordinada la logística de transporte de los activistas de la protesta social. Lo harán entre la Ciudad de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Administración de Ingresos Públicos (AFIP).

Foto: DyN / Carlos Greco

Según una alta fuente oficial, el gobierno porteño, que dirige Horacio Rodríguez Larreta , se acoplará progresivamente a la estrategia de desalojo de los piquetes. El jefe de gobierno teme que hechos de violencia terminen con víctimas fatales.

El Presidente tiene una postura dura, al igual que Bullrich. Pero Marcos Peña, jefe del Gabinete, está más cerca de Rodríguez Larreta.

Sin embargo, la Ciudad labró cientos de multas a micros mal estacionados en la avenida 9 de Julio, lo que condicionará a los dueños contratados por piqueteros, la CGT o los partidos políticos como el PJ.

"La Ciudad no despeja aún las calles. El jueves desalojaron el piquete en Corrientes y Callao, pero no el de Corrientes y 9 de Julio", dijo a LA NACION un alto funcionario nacional.

En Seguridad señalaron que ello obedece a que la Policía de la Ciudad aún está en un proceso de fusión entre la anterior Policía Metropolitana y la vieja Policía Federal. "Además ellos tienen piquetes todos los días y no alcanza el personal. Va a ser un proceso evolutivo", dijo a LA NACION un funcionario. La Gendarmería desalojó el jueves la Panamericana y ruta 197, el Puente Pueyrredón e impidió otros piquetes en las autopistas del Oeste y Ricchieri, y Constituyentes y General Paz.

Pasado mañana se evaluará la compra de grúas o elementos para remover y secuestrar vehículos a mayor velocidad. En Panamericana se usaron autos para bloquear la ruta. "Tenemos algunas grúas, pero debemos tener más", dijo. También se analizará la compra de tecnología disuasiva no violenta ni letal: existen dispositivos en otros países que emiten un sonido insoportable para el oído humano y dispersa en pocos segundos a los activistas. Y otros que disparan chorros de espuma que se solidifica en el acto y enredan a los manifestantes y son reducidos por de las fuerzas del orden.

"Vamos a analizar las prioridades según nuestras posibilidades presupuestarias", dijo una fuente de Seguridad. También, Bullrich y Milman consideran la posibilidad de técnicas de adiestramiento como las de la policía alemana, sin armas letales, pero con despliegues rápidos que neutralizan a los revoltosos.

Bullrich y Milman enviaron a los piquetes observadores civiles que tomaron fotos y apuntes sobre el accionar de las fuerzas. Se analizarán esos informes y los de las propias fuerzas. En base a ellos, se corregirán procedimientos. Milman dijo a LA NACION: "Como autocrítica, resolvimos la Panamericana a las 10 de la mañana y pudo ser a las 7". Y explicó que hubo que esperar refuerzos de Gendarmería de la Ricchieri.

De todos modos, la Casa Rosada admite que el apoyo popular recibido en la "marcha por la democracia" del 1-A, el sábado anterior, fue clave para la decisión política de ir contra los piquetes. "La gente nos dijo que hay una mayoría que no grita ni corta calles, pero que apoya y pide basta de piquetes. Que no seamos timoratos y actuemos", dijo un funcionario de la primera línea. Se mantendrá inalterable el uso de armas no letales: por ahora, carros hidrantes y gases lacrimógenos.

"Pero hay que desactivar una logística. Ellos llevan un kit-piquete, bolsas con piedras y palos, además de autos o micros que contratan. ¿Por qué no usan la plata en comedores para los más necesitados que dicen defender?", dijo Milman.

"A Omar Viviani, la probation que debería darle la Justicia es manejar el taxi por un año", ironizó. El jefe del sindicato de taxistas había ordenado "dar vuelta los taxis" de quienes no adherían al paro. La Casa Rosada avanzará en un plan integral con la AFIP, la CNRT y la Ciudad para multar y hacer inspecciones vehiculares y tributarias de esos micros. Macri quiere que los piqueteros paguen por todas sus infracciones, además de la violación del Código Penal.
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