Editorial del diario La Nación
El Gobierno debe reformar y disminuir el aparato burocrático estatal, pero sería un error reducir la jerarquía de un área que tiene relevancia mundial.
Como parte del plan para 2018, el gobierno de Mauricio Macri prepara una reducción del número de ministerios y secretarías de Estado. Se trata de una reforma indispensable para evitar superposiciones, tornar más eficiente el funcionamiento de la burocracia estatal y, al mismo tiempo, disminuir el elevado nivel de gasto público y de déficit fiscal.
Con 21 ministerios, 88 secretarías, 208 subsecretarías y 305 direcciones nacionales o generales, resulta claro que podría hacerse una importante poda. Sin embargo, ésta debería apuntar a reparticiones cuyas funciones están duplicadas o triplicadas y a áreas que perfectamente podrían ser objeto de una fusión, con la consiguiente reducción de personal, y no a ámbitos que resultan claves para el buen funcionamiento del Estado.
Ha trascendido, en ese sentido, que la reestructuración podría convertir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en una secretaría dependiente de la Jefatura de Gabinete. Sería un retroceso inexplicable y un perjuicio para la imagen que la Argentina intenta recuperar en el mundo que el Gobierno redujera justamente la jerarquía de la autoridad ambiental. Si hay algo que se ha adjudicado esta gestión es la promoción del desarrollo sustentable como uno de los verdaderos cambios frente a una penosa gestión que, por más de una década, transformó la máxima autoridad ambiental en una dependencia del Poder Ejecutivo que no sólo abandonó sus funciones esenciales, sino que quedó sujeta a la malversación y a la corrupción en materia de política ambiental. Sería un error paradójico reducir la jerarquía de un área que reviste cada vez mayor importancia en el mundo.
En momentos en que la Argentina se prepara para ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), sería un contrasentido debilitar la autoridad que permitirá mejorar el desempeño ambiental del país. No es posible afrontar ese crecimiento con seriedad sin advertir que existirán crecientes presiones de los proyectos de grandes infraestructuras o de las industrias que explotan los recursos naturales que podrían afectar sensiblemente nuestro patrimonio natural y el bienestar de las futuras generaciones.
Es por eso que resulta cada vez más necesario contar con una fortaleza institucional que permita un contrapeso adecuado, que integre la protección ambiental en todas las políticas del Estado. Se requiere contar con una jerarquía similar a la de los demás ministerios que exprese un verdadero compromiso del Estado, algo que difícilmente podrá cumplirse debilitando la autoridad ambiental.
El descenso de la jerarquía tampoco tiene un justificativo en la pretendida reducción de gastos: la transformación de la antigua Secretaría de Ambiente en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable no generó cambio alguno en los fondos destinados a esa cartera. El nuevo ministerio no mereció una mejora presupuestaria pese al ascenso en su mejora institucional y mantuvo el presupuesto de una secretaría de Estado.
Uno de los mayores desafíos que tiene la Argentina consiste en incorporar los aspectos ambientales a las actividades de los máximos niveles de decisión gubernamental, a fin de contribuir a la erradicación de la pobreza y a la modificación de las modalidades insostenibles de producción y consumo.
La agenda ambiental incluye temas tan diversos como complejos: la conservación, la recuperación y el uso sustentable de los recursos naturales renovables y no renovables; el ordenamiento ambiental del territorio; la gestión de los recursos hídricos; el manejo adecuado de los residuos peligrosos; la evaluación ambiental estratégica y la de los impactos ambientales; la definición de políticas vinculadas con la información y cooperación internacional; el resguardo de la biodiversidad; la conservación de los bosques; la protección de los glaciares y la administración de los parques nacionales juntamente con la reciente promesa de crear nuevas áreas marinas protegidas. Lo que está en juego requiere de una capacidad para comprender la importancia de trabajar para planificar el mediano y largo plazo. No hacerlo será rendirse a las necesidades coyunturales. Cabe preguntarse si estas funciones esenciales para el sustento de las futuras generaciones podrán cumplirse debilitando la autoridad ambiental.
Transformar nuevamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en una secretaría sería dar un paso atrás. Una demostración de un débil compromiso del Gobierno con un desarrollo que permita proteger el presente y el futuro de los recursos de la Argentina y de sus habitantes.
