No son manifestantes, son delincuentes

Editorial del diario La Nación

Si el Estado deja avanzar sobre el espacio público cercenando el derecho de unos en favor de la violencia de otros, habrá declinado una de sus principales funciones

Miembros de Quebracho y de la Tupac Amaru, días atras, en abierto desafío a la ley, monopolizaron el espacio público. Foto: DyN / Archivo

Por primera vez en mucho tiempo, la semana pasada se hizo cumplir la premisa de que no existen derechos absolutos, sino que todos deben armonizarse dentro del sistema de derechos y garantías que protege a la totalidad de los ciudadanos. La cuestión quedó expuesta con la necesaria intervención de la Policía de la Ciudad para permitir que todos los transeúntes y vehículos que pasaban el miércoles último por la avenida 9 de Julio, a la altura del Ministerio de Desarrollo Social, pudieran seguir ejerciendo su derecho constitucional de circular libremente.

Miembros de Quebracho y de la Tupac Amaru, días atras, en abierto desafío a la ley, monopolizaron el espacio público. Foto: DyN / Archivo

Si fue necesario intervenir para que ese derecho pudiera ser ejercido fue porque grupos piqueteros, con el pretexto de que se hallaban haciendo una petición a las autoridades, no sólo ocuparon el espacio público, sino que amedrentaron con palos, amenazando y poniendo en riesgo el patrimonio de todos mediante la quema de neumáticos y la rotura de calles para improvisar proyectiles con piedras arrancadas del piso.

Miembros de Quebracho y de la Tupac Amaru, días atras, en abierto desafío a la ley, monopolizaron el espacio público. Foto: DyN / Archivo

No es admisible defender un derecho pisoteando el de los demás. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo civilizado. Quien esconde su rostro bajo una capucha, esgrime un arma -y un palo lo es-, incendia bienes, daña el patrimonio público -se estiman en $ 2 millones las pérdidas- y enfrenta a la autoridad no es un manifestante; es un delincuente. Así lo entendió el juez Sergio Torres, que dispuso la intervención policial. Hubo siete detenidos por resistencia a la autoridad, daños y lesiones. La policía hizo lo que ordenó la Justicia y el Estado cumplió su misión: preservar el orden público. Haber dejado avanzar a esos forajidos hubiera sido otra declinación clara del Estado respecto de una de sus funciones primordiales. Se trata simplemente de cumplir la ley. Movilizarse con elementos aptos para combates violentos admite una única interpretación: se está dispuesto a generar conflicto y a matar. Acostumbrarnos a la violencia es el peor de los caminos

La tortuosa trama del "negocio" que habrían armado Enarsa y una agencia marítima privada para sobrefacturar millones de dólares

Por Fernando Morales -Infobae.com

La denuncia de un grupo empresario, ya en manos de la Justicia, implicaría 80 viajes por año de barcos gaseros que habrían generado entre 2008 y 2014 72 millones de dólares

Millones de argentinos ignoran que el gas licuado llega al país… en barcos.

Se llaman, claro, barcos gaseros. Otros millones de argentinos suponen que esa operación es tan transparente como el gas. Error. No siempre…

Desde el 2008, el Estado (el país, todos nosotros) habría perdido una fortuna en dólares con cada cargamento. Y como siempre, un negocio a pérdida habría sido, para unos pocos, una ganancia tan ilícita como sideral.

Vamos a los posibles hechos.

La crisis energética que arrastramos es una vergüenza. Hace una década nos autoabastecíamos y hasta exportábamos gas… y ahora llevamos años pagándolo a precio de oro. Pero a río revuelto, pescadores alegres… En ese 2008, el gobierno de turno, a través del Ministerio de Planificación Federal (cabeza: Julio De Vido), puso en los puertos de Escobar y Bahía Blanca dos grandes barcos. Nombre: regasificadores. Tarea: inyectar gas metano en la red para abastecer a los hogares. En especial, la capital y sus alrededores.

¿Cómo funciona la operación? Esos barcos necesitan ser alimentados por otros más chicos: los gaseros. Esa tarea, grande, compleja y onerosa, instaló a la Argentina en el primer puesto del ranking mundial de clientes de empresas navieras que proveen gas. No es un mérito: es un barril sin fondo… Porque al precio del cargamento se agregan servicios: zarpada y atraque de barcos, remolque, tasas migratorias y aduaneras, practicaje y pilotaje, etcétera.

En el mercado naviero internacional, toda operación de un barco fuera del alcance de su empresa propietaria se hace a través de empresas locales. Se llaman agencias marítimas. Y aquí habría nacido el gran negocio denunciado por el grupo empresario Servicios Marítimos SA en la Oficina Anticorrupción (expediente 12514/16), que lidera Laura Alonso, quien luego pasó ese clavo ardiente al juzgado federal de Claudio Bonadío.

Laura Alonso lleva adelante la denuncia presentada por el grupo empresario Servicios Marítimos S.A. ante la Oficina Anticorrupción  (NA)

Ese grupo empresario naviero maneja diversas operaciones: buques de carga, lanchas para transporte de personal, practicaje, remolque. Su cabeza es el capitán Miguel Doñate, el denunciante –primero de modo individual y dos meses después representado al grupo–, su CEO es Joaquín Salas, y sus oficinas están en Puerto Madero, donde Doñate fue entrevistado por Infobae, único medio que tuvo acceso a la denuncia y sus detalles.

La agencia cuestionada se llama Marítima Meridian. Desde su creación en 1985, es una típica empresa familiar. Su titular es Jorge Samarín, y los directores titulares sus dos hijos: Lucas y Matías. Que, según la denuncia, habría facturado, para un solo viaje 597.963 dólares (con 92 centavos). Viaje que se tomó como leading case de la que sería, presuntamente, una vasta maniobra ilícita, y que fue hecho por el barco gasero Exel.

Fuera de contexto, y para el público común, esa suma no es mucho ni poco dinero. Pero en contexto, sería un gravísimo asalto al Estado. Porque el contrato modelo que redactó la empresa de gas Enarsa para los vendedores de gas licuado fijó un tope, para toda la operación, de 60.000 dólares.

Diferencia a favor de la agencia Marítima Meridian: apenas 537.963 dólares, de los cuales una parte sustancial sería -según los denunciantes- non sancta. Importante: por contrato, toda suma mayor a 60.000 dólares sería absorbida por Enarsa.

Vamos llegando al presunto escándalo…

Porque según la denuncia, el sistema de facturación y cobro "se alteró en forma dolosa y con grave perjuicio para el Estado".

¿De qué modo? ¿Con qué trama? Vamos paso a paso…

El barco gasero llega a puerto, y la agencia marítima local contrata todos los servicios de llegada, estadía y zarpada. La suma promedio de esos servicios roza los 600.000 dólares por cada viaje. Según la frecuencia de los viajes, los prestadores de servicios ofrecen tentadores descuentos a sus clientes más fieles, que pueden llegar al 25%. Y es en este punto de la trama donde Marítima Meridian habría logrado una suculenta diferencia…

¿Cómo? Según el contrato de Enarsa (empresa nacional: no olvidarlo) con las proveedoras de gas, éstas no debían pagar por el costo de los servicios locales más allá de… 60.000 dólares.

¿Qué servicios? Portuarios de todo tipo. Si superaban esa cifra, la diferencia debía ser pagada por Enarsa… a través de Marítima Meridian. Que sobre esa base se habría ideado una astuta trama de corrupción…

¿De qué modo? Al final de cada viaje –y de ser cierta la denuncia–, Marítima Meridian le facturaba a las proveedoras navieras el total del costo operativo.  Los cargos eran enviados a la agencia internacional Morgan Stanley, de Londres. Ésta los pagaba, depositaba el dinero en una cuenta de Marítima Meridian en el extranjero, y de inmediato le facturaba a Enarsa… toda suma que superara los 60.000 dólares de tope. Y Enarsa pagaba…

Pero Marítima Meridian, al parecer, se limitaba a pagar los importes netos… luego de deducidos los descuentos de premio a los clientes fieles.

Conclusión. Para un viaje tipo (el del barco Exel costó 597.963 dólares), entre lo pagado por Enarsa y lo realmente pagado por Marítima Meridian, la bonificación para ésta habría sido de 154.738 dólares (con 98 centavos).

El juez Claudio Bonadio  investiga la causa que implicaría a Enarsa y Marítima Meridian (NA)

Para ponerlo blanco sobre negro, o viceversa: Marítima Meridian se habría embolsado dinero del Estado (de todos nosotros…). Una cifra pavorosa que no sabe qué destino final tuvo o a qué manos fue a parar. Punto crucial que hoy está investigando la justicia.

Entre 2008 y 2014, promedio, hubo 80 viajes al año. Multiplique, lector, 80 por 150.000 dólares (redondeando…). Sí: 72 millones de dólares.

Entre 2014 y 2015, por gestión de Axel Kicillof, Marítima Meridian perdió el control del puerto de Escobar. Sólo le quedó el de Bahía Blanca.

A partir del triunfo y el gobierno de Cambiemos, los ministros de Energía y de Transportes revisaron la oscura trama del negocio. Sospechando que uno de los focos de los sobrecostos eran los servicios de practicaje y remolque, Enarsa licitó el servicio de remolque, y contrató para ello a la empresa danesa Maersk.

Pero Maersk armó una UTE (Unión Transitoria de Empresas), recurriendo a su propia filial (Svitzer)… e increíblemente, ¡al grupo Marítima Meridian! Que de ese modo habría vuelto a manejar el mismo negocio anterior. Sólo cambió su nombre: hoy se llama Logística y Servicios. Y logró así el monopolio de la entrada y salida de barcos en ambos puertos.

Pero nadie tuvo en cuenta la ley 26659/11… que prohíbe a las empresas que exploran la existencia de hidrocarburos (petróleo, en fin) operar en cualquier zona del Atlántico Sur controlada por la administración británica, y prestar servicios en aguas argentinas por cuenta y orden del Estado nacional. Exactamente lo que hacía Maersk, la empresa elegida en la licitación por los ministros Guillermo Dietrich y Juan José Aranguren. Ambos sostienen que la ley es anacrónica. Pero es la ley (Dura lex, sed lex…)

Hasta ahora, la justicia contencioso administrativa mantiene interdictos los barcos de Maersk hasta que demuestre que no violaron esa ley.

Y nada fácil tarea le espera al juez Bonadío si decide desentrañar la madeja de los barcos gaseros. Madeja que, de confirmarse la denuncia en todos sus términos, se parece más a las turbias aguas del Riachuelo que al volátil, transparente, incoloro e imprescindible gas. El mismo que alguna vez nos sobraba…

Las bandas de la feria se asociaron con el Estado para tener impunidad

Por Matías Dewey - LA NACION

La Salada es el exponente de una economía tan ilegal e informal como necesaria para muchas personas por su oferta de empleos. La clase política hace rato que conoce sus beneficios. Intendentes, concejales, diputados, secretarios de comercio, gobernadores y hasta presidentes han financiado sus campañas y carreras políticas gracias a Jorge Castillo y a la economía que él representa.

En estos días, La Salada parece reducirse a un empresario detenido; el representante de un mundo que parece estar en otro planeta y no a metros de la Ciudad de Buenos Aires. Nadie parece muy interesado en averiguar cómo ese mercado ha perdurado tanto tiempo. Para empezar, habría que decir que la feria de La Salada es el "mercado central" de la indumentaria en la Argentina.

La Salada es el lugar al cual miles de talleristas informales de indumentaria llevan a vender lo que producen y otros miles, provenientes de todos los rincones del país, llegan a comprar para revender. La razón es simple: la mayor parte de las familias de las clases populares o medias argentinas no pueden afrontar los precios de la ropa producida legalmente. Eso es La Salada: un shopping de ropa de bajo costo que, gracias a extendidas redes de comercio, viste a gran parte del país.

Todos los partidos políticos, grandes y pequeños, peronistas y no peronistas han visitado las instalaciones de La Salada y han dejado que ésta se convierta en lo que es a cambio de votos y dinero.

Y los partidos gobernantes, tanto a nivel municipal como provincial y nacional han renunciado a su obligación de normalizar y formalizar esa economía a cambio de que La Salada genere puestos de trabajo informales, desaliente protestas y permita el acceso a la ropa a millones de personas.

Pero los socios del líder de La Salada no han sido únicamente políticos. Paradójicamente, quienes lo detuvieron, la policía bonaerense, han sido sus socios durante los últimos veinte años. Han sido las fuerzas de seguridad las que, hasta los últimos días, se dedicaban a coimear tanto a compradores como a fabricantes de ropa. Mediante esa metodología promovían la recaudación ilegal de dinero, que luego terminaba en manos de inspectores, comisarios, jefes de brigadas y del poder político.

Por todo esto, nada de lo que sucede en las dieciocho hectáreas que ocupan los mercados de La Salada se entiende sino se repara en la presencia ilegal del Estado municipal y de las fuerzas policiales. El orden instaurado dentro de esos predios es la contracara del comportamiento de inspectores municipales, policías y dirigentes políticos, tradicionalmente más interesados en retribuciones económicas que en hacer cumplir reglamentos y respetar derechos.

Negocios policiales

En 2013, un altísimo funcionario, luego de relatarme cómo iban a pedir dinero para campañas, señalaba la intendencia lomense y me advertía: "Allá, en La Salada, no se mueve un pelo si no dan la orden acá." En los pasillos de las ferias hay mesas de juego controladas por comisarios y legiones de policías recorren los pasillos buscando ropa falsificada y cobrando un impuesto ilegal. Hay grupos de las ahora famosas "mecheras" que trabajan con guardaespaldas y roban para policías.

Y entre todo esto, inspectores y policías ceden a barrabravas la instalación de estructuras metálicas, algo más de 2900 puestos externos, a cambio de una porción de los alquileres. Esa es, en resumidas cuentas, la lógica que ha instaurado el Estado en La Salada y sus alrededores: una constante liberación de zonas a cambio de una porción del dinero recaudado ilegalmente. La consecuencia de esto es tremenda: una incesante invitación a cometer delitos, a la formación de bandas que se asocian al Estado para delinquir.

No son las fuerzas policiales estatales aquellas que velan por la seguridad de los compradores y vendedores de La Salada sino los ejércitos de policías privados contratados por los líderes de las ferias. Ellos intentan instaurar un orden defectuoso ante un Estado que participa tercerizando sus obligaciones y recaudando ilegalmente.

La feria de La Salada está emplazada en Ingeniero Budge, distrito de Lomas de Zamora, una de las zonas más relegadas del país y a tan sólo un kilómetro de la capital del país. En esa zona del conurbano, la política y el Estado muestran su cara más despiadada y atroz: el índice de homicidios quintuplica al de la ciudad de Buenos Aires; prácticamente no existen los títulos de propiedad; el consumo de paco y cocaína es regenteado por la policía; no entran las ambulancias y apenas existe un hospital desvencijado; la policía detiene y encarcela ilegalmente a jóvenes; mujeres, hombres y niños adolecen de enfermedades extrañas y el agua suele estar contaminada.

Y sin embargo, aunque parezca inexistente, el Estado y la política están ahí, presentes, dirigiendo diariamente los destinos de miles de personas. Ambos han fomentado y aprovechado esta estructura de la que ahora se horrorizan y denuncian. Ambos han frecuentado a los líderes de las ferias que ahora parecen desconocer. Y ambos se espantan al enterarse de que existe "violencia de género" cuando en esa zona, como señala Javier Auyero y María Fernanda Berti, existe todo tipo de violencia.

Este es el contexto en el cual, para bien o para mal, La Salada se ha convertido en la única posibilidad de futuro; la única manera que tiene una porción de la población de lidiar con la precariedad y pensar que otra vida es posible.

Para que el "golpe a las mafias" sea algo creíble, y no tan sólo una gestión de la opinión pública de cara a las elecciones, sería deseable que no todo termine con el líder de La Salada. Sería una buena ocasión para que los políticos transparenten un problema con el que se encuentran una y otra vez: cómo financiar sus carreras políticas y sus elecciones. Y finalmente sería una gran oportunidad para impulsar un debate acerca de cómo transformar la economía que lidera La Salada. Cerrar este mercado puede ser tan perjudicial para millones de personas como dejar que todo siga así, hasta que vuelva a ser noticia.

El autor es sociólogo e investigador en el Max Planck Institute for the Study of Societies en Colonia, Alemania. Autor de El orden clandestino. Política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en Argentina (Katz Editores)

Procesaron a los Levy por lavado con la embajada paralela en Venezuela

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
La embajada paralela con Venezuela que lideró en las sombras Julio De Vido durante la década Kirchnerista sumó un nuevo capítulo judicial. El viernes, el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, procesó por presunto lavado a ocho integrantes del grupo Levy, a los que también embargó por montos multimillonarios y extendió su prohibición de salir del país.

El juez Aguinsky consideró que el grupo vinculado a De Vido blanqueó decenas de millones de dólares en la Argentina. Foto: Archivo 

Aguinsky consideró probado que los hermanos Juan José, Carlos y Alejandro Levy lavaron en la Argentina decenas de millones de dólares que obtuvieron del gobierno de Venezuela mediante una defraudación, al firmar contratos para venderle todo tipo de mercaderías con sobreprecios: desde medicamentos y artículos de limpieza, hasta decodificadores de televisión digital triangulados desde China.

"El inflamiento de los precios pactados en los contratos de suministros desafía la lógica de la escalabilidad del negocio en cuanto a que a mayor volumen de productos menor debería ser el precio de venta", estimó Aguinsky, quien detalló que los Levy colocaron ese dinero en el mercado local con el fin de completar su presunto blanqueo.

El magistrado apuntó también contra cinco colaboradores de los Levy -Juan Ignacio Simó, Julio César Barlocco, Julián Francisco Rubio, Miguel Álvaro Romero y Horacio Beresñak-, y contra tres de sus principales empresas: Laboratorios ESME SAIC, Bleu Tel SA y Corporación Gulfos, a las que también embargó o inhibió.

Aguinsky consideró probada una presunta defraudación contra el Estado venezolano, con efectos directos en la Argentina, y detalló otras zonas oscuras de la operación. Desde el uso de facturas truchas al giro de remesas por montos inflados a las Islas Caiman y a una sociedad en Hong Kong, Frolem Corporation, de Juan José Levy.

Aguinsky apoyó así la requisitoria de la fiscal María Luz Rivas Diez, quien sin embargo había llegado más lejos, al sostener que los Levy también habían cometido el delito de contrabando agravado. Pero el juez estimó que no contaba con datos suficientes para procesar o sobreseer al grupo por ese delito y solicitó nuevos informes a la AFIP antes de tomar una decisión.

La resolución representa un duro revés para los Levy, que siempre negaron haber delinquido y adjudicaron sus problemas judiciales a un supuesto "ensañamiento" mediático, desde que LA NACION informó por primera vez, en marzo de 2014, sobre sus negocios y sus vínculos con De Vido y su mano derecha, José María Olazagasti.

Los Levy siempre negaron mantener vínculos personales, comerciales o societarios con el entonces ministro, mientras que acotaron la relación con Olazagasti a una simple coincidencia en el mismo colegio de sus hijos, el Northland's. Y calificaron la investigación de LA NACION como meras "conjeturas" y "falsedades acusatorias".

Desde su cuenta en Twitter, De Vido también negó toda relación: "Quiero aclarar que no tengo ni tuve ningún tipo de relación ni personal ni de ninguna otra índole con el empresario Juan José Levy".

Sin embargo, los propios hermanos Levy alimentaron las sospechas sobre sus negocios al cruzarse acusaciones sobre el verdadero origen y destino de las ganancias familiares, con afirmaciones incriminatorias que plasmaron por escrito sobre el "pago de reintegros y comisiones indebidas" a "terceros" que no llegaron a identificar.

Foto: Juan José Levy

Esa disputa fraternal derivó primero en varios juicios cruzados en la justicia comercial, que designó dos veedores. Fue uno de ellos, Francisco Cárrega, quien alertó sobre posibles delitos e irregularidades -como sobreprecios del 300% y adelantos del 60% del dinero de ciertos contratos por parte del gobierno de Venezuela-, lo que conllevó la apertura de la causa penal que terminó en las manos de Aguinsky y la fiscal Rivas Diez.

A las acusaciones cruzadas entre los Levy y lo recabado por la justicia en lo comercial se sumó luego un informe que las nuevas autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) enviaron a la Justicia. Allí alertaron, por ejemplo, que Juan José Levy viajó tres veces a Venezuela en el mismo avión que De Vido y seis veces con Olazagasti entre 2010 y 2013. Y que los tres coincidieron en al menos ocho ocasiones en territorio venezolano, entre 2009 y 2014, a donde ingresaron y de donde salieron en las mismas o similares fechas, en ciertos casos con diferencias entre sí de minutos.

Aguinsky también dispuso completar un análisis de los llamados entrantes y salientes del grupo Levy entre los seis meses previos a la firma del primer contrato y hasta la actualidad. Buscará determinar de ese modo si aparece algún nuevo indicio sobre un vínculo entre los ex funcionarios y los empresarios.

La defensa de los Levy entreabrió la puerta para avanzar otro paso sobre la embajada paralela. Porque argumentaron que sus contratos con Venezuela no tenían nada de inusual. Por el contrario, dijeron que eran "similares" a los firmados por otras empresas que se operaron dentro del fideicomiso bilateral. Eso llevó a Aguinsky a ordenarle a Nación Fideicomisos que preserve toda la documentación con Venezuela. "Ello para el caso de un eventual requerimiento judicial que tenga como propósito una investigación de casos análogos".

Creció el decomiso de mercaderías con más operativos en rutas del Norte

Por Daniel Gallo - LA NACION (Extractado)

En el primer semestre de este año fueron incautados productos valuados en más de $ 290 millones que se trasladaban rumbo a la feria ubicada en Lomas de Zamora

La caída del llamado "rey de La Salada" abrió nuevamente la polémica sobre el funcionamiento de ese inusual predio de ventas. Jorge Castillo y sus principales colaboradores fueron arrestados por extorsionar a puesteros y se los investiga por lavado de dinero. Pero detrás de esa causa aparece la sombra de ilegalidad que rodea siempre a esa feria comercial. El incierto origen de las prendas allí comercializadas es eje de una lucha paralela contra organizaciones que adoptan los métodos del narcotráfico para traficar sus productos. En el Gobierno se apuntó al objetivo de disminuir ese comercio irregular. Y en el primer semestre de este año se decomisó un volumen de contrabando de ropa mayor al incautado durante todo 2016.

Los operativos en las rutas contra la circulación de mercadería ingresada de contrabando sumó este año capturas estimadas en 290 millones de pesos. Durante 2016 se habían confiscado productos valuados en 180 millones de pesos. De todas maneras, ese crecimiento de los decomisos impactó, por ahora, más en las zonas de frontera que en el destino de los cargamentos: La Salada.

Fue incautado anteayer un cargamento de calzado en Ituzaingó, Corrientes. Foto: Gendarmería

"Tratamos de convertir a los bagayeros en importadores que van a tener un límite de importación por día y la mercadería que va a venir va a tener un sello de la AFIP", señaló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El problema planteado por quienes obtienen su sustento diario a partir del cruce de mercaderías desde Bolivia es un desafío importante para las economías regionales. Una de las localidades más implicadas en esa forma de vida es la salteña Aguas Blancas. Allí viven 3000 personas y no hay actividad económica más allá del cruce de bultos a través del río Bermejo desde la homónima ciudad boliviana. El paso en balsas no demanda más de tres minutos. Ante la vista de todos circulan los bagayeros. En la mirada oficial poco puede hacerse allí hasta que se logre la radicación de industrias.

Aguas Blancas, Salvador Mazza y Orán forman el triángulo de acopio de las mercaderías que terminarán comercializadas en La Salada. Es la misma zona donde se almacena la mayor parte de la cocaína que ingresa en la Argentina. Las rutas de traficantes de drogas y de contrabandistas de ropa es la misma.

"La mayoría de la ropa y la mercadería viene por Bolivia, y es mercadería china en un 90 por ciento. Esos son los grandes camiones y ómnibus que vienen desde la zona de Orán y nosotros también empezamos a trabajar ahí, poniendo límites a la entrada irregular de mercadería", comentó Bullrich tras los allanamientos en La Salada.

Insólita protesta

Ese endurecimiento del control de mercaderías generó en Salta una protesta insólita: los bagayeros cortaron varias rutas este mes para reclamar el cese de los operativos de la Gendarmería. Para ellos el contrabando es una forma aceptada.

Para el comercio en La Salada y su derivación posterior en las 660 saladitas que operan en la Argentina, según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los decomisos no implican aún un inconveniente mayor. Los secuestros de mercaderías rumbo a la feria ubicada en Lomas de Zamora durante este semestre, récord de decomisos incluido, representan sólo el monto de venta de dos días en La Salada.

Se estima que en las tres zonas autorizadas, denominadas Punta Mogotes (regenteada por Castillo), Urkupiña y Ocean se instalan los lunes, miércoles y jueves unos 30.000 puestos de venta. Cada noche llegan a ese predio unos 600.000 visitantes. El movimiento comercial allí es estimado en los 120 millones de dólares mensuales. De todas maneras, la incautación en las rutas de productos de origen incierto permite visualizar los métodos de las organizaciones que están detrás del negocio.

Uno de los casos más llamativos sobre las rutas del contrabando de mercaderías sucedió este mes en Santa Fe. Un camión fue perseguido durante más de 200 kilómetros por policías y gendarmes. Sólo pudo ser detenido cuando se armó un retén con máquinas viales a la altura de Ceres. El conductor transportaba bultos valuados en unos 30 millones de pesos. Pero los llevaba desde La Salada hacia Jujuy.

Esa situación resultaría anormal en la circulación de cocaína, con un movimiento que siempre desciende desde el lugar de ingreso hacia los mercados locales. Pero el caso de la ropa que hacia el camino inverso hacia Jujuy puede marcar que el gran centro de distribución está en La Salada y que los revendedores no logran abastecerse en otro lugar.

Declaran la quiebra de la Fundación de las Madres

(La Nación) - La Justicia le prohibió a Hebe de Bonafini salir del país.

Declaran la quiebra de la Fundación de las Madres y la justicia prohibió a la presidenta del consejo de administración, Hebe de Bonafini, a salir del país. Foto: Archivo 

La Justicia decretó la quiebra de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y le prohibió a Hebe de Bonafini, presidenta de su consejo de administración, salir del país.

La quiebra fue dispuesta por el juez comercial Fernando J. Perillo a pedido de un ex trabajador de la fundación, Miguel Ángel Ortiz Benítez. La entidad le debe a Benítez $ 123.678,30 que no pudo pagarle. La Justicia constató que hubo una "insuficiencia de fondos para desvirtuar el estado de cesación de pagos imputado". Benítez, que fue despedido, promovió la acción contra la fundación el 19 de abril de 2016, después de haber obtenido una sentencia favorable en el fuero laboral. Todavía no se sabe quién será el síndico de la quiebra. Será sorteado mañana.

En su decreto de quiebra, el juez dispuso también la "constatación y eventual clausura de los inmuebles sitos en Hipólito Yrigoyen 1432/36/38/40/42 planta baja, azotea y piso 1º e Hipólito Yrigoyen 1578/82/84/86/90 planta baja, sótano y entrepiso".

Para resolver sobre la situación de la Universidad de las Madres, también solicitó que la sindicatura le informara "si el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo se encuentra actualmente escindido de la fundación fallida".

El mes pasado, la justicia federal procesó a Bonafini como responsable de un fraude al Estado cometido a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. También fueron procesados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la entidad; José López, ex secretario de Obras Públicas, y otros funcionarios de esa área durante el kirchnerismo.

Todos ellos, acusados de haber defraudado al Estado al contratar la construcción de viviendas sociales sin licitación por casi $ 1250 millones. De esa suma, las Madres cobraron $ 749 millones, pero $ 206 millones fueron desviados por los Schoklender, que se valieron de una red de sociedades para adquirir inmuebles, autos, motos y yates, y lavarlos en financieras.

Los procesamientos los firmó el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que entendió además que no había pruebas suficientes contra otros acusados, entre ellos el ex ministro Julio De Vido.

Hoy, marcha por la Justicia

A partir de las 15, en los tribunales del Comodoro Py, tomará cuerpo hoy la convocatoria que hace semanas viene alentándose por las redes sociales: "Sin Justicia no hay república". La consigna comenzó en Twitter y es apoyada públicamente por figuras como Elisa Carrió y Paula Oliveto, para reclamar más Justicia a los jueces federales.

Odebrecht admitió haber pagado sobornos por las obras del Sarmiento

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

El principal ejecutivo de la empresa dijo a la justicia brasileña que hubo pagos millonarios para acceder al proyecto en la Argentina; habrían abonado US$ 20 millones.

Marcelo Odebrecht hizo la revelación bajo la figura de "delación premiada". Foto: Archivo 

Marcelo Odebrecht, delator premiado y máximo responsable de las coimas que durante años pagó su empresa en Brasil y en muchos otros países, confesó que el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento, en la Argentina, incluyó el desembolso de sobornos millonarios, según surge de documentos todavía secretos de la investigación Lava Jato a los que accedió LA NACION. Habrían abonado unos US$ 20 millones.

El empresario confirmó, así, la operatoria delictual que desplegó su compañía en el país, al reconocer que las siglas "DGI" que aparecen en múltiples documentos internos de la constructora no aludían a la Dirección General Impositiva local, sino que eran un eufemismo para esconder los pagos de coimas.

Anotar "DGI" en un memo, explicó Odebrecht a sus interrogadores, implicaba haber asumido "compromisos políticos", afrontar "favores", "contribuciones", "pagos a agentes públicos", "donaciones" u otros rubros ilícitos que terminaban incorporándose a los costos finales de cada contrato. Así lo revelan documentos que analizó LA NACION como parte de un proyecto periodístico colaborativo regional liderado por el equipo peruano IDL Reporteros.

Marcelo Odebrecht no aportó los nombres de quienes recibieron esos pagos ilegales en la Argentina, y tampoco los montos. Aclaró a sus interrogadores que él "delegaba mucho" cuando se trataba de operaciones en el exterior.

Pero otros ejecutivos de la compañía que también se acogieron al régimen de delación premiada aportaron algunas piezas faltantes del rompecabezas hasta redondear una cifra cercana a US$ 20 millones para quedarse con el contrato para soterrar el Sarmiento, en pleno kirchnerismo.

Condenado a 19 años y 4 meses de prisión por el juez federal brasileño Sergio Moro, Marcelo Odebrecht también aludió a la imposición de ciertos "socios locales" por parte del gobierno kirchnerista como condición ineludible para pujar con chances por contratos millonarios.

En algunos países, explicó el ahora delator premiado, las empresas estaban "obligadas" a recurrir a socios locales. Y señaló a la Argentina, en particular, como un territorio donde esa práctica y la contratación de lobbistas eran indispensables. Esas firmas y esos operadores locales, dijo, tenían los "accesos políticos" y los contactos para canalizar cualquier pedido.

Para disputar el proyecto del soterramiento del Sarmiento, la constructora brasileña conformó un consorcio con otras tres empresas -la argentina Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa-, mientras que para otros proyectos en la Argentina recurrió a la constructora Esuco, de Carlos Wagner, y a la firma BTU, de Carlos Mundin.

No sólo eso. La constructora también debió contratar los supuestos "servicios de consultoría" de Jorge "Corcho" Rodríguez. Y el propio Odebrecht, según reconstruyó LA NACION, identificó a la Argentina, junto a Colombia y a República Dominicana, entre los países donde más peso tenían y tienen esos operadores.

En el caso del soterramiento del Sarmiento, Odebrecht lidió con tres equipos de interlocutores distintos al operar con Iecsa. Porque la constructora funcionó hasta 2007 bajo el control de Franco Macri y desde entonces quedó en manos de su sobrino, Ángelo Calcaterra, primo del por entonces flamante jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Pero a partir de marzo de este año, ya con Macri como presidente y con el capítulo local del Lava Jato en ciernes, Iecsa cambió otra vez de dueño. Marcelo Mindlin tomó el control de la compañía con una condición: armar un "fondo de contingencia" -una reserva sobre el precio total de venta- que le permita afrontar las eventuales multas y penalidades que las autoridades argentinas puedan imponerle si se verificaran esas coimas.

¿Cómo habría sido la operatoria delictual por el soterramiento del Sarmiento? Al confesar sus crímenes, Odebrecht explicó que las siglas "DGI" no eran más que un rubro de la "Caixa 2", la frase con la que en su país se conoce al dinero negro que mueven las empresas brasileñas por fuera de sus balances para pagar coimas y financiar campañas electorales.

Otro protagonista del lado más oscuro de la compañía, Hilberto Mascarenhas, incluso detalló a los investigadores los porcentajes que, por lo general, se consideraban habituales para ese rubro "DGI". Entre el 5% y el 8%, dijo, "dependiendo de las negociaciones", aunque ese valor se redujo, en ciertas operaciones específicas, al 3 por ciento.

En el caso del soterramiento del Sarmiento, en tanto, las coimas se pagaron en la Argentina, pero también en Brasil, para destrabar el financiamiento. Le pagaron 15 millones de reales (US$ 5 millones al tipo de cambio actual) al entonces ministro de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior brasileño, Fernando Pimentel, según confesó el ex ejecutivo de Odebrecht Joao Carlos Mariz Nogueira -hoy uno de los delatores premiados- y publicó ayer el diario Perfil.

Ése y otros desembolsos ilegales, explicaron los investigadores brasileños en uno de los documentos del Lava Jato que ya fueron desclasificados, se autorizaban con un único objetivo: obtener "ventajas indebidas" para el emporio Odebrecht. Y fueron "ejecutados por el sector de operaciones estructuradas", y reafirmaron que esos "pagos se realizaban e incluso eran autorizados por Marcelo Bahía Odebrecht".

Pero el heredero del imperio que lleva su apellido no fue el único que vinculó las siglas "DGI" con el pago de coimas. Al referirse a la Argentina, al menos dos ejecutivos de la división de operaciones estructuradas -el lado oscuro de la compañía-, Mauricio Couri Ribeiro y Fernando Migliaccio, también aludieron a pagos ilegales, de manera específica por el soterramiento del Sarmiento, en mails que recuperaron los investigadores.

La tuneladora encargada del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en Haedo. Foto: Archivo

En uno de esos correos, por ejemplo, Couri Ribeiro aludió a su reunión de junio de 2010 con un ingeniero, Héctor Javier Sánchez Caballero, uno de los máximos directivos de Iecsa, para debatir el supuesto pago de sobornos, según reveló el diario brasileño Estadao el 17 de febrero.

Lugarteniente de Calcaterra en Iecsa durante años, Sánchez Caballero actuó como director titular de la constructora hasta el 16 de marzo, cuando Mindlin ingresó a la empresa, la rebautizó Sacde (Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico SA) y reemplazó todo el directorio por gente de su confianza.

Ahora, cuando le resta un mes para cumplir 62 años, Sánchez Caballero continúa cerca de Calcaterra y presta servicios de asesoramiento al equipo de Mindlin mientras completan la transición. Y les dice a sus íntimos que él nada sabe de pagos de sobornos y que, al menos delante de él, "nunca se habló de eso", según reconstruyó LA NACION.

Odebrecht dio otra versión durante su confesión. Planteó que a menudo eran los socios locales los que se encargaban de canalizar las "contribuciones políticas", ya fueran lícitas o ilícitas.

Apoyado en fuentes de la Policía Federal brasileña, Estadao aportó más datos sobre la operatoria de Odebrecht en la Argentina. Reveló la aparición de "al menos cinco mensajes relacionados con el pago de sobornos para las obras del tren Sarmiento", siempre enmarcados bajo el eufemismo de las siglas "DGI".

Así, en otro de los correos electrónicos de Couri Ribeiro -titulado "Reunión Sarmiento"- que recuperó la Policía Federal brasileña, el ejecutivo consignó la existencia de tres sumas distintas que asoció a "DGI". ¿Suma total? US$ 20 millones.

La Policía Federal brasileña también detectó un intercambio de correos entre Couri Ribeiro y Migliaccio, en los que aludían a distintas transferencias bancarias que se canalizaron en el exterior por el proyecto del Sarmiento. Algunas de ellas con el operador Manuel Vázquez, testaferro del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Crecen los robos a mano armada en la Provincia: hay 160 casos por día

Por Natalia Iocco - Clarin.com - Lo indican los números oficiales de los primeros 5 meses de 2017. En 2016 había 142 en promedio y 131 en 2015. La cantidad de crímenes se mantiene: 3 cada 24 horas.

Protesta contra la inseguridad en Villa Ballester, esta semana.

Agustín Bustamante tenía tres años. Lo asesinaron de un tiro en la espalda hace diez días en un robo en Lomas de Zamora. A su papá, Martín, le sacaron 200 pesos y un celular. El crimen fue uno de los más resonantes de los últimos tiempos, conmovió a todos y volvió a poner la inseguridad en el tope de la indignación de los bonaerenses. Las nuevas estadísticas oficiales de la provincia de Buenos Aires, a las que Clarín accedió en forma exclusiva, confirman que se trata de una bronca sostenida por la realidad: los robos a mano armada no paran de crecer, al punto que hay unos 160 casos por día. Esto es, un 10% más que el año pasado (cuando había 142 por día) y un 17% más que en 2015 (eran 131 diarios).

Las cifras también marcan que, aunque en los últimos tres años los números tienden a la baja, en la provincia de Buenos Aires asesinan -en promedio- a tres personas por día, según los datos oficiales de los homicidios dolosos (con intención).

Las estadísticas surgen de los expedientes iniciados en los 18 departamentos judiciales de la Provincia por homicidios dolosos y robo agravado por el uso de arma de fuego. Clarín tuvo acceso a estas cifras de 2016 y los primeros 5 meses de 2017, todas desconocidas hasta ahora. Fueron recabadas por la Procuración General de la Suprema Corte.

Así, en 2016 hubo 1.129 homicidios (3,09 por día ) y 52.065 robos agravados por el uso de arma de fuego (142 por día). Esa tendencia se sostuvo en los primeros cinco meses de 2017: entre enero y mayo se registraron 24.088 robos a mano armada (160 al día), un 10% más que el año pasado y un 17% más que en 2015 (cuando hubo 47.897). Los hurtos también tienen un aumento sostenido.

Esa tendencia se palpa en los barrios del Conurbano, donde todos tienen un caso cercano para contar. Es que, en estos cinco meses, seis personas por hora fueron víctimas de un asalto en el que les apuntaron con un arma para hacerlo. A ellas hay que sumarles las 7.500 que denunciaron intentos de robo (50 por día), en los cuales también hubo amenazas con armas pero algo externo a la voluntad del ladrón frustró el asalto.

Las estimaciones oficiales hablan de alrededor de tres millones de armas en circulación sin registrar. Mientras la cantidad de asaltos no paró de crecer en los últimos años, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas estuvo suspendido durante 2016 y se reactivó recién el 22 de mayo pasado.

El asesinato de Carlos Sánchez, chofer de la linea 514 en Claypole. FOTO MARIO SAYES

En las entraderas, según aseguran las víctimas, los asaltantes no sólo piden dinero, joyas y electrodomésticos: también exigen “los fierros”, aunque no tengan ningún indicio de que los haya.

“¡Basta!”, “¡Justicia” y “Más seguridad” son los tres gritos más repetidos en las marchas que proliferan en el Conurbano cuando los casos se concentran en algún barrio.

La Matanza, los departamentos judiciales de Lomas de Zamora (que incluye Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús y Lomas de Zamora), Morón (Morón, Hurlingham, Ituzaingó y Merlo) y San Martín (José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Martín, San Miguel y Tres de Febrero) concentraron el 61% de los robos a mano armada el año pasado y el 71% en lo que va de 2017. En esos partidos vive el 44% de la población provincial, según datos de censo 2010.

En esos mismos departamentos del sur y el oeste del GBA se cometieron el 54% de los homicidios de toda la Provincia en 2016 y el 60% de los de 2017. Los números totales dan 1.129 homicidios en territorio bonaerense en 2016 y 440 en lo que va de 2017.

A esto hay que sumarle que sólo en los primeros 13 días de junio -mes que no entra en las estadísticas- hubo nueve asesinatos en medio de robos y secuestros en Almirante Brown, Lomas de Zamora, La Matanza, Quilmes y San Martín, según un relevamiento realizado por Clarín. En el partido de Lomas de Zamora ocurrieron más de la mitad de esos casos en siete días.

Víctima. Jorge Enrique Migueli, 35 años, camionero asesinado en Llavallol

En ese departamento judicial, el que más se calentó en el último tiempo, en 2017 ya suman 113 los homicidios (0,75 por día), lo que marca un aumento respecto a 2016 (cuando hubo 231, un 0,64 por día). Con los robos a mano armada, la progresión en Lomas de Zamora indica lo mismo: un fuerte aumento. En 2015 hubo 10.540 (28 por día); en 2016 hubo 11.269 (30 por día); y en 2017, 5.279 (35 por día).

La tendencia se aceleró durante junio, mes que no registran los datos disponibles. El domingo 4 de junio, Mirta Graciela Alegre (40) cayó de un colectivo durante un asalto al colectivo en el que iba por Villa Fiorito y murió; el miércoles 7 de junio mataron a Agustín Bustamante (3) en Villa Centenario: el sábado siguiente, a la madrugada, el camionero Jorge Migueli fue asesinado de un balazo en Llavallol; ese mismo día, a las 19.40, Josefa Carrozzieri (67) y Braulio Herrera (71) murieron en Villa Galicia al chocar el auto en el que los llevaban secuestrados. Por esos hechos hubo dos marchas multitudinarias y por redes sociales convocan a otra para el martes a las 15 frente a la Municipalidad, de la que participarían familiares y amigos de esas víctimas.

La furia vecinal derivó en el anuncio de Martín Insaurralde, el intendente de Lomas, junto al ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, de un refuerzo de vigilancia. Según informaron en la cartera, ya suman 2.700 policías entre la Local y la Bonaerense en ese distrito del sur del GBA. Con esa incorporación, alcanzarían los 438 agentes por cada 100 mil habitantes, algo que parece no ayudar a prevenir los hechos.

En mayo, los ojos se habían posado en La Matanza, donde hubo cuatro asesinatos en sólo 13 días, todos en medio de hechos de inseguridad. El distrito ocupa el 19° lugar en el “ranking” de policías del Conurbano, con 299 agentes por cada 100 mil habitantes. Eso a pesar de ser uno de los lugares más calientes de la Provincia y el que más población tiene.

Lázaro Báez tiene 1.355 bienes valuados en $2.734 millones

Por Federico Mayol - fmayol@infobae.com

La información surge de un informe que el Tribunal de Tasaciones de la Nación le envió al juez Sebastián Casanello y al que accedió Infobae

El empresario está detenido en el penal de Ezeiza (NA)

Estancias, departamentos, baldíos, talleres, constructoras, casonas, galpones, cocheras, concesionaria de autos, terrenos, oficinas, un club deportivo, locales comerciales, un hotel, vehículos y maquinaria vial. Lázaro Báez tiene 1.355 bienes valuados en $2.734 millones, unos 186 millones de dólares. Es la tasación a la que llegaron los técnicos del Tribunal de Tasaciones de la Nación al que accedió Infobae, y que esta semana fue enviado por el organismo al juez federal Sebastián Casanello, que tramita la causa 3017/2013, conocida como la "ruta del dinero K", por la que el zar de la obra pública K está preso desde abril del año pasado. El jueves, Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Cristina Kirchner, según el fiscal por ser coautora de maniobras de lavado de dinero junto al empresario.

Según el informe, el patrimonio de Báez asciende a 418 bienes inmuebles distribuidos entre Santa Cruz, Chubut, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Y 937 vehículos -varios de alta gama- y maquinaria vial de Austral Construcciones S.A, la empresa insignia del supuesto testaferro del ex presidente Néstor Kirchner que acaparó gran parte de la obra pública de Santa Cruz. Los autos y las máquinas viales suman $160.761.000. Desde la Justicia no descartan que, en futuros allanamientos, puedan aparecer más bienes.

La fortuna del empresario está compuesta en gran medida por las propiedades que posee en El Calafate, la villa preferida de la ex Presidenta. Báez tiene allí 107 inmuebles, valuados en $688.197.700, que incluyen desde una gomería, baldíos y departamentos, hasta las ocho estancias que entre todas suman decenas de miles de hectáreas por un total de $184.371.000. Se trata de Cruz Aike -$46.000.000-, La Julia -$27.650.000-, Río Bote -$16.000.000-, El Campamento -$19.117.000-, La Santafesina -$20.128.000-, Ana -$15.793.000-, El Rincón -$21.804.000- y La Porteña -$17.879.000-. Hay otra chacra que no pudo ser tasada porque "no se ubicó".

Una de las estancias del empresario, valuada en 15 millones de pesos

En El Calafate se encuentra la propiedad mejor valuada del patrimonio del ex empleado bancario: el Hotel Bahía Calafate, ubicado en el centro de la villa homónima -en la calle De los Frenos 3055-, que Báez construyó pero que nunca inauguró, y cuyo valor es de $156.400.000, según el Tribunal de Tasaciones. La información sobre el emprendimiento hotelero fue aportada a la Justicia por la diputada Margarita Stolbizer y su abogada Silvina Martínez. De acuerdo a la denuncia, presentada a mediados del año pasado, el complejo, de cinco plantas, le pertenecería a los Kirchner. Y formaría parte de un grupo de hoteles de los ex presidentes bajo la administración de Báez.

En Río Gallegos, el zar de la obra pública K tiene 80 inmuebles que ascienden a $903.576.000. Hay de todo. Desde la chacra de la calle Nicolás Giglio al 1400, valuada en $99.941.000 -cuenta con varios recintos para el cultivo de plantas-, hasta un estudio contable en la calle Libertad, un galpón de autos sobre Guer Aike al 100, tasado en $9.027.000, la empresa Austral Construcciones y la sede del club Boca de Río Gallegos, sobre la avenida Kirchner al 200, de $49.255.000. También figura la estancia Alquinta, de varios lotes, valuada en $101.944.000.

La fortuna del empresario patagónico también se expandió hacia la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En la Ciudad, Báez adquirió decenas de departamentos y más de 150 cocheras en los barrios de Belgrano y Palermo, que ascienden a más de $150 millones. En la Provincia, en tanto, hizo lo propio: departamentos y lotes en barrios privilegiados como Ayres del Pilar, en la localidad homónima del Conurbano bonaerense, que en total suman más de $32 millones.

En las localidades de 28 de Noviembre, El Chaltén, Río Turbio, Caleta Olivia, Las Heras, Puerto Santa Cruz, Guer Aike, Río Chico y Deseado, en Santa Cruz, el empresario también ramificó sus bienes. Invirtió en complejos de cabañas, en estancias, en parajes, depósitos y galpones por cientos de millones de pesos. En Río Chico, por ejemplo, uno de los departamentos santacruceños, la Justicia encontró cinco estancias -Laguna Asador, Manantial Alto, La Irenita, Los Gurises y Río Olnie- que fueron valuadas por el Tribunal de Tasaciones en $240.839.000. También se expandió en Chubut.

Uno de los casos más emblemáticos del crecimiento patrimonial del supuesto testaferro de Kirchner es el de Pinamar, la ciudad balnearia de la costa bonaerense que el ex empleado bancario jamás pisó. La tasación del organismo oficial, según la documentación que está en manos de la Justicia, se hizo en base a cinco casonas en la zona norte de la ciudad costera, la más selecta, cuyo valor es de $21.698.000. Están ubicadas sobre las calles Troya, Del Libertador, Helades, Goleta Hércules y Poseidón, todas cerca del club de golf. En realidad, dichas propiedades, que habían sido escrituradas por Austral Construcciones, habían sido adquiridas por uno de los ex contadores de la empresa. En la piscina de una de las casas había, en el fondo y pintado, un escudo de Boca Juniors.

Odebrecht: revelan que De Vido acordó coimas por US$ 25 millones

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

Así se desprende de documentación de la investigación y de la declaración de un testigo delator; fue para destrabar el acceso de la constructora a una obra gasífera

El entorno directo del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido acordó una coima por US$ 25 millones y otras "prácticas no convencionales" a cambio de destrabar el acceso de la constructora brasileña Odebrecht a un proyecto multimillonario para la extensión de las redes troncales de gas en el país.

La información surge de documentos todavía secretos de la investigación internacional Lava Jato que obtuvo, verificó y analizó LA NACION durante las últimas semanas.

Esos documentos muestran que la negociación delictiva de Odebrecht con el gobierno kirchnerista abarcó dos etapas, con dos intermediarios distintos. La primera etapa quedó en manos del dueño de Esuco, Carlos Wagner, quien presidió la Cámara Argentina de la Construcción durante ocho años del kirchnerismo, entre 2004 y 2012. La segunda fase fue con el lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez como interlocutor determinante.

Rodríguez pasó a trabajar para Odebrecht como "consultor" durante años. Pero tanto él como Wagner actuaron frente a los representantes de la compañía brasileña como emisarios de De Vido, y así lo entendieron quienes negociaron con ambos y acordaron pagar esos US$ 25 millones entre 2007 y 2014, de acuerdo con el material al que accedió LA NACION como parte de un proyecto periodístico regional liderado por el equipo peruano IDL Reporteros desde hace un año y medio.

LA NACION consultó a Rodríguez y a Wagner, quienes rechazaron las sospechas. "Eso que dicen es falso", contestó el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción. "No facilité ninguna reunión", abundó.

Foto: LA NACION

Rodríguez también rechazó los dichos de los delatores brasileños. "Es mentira", replicó. "¡Me usan para tapar otros temas y otras personas, que sí estuvieron metidas!", añadió, sin dar nombres.

De Vido siempre negó cualquier rol en el entramado de coimas de Odebrecht. "Nunca podrán imputarme nada con seriedad", contestó el ex ministro en mayo, cuando algunos datos salieron a la luz desde Brasil. Consultado ayer por LA NACION, De Vido se negó a responder preguntas o hacer comentarios, mientras que su vocero subrayó que el contrato bajo sospecha era para la extensión de las redes troncales como un acuerdo "entre privados".

Pero las desmentidas de De Vido, Wagner y Rodríguez se contradicen con las confesiones en Brasil. Allí, uno de los máximos jerarcas de Odebrecht, Mario Faria da Silva, se acogió al régimen de "delación premiada" para reducir su tiempo en prisión a cambio de contar lo que sabía sobre las coimas que pagó la compañía durante décadas en varios países. Y habló sobre los millones que se pagaron en la Argentina.

El ministro del Superior Tribunal Federal (STF) de Justicia brasileño, Edson Fachin, reveló los primeros y acotados datos sobre ese negociado en un documento de apenas tres carillas que remitió a la Procuración General de su país, según reveló LA NACION en abril pasado.

Según reconstruyó desde entonces LA NACION, Faria reconoció que él mismo se reunió dos veces con De Vido, quien sin embargo evitó hablar sobre esas coimas.

Por el contrario, el brasileño detalló que la operatoria ilícita quedó en manos de dos colaboradores: su subsecretario de Coordinación, Roberto Baratta, quien pasó de levantar quinielas a asumir como subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, y Roberto Mandolesi, quien como director de Nación Fideicomisos destrabó el pago de $ 1000 millones para la empresa BTU durante los últimos días en el poder del kirchnerismo, en diciembre de 2015.

Señalada desde hace años por una supuesta excelente relación con De Vido, BTU también quedó bajo la lupa en Brasil. Según detalló el ahora "delator premiado" Faria, esa empresa fue recomendada por el Ministerio de Planificación Federal.

El rol de Wagner

Condenado a 19 años y 4 meses de prisión en Brasil por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita, Faria se convirtió en delator para reducir su paso por la cárcel. Y detalló quiénes son los otros ejecutivos de Odebrecht que saben sobre las coimas que se pagaron al entorno directo del entonces ministro y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV). Contó que uno de ellos es Flavio Bento e Faría, por entonces máximo jefe de la constructora en Argentina.

Flavio Bento e Faría -sin parentesco alguno con Marcio Faria- fue quien se reunió con Wagner, de Esuco, quien expuso el pedido de coimas requerido por los funcionarios públicos. Indicó que si querían hacer negocios en la Argentina, debían pasar por él, lo que Wagner negó de manera tajante a LA NACION.

Sin embargo, Marcio Faria también señaló a ex otro ejecutivo de Odebrecht como negociador directo de esa coima por US$ 25 millones. Dijo que fue Hilberto Mascarenhas da Silva, quien también se acogió al régimen de la delación premiada y contó ante los investigadores brasileños que la empresa pagó cerca de US$ 3340 millones en coimas y aportes ilegales a campañas electorales, tanto en Brasil como en otros países entre 2006 y 2016. Es decir, lo que en Brasil se conoce bajo el paraguas de "Caixa 2".

¿Cómo fue la negociación delictiva? Cuando Odebrecht comenzó a moverse para pujar, desde 2007, en la licitación para la ampliación de ampliación de la capacidad del transporte de gas a lo largo de 15 provincias argentinas, su entonces superintendente en el país, Flavio Bento e Faria, fue contactado por Wagner, quien se presentó como dueño de Esuco y presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, pero expresó su verdadera misión en cuanto vislumbró la oportunidad.

Con su nombre en la "ruta del dinero K" -causa en la que está imputado- y en al menos seis sociedades offshore que aparecen en los Panamá Papers, Wagner fue directo. Según Marcio Faroa, "le pidió coimas" a Bento e Faria, pero se cuidó de darles los nombres de los destinatarios, aunque a los brasileños les quedó muy claro quiénes eran.

Fue entonces cuando uno de los máximos responsables de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht -es decir, el área dedicada a las coimas de la empresa-, Hilberto Mascarenhas ajustó los detalles para el pago de los sobornos. A partir de allí, el camino de los negocios con el Estado argentino se simplificó para Odebrecht, que sólo recibió elogios de De Vido durante dos reuniones que mantuvo con el ahora delator premiado.

Sin embargo, el entendimiento ilícito se quebró en octubre de 2010. Con la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, el pacto se quebró, y Odebrecht comenzó a padecer todo tipo de problemas con la ejecución y cobro del multimillonario contrato. Esos problemas sólo se solucionaron con la aparición del lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez, quien reabrió las negociaciones ilícitas con los representantes de la constructora brasileña, acordó nuevos pagos y hasta les aportó los números de las cuentas bancarias offshore donde debían depositar el dinero de las coimas.

Según reconstruyó LA NACION, sin embargo, Rodríguez actuó más como emisario de De Vido ante Odebrecht que como lobbista de la constructora brasileña ante el entonces ministro. Y los datos públicos que se conocen sobre él como operador alientan la confusión.

Así, como lobbista de Odebrecht, el "Corcho" recibió a varios empresarios en las oficinas de la compañía, pero al mismo tiempo viajó a China con De Vido. Lo hizo como operador de la empresa brasileña, aunque también produjo los discos del hijo guitarrista del entonces ministro.

Consultado por LA NACION, Rodríguez rechazó las sospechas. "Nunca estuve en ninguna negociación de ninguna obra", replicó. "Hasta por una cuestión de tiempos no es posible. Ese contrato se negoció años antes. Mi relación con la empresa comenzó en 2011", retrucó.

Ahora, el acuerdo para desembolsar coimas por US$ 25 millones se encuentra bajo investigación en Brasil y en la Argentina. Allá llegó a las manos de Edson Fachin, ministro del Superior Tribunal Federal de Justicia -el equivalente a la Corte Suprema.

A cargo de supervisar todas las investigaciones derivadas del Lava Jato, Fachin analizó los dichos de Faria y emitió la "Petición N° 6712". Dirigida a la Procuración General, le pidió que evalúe si el Poder Judicial brasileño tiene jurisdicción para juzgar este tipo de actos de corrupción cometidos por empresas de su país en el extranjero.

En la Argentina, en tanto, la operatoria que ahora sale a la luz ya había quedado bajo la lupa del fiscal federal Carlos Stornelli, quien desarrolló una investigación preliminar. Encontró indicios y radicó una denuncia, que quedó en manos del fiscal federal Federico Delgado y el juez Ariel Lijo, para luego recaer en el juzgado de Daniel Rafecas.

Imputan a abogados y médicos por fraudes a ART con accidentes de trabajo y enfermedades laborales

(Clarin.com) - Imputan a abogados y médicos por fraudes a ART con accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Los doctores simulaban discapacidades y conseguían acuerdos extrajudiciales. Hay nueve personas investigadas

Los accidentes laborales están bajando pero suben los juicios. FOTO JUAN MANUEL FOGLIA

El fiscal de la justicia provincial, Enrique Gavier, pidió hoy la elevación a juicio de la causa por presuntos fraudes a Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) mediante la simulación de discapacidades por enfermedades y accidentes laborales en la que están imputadas nueve personas.

Según fuentes judiciales, Gavier solicitó la elevación a juicio de la causa en la que están imputados cinco médicos, dos abogados y dos empleados hospitalarios por fraudes mediante la simulación de discapacidades por enfermedades y accidentes laborales, más el delito de asociación ilícita.

Los acusados son los abogados Marcelo Fernando y Oscar Alejandro Chiarini, imputados como jefes y organizadores de una asociación ilícita. También están acusados los médicos Daniel Eduardo Nates, José Eduardo Pacho, Hugo Mario Parente, David Javier Salvi y Oscar Alberto Visconti, quienes están imputados por estafa procesal continuada y de certificado médico falso reiterado en concurso real.

La acusación también alcanza a Mónica Rosana Oliva y Carlos Raúl Toranzo, empleados hospitalarios y delegados sindicales al momento de cometerse los hechos.

Los imputados están acusados de consumar falsedades documentales y fraudes procesales que causaron un grave perjuicio a las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) Liberty SA, Consolidar SA, Berkley International SA y Prevención SA, hechos ocurridos de 2008 hasta el 12 de agosto de 2010.

Según el diario especializado Comercio y Justicia, los abogados Chiarini, asesores de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), aprovechando el acceso a bases de datos de empleados de distintos nosocomios de la provincia de Córdoba, conseguían captar a clientes que eran empleados en relación de dependencia de los hospitales Italiano, Psiquiátrico de Oliva y de otros nosocomios y entidades o empresas relacionadas con la salud.

Toranzo y Oliva, por su parte, eran quienes colaboraban para "reclutar" a estos potenciales clientes.

Una vez contactados, los convencían de que tenían derecho a demandar indemnizaciones por supuestas enfermedades laborales y el siguiente paso era llevarlos al consultorio del médico Pacho, quien realizaba una entrevista al paciente y confeccionaba allí el primer certificado médico falso.

Posteriormente, los clientes concurrían al estudio jurídico de los imputados Chiarini, donde se firmaba la demanda y, una vez interpuesta en la Justicia, los abogados contactaban a las ART para ofrecerles un acuerdo por un monto sustancialmente menor al demandado y de esta manera conciliar al inicio del juicio.

Una vez aceptada la oferta, se confeccionaba un segundo certificado falso, al que se le otorgaba el valor de peritaje médico extrajudicial, en el cual se reducía el porcentaje de incapacidad consignado en el primer certificado.

El segundo certificado era confeccionado por los otros médicos acusados en la causa y luego de obtener las homologaciones de los acuerdos por parte de los distintos jueces de Conciliación, tanto las ART como los clientes debían pagar a los abogados los honorarios correspondientes.

Predio Papa Francisco: un preso por la usurpación

(La Nación) - La Fiscalía de la Ciudad logró una condena de prisión efectiva para uno de los responsables de la usurpación del predio Papa Francisco, situado en en Villa Lugano. Claudio Roberto Jiménez, imputado por la toma de tierras públicas ocurrida en 2014, reconoció su participación como organizador mediante un juicio abreviado. 

Por eso, el fiscal de la causa, Carlos Rolero, acordó la pena de un año de prisión efectiva, que fue homologada por el juez Rodolfo Ariza Clerici. Como Jiménez tenía condenas previas -sin cumplir por estar prófugo-, recibió la pena única de cuatro años de prisión efectiva.

Para manejar el juego ilegal les pagaba sobornos a 27 seccionales

Por Gustavo Carabajal - LA NACION

El jefe de la maniobra destinaba $ 150.000 por mes para que sus levantadores de quiniela no fueran detenidos por la policía

Un capitalista del juego destinaba al menos 150.000 pesos por mes a 27 dependencias policiales de la zona norte y noroeste del conurbano. No eran otra cosa que coimas para evitar que sus cien levantadores de quiniela clandestina, que recaudaban hasta $ 800.000 en jornadas en que había cuatro sorteos, fuesen molestados durante sus quehaceres o, eventualmente, detenidos por las operaciones ilegales.

Esta red de corrupción policial fue desbaratada a partir de una investigación encarada por el Ministerio Público Fiscal de San Martín en julio del año pasado. Durante los allanamientos fueron apresados tres jefes policiales y el organizador de la maniobra: Carlos Alberto Fernández, que murió mientras estaba detenido. Su abogado era Jorge Cancio, actual subsecretario de Seguridad del municipio de Malvinas Argentinas.

Los faxes con los extractos de las jugadas. Foto: LA NACION

Durante los operativos, los detectives abocados al caso secuestraron computadoras y soportes informáticos que contenían archivos encriptados, es decir, cifrados con una clave secreta.

Hace una semana, los peritos informáticos oficiales lograron desencriptar esos archivos. Encontraron una planilla donde el capitalista detallaba todo el dinero que pagaba en concepto de sobornos.

Allí figuran las siguientes dependencias policiales: Don Torcuato, Del Viso, Alberti 1 y 2, Departamental Don Torcuato, Los Polvorines, Dirección de Investigaciones de Pilar, Dirección de Investigaciones de San Martín, Comando de Patrullas, Maquinista Savio, Ingeniero Maschwitz, Garín, Departamental Pilar y Distrital Escobar. Figuran, también, al menos cinco policías que se desempeñan en jefaturas departamentales de la zona.

Los sobres con dinero que se destinaban a esos policías corruptos sumaban $ 120.000, a los que se agregaban $ 30.000 que eran entregados a ocho uniformados que aparecen con distintos sobrenombres y en diversas dependencias.

En la planilla figura un ítem titulado "adicionales", en el que, además de los honorarios del jardinero, figura un apellido: Cancio.

Ese apellido se repite en una de las actas en las que se detalla cuáles fueron los elementos secuestrados en los allanamientos. Dentro de una caja fuerte había 76.800 pesos repartidos en fajos que llevaban los nombres de "Cancio", "Alberto", "Rosa" y "Walter". Ese cofre guardavalores fue encontrado en un inmueble situado en José Martí al 1400, de la localidad de Adolfo Sordeaux, Malvinas Argentinas.

El propietario de ese local era Fernández, señalado como el capitalista de juego más importante de la zona, con más de cien levantadores de quiniela que operaban en el eje de la vieja ruta 8, la ruta 202 y la autopista Panamericana.

Su hija, Mirta, había sido secuestrada en 2003, en la época más crítica de ese tipo de delitos. Estuvo 27 días cautiva. Los secuestradores le cortaron un dedo y se lo mandaron a Fernández para que pagara el rescate. La mujer fue liberada luego de que su padre abonó 400.000 pesos, más de 100.000 dólares de la época. La banda de secuestradores, encabezada por Sergio Orlando Leiva, alias "Negro Sombra", fue condenada en 2007. Entre los sentenciados figuraba un policía bonaerense.

Además del dinero, dentro del inmueble los investigadores de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense encontraron un centro de cómputos donde se procesaban las apuestas clandestinas de quiniela. Los investigadores secuestraron 15 computadoras y siete faxes en los que se recibían las planillas con las jugadas.

Al revisar la propiedad, los funcionarios de Asuntos Internos encontraron programas con apuestas de todas las quinielas nacionales y provinciales, anotaciones de jugadas de quiniela, de levantadores y corredores que trabajaban en combinación con el dueño del local. Toda esta actividad ilegal fue desarrollada por Fernández en el inmueble de Malvinas Argentinas.

Al ser consultado por LA NACION, el subsecretario de Seguridad de Malvinas Argentinas, Jorge Cancio, admitió que había sido abogado del capitalista de juego detenido en una causa en la que había sido acusado de un homicidio culposo ocurrido en el cruce de la avenida 9 de Julio e Independencia, en el centro porteño.

"Hace mucho tiempo que no hablaba con Fernández, así que no sabía que todavía desarrollaba esa actividad. Pensé que había dejado hace tiempo. Voy a presentarme cuanto antes ante la Justicia para aclarar todo esto", dijo a LA NACION el funcionario municipal.

Fernández falleció mientras estaba detenido. Fueron procesados el oficial Damián Campero y el comisario de Los Polvorines Andrés Fabián Condes. El juez de San Martín Mariano Gramático Mazzari los acusó de cohecho activo.

La causa comenzó hace once meses a partir de una llamada anónima que recibió el fiscal de Investigaciones Complejas de San Martín, Edgardo Ledesma. Le dijeron que "policías de las comisarías de "Pablo Nogués, Los Polvorines Jefatura Departamental y Comando de Patrullas pasaban a retirar sobres con dinero por el inmueble situado en José Martí al 1400, de Malvinas Argentinas. Allí, el dueño de la propiedad entregaba dinero para que no lo persiguieran y lo dejaran continuar con la actividad de apuestas clandestinas de quinielas".

Ante esta denuncia, el fiscal ordenó una vigilancia de ese domicilio que derivó en las detenciones de los jefes policiales y en el allanamiento de la propiedad de José Martí al 1400, donde estaba montado el centro de cómputos de las apuestas clandestinas.

El análisis del contenido de los discos rígidos y de los servidores asociados a las computadoras del lugar fue arduo. En especial, costó desentrañar las claves de los archivos encriptados. Finalmente, los expertos informáticos de la Dirección General de Asuntos Internos lograron, la semana pasada, abrir la caja de Pandora. Así tuvieron el detalle de las coimas que Fernández pagaba para que sus corredores levantaran $ 800.000 por día en apuestas clandestinas.

A partir de la desclasificación de los archivos habrá, seguramente, nuevos nombres en la causa.

Del editor: Qué significa. Las contabilidades paralelas han empezado a dar detalles de las coimas que agujerean la credibilidades de la policía.

El otro favor de Kirchner a los fondos buitre

Por Ricardo Roa - Editorial del diario Clarin

La operación Kirchner-Ducler para apoderarse de YPF ha terminado alimentando un reclamo contra la Argentina.

Más que se sospechaba, se sabía conociendo al personaje: Néstor Kirchner estaba detrás de la compra del 25% de YPF a Repsol aunque en las formas el comprador había sido el grupo Esquenazi, dueño del Banco de Santa Cruz. Ahora empiezan a aparecer las pruebas. Y de un modo que pinta tenebroso.

Kirchner siempre fue un jugador a todo o nada y desde bastante antes de llegar a la Rosada. En sus tiempos en el Sur solía cruzarse a Chile de noche y secretamente para apostar en un casino. Esa compulsión a ir al límite marcó también su paso por la política. Y por los negocios: para él el dinero equivalía a poder.

Fue una verdadera bendición que le llegaran más de 600 millones de dólares por la privatización de YPF. Así como los recibió los mandó al exterior. En esa operación estuvo la mano de Aldo Ducler, que entonces le escribía discursos a Menem. Antes había militado en el nacionalismo y pasado por los gobiernos de Onganía y de Isabel Perón. También fue funcionario de la dictadura.

Un demócrata de toda la vida y un personaje de segunda fila que supo estar en lugares clave en el entresijo de la política y la economía. Ducler era un operador financiero todo terreno. De esa cabeza y de la cabeza de Kirchner salió una operación fantástica: quedarse con un pedazo de YPF y tomar el control de la petrolera sin poner un peso. Obvio, con la complicidad de los españoles que vendieron a muy buen precio y se aseguraron el apoyo del poder político para girar sin traba alguna cada año a Madrid sus dividendos, lo que para otros estaba vedado. Y sin preocuparse por su consecuencia: la descapitalización de la empresa.

La primera fase de la compra consistió en montar Petersen Energía en España y Petersen Energía PTY en Australia. A menos de tres semanas de creada y contra todas las normas, Petersen en España recibió créditos de un consorcio bancario encabezado por el Credit Suisse. A sola firma y con el aval de las mismas acciones. Todos creen que la garantía real y oculta de esas acciones fueron los intereses de los 600 millones de dólares de Santa Cruz. Back to back. Petersen compró el resto de acciones de YPF con un préstamo de la propia Repsol.

El pago de los créditos es mucho más conocido: cuotas anuales que Esquenazi pagaba con los dividendos de YPF. O sea: con la misma caja de YPF. Duró hasta que muerto Kirchner y con el gobierno de Cristina Kirchner necesitado de dinero decidió expropiar YPF como si fuera una gesta antiimperialista. Cayó el valor de las acciones y los bancos se vieron obligados a liquidarlas y reclamar por la pérdida a Petersen, que quebró. La situación fue aprovechada por fondos buitre.

Las acciones soñadas por Kirchner terminaron en esas manos que le reclaman a la Argentina miles de millones de dólares por la expropiación que decidió su viuda. Otro capítulo para esta oscura historia: Ducler murió buscando vender los datos de la operación Kirchner-YPF a través de su abogado y abogado también de Cristóbal López. El Club K de Estafadores de Santa Cruz que arrancó en los 90 sigue haciendo historia. Trágica.