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lunes, 7 de agosto de 2017

La Cornisa reveló que el Tribunal de Cuentas bonaerense desaprobó un gasto por $ 8400 millones del gobierno de Daniel Scioli

El ex gobernador Daniel Scioli(La Nación) - Consideran que no tiene el respaldo legal, administrativo y documental ni la razonabilidad mínima

El ex gobernador Daniel Scioli. Foto: Télam / Gomez Ramiro
El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires desaprobó un gasto por 8400 millones de pesos que se realizó durante el gobierno de Daniel Scioli por considerar que no tiene el respaldo legal, administrativo y documental ni la razonabilidad mínima. Tal como explicó La Cornisa, este dinero fue utilizado por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), un organismo autárquico creado "para el mejoramiento integral de la educación".

El dictamen fue firmado por las máximas autoridades del organismo, Miguel Teilletchea, Gustavo Fernández y Eduardo Grinberg y, según dicho programa, se trata de la sanción más importante de la historia del organismo de control encargado de auditar los egresos del gobierno provincial. De esta manera, complica a algunos ex funcionarios como el ex director ejecutivo de la UEP Mariano Puccio quien se desempeñó como Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora Provincial durante 2014 y 2015 en la gestión Scioli y que, según se detalla, deberá hacerse cargo de $ 8.440.316.215,78 "por el faltante de rendición documentada de los egresos, presupuestarios y extrapresupuestarios" en ambos años por montos de $5.422.216.530,44 en 2015 y 3.018.099.685,34, en 2014.

En diálogo con La Cornisa, Puccio -que hoy Integra la comisión fiscalizadora de la Comisión Directiva de Boca Juniors- señaló: "La rendición de ese dinero fue realizada a organismos de la Nación como corresponde porque los fondos fueron recibidos desde ahí y del Banco Interamericano de Desarrollo". Además, en el dictamen justificó que parte de esos 8400 millones de pesos fueron para "gastos extrapresupuestarios". Y agregó: "Son más de 3000 millones que no tienen ninguna justificación como el resto del dinero".

La Unidad Ejecutora Provincial es un organismo que fue creado en 1994 para "implementar programas y proyectos de financiamiento externo y local para el mejoramiento integral de la educación", es decir la construcción de escuelas, las mejoras edilicias de jardines de infantes y en las escuelas. Sin embargo, según detalla la documentación de las licitaciones de las obras de la UEP, se encontró con que el día posterior a las elecciones del 2015 se licitó la construcción de cinco escuelas de General Rodríguez que hoy se encuentran en estado de abandono.
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Desaprueban un gasto por $ 8400 millones del gobierno de Scioli

Sobre esta cuestión, Ariel Martínez, Presidente Consejo Escolar General Rodríguez dijo: "La escuela primaria 22 de Barrio Bicentenario fue licitada dos veces. Primero se hicieron los cimientos la obra no fue continuada y nuevamente fue licitada un día después de las elecciones del 2015".

Además, en el caso de que la Justicia decida avanzar, otros funcionarios quedarían implicados, como es el caso de la ex ministra de Educación Nora de Lucía, la de Hacienda Silvina Batakis, el ex jefe de gabinete Alberto Pérez y el ex gobernador Daniel Scioli.

Juan Pedro Giuliano, Director General de Actuaciones Judiciales Tribunal de Cuentas, explicó: "Hemos cursado una copia del fallo al Procurador y a la Corte Provincial. Pienso que ahora es la Justicia la que debe determinar cómo sigue este caso, donde se presume un daño patrimonial a la Provincia de Buenos Aires, con las mayores dimensiones de la historia".

Por su parte, el concejal oficialista Gustavo Gómez mostró las ruinas de un edificio que iba a ser una escuela secundaria pero que, de todos modos, "es utilizada por los delincuentes para robar, vender droga y violaciones". "La Unidad Ejecutora comenzó la obra bajo una licitación, luego se volvió a licitar en 2015 y no sabemos a dónde fue a parar la plata porque el colegio no se hizo (...) el responsable es Mariano Puccio y el ex gobernador Scioli, que deberían haber terminado esto".

viernes, 4 de agosto de 2017

Gran Bretaña venderá a la Argentina materiales y máquinas para acuñar 150 millones de monedas de $ 1

Gran Bretaña venderá a la Argentina materiales y máquinas para acuñar 150 millones de monedas de $ 1Por  DAVID CAYON - Cronista.com
El ministro de Economía del Reino Unido, Philip Hammond, anunció que la Royal Mint ganó una licitación internacional para fabricarlas. Serán acuñada en la Casa de Moneda.

Eludiendo todo tipo de nacionalismos, y apelando a la fría técnica y los precios más competitivos de plaza, nada menos que uno de los emblemas de la corona británica tendrá a su cargo la elaboración de la moneda argentina.

La noticia se conoció a través del ministro de Economía del Reino Unido, Philip Hammond, quien con la difusión de la noticia cerró una gira de negocios de 48 horas por el país, durante las cuales se entrevistó, el miércoles, con el presidente Mauricio Macri.

Hammond publicó un twit en donde comunicó que "The Royal Mint", la Casa de la Moneda del Reino Unido, se quedó con la licitación internacional para proveer a la Casa de la Moneda de la Argentina de 150 millones de cospeles que serán utilizados para acuñar la nueva moneda de un peso.

Los cospeles son las monedas sin acuñar. Es decir, sin el sello a presión con el dibujo característico de cada moneda.

La entidad creada en el año 886 en Londres también será la encargada de proveer el equipamiento para que la Casa de la Moneda fabrique 150 millones de pesos en monedas de uno. Fuentes oficiales británicas y argentinas dijeron que el contrato es por 1,3 millón de libras (equivalente a unos u$s 1,7 millones).

Aunque sorprenda ahora la contratación con una firma de la corona británica, con quien la Argentina sigue en conflicto por las Malvinas, este no es el primer contrato que gana la sociedad de responsabilidad limitada propiedad del Palacio de Hacienda de Inglaterra y que tiene un contrato de exclusividad para emitir la moneda británica pero que, además, exporta a sesenta países en todo el mundo.

Según explicaron a El Cronista fuentes cercanas a las partes, desde hace algunos años que la Royal Mint le provee apoyo comercial y técnico al Banco Central de la República Argentina y a la Casa de Moneda.

Funcionarios del organismo oficial argentino también explicaron que "después de muchos años, la Casa volvió a licitar" ya que antes lo hacía el Banco Central. "Hicimos una licitación internacional porque no hay fabricantes de cospeles en el país", dijeron. "La operación implica sólo los cospeles y nosotros las acuñamos en las dos líneas de producción que tenemos en Retiro", agregó la fuente.

Pero esta no fue la única licitación internacional que hizo la Casa de la Moneda. Previo a la adjudicación a la Royal Mint de los cospeles de $ 1, la española Compañía Europea de Cospeles S.A., conocida por sus siglas CECO S.A., obtuvo la operación de provisión de los cospeles para la nueva moneda de cinco pesos.

En este caso, la empresa conjunta entre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda Española y la compañía alemana Deutsche Nickel, se adjudicó un contrato para proveer 200 millones de cospeles.

"El Banco Central entiende que hay escasez de monedas de $ 1 y que es el momento de empezar a hacer las $ 5; por eso hicimos los llamados internacionales". En el caso de esta última, la intención es empezar a sacar de circulación los billetes que tienen la figura de José de San Martín.

Aunque hace semanas el Banco Central, como parte de su fundamentación de la necesidad de impulsar el dinero electrónico daban el excendente de monedas, lo cierto es que escasean las de $ 1. Numerosas máquinas, como las tickeadoras de estacionamiento, entre otras, no admiten las que circulan de $ 2. Para el estacionamiento medido, que tiene un valor de $ 8, se requieren múltiples monedas de denominaciones menores. Los ingleses los solucionarán

YPF: Gobierno ya prepara millonario pago (hasta u$s4.000 M) a buitre Burford

Thomas Griesa Por Carlos Burgueño - Ambito.com
LA CÁMARA DE APELACIONES DE NUEVA YORK DEBE DEFINIR LA SEGUNDA INSTANCIA.

La Argentina, si pierde el caso, deberá pagar ese dinero a parte de los tenedores del 41% de acciones que no fueron reestatizadas. Especulaciones sobre quiénes (personas y sociedades) se verían beneficiadas.

El Gobierno está resignado. Ya prácticamente se descarta en Buenos Aires que la Argentina perderá el juicio que el fondo buitre Burford le hace al país en Nueva York, por la manera en que se reestatizó YPF durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. En silencio, en el Palacio de Hacienda se elabora la estrategia financiera para conseguir entre 3.000 y 4.000 millones de dólares; el dinero que, se especula, costaría un fallo en contra de la demanda generada por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocaron al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos u$s1.000 millones) a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero.

El caso está ahora en análisis por los jueces de la Cámara de Apelaciones de Nueva York a la espera de una decisión final de segunda instancia, la que se conocería antes de octubre. Desde la Argentina hay pocas expectativas favorables. Más teniendo en cuenta los argumentos utilizados por la defensa del país en la audiencia del 15 de junio pasado en Nueva York. Ante un fallo negativo, el Ejecutivo apelará la medida, casi a reglamento, ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero sabiendo que el destino estará jugado. Ante esto se analizan diferentes alternativas financieras para atender estas causas y el resto de los juicios que puede perder la Argentina en los próximos meses, incluyendo varios que están al borde de la definición en el CIADI. La hipótesis de máxima es que no sería este año el momento para pagar este pasivo y que debería armarse una estructura financiera para el primer trimestre de 2018. Una visión más pesimista habla de este año, pero, al menos, después de las elecciones de octubre. 

El caso planteado por Burford llegó a la segunda instancia judicial de Nueva York luego de la presentación del fondo ante el juzgado de Thomas Griesa el 8 de abril de 2015, y después de que el juez derivase el caso a la jueza Loretta Preska el 11 de mayo de 2016. Preska finalmente falló en contra de la Argentina e YPF (y a favor de Burford) en octubre de 2016 y el Gobierno de Mauricio Macri apeló la decisión ante la Cámara que finalmente hoy se abrirá para que las partes presenten sus reclamos. 

La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra y abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera. El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, y uno de los grandes misterios (por ahora) de esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. 

Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de la audiencia), Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en u$s 66 millones. En esa operación, el fondo de capitales ingleses especializado en hacer juicios luego de renacioanalizaciones fallidas, la valuación que se le aplicó al caso fue de u$s 440 millones, en lugar de los u$s3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos. 

Según los analistas la razón para que exista tamaña diferencia de dinero entre lo que se reclama y lo que para el propio demandante vale la demanda, sólo se explicaría por una razón: en realidad Burford es quien lleva adelante el juicio y a nombre de un porcentaje general que no superaría el 35%. Esto implica que el 75% restante de la demanda es propiedad de un tercero que podría recibir, si el fallo es positivo, unos u$s 2.250 millones. ¿Quién puede ser este tercer actor?. El único que lo sabe es Burford. Podría ser un inversionista argentino o extranjero. Podría ser cualquier fondo buitre o cualquier persona o holdout que haya sido demandante al país en el "Juicio del Siglo". Puede ser un ex o un actual accionista de la empresa. O incluso una persona en particular. Por ejemplo, un político o un grupo de políticos. 

En algún momento cercano en el tiempo, el financista Aldo Ducler le aseguró al Gobierno de Mauricio Macri que tenía datos lo suficientemente probados como para confirmar la identidad de este eventual propietario de la mayor parte del juicio. Aseguraba Ducler que las pruebas con las que contaba podrían, incluso, hacer caer la causa y hacerle ahorrar a la Argentina los 3.000 o 4.000 millones de dólares que puede costar en el caso de un fallo negativo. Sin embargo Ducler falleció el primero de junio pasado (a días de la audiencia en segunda instancia) sin que se lo tuviera en cuenta. 

Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su expertice son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Fue el caso de Petersen, que luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner y se vio obligado a presentarse en concurso. Antes dejó en claro que no podía seguir adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se reestatizó la petrolera y la prohibición explícita del Gobierno argentino de redistribuir dividendos en la nueva YPF. 

La causa se basa en el reclamo de Burford por la manera en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado. 

Burford es un viejo conocido del país. Hace semanas le ganó un juicio ante el CIADI por más de u$s300 millones por Aerolíneas Argentinas por el que obtuvo una rentabilidad de casi 1.000%

Gracias Kristi. Muchas gracias por los males que le trajiste al país. Salí a explicar esto...

jueves, 3 de agosto de 2017

La justicia de Nueva York falló en favor de Mendoza por la deuda

Por Martín Kanenguiser - LA NACION
La justicia de Nueva York desestimó hoy un reclamo de un bonista contra la provincia de Mendoza.Fue en un reclamo de un bonista que no ingresó al canje que la provincia realizó.

La justicia de Nueva York desestimó hoy un reclamo de un bonista contra la provincia de Mendoza. Así surge de la sentencia de 27 páginas del juez Víctor Marrero, en contra del demandante Moshe Marcel Ajdler.

Ajdler no había aceptado ingresar al canje que Mendoza realizó en 2004, pero cuya oferta siguió en pie hasta 2007. Mendoza tenía un bono que vencía en 2002 y el otro en 2007, que se reprogramó en 2004.

Sobre US$ 250 millones del bono original emitido en 1997, a la reestructuración unos 230 millones de dólares. El bonista, que primero reclamó US$ 30 millones y luego US$ 3 millones, aseguraba contar con una tenencia original de 7 millones de dólares.

A principios de este año, Ajdler decidió encarar una demanda en base al criterio de "pari passu", de trato igualitario entre los acreedores, que el magistrado de Nueva York desestimó, en base a los argumentos presentados por los abogados que representaron a Mendoza, de los estudios Cleary y de Cabanellas Etchebarne Kelly y Dell Oro Maini Abogados.

La provincia había desestimado el reclamo por considerar que los bonos que tenía en sus manos Ajdler habían prescripto en 2011 y por falta de mérito en cuanto a la supuesta violación de la cláusula pari passu, que fue utilizada en los principales juicios contra la Argentina, hasta el arreglo ofrecido por el Gobierno a principios del 2016.

Al respecto, el fallo cita dos antecedentes: NML -el fondo buitre de Paul Singer- y White Hawthorne. El primero acordó con el país ante el mediados Dan Pollack y al segundo el juez Thomas Griesa le desestimó una demanda a fines del año pasado, antes de dejar los expedientes del país en manos de otros magistrados.

El analista de Reseach for Traders Sebastián Maril dijo a LA NACION que "este era un caso aislado de un acreedor que no ingresó en la reestructuración de la deuda mendocina y recién este año optó por presentar una demanda contra la Provincia. Los abogados de Mendoza, argumentaron que ya había transcurrido el tiempo estipulado para litigar por bonos defaulteados".

La sentencia está en sintonía con los últimos fallos de la justicia de los Estados Unidos favorables a la Argentina, luego del default registrado por el kirchnerismo en 2014.

miércoles, 2 de agosto de 2017

El Estado ahorrará $ 84 millones en la impresión de boletas

El Estado ahorrará $ 84 millones en la impresión de boletasPor Marcelo Veneranda - LA NACION
Aplicará nuevos criterios fijados por la Justicia para evitar "avivadas".

Parece un fallo salomónico, pero en el Gobierno lo celebraron. La Cámara Nacional Electoral resolvió ayer adecuar el criterio de asignación de fondos públicos para la impresión de boletas, a causa de la multiplicación de listas internas que surgieron en estas elecciones. Con el nuevo criterio, la Casa Rosada ahorrará $ 84 millones en la impresión de boletas.

En virtud de un reclamo de la ex alianza UNEN, la Cámara había fallado en 2013 que el Estado debía hacerse cargo de financiar el costo de un padrón completo (una boleta por elector) por cada lista presentada en las PASO.

Como notó la Cámara en su fallo de ayer, con la firma de los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, eso derivó en una proliferación de listas este año. Citó el caso de Santa Fe, donde hubo 14 listas internas en la elección de 2015, mientras que este año ascendieron a 57. Ni la Cámara ni el Gobierno lo dicen abiertamente, pero se trata en general de partidos "chicos" y "sellos de goma" que buscan hacerse de fondos en períodos electorales.

Hace tres semanas, LA NACION reveló que el Frente Patriota Bandera Vecinal, liderado por el dirigente filonazi Alejandro Biondini, iba a cobrar $ 19,7 millones del Estado para imprimir boletas porque sólo en la provincia de Buenos Aires había presentado seis listas de candidatos al Senado.

De inmediato, la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, que conduce Adrián Pérez, decidió que la Casa Rosada sólo iba a pagar la impresión de un padrón por agrupación, como plantea la ley 26.571.

Tras esta decisión del Ministerio del Interior, el Estado nacional pagó $ 144 millones a todas las agrupaciones y frentes que presentaron candidatos en las PASO para imprimir sus boletas. Por ejemplo, a cada partido bonaerense le pagaron $ 2,8 millones por el tramo de la boleta de diputados nacionales y otros $ 2,8 millones por el de senadores.

Tras la decisión que tomó el Ministerio del Interior, 20 partidos y frentes de todo el país se presentaron ante la Cámara Nacional Electoral para reclamar que se les pagara un padrón de boletas por cada lista presentada. Si la Cámara Nacional Electoral hubiera ratificado el fallo UNEN, el Estado nacional debería desembolsar otros $ 88 millones, aparte de los $ 144 millones que ya pagó. Pero, según el nuevo fallo, la Casa Rosada deberá pagar sólo $ 3,5 millones extras.

El nuevo criterio aplicado por la Cámara obliga al Estado a pagar un plus a los frentes que presentaron más de una lista. Pero ese plus surge de multiplicar el valor del tramo "nacional" de la boleta (23 centavos) por los votos obtenidos en la última elección general para la misma categoría.

martes, 1 de agosto de 2017

El Gobierno amplió en 15.700 millones de pesos los gastos del Presupuesto de este año

Por Ismael Bermudez - Clarin.com
El gasto se financia con compensaciones con otros organismos y mayor deuda. A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU 595/17), publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno amplió en 15.700 millones de pesos los gastos del Presupuesto de este año. El mayor gasto se financia con compensaciones con otros organismos y mayor deuda.
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La principal partida, por $ 10.000 millones se destinan a la ANSeS para el pago de jubilaciones y pensiones y las asignaciones familiares “a fin de incorporar el impacto de la fórmula de movilidad que “se financian con aportes del Tesoro Nacional”.

Resultado de imagen para fusil de asalto beretta arx-160El resto se destina a distintos ministerios y organismos “para incorporar parcialmente el impacto de las mejoras en las remuneraciones dispuestas por normas legales durante el presente año”. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene un refuerzo de $ 2.655 millones. También hay una partida para Prefectura Naval Argentina para “recomponer en forma directa los haberes de los jubilados, retirados y pensionados de dicha fuerza de seguridad”.

Asimismo se amplia en casi U$S 2.000 millones la autorización para tomar deuda en dólares y euros para financiar distintos proyectos de infraestructura –como programa de agua potable para la región metropolitana-- y de comercio y seguridad que no estaban contemplados en el Presupuesto. En el caso del Proyecto denominado “Programa de Modernización de los Sistemas de Riego y Promoción de Nuevas Tecnologías de Riego Mecanizado” por U$S 100 millones, el decreto aclara que “se gestiona el financiamiento preferencial de instituciones financieras árabes que, de no concretarse la formalización de la operación de crédito público, impedirá la ejecución de tal trascendente proyecto”.
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Resultado de imagen para Beretta 9x19También se menciona la autorización de préstamos por casi U$S 900 millones “teniendo en cuenta su trascendencia para la atención de los requerimientos inherentes a la defensa nacional” para “Adquisición de Patrulleros Oceánicos OPV”, “Adquisición de Aeronaves BEECHCRAFT T-6 TEXAN, Motores Aeronáuticos Turbohélice PT6A-68 y Soporte Adicional”, “Recuperación de las Capacidades de Transporte Aéreo de las Fuerzas Armadas Argentinas - Aviones Transporte Mediano” y “Suministro de Pistolas calibre 9x19, Rifles de asalto y Know-How”.

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Además, se otorgan avales a las Provincias de Córdoba y Jujuy por casi U$S 350 millones para proyectos médicos, y escolares y de gestión de valorización energética.

Reducen un incentivo a los metalúrgicos y ahorran más de $ 1000 millones anuales

Reducen un incentivo a los metalúrgicos y ahorran más de $ 1000 millones anualesPor  NATALIA DONATO - Cronista.com
El decreto 593 extendió el régimen hasta diciembre, pero excluyó a dos posiciones arancelarias y modificó la fórmula para calcular el beneficio. Benefician más integración local.

El Gobierno finalmente prorrogó con cambios y por seis meses el Régimen de Incentivo Fiscal que tiene la industria metalúrgica, que consiste en el otorgamiento de un bono equivalente al 14% del total de la facturación. Tal como adelantó El Cronista semanas atrás, las empresas que integren más piezas localmente tendrán mayores beneficios que las que opten por mayores importaciones. De esta manera, no sólo habrá un menor costo fiscal para el Estado, sino que también, desde el Ministerio de Producción, buscan alentar la mayor integración nacional para favorecer la industria y el empleo.

Fuentes oficiales admitieron a El Cronista que, frente a un escenario como el actual de alto déficit fiscal, algunas áreas del Gobierno se manifestaron en contra de continuar con el esquema de reintegros. Por eso, en la puja interna entre Producción y Hacienda, la opción viable fue la de extenderla pero con restricciones. Además de modificar la base de cálculo para otorgar el bono, se eliminaron del beneficio dos posiciones arancelarias. A partir de ahora, ya no serán considerados bienes de capital la fabricación de galpones metálicos y las construcciones premoldeadas de cemento.

El régimen tenía un costo fiscal anual de entre $ 4500 y $ 5000 millones, pero con los cambios el ahorro superará los $ 1000 millones: $ 500 millones por menores desembolsos y otros $ 500 millones por la eliminación de los dos ítems.

Con respecto a la fórmula para calcular el bono, hasta ahora sólo se descontaban las piezas que ingresaban con arancel 0. Pero a partir de esta nueva resolución (593), publicada ayer en el Boletín Oficial, por el componente importado que paga arancel el fisco les reconocerá sólo el 6% de reintegro, mientras que para el resto se mantendrá el 14%. La norma también recuerda que para poder gozar de este beneficio las empresas productoras de bienes de capital no podrán despedir personal.

Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) venían reclamando desde hacía tiempo la prórroga del régimen, pero sin cambios. Si bien la industria nacional se verá beneficiada con esta modificación, los empresarios aseguran que en la práctica no será sencillo reemplazar de un día para el otro los bienes importados, por lo que las compañías recibirán menos bono. De acuerdo con el decreto, el bono de crédito fiscal podrá ser aplicado al pago de impuestos nacionales.

El régimen fue creado en 2001 por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, como contrapartida al establecimiento del arancel 0 para la importación de bienes de capital. Con el fin de evitar que la industria pierda terreno frente a la maquinaria importada, se instauró este esquema de compensación de ese 14% que dejaban de pagar los bienes de capital que ingresaban del exterior. Luego se fue prorrogando, incluso luego de que en 2012 volviera a aplicarse el arancel a los productos importados.

De acuerdo con el decreto, para cobrar el bono, los fabricantes de bienes de capital deberán informar con carácter de declaración jurada la cantidad de trabajadores en relación de dependencia registrados al 31 de diciembre de 2011 y otra declaración al 31 de diciembre de 2017, "asumiendo el compromiso por escrito a no reducir la plantilla de personal teniendo como base de referencia el mayor número de empleados registrados en 2011". Tampoco podrán realizar suspensiones ni goce de haberes. El incumplimiento de este compromiso facultará a la autoridad de aplicación a rechazar las solicitudes y/o dar de baja el beneficio.

La actividad metalúrgica comenzó a repuntar, de la mano del rubro de maquinaria agrícola y otros ligados a la construcción. En junio, creció 15,4% interanual

lunes, 31 de julio de 2017

Otra compra cara y sospechada de sobreprecios

Por Diego Cabot - LA NACION
Por 24 Embraer se pagaron unos 100 millones más que el valor de mercado; EE.UU. investigó probables coimas
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La compra de los aviones Embraer no fue la excepción. En medio del cotillón estatizador que rodeó toda la operación Aerolíneas, el kirchnerismo jamás blanqueó los términos del acuerdo con el banco brasileño que financió la venta del fabricante de ese país al Estado argentino.

El crédito que se tomó del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) de Brasil tiene un costo del 10% anual en dólares, una tasa alta para la Argentina actual y que entonces, en 2009, el Gobierno anunció como una gran noticia financiera. "Estamos en pleno proceso de renegociación de aquel crédito. Pero eso escapa de lo que se puede hacer desde la empresa, es un tema que lo sigue la Cancillería y el Ministerio de Finanzas", admitió una fuente de la línea aérea estatal.

Pero la polémica por aquella compra, que fue negociada por el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido; el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y su reemplazante Juan Pablo Schiavi no se limita al costo del financiamiento. Por todas las unidades modelo E190AR, el gobierno argentino pagó poco más de US$ 770 millones. Tras conocerse el monto, fue cuestionado internamente en la empresa, ya que contrastaba con valores que pagaron otras compañías por el mismo avión en ese tiempo.

En esos días de fervor aeronáutico, el primero que tiró la bomba fue Julio Alak, entonces presidente de Aerolíneas. Fue a principios de 2009, cuando el contrato estaba a punto de ser descartado por caro y afirmó, en una reunión de directorio, que el precio de cada aeronave no debía exceder los US$ 29 millones, seis millones menos que los 34,9 millones que finalmente se pagarían. El sobreprecio por los 20 aviones, así, rondaría los US$ 100 millones.

En noviembre de 2008, meses antes de la compra, por el mismo modelo, Aeroméxico pagó US$ 29 millones, y en julio del mismo año, TACA Airlines pagó 30,5 millones.

Pero no hubo precio para la Argentina. Pese a comprar 22 unidades, las pagó a razón de casi US$ 35 millones cada una (la excusa fue que les sumaron sistemas de entretenimiento) y los financió al 10% anual, obviamente, en dólares.

La operación terminó con una causa penal en la Argentina. Pero la Justicia local no avanzó. En Estados Unidos, la Security and Exchange Commission (SEC) inició una causa por pago de coimas por parte de Embraer. Varios argentinos tuvieron que viajar a declarar a aquel país, pero aún no hubo novedades sobre los US$ 100 millones que aparentemente sobraban.

lunes, 24 de julio de 2017

Cómo fue el "milagro" israelí que deslumbra al equipo económico de Macri

Mauricio Macri y el premier de Israel, Benjamin Netanyahu.
Por Marcia Dell´Oca - LPO

El Gobierno proclama cambios por "acumulación" y pone a Israel como ejemplo de un tránsito sostenible.


Foto: Mauricio Macri y el premier de Israel, Benjamin Netanyahu.

El presidente Mauricio Macri mira al Pacífico en busca de un aliado estratégico, pero no de un ejemplo. Si algo entiende bien es que el suyo es un gobierno de minoría parlamentaria en el que la restricción política es incluso más fuerte que la restricción presupuestaria, esa que busca estirar financiando el déficit con deuda.

El ejemplo que inspira las políticas de Macri, como reveló en exclusiva LPO, es el del Israel de Fischer y el de Netanyahu, un país con reducción gradual de la inflación, apertura progresiva, fuerte inversión extranjera directa en tecnología de punta y crecimiento económico con una participación cada vez mayor del sector terciario.

No es casualidad que recientemente la presidenta del Banco Central de Israel (BOI), Karnit Flug, haya visitado la Argentina para ser la expositora principal de las Jornadas Monetarias y Bancarias de septiembre del Banco Central, organizadas por Federico Sturzenegger, un curioso incansable del análisis de modelos económicos fuera de lo convencional.

No es casual que la presidenta del Banco Central de Israel (BOI), Karnit Flug, haya sido la invitada central de las jornadas que organizó Sturzenegger. El BOI logró en la década del 90 pasar de una inflación superior al 20 por ciento anual a una del 10 por ciento.

Foto: La presidenta del Banco Central de Israel (BOI), Karnit Flug en Buenos Aires.

Karnit Flug explicó cómo ella y su antecesor, Stanley Fischer, pasaron en poco más de una década de una inflación de tres cifras a estar pensando cómo salir de la deflación.

Con un programa de metas de inflación, como el que inauguró este año Federico Sturzenegger, en la década del 90 el Banco de Israel (BOI) logró pasar de una inflación de arriba del 20% anual a menos del 10%. De ahí que el modelo elegido por el macrismo no es arbitrario.

Stanley Fischer sujetó la política monetaria a una meta de inflación complementada por una meta de crecimiento del PIB. Y su sucesora fue la encargada de una política más dura para alcanzar actualmente una inflación menor al 2% anual.

Y todo en medio de un proceso de crecimiento económico sostenido que se había desacelerado hasta el estancamiento a principios de siglo. La crisis de las "puntocom", una oleada inmigratoria y los desbalances económicos de Israel, lo llevaron a su peor crisis entre 2000 y 2002. Para entonces, estaba al borde de la insolvencia con su deuda sobre PBI arriba del 90%.

Parecidos y diferentes

Las comparaciones entre Israel y Argentina, aunque complejas, tampoco son antojadizas. En 1984, Israel tuvo 444,9% anual de inflación a la vez que el gasto público ascendía al 70% del PBI; y en este sentido, no tenía nada que envidiarle a una economía latinoamericana.

En aquellos años era un país exportador de materias primas, en esencia cítricos y diamantes. En 1985, con un plan de estabilización y un pacto social se realizó una política de shock que ordenó los principales desequilibrios macroeconómicos, pero la deuda pública seguía siendo muy elevada, casi el 160% del PIB. En esto el famoso modelo gradualista o por "acumulación" de cambios que propone la administración de Macri, tienen pocos puntos en común.

Y respecto al camino de celebrar un amplio acuerdo social y político para detonar las reformes necesarias, menos aún.

En 1984 Israel tenía una inflación del 449 por ciento anual y el gasto público ascendía al 70 por ciento del PBI. En aquellos años era básicamente un país exportador de materias primas -limones y diamantes-, muy parecido a una economía latinoamericana.

Como sea, tras un plan de desindexación de la economía y de reducción gradual del gasto público, en 1989 -con la caída de la Unión Soviética- Israel recibió una fuerte ola inmigratoria que aumentó su fuerza laboral en un 15%, lo que significó una fuerte importación de capital humano, dada la formación universitaria de buena parte de los inmigrantes.

Y si bien en una primera etapa esta abundancia de capital humano fue desaprovechada, rápidamente Israel empezó a recibir un flujo de inversiones orientadas al desarrollo tecnológico. Primero, se aplicó a la tecnología agrícola y poco a poco fue virando a la industria, lo que le permitió un rápido crecimiento en el número de patentes.

Con fuerte crecimiento liderado por el sector terciario y el desarrollo de tecnología, a fines de los años 90, Israel era un país exportador de servicios de alta tecnología. Sin embargo, tras la crisis de 2000-2002, se orientó fuertemente a la industria tecnológica y al desarrollo de servicios de alta performance, al punto que actualmente casi el 70% de sus exportaciones son servicios y poco más del 10% es de materias primas.

Su PBI per cápita creció por encima de su tasa de crecimiento vegatativo gracias a un salto de productividad que llevó al país a tener un ingreso anual equivalente por habitante de más de 32.000 dólares, niveles propios de un país desarrollado.

Por eso, los libros de macroeconomía lo denominan "el milagro israelí" y lo muestran como un ejemplo de las virtudes de la reducción de la presión fiscal. Aunque resta tener presentes las inyecciones de inversión extranjera directa y de capital humano que recibió el país de Medio Oriente.

"También hay que entender la situación geopolítica de Israel, el rol del Estado como catalizador de la industria y las exportaciones y el complejo militar de alta tecnología que fue derramando hacia la economía y el apoyo económico para el desarrollo de las exportaciones de bienes industriales sofisticados y de servicios de alta tecnología", aclaró a LPO el sociólogo de la economía Daniel Schteingart.

Desde que en 2003 el entonces ministro de Finanzas, Benjamín Netanyahu, tomó el timón y encaminó la economía mediante una fuerte reducción de la presión fiscal, la economía retomó un ritmo de crecimiento sostenido promedio del 4% anual.

Como ministro de Finanzas, Netanyahu le dio un gran impulso a la modernización de la economía de Israel, reduciendo los impuestos y bajando al mismo tiempo el gasto público, lo que le permitió alcanzar una senda de crecimiento del 4 por ciento del PBI.

En esta segunda oleada de crecimiento e inversión, la economía se volcó fuerte al desarrollo de servicios. Hoy Israel lidera el ranking de start-ups por millón de habitantes y es el principal destino de los capitales de riesgo de Estados Unidos para este tipo de inversiones.

Esta oleada de inversiones fue acompañada por una política de reordenamiento del gasto público y de reducción de la presión fiscal, que sirvió de trampolín político a Benjamín Netanyahu.

La apuesta del actual primer ministro se centró en dar señales de confianza a los inversores: con una primera baja del impuesto a las firmas, privatizaciones y un recorte del gasto social tanto para ordenar las cuentas desde lo técnico como para dar una señal política de incentivo al trabajo. En una segunda instancia, también hizo una reforma laboral por la cual la evolución de los salarios quedó atada a los aumentos de la productividad.

Advertencias

Algunas advertencias se desprenden la historia de Israel para la política de Macri. En primer lugar, que llegar al ratio de deuda sobre PBI de 70% y de gasto fiscal sobre PBI de 45% (siendo que cuenta con uno de los complejos de defensa más grandes del mundo) se dio en parte por bajas de la deuda y del gasto, pero por sobre todo por la veloz y sostenida expansión del PBI gracias al salto de productividad de la economía.

Estados Unidos le dio un gran apoyo a la estabilización económica y el desarrollo de Israel.

En segundo lugar, que ese salto se dio por la enorme inversión en el desarrollo de capital humano orientado al desarrollo tecnológico, el gasto en educación de calidad y en universidades, junto con el gasto en investigaciones militares para generar nuevas tecnologías. Israel es un gran exportador mundial de armamento.

En tercer lugar, que las inversiones extranjeras en esta segunda oleada cobraron fuerza en 2005, dos años más tarde del reordenamiento macroeconómico de Netanyahu y luego de que la economía ya estuviera encarrilada en una senda de crecimiento sostenido gracias a la inversión doméstica. Y aún así, estuvo sujeta a los movimientos de tasas internacionales -como lo evidencia la fuerte huida de capitales hacia el boom inmobiliario que luego estalló en la crisis de 2008-.

Y en cuarto lugar, que pese al enorme salto del PBI per cápita, Israel forma parte de uno de los tres países más desiguales en materia de ingresos junto con Chile y Estados Unidos y que este desarrollo no evitó que siga con elevadas cifras de pobreza que rondan el 20% de la población.

El concurso de Isolux en España pone en riesgo proyectos de obras en el país

Por Diego Cabot - LA NACION
El juez de la causa en Madrid podría disponer la venta de sus activos aquí
El concurso de Isolux en España pone en riesgo proyectos de obras en el país
El concurso de Isolux en España pone en riesgo proyectos de obras en el país. Foto: Archivo / Horacio Córdoba / LA NACION

Un juicio que tramita en España podría tener fuertes consecuencias en la Argentina. Se trata del expediente donde tramita el concurso de acreedores de Isolux Corsan, la empresa constructora que en la Argentina tiene varios proyectos de obra pública en ejecución, que por ahora están llenos de puntos suspensivos.

Según confiaron fuentes con acceso al expediente en Madrid, el juez de la causa podría disponer la venta de la filial local de la empresa, y de esa manera permitiría al Estado argentino, contratista de la constructora, retomar las negociaciones con el nuevo dueño de la empresa. De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, hay dos interesados en quedarse con los activos locales, y ambos ya se habrían contactado con la Justicia española.

La novedad es bien vista por el gobierno argentino. Sucede que la compañía tiene en el país varios contratos importantes. Uno de ellos, quizás el que más preocupa al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, es el de la Central Térmica Río Turbio, la usina a carbón que quedó trunca en Santa Cruz.

El ministro nunca tuvo buen diálogo con los ejecutivos de la empresa en el país y la desconfianza mutua terminó por paralizar la negociación, y obviamente, también la central. Además de contratos en Loma La Lata, en las centrales térmicas Ensenada y Brigadier López, construidas por Enarsa, y de alguna concesión vial, la empresa española se quedó con contratos por 160 millones de dólares en 2016.

El más importante es el primer tramo del Paseo del Bajo, una de las principales obras que inició el gobierno porteño. Con un presupuesto de US$ 100 millones, el proyecto adjudicado por Autopistas Urbanas tendrá un plazo de ejecución de 28 meses y será clave para comunicar el Sur con el Norte de la ciudad.

Otra de las adjudicaciones, esta vez otorgada por Vialidad Nacional, incluye la ejecución de varios tramos de la Ruta Nacional 3 en la provincia de Chubut. La infraestructura se realizará en dos años y cuenta con un presupuesto de US$ 37 millones. Además, Isolux también ganó un tramo de la pavimentación de la ruta 12, en la provincia de Córdoba.

Justamente en este paquete de obras radica el atractivo de la compañía, y de ahí la decisión que estaría cerca de tomar el juez concursal español de proceder a separar el activo argentino.

A principios de julio, el Consejo de Administración de la empresa de construcción e ingeniería aprobó solicitar oficialmente el concurso de acreedores, una vez que ningún inversor estuvo dispuesto a aportar unos 400 millones de euros de capital para rescatar la empresa, que acumula una deuda de más de 1600 millones de euros. Pocos días después, la empresa, que actualmente está en manos de los bancos acreedores (ya que la anterior administración renunció), presentó su concurso.

Mientras, en la Argentina las negociaciones con la empresa están trabadas. Puntualmente, la más complicada es la de la usina de carbón en Río Turbio. En el Gobierno se ilusionan con que en el corto plazo la empresa local cambie de manos. En el rincón patagónico, la velocidad de la construcción de la usina se frenó a cero, y según cálculos estimados, la deuda comercial de la compañía por los trabajos en el Sur rondaría los $ 1000 millones. Justamente, la discusión de ese monto fue determinante en la frialdad que tuvo la relación entre Aranguren y la sucursal local. Pero ahora puede cambiar de manos, y en ese caso, la continuidad de los contratos estará asegurada.

sábado, 22 de julio de 2017

El Ciadi condenó al Estado a pagar US$ 320 millones por Aerolíneas

Por Diego Cabot - LA NACION
El tribunal arbitral del Banco Mundial consideró que la expropiación, en 2008, causó daños a Marsans ya que no se pagó por el valor que tenía entonces
A la cuenta de los subsidios, Aerolíneas tendrá que sumar ahora otra suma abultada
A la cuenta de los subsidios, Aerolíneas tendrá que sumar ahora otra suma abultada. Foto: Archivo 

En el mundo del derecho privado existe el beneficio de inventario, una manera de aceptar una herencia por la cual los herederos no se hacen cargo con su patrimonio de las deudas del fallecido. En el derecho público eso no pasa y los gobiernos heredan al anterior.

El Estado argentino tendrá que pagar por las formas y los actos de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. A última hora de anoche, el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi, según las siglas en inglés) condenó al Estado argentino a desembolsar más de US$ 320 millones, más intereses, al grupo español Marsans por los daños que le infringió cuando -en 2008- expropió Aerolíneas Argentinas, Austral, Aerohanding, Optar y Jet Paq.

En el Gobierno esperaban novedades ya que el 25 de enero de este año, el tribunal arbitral se dio un plazo de 180 días para dictar el laudo. Cuidadosos de los tiempos, los árbitros decidieron en tiempo y forma. Anoche, la comunicación llegó a los abogados del Estado.

El Ciadi dijo que "el demandado incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones". Además, citó otros artículos referidos a la violación por parte de la Argentina del tratado de protección de inversiones.

En un laudo de más de 500 páginas, el tribunal condenó al país a pagar 23,76 millones de dólares más intereses a los demandantes en conceptos de compensación por los daños causados por la expropiación.

El pase de manos de Aerolíneas se realizó en medio de fuertes polémicas. El gobierno kirchnerista tomó la empresa y mandó un proyecto para declararla de interés público. Esa ley le entregó facultades al Ministerio de Planificación para que sea el ejecutor del Congreso.

Con amplia mayoría, tanto diputados como senadores aprobaron el proyecto. Luego se pidió al Tribunal de Tasaciones de la Nación que valuara los activos. Ese trabajo entregó un valor negativo de 832 millones de dólares, muy lejos de los 600 millones de dólares que decía Marsans que valía el grupo de compañías.

Como las partes no se pusieron de acuerdo, poco después de la estatización se inició un juicio. Entonces, el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa. Pocos días antes de la primera audiencia en el Ciadi, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico reconoció el derecho del Estado a la expropiación de acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, que en 2008 estaban en poder de la firma Interinvest Sociedad Anónima.

En ese expediente se tomó como válido el trabajo que hizo en 2008 el Tribunal de Tasación de la Nación y que estableció que al momento de la estatización las sociedades anónimas Optar, Jet Paq, Aero Handling, Aerolíneas Argentinas y Austral tenían un valor negativo de 3275 millones de pesos, equivalentes a 949,4 millones de dólares.

El Estado tomó el control de la empresa y colocó primero como presidente a Julio Alak y, después, a Mariano Recalde. Finalmente el Ciadi ubicó la vara más cerca de lo que pedía Marsans que de lo que estableció aquel Tribunal de Tasaciones.

El juicio empezó formalmente el 3 de marzo de 2014 cuando arrancaron las audiencias en el Banco Mundial. Fueron 15 días que terminaron con los alegatos de cada una de las partes.

Poco después de aquella batería de audiencias en Washington, la defensa de la Argentina, comandada por la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), denunciaron a Marsans por vender el reclamo en el Ciadi a un fondo llamado Burford Capital.

"Marsans reclamó al Ciadi alegando perjuicios que habían sufrido por trato injusto y tiene un reclamo por más de 1400 millones de dólares. En realidad, el grupo Marsans es un deudor de la Argentina al haber dejado en una situación tan ruinosa a Aerolíneas Argentinas", dijo Abbona entonces.

La Argentina transitó el proceso de defensa con varios argumentos complicados de probar. El primero es que en varias oportunidades confundió la naturaleza jurídica de la empresa. Por caso, Aerolíneas Argentinas, más allá de la relación directa que tiene con el mundo aeronáutico del país, era un empresa privada, una sociedad anónima, no una concesión de servicio público. Por poner un ejemplo, desde el punto de vista jurídico no tiene diferencia con el status de Lan Argentina. Por lo tanto, la desinversión afectaba en principio a los dueños.

Respecto de la venta a un fondo, es una de las prácticas más comunes en este tipo de reclamos.

Ahora a la cuenta de US$ 678 millones anuales en subsidios que recibió en promedio Aerolíneas desde 2009 a 2015 habrá que adicionarle unos US$ 350 millones más. Será la hora de pagar la herencia de los sueños aéreos del kirchnerismo.

Gracias, Kristy por todo el desastre que le causaste a nuestra patría...

viernes, 21 de julio de 2017

Claves del plan económico de Israel que copia el Gobierno

Inspirador. Michael Bruno diseñó en 1985 el “Plan de Estabilización Económica” de Israel.Por Julián Guarino  - Ambito.com
ES EL PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN QUE APLICÓ ESE PAÍS EN 1985 
Acuerdo entre sectores, control del déficit y menor carga impositiva, los puntos centrales que buscan copiar el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y el ministro Nicolás Dujovne.


Inspirador. Michael Bruno diseñó en 1985 el “Plan de Estabilización Económica” de Israel.

Si durante la administración kirchnerista uno de los planes que alimentó el vademécum económico se fundamentó en la política aplicada en Corea del Sur (proteccionismo, industrialización, sustitución de importaciones, restricciones al comercio, etc.), en la actualidad en Gobierno de Cambiemos parece inspirarse en la tradición israelí.

Son pocos los paralelismos que Argentina e Israel pueden ofrecer desde su historia. Sin embargo, en los años 80, ambos países enfrentaban una coyuntura parecida: alto déficit fiscal, endeudamiento y creciente gasto público. También tenían alta inflación. Si se lo piensa, los problemas eran parecidos a los que hoy reviste la economía, excepto por un detalle: en las últimas décadas, y con la aplicación de un ambicioso plan, Israel ya no sufre esas limitantes.

En el Palacio de Hacienda argento piensan que tienen un conflicto entre la "estabilización" y el nivel de gasto público, dada la composición del mismo y la forma en que éste responde a la inflación pasada. Sostienen que se requiere coordinación entre la política monetaria y fiscal, pero a partir de una hipótesis no negociable: dicen que ningún país logró bajar la inflación de manera sostenida sin eliminar su déficit fiscal estructural.

Ahí es donde entran los casos de Argentina e Israel en los años 80. Entonces, ambos países lanzaron planes de estabilización inicialmente exitosos, pero sólo Israel logró su cometido, pues eliminó el déficit fiscal. Argentina no lo hizo y siguió un camino errático. Israel enfrentaba un grave problema de inflación en la primera mitad de los 80, donde los aumentos interanuales superaban el 300% para luego pasar a inflaciones del 150%. 

Con deuda pública por encima del 160% del PBI y gasto público en 60% del Producto, Israel echó mano al economista Michael Bruno, que diseñó el "Plan de Estabilización Económica de 1985", que contó con el respaldo del Gobierno, el banco central, los empresarios y los sindicatos. ¿El resultado? Dos años después, el aumento de los precios ya había caído por debajo del 20% anual.

El Gobierno argentino quisiera a Michael Bruno, pero el economista murió hace más de 10 años. Sin embargo, le hizo un regalo a la Argentina: la fórmula aplicada por él es la que copian los ministros argentinos: reducción del gasto público, freno al aumento continuo de los salarios, fin de la monetización de deuda pública, reorientación de la política cambiaria, flexibilización laboral.

Entre 2000 y 2015, Israel bajó su presión fiscal del 44% del PBI al 37% (redujo el Impuesto de Sociedades del 36% al 18% y bajó todos los tramos del Impuesto sobre la Renta). En la Argentina, y según números del IARAF, la carga tributaria para 2017 está estimada en un 33% del PBI. Si se crece por debajo del 4% anual, la carga aumenta; si se crece por encima, disminuye.

Algo similar ha ocurrido con el peso del gasto público sobre el PBI. Hace 15 años, en el 2000, los desembolsos del Estado israelí alcanzaban el 47,5% del PBI, aunque en 2002 ya habían superado la barrera del 50% del PBI. Sin embargo, las decisiones de ese Gobierno aplicadas desde entonces para la contención del gasto han reducido el peso de los presupuestos públicos hasta el 40% del PBI. Para la Argentina, el gasto público hoy corre por encima de 42% del PBI, pero viene creciendo fuerte, ya que en 2007, por ejemplo, era de 28,7% y en 2009 del 34%.

La deuda pública israelí también tuvo un camino descendente, ya que pasó de 90% del PBI (2004) a menos del 65% (2015). En el caso de la Argentina, a fines de 2016 era de 54,2% (sin contar los cupones PBI por hasta u$s13.000 millones). 

Con todo, el gran secreto de Israel parece ser que, a la par que reducía su déficit, puso en valor su sector emprendedor, quitándole trabas, al tiempo que colocó al consumo en un segundo plano, más como una consecuencia del crecimiento económico y no como una causa, lo que le permitió administrar la presión inflacionaria. Desde los años 80 hasta hoy, la tasa media de expansión de la economía ha sido del 4%, lo que se ha traducido en una espectacular multiplicación del PBI per cápita real, que pasó de u$s6.000 en 1980 a u$s37.000 en 2010. La de Argentina ha sido mucho menor.

Con todo, en el Gobierno creen que la clave es lograr un gran pacto donde el Gobierno, el Banco Central (autárquico), los empresarios y los sindicatos se pongan de acuerdo. Creen en la Casa Rosada que las próximas elecciones -y un resultado positivo podrían acelerar los tiempos de ese amplio acuerdo.

jueves, 20 de julio de 2017

Amplían emisión del Bonar 2024 por u$s 210 millones para pagar acuerdo en Ciadi

Resultado de imagen para fallo adverso contra la empresa Total SA(Ambito.com) -  La causa se inició en 2001, cuando a raíz de la emergencia económica, la empresa demandó por ruptura del equilibrio económico financiero del negocio que desarrollaba.

El Gobierno dispuso ampliar por u$s 210 millones la emisión del Bonar 2024, con el fin de cancelar un acuerdo que alcanzó en el tribunal del Ciadi por un fallo adverso contra la empresa Total SA.

Vale recordar que el Centro Internacional de Arbitrajes (Ciadi), que depende del Banco Mundial, rechazó en 2016 un último recurso de la Argentina y confirmó que nuestro país debía pagarle a la petrolera francesa Total SA.

Para hacer efectivo el crédito, la empresa se presentó ante un tribunal argentino, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, que certificó el laudo extranjero que la beneficia para, así, poder cobrar esa suma.

La causa se inició en 2001, cuando a raíz de la emergencia económica, la empresa demandó por ruptura del equilibrio económico financiero del negocio que desarrollaba.

Ahora, de acuerdo con la Resolución 112-E/2017 del Ministerio de Finanzas, publicada en el Boletín Oficial, se aprobó el acuerdo de pago, y se dispuso la ampliación de la emisión del Bonar 2024 por u$s 210 millones con el fin de cumplir con el pago.

Gracias a los "buenos muchachos peronistas del 2001" ...Pobre patria mía.

miércoles, 19 de julio de 2017

Para fortalecer reservas, el Central renovó swap de u$s 10.375 M con China por 3 años

El primer acuerdo entre los bancos centrales de la Argentina y China fue establecido en 2009, durante la gestión de Martin Redrado. Este es el cuarto arreglo entre las dos instituciones.(Ambito.com) -  El primer acuerdo entre los bancos centrales de la Argentina y China fue establecido en 2009, durante la gestión de Martin Redrado. Este es el cuarto arreglo entre las dos instituciones.

El primer acuerdo entre los bancos centrales de la Argentina y China fue establecido en 2009, durante la gestión de Martin Redrado. Este es el cuarto arreglo entre las dos instituciones.

El Banco Central renovó el swap de reservas con China por tres años más. Según informó la entidad que conduce Federico Sturzenegger se decidió extender el acuerdo bilateral con su par chino para mantener la fortaleza de las reservas internacionales, que este lunes cerraron en u$s 47.949 millones. 

Según pudo saber ámbito.com, el monto de la renovación rondó los u$s 10.375 millones, equivalentes a unos 70.000 millones de yuanes. Descontado el swap y los encajes en dólares (efectivo mínimo o porcentaje que los bancos no pueden prestar de los depósitos en dólares) las reservas totales de la Argentina alcanzan los u$s 22.000 millones. Ese número fue el que llevó a Sturzenegger a renovar el acuerdo con el Banco de la República Popular de China (PBC).

Ámbito Financiero reveló a principios de mes que en el Central se evaluaba la posibilidad de recudir el swap gradualmente. Sin embargo, tras una ronda de consultas informales con expertos y los principales funcionarios de la autoridad monetaria se decidió extenderlo. La mayoría de los preguntados coincidieron que no era el momento adecuado, que el nivel de reservas neto sigue bajo, aunque lo consideran suficiente para controlar el tipo de cambio y dar batalla a la inflación. La decisión de renovarlo demuestra que quedó totalmente descartada la posibilidad de cancelarlo, como también se planteó en algún momento.

El primer acuerdo entre ambos bancos centrales fue establecido en 2009, durante la gestión de Martin Redrado. En 2014 se firmó un segundo pacto con Juan Carlos Fábrega, que fue complementado a fines de 2015 con un acuerdo suplementario. La operatoria tenía dos alternativas: convertir los yuanes a dólares en los mercados de Hong Kong o Londres o bien mantener los yuanes, como parte del mix de monedas que componen las reservas internacionales, recordó Ámbito. Este es el cuarto arreglo entre las dos instituciones y lo empezó a renegociar Alfonso Prat Gay un año atrás. La línea, que tenía un costo de financiamiento del 7% anual en dólares sólo cuando se hace efectiva la conversión de los yuanes, poseía una extensión de 12 meses y sólo podía ser renovada dos veces. Ahora se consiguió un plazo mayor, aunque no trascendió si hubo cambios en la tasa.

"El nuevo acuerdo seguirá afianzando la relación entre ambos bancos centrales y fomentando el fortalecimiento de las condiciones financieras para promover el desarrollo económico y comercial en ambos países", destacó el Central a través de un comunicado.

miércoles, 12 de julio de 2017

Cierran el camino de los embargos al país en Nueva York

El ministro de Finanzas, Luis CaputoPor Martín Kanenguiser - LA NACION
La justicia dijo que no se pueden bloquear los fondos que paga la Argentina

Foto: El ministro de Finanzas, Luis Caputo
La jueza de Nueva York Loretta Preska rechazó la demanda de los acreedores en default que pretendían embargar el pago de la deuda por parte de la Argentina. Preska, que se hizo cargo de las causas referidas a la deuda argentina tras la salida del juez Thomas Griesa, desestimó la posibilidad de que los holdouts puedan trabar el pago del Gobierno a los acreedores que sí aceptaron la oferta que hizo la Argentina para salir del default desde febrero de 2016.

Se trata de una presentación de la Argentina realizada en junio en forma preventiva, según explicaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Finanzas.

En la orden judicial se recuerda que "los acuerdos en todos los casos de la deuda argentina" son "de importancia crítica para la salud económica de la Nación". Por esta razón, "esta Corte ha determinado previamente que cualquier intento de embargo, restricción o similar referido a los fondos destinados a los acuerdos será contraria al interés público".

De este modo, la jueza ordenó que "todos los bonos sujetos a los acuerdos sean retenidos en una cuenta de depósito en garantía en custodia de la Corte", de modo de que no puedan ser embargados o restringidos "por ningún acreedor de la Argentina u otra persona y queden en jurisdicción de la Corte, hasta que sean distribuidos y cancelados según el acuerdo" alcanzado con los bonistas.

El portal Research for Traders informó ayer que los acreedores que no llegaron a un acuerdo buscaban captar unos US$ 450 millones que el Gobierno tenía previsto destinar a los integrantes de la acción de clase Henry Brecher, que llegó a un acuerdo con el país a principios del año pasado.

"La orden había sido escrita por Griesa, pero firmada por Prieska, y dice que ningún holdout puede embargar o ejecutar cualquier bono o pago a acreedores que ya arreglaron, pero que todavía no cobraron", explicó Sebastián Maril, de Research for Traders.

Maril detalló que "el caso Brecher sigue abierto porque hay que validar cada uno de los bonos por el monto reclamado y que no estén prescriptos".

El analista indicó que "estos conflictos siguen abiertos porque hay muchos bonistas que no arreglaron porque están descontentos con la oferta que hizo la Argentina".

En el extranjero queda pendiente el arreglo con menos del 1% de los bonistas, básicamente con tres fondos de inversión con los que Finanzas sigue discutiendo por bonos que están prescriptos. El Gobierno decidió no pagarle a nadie estos bonos ya vencidos. Se trata de los fondos Trinity, Baybrook y Whithe Hawthorn, cuya posición quedó muy débil cuando Griesa decidió rechazar, a fines de 2016, su pedido para establecer que la Argentina estaba incumpliendo la cláusula del pari passu y que ofreció una solución aceptada por más del 99% de los acreedores.

martes, 11 de julio de 2017

Recortarán un 10% los gastos en el Ministerio de Agroindustria

El ministro de agroindustria, Ricardo BuryailePor Fernando Bertello - LA NACION
Tras la confirmación de que no se fusionará con Producción, la cartera congelará vacantes y reducirá los pagos en alquileres; también bajarán los subsidios.

El ministro de agroindustria, Ricardo Buryaile. Foto: Archivo / Fabián Marelli

Confirmado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que el Ministerio de Agroindustria no se fusionará con Producción y mantendrá ese rango, en la cartera que conduce el ministro Ricardo Buryaile ya están trabajando en la orden que bajó desde la Casa Rosada a todos los ministerios para reducir el gasto.

Según pudo saber LA NACION, están afilando la tijera para podar al menos un 10% el gasto. De acuerdo con el presupuesto 2017, a la cartera se le asignaron $ 6900 millones para su administración central y $ 9884,4 millones para los organismos descentralizados, que incluyen desde el INTA y el Senasa hasta el Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. En total, el presupuesto se fijó en $ 16.784,4 millones.

"El presupuesto para el año que viene ya se está empezando a procesar. Por la forma de cálculo, va a ser más chico en moneda constante. Hay un flujo de $ 9000 millones (sobre el total sin personal) y debería ser de $ 11.000 millones si se actualizara por la inflación. Sin embargo, va a estar en un 10% menos", apuntó una fuente que conoce los entretelones de la movida. "Esto no significa que se va a dejar de hacer cosas, sino que se gastará mejor", agregó.

Interlocutores que estuvieron con autoridades de Agroindustria en las últimas semanas afirman que les escucharon hablar de "achique" para el futuro inmediato de la cartera. De hecho, allí vienen de fusionarse las secretarías de Agricultura Familiar y Coordinación y Desarrollo Territorial. Entre una subsecretaría menos (Coordinación Institucional) y direcciones y coordinaciones que se bajaron, con la fusión hay 23 dependencias menos.

Otras direcciones y coordinaciones, que están en 15 subsecretarías, podrían tener un destino similar. Según datos de la Fundación Libertad y Progreso, en abril pasado, antes de la fusión entre Agricultura Familiar y Coordinación y Desarrollo Territorial, en Agroindustria había 30 direcciones nacionales, seis direcciones generales, 63 direcciones y 70 coordinaciones.

Sin contar el personal de organismos como el INTA y el Senasa, Agroindustria sola tiene un plantel de más de 3000 personas. Hubo un recorte de más de 300 contratos apenas se produjo el recambio presidencial de diciembre de 2015 y luego tampoco se hicieron renovaciones. En esa cartera dicen que el nuevo achique no pasará por sacar personal. Sin embargo, "no se va a tomar gente nueva" y los puestos que se vayan cerrando no tendrán cobertura.

Entre otras cosas, se prevé reducir el monto para aportes no reintegrables (ANR), que hoy se entregan en calidad de subsidios. "De lo que se gaste, se va a gastar bien", insistió la fuente consultada. En tanto, la decisión es preservar programas que tienen un impacto en infraestructura, como el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap). Con financiamiento de bancos internacionales, como el BID, y local, en los últimos 20 años ese programa tuvo un financiamiento de US$ 1346,7 millones.

En Agroindustria ya han intentado hacer más eficiente el manejo de áreas como el parque automotor, que de 700 vehículos que había cuando llegaron las autoridades ahora hay algo más que 400 unidades.
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Lo otro que desvela en el Ministerio es el creciente gasto en alquileres en la misma ciudad de Buenos Aires. Por el edificio del Inase se pagan unos tres millones de pesos al año y otro tanto se va sumando otras oficinas, entre ellas las que están sobre la calle Azopardo, atrás de la sede de Agroindustria en Paseo Colón al 900. También el Senasa tiene varias oficinas alquiladas y el INTA hace lo propio en muchos lugares en el Interior.

Otro edificio

Una idea que anda dando vueltas por la cartera de Agroindustria es la posibilidad de bajar el gasto en alquileres en Buenos Aires activando la construcción de un edificio propio en un terreno que tiene el Ministerio en el puerto porteño. Se trata un viejo predio que desde principios del siglo XX se usaba para poner en cuarentena a animales que venían del exterior. Durante el mandato de Cristina Kirchner, el entonces ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, había pensado esa posibilidad para las oficinas alquiladas con otro tipo de proyecto.

Para el INTA y el Senasa, "racionalización" será la palabra que también deberán incorporar en sus gastos, según dicen las fuentes consultadas.

lunes, 10 de julio de 2017

La revisión de las hidroeléctricas permitió ahorrar us$ 1.500 millones

Resultado de imagen para La revisión de las hidroeléctricas permitió ahorrar us$ 1.500 millones
(Telam) - El ajuste del proyecto ejecutivo permitió además "una definición mucho más precisa de las estructuras y sus fundaciones”, y con ello "la eliminación de una gran cantidad de incertidumbres, originadas en el proyecto licitatorio". 



La revisión de los aspectos técnicos, ambientales, económicos, financieros y operativos de las dos centrales hidroeléctricas que se construirán en la provincia de Santa Cruz permitió reducir los costos en casi US$ 1.500 millones, reveló un documento que el Ministerio de Energía y Minería aportará a la audiencia pública programada para evaluar el estudio de impacto ambiental, el 20 de julio próximo, en el Senado nacional.

El texto, al que tuvo acceso Télam, puntualiza que "luego de su rediseño, el costo total del proyecto es de US$ 4.524 millones". Entre los principales cambios introducidos a los proyectos se destaca la disminución del número de unidades generadoras (de 6 a 5 en la central Néstor Kirchner y de 5 a 3 en la Jorge Cepernic).

Nueva oferta para los holdouts argentinos

El Gobierno busca solucionar la situación de los holdouts que quedan bajo ley argentinaPor Martín Kanenguiser - LA NACION
Se reabriría el canje para terminar con reclamos por US$ 93 millones.

El Gobierno busca solucionar la situación de los holdouts que quedan bajo ley argentina. En el Ministerio de Finanzas contabilizan reclamos por US$ 93 millones en este grupo de afectados por el default de 2001.

La intención es formularles la misma oferta que a los bonistas que aceptaron desistir de sus reclamos desde febrero de 2016 y que permitió que el Gobierno acordara con casi el 99% de los tenedores de bonos impagos.

La "oferta base", disponible para todos los acreedores, implica un pago equivalente al 150% del capital original adeudado. El problema es que, a diferencia de lo que ocurrió con los bonistas que tenían títulos con ley de Nueva York, que podían renunciar en forma simple a sus reclamos y así acceder a dicha oferta, en el caso argentino el trámite resulta más complejo en términos jurídicos.

Por esta razón, la cartera que lidera Luis Caputo analiza las características de cada uno de los casos pendientes en forma individual. Se trata de muchos juicios por poco monto, con situaciones muy dispares entre sí: gente con o sin amparos, con algunos que recibieron pagos parciales, en dólares y en pesos. Así, resulta muy complejo encarar una negociación colectiva como la que se dio en Nueva York y en otras jurisdicciones, como Europa y Japón. Por otro lado, en el extranjero queda pendiente el arreglo con menos del 1% de los bonistas, básicamente con tres fondos de inversión con los que Finanzas sigue discutiendo por bonos que están prescriptos.

El Gobierno decidió no pagarle a nadie esos bonos ya vencidos. Se trata de los fondos Trinity, Baybrook y Whithe Hawthorn, cuya posición quedó muy débil cuando el juez Thomas Griesa decidió rechazar, a fines de 2016, su pedido para establecer que la Argentina estaba incumpliendo la cláusula del pari passu.

viernes, 7 de julio de 2017

Visa Internacional llega a la Argentina para finalizar con el monopolio del mercado de tarjetas de crédito

Por Carlos Arbia - carbia@infobae.com - Infobae.com
Los bancos Credicoop, Ciudad y el Banco Industrial, junto a otro gran banco local estarían interesados en ingresar en las actividades de adquirencia y de procesamiento de pagos por medio de negociaciones iniciadas con la empresa Fist Data

La firma internacional emisora de tarjetas de crédito señaló en un comunicado que "el desembarco en Argentina tendrá como fin acompañar a los diferentes participantes del sector de pagos electrónicos en el país, desde instituciones financieras emisoras y adquirentes hasta fintechs, en el proceso de desarrollo y adopción de nuevas tecnologías e innovaciones en medios de pagos". Visa Inc anunció también el nombramiento de Gabriela Renaudo como Gerente General de Visa para la Argentina y el Cono Sur. Esta ejecutiva se desempeñó en entidades financieras como Citibank y Banco Santander. Renaudo liderará desde Buenos Aires las operaciones en la Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

La compañía emisora de tarjetas de crédito manifestó en el comunicado que "por el momento no dejará de trabajar con Prisma, su firma comercializadora hasta hoy". Con respecto a su relación de negocios con Prisma, Visa Inc destaca que "Visa ha tenido una relación de larga data con Prisma, una compañía de pagos que tiene una licencia otorgada por Visa International que le permite afiliar comercios y emitir tarjetas a través de instituciones locales. Prisma es una empresa independiente de Visa, y cuenta con manejo propio de sus decisiones operativas locales. Visa continuará trabajando con Prisma, y con otras instituciones interesadas, en llevar nuevas soluciones al mercado". El CEO global de First Data, Frank Bisignano, se reunió a fines de mayo pasado con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. En esa reunión se habló mucho acerca de las últimas medidas que puso el BCRA para la entrada de nuevos players al mercado de tarjetas de débito y de crédito.

Eduardo Coello, Director General de Visa Inc. para América Latina y el Caribe destacó: "Visa Inc iniciará operaciones propias en la Argentina para continuar expandiendo los beneficios de los pagos electrónicos a todos los sectores de la sociedad. Con nuestro nuevo equipo en la Argentina trabajaremos de manera cercana para atender la rápida aceleración de la digitalización en el sector, desarrollar nuevas iniciativas y ayudar a reducir barreras para que las personas formen parte de la economía digital".

Coello agregó: "los pagos electrónicos también permiten que los comercios operen con más agilidad y que los gobiernos sean más eficientes y juntos buscaremos desarrollar nuevas oportunidades para los pagos electrónicos". Según el directivo, "el entorno actual en la Argentina es altamente propicio para fomentar el desarrollo de tecnología e innovación". Además, desde la empresa sostienen que "el sector se está transformando aceleradamente y confiamos en que al tener una presencia en el país podremos trabajar mejor junto a instituciones financieras, emisores, adquirentes, comercios, reguladores y otros participantes de la industria para crear nuevas soluciones en pagos electrónicos en el país".

Por otra parte, Infobae pudo saber que habría varios bancos locales que están negociando con la empresa First Data para competir en el futuro contra Prisma. Esta empresa fue obligada por la Comisión Nacional de la Competencia a desarmar su posición de dominante en el mercado de tarjetas de crédito donde tiene el 60% del mercado de plásticos. La denuncia se realizó por "abuso de posición dominante". Ese fue el primer golpe pero además el Banco Central puso un "tope máximo" a las tasas de intercambio que cobraban los bancos emisores de tarjetas de crédito a los comercios por cada transacción situación que puso en serio riesgo a los bancos dueños de Prisma.

Por lo que pudo investigar Infobae los bancos Credicoop, Ciudad y el Banco Industrial, junto a otro gran banco local estarían interesados en ingresar en las actividades de adquirencia y de procesamiento de pagos por medio de negocaciones iniciadas con la empresa Fist Data. El objetivo de estas instituciones es competir con Prisma, una entidad que que pertenece a un grupo de 14 bancos y es la única que opera hasta hoy con Visa en el país y buscaran ser adquirentes de Visa y poder ofrecer esa tarjeta a los comercios. "Visa sólo puede operar a través de entidades financieras. Esto la limita para operar a través de Prisma. A su vez le impide extender sus servicios a través de otros adquirentes, como First Data, Cabal o American Express, que no son propiedad de entidades bancarias. Pero con el desembarco de Visa Inc en Argentina la situación cambia drásticamente", comento a Infobae una fuente de un banco que negocia con First Data.

La "tasa de intercambio" es el principal componente del arancel que cobran los bancos emisores a los comercios en los pagos con plástico. En las tarjetas, por ejemplo, cada vez que el adquirente cobraba el 3% del monto de la compra, el banco emisor se quedaba con un 2,7% o un 2,9% (con lo que dejaba al adquirente con apenas el 0,1% o un 0,3% de la comisión). De este modo, el negocio sólo era apetecible cuando el adquirente y el banco emisor eran la misma compañía, como sucedía en el caso de Prisma. Esto desalentaba, claramente, el ingreso de un eventual competidor. La normativa del BCRA dispuso que esta tasa de intercambio se redujera gradualmente: desde el 2,7% de entonces al 2% en abril pasado y hasta llegar al 1% en 2021. Y naciera, con esto, un nuevo atractivo para que desembarquen nuevos jugadores en el sector.

El embate del Gobierno de Mauricio Macri contra Prisma comenzó el 29 de agosto del año pasado. En una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, el Gobierno anunció que a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia podría aplicar una multa de unos 150 millones de pesos a la empresa Prisma dueña de Visa Argentina.

Ese día el ministro de Producción, Francisco Cabrera, junto al director de Defensa de la Competencia, Esteban Greco, presentaron un informe en base a la denuncia que hace la CNDC de acuerdo a la Resolución Nro 17. El expediente está caratulado como "Tarjetas de Crédito y Débito y Medios de Pago electrónicos S/ investigación de mercado". 

La CNDC le propone al Banco Central "que busque regular el mercado de tarjetas de crédito donde los bancos cobran altas comisiones a los comercios", explicó Grecco. Se trataba de una investigación por conductas anticompetitivas y posición dominante del mercado de la empresa PRISMA, que es propiedad de 14 bancos públicos nacionales y extranjeros. El ministro Cabrera dijo que "la multa a aplicar podría llegar a los 150 millones de pesos". Se trata de la sanción más alta estipulada por la última ley de Defensa de la Competencia, sancionada durante el kirchnerismo. 

El reciente anuncio de Visa Inc. de su desembarco en la Argentina al parecer tiene que ver con ese primer anuncio que se hizo en agosto del año pasado para que Prisma deje de ser una empresa monópolica en el mercado de tarjetas de crédito y desarticule su integración vertical.
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