Detectan 200 "ñoquis" en Diputados con el control de asistencia

Por Laura Serra - LA NACION

Desde hace dos meses se aplica un nuevo sistema que tiene el aval de los bloques parlamentarios y del gremio; hubo otras 700 irregularidades sobre un total de 5589 empleados.

A tono con la política de austeridad que pretende el Poder Ejecutivo, el Congreso comenzó a controlar el presentismo de su personal para detectar eventuales "ñoquis", esto es, empleados que cobran a fin de mes su sueldo sin concurrir a trabajar.

En la Cámara de Diputados, el sistema se instrumentó hace dos meses y ya arrojó los primeros resultados: se descubrieron casi 200 "ñoquis" y otras 700 irregularidades.

El control de presentismo se aplica por medio de un sistema biométrico de identificación de la huella dactilar, tanto en el ingreso como en la salida del personal, y contempla la planta permanente y la transitoria. En la Cámara de Diputados se instrumentó el 1° de noviembre pasado; en el Senado arrancó el 1° del mes último, al igual que en la Biblioteca del Congreso, la imprenta y en la sede de la obra social.

No es la primera vez que en el Congreso se instrumenta un régimen de control de asistencia, pero hasta ahora las experiencias probaron no ser demasiado eficaces, básicamente por falta de voluntad política de las autoridades.

El sistema biométrico, en cambio, generó tal cambio que modificó, incluso, el paisaje habitual del Congreso. Los pasillos y los ingresos están inundados de empleados, los cafés aledaños están abarrotados y se reconocen viejas caras que hacía mucho tiempo no se veían por la zona. Esto es así porque, al tener que marcar asistencia con la huella dactilar, no hay forma de hacer trampa: el que quiere cobrar el sueldo debe marcar el dedo todos los días.

En la actualidad trabajan unas 16.500 personas en todas las reparticiones que componen el Poder Legislativo.

En el Senado el plantel es de 5020 empleados permanentes y temporarios, mientras que en la Cámara de Diputados es de 5589 agentes.

Con el sistema de control de presentismo, las actuales autoridades pretenden efectuar una primera poda de personal; este año se complementará con retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

En la Cámara de Diputados, el control de presentismo detectó 190 personas que no fueron nunca a trabajar en los dos últimos meses; a 160 ya se les inició el trámite de cesantía, mientras que las otras 30 decidieron cortar por lo sano y presentaron su renuncia.

"Hemos registrado 700 casos irregulares a los que hemos enviado cartas documento. También iniciamos una tarea de auditoría de las justificaciones que presentan los empleados que se ausentan. Hemos visto varios casos de enfermedad sin los debidos certificados médicos", explicó a LA NACION la secretaria administrativa de la Cámara baja, Florencia Romano.

Entre los datos que arrojó el nuevo sistema biométrico, se detectaron 83 agentes que faltaron al trabajo más de diez días seguidos sin presentar la justificación correspondiente y otros 77 que faltaron cinco días consecutivos, también sin la respectiva justificación.

En todos estos casos, se envía carta documento y se realizan los descuentos correspondientes.

El control del presentismo cuenta con el apoyo de todos los bloques parlamentarios, como también del gremio respectivo del sector, la Asociación del Personal Legislativo (APL).

"Estamos de acuerdo con que se controle la asistencia del personal. Pero difícilmente los casos irregulares provengan del área de servicios del Congreso, sino más bien del plantel político", sostuvo Norberto Di Próspero, jefe de APL.

Los ahorros no provienen sólo del control del personal. "Hicimos un recorte de gastos en distintas áreas y servicios. Al finalizar el año logramos un ahorro de casi 400 millones de pesos", indicó Romano.

La poda abarcó los rubros más diversos. "Por ejemplo, bajamos el gasto en combustible casi en un 72%, unos 3 millones de pesos. También redujimos las erogaciones en alquileres y celulares. En pasajes ahorramos unos 75 millones de pesos. Con sólo un poco de orden en las cuentas se ahorró mucho: ¡si hasta redujimos el gasto en leche para el café!", cuenta Romano.

LOS PRIMEROS RESULTADOS

200 Son los empleados que no se presentaron a trabajar y cobran sueldo. Se les inició el trámite de cesantía. De ellos, 30 presentaron la renuncia

700 Irregularidades detectó el sistema biométrico. Se trata de empleados con ausencias sin la debida justificación

16.500 Son los agentes que componen el plantel de todo el Poder Legislativo De ellos, 5020 trabajan en el Senado, mientras que otros 5589 empleados cumplen funciones en la Cámara de Diputados.

Macri busca reducir cargos y ahorrar más de $ 1000 millones (II)

Por Mariano Obarrio - LA NACION

El plan será anunciado en los próximos días por el Gobierno, como una muestra de austeridad.

El plan de reducción cargos políticos y jerárquicos del gobierno de Mauricio Macri generará un ahorro fiscal de más de $ 1000 millones anuales. La Casa Rosada lo exhibirá como un gesto de austeridad simbólico en medio del programa de reducción del déficit fiscal, un rojo que en 2017 superará los $ 400.000 millones.

"El proceso viene bien y ese ahorro se va a alcanzar. Pero los números finales los tendremos a fines de la semana próxima", dijo ayer un alto funcionario de la Casa Rosada.

Según confirmó Macri a LA NACION en el encuentro del 19 de diciembre pasado con la prensa, el Gobierno avanza en un plan de reducción del 20% de los 3500 cargos jerárquicos de la Administración Pública Nacional (APN). El objetivo incluye tanto a los secretarios de Estado como a los subsecretarios, directores y coordinadores de los 20 ministerios del Poder Ejecutivo.

"El ahorro será todavía superior al 20% en la cantidad de cargos y en recursos de la masa salarial de esos cargos", aseguró otro funcionario consultado, que tiene llegada al Presidente y al jefe del Gabinete, Marcos Peña.

El proyecto, justamente, lo impulsa Macri y lo dirige Peña. Durante la semana última, todos los ministros terminaron de entregarle al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, sus planes de adecuación de cada una de las carteras. Estos proyectos deberán ser evaluados y aprobados por la Jefatura de Gabinete y por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien asiste técnicamente en todo el programa y que también presentó el plan de recorte de su propio ministerio.

La APN, con un total de 3500 cargos jerárquicos y 210.000 empleados públicos, incluye el Poder Ejecutivo, los 20 ministerios y los organismos descentralizados, como el PAMI y la Anses, entre otras dependencias públicas.

En cambio, el Sector Público Nacional es más amplio: comprende también las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las empresas del Estado y las universidades. En total suman más de 740.000 empleados.

La masa salarial de esos 3500 cargos jerárquicos es de más de $ 5000 millones por año. El recorte de más del 20% de funcionarios implicará un ajuste de 700 ejecutivos y una reducción de más de $ 1000 millones.

Todavía no se definió cuándo se anunciará esta medida, pero podría ser dentro de las primeras semanas del nuevo año. El Gobierno la presentará como una señal de austeridad propia de la política, por cuanto esos cargos son funcionarios políticos jerarquizados, nombrados por el propio Macri y no agentes públicos designados por administraciones anteriores que pasaron por el Estado.

"Hemos pedido esfuerzos a la gente y tenemos que mostrar que nosotros también nos ajustamos", dicen en la Casa Rosada.

"Este esfuerzo está concentrado en cargos políticos y jerárquicos", explicó una alta fuente oficial, para subrayar que los perjudicados serán los propios macristas.

Más reformas

Por otro lado, el Gobierno avanzará sistemáticamente en el proceso de dotaciones óptimas para cada ministerio y organismo. Esto implicará la reducción gradual en los próximos años de unos 70.000 contratos temporarios que se renuevan todos los años, donde sí existen empleados públicos de viejas gestiones.

En este plan no existe un objetivo medido en porcentajes, como en el de cargos jerárquicos. "El objetivo es por organismo. No consolidado en toda la APN", explicó un alto funcionario.

La reducción del 20% de cargos jerárquicos debe ser pareja para todas las categorías. Habrá menos secretarios de Estado, subsecretarios, directores y coordinadores, por partes iguales. Pero también habrá rebajas de nivel: secretarios de Estado bajarán al cargo de subsecretarios y subsecretarios que pasarán a ser directores nacionales.

Por este ajuste se generó un clima de pelea interna en varios ministerios. Cada funcionario con cargo peleó por permanecer en su categoría, pero muchos no lo lograrían.

En cambio, la reducción de contratados temporarios dependerá de la evaluación técnica y de presentismo de cada ministerio. El objetivo de la Casa Rosada es llegar a que sólo el 10% de los 210.000 empleados de la APN esté bajo la modalidad de contrato temporario que se rigen por el artículo 9 de la ley de empleo público, número 25.164.

Esto implicaría reducir, a lo largo de los años, de 70.000 contratos a no más de 21.000, es decir una reducción superior a la mitad. Sin embargo, la idea no es sólo dar de baja 50.000 contratos, sino aplicar mecanismos de reubicación de empleados, concursos y pases a planta permanente, y sólo descartar a los empleados que no aprueben las evaluaciones.

Cada ministro puede discontinuar esos contratos porque el artículo 9 de la ley 25.164 ordena que deben prestar "servicios transitorios o estacionales" y, al tener vencimiento todos los 31 de diciembre, no tienen la estabilidad laboral del personal de planta permanente, que sólo puede ser despedido con una causa, previo sumario administrativo.

Sin embargo, la gran mayoría de los 70.000 contratados se renueva todos los años y cumple funciones del personal de planta y no temporarias, una forma de precarización del empleo público.

Más de $ 45.000 millones debió ceder el Gobierno para aprobar las reformas

Por Laura Serra - LA NACION

Tuvo que emprender negociaciones de urgencia con el peronismo para poder dar luz verde al presupuesto 2018 y a las cambios previsionales, tributarios y fiscales

Las sesiones en la Cámara de Diputados obligaron a negociaciones permanentes. Foto: LA NACION / Daniel Jayo

La sanción del paquete de leyes y reformas fiscales en el Congreso le salió cara al Gobierno. Se estima que el voto positivo de los legisladores que responden a los gobernadores peronistas le costó al oficialismo unos $ 45.000 millones.

Esto fue así en virtud de las numerosas concesiones que, a último momento, debió incorporar en la letra del presupuesto 2018 y de las reformas previsional y tributaria.

El oficialismo, si bien engrosó su representación en ambas cámaras tras las elecciones de renovación parlamentaria del 22 de octubre, aún debe pagar el precio de ser minoría en el Congreso.

Los gobernadores peronistas, que articularon dos bloques propios en el Senado y en la Cámara de Diputados, hicieron valer su apoyo: después de acordar con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales de los proyectos que luego se enviaron al Congreso, durante el debate parlamentario sus diputados y senadores redoblaron las demandas para sus provincias.

El gobierno de Mauricio Macri, necesitado de votos, pero, además, escaldado por el trauma que le implicó la sanción de la reforma previsional -se aprobó por apenas 10 votos de diferencia en un clima de inusitada violencia social-, accedió a la mayoría de sus peticiones. Todo ello, en medio de un tenso clima social, con protestas e incidentes fuera del Congreso.

La primera concesión que se les hizo a los gobernadores peronistas fue, justamente, para lograr la aprobación de la reforma previsional.

En virtud del cambio en la fórmula de movilidad, que se aplicará en marzo próximo, el Gobierno se comprometió a pagar una compensación a los jubilados, pensionados y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cobren menos de $ 10.000 mensuales. Esta compensación le costará al Estado al menos $ 4000 millones.

Aun así, varios diputados peronistas no votaron la reforma previsional y el oficialismo penó hasta último momento para conseguir la mayoría en el recinto.

Más permeables se mostraron, en cambio, durante la discusión del paquete de las leyes económicas y fiscales, que incluyó el presupuesto 2018, el consenso fiscal, la reforma tributaria, la prórroga del impuesto al cheque y la ley de responsabilidad fiscal.

Mientras en el recinto de la Cámara de Diputados se desarrollaba el debate, por el despacho de la presidencia, donde estaba apostado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, desfilaban gobernadores y legisladores peronistas con los reclamos más diversos. El Gobierno abrió la billetera y las iniciativas se aprobaron, tanto en Diputados como en el Senado, con una mayoría aplastante de votos.

Las mayores concesiones se observan en la ley de presupuesto. Entre ellas figuran las siguientes:

-Obras públicas. Se incorporó una segunda planilla anexa al artículo 11, con más obras plurianuales para las provincias, por un total de $ 10.626 millones, sólo para 2018. La mayoría está destinada a provincias gobernadas por peronistas dialoguistas, como Salta, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Tucumán, entre otras.

-Viviendas, agua potable y cloacas. Se incrementó en $ 5014 millones el presupuesto del Ministerio del Interior y Obras Públicas. De ese monto, la mitad será destinada a programas de vivienda en 14 provincias, entre ellas: Córdoba, Salta, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero y La Pampa (salvo esta última, todas gobernadas por peronistas dialoguistas). También se benefició a Mendoza, Jujuy y Corrientes, gobernadas por Cambiemos.

-Beneficio a La Rioja. Pese a que sus diputados rechazaron la reforma previsional, el gobierno de Mauricio Macri le asignó a esta provincia $ 2800 millones para el año próximo. Además destinó otros $ 180 millones a la capital riojana, cuyo intendente, Pedro Paredes Urquiza, es aliado del Gobierno y enfrentado al gobernador peronista Sergio Casas.

-Cajas previsionales. Una asignación de $ 17.000 millones a las cajas previsionales provinciales. De ese monto se transferirán $ 12.000 millones en 12 cuotas de manera automática a aquellas provincias que no hayan transferido sus cajas previsionales a la Nación.

-Universidades. Se incorporó un refuerzo presupuestario de $ 1302 millones.

También se modificaron aspectos claves de la reforma tributaria; por presión del peronismo se dio marcha atrás en la aplicación de ciertos gravámenes, por lo que la recaudación será menor a la originalmente prevista.

En efecto, después de mucha acción de lobby del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y de las provincias del norte, no se subirá al 17% el impuesto interno a las bebidas azucaradas. Son $ 3300 millones que finalmente no recaudará el fisco.

Otro cambio importante se refiere a la aplicación del impuesto a las ganancias a las indemnizaciones por despido y los retiros voluntarios; el proyecto original proponía gravar aquellos montos que excedan los parámetros mínimos de la ley laboral. Fue tal el rechazo de la oposición que el oficialismo suprimió el artículo.

Tampoco pagarán el impuesto a las ganancias las cooperativas y mutuales, otra propuesta del Poder Ejecutivo duramente resistida por las provincias de Santa Fe y Córdoba. También quedarán exentos de este tributo a los reintegros que cobren las pymes exportadoras.

"Este Congreso mejoró los proyectos del Poder Ejecutivo; el Gobierno no logró todo lo que quería, pero avanzó en algunas reformas y los gobernadores se llevaron el reaseguro de su sostenimiento económico", enfatizó Miguel Pichetto, jefe de bloque de senadores del PJ, durante el debate.

En similar sentido se expresó el diputado Pablo Kosiner, jefe del interbloque Argentina Federal, quien celebró el resultado de las negociaciones. "Fue fruto de un diálogo claro entre la Nación y las provincias", exaltó.

Voceros del Gobierno, consultados por LA NACION, admiten el costo de las negociaciones, pero rescatan que el logro obtenido fue mayor. "Con la ley de responsabilidad fiscal y el consenso fiscal las provincias están comprometidas a bajar el gasto público y su plantel de personal, como así también a reducir los impuestos a los sellos y a los ingresos brutos. Visto en perspectiva, salimos a mano", sostuvieron.

Principales concesiones

$ 4000 MILLONES - Es el monto que demandará el pago de la compensación a los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con la instrumentación de la reforma previsional, en marzo próximo

$ 10.626 MILLONES - Es el presupuesto extra para las obras plurianuales incorporadas al presupuesto 2018, por presión del PJ

$ 5014 MILLONES - Es la suma que se adicionó al presupuesto del Ministerio del Interior y Obras Públicas. De ese monto, la mitad será destinada a programas de vivienda en 14 provincias. La mayoría de ellas son gobernadas por el PJ

$ 2800 MILLONES - Es la asignación que el gobierno de Mauricio Macri destinó, a través del presupuesto, a la provincia de La Rioja. Otros $ 180 millones irán a la capital riojana, cuyo intendente es aliado del gobierno nacional

$ 17.000 MILLONES - Es el monto que el Estado nacional desembolsará a las cajas previsionales provinciales. De ese importe, se transferirán $ 12.000 millones en 12 cuotas de manera automática a aquellas provincias que no hayan transferido sus cajas previsionales a la Nación

$ 1302 MILLONES - Se trata del refuerzo presupuestario asignado a último momento para las universidades nacionales, ante los reclamos de varios gobernadores

$ 3500 MILLONES - Es la recaudación que dejará de percibir el fisco, luego de que el Gobierno diera marcha atrás con la suba en los impuestos internos a las bebidas azucaradas

Nuevos bonistas intentan frenar acuerdo con buitres

Por Carlos Burgueño - Ambito.com
 "EL JUICIO DEL SIGLO" EN NUEVA YORK SE RESISTE A TERMINAR

Tres tenedores de bonos en default desde 2001 acusan ahora a Argentina por “discriminación” y “mal trato”. Define la jueza Loretta Preska, que reemplazó a Thomas Griesa.

El "Juicio del Siglo" entre Argentina y los fondos buitres en los tribunales de Nueva York se niega a terminar. Incluso podría tener un nuevo, y complicado capítulo: el de los bonistas que no ingresaron al canje propuesto por el país el año pasado y que terminó con una negociación global en abril de 2016; y que ahora se consideran "perjudicados" por la manera en que se discutió en acuerdo con los bonistas más importantes. Tres de estos acreedores aún en default, se presentaron ayer ante el tribunal de la jueza Loretta Preska (la magistrada que "heredó" el caso luego del traspaso voluntario de Thomas Griesa de marzo pasado); y reclamaron que se "repongan las medidas cautelares contra la República Argentina". En total, estos bonistas representan deuda impaga desde diciembre de 2001 por unos u$s36,1 millones; de un total de u$s500 millones que, se estima, aún está fuera de los acuerdos cerrados por Argentina y los principales fondos buitre. 

Los bonistas que se presentaron ante Preska son todos inversores locales: Euclides Bartolomé Bugliotti, María Cristina de Biasi y Roxana Inés Rojas. Los tres forman parte del listado tradicional de bonistas que nunca aceptaron la propuesta argentina presentada a comienzos del Gobierno de Mauricio Macri; y siempre reclamaron el 100% de la deuda más los intereses al contado. La oferta oficial presentada el primero de marzo de 2016 (una quita directa del 25% del total adeudado: capital más intereses); fue inmediatamente aceptada ya por el 98% de los acreedores, incluyendo los fondos buitre más complicados. Hacia mayo de ese año sólo quedaban afuera un 1% del total adeudado, representativos de unos 1.000 millones de dólares; los que, hasta acá, se negaron a aceptar la propuesta y continuaron siendo rechazados por Griesa primero y Preska después. 

La novedad de la presentación de ayer, es que cambió la fórmula jurídica del planteo. Según los tres bonistas, el perjuicio en el que habrían incurrido los negociadores locales en el primer trimestre de 2016, fue que el país no negoció "en buenos términos", incluyendo acciones "discriminatorias". Preska deberá definir si le da o no lugar a este reclamo diferente, que, de prosperar, sólo alcanzaría a los bonistas que no firmaron el acuerdo. 

Hay otro grupo de disconforme, más allá de estos tres reclamantes, y que aún porfían ante Preska. Son bonistas individuales o fondos que agrupan a personas, que están también desacuerdo porque deben hacerse cargo de los honorarios de los abogados litigantes, dinero que se les descuenta de las eventuales liquidaciones que recibirían en el caso de terminar aceptando la oferta argentina. Según el razonamiento que hacen estos bonistas, el Gobierno de Mauricio Macri propuso un cobro de 1,5 dólares por cada dólar de los bonos caídos en default, pero descontando lo que se le debe pagar a los abogados representantes le quedarían finalmente unos 0,8 dólares. Mencionan los bonistas en protesta que los 1,5 dólares es lo que efectivamente cobraron Elliot de Paul Singer, Kenneth Dart. Olifant, Aurelius y el resto de los fondos buitre que representaban el 80% de la deuda en el juicio; y cuyos abogados cobraron cifras megamillonarias pero que superaban el 0,2% del total adeudado.

La aceptación por parte de la Argentina de liquidarles a los abogados de los principales acreedores unos u$s150 millones en concepto de honorarios de abogados (le correspondía por haber perdido el juicio), más el plus que los propios fondos le pagaron a los profesionales por su tarea más allá de lo determinado en su momento por Griesa (se supone que superaron los u$s400 millones); no corre para los pequeños demandantes. Estos, al no aceptar la oferta inicial y continuar litigando, perdieron el derecho de la liquidación de honorarios de sus abogados por parte de la Argentina según determinó en su momento Griesa; tendrían que hacerse cargo ellos mismos de estos costos.

El volumen del juicio y el hecho de tener sus propios abogados, es lo que hizo reducir el monto a liquidar desde los grandes fondos buitre a los abogados. Diferente es el caso de los pequeños acreedores, que al no tener el peso de sus primos más importantes pero ante la necesidad de contratar abogados que tengan experiencia en este tipo de negociaciones complejas, deben compartir la ganancia con los profesionales que los representen ante la Justicia norteamericana.

El reclamo fue presentado ante Preska el 27 de septiembre pasado, y la jueza les presentó el mecanismo de cálculo para determinar el volumen de los honorarios a liquidar (ver cuadro adjunto), lo que hizo que los acreedores se enardecieran y profundicen su malhumor contra la propuesta y, en consecuencia, continúen en su negativa a aceptar la oferta que llevó en su momento como secretario de Finanzas, Luis Caputo a Nueva York.

La negativa de los acreedores a cerrar el trato y, definitivamente, terminar con la causa; provocó incluso peleas entre los abogados de diferentes tenedores de bonos, ya que algunos accedían a bajar sus honorarios, mientras que otros se mantenían firmes en lo que calculaba Preska.

La jueza deberá definir también la compulsa. Para esto Preska ya le avisó a alguno de los fondos rebeldes, (entre otros el HWB Victoria Strategies Portfolio, Drawrah Limited, NW Global Strategy, Schmidt y el U.V.A. Vaduz) a que se apresten a aceptar su decisión; o, eventualmente, apelar ante la segunda instancia. 

Hay una tercera demanda residual en el "Juicio del Siglo". Preska todavía tiene que responder por las acusaciones a la agencia de clearing Euroclear, que los juicios paralelos por las responsabilidades por no pagar en su momento las ordenes de Griesa en los tiempos en que la pelea la llevaba adelante el Gobierno de Cristina de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía. Euroclear, junto con Clearstream (la otra agencia de custodia de pagos de la deuda externa que tenía contratada la Argentina antes del default) apoyaron la operación de liquidación de los vencimientos de los títulos públicos del país en Buenos Aires. El problema surgió en marzo de 2015 cuando Griesa ordenó a Euroclear a retener cualquier pago de bonos reestructurados de la deuda argentina, buscando forzar en esos momentos al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a firmar un acuerdo con los acreedores respetando su fallo que le daba la razón a Elliott, Dart, Aurelius, Olifant y el resto de los fondos que le habían hecho juicio al país.

Segunda subasta de tierras del Ejército: 7.800 hectáreas a la venta

Por Redacción Agrovoz - Se realiza en Bell Ville. Son 41 parcelas de entre 50 y 350 hectáreas.

En la Sociedad Rural de Bell Ville, se desarrolla desde las 9 de este lunes el segundo remate de tierras del Ejército que pertenecen al establecimiento General Paz, que el Ejército posee en la zona de Ordóñez.

Según informaron desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), hay 37 inscriptos para participar.

En el primer remate, el Estado logró colocar siete lotes y ahora saldrán a la venta 41 parcelas, de entre 50 y 350 hectáreas. En total, son unas 7.800 hectáreas que se subastarán en esta oportunidad, el grueso de las 8.400 que, en total, se ha buscado comercializar. 

“Trabajamos en línea con las políticas públicas impartidas por el presidente Mauricio Macri, y con esta venta apostamos a favorecer el desarrollo productivo del campo cordobés y su economía regional”, dijo el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús.

Amplían emisión de Bonos para pagar fallo del Ciadi contra la Argentina

(Cronista.com) - Es por el incumplimiento de contrato en la distribución de energía eléctrica en la provincia de Mendoza.

El Ministerio de Finanzas emitirá dos bonos para pagar el laudo del Ciadi a favor del grupo liderado por Electricité de France Internacional (EDF) contra la Argentina, por incumplimiento de contrato en la distribución de energía eléctrica en la provincia de Mendoza.

El Ciadi es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, pertenece al Banco Mundial y el laudo a favor de EDF alcanzaba los u$s 136 millones. La Resolución 241-E publicada hoy en el Boletín Oficial, aprueba el modelo de acuerdo de pago a ser celebrado con EDF International S.A.S en su carácter de titular exclusivo de los derechos que surgen del Laudo dictado en el arbitraje ‘EDF International S.A., SAUR International S.A. y León Participaciones Argentinas S.A. contra la Argentina (caso del CIADI Nº ARB/03/23).

El laudo del Ciadi es del 11 de junio de 2012 y fue confirmado por el Comité ad hoc el 5 de febrero de 2016, en el marco del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados, con el fin de dar por concluida de manera definitiva todos los reclamos que surgen de dicho proceso arbitral, como también los que pudieran surgir vinculados con la inversión que les dio origen.

Para la cancelación de las obligaciones de pago de este acuerdo, se dispuso la ampliación de la emisión de Bonos de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 8,75% 2024‘ (Bonar 2024), emitidos originalmente mediante la Resolución 26 del 30 de abril de 2014, por un monto nominal de u$s 77.550.956. También se amplía la emisión de los Bonos de la República Argentina con descuento en dólares estadounidenses 8,28% 2033 - Ley Argentina, emitidos originalmente mediante el Decreto 1.735 del 9 de diciembre de 2004, por un monto nominal de hasta u$s 53.610.867.

En los considerandos de la Resolución, se menciona que la propuesta “consiste en la cancelación de la acreencia reconocida en el referido Laudo con títulos de deuda pública, por un monto que supone una quita importante sobre la suma reclamada y un plazo razonable de repago”.

En este contexto, la compañía reajustó su pretensión indemnizatoria de manera tal que el valor nominal de los títulos públicos de deuda que se entreguen deberá representar un monto consolidado inferior en, por lo menos el 25% del total del valor reclamado incluyendo los intereses establecidos en el laudo.

Estudian opciones para reducir los litigios

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

Habrá un nuevo estatuto para los abogados del Estado; fuerte depuración.

El Gobierno busca reaccionar a la "bola de nieve" que crece año a año por las demandas judiciales contra el Estado y que constituye una contingencia multimillonaria para las arcas estatales. De acuerdo con el Sistema de Gestión de Juicios (Sigej), en la última década se acumularon unos 100.000 procesos por año, un número que despertó la alerta y activó una depuración.

El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, realizó auditorías para conocer la real dimensión del conflicto y determinó que el sistema tiene problemas endémicos.

La primera medida que dispuso para reducir la litigiosidad fue depurar aquellos juicios que estaban en condiciones de cerrarse, ya sea porque estuvieron paralizados por varios años y debían prescribir, o porque estaban archivados o caducos. Según fuentes oficiales, en el segundo semestre de este año, se "limpiaron" unos 13.000 expedientes por mes debido a este concepto.

Otra de las medidas que impulsa la Procuración del Tesoro (PTN) es modificar los procedimientos en las carteras litigiosas. El Gobierno tiene 132 servicios jurídicos repartidos en las dependencias públicas, mientras que el Cuerpo de Abogados del Estado, que depende de la PTN, cuenta con más de 3500 abogados, repartidos en todo el país. A pesar de ese plantel, muchas veces en las provincias tercerizaron los servicios con estudios y letrados privados que movieron los expedientes respondiendo a intereses particulares .

"Los abogados podían quedar enredados en favores políticos e impulsar los expedientes al infinito, para garantizar sus honorarios. Eso atenta contra las cuentas públicas", dijo a LA NACION un funcionario que sigue de cerca el conflicto. Una de las medidas que prevé el Gobierno para desincentivar los juicios es, justamente, evitar la tercerización de las defensas. Toda contratación de estudios externos deberá estar debidamente justificada.

Un gasto significativo para la administración pública son los honorarios de los abogados que representan a la Argentina en los estrados internacionales. De acuerdo con información pública a la que accedió este medio, hay 16 estudios jurídicos contratados en el exterior, encabezados por Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, de Nueva York, que recibió US$ 168,85 millones por la disputa contra los acreedores de la deuda en default.

El Gobierno también busca la manera de evitar que los propios abogados del Estado puedan recibir honorarios por fuera de su sueldo como empleados públicos. La PTN anunció que reimplantará una Coordinación del Cuerpo de Abogados del Estado y elaborará un nuevo estatuto, más estricto, que alcance a todos los letrados oficiales.

Otra de las medidas en marcha es la creación de un Observatorio de la Litigiosidad, que detecte a tiempo potenciales procesos económicamente ruinosos para el Estado. En ese camino, el reciente pacto fiscal con las provincias fue un paliativo ante el rojo que representa la deuda potencial por procesos judiciales pendientes.

Uno de los puntos del acuerdo implicó que todas las provincias (menos San Luis) accedan a desistir de los juicios contra el gobierno nacional. Eso redujo la contingencia en $ 340.000 millones en el caso de las provincias, más los $ 400.000 millones que reclamaba María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano.

El Estado también estudia alternativas para anticiparse a futuros juicios, detectando tendencias problemáticas, como el pago de recomposiciones salariales a las fuerzas de seguridad de manera no remunerativa. Esos conceptos no se contabilizan para el cálculo de la futura jubilación ni de una eventual indemnización en caso de despido y conducen a una derrota casi segura en un estrado.

Las demandas internacionales, el tramo más costoso

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Son 19 juicios en el Ciadi, la ICC y la justicia de Nueva York por US$ 6200 millones; las estatizaciones de Aerolíneas e YPF, las más graves.

Pocas veces el presidente Mauricio Macri mostró su enojo en público de manera tan clara como en la noche del 22 de julio pasado. "Por la inmensa torpeza y arrogancia que el gobierno anterior [la gestión de Cristina Kirchner ] tuvo con Aerolíneas [Argentinas], el país fue condenado a pagar US$ 320 millones más intereses", escribió en la red social Twitter. El mensaje fue repetido más de 15.000 veces.

Poco tiempo antes, el Ciadi -un organismo del Banco Mundial encargado de dirimir pleitos entre Estados y empresas privadas- había obligado a la Argentina a pagar esa cifra por la estatización de la línea aérea de bandera al Grupo Marsans, cuyos principales directivos fueron condenados por la justicia española, en medio de un escándalo para el mundo privado. El mes pasado, el país pidió la anulación del laudo.

El encono de Macri fue la reacción visible de una preocupación que persigue al Gobierno desde el primer día de su llegada a la Casa Rosada: la herencia que dejó el kirchnerismo tiene en sus capítulos internacionales 19 demandas contra el país por US$ 6200 millones en tribunales externos como el propio Ciadi, la Cámara Internacional de Comercio (ICC) y la justicia de Nueva York, que le trae a la Argentina malos recuerdos recientes tras la derrota millonaria frente a los fondos buitre, y que integran una deuda total por juicios para el Estado por US$ 37.000 millones. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes oficiales.

Desde la mirada del Gobierno, es un entuerto de difícil resolución. La administración de Macri sabe que debe pagar las sentencias dictadas por esos organismos. De lo contrario perdería credibilidad frente a los inversores internacionales, algo con lo que convivieron Néstor y Cristina Kirchner, pero resulta imposible para el modelo económico actual, que busca generar confianza en el mundo de manera que facilite la llegada de inversiones.

Hasta el momento, la estrategia del Gobierno fue pagar las sentencias, pero discutir al máximo los montos, que suelen fijarse en la etapa final de los litigios. Un ejemplo: pese al reclamo de US$ 157 millones de la alemana Hochtief por la concesión denominada Puentes del Litoral, a fines del año pasado el Ciadi obligó al país a pagar US$ 13,41 millones. El procurador del Tesoro de aquel momento, Carlos Balbín, lo vivió como un gran triunfo.

Un listado oficial de la Jefatura de Gabinete muestra que cinco de esos conflictos están en el Ciadi. Además de la querella por Aerolíneas, hay un reclamo de Abertis (una de las dueñas de Ausol) y la aseguradora Metlife. El Gobierno considera que se trata de casos cruciales, cuya representación no conviene delegar en estudios jurídicos. Por eso quedaron a cargo del Cuerpo de Abogados del Estado, que maneja la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías.

Otros dos juicios en la justicia de Nueva York tienen inquieto al Gobierno. Se trata de demandas por la estatización de la petrolera YPF, en abril de 2012. Uno de los demandantes es el fondo Burford Capital, una especie de megabufete de abogados que compró la quiebra de algunas de las empresas con las que la familia Eskenazi organizó su ingreso en la compañía, a partir de 2008. Burford es quien patrocinó la demanda por Aerolíneas. El último pedido del Estado fue trasladar el pleito a tribunales locales.

Un reclamo similar planteó el fondo Eton Park, que tenía acciones en la petrolera bajo control estatal. Esa entidad mastica enojo contra el país desde que quedó afuera de la compra de la transportadora eléctrica Transener. La participación que pretendía quedó para la firma cordobesa Electroingenería, cercana al kirchnerismo, luego de que el entonces ministro de Planificación Julio De Vido vetara el ingreso de los extranjeros. En ambos casos, el estudio Skadden, Arps, Meagher & Flom Son tiene la defensa.

El Estado enfrenta juicios por un total de US$ 37.000 millones

Por Maia Jastreblansky, Pablo Fernández Blanco, María Belén Álvarez Echazú - LA NACION

El cálculo fue realizado por la Procuración del Tesoro nacional, en base a 2,2 millones de demandas activas; el monto representa un 61% más que el déficit fiscal previsto por el Gobierno para este año.

El procurador Saravia Frías, el día de su jura. Foto: Archivo.

Es, quizás, el capítulo más silencioso de la herencia recibida y una amenaza millonaria contra las cuentas públicas que acapara toda la atención del Gobierno. El Estado enfrenta 2.240.000 juicios en tribunales federales en instancias internacionales, que suman una contingencia potencial superior a los US$ 37.000 millones, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.

El número es gigantesco incluso para el presupuesto nacional: representa un 61% más que el déficit fiscal estimado para este año, un rojo por el cual Mauricio Macri movilizó a todos los ministerios para reducir gastos. Y es casi cuatro veces más que los US$ 9300 millones que la Argentina pagó a los fondos buitre.

Los procesos en contra del Estado incluyen desde causas previsionales y amparos por las tarifas hasta demandas millonarias en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre países y empresas.

El daño para el país se denomina "contingente", debido a que es imposible anticipar el resultado de un litigio. Se trata, sí, de estimaciones que manejan en la Casa Rosada y en la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías.

Una parte de las demandas deriva de prácticas cuestionables del propio Estado. Entre ellas, el pago de recomposiciones salariales a las fuerzas de seguridad de manera no remunerativa, que no se contabilizan para la jubilación. Este es un riesgo latente de multiplicación de demandas.

En el lenguaje de los abogados, el hecho de que sea un daño contingente hace referencia a una previsión sin cifras del todo definidas. De todas maneras se trata de un pronóstico hecho por expertos de la manera más exacta posible, que ya fue presentado al Presidente.

La acumulación de demandas contra el Estado es en parte producto del accionar público a lo largo de décadas y de desprolijidades heredadas que permitieron que los expedientes se prolonguen sin orden lógico. Para ponerle un freno a esa rueda, la Procuración del Tesoro nacional dispuso este año realizar un relevamiento de expedientes, porque estaban desactualizados los sistemas donde los distintos servicios jurídicos ministeriales los asientan.

Después de varios meses de trabajo llegó a un diagnóstico de situación que considera realista. A partir de allí comenzó a depurar causas y a elaborar medidas correctivas. Fue una carrera contra el tiempo: mientras se sumaban unas 4000 nuevas demandas contra el Estado, la Procuración limpiaba a razón de 13.000 casos cada 30 días.

Según la respuesta a un pedido de información pública hecho por LA NACION a la Procuración, dentro de los miles de juicios que involucran al Estado hay 743 que revisten una especial preocupación para el Gobierno. Se trata de 119 casos "de relevancia económica" y otras 571 causas de "relevancia institucional". A esos se suman otros 53 casos que combinan ambas etiquetas.

Las cifras surgen de la base del Sistema de Gestión de Juicios (Sigej), donde se cargan los procesos de todas las dependencias públicas, menos los de la Anses y los de la AFIP, dos grandes "bolsas" de expedientes que llevan un monitoreo propio.

Las fuentes oficiales confirmaron que los procesos "complejos", en rigor, podrían ascender a más de 1400. En paralelo, hay al menos 19 demandas en tribunales internacionales por unos US$ 6200 millones.

El ministerio que acumula más juicios "calientes" es el de Energía, hoy a cargo de Juan José Aranguren, con 308 procesos. Entre ellos, 194 amparos pedidos en 2016 por defensorías del pueblo, municipalidades y entidades sin fines de lucro producto del aumento de las tarifas eléctricas.

Otros tres expedientes, por ejemplo, son demandas por daños y perjuicios radicadas durante el kirchnerismo por Alcalis de la Patagonia, la productora de carbonato de sodio del Grupo Indalo, de Cristóbal López, por más de $ 155 millones.

El segundo puesto del ranking lo tiene Justicia. Allí recayeron, entre otras, las acciones impulsadas por Alejandro Fargosi contra los miembros del Consejo de la Magistratura sin título de abogado y el amparo del ex diputado Manuel Garrido para declarar la nulidad de los nombramientos de 57 conjueces durante el kirchnerismo.

En la tabla de organismos con más juicios complejos siguen el Banco Nación, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Policía Federal, cuyos conflictos incluyen disputas con barrabravas e incluso los procesos contra los custodios del fallecido fiscal Alberto Nisman.

De estas demandas relevantes, 230 expedientes tienen un reclamo económico estimado, en pesos o en dólares. El más alto, y quizás el más extraño, lo constituye una demanda de una ONG paraguaya por US$ 150.000 millones en concepto de indemnización por los efectos del Tratado de la Triple Alianza, de 1865.

En el podio también se ubican dos iniciados por AFJP tras la creación de Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (tras la estatización de los fondos de pensiones), por más de US$ 90 millones cada uno, y un reclamo de La Pampa para obtener el pago del saldo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica.

Muchos juicios tienen décadas. Uno de los litigios de mayor relevancia económica es el que inició Juan Claudio Chavanne, accionista del Banco de Hurlingham, quien reclama una reparación de US$ 25 millones al Banco Central por actas dictadas por la Junta Militar durante la última dictadura.

Dentro de las demandas en pesos, el podio de los juicios está encabezado por el reclamo de Córdoba por los descuentos sobre fondos de la coparticipación por $ 3.300 millones. Es posible que ese pleito se desestime por el acuerdo que alcanzó el Gobierno con las provincias.

Le siguen una causa por indemnización por daños y perjuicios de TBA (la concesionaria del ex ferrocarril Sarmiento, que estuvo involucrada en la tragedia de Once y a la que se le dictó la quiebra) y en tercer lugar la contrademanda del Correo Argentino al Estado, una empresa de la familia Macri.

Este medio también consultó al Ministerio de Hacienda por los pagos realizados por juicios. En los últimos 10 años, desde la primera presidencia de Cristina Kirchner hasta el presente, se desembolsaron unos $ 10.800 millones para saldar deudas derivadas de litigios.

De ese monto, $ 6.026 millones obedecieron a erogaciones del Servicio de Deuda Pública, mientras que $ 1.300 millones, aproximadamente, fueron pagos de la Policía Federal Argentina, que acumula muchas deudas con efectivos retirados que reclaman que se incluyan distintos conceptos de sus salarios a su jubilación. Una situación similar ocurre con las Fuerzas Armadas, que en la última década debieron pagar más de $ 500 millones por ese concepto.

Con la colaboración de Romina Colman y LN Data

Apremiado por el déficit, el Gobierno planea un fuerte ajuste en el Correo Argentino

Por Florencia Donovan - LA NACION

Recortará 1700 empleados de su plantilla, reducirá a cero los aportes especiales que hace a los gremios y espera negociar una paritaria sin aumentos; nueva estrategia de negocios. El Gobierno aprobó un agresivo plan de recortes para 2018

Con el déficit fiscal en la mira, el Gobierno viene analizando la idea de hacer un fuerte ajuste en el Correo Argentino desde hace meses. Anteayer, el plan con el que prevé recortar el rojo de la empresa postal estatal en más de $ 1500 millones en 2018 obtuvo el visto bueno de la Casa Rosada.

Según confirmaron tres fuentes a LA NACION, no sólo se encarará en los próximos meses una gran reducción de los gastos operativos, sino que también se recortará en unas 1700 personas la plantilla de empleados, entre propuestas de jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios y bajas de personal temporario. Además, se eliminarán aportes a los gremios y se planteará una paritaria sin aumentos de salarios.

Con unos 16.600 empleados, el Correo Argentino es una de las empresas del Estado que más dinero le está demandando al Tesoro. En 2016, la empresa había recibido transferencias por $2016 millones y se calcula que este año demandará otros $3500 millones.

"Lo que más le importa al Gobierno es que la empresa no le pida más plata", explicó una fuente del Gobierno al tanto de los detalles. "Desde 2004 hasta 2015, la dotación del Correo pasó de 12.000 a 17.000 empleados; el Ebitda [indicador que representa el beneficio bruto de explotación previa la deducción de los gastos financieros] pasó en el mismo periodo de un resultado positivo o casi neutro a un déficit de $3500 millones, y la incidencia del gasto en personal creció 26 veces, mientras que los ingresos crecieron 16 veces. Antes, el personal incidía en un 65% en el cuadro de resultados; ahora es el 90%. Además, se redujo la jornada laboral a seis horas y el aporte sindical que hace la empresa, que normalmente es de dos puntos, pasó a 7,5%. Así es una empresa inviable", sostuvo.

Pero quienes conocen de cerca el negocio ya advierten que el plan con el que el Gobierno apunta a conseguir el equilibrio financiero de la empresa postal para 2019 será de muy difícil aceptación para los gremios, a quienes recién se les notificará la semana próxima.

Por empezar, está previsto que la empresa reduzca el aporte especial que hace a los gremios del 7,5% a cero, en un intento por ahorrar unos $ 700 millones anuales. También dejaría de pagar las licencias gremiales -los salarios de aquellos que trabajan exclusivamente para los gremios-, lo que le reportaría otros $ 200 millones menos de gastos. Son dos medidas que podrían ser difíciles de digerir para los delegados de las cuatro federaciones que agrupan a los 96 gremios del Correo.

Aunque tampoco será fácil comunicarles a sus bases que el aumento salarial del 5% previsto para enero será postergado hasta mayo, según el plan del Gobierno. Mientras que, para 2018, igual que se acordó con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para Tierra del Fuego, la idea es que los empleados del Correo acepten una paritaria sin aumento, lo cual implicará un ajuste real de por lo menos un 12%, bajo el supuesto de que se cumpla -cosa poco probable- la meta de inflación prevista por el Banco Central (BCRA).

Los recortes de personal, que ya habían comenzado en 2016 a razón de unos 35 puestos por mes, se elevarán a partir del nuevo plan a unos 100. También se darían de baja los contratos de 500 personas que están bajo el régimen de personal temporario (ya se habían eliminado unos 2500 en dos años). Por lo cual, para fin de 2018 la plantilla se reduciría en poco más de un 10%. La idea, además, es rebajar gastos operativos e incrementar las horas de trabajo semanales.

Estrategia

En contrapartida, el Gobierno les planteará a los gremios un plan de inversiones para 2018, que prevé un desembolso de mínima de $ 400 millones y uno de máxima de algo más de $ 800 millones. Para quienes conocen los números finos de la operación, podría ser una cifra baja como para lograr que la empresa, que lleva décadas sin modernizarse, se prepare para competir en el negocio de paquetería, el de mayor demanda en los principales correos del mundo. Sólo en un año, y gracias a haber sumado a Mercado Libre como cliente, el negocio de paquetería del Correo Argentino creció de 250.000 paquetes en diciembre pasado a casi 800.000 este mes.

"Hay una realidad: en los últimos cuatro años, el mercado postal cayó un 40%, y de ahora a 2020 va a caer otro 50%. Por otro lado, el mundo de la paquetería y del e-commerce está creciendo, desde ahora a 2020 puede crecer 300%", aseveran quienes están detrás de la estrategia de la empresa postal.

Pero además del negocio de logística, otra de las apuestas de la conducción actual del Correo sería, en línea con el modelo italiano, comenzar a ofrecer servicios financieros en las sucursales que la empresa tiene distribuidas en todo el país. Ya el CEO del Correo, Ricardo Papini, consiguió que el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger , le habilitara el negocio. "Queremos darles tráfico a las sucursales; hay 1300 en todo el país. También desarrollar las ventanillas únicas para trámites, para que sean una plataforma para los trámites del Estado", explican.

Entretanto, en el Ministerio de Modernización avanzan en un nuevo marco regulatorio para el sector. Está descartado, sin embargo, que el Estado vaya a remunerar al Correo por prestar el servicio básico universal, un reclamo histórico de la empresa. Eso sería, en definitiva, pedirle más plata el Tesoro, algo que hoy está fuera de discusión.

La AFIP incautó un camión con 46.000 prendas sin declarar que venía de Chile

(iProfesional.com) - Ocurrió en el Paso Internacional Pino Hachado. El conductor se mostró nervioso y las prendas estaban ocultas detrás de una falsa pared

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó en Neuquén, a través de la Aduana, 46.000 prendas de indumentaria, valuadas en $1 millón, que estaban ocultas en un camión proveniente de Chile.

El hecho sucedió durante un control de aduana en el Paso Pino Hachado. El conductor del vehículo mostró “un nerviosismo muy extraño” a pesar de haber declarado que ingresaba sin carga, detalló la AFIP. Cuando revisaron el espacio de carga, detectaron una pared falsa que, al ser nueva, contrastaba con el resto del interior. Detrás de la chapa divisoria se pudo observar la mercadería oculta en su interior. Al retirar los paneles se encontraron 46.000 piezas de ropa: medias, shorts, pantalones, blusas, trajes de baño, carteras, ropa interior y polleras, valuadas en 1 millón de pesos.

La justicia federal ordenó la detención del chofer y el secuestro de la mercadería y el camión.

Endurecen los controles aduaneros en la frontera con Paraguay para frenar los tours de compras

Por Ernesto Azarkevich - Clarin.com

Están aplicando en forma estricta una resolución de 1999. Limitan horarios y montos.

Cruce de frontera entre Posadas y Encarnación, en Paraguay, por el tipo de cambio que favorece al peso argentino en la compra de electrodomésticos y combustible.Foto: Mario Quinteros

Posadas (corresponsal).- En un intento por frenar el creciente cruce de compradores hacia la ciudad paraguaya de Encarnación, la Aduana de Posadas comenzó a aplicar con rigurosidad el Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF), una norma que data de 1999 pero casi no se aplicaba.

Los principales perjudicados son los posadeños y aquellos que residen en un radio de cien kilómetros del puente internacional “San Roque González de Santa Cruz”, ya que quedaron limitados a realizar compras los días hábiles entre las 7.00 y las 19.00 y por un monto no superior a 50 dólares por persona (cerca de 900 pesos).

La decisión de aplicar con rigurosidad el TVF también dispone que los productos a ingresar por el viaducto sean de origen paraguayo, con lo cual la restricción es aún mayor.

En muchos casos son los gendarmes quienes advierten a los compradores sobre la rigurosidad de los controles para que al retornar no terminen con las cosas decomisadas o abonando los impuestos correspondientes sobre el excedente.

Los mayores problemas se produjeron el último fin de semana largo, cuando unas 150.000 personas traspusieron el Puente que vincula a Posadas con Encarnación.

Los que llegan en los tour de compras o en vehículos particulares desde distancias superiores pueden adquirir productos por 150 dólares por persona. Esa cifra es acumulable para los grupos familiares, pero se reduce a 75 dólares para los menores de 16 años.

A diario, miles de posadeños cruzan a Encarnación para llenar los tanques de combustible -la diferencia de precios llega a cinco pesos por litro- y realizar compras en supermercados, tiendas y bazares.

Mauricio Macri vuelve al Foro de Davos en enero, y piensa sumar visitas a Moscú y París

Por  Natasha Niebieskikwiat - Clarin.com
El Presidente asistió a la cumbre del poder económico recién asumido.

Mauricio Macri en una edición latinoamericana del Foro Económico Mundial "Mini Davos" que se hizo en Buenos Aires, en abril pasado.

Mauricio Macri volverá en las primeras semanas de 2018 al Foro Económico Mundial que se realiza cada año en la pequeña y lujosa aldea suiza de Davos. En enero de 2016 había sido el primer presidente argentino en asistir tras 13 años de ausencia en ese encuentro de líderes y empresarios que conforman la crema del poder mundial. Entonces, Macri estaba recién asumido.

Con la mira puesta en el poder local, en enero 2017 decidió faltar. Ahora, en su equipo alistan las valijas para que en el mismo viaje a Davos -las cita formal será entre el 23 al 26 de enero-, concrete su pactada visita a Vladimir Putin. Por cierto, ambos refirieron a este viaje el 22 de noviembre pasado cuando hablaron por teléfono y el presidente ruso le ofreció sumarse a la fuerza internacional que busca el submarino ARA San Juan en el Atlántico Sur, la que se tradujo en un barco y un avión muy sofisticados para estas tareas.

El presidente Mauricio Macri y Vladimir Putin, en Beijing, en mayo pasado - Foto Presidencia.

También está en los planes del Presidente viajar a París, para su demorado encuentro con Emmanuel Macron.

La cuadragésima octava edición del foro de Davos se concentrará las fracturas políticas, económicas y sociales ("Creando un futuro compartido en un mundo fracturado") y será copresidida sólo por mujeres entre ellas la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y la primera ministra de Noruega, Erna Solberg. ​A la cita en Suiza también acudirán los funcionarios Nicolás Dujovne (ministro de Hacienda), Jorge Faurie (canciller), Horacio Reyser (secretario de Relaciones Económicas Internacionales) y Fulvio Pompeo (secretario Asuntos Estratégicos Internacionales).

Entre enero de 2016 y enero de 2018, Macri cambió mucho su manera de ejercer el poder. Por empezar, se fortaleció políticamente, lo que se vio reflejado en los comicios legislativos del 22 de octubre pasado. Pero también la geopolítica mundial cambió. Entre otras cuestiones, por la irrupción de Donald Trump, con su mirada hiper proteccionista y cuestiones de alto impacto como el divorcio británico de Gran Bretaña de la Unión Europea.

Lo que no cambió es la necesidad argentina de atraer inversiones. Macri llegó al Foro de 2016 con un mensaje: el de que con él "Argentina volvía al mundo". Ese mensaje ya es suficiente para captar capitales. Las reformas de la economía y el Estado tampoco, porque la economía global es un espacio cada vez más áspero e incierto.

El acercamiento a Rusia se enmarca en esa mirada. En ese tren hubo una serie de reuniones que demostraron que Moscú sólo espera a que el Gobierno de Macri se decida a incrementar el intercambio no sólo en agroalimentos. Así se lo hicieron saber recientemente al titular del grupo de amistad con Rusia de la Cámara de Diputados, Gastón Roma, que estuvo en Moscú recientemente con otros legisladores en misión del Congreso. Con los rusos hubo una seguidilla de reuniones. Primero vino el vicecanciller de Putin y se reunión con su par local Daniel Raimondi; hace unos días, Faurie cerró el viaje con Sergei Lavrov. Y el 12 de diciembre estará aquí el consejero nacional de seguridad de Putin, Nicolai Patrushev, quien en la capital rusa había coordinado esta cita con Pompeo. Hace 15 días llegaron discretamente al país unos ocho empresarios rusos del rubro astilleros, ferrocarriles, agroalimentos. Entre ellos el billonario de los fertilizantes, Andrey Guryev.

La deuda pública crece 1.204 dólares por segundo

Por Ismael Bermúdez - Clarin.com

Un sitio institucional privado,de reciente lanzamiento, informa de manera inmediata la marcha de varios indicadores.  La necesidad de financiar el déficit provoca una deuda creciente.

La deuda de Nación, provincias, municipios y Banco Central está creciendo a razón de 1.204 dólares por segundo. El gasto público aumenta $134.000 por segundo. La recaudación crece $109.000 por segundo...

Estos y muchos otros datos económicos, fiscales, sociales actualizados figuran en el sitio www.observatoriofiscalfederal.org.ar. El Económico conversó con el titular del Observatorio, Miguel Angel Asensio, su secretario Pablo Maria Garat y el director ejecutivo Luciano Di Gresia, quienes señalaron que el Observatorio es “un ámbito institucional privado no partidario”, integrado por “un grupo de profesores de finanzas publicas, economía y derecho constitucional de distintas universidades del país”.

Apenas se ingresa al sitio web del Observatorio, se observa un reloj que va actualizando segundo a segundo las datos claves de la economía. Y salta a la vista la velocidad del aumento del endeudamiento, del gasto y del déficit fiscal. “La deuda es un reflejo del desequilibrio fiscal que tiene el país. Y si agregara la deuda del Banco Central, reflejando el déficit cuasifiscal, subiría a unos 1.200 dólares por segundo”, dicen los entrevistados.

—¿Es sostenible endeudarse a 1.200 dólares por segundo?

Puede ser sostenible por un tiempo, pero no puede ser una política permanente. Porque un país que tiene estas necesidades de financiamiento y tiene que salir a los mercados todos los años para conseguir 40.000 millones o 50.000 millones de dólares, está expuesto a shocks externos que le impidan, en algún momento, conseguir tamaño financiamiento, y lo obligaría a hacer un ajuste fuerte. Habría que lograr entonces achicar este desequilibrio.

—Al agrandarse la deuda, el peso de los intereses aumenta. Por eso este año bajó el gasto de los subsidios, pero creció el destinado a los intereses..

El resultado primario, sin los intereses ha mejorado; sin embargo, el resultado financiero, incluyendo los intereses, aumentó. En poco más de un año, la deuda aumentó más de 10 puntos del PBI. Esto puede pasar por un tiempo, pero no es sostenible.

—¿Por qué?

Porque los acreedores no financiarían necesidades crecientes, y siempre está el peligro de los shocks externos.

—¿Qué pasa con el gasto público?

El gasto consolidado Nación, provincias, municipios crece a razón de $134.000 por segundo. Y la recaudación total— impuestos más Seguridad Social— es $109.000 por segundo. Entonces el déficit fiscal aumenta $25.000 por segundo. Eso nos lleva a un nivel de 7% del PBI de déficit fiscal nacional y las provincias otro punto más.

—¿Y el déficit del Banco Central, llamado cuasi fiscal?

Le agrega otros 2 puntos. En total estamos en 10% del PBI. Argentina tuvo déficits altos en 1975, Rodrigazo, 13,8% sin Banco Central. En 1982, crisis de la deuda 11,4%. En 1988, hiperinflación 7,9% y en 2001, crisis de la convertibilidad, 7%. Es interesante ver la correlación que hay entre los desequilibrios fiscales y las crisis macroeconomicas.

—¿Pero ahora la economía está repuntando, podría crecer en 2018 y el déficit fiscal es del 10% del PBI?

Sería el primer año desde 2011 que la economía crecería en un año par. Y está muy relacionado con el salario real. En 2016 cayó, mejoró en 2017...Ya está al mismo nivel de fines de 2015. Hubo una especie de serrucho.

—Hasta ahora, con la suba de tarifas no alcanzó para bajar el déficit...

No. Por ejemplo, la movilidad estaba haciendo crecer las prestaciones de la Seguridad Social por encima de la inflación.

—¿O sea, el cambio de fórmula es para que esos beneficiarios tengan menos aumentos ?

La actual fórmula refleja las variaciones de ciertas variables — salarios, recaudación—, lo que hace que, en un contexto de inflación decreciente, la fórmula brinde aumentos por encima de la inflación presente.

—Aun así, para 2018 el déficit fiscal seguiría alto y las necesidades de tomar deuda rondarían los 50.000 millones de dólares, ¿no es cierto?

Sin shock externo, o sea, sin un aumento abrupto de la tasa de interés, y cierre de los mercados, Argentina conseguiría esos fondos, con lo cual podrán obtener ese financiamiento.

Los entrevistados señalaron que “Argentina debe decir cuánto gasto público lo dedicamos a inversión, educación y desarrollo, cuánto dedicamos a sostener los intereses de la deuda, y cuánto a Seguridad Social. Esto es una decisión política de hierro. Como no se puede reducir el gasto en jubilaciones, hay que sostener 42% de pobreza infantil, hay que hacer más eficiente el gasto educativo; aquí hace falta un gran acuerdo político y tomar decisiones. 

Hoy no estamos administrando el endeudamiento en función de esta definición”. Y en lo inmediato “hay que asumir el costo político de cambiar la fórmula de movilidad y de la opción a jubilarse a los 70 años. Los empresarios se van a beneficiar por la rebaja de las contribuciones. Hoy de cada 100 pesos que tributamos, 46 son difíciles de reducir porque van a prestaciones sociales, hospitales, educación. Cómo debemos endeudarnos, la pregunta es para qué nos endeudamos. Y queremos que esos 1.204 por segundo de aumento de la deuda sirva para mejorar la calidad del gasto público, que es lo que tratamos de observar desde el Observatorio”.

Pacto fiscal a lo Vidal: auxilia a municipios pero pide ajuste

Por Pablo Ibáñez - Clarin.com

Hay 31 municipios que piden asistencia para pagar salarios a fin de año. El esquema para bajar gasto. 

Foto: María Eugenia Vidal, durante una recorrida en Lomas con el intendente Insaurralde.

El abracadabra salarial para los empleados de 31 municipios bonaerenses es ATN o ATP: Aportes del Tesoro Nacional o Aportes del Tesoro Provincial. En criollo: fondos extras de la Casa Rosada o de la Gobernación. O ambas.

A días de entrar en diciembre, un mes típicamente sensible, 31 de los 135 municipios de la provincia que gobierna María Eugenia Vidal requieren asistencia financiera para pagar salarios en el cierre del año, según un informe al que accedió Clarín.

"Cuando asumimos había 109 municipios con déficit", dicen en La Plata para amortiguar el impacto del número que refleja que uno de cada cuatro distritos bonaerense está "quebrado". El mapa del rojo fiscal lo encabezan tres dominios enormes: Mar del Plata, que gobierna Carlos Arroyo, y Bahía Blanca, a cargo de Héctor Gay; ambos son de Cambiemos. Tercero está Moreno, del GBA, en manos del ultra K Walter Festa.

De los 31, cuatro son del Conurbano: además de Moreno, están José C. Paz, San Vicente y Berisso, la cuna peronista que en 2015 pasó a ser gobernada por el radical Jorge Nedela y está en situación crítica.

Del interior provincial aparecen distritos importantes como Azul, Pinamar o Necochea. La mayoría de los que requieren auxilio son de Cambiemos: 23 de los 31. Hay seis del FpV, uno vecinalista y otro del Frente Renovador.

En La Plata aclaran que no todos los distritos están en la misma condición. "No es lo mismo un distrito que recaudó menos por la inundación que otro que aumentó gastos corrientes y sumó personal", ejemplifican.

Hay conversaciones con el Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio para que gire ATN para auxiliar a los municipios. "Veremos caso por caso, pero después de dos años de gestión, cada jurisdicción se tiene que hacer cargo de sus sueldos", avisa un funcionario y aporta un doblez político: sostiene que "el argumento de la herencia cada vez pesa menos". Incluye a los oficialistas.

El vidalismo tiene un big data económico para saber el estado de las cuentas, designaciones y gastos de cada municipio. "Sabemos bien cómo está cada uno", asegura un integrante del staff bonaerense que sigue el vínculo con los intendentes. Con esa información, pedirán a los alcaldes que propongan planes de recorte del gasto. "No les vamos a soltar la mano pero no puede haber auxilio permanente", advierten.

Con el paquete del presupuesto 2018, la gobernadora logró que le aprueben la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece parámetros de gestión: el gasto no puede crecer más que la inflación ni el personal aumentar más que la población.

Es un calco de la ley nacional que el ministro de Economía Hernán Lacunza empujó en la Provincia. Cada distrito podrá adherir o no. El que lo haga podrá tomar deuda para inversión o recibir asistencia en caso de "imprevistos".

El peronismo pataleó porque lo asume como una intromisión en la autonomía de los municipios porque limita contrataciones y erogaciones. Muchos avisan que no van a firmar la adhesión. Estaba, activa, una ley similar de la era Scioli.