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domingo, 4 de septiembre de 2016

Más de veinte millones de dólares de los narcos pasan a manos del Estado

vista aerea de la estancia rincon grandePor Virginia Messi - Clarin.com
Es el decomiso más grande de la historia. Lo definió un tardío fallo por lavado de dinero contra el Cartel de Juárez (México) en la Argentina. Fue el primer narcoescándalo que hubo en el país, hace 17 años.

En agosto de 1999 un grupo de policías de la comisaría 17° fue enviado al coqueto edificio de la Avenida Alvear 1845, en el barrio de Recoleta, para intervenir en un episodio peculiar: en el dúplex del segundo piso (de unos 180 metros cuadrados, para más detalles) se había atrincherado un ciudadano italiano a quien dos hombres de origen mexicano estaban tratando de desalojar a las patadas.

El italiano, Elio Stecca, era un testaferro de los narcos mexicanos del Cartel de Juárez y cobraba un sueldo mensual por comprar propiedades para ellos. La muerte del líder de la organización, Amado Carrillo Fuentes (alias “El Señor de los Cielos”), ocurrida dos años antes durante una cirugía estética para cambiar su aspecto, le había dado esperanzas a Stecca de quedarse con el lujoso piso. Se equivocó. Tuvo que mudarse y nunca reclamó la propiedad cuando fue secuestrada por la Justicia.

La cosa no pasó a mayores, y habría sido recordada sólo por el portero del edificio, sino se tratara de una de las tantas historias que dejó tras de sí el primer gran narcoescándalo registrado en la Argentina: el lavado de unos 18 millones de dólares provenientes del narcotráfico internacional. El dinero fue girado entre mayo de 1997 y diciembre de 1999 a la banca nacional desde cuentas de bancos de Estados Unidos. A través de sociedad truchas y testaferros, con esa plata se compraron desde estancias y campos hasta departamentos, un hotel completo en Mar del Plata y una flota de autos de lujo.

El escándalo –denunciado por las autoridades mexicanas– derivó en una causa en el fuero federal que se inició a fines de 1999 y recién se cerró el lunes pasado, luego de 17 años. El 29 de agosto, según confirmó Clarín en exclusiva, los jueces Julio Luis Panelo, María del Carmen Roqueta y José Valentín Martínez Sobrino –del Tribunal Oral Federal N° 6– convalidaron un juicio abreviado, firmado a principios de año entre el fiscal Diego Velasco y las defensas.

En la sentencia, a la que tuvo acceso Clarín, las condenas son lo de menos. Los siete acusados que siguen vivos (los dos más importantes murieron, otro fue sobreseído y un cuarto desapareció de la faz de la tierra) lograron una pena baja: sólo tres años y medio en suspenso por el delito de “asociación ilícita y lavado de dinero proveniente del narcotráfico”.

Ninguno ira a la cárcel, a menos que incumplan con las tareas comunitarias que se les fijarán, a razón de 8 horas mensuales. Las multas que se les impuso son el máximo establecido por la ley, pero parecen ridículas: no llegan ni a los 15 mil dólares, en total.

El fuerte del fallo es otro. Entre propiedades, autos y objetos varios, la sentencia del TOF 6 implica el decomiso de entre 20 y 25 millones de dólares provenientes del narcotráfico que pasarán definitivamente a manos del Estado. Los bienes estarán a cargo de la Comisión Mixta de Registro Administración y Disposición –integrada por la Corte Suprema de Justicia y la Sedronar–, un ente que pocos saben cómo funciona y que no lleva ningún registro de acceso público, por lo que ya recibió duras críticas.

La cifra del decomiso al Cartel de Juárez es récord, al punto que desde la aparición de la figura penal de “lavado” (en el año 1989) solo se habían podido decomisar activos por unos 20 millones de pesos. Parte de los millones de dólares son propiedades, como la Estancia El Arbolito, unas 2.000 hectáreas ubicadas en Mar Chiquita, valuadas en aproximadamente 15 millones de dólares. También hay objetos; entre los más curiosos: un león embalsamado, media docena de monturas labradas y un Cristo de tamaño natural que envidiaría cualquier iglesia. Gran parte de estas cosas pertenecieron al “Señor de los Cielos”, que vivió unos meses entre 1996 y 1997 en nuestro país.

Si estaba en Capital, Carrillo Fuentes usaba el departamento de la Avenida Alvear (cuya decoración costó 75.000 dólares, que pagó cash). Pero también le gustaba la Costa Atlántica. Llegó a tener una casa en el exclusivo barrio marplatense de Los Troncos y adquirió campos en localidades cercanas, todos con las mismas características: una sola vía de acceso para controlar la llegada de extraños y una vía de escape para esfumarse.

Con testaferros y sociedades fantasma adquirió la Estancia Rincón Grande, que le compró a José Bordeu por casi dos millones y medio de dólares. El lugar, de unas mil hectáreas, contaba con un casco principal, casa para el jardinero, casa para el capataz, casa de huéspedes, una gran pileta y hasta una capilla. (ver fotos).

El decomiso récord de la sentencia del TOF 6 también incluirá dinero en efectivo, ya que al menos 10.000.000 de pesos están invertidos en plazos fijos. Se trata del producido de los diferentes arrendamientos de los campos y el alquiler de dos departamentos, uno el de la Avenida Alvear y otro ubicado en el centro de la ciudad de Bahía Blanca.

A lo largo de la causa, la administración de estos bienes generó, además de muchísimo papeleo, algunas polémicas. Una de ellas le costó el apartamiento de la causa al juez original del caso, Rodolfo Canicoba Corral, luego de que se denunciara que en uno de los campos embargados –y administrados por la Justicia– en lugar de papas, como aparecía en los registros, se había sembrado soja, un cultivo mucho mas rentable.

La denuncia contra Canicoba –que luego fue sobreseído– había sido presentada por los hijos de uno de lo principales imputados de la causa, el empresario Angel Salvia. Cerebro del armado societario usado para el narcolavado, Salvia fue denunciado por los propios mexicanos por intentar quedarse con los bienes adquiridos con su dinero. No terminó bien: en 2007 fue asesinado a balazos por un sargento de la Bonaerense a cuya esposa frecuentaba. Eso, al menos, es lo que cuenta la historia oficial.

Aduana: ordenan más de 100 allanamientos por graves irregularidades

Por Hernán Cappiello - LA NACION
Basada en las denuncias de Gómez Centurión, la Justicia abrió tres causas; impidió salir del país a 70 personas e investiga fraudes por U$S 800 millones

La suspensión del ex titular de Aduana Juan José Gómez Centurión en su cargo no impidió que sus denuncias de corrupción contra las mafias que operan en esa dependencia avanzaran en la Justicia.

Basada en la presentación del funcionario, la Justicia detectó graves irregularidades y dispuso más de 100 allanamientos, impidió salir del país a 70 personas y secuestró 500.000 dólares en la casa de uno de los ex jefes del organismo. Es parte de una serie de causas en las que se investiga organizaciones encargadas de sacar mercadería sin abonar impuestos, operaciones fraudulentas, firmas fantasma y pagos de sobornos.

Las principales maniobras denunciadas por Gómez Centurión dieron origen a tres causas judiciales, que pusieron el foco en dos prácticas con perjuicios millonarios: la simulación de operaciones de comercio exterior para acceder a dólares baratos durante la vigencia del cepo y el contrabando puerta a puerta de contenedores, dentro de los cuales ingresaba efedrina.

La primera de las maniobras es investigada por el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich. El perjuicio económico estimado provocado por las maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) es de unos 395 millones de dólares, aunque la denuncia habla de más de 14.000 millones de esa misma moneda. Otro juez investiga un caso similar por más de 400 millones de dólares.

La maniobra fue denunciada luego de que Gómez Centurión cruzó las bases de datos de las personas que presentaron pedidos de importaciones para conseguir dólares a 9 pesos para importar, con la base de datos de los productos efectivamente ingresados. Allí descubrió que 55 CUIT de empresas y personas recibieron autorización y dólares para ingresar mercadería que finalmente no entró al país, con lo que el dinero fue cambiado en el mercado blue a 15 pesos, o girado al extranjero.

Otra modalidad fue armar empresas fantasma, de existencia en los papeles pero sin giro comercial. Estas firmas pedían DJAI, no importaban nada y giraban las divisas. La Aduana advirtió la presencia de un importante número de empresas que se aprovecharon del régimen normativo y simulaban importaciones que en algunos casos nunca se realizaron. En otros casos, se pagaron por dichas importaciones en apariencia, varias veces la suma declarada como valor de importación.

La diputada Elisa Carrió dijo que una de las empresas investigadas es EDETEX, cuyos socios son Lorenzo Mario Almirón y Julio César Tizado. Almirón aparece como aportante del Frente para la Victoria en la campaña de las elecciones de 2009, dijo la líder de Coalición Cívica. La legisladora mencionó que hay empresas del grupo Indalo de Cristóbal López investigadas por operaciones de este estilo, y otras vinculadas con el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

La segunda de las maniobras investigadas oculta una organización de proporciones. El agujero para el fisco en este caso es un misterio, pero ya se habla de 500 contenedores por un valor de US$ 432 millones. Esta maniobra es investigada por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.

El magistrado le prohibió la salida del país a unas 70 personas y allanó más de 100 domicilios. Esta causa vincula a los contenedores recibidos en el puerto y que luego permanecen en los depósitos fiscales, donde son reclamados por los importadores. En el medio una organización se encarga de sacar la mercadería sin pagar impuestos.

Esta organización detectada por el juez involucra a la empresa Transportes DTM SRL de los hermanos Paolantonio. Son Miguel Paolantonio, de 44 años, Alejandro Paolantonio, y Raúl Paolantonio.

Los tres son investigados por contrabando, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Los transportistas están acusados de sacar la mercadería tras pagar sobornos a distintas instancias intermedias aduaneras mientras los contenedores estaban en los depósitos fiscales.
Las maniobras mas habituales eran:
- declarar un peso de la mercadería menor al real.
- declarar una posición arancelaria diferente para pagar menos impuestos
- declarar un producto e ingresar otro.

El precio por lograr que la mercadería deje el deposito fiscal y llegue a la puerta del cliente variaba entre $ 35.000 y $ 80.000 el contenedor, dependiendo del valor de lo que llegaba al país. En esta causa se dio un curioso caso: que se decomisó un supuesto diario con anotaciones sobre cada operación. Ese documento identificaba a uno de los destinatarios de los sobornos con un número de teléfono celular y el nombre "Pekerman", singular apodo que aludía al nombre del argentino que es actualmente director técnico del seleccionado de Colombia.La Justicia investigó el celular y determinó que pertenecía a Eduardo Bernardi, ex jefe de sede Buenos Aires de la Aduana durante la gestión de Echegaray.

El juez Aguinsky allanó a pedido de la fiscal Gabriela Ruiz Morales el semipiso de Bernardi y encontró en una bolsa naranja de la heladería Pérsico unos US$ 500.000. En esta causa hay 65 personas que tienen todos sus bienes inhibidos.

La tercer maniobra que investiga la justicia vincula al narcotráfico. Es que cuando Ibar Pérez Corradi, acusado por el Triple crimen de Genreal Rodriguez, declaró ante la jueza María Servini mencionó que la efedrina -móvil del homicidio múltiple- ingresaba en contenedores. Marcó a algunos de ellos, pero las investigaciones para ubicarlos fueron infructuosas.

Elisa Carrió mencionó en su denuncia que Pérez Corradi dijo que la administración de Ricardo Echegaray en la AFIP "cobraba coimas a efectos de ingresar cargamentos de efedrina, indicando que los pagos se hacían por dólar cash y eran entregados en mano en el Mercado Central donde funcionaban los depósitos fiscales de Aduana también manejados por la AFIP".

Las maniobras investigadas
- Declaraciones juradas: Ingresos de mercadería que no se efectuaron
- Contenedores: Salida de productos sin pagar impuestos
- Narcotráfico: Ingreso de efedrina en el país en contenedores

Granero le apuntó a Aníbal
El ex titular de la Sedronar, Ramón Granero, apuntó contra el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, al que acusó de "oponerse" a leyes y proyectos para combatir el tráfico de efedrina y sostuvo que Néstor y Cristina Kirchner "estaban al tanto" de lo que sucedía en el organismo. "Cada vez que quisimos actuar en función de cubrir el vacío legal en la legislación para controlar los precursores químicos siempre nos encontramos con la oposición enfrente del ministro del Interior o Jefatura de Gabinete cuando la ejercía Aníbal Fernández", dijo Granero a Radio Mitre.

Granero, que está procesado en una causa que investiga el ingreso de efedrina al país, agregó que si llegaba a triunfar en las elecciones bonaerenses Aníbal Fernández "era como suicidarse". La respuesta del ex candidato a gobernador llegó por las redes sociales: "Jamás me opuse a cualquier control pero si ello hubiera sucedido, no tenía ningún valor".

Foto: LA NACION

viernes, 2 de septiembre de 2016

La AFIP avaló la denuncia de Gómez Centurión contra la mafia de la Aduana

Alberto Abad, titular de la AFIP.Por Ismael Bermúdez - Clarin.com - Las maniobras con las declaraciones falsas de importación
Alberto Abad dijo que sus abogados confirmaron la acusación penal que hizo el suspendido titular de la Aduana.


Alberto Abad, titular de la AFIP.

La AFIP ratificó la denuncia penal sobre operaciones de importaciones simuladas durante 2012 y 2015, durante la vigencia del cepo cambiario, para girar dólares al exterior al tipo de cambio oficial, que había formulado el suspendido titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.

Son 55 casos por U$S 300 millones en los que no hay constancia de que haya ingresado la supuesta mercadería importada de un paquete total de operaciones irregulares o inconsistentes por u$S 14.173 millones que involucra 17.495 personas físicas y jurídicas con CUIT. Comprende a poco más del 20% de los operadores registrados para operar en comercio exterior y fue durante el gobierno de Cristina Kirchner. "El martes 30 de agosto se ratificó la denuncia que se realizó el 16 de agosto, el Juzgado Penal y Económico 8 - Fiscalía 10 ya se encuentra trabajando en ella", dijo Abad en conferencia de prensa

Por este procedimiento esos operadores obtenían dólares al tipo de cambio, cuando por el cepo no hubieran podido adquirirlos, con una enorme ventaja porque el dólar blue o paralelo llegó a cotizar en esos años con una brecha de más del 50%.

El mecanismo era el siguiente: una empresa lograba la autorización o una DJAI (Declarada Jurada Anticipada de Importación ) para importar cierta mercadería y pedía al Banco Central las divisas para pagarla. Luego la operación no se realizaba o dicha DJAI se reutilizaba varias veces. El importador así sacaba al exterior los dólares que había comprado al valor oficial. Las DJAI las manejaba el ex secretario de Comercio K, Guillermo Moreno.

La denuncia, que comprende delitos cambiarios y aduaneras, fue hecha a mediados de agosto por el titular de la AFIP, Alberto Abad en una conferencia de prensa junto al entonces director de la Aduana, Juan José Centurión, y el subgerente de Operaciones de Control Aduanero, Pablo Allievi.

Ayer, en rueda de prensa al dar a conocer las cifras de recaudación de agosto, Abad dijo que la denuncia sobre los 55 casos había ingresado en el Juzgado Penal y Economico 8- Fiscalía 10. En relación al resto de los casos, Abad señaló que del total de U$S 14.173 millones :
- hay 499 casos por US$ 8.133 millones que tendrán inspecciones directas en los domicilios de las personas o empresas.
- los otros 16.941 casos tendrán requerimientos electrónicos para que justifiquen un total de operaciones por U$S 6.040 millones.

Abad explicó que las inconsistencias detectada son por los giros al exterior de dólares que no coinciden con las declaraciones juradas que autorizaban las importaciones y el ingreso de las mercaderías.

En otros casos hubo operaciones en que la importación se efectivizó pero el giro de dólares se hizo por montos superiores a los aprobados en las Declaraciones Juradas o con una misma DJAI se hicieron varias transferencias al exterior.

Las irregularidades comprenden al 8% de las importaciones de esos años y alcanzan a más del 20% de los operadores habilitados en el registro de comercio exterior, que son alrededor de 80.000 y a casi la mitad de los operadores activos ( unos 35.000).

Abad explicó que los operadores que van a ser inspeccionados deberán justificar los giros al exterior y que si se comprueban que las inconsistencias fueron maniobras serán denunciados por los delitos cambiarios e impositivos.

De todos modos, el titular de la AFIP también aclaró que esos operadores podrán ingresar al blanqueo que exime a los que blanqueen de los delitos vinculados a esas maniobras.

La posibilidad de que esos fraudes puedan quedar blanqueados motivó muchas preguntas de los periodistas que asistieron a la rueda de prensa. Abad dijo que la ley de blanqueo engloba esos casos. Distinto  es, aclaró, si se comprueban delitos vinculados al lavado de activos.

La ley de blanqueo dice que quienes blanqueen ”quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que éstos hubieran generado”.

Especialistas del sector dicen que también la UIF (Unidad de Información Financiera) debería haber alertado por estas operaciones sospechosas, lo mismo que muchos bancos privados que actuaron de intermediarios.

Fuerte denuncia de Carrió por la Aduana

(La Nación) - Defendió a Gomez Centurión y acusó a los servicios.
Juan José Gomez Centurión tiene quien lo defienda. La diputada Elisa Carrió, alida del Gobierno, presentó -a traves de una abogada- un escrito en los tribunales, en el que señala que las denuncias contra el suspendidio titular de la Aduana son una venganza por sus denuncias en las que había involucrado a ex agentes de inteligencia, como Antonio Stiuso, y mencionó de soslayo al presidente de Boca, Daniel Angelici, y a Hugo Moyano.

Fuerte denuncia de Carrió por la AduanaCarrió hizo blanco en sus enemigos de siempre, esta vez para sostener que no hay evidencias contra Gomez Centurión, de quien dijo que es víctima de una "operación de inteligencia" de "mafias enquistadas" en ese organismo y relacionadas con "contrabando, tráfico de efedrina, financiación ilegal de la política y negociados vinculados con el mundo del fútbol".


Fuerte denuncia de Carrió por la Aduana. Foto: Archivo

El escrito firmado por Carrió fue presentado en los tribunales por la legisladora Paula Olivetto, ante los fiscales Guillermo Marijuan, quien investiga a Gómez Centurión por una denuncia de Patricia Bullrich, y Franco Piccardi, quien impulsó una denuncia también contra Gómez Centurión, presentada el mismo día que la otra, por el abogado Maxiliano Rusconi, que defiende a aduaneros investigados por delitos.

La legisladora de Cambiemos dijo que la terminal de cargas donde tiene intereses un ex jugador de Boca es investigada por contrabando y que este jugados apoya la línea de Angelici en el club.

Un ex empleado de Ricardo Echegaray, ligado a un depósito fiscal, es socio de un empresario que, a su vez, es socio de Moyano, dice Carrió. Destacó que Ibar Pérez Corradi declaró ante la Justicia que en depósitos fiscales se ocultan contenedores usados para traficar efedrina. Nada de eso se encontró.

Establecer roles

Carrió pidió al fiscal Marijuan establecer "el rol en la Aduana del grupo liderado por Carlos Odemar Barreiro Laborda y sus relaciones por dentro y por fuera" del organismo. Para Gómez Centurión, este empresario era un informante que le daba datos sobre el submundo aduanero, que el ex militar carapintada desconocía.

"Es Gómez Centurión el que debe explicar su relación con Barreiro Laborda. No obstante, estamos en presencia de una burda operación de inteligencia, que excede la responsabilidad administrativa de un funcionario con la única finalidad de volver a instalar en la Aduana esa matriz mafiosa, en la que participaban en connivencia empresarios, funcionarios, contrabandistas, miembros de las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia", agregó. Dijo que el ex funcionario buscaba "denunciar a estas mafias".

La AFIP ratificó una presentación
El titular de la AFIP Alberto Abad, informó que se ratificó la denuncia por irregularidades en importaciones que había realizado Juan José Gómez Centurión. La investigación, que incluye inconsistencias en importaciones por valor de 14.000 millones de dólares, fue realizada 48 horas antes del desplazamiento de Gómez Centurión. Hay 55 casos denunciados.

miércoles, 31 de agosto de 2016

Vialidad Nacional pidió quedarse con toda la maquinaria de Austral

Por Lucía Salinas - Clarin.com
El organismo presentó la solicitud al juez Casanello
Austral Construcciones fue favorecida por créditos millonarios del Banco Nación. Foto Emmanuel Fernández.
 Austral Construcciones fue favorecida por créditos millonarios del Banco Nación. Foto Emmanuel Fernández.

La disputa por los bienes millonarios de Lázaro Báez sumó un nuevo interesado: Vialidad Nacional. El organismo que denunció al empresario y a su grupo de constructoras penalmente por la obra pública que el gobierno kichnerista le otorgó los últimos doce años, rodeada de múltiples irregularidades, considera que la dinámica utilizada para favorcer al empresario K, "resintió los medios para la realización de obras y tareas de mantenimiento", y por eso piden que el juez Sebastián Casanello no dé lugar al pedido que hicieron tres municipios y que la maquinaria pesada de Austral Construcciones quede bajo la guarda de Vialidad.

 En la entrada a Río Gallegos y al costado de la Ruta N° 3 un gran mástil con la bandera argentina y una cartel con dos flechas en direcciones opuestas formando una "A", indican el acceso principal a la emblemática empresa de Lázaro Báez: Austral Construcciones SA (ACSA). Cerrada, con el movimiento únicamente del personal de seguridad y algunos administrativos, dejó atrás los "años dorados" cuando de la mano del gobierno kirchnerista recibió $ 21.600 millones en contratos viales.


Austral Construcciones sin operar hace más de tres meses. Foto Emmanuel Fernández.Austral Construcciones sin operar hace más de tres meses. Foto Emmanuel Fernández.

La empresa conserva en ese inmenso predio una flota de 239 máquinas pesadas y 114 camionetas. Este parque automotor tasado por la Justicia arroja un valor de $ 81.551.000 según confirmaron fuentes judiciales a Clarín.  De todos estos vehículos tres municipios (General Pico de La Pampa, Isla Verde de Córdoba y Río Gallegos de Santa Cruz) pidieron la "guarda judicial" para poder utilizaros. Esto fue solicitado ante el juzgado de Sebastián Casanello que investiga a Báez por lavado de dinero.

El jefe de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, Ricardo Stoddart presentó la semana pasada un escrito ante la Justicia, manifestando que el organismo se "opone expresamente" a las solicitudes "efectuadas por los intendentes" sobre la guarda y uso de la maquinaria de ACSA. Entre sus argumentos centrales, sostienen que el empresario K es investigado por presunto lavado de activos "con motivo de los contratos de obra pública que fueran celebrados" a través de Vialidad "es decir con activos del Tesoro Nacional".


Austral Construcciones, abandonada y al borde del cierre definitivo. Foto Emmanuel Fernández.Austral Construcciones, abandonada y al borde del cierre definitivo. Foto Emmanuel Fernández.

Es así que consideran que la estructura de Vialidad se "resintió notablemente" por la dinámica utilizada por el anterior Gobierno para "favorecer" a Lázaro Báez, ya que el presupuesto se ejecutaba desde la Dirección vial.

Con estos argumentos pidió que se designe al Distrito 23 con asiento en Santa Cruz, como "depositario con concesión de uso de estos bienes (la maquinaria de Austral)". También remarcan que resulta más complejo para la Dirección Nacional con sede en Capital Federal, trasladar maquinaria a Santa Cruz, considerando los más de 2.400 kilómetros de distancia y la cantidad de obras inconclusas que dejó Lázaro Báez.

Vialidad Nacional que los últimos doce años benefició con contratos millonarios a Báez y a sus empresas, bajo la actual gestión piden ser depositarios de la maquinaria, para "finalizar las obras" de los contratos rescindidos con Austral Construcciones y a su vez, poder "garantizar la transitabilidad de los usuarios de las rutas en la Provincia".


El predio de Austral Construcciones en el ingreso a Río Gallegos. Foto Emmanuel Fernández.El predio de Austral Construcciones en el ingreso a Río Gallegos. Foto Emmanuel Fernández.

Para esto según el escrito al que accedió Clarín, sostienen que necesitan los equipos viales y las movilidades que forman parte del patrimonio de la constructora: Esto incluye retroexcavadoras, bateas, motoniveladoras. Pese a que Santa Cruz cuenta con tres rutas nacionales (288, 3 y 40) Vialidad financió muchas obras sobre caminos provinciales que quedaron inconclusos y en mal estado. Ahora la misma maquinaria de la empresa que no terminó los trabajos que sí cobró, podría utilizarle para arreglar diversos caminos santacruceños.

El juez Julián Ercolini investiga la entrega "irregular de múltiple y millonaria obra pública vial" en Santa Cruz a favor del Grupo Austral y en tal sentido el representado letrado de Vialidad sostiene que a raíz de los pagos efectuados "por certificados de obras no ejecutadas" entre otras maniobras, se generó "un perjuicio al erario público nacional".

lunes, 29 de agosto de 2016

Gendarmería utilizaría tres estancias de Báez para convertirlas en cuarteles

Por Lucía Salinas - Clarin.com
Son parte de sus propiedades más emblemáticas. Están en Santa Cruz y se ceden en comodato para funcionar como cuarteles. Pedidos para el uso de su avión y sus cabañas.
La emblemática estancia Cruz Aike quedaría en manos de Gendarmería. Foto Maxi Failla.
La emblemática estancia Cruz Aike quedaría en manos de Gendarmería. Foto Maxi Failla.

El millonario imperio de Lázaro Báez se derrumba mientras él continúa preso por lavado de dinero. Varias de sus 147 propiedades adquiridas en la inmensidad del suelo santacruceño durante el kirchnerismo, fueron embargadas preventivamente. Sus estancias fueron siempre su predilección y entre las más de 600.000 hectáreas que compró hay tres campos emblemáticos: Cruz Aike, La Julia y Río Bote donde la Justicia encontró los espacios que según declaró el “valijero” Leonardo Fariña, se usaron como “bóvedas”.

El fiscal Marijuan en la estancia Cruz Aike. Foto Maxi Failla.Estas tres propiedades cambiarán su destino: el ministerio de Seguridad las pidió en comodato y el plan inicial es convertirlas en cuarteles.

Además, solicitó uno de los aviones privados del empresario K y vehículos cuatro por cuatro. Paralelamente, un conjunto de cabañas en la localidad de 28 de Noviembre serían otorgadas bajo la misma figura, a la Municipalidad.


El fiscal Marijuan en la estancia Cruz Aike. Foto Maxi Failla.

Báez fue el empresario más poderoso de Santa Cruz y supo amasar una fortuna de US$ 140 millones sólo en propiedades, mientras ganaba contratos por $ 21.600 millones del Gobierno nacional para obras viales. Sus propiedades -más de 300- se extendieron por todo el país: Río Negro, Chaco, Salta, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Chubut, Córdoba. Preso por lavado de dinero hace cuatro meses y con un embargo de $ 900 millones, Lázaro Báez observa desde el Penal de Ezeiza cómo la Justicia avanza sobre sus bienes.

Estancia La Julia conectada a Cruz Aike. Foto Maxi Failla.Conectadas entre sí por caminos de servidumbre, las estancias Cruz Aike y La Julia tienen según los planos, una estructura similar que incluye entrepisos, paredes dobles y espacios que según denunció Leonardo Fariña, se usaban como bóvedas. Junto a Río Bote fueron parte de la primera compra compulsiva de campos que hizo el empresario K por US$ 23.700.000.


Estancia La Julia conectada a Cruz Aike. Foto Maxi Failla.

El destino de los múltiples bienes de Báez es algo que analiza el juez Sebastián Casanello que pidió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que realicen una propuesta al respecto. En el marco de este estudio, que emprendió junto al fiscal Guillermo Marijuan, se habló recientemente con el ministerio de Seguridad por estos tres campos ubicados a unos 50 kilómetros de El Calafate y sobre la ruta nacional 40, que serán otorgados -aún sin fecha específica- en comodato. “Tienen un lugar estratégico y será útil para Gendarmería”, indicaron a Clarín fuentes allegadas a la investigación.

La información fue confirmada desde la cartera que dirige Patricia Bullrich donde señalaron que se evalúa si los campos “son adaptables o si habrá que hacerle refacciones”, y que en principio, el objetivo es convertirlas en “cuarteles” para la fuerza federal. Por la “Ruta del Dinero K” estas tres propiedades fueron allanadas por el fiscal Marijuan para su tasación. Además, solicitaron que la Justicia le dé al Ministerio un avión privado del socio de los Kirchner y vehículos 4 x 4.
Parte de las propiedades Báez en 28 de Noviembre. Foto Opi Santa Cruz.
Parte de las propiedades Báez en 28 de Noviembre. Foto Opi Santa Cruz.

La entrega en comodato de los bienes secuestrados está previsto en la Ley 20.785, ya que el empresario K aún no fue a juicio oral en la causa por lavado de dinero. Como antecedente, Báez ya perdió 312 libros de su abultada colección que fueron cedidos por el Juez Casanello a la Biblioteca Nacional y que en breve realizará una exposición bajo un sugestivo título: “El lado oscuro del coleccionismo”.

Los embargos preventivos aplicados hasta el momento por el juez Casanello, fueron sobre nueve inmuebles ubicados en Río Gallegos que suman $ 111 millones. En la localidad de 28 de Noviembre el conjunto de cabañas allanadas por el fiscal Marijuan terminarían en manos de la Municipalidad “para que un fin social”, indicaron.

Se espera además, una resolución del Magistrado sobre el pedido que tres municipios, el de General Pico (La Pampa), Isla Verde (Córdoba) y Río Gallegos (Santa Cruz), que buscan quedarse con parte de la maquinaria de Austral Construcciones también embargada. Un pedido similar hizo el ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez.

La reutilización de los bienes del socio comercial de los Kirchner, es un camino extenso que recién comienza a transitarse.Desde el entorno de Báez eligieron el silencio cuando Clarín les consultó cómo afrontaban el desguase del millonario imperio.

domingo, 28 de agosto de 2016

Descubren más de cien nuevas propiedades de Lázaro Báez y sus empresas

Por Nicolas Pizzi - Clarin.com
La Justicia avanzó y encontró propiedades nuevas desparramadas en 10 provincias y en la Capital Federal
Frente del edificio donde Lazaro Baez tiene propiedades Roosevelt 1539 
Foto: Mario Quinteros
Frente del edificio donde Lazaro Baez tiene propiedades Roosevelt 1539 - Foto: Mario Quinteros

El patrimonio de Lázaro Báez parece interminable. El primer listado oficial que confeccionó la Justicia había arrojado un total de 147 propiedades, valuadas en US$ 140 millones. La cifra apenas reflejaba los bienes en Santa Cruz. La Justicia avanzó y encontró más de 100 propiedades nuevas desparramadas en 10 provincias y en la Capital Federal, pudo saber Clarín de fuentes judiciales. Pertenecen a la familia Báez, sus empresas y allegados. El listado no es definitivo y ahora debe someterse a las tasaciones oficiales, pero en Tribunales ya se estima que la cifra global podría superar los US$ 200 millones.

En la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los bienes se concentran en un solo edificio, ubicado en Ugarte 3842, en el barrio de Coghlan. Son 24 unidades funcionales a nombre de Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez que manejó $ 21.600 millones de la obra pública kirchnerista. Esa firma también es dueña de 9 departamentos en Roosevelt 1780, 3 en Roosevelt 1541 y uno más en Roosevelt 1815.

También se detectaron bienes del contador Daniel Pérez Gadin, uno de los detenidos en la cárcel de Ezeiza; de su hijo Sebastian, procesado por el video de "La Rosadita"; y del abogado Jorge Chueco, quien pidió ingresar un contador al penal, al igual que Báez. A los dos, el juez Sebastián Casanello le pidió que declaren los documentos que pretendían ingresar. Nunca insistieron.

En la Capital, se contabilizaron 49 propiedades nuevas, según los informes que envió el Registro de la Propiedad a la fiscalía de Guillermo Marijuán. Se suman a las que ya había allanado el juez en O’Higgins al 1700 (a nombre de Lázaro), y en Roosevelt al 1900, donde su hijo Martín tiene dos unidades.

El distrito que más propiedades concentra es la provincia de Buenos Aires. En el nuevo listado, al que accedió Clarín, hay inmuebles a nombre de Lázaro, Martín, Walter Zanzot (aparece en el video de La Rosadita), Badial SA, ACSA (Austral Construcciones), La Estación SA (una de las firmas que alquilaba habitaciones fantasma en Alto Calafate) y M&P SA.

En el listado se incluyen 79 departamentos de un barrio cerrado, con amenities, ubicado en Tortuguitas, sobre la calle Patricias Argentinas. Las unidades figuran a nombre del "Fiduciaria Edificio Northville SA”. “Las sumamos porque Martín Baez tiene acciones de esa firma”, explicó una fuente judicial. Pero en rigor, esas propiedades no son nuevas. En uno de los tantos escritos que presentó ante la Justicia, Lázaro ya había mencionado ese emprendimiento. Lo hizo para intentar justificar su patrimonio. En ese momento, dijo que la obra había comenzado en 2008 y que las unidades se vendieron antes de 2013. Supuestamente, ganó U$S6.677.129. "La forma de pago en la mayoría de los casos era al contado al momento de firmar el boleto y, en otros casos, por anticipo y con financiamiento de la parte restante”, declaró Báez.

El empresario patagónico lleva casi cinco meses detenido en la cárcel de Ezeiza. Y suma dos procesamientos por la maniobra de los bonos y las imágenes de "La Rosadita". Además tiene un embargo de 800 millones de pesos. Su presente judicial se sigue complicando. La estrategia para intentar apartar a Casanello fracasó: entre sus abogados y sus operadores judiciales no lograron probar ninguno de sus dichos. La Sala II puso fin a ese capítulo, aunque abrió una causa judicial. En el medio, el juez hizo varias denuncias judiciales.

También naufragaron los intentos para que se arrepientan Báez y su hijos, que ahora esperan una decisión del juez por las transferencias a Suiza. Es clave la respuesta de un nuevo exhorto a ese país.

En el ranking nacional de las propiedades de Báez, Chubut y Córdoba se disputan el tercer lugar. En la primera aparecieron 21 propiedades nuevas: una a nombre de Lázaro y ocho a nombre de Martín. El resto se reparten entre Austral, Kank y Costilla, la petrolera Epsur y otras empresas. En Córdoba, totalizan 22 propiedades. El 90% pertenece a la sociedad Don Francisco, que también alquilaba habitaciones en el hotel Alto Calafate.

"El hallazgo de propiedades parece inagotable. Pronto les daremos un destino social. Es probable que ONGs, municipalidades e incluso fuerzas de seguridad hagan uso provisorio de ellas", dijo anoche Marijuán.

El "mapa" de las propiedades de Báez también abarca a Mendoza (5), Río Negro (7), Salta (4), Santa Cruz (14), Santa Fe (1), Chaco (1) y Tierra del Fuego (6). Representa casi medio país. Y todavía se sigue investigando. 

lunes, 22 de agosto de 2016

Hallan documentos de firmas de Báez en una financiera ilegal de Corrientes

Por Maia Jastreblansky - LA NACION
El hallazgo lo hizo la justicia federal de esa provincia, que lo remitió al juez Casanello.


Foto: Los resultados de uno de los allanamientos a la financiera de Corrientes. Foto: fiscales.gov.ar

Con Santa Cruz como centro de operaciones, los negocios de Lázaro Báez se ramificaron por distintos puntos del país. Documentos de sus contratos, incluso, fueron atesorados en los lugares más insospechados. La justicia de Corrientes encontró papeles de obras del empresario patagónico en una caja fuerte de una presunta financiera clandestina. La fiscalía federal de esa provincia ya les remitió su hallazgo al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Guillermo Marijuan para que investiguen esa pista en la llamada "ruta del dinero K".

La pesquisa se inició a partir de una denuncia de un funcionario de la regional Resistencia de la AFIP, que pidió investigar la actividad de la Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis Limitada, con oficinas en el centro de la ciudad de Corrientes. Eso derivó en una causa por "intermediación financiera no autorizada", porque se sospechaba que realizaba operaciones ilegales, a modo de "banco clandestino", a espaldas de los controles del Estado.

En el marco de esa causa fueron ordenados varios allanamientos a las oficinas de Pyramis. En los procedimientos se secuestraron millonarias sumas de dinero en distintas monedas, cientos de cheques y pagarés, documentos y varias máquinas de contar billetes. Guardada bajo llave también se encontró, por azar, una subcontratación que hizo la constructora Sucesión Anselmo Biancalani -sindicada como parte del emporio de Báez- para una obra de Vialidad en Formosa.

Según los documentos hallados en Pyramis, a los que accedió la nacion, Sucesión Adelmo Biancalani subcontrató a la firma Ingyserv SA para hacer un tramo de la ruta nacional 86, en la provincia de Formosa, obra otorgada por Vialidad Nacional. En el acuerdo, le encargaba algunos ítems de la licitación, como la construcción de alambrados, bacheos, señalización y la confección de una dársena para ascenso y descenso de pasajeros.

El pago de los trabajos se realizaría "mediante la entrega de cheques de pago diferido con fecha a los 45 días desde la certificación de las obras", en tanto que se otorgaba un anticipo financiero de $ 300.000. En los allanamientos también fue hallada una actuación notarial del colegio de abogados de Chaco que validaba el contrato con Ingyserv SA, una constructora pequeña creada en 2007 en Corrientes, de acuerdo a los registros oficiales.

Para la Justicia está probado que la empresa Sucesión Adelmo Biancalani, radicada en Resistencia, es de Báez. Cuando Leonardo Fariña declaró como "arrepentido" afirmó que se llevó "mucho dinero físicamente por tierra en camiones de Austral Construcciones a la provincia del Chaco, donde tienen la empresa denominada Adelmo Biancalani e Hijos". También dijo que era posible "encontrar facturas apócrifas y sobrefacturación" de esa empresa.

Un peritaje ordenado por Casanello determinó que el empresario patagónico adquirió el 50% de la firma chaqueña en 2006, mientras que en abril de este año ordenó un allanamiento a sus instalaciones.

Allanamiento

Los documentos de Sucesión Adelmo Biancalani estaban bajo una estricta custodia en Corrientes. Pyramis ofrecía a sus clientes el servicio de "cajas de archivo". Cuando la Justicia allanó el lugar se encontró con verdaderas cajas de seguridad encubiertas donde se guardaban dinero y documentación. De acuerdo con la pesquisa, los cofres estaban tras una puerta blindada y todo estaba vigilado por un circuito de cámaras de seguridad.

El juez federal de Corrientes Juan Carlos Vallejos dictó el procesamiento de siete responsables de Pyramis. "La cantidad de dinero en efectivo en diferentes monedas, cheques, documentación relacionada con préstamos, pagarés y millonarias operaciones bursátiles indican que la estructura jurídica de la cooperativa fue un montaje para ocultar que eran un banco clandestino", agregó el magistrado.

Los titulares de Pyramis, que aseguran ser una cooperativa de recursos financieros legal, apelaron los procesamientos y aún está pendiente la resolución de la Cámara.

Más allá del devenir del juicio en Corrientes, a los investigadores les resultó llamativo que los documentos de esa obra vial estuvieran custodiados en esa cooperativa financiera. Por eso pusieron esos papeles en conocimiento de sus pares de Comodoro Py que están tras la ruta del lavado de dinero.

El hotel fantasma: Revelan nuevos lazos con Cristina Kirchner

(La Nación) - Otro hotel construido por Báez en El Calafate vincula al empresario con la ex presidenta.

El supuesto "hotel fantasma" de Cristina Kirchner.

El programa La cornisa reveló anoche supuestos nuevos vínculos comerciales entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

La información, que la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) aportará a la Justicia en la causa Hotesur, revela la existencia de un hotel "fantasma" construido por Austral Construcciones, que nunca se llegó a inaugurar y que habría estado pensado para funcionar bajo la misma modalidad que Alto Calafate y Las Dunas, hoteles que posee la ex mandataria y que administra la gerenciadora turística Valle Mitre, propiedad de Báez.

Según se informó en el programa conducido por el periodista Luis Majul, los datos surgen de unos 15 CD que se encontraron en un departamento de Báez de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. En ellos figura que la construcción del hotel Bahía Calafate fue terminada en 2009, levantado por Austral Construcciones en un terreno que también es propiedad de Báez.

El material encontrado también posee los balances de Valle Mitre y de Hotesur SA desde 2008 hasta 2013 y un documento que confirmaría que las instalaciones iban a ser administradas en forma conjunta con Alto Calafate y Las Dunas. Además, los archivos confirmaban que Bahía Calafate iba a poder ser utilizado por la tripulación de Aerolíneas Argentinas, como ocurría con el Alto Calafate.

En tanto, según el informe periodístico, los CD contienen pruebas de que Hotesur y Valle Mitre, dos sociedades supuestamente independientes de Cristina Kirchner y Báez, funcionaban bajo una misma administración: la nómina de empleados revela que decenas de trabajadores pasaron de una firma a la otra sin que hubiera una transferencia al fondo de comercio.

Asimismo, otro de los documentos hallados brinda un dato sospechoso: las auditorías internas de Alto Calafate y Las Dunas figuraban registradas con el nombre "contabilidad real", lo que sugiere que pudo existir una contabilidad falsa para presentar ante la AFIP.

Surgen nuevas evidencias de contratos irregulares de obra pública para favorecer a Báez

Lázaro Báez, detenido en Ezeiza en el marco de la causa por lavadoPor Hernán Cappiello - LA NACION
Un informe de Vialidad Nacional detalla al menos siete licitaciones otorgadas en el kirchnerismo a Austral pese a que la firma no podía cumplir con los trabajos


Lázaro Báez, detenido en Ezeiza en el marco de la causa por lavado. Foto: LA NACION

El grupo empresario de Lázaro Báez no estaba en condiciones patrimoniales de hacer frente a las obras que le fueron adjudicadas durante el kirchnerismo y por eso en buena parte las dejó inconclusas. El ministerio de Planificación de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner , Julio De Vido , "no pudo haber sido ajeno" a esta "arbitrariedad e ilegalidad" de los procedimientos. Por esas obras, el grupo Austral Construcciones cobró entre 2007 y 2015, 2196 millones de dólares.

Así lo aseguró el Gobierno ante la Justicia en la causa en que el fiscal Gerardo Pollicita y su colega Ignacio Mahiques pidieron la declaración indagatoria de la ex presidenta por direccionar la obra pública al empresario santacruceño, preso por presunto lavado de dinero.

En un escrito presentado por Ricardo Stoddart, jefe del servicio de asuntos jurídicos de la Dirección de Vialidad, a los fiscales, el viernes pasado, se describen "graves irregularidades" e "inadmisibles falencias" de los procesos licitatorios por los que el actual gobierno nacional responsabilizó a la gestión de Vialidad Nacional y de Vialidad de la provincia de Santa Cruz durante el kirchnerismo.

El informe oficial señala que antes de la adjudicación de una licitación la empresa debe presentar un "certificado de capacidad para adjudicación", que acredita la capacidad de contratación asignada anualmente, menos el monto total de las obras comprometidas. Ese certificado se gestiona a partir de la presentación del denominado anexo para gestionar el certificado de adjudicación, donde se identifica a qué licitación está referida, el monto en pesos del presupuesto oficial, el monto de la oferta y en cuántos meses se va a completar la obra.

Al monto asignado al certificado de adjudicación se le descuenta el monto del anexo, y de esa resta surge la capacidad real de la empresa para hacer la obra.

La Dirección Nacional de Vialidad aseguró que Austral Construcciones, propiedad de Báez, no cumplió con la presentación adecuada de estos certificados en por los menos siete de las 16 obras licitadas en Santa Cruz entre octubre de 2006 y abril de 2007.

Esto fue posible porque, según la presentación oficial, Vialidad provincial "nunca requirió" los certificados de capacidad para la adjudicación y no los verificó Vialidad Nacional como órgano que financiaba las obras luego de adjudicadas a la empresa beneficiada.

Austral Construcciones presentó ante cada licitación idénticos certificados de capacidad de contratación anual en cada oferta realizada entre octubre de 2006 y abril de 2007. Todo esto sin advertir que la capacidad de contratación anual certificada a Austral Construcciones se consumió cuando se le adjudicó la primera obra.

Es decir que en esos seis meses contemplados en el informe presentado ante la Justicia se acordaron obras por 2143 millones de pesos, que actualizados equivalen a unos 15.000 millones de pesos.

Situación "grotesca"

El Gobierno dijo en su presentación ante los fiscales que Vialidad Nacional y santacruceña en el kirchnerismo debieron advertir "tan grotesca situación e inadmisible falencia, toda vez que resulta evidente que la empresa contratada luego de adjudicada la primera obra carecía de capacidad para ejecutar las obras sucesivas".

El jefe de asuntos jurídicos de Vialidad Nacional recordó que nunca le debieron haber dado las obras a Lázaro Báez, pues la falta del correspondiente certificado de capacidad de adjudicación se sanciona con la baja de la oferta y la obra se le asigna al siguiente oferente en orden de mérito o se vuelve a licitar.

Por eso indicó que estos hallazgos, sumados a las denuncias anteriores de Vialidad Nacional sobre adjudicaciones irregulares de obra pública a la firma de Báez, determinaron "una voluntad tendiente a torcer la legalidad de los procesos licitatorios" realizados en Santa Cruz para "favorecer arbitrariamente al grupo Austral adjudicando obra pública por montos millonarios en violación de la ley".

Dijo el Gobierno en su escrito que para que esto se hiciera "era indispensable" la participación de funcionarios de Vialidad Nacional, de Vialidad de la provincia patagónica, de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación -que estaba en aquellos años a cargo de José López, hoy preso por los bolsos con nueve millones de dólares que intentó esconder en un monasterio de General Rodríguez-, del ministro De Vido y de la Jefatura de Gabinete.

El escrito de Vialidad Nacional se suma a las pruebas que el juez Julián Ercolini pidió la semana pasada al fiscal Pollicita que le aportara para evaluar la pertinencia de su pedido de indagar a la ex presidenta Cristina Kirchner por sospechas de corrupción.

domingo, 21 de agosto de 2016

Entrevista con Juan José Centurión

Por Nicolas Pizzi - Clarin
"Esto fue un operación delictiva y mafiosa"


No asimiló todavía el impacto de la noticia. Juan José Gómez Centurión es el primer funcionario de peso apartado por una denuncia de corrupción durante la era macrista. El militar había sido elegido por Mauricio Macri para avanzar con reformas profundas en la Aduana, uno de los organismos más permeables a la corrupción.

Durante su corta gestión, desplazó a decenas de funcionarios y atacó varios frentes de conflicto históricos como el aeropuerto de Ezeiza y el negocio de los depósitos fiscales. Su salida, por ahora preventiva, fue una decisión del Presidente. “Me duele porque soy inocente, pero entiendo la decisión”, le dijo ayer a Clarín.

El encargado de llamarlo fue el titular de la AFIP, Alberto Abad. Goméz Centurión estaba en la ruta, a la altura de Don Torcuato, luego de varias jornadas de trabajo en la provincia de Corrientes. Apenas diez minutos después, la noticia ya se había filtrado en los medios. A última hora del viernes pudo hablar con Macri. “Me explicó que era mejor para que yo me defienda y se conozca la verdad”, fue el resumen de la conversación telefónica. Pese al golpe, ayer ya comenzó a trabajar junto a sus abogados. Y mañana se presentará en Comodoro Py. Está convencido que fue víctima de una operación “mafiosa” donde están involucrados “ex servicios de inteligencia”. La denuncia, acompañada de algunos audios editados, aterrizó en el Ministerio de Seguridad, que terminó haciendo la presentación judicial.

-¿Qué evaluación hizo de las denuncias en su contra?
-No tienen sustento, ninguna de las dos. Están hechas con grabaciones editadas, en la primer pericia que hicimos ya nos surgió que tienen un alto grado de edición, con voces insertadas. La Justicia rápidamente va a establecer el disparate de las pruebas presentadas.

-¿Usted habla de una operación en su contra, de dónde proviene?
-Es el viejo modelo Side, una denuncia absolutamente inconsistente pero que es un fusilamiento mediático. Lo que buscan es inhabilitar a un funcionario y un equipo que avanzan sobre temas que molestan a mucha gente poderosa. Ya venía escuchando hace tiempo que había un grupo de pseudo empresarios, dedicados a las actividades delictivas en comercio exterior, que estaban buscando un equipo de los servicios de inteligencia para armar una operación. Nunca le di crédito a la versión hasta el viernes. Hay cuatro núcleos complejos sobre los que avanzamos en estos meses.

-¿Cuáles son?
El primero son sectores de los depósitos fiscales a los que le revocamos las habitaciones en los primeros tres meses de gestión. Algunos finalizaron con los procesos de regularización. Otros fueron a la Justicia. No descartamos que puedan tener contenedores con droga.

También hicimos un avance en el aeropuerto de Ezeiza. Era un Aduana donde reinaba el contrabando, vinculada a ex servicios de inteligencia. En los últimos meses, cada vez que movía aduaneros que estababan vinculados al servicio de courier empezaban las operaciones mediáticas.

El tercer núcleo es la gente perjudicada por la causa de los hermanos Paolantonio (N.E.: una investigación de Clarín que llegó a la Justicia y generó decenas de allanamientos). Hay mucha gente afectada por esa causa.

El último frente de conflicto fue la denuncia que hicimos esta semana por los fraudes con la DJAI. Era un negocio de 14.500 millones de dólares. Lo que mas sospecha me da es que uno de los denunciados es el licenciado Aliere, que fue investigador en esa causa.

-¿Por cuál de los cuatros frente se inclina?
Están todos vinculados entre sí. Yo sabia que ir por las mafias iba a traer consecuencias. Me imaginaba una respuesta. Lo que nunca esperé es una respuesta tan mediáticamente organizada. Yo voy a contestar en la Justicia. Después voy a volver a la Aduana para terminar con todas la mafias.

-¿Reconoce su voz en los audios que están en poder de la Justicia?
-No escuché todo. Lo que me dicen es que las voces están insertadas. Estoy trabajando con un perito y voy a convocar a otros expertos (N.R.: la voz de Gómez Centurión solo aparece en algunos de los audios, parecen audios de voz enviados por Whatsapp).

-¿Confía en que la Justicia actué rápido y aclare la situación?
-Tengo plena confianza. Esto fue un operación delictiva y mafiosa, con participación de gente que perteneció a los servicios de inteligencia. Voy a demostrar quiénes son esos mafiosos.

-¿Qué le dijo el Presidente?
-Hablé por teléfono el viernes. Me explicó que se vio en la obligación de darle curso a la denuncia a través de la justicia y separarme del cargo para facilitar la investigación y el legitimo derecho de defensa. Me duele y me afecta la medida, porque soy inocente, pero entiendo la decisión del presidente. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo.

-¿También entiende la actuación del Ministerio de Seguridad?
-(Hace un silencio) El Ministerio recibió la denuncia y lo fue a ver al Presidente. Estoy dolido, pero entiendo el mecanismo. Yo creo que hubiera hecho lo mismo.

Agregado: (Clarín) - El expediente que ya tiene Lijo con audios confusos y varias voces
El Director General de la Aduana suspendido aparece hablando de a momentos y en medio de otras conversaciones.

La salida de Gómez Centurión de la Aduana comenzó a gestarse por una denuncia anónima acompañada de varios audios que aterrizaron en el Ministerio de Seguridad. Tras una consulta con el Presidente, Patricia Bullrich ordenó una denuncia por averiguación de delito. La presentación, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, también menciona a Carlos Oldemar Barreiro Laborda, alias "Cuqui", un empresario paraguayo ex dueño de la empresa Lo Jack; Edgardo Paolucci, director de Aduana en el Puerto de Buenos Aires; la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Rita María Ailán; Gustavo Mariscurrena, jefe de courier del aeropuerto de Ezeiza; Julio César Tizado, empleado de Barreiro Laborda; Federico Tiscornia, hermanastro del ex juez Guillermo Tiscornia y empleado de "Cuqui"; y Claudio Minicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Los audios que acompañan la denuncia, publicados ayer en el sitio Infobae, son confusos. Se escuchan varias voces. En una conversación, una persona que no está identificada dice estar "haciendo caja" hace dos meses. "Genero un palo por día", confiesa. La voz de Gómez Centurión aparece sólo por momentos. Y parece estar insertada en el medio de otras conversaciones.

Según la acusación, Barreiro Laborda, conseguía importadores que no tienen las ex declaraciones juradas anticipadas de importación y las tramita en el juzgado de Ailán, que las aprueba de forma inmediata. La denuncia asegura que los involucrados hablan de contrabandear 2000 contenedores a 1,3 millón de dólares cada uno. En otro de los audios, uno de los involucrados explica que un container (lo denomina "lata") les representa una ganancia de 30 mil dólares.

El denunciante, que supuestamente se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad, asegura que Barreiro Laborda logró que Gómez Centurión designe personal en cargos importantes. El militar dice que ese empresario no es su asistente. Mañana se presentará en los tribunales de Comodoro Py junto a sus abogados. Además de la denuncia que investiga el juez Lijo hay una presentación del abogado Maximiliano Rusconi en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

Ayer, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo que en la denuncia "se habla de un segundo de Gómez Centurión que estaría pidiendo coimas y haciendo maniobras". Pero luego se llamó a silencio. El ministro del Interior Rogelio Frigerio destacó la decisión del presidente: “Todos los funcionarios de este gobierno están a disposición de la justicia”. Consultado por Clarín, el jefe de Gabinete Marcos Peña dijo: “Si se comprueba que no tiene nada que ver volverá a su cargo y si es responsable tendrá que seguir los caminos de la Justicia”.

viernes, 19 de agosto de 2016

Agresión a Macri: graves denuncias de un juez

El juez federal Alfredo López denunció a la fiscal Laura Massaferri obstaculiza la investigaciónPor Darío Palavecino - LA NACION
El magistrado a cargo de la causa dijo que "hay un plan sistemático de desestabilización".


MAR DEL PLATA.- El juez federal Alfredo López, a cargo de la causa por las agresiones contra el presidente Mauricio Macri ocurridas el último viernes en esta ciudad, denunció que la fiscal federal Laura Mazzaferri no sólo se negó a recibir el informe de lo acontecido aportado por autoridades de las fuerzas de seguridad, sino que ahora "obstaculiza la investigación antes de que se produzcan las pruebas y haya imputados". De esta forma, el magistrado advirtió: "Si el Gobierno no toma cartas en el asunto para hacerles juicio político a los integrantes de Justicia Legítima, le van a hacer la vida imposible", dijo con relación a jueces y fiscales que han hecho público su apoyo al gobierno kirchnerista. 

El juez federal Alfredo López denunció a la fiscal Laura Massaferri obstaculiza la investigación
"Así como hubo un plan sistemático de saqueo del Estado, ahora hay un plan sistemático de desestabilización, y eso es complicado", dijo López a LA NACION.

Mientras aguarda por peritajes e información sobre lo acontecido en el barrio Belisario Roldán, donde el jefe del Estado y colaboradores, entre ellos la gobernadora María Eugenia Vidal, fueron blanco de agresiones verbales y -en el caso de los primeros- ataques con piedras cuando partían en vehículos oficiales, López admite que nunca antes había visto hechos de esta magnitud y gravedad institucional.

Aseguró que si no le pegaron y lastimaron a Macri "no fue por falta de voluntad" de los que lo querían agredir. "Fue porque se pudo disparar, porque si no la cosa iba a cada vez peor", insistió.

Al frente del Juzgado Federal N°4, López considera que en las próximas 24 horas ya tendrá elementos como para trabajar en la identificación de los protagonistas del ataque, responsabilidades y eventuales imputaciones.

Apuntó fuerte contra la fiscal federal y contrastó su comportamiento con el del fiscal Juan Pablo Lódola, dependiente del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, que inició una investigación de oficio. "No me extraña, me extrañaría que actúen bien", dijo en referencia a Mazzaferri, a quien identifica como parte de Justicia Legítima.

Dos causas contra Moreno

-El juez Claudio Bonadio avanzó en dos causas contra el ex secretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno, ya que decidió elevar a juicio oral el caso del cotillón contra el Grupo Clarín y anuló el dictamen de un fiscal que cerraba un expediente donde se lo involucra por hostigamiento.
Se trata de causas en las que el ex funcionario fue procesado por distintos aspectos de la embestida kirchnerista contra Clarín.

-Por un lado, Bonadio decidió elevar a juicio a Moreno y a funcionarios del Mercado Central por incitación a la violenta colectiva y malversación de caudales públicos por comprar por 180.000 pesos y distribuir cotillón con la leyenda "Clarín Miente", pagado por el Estado.

-El juez además anuló un dictamen del fiscal Juan Pedro Zoni, que buscaba sobreseer a Alejandro Vanoli, ex del Banco Central en otro caso ligado a Clarín.

jueves, 18 de agosto de 2016

Allanan a un eslabón clave de la obra pública

El juez federal Sebastián Casanello avanzó otro paso contra la corrupción en la obra públicaPor Hugo Alconada Mon - LA NACION
Casanello ordenó un procedimiento contra Gentili, de Vialidad

El juez federal Sebastián Casanello avanzó otro paso para desentrañar cómo operó la obra pública durante la última década. Para eso, allanó la casa que un histórico funcionario de carrera de Vialidad Nacional tiene en un exclusivo country de la zona norte, donde secuestró dinero, documentación oficial y autos de lujo.

Casanello ordenó el allanamiento anteanoche a pedido del fiscal federal Federico Delgado, quien solicitó dar los primeros pasos para investigar a Gustavo Gentili, un veterano empleado de Vialidad que durante años lideró el Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi), desde donde favoreció al empresario Cristóbal López.

El allanamiento se concentró en la casa que Gentili y su esposa, Laura Andino -quien también ocupó un cargo público como interventora de Autopistas del Sol (Ausol) durante el kirchnerismo-, en el San Jorge Village, un country tradicional en Los Polvorines, sobre la ruta 197.

La investigación comenzó a partir de un anónimo que recibió otro fiscal, Guillermo Marijuan, quien tomó ese texto como una denuncia y la envió a sorteo, que determinó que recayera en Casanello y Delgado.

Sólo horas después, agentes de la Policía Federal de la unidad antilavado (UIF) secuestraron $ 25.000, cajas de documentación de Vialidad, Ausol y el Occovi en la casa de Gentili. También, termosellados vacíos de billetes del Banco Central (BCRA), según supo LA NACION.

Los encargados del operativo también se toparon con cajas de documentos identificados con el membrete "Bonadio" o "Juicio Bonadio", en alusión al juez federal, material que será analizado. El allanamiento concluyó con el secuestro adicional de una computadora y dos automóviles que usaba la pareja, que durante los últimos años mantuvo un alto nivel de gastos.

A los 60 años, Gentili es padre de 11 hijos -siete de ellos con Andino (39)- y trabaja desde 1992 para Vialidad, mientras que desde 2010 asumió al frente del Occovi, el órgano que lideró uno de los recaudadores de las campañas kirchneristas, Claudio Uberti, hasta su caída por el "caso Antonini".

Gentili y Andino envían a sus hijos al St George's College North y a universidades privadas, lo que combinan con viajes lujosos, una lapicera Mont Blanc de oro macizo con rubíes que según la propia Andino costó $ 250.000, o diamantes para su hija de 3 años. También, seis empleadas de limpieza, tres niñeras y "personal trainer".

Gentili también aparece vinculado a la sociedad Rocma Equities Corp., de las Islas Vírgenes Británicas, según surge de la investigación de los Panamá Papers, y domicilio adicional en el Royal Trust Bank de Ginebra, Suiza. La pareja comenzó además a moverse en autos con chofer de Vialidad o del Occovi. Entre ellos, Walter Celi, el ex conductor de Uberti que en agosto de 2007 trasladó al venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson la madrugada del decomiso de 800.000 dólares.

Gentili y Andino se mueven, además, en camionetas BMW -dominios IHD 423 y MWN 066-, y en un Audi A4 -chapa ILC 573- que hasta mayo manejaba Jorge Pinto, uno de los socios de Consular, una consultora de presencia recurrente en los contratos de obra pública y los negocios con Venezuela. Los vínculos entre Consular y la pareja son más profundos: Andino trabajó para esa consultora al mismo tiempo que lo hizo entre 2010 y 2015 para Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Como funcionarios, en tanto, Gentili y Andino presionaron juntos a Ausol, la concesionaria de capitales españoles Abertis, que terminó por demandar a la Argentina ante los tribunales del Ciadi en diciembre pasado. Esa presión sobre Ausol contrastó con la conducta que Gentili y Andino mostraron ante Aecsa, la concesionaria de Cristóbal López, que retuvo $ 250 millones del Estado por el cobro de los peajes en las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, lo que le valió a López una denuncia penal de las nuevas autoridades en marzo pasado.

Para Gentili, el allanamiento implicó su segundo traspié en horas. El fiscal Gerardo Pollicita había pedido su indagatoria junto con otros 34 funcionarios y empresarios liderados por Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Los acusó de presunta estafa al Estado con los contratos de Vialidad.

domingo, 14 de agosto de 2016

El Gobierno denuncia a De Vido por un fraude de US$ 130 millones

Por Maia Jastreblansky - LA NACION
La Oficina Anticorrupción prepara una demanda por la supuesta entrega irregular de subsidios a una refinería de Neuquén, que hoy está quebrada

Meses antes de la estatización de YPF, Julio De Vido viajó a Plaza Huincul, polo petrolero en el corazón de Neuquén, para inaugurar la planta de Refinería Neuquina SA (Renasa).

El ex ministro recorrió las instalaciones y sonrió para el célebre corte de cinta. Por videoconferencia, la ex presidenta Cristina Kirchner festejó la "estratégica" nueva línea de producción de combustibles.

El gobierno había ayudado a la empresa con un subsidio de US$ 130 millones. Tamaña inversión, tiempo después, quedó en la nada: la empresa se declaró insolvente y ahora el gobierno de Mauricio Macri prepara una denuncia por posible fraude.

La Oficina Anticorrupción (OA) elaboró una denuncia penal por presuntas irregularidades en el programa conocido como Refino Plus, que se desarrolló desde fines de 2008. Lo hizo en base a un duro informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que alertó por posibles anomalías en la entrega de incentivos millonarios de manera "discrecional" a la firma Más Energía, controlante de Renasa y de Petrolera Argentina SA.

Así, en días en los que la oposición reclama interpelar al actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, y hay duros cuestionamientos por las tarifas, el Gobierno apuntará contra De Vido, el ex secretario de Energía Daniel Cameron, el ex subsecretario del área Roberto Barata y otros cuatro ex funcionarios kirchneristas, y pedirá que sean investigados.

Refino Plus fue lanzado en noviembre de 2008, con el objetivo de incentivar la producción nacional de combustibles.

El gobierno kirchnerista le entregaba a las empresas créditos fiscales aplicables al pago de derechos de exportación de hidrocarburos. Es decir, pagarés que permitían a las refinerías deducir impuestos ante la Aduana. Los papeles eran, a su vez, "transferibles" en el mercado, o sea, factibles de ser convertidos en dinero.

Al programa adhirieron casi todas las grandes petroleras y otras refinerías más pequeñas. En el caso del grupo Más Energía, la OA indicó que Renasa y Petrolera Argentina SA (PASA) recibieron incentivos por un total de US$ 130 millones que "no debieron otorgarse o se otorgaron de manera irregular, en términos que implicaría la comisión de graves hipótesis delictivas".

Los casos

En el caso de Renasa, la firma solicitó su adhesión al programa Refino Plus en diciembre de 2008, a quince días del lanzamiento del plan. A cambio de los incentivos, la empresa se comprometía a la construcción de una planta de producción de naftas de alto octanaje y prometía, a partir de ello, la producción de 430.000 metros cúbicos de combustible por año. Es decir, una participación del 7,5% de la producción nacional.

En un principio, la Secretaría de Energía convino en otorgarle incentivos por US$ 53 millones, pero Renasa pidió un aumento por considerar que lograría niveles de producción significativos. Tras algunos trámites se reconvino la entrega de créditos por $ 124 millones, un 230% más de lo pautado inicialmente.

Según consta en el informe de la Sigen al que accedió LA NACION, un punto llamativo es que a Renasa "se le habría otorgado la totalidad del incentivo de manera adelantada, en clara violación a lo dispuesto por la normativa vigente". El decreto que creaba el programa estipulaba que "el 50% del incentivo total se entregaría trimestralmente en función al avance de los proyectos y el 50% restante durante el primer año de producción".

Según señaló la OA, la empresa tampoco habría producido, ni de manera cercana, los niveles comprometidos. Es que, según datos públicos de la ex Secretaría de Energía, durante el período que la refinería estuvo en funcionamiento (de agosto de 2012 a junio de 2014) la producción total fue de 97.000 metros cúbicos. Es decir, sólo un 12% de la producción acordada.

En el caso de Petrolera Argentina SA, la otra firma del grupo Más Energía, la Secretaría de Energía pautó en entregarle créditos fiscales por US$ 5,7 millones. También se habrían otorgado en su totalidad y no en partes, como indicaba la ley.

Consultado por LA NACION, el presidente de Más Energía, Miguel Schvartzbaum, cuestionó "el súbito cambio de las reglas del juego" en el mercado de hidrocarburos a partir del año 2013. "Teníamos la capacidad instalada, pero el ex gobierno permitió la importación de combustibles libres de impuestos, lo que hizo que nuestra producción no encontrara mercado. Desde 2014 se importaron más de 600.000 metros cúbicos de nafta exenta de gravámenes, eso hizo que las grandes petroleras importaran, en lugar de comprar a la industria nacional", indicó el empresario.

A sólo ocho años de haber recibido US$ 130 millones del Estado, Renasa se declaró insolvente, despidió empleados y hoy está en concurso de acreedores.

Desde el entorno de De Vido, consultados por este medio, señalaron: "El problema de Renasa fue que YPF les rompió un contrato y eso complicó sus números". Además buscaron eximir de responsabilidades al ex ministro y apuntaron a Cameron: "Los certificados de crédito fiscal eran responsabilidad del secretario de Energía, el ministro no firmaba".

Los voceros de De Vido aseguraron que el programa de incentivos "fue exitoso porque aumentó la refinación de crudo local". Durante el último año de gestión de Cristina Kirchner, el sector energético devoró sumas significativas de fondos públicos y en el caso de los planes Petróleo Plus (dado de baja en julio último) y Refino Plus debieron sumarse al presupuesto $ 7325 millones para cumplir los compromisos.

Otros tiempos

Foto: Archivo
3/10/2011: Julio De Vido (a la izquierda) viajó a la inuguración de la refinadora de Renesa, presenció el corte de cinta y realizó una videoconferencia con Cristina Kirchner para celebrar la noticia. Lo hizo acompañado por el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sapag (segundo a la izquierda). El presidente de la empresa, Miguel Schvartzbaum (último a la derecha), hoy apunta contra el ex gobierno por el "cambio en las reglas del juego" a partir de la importación de hidrocarburos sin impuestos, lo que llevó a su firma a declararse insolvente.

A la espera del caso Aranguren

La OA debe resolver si el ministro de Energía, Juan José Aranguren, incurre en incompatibilidades por tener $ 16 millones en acciones de Shell. Consultados por LA NACION, fuentes de la OA señalaron que el dictamen ya está listo, pero que resta la revisión del área jurídica del Ministerio de Justicia.

lunes, 8 de agosto de 2016

Investigan compras de la campaña antártica

Frente del domicilio informado por Rinorm; los vecinos dicen que no hay actividadPor Diego Cabot - LA NACION
Hallaron sobreprecios del 254% en los alimentos; lo llaman el "Chocolinasgate".

Frente del domicilio informado por Rinorm; los vecinos dicen que no hay actividad. Foto: LA NACION.
Comprar un paquete de galletitas Chocolinas en la Antártida podría resultar muy caro, pero comprarlas en el Mercado Central para llevarlas después al continente blanco, también.

Se lo conoce como el "Chocolinasgate", pero es una investigación más amplia, por la adquisición de los víveres para la campaña antártica del verano pasado, en la que se habrían pagado sobreprecios de $ 52 millones, equivalentes al 254%. Entre los precios que se aceptaron está el que le dio nombre al caso. El año pasado se convalidó un precio de $ 37,20 por cada uno de los 2900 paquetes de galletitas de chocolate de esa marca. Hoy se consiguen a $ 17,15 por unidad en el portal digital de un supermercado. Éste es sólo uno de los centenares de rubros sobrefacturados en los alimentos destinados a abastecer a la misión de argentinos en la Antártida, una investigación que está en pleno desarrollo.

El asunto es sencillo. En 2015, el Estado Mayor Conjunto compró al Mercado Central alimentos para ser enviados al continente blanco por $ 85 millones. Hasta ahí no muchas sorpresas, ya que era parte de un acuerdo firmado con la Secretaría de Comercio Interior en 2010 para la provisión militar.

Sin embargo, en marzo de este año, algún curioso que tenía que firmar el millonario pago tomó cada uno de los productos y miró el precio unitario que ofrecía un supermercado mayorista. La sorpresa ante la diferencia derivó en una auditoría que comparó los valores de compra con los que estaban vigentes en abril de 2016. El resultado fue que los mismos productos y en similares cantidades podían adquirirse en un comercio minorista -cinco meses después- por $ 33,1 millones y no por 85 millones, como se había contratado. De una simple compulsa se comprobó que el precio total pagado fue 254% superior al que informaba un supermercado minorista en su portal.

El procedimiento está expuesto en una causa que ya está en los escritorios de la Oficina Anticorrupción y que seguirá el camino judicial. "Cuando nos hicimos cargo del mercado recibimos informes de nuestra auditoría interna, que nos mostraban a las claras que en la campaña antártica 2015/2016 había una manifiesta sobrefacturación de más de 250%", dijo Fabián Miguelez, presidente de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires desde enero.

Foto: Ministerio de Defensa
El caso empezó el 5 de noviembre de 2010, cuando se firmó el Convenio Marco de Aprovisionamiento de las Fuerzas Armadas. Llevó el número 112/10 y lo firmaron los ministerios de Economía y Defensa, la Secretaría de Comercio Interior y la Corporación Mercado Central. En este marco se envió el convenio interadministrativo para la campaña del verano 2015/2016, desglosado en ocho acuerdos diferenciados en virtud de la mercadería incluida en cada uno.

Lo que siguió fue un pedido de cotización desde las Fuerzas Armadas al Mercado Central. "La Corporación presentó ante el Estado Mayor una cotización de precios para los productos requeridos en cada convenio, aparentemente acordada con quien resultara el proveedor de los mismos", dice la auditoría.

La contratación ingresó en el circuito administrativo, y en el Ministerio de Defensa se aprobaron las órdenes de compra. El 98,5% del pedido se lo quedaron una sociedad, Rinorm SRL, y una persona física, María Alejandra García Gelmini. El restante 1,5%, Patagonia Sunrise. La lupa se posó en la porción mayoritaria. "No figura ninguna documentación relacionada con el proceso de selección del proveedor ni informe de adjudicación del contrato de suministro que permita evaluar si se cumplieron los controles internos previstos", dice una nota interna firmada por uno de los abogados del Mercado Central y que está en la Oficina Anticorrupción. En teoría, en el mercado concentrador se debía hacer una compulsa de precios entre los vendedores en el predio. Pero nada de eso sucedió.

Según los datos aportados por LNData, Rinorm es una sociedad conformada por dos socios: Ricardo Morales y Norma Gelmini, de ahí su nombre. La empresa se constituyó en 2008 con un capital de $ 10.000, suscripto en un 90% por Gelmini. La otra adjudicataria es María Alejandra García Gelmini, con el mismo apellido que la socia mayoritaria de la empresa. Rinorm y García Gelmini no sólo vendieron Chocolinas con un 216% de sobreprecio. La botella de agua sin gas de litro y medio la cobraron a $ 29 y seis meses después costaba $ 12. Fueron 28.440 botellas 242% más caras que las que se conseguían por unidad en un comercio minorista.

También se compraron 26.400 latas de Coca-Cola a $ 27,70, mientras que un semestre después, y con una devaluación de por medio, en el supermercado costaban $ 9,90. Por la manzana desecada, en envases de cinco kilogramos, se pagó 536% más que lo que se consigue en la góndola. La lata de arvejas presentó una sobrevaloración de 249%, y la de tomates, que se conseguía al momento de la auditoría a $ 13,30, se terminó por pagar $ 39,20 por cada una de las 2950 que se embalaron rumbo a la Antártida (+294%). Con el dulce de leche hubo más cuidado: consolidó un precio por kilo de $ 117,20 (se compraron 542 kilos), un 205% más que lo que costaba en el mercado.

El primer lugar se lo llevó la mortadela. Según constataron los auditores, los 1115 kilos que se compraron en pieza entera se pagaron a razón de $ 545 cada uno, lo que dio un total de $ 608.232. Seis meses después se constató que esa cantidad se conseguía en el mercado a $ 52.966.

Las salchichas no se quedaron atrás. Cada uno de los 5260 paquetes de seis unidades tuvo un valor de $ 59,60. Hoy, en un supermercado minorista, se consigue un paquete por alrededor de $ 25.

LA NACION envió correos electrónicos a Rinorm y a García Gelmini y no tuvo respuesta. En el lugar que la sociedad tiene informado como sede, tanto en el Mercado Central como en la Inspección General de Justicia -Ancaste 3399, del barrio porteño de Pompeya-, hay una persiana cerrada, que según los vecinos no tiene movimiento desde hace mucho tiempo. Nadie respondió cuando este cronista golpeó y esperó más de 30 minutos la salida de algún responsable de un jugoso contrato por $ 85 millones.

Morales sí respondió el teléfono. Sólo se le escuchó reclamar una y otra vez que se le confiara quién había proporcionado su número. "Todo está en manos de abogados", se limitó a decir, aun antes de que se le comentara el motivo de la llamada.

Rinorm facturó al Mercado Central $ 79.155.749,36 por seis de las ocho órdenes de compra, mientras que García Gelmini facturó $ 3.587.580,65 por una. La restante es de Patagonia Sunrise. Con estas facturas en la mano, el mercado concentrador facturó al Estado Mayor Conjunto $ 84,1 millones, dinero que entró en las cuentas de la corporación, según los registros del Banco Provincia.

La mercadería se pagó y se envió al Sur. Seguramente los curtidos ciudadanos que pernoctan en los campamentos de la Antártida no tendrán conciencia de que consumen los alimentos más caros que se hayan pagado en la Argentina del último año.

lunes, 1 de agosto de 2016

De Vido, salpicado por otro escándalo en una obra millonaria

(Clarin.com) - Es el gasoducto del Noroeste. Una empresa con contactos con el ex ministro cobró pero abandonó la construcción. Lo reveló el programa de Lanata.


La construcción más grande del país, planeada para llevar gas desde Bolivia a tres millones y medio de argentinos, el gasoducto del noreste, no funcionará por tiempo indeterminado. Su inauguración es imposible de determinar en un cronograma oficial.

La ex presidenta Cristina Kirchner y su ministro de Planificación, Julio De Vido, prometieron que estaría finalizado a fines de este año. No. Parte de las seis etapas de la construcción que irán desde Salta a Santa Fe están en plena ejecución. Pero basta con ir a la zona crucial del gasoducto para comprobar que todo el gasto que se está ejecutando más adelante no tiene, por ahora, ningún sentido. Ya el primer caño de la mega-obra, por el que debería iniciarse el traspaso del gas boliviano hacia nuestro país, está inutilizable. El escenario es similar, con diferencias variables, si se recorren los otros 236 kilómetros de la primera etapa de la obra.

La firma que se adjudicó esa obra por $ 1.280 millones se llama Servicios Vertúa. La firma se fue del lugar aduciendo que tenía problemas de seguridad y hasta denunció sabotajes de lugareños. Antes de abandonar el gasoducto en Salta, Vertúa cobró $ 733 millones: eso incluía adelantos de obra y también trabajos que nunca realizó. Así lo reveló ayer el programa de Jorge Lanata, Periodismo Para Todos.

El dueño de Servicios Vertúa es Raúl Vertúa. Tenía y tiene contactos con De Vido, y con uno de sus principales operadores, José María Olazagasti. Incluso trabaja en sociedad en dos obras más con la constructora JCR, de la familia Relats, socia de la familia Kirchner en un negocio hotelero. JCR es investigada en la causa Hotesur.

Vertúa construye mediante una Unión Transitoria de Empresas otro tramo del gasoducto que pasa por Formosa. Por ahora es en vano: si no logra que el gas circule por sus construcciones que empiezan en la frontera con Bolivia y pasan por Salta, los caños que ahora instalan en Formosa, no sirven para nada. La compañía dejó sus obradores en Salta en diciembre pasado, cuando finalizó la gestión K.

La versión de la compañía es que que las protestas de aborígenes, sabotajes y piquetes de lugareños le hicieron imposible seguir adelante con su trabajo. Una de esas protestas terminó con un manifestante muerto y un policía quemado.

Los $ 733 millones que cobraron llegaron a la empresa antes de que se vaya del lugar. Según el actual Gobierno, Servicios Vertúa reclama ahora $ 539 millones de “días de improductividad” para volver a Salta. Mientras, sus obras inconclusas se van arruinando.

Un dato llamativo. El 11 de diciembre, días después de que la empresa constructora dejara Salta, Raúl Vertúa inauguró el mayor emprendimiento inmobiliario de la Argentina, llamado Villarobles. Se trata de un barrio cerrado de lujo ubicado en Pinamar. Es más grande que Nordelta, por ejemplo. Y fue planeado, y así se venden sus lotes, como un lugar único por su geografía y servicios: cancha de golf, marinas para yates y hasta con una pista para aviones privados.

Mientras tanto, en los dos obradores de Servicios Vertúa en el Gasoducto del Noreste nadie construye nada, y sólo dos personas cuidan materiales de costo millonario.

La situación es dramática teniendo en cuenta los 1.500 kilómetros que completarían el gasoducto. Ocurre que el mismísimo primer caño de la obra, el que uniría el gas boliviano con el argentino, está tapado completamente por arena, como otras decenas de estos tubos fabricados por la metalúrgica Techint: cada uno tiene un costo de 8 mil dólares. PPT difundió testimonios e imágenes que indican que Servicios Vertúa los dejó en plena selva salteña, desmalezada con máquinas y por hombres a mano para hacer las obras, como si estuvieran bien instalados. Algunos tubos están dentro de zanjas, como se hace en las obras de este tipo, pero quedaron sin los cuidados necesarios, denunciaron a PPT ex trabajadores de Servicios Vertúa: “Fijate, este caño dice ‘no revestir, hacer prueba de tinta’. Eso significa que se detectó una fisura y recomiendan hacerle una prueba para repararlo”, dijo a PPT Osvaldo Núñez, un chofer de los soldadores de los caños de Servicios Vertúa que trabajaron en el lugar hasta diciembre pasado.

Hoy, los ex empleados de la empresa siguen reclamando para que se retome la obra y ellos tengan de nuevo trabajo. Algunos cortaron la 9 de Julio para que se conozca el problema a nivel nacional. La obra está a cargo de la estatal Enarsa.

Hace pocos años, en una reunión en la que estuvo presente Cristina Kirchner, el entonces ministro De Vido presentó a Raúl Vertúa con el secretario general adjunto del sindicato privado del petróleo y del gas de Salta y Jujuy, Alberto Britos. El funcionario le habló al gremialista así: “Che salteño, vení, te presentó a Vertúa, con el que van a trabajar en el gasoducto. ¿Trátenlo bien, eh?”. w

jueves, 28 de julio de 2016

De Vido y ex funcionarios de Vialidad, imputados en una causa por rutas "calamitosas"

De Vido, cada vez más complicado en la JusticiaPor Maia Jastreblansky - LA NACIONJ
Avanza una investigación por irregularidades tras detectarse graves fallas en tres vías nacionales; piden informes a los organismos de control


De Vido, cada vez más complicado en la Justicia. Foto: Archivo

La luz de alerta por el estado calamitoso de muchas rutas argentinas está encendida hace años. Recién ahora, algunas de las investigaciones están yendo a fondo. Una nueva causa penal complica al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a dos de sus ex subordinados: el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el ex director ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) Gustavo Gentili. Los tres quedaron imputados días atrás por presunta violación de los deberes de funcionario público luego de que se detectaran peligrosas fallas en las rutas nacionales N° 8, N° 35 y N° 36 durante su gestión.

La causa tuvo origen en Córdoba, en el año 2012. El por entonces legislador socialista Roberto Birri denunció las pésimas condiciones detectadas en esas vías, sobre todo en los tramos de su provincia. Advirtió que se trataba de verdaderas "rutas de la muerte": desde que su esposa falleció en un accidente en la ruta N° 36 venía contabilizando múltiples siniestros.

La investigación quedó en manos de la fiscalía federal N° 3 de Córdoba, que, tras indagar en los contratos que había otorgado la DNV, entendió que la causa debía remitirse a Comodoro Py. El expediente recayó en la fiscalía de Federico Delgado, quien días atrás confirmó las imputaciones de De Vido y sus ex colaboradores. Pidió una serie de medidas al juez Marcelo Martínez de Giorgi y solicitó informes a organismos de control.

El expediente, al que accedió LA NACION, exhibe una lista de irregularidades. Informes de la Policía Caminera de Córdoba advirtieron en varios tramos de las rutas nacionales la existencia de "agrietamientos y baches", "ausencia de banquinas", "señalización despintada" y hasta "presencia de animales en las vías". El fiscal Delgado señaló que, al menos entre 2008 y 2012, se registró un "estado calamitoso" de los caminos, "ocasionando inclusive accidentes mortales".

Respecto de la ruta N° 35, el fiscal le pidió a la Sigen que revise una serie de contrataciones que Planificación otorgó a distintas empresas, algunas viejas conocidas del kirchnerismo. Entre otras, una concesión otorgada a Epelco SA y Austral Construcciones SA, dos de las firmas del emporio de Lázaro Báez que se "asociaron" para el proyecto.

Respecto de la ruta nacional N° 36, "se verificó que el 79% de los tramos concesionados por el Estado nacional estaba en mal estado". La investigación pone su foco en la empresa Corredor Cordobés SA, que ganó los contratos de concesión por el peaje, la construcción, y el mantenimiento de esa vía.

El ex titular del Occovi había informado al comienzo de la investigación que "esa concesión no incluía obras mayores, que se otorgaron a Helport SA". Se trata de una importante proveedora de obra pública dirigida por Eduardo Eurnekian y Juan Manuel Collazo y que tuvo a su cargo la nueva terminal del aeropuerto de Ezeiza.

Una curiosidad: Corredor Cordobés SA tiene el mismo domicilio fiscal que Helport, también está presidida por Collazo y tiene entre sus socios a Corporación América SA, de Eurnekian.

Factores externos

Consultados por LA NACION, desde la firma explicaron que la concesión cayó "de mutuo acuerdo con el Estado nacional" en 2013. En ese entonces, Planificación le había transferido la concesión a la provincia de Córdoba. Según consta en la causa, la empresa había reconocido que afrontó "diversos factores externos por la grave crisis financiera, que impactaron directamente en el normal desarrollo de la concesión".

Sobre la ruta N° 8, que recorre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis, la investigación pide profundizar la pesquisa sobre las obras que estuvieron a cargo de Corredor Central. La firma fue fundada en 2010 también con el único propósito de explotar el contrato de concesión otorgado por Vialidad Nacional. El fiscal solicitó que la AGN remita todos los informes vinculados a este contrato, mientras que le pidió a la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Balbín, que controle la "legalidad de la adjudicación" del convenio.

En forma paralela, el juez federal Julián Ercolini investiga la denuncia que radicó la nueva gestión de Vialidad, sobre procesos licitatorios espurios, sobreprecios y circuitos de pagos de excepción.

Venía como una donación, pero era un millonario contrabando

Algunos de los valiosos equipos secuestrados en ZáratePor Gabriel Di Nicola - LA NACION
En lugar de material hospitalario, la Aduana encontró en un contenedor equipos electrónicos valuados en $ 7.500.000


Algunos de los valiosos equipos secuestrados en Zárate. Foto: Prensa Aduana

El embarque estaba declarado como una "donación". Supuestamente se trataba de equipamiento electromecánico hospitalario, artículos eléctricos y herramientas manuales que habían sido enviadas desde los Estados Unidos. Pero cuando los inspectores aduaneros de la terminal Zárate, a orillas del río Paraná, abrieron los contenedores, se encontraron con un contrabando de modernas pantallas de TV, computadoras, tablets, equipos profesionales de filmación, consolas musicales e incluso drones. El material secuestrado está valuado en $ 7.500.000.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la Dirección General de Aduanas, organismo dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La presunta operación de contrabando comenzó a descubrirse el jueves pasado y todavía no se terminó de contabilizar todo el material. Cuando los inspectores aduaneros terminen con el inventario, el valor de la mercadería secuestrada podría ser muy superior a lo estimado hasta el momento.

Fuentes oficiales informaron a LA NACION que una vez finalizada la contabilidad de la mercadería secuestrada, la Dirección General de Aduanas, dirigida por Juan José Gómez Centurión, hará la denuncia penal en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que durante la feria judicial está siendo subrogado por su par de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

"Al realizar la verificación se pudo constatar la existencia de mercadería sin declarar que viola el régimen de donación. Surgió además, la existencia, prima facie, de una operación de contrabando documental y físico", explicaron fuentes aduaneras.

Según los informantes, entre el material secuestrado había televisores de pantalla curva de 65 pulgada; otros de 75 pulgadas, de tecnología Android TV; aparatos Samsung Smart TV de 46 pulgadas; computadoras All in One HP Pavillion, PC All in One, iMac de Apple, discos rígidos de 6 Tera byte, memorias expandibles de 1 Terabyte Samsung, placas de video de Intel, dos drones profesionales con filmación, tablets y telefonía celular de alta gama, como ser iPhone 4 y iPhone 6, y iPod. Había, además, una consola de sonido digital y una filmadora de cine.

"También se descubrieron medicamentos varios, material descartable, jeringas y otros elementos para cirugía, todos vencidos, de origen en los Estados Unidos, con destino a hospitales y clínicas de las provincias de Buenos Aires y de Entre Ríos. La tecnología médica y el equipamiento electromecánico hospitalario habían sido descartados por obsoletos", agregaron las fuentes consultadas.

Los partidos de Campana y de Zárate son zonas calientes del contrabando de mercaderías y estupefacientes. En diciembre pasado, por orden del juez González Charvay, se secuestró una carga de mercadería por un valor de 37.000.000 de pesos.

Además, en febrero pasado, el Tribunal Oral en lo Federal N° 2 de San Martín condenó a un ex comisario de la policía bonaerense, un cantor de tangos y dos empresarios por el tráfico de 1200 kilos de cocaína que iba ocultos en un embarque de pulpa de pera. La mercadería había salido del puerto de Zárate y sólo fue descubierta en Lisboa, en Portugal.
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