Multan a Odebrecht por $32 millones por irregularidades en una obra pública

Por Iván Ruiz - LA NACION - La decisión fue tomada por Aysa ante un atraso de un año en la construcción de una planta potabilizadora en Tigre.

Los principales actores privados del Lava Jato empiezan a dejar huellas sobre irregularidades en las obras públicas en la Argentina. Odebrecht fue multada por $32 millones por incumplimiento en un contrato firmado con Aysa en 2015. Y Camargo Correa -también investigada por sobornos en Brasil- fue denunciada penalmente también por la empresa pública de aguas ese año.

Las irregularidades fueron cometidas en los contratos "mellizos" adjudicados por Aysa, una dependencia que reportaba al Ministerio de Planificación. La empresa pública concretó la millonaria multa y la denuncia penal pese a la fuerte presión que recibieron por parte del entonces secretario José López, que seguía con atención los contratos desde los comienzos de las licitaciones, coincidieron varias fuentes oficiales consultadas por LA NACION.

¿Cuál fue el motivo de la multa? Odebrecht registró fuertes retrasos en la construcción de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre. Las primeros avances debían estar concluidos en marzo de 2014, pero recién estuvieron listos en mayo de 2015. Tal como figuraba en el contrato, Aysa aplicó una multa diaria de $90.802 a la empresa que se transformó, al cabo de 15 meses, en $32 millones, según los documentos oficiales obtenidos por LA NACION.

Tanto la construcción de las planta de Tigre y como la de Berazategui (llamada Planta del Bicentenario) están bajo la lupa de la Justicia por supuestas irregularidades en las licitaciones. Los investigadores no creen que sea causalidad que los actores sean los mismos que son protagonistas del escándalo por el Lava Jato en Brasil. Las empresas ganadoras: Odebrecht y Camargo Correa. El financiamiento: el Bandes brasileño. La empresa perdedora: Electroingeniería. Todos -con algunos matices- comprometidos como parte del sistema de sobornos a políticos brasileños a cambio de obtener obras públicas en aquel país.

La primera alarma sobre la licitación para construir la planta de Tigre se encendió a raíz de la redeterminación de precios realizada por Aysa. Odebrecht, Benito Roggio e Hijos, Supercemento SA y José Cartellone Construcciones se adjudicaron el contrato por $ 1893 millones en enero de 2008. Cuatro meses después, sin mediar modificaciones en las condiciones, la reasignación de precios se extendió otros $ 331 millones. En total, Aysa asignó para la obra un presupuesto de $ 2224 millones, que financió el Bndes, según consta en documentos oficiales.

Denuncia penal

Aysa consideró que la Planta del Bicentenario que construía Camargo Correa en Berazategui tenía "vicios ocultos" y, por ese motivo, sus funcionarios realizaron una denuncia penal. El 28 de mayo de 2015 acusaron a la empresa por defraudación en el juzgado federal N°2 de Morón al considerar que los materiales que ya había instalado en la planta no cumplían los parámetros básicos de calidad establecidos por contrato.

Camargo Correa y Esuco SA se habían quedado con el contrato para la construcción de esa planta por $ 404 millones en enero de 2008. Como sucedió también en su contrato "mellizo", una redeterminación de precios por $ 77 millones llegó en abril. En total, la obra costó, entonces, $ 481 millones.

La causa contra Camargo Correa finalmente se archivó después de varios encuentros entre los funcionarios y los empresarios. Pero la denuncia no cayó bien en el gobierno kirchnerista. José López estaba furioso. Citó en su despacho a tres directores de Aysa apenas se enteró, según pudo reconstruir la nación de varios testigos. Gritó y golpeó la mesa con el puño: "Así que ahora no sólo multan a los contratistas, también las denuncian. Sigan así ustedes eh, sigan así".

Tras una auditoría fueron desplazados más de 800 agentes penitenciarios

Por Rosario Marina - LA NACION 

Las autoridades bonaerenses detectaron varias irregularidades; hay otros 5000 efectivos del SPB con sumarios

LA PLATA.- Más de 800 agentes penitenciarios fueron desplazados y a otros 5000 se les abrieron sumarios por haber protagonizado diversas irregularidades y actos de corrupción. La auditoría civil que investiga desde hace seis meses al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) también desplazó a más de medio centenar de jefes carcelarios.

Fernando Rozas, director de Auditoría y Control de Gestión del SPB, empezó su tarea el 25 de octubre de 2016; desde entonces desplazó a 847 agentes penitenciarios y sumarió a unos 5000 más por abandono de servicio y faltas graves, entre otros hechos. Aunque no todos esos sumarios terminarán en expulsiones, en los próximos meses los despedidos llegarían a 1000. Además fueron removidos 64 jefes: cinco de la plana mayor, nueve subsecretarios generales, seis jefes de complejo, ocho secretarios y 36 directores de unidades.

Algunos agentes penitenciarios están de acuerdo con la "limpieza", pero otros ya presentaron recursos de amparo ante el Ministerio de Justicia bonaerense. Entre ellos, unos consideran que la intervención está bien, pero que "están metiendo a muchos en la misma bolsa". En tanto, otros opinaron cosas tales como: "Los cambios eran necesarios, hay muchas «transas». Pero el problema está arriba, no con los vigilantes, y los cambios más grandes los sufrimos nosotros".

Según el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari , la situación no genera conflicto en las unidades penales: "No hay resentimiento en las unidades porque la principal cantidad de personas que sacamos fueron del orden administrativo y algunos altos jefes", aseguró Ferrari, que anoche fue entrevistado en el programa LA NACION PM .

Lo que sorprendió al ministro fue la cantidad de agentes penitenciarios que tenían causas penales y seguían cobrando el sueldo: "Lo que más me impactó fue encontrar que en una fuerza de seguridad había mucha gente condenada".

Una de las primeras decisiones que se tomaron desde la intervención fue pedir el registro de reincidencia y cruzarlo con la base de datos de los 23.000 agentes. Así encontraron 56 condenados, 67 procesados, 62 con causas elevadas a juicio y 215 con probation. Esos 400 agentes penitenciarios condenados por delitos seguían cobrando el sueldo. Algunos, según sus mismos compañeros, habían sido condenados por "venta de drogas". En los últimos años, a los que ingresaban en el SPB no se les pedían antecedentes penales.

Como parte de la auditoría hay seis grupos itinerantes, que llegan en forma sorpresiva cada semana a los penales. Y casi siempre se topan con irregularidades. Por eso muchas veces se encontraron con sus autos pintados o con las cubiertas rotas, a modo de amenaza.

Inasistencias

Antes de la intervención no había control de asistencia en las unidades. Cuando desde la auditoría lo empezaron a hacer, en noviembre pasado, se dieron cuenta de que la gran mayoría de las personas del área de salud penitenciaria (médicos, enfermeros, psicólogos) no cumplía el tiempo mínimo de trabajo. En ese escalafón profesional se deben cumplir 25 horas semanales de trabajo. Y lo que se encontró fueron profesionales que habían trabajado un promedio de siete horas mensuales. Por eso, muchos sumarios se abrieron por "abandono de servicio".

El ministro Ferrari, anoche, en LA NACION PM. Foto: Santiago Filipuzzi

"Había miles de tipos destinados en lugares donde no hacía falta", contó a LA NACION Fernando Rozas. Trabajando en tareas administrativas había 8000 agentes. Pero sólo 543 figuraban en el escalafón administrativo: el resto pertenecía al escalafón general, por lo que cobraban un 35% más y debían estar en las unidades, en contacto con los presos. Ahora, muchos están siendo enviados nuevamente a las unidades penales.

La situación no era igual en toda la provincia. En algunas cárceles había un agente penitenciario cada siete detenidos y en otras, el doble de guardiacárceles que detenidos. En la alcaidía Roberto Pettinato, de esta ciudad, había 78 presos y más de 160 agentes.

Desde ahora, los administrativos ya no cobran viáticos ni horas extras: sólo las cobran quienes trabajan en las cárceles. "Es un incentivo para quienes están en contacto con los internos, que es un trabajo de riesgo comparado con las tareas de oficina, en las que el riesgo más grande es quedarse sin tinta para la impresora", graficó Rozas.

"El penitenciario era un mundo que se autogobernaba", concluyó el ministro Ferrari.

Un testigo complicó a la esposa de Máximo Kirchner en la causa por irregularidades en el Plan "Argentina Sonríe"

(TN.com) - Un auditor médico dijo que Rocío García era la persona que daba las órdenes del programa K de odontología.

La esposa de Máximo Kirchner está imputada por defraudación a la administración por el manejo de $ 223 millones por "Argentina Sonríe", el ambicioso plan K de asistencia dental que implicaba una enorme inversión pública, pero que no cumplió con sus objetivos y estuvo plagado de irregularidades. 

El programa a cargo de Rocío García suponía una inversión de $ 127 millones para hacer 2 millones de prácticas por año pero, durante el tiempo que funcionó, sólo se hicieron 11 viajes: 6 de ellos a Santa Cruz y los restantes, a Buenos Aires y Entre Ríos.

La causa está a cargo del juez federal Julián Ercolini, ante el que declaró un testigo que complicó en la investigación a la cuñada de la expresidenta Cristina Kirchner. "Todo se hacía en función de lo que ella pedía", le dijo al magistrado, en testimonial, un auditor del ministerio de Salud. De acuerdo al informe final de auditoría se registraron un faltante de cerca de ocho millones de pesos en equipamiento, además de irregularidades en el manejo de personal y pago de sueldos, entre otras cuestiones.

Se detectaron además otra serie de irregularidades como "desvíos en la ejecución de metas, incumplimientos en los convenios con universidades y rendición de fondos" y compras sin los debidos procesos licitatorios. En una reciente declaración, el auditor Marcelo Francisco expuso ante Ercolini una serie de detalles sobre la causa, con la correspondiente documentación, que complica la situación judicial de la actual ministra de Salud de Santa Cruz. "Se hacía y se dejaba de hacer lo que ella indicaba", indicó Francisco, consigna Clarín.

El informe indica que se detectó un faltante de equipamiento de $ 7 769 592 en el Centro Articulador de Políticas Sanitarias (CAPS) de Río Gallegos, que dirigía la exposa de Máximo, y que hubo irregularidades en el desempeño de las misiones y funciones ejercidas". Esto implica la "posesión sobre bienes que corresponden al Ministerio de Salud", entre otras anomalías.

En la auditoría detectaron parte del equipamiento médico que tenía estar en los móviles sanitarios, que costaron $ 80 millones, en salas del Centro Articulador. A pesar de estos movimientos no había "actas de traspaso y/o documentación que certifique el traslado de equipamiento", acusa el informe.

En la oficina trabajaban 186 personas y, en este sentido, se denunciaron "graves irregularidades en los procedimientos implementados". Por ejemplo, contrataciones donde el Ministerio "abonó los salarios aunque se encontraban trabajando afectados al CAPS hasta setiembre del 2016" y que "en dicha fecha en forma injustificada y unilateral, 19 contratados fueron desafectados".

Confirman el procesamiento de De Vido por la compra de chatarra ferroviaria

Por Claudio Savoia - Clarin.com

La sala I de la Cámara Federal ratificó la medida del juez Ercolini. El ex ministro kirchnerista está acusado de administración fraudulenta y coimas.

Las negras nubes judiciales que oscurecen el horizonte del ex ministro de Planificación kirchnerista Julio de Vido comenzaron a avanzar sobre él: la sala I de la Cámara Federal acaba de confirmar su procesamiento por la compra de chatarra ferroviaria a España y Portugal.

Hasta el camarista Eduardo Freiler -cuyo juicio político en el Consejo de la Magistratura es inminente- opinó que "el Ministro (De Vido) conocía las consecuencias posibles de la falta de control de desembolsos patrimoniales ingentes y, sin embargo, continuó con el plan sin realizar controles y firmando nuevos convenios que determinaban nuevas erogaciones”. Recordemos: por esta causa están procesados y presos el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su lobbista y posible testaferro, Manuel Vázquez.

“Se ha comprado material ferroviario caro, viejo y con características y condiciones que de antemano no serían aptas para las vías existentes en el país y el sistema ferroviario nacional”, continúa Freiler.

Su colega Lepoldo Bruglia, que completó la sala como subrogante hace unos meses, recordó que "Julio De Vido junto con su consorte de causa Ricardo Raúl Jaime –ya procesado- llevaron a cabo la administración fraudulenta en perjuicio del erario público, quien pagó a las empresas españolas y de Portugal un precio descomunal por material rodante adquirido de una calidad evidentemente inferior a la del valor pagado. Las sumas de dinero emanadas del Estado Nacional resultaron ser de euros 76.3 millones de euros en el caso de las firmas españolas y euros 25.639.896 para la empresa de Portugal."

En cuanto a la responsabilidad del ex ministro, Bruglia consideró que "Julio De Vido, como superior de Jaime, suscribió los convenios, contratos y decretos señalados y también omitió todo contralor de esta actividad, llevada cabo por la Secretaría de Transporte que se hallaba bajo su esfera funcional, con dependencia y reporte directos y, que además por los montos dinerarios que insumió no podía pasar desapercibida para el nombrado de conformidad con la función que desempeñaba."

En julio del año pasado, el juez Julián Ercolini había procesado al ex ministro de Planificación Julio De Vido, y embargó sus bienes en cien millones de pesos, bajo la acusación de haber cometido administración fraudulenta contra el Estado y haber cobrado coimas.

La causa, iniciada en junio de 2013, recibió un nuevo impulso tras la incorporación como querellante de la Oficina Anticorrupción, que dirige Laura Alonso.

Rechazan un embargo a turbinas de helicópteros que habían pedido los fondos buitres

(Clarin.com) - Lo dispuso un juzgado de Ohio.  Es en respuesta a un reclamo de bonistas europeos.

El entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, firma el pago a los bonistas, en abril del año pasado.

Un juzgado de Ohio dejó sin efecto la medida cautelar que habían solicitado la semana pasada un grupo de holdouts europeos y buscaban embargar un par de turbinas de las Fuerzas Armadas de la Argentina. Los fondos reclamaban esa medida pujando por el pago de una deuda en default, pero la justicia estadounidense consideró hoy que los dos motores son activos militares no embargables.

Fuentes del Ministerio de Finanzas que encabeza Luis Caputo confirmaron a Clarín que la justicia de Ohio denegó el pedido del fondo default y ya no queda instancia de apelación. El fondo de Luxemburgo rechazó el año pasado la oferta argentina de US$ 162 millones y en nombre de un grupo de acreedores alemanes, decidió una actitud más agresiva contra la Argentina.

Las dos turbinas en cuestión son de helicópteros pertenecientes a las Fuerzas Armadas que están en reparación en la planta de General Electric. La jueza Patricia Gaughan entendió que estos activos al ser de uso militar y diplomático y no tienen un fin comercial, no podían ser embargados. "Pidieron el embargo y se les denegó. La cuestión termina aquí", explicaron a este diario en el ministerio de Finanzas.

Asimismo, desde el equipo de Caputo, mantienen negociaciones con otros fondos de inversión, Trinity, Baybrook y Whithe Hawthorn, para llegar a un acuerdo. Tras el fallo histórico del Juez Thomas Griessa, Argentina saldó el reclamo del 99% de los holdouts.

Confirmado: las máquinas de Báez irán a Vialidad Nacional (II)

Por Lucía Salinas - Clarin - Se trata de 565 máquinas para obras viales que se encuentran en el predio de Austral Construcciones en Río Gallegos y otras 100 en el resto de la provincia.

El parque automotor de Austral Construcciones será usado por Vialidad Nacional. Foto Juano Tesone.

Un nuevo revés judicial para Lázaro Báez. La Sala II de la Cámara Federal confirmó la decisión del juez Sebastián Casanello que otorgó la guarda judicial del parque automotor de Austral Construcciones SA, a la Dirección de Vialidad Nacional (DVN). La defensa del empresario K, a cargo de Maximiliano Rusconi, había apelado dicha medida, sin éxito. Se trata de 114 camionetas y 280 máquinas para obras viales que se encuentran en el predio de la firma insignia de Báez, en el acceso principal a Río Gallegos, y otro conjunto de máquinas en campos y obradores. En su totalidad ascienden a 665 en toda la provincia. Desde Vialidad explicaron a Clarín cómo utilizarán las máquinas.

Es la primera vez que objetos embargados en una causa por lavado de dinero son reasignados para su utilización para "asegurar la reparación del daño causado a la sociedad y al Estado". El juez Casanello designó como depositario judicial a la DNV de los rodados y equipos viales –propiedad de Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A., dos de las principales constructoras de Báez, preso hace un año.

Parte del parque automotor de Austral Construcciones SA. Foto Juano Tesone.

Aunque Rusconi apeló esta medida, los jueces Eduardo Farah y Martín Iruzun consideraron que no sólo es importante asegurar las enormes sumas embargadas -en el caso del empresario K son 800 millones de pesos en la Ruta del Dinero K-, dinero sospechado de ser producto de un ilícito, sino también considerar que muchos de los bienes "pudieran constituir el provecho o producto del delito y así eventualmente podría recaer sobre ellos el decomiso a favor del Estado Nacional".

En consecuencia, se vio la necesidad de asegurar "la reparación del daño causado a la sociedad y al Estado" en caso de que se confirme los investigado en la causa: el lavado de activos por parte del principal beneficiario de obra pública en Santa Cruz. En este punto, en la causa ya se consignó que desde 2005 a 2015 Lázaro Báez que recibió 52 contratos por 46.000 millones de pesos (a valores actuales), logró incrementar su patrimonio de manera sustancial: 2.547 millones de pesos en 418 propiedades.

​En tal sentido, la Cámara Federal consignó que Argentina se comprometió internacionalmente "a adoptar todas las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito", al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Trasnacional. Y que a su vez, no se desconoce la existencia de "un fuerte reclamo social que, a la par de repudiar estas conductas, exige que se atienda a las necesidades de la comunidad, a cuya postergación también habrían contribuido estos hechos".

Arreglo en una licitación de Gils Carbó

Por Ricardo Roa - Editor del diario Clarín

En el complicado ajedrez judicial de Cristina, la jefa de los fiscales Gils Carbó es la reina que usa para defenderse y para sacar al Gobierno. Con notable entusiasmo sus fiscales ya imputaron a Macri en cinco causas. Y a los funcionarios de Macri, en decenas.

Pero Gils Carbó tiene sus propios problemas: acumula pedidos de juicio político y denuncias penales. En octubre zafó de la destitución negociada con la oposición por una oposición: la de Carrió que mandó para atrás la movida. A la blindada Gils Carbó la desvela hoy el negociado con la compra en 2013 del edificio de Perón 667 donde funciona ahora la Procuración.

Hay diálogos, más bien documentos, que prueban una operación amañada. Están en mails que tiene la Justicia y que intercambiaron Adrián Gonzalez Fisher, gerente de Arfinsa, la empresa vendedora y Bárbara Jaureguiberry, de la inmobiliaria encargada de la venta.

En uno, Bárbara le dice a González: “...hay que esperar a que aparezca mañana publicado, pero me adelantan que nos quedemos tranquilos...”. Habla de la licitación pública de la Procuración para comprar un edificio. El mail es del 11 de marzo. La licitación 01/2013 de la Procuración se publicó en el Boletín Oficial el 14 de marzo, tres días después. La operación estaba cocinada.

¿Quién le adelantó a Jaureguiberry que “se quedaran tranquilos”? En los mails aparecen dos nombres que son investigados: Juan Carlos Thill y el abogado Rafael Mallo. Otro nombre flota detrás de esos nombres. Es el del ex esposo de Gils Carbó, Héctor Gustavo Alonso que ya tuvo problemas con la Justicia.

La historia de esta maniobra tiene otra historia: en diciembre del 2012 Gils Carbó anuló sorpresivamente la compra acordada del edificio de Alsina 872. Costaba 30 millones de pesos. Gils Carbó argumentó que no tenían tanta plata y llamó a una nueva licitación. La del “nos quedemos tranquilos”. Pero por el edificio de Perón pagó aún más: 54 millones. Apareció la plata que no había.

Gils Carbó anuló una compra y armó una nueva con el compromiso en el pliego de no pagar comisiones. La promesa quedó sólo en el pliego: Arfinsa le pagó a Jaureguiberry una insólita comisión del 18%, el triple de las habituales. Y Jaureguiberry hizo otra cosa insólita: creó una empresa sólo para percibir esa comisión. Más de 1.000.000 millón de dólares. Cualquier semejanza con Boudou, The Old Fund y las coimas con Formosa no son pura coincidencia. Justamente aquí flota el nombre del ex de Gils Carbó.

Gils Carbó fue imputada. Declaró que si existió una comisión la pagó la empresa vendedora. O sea un negocio entre privados como lo que Kirchner alegó en Skanska. Y dijo que su ex le había dicho que no tenía nada que ver. Todo está en manos del juez Ercolini y del fiscal Taiano, notorio fiscal de la causa Nisman y notorio porque cuando iba a apelar en el caso del enriquecimiento de Cristina le secuestraron un hijo.

Para Taiano este es un caso dos veces difícil. Porque él mismo depende de Gils Carbó. Y porque salpica nada menos que a la jefa de los fiscales.

Prescriben las indemnizaciones por la dictadura

(La Nación) - Lo dispuso la Corte para las reparaciones económicas a las víctimas.

La Corte Suprema de Justicia resolvió la prescripción del derecho a reclamar al Estado indemnizaciones civiles para víctimas de la última dictadura militar.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz votaron por la mayoría, mientras que los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti votaron en disidencia.

El caso analizaba un reclamo donde se debatió si prescribía o no el derecho para reclamar reparaciones económicas al Estado de quienes acrediten haber sido víctimas de delitos de lesa humanidad durante la dictadura. El planteo lo hizo Amelia Ana María Villamil, quien promovió una demanda contra el Estado nacional en la que reclamó el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la desaparición de su hijo y de su nuera, Jorge Ayastuy y Marta Elsa Bugnone, en 1977, cuando se los llevó "un grupo de personas uniformadas que prima facie actuaba en ejercicio de alguna forma de autoridad". La sentencia de primera instancia rechazó la demanda, tal como lo solicitó el Estado: consideró que al momento de iniciarla, en 1998, "se encontraba largamente cumplido el plazo de prescripción bienal aplicable, según la jurisprudencia de esta Corte".

Pero la mujer apeló y la Cámara de Apelaciones de La Plata hizo lugar al recurso: se sostuvo que "aun si se quisiera considerar un plazo de prescripción, éste no sería factible" por el carácter "permanente" del delito mientras la víctima no aparezca. El caso llegó ahora a la Corte Suprema, que, en una votación dividida, cerró la puerta al caso para las apelaciones. Lorenzetti, Highton y Rosenkrantz entendieron que no corresponde extender la imprescriptibilidad al caso de una indemnización. "En un caso está en juego el interés patrimonial exclusivo de los reclamantes, mientras que en el otro está comprometido el interés de la comunidad internacional", dijeron los jueces.

Cristóbal López perdió el control de la autopista a Ezeiza

Por Lucía Salinas - Clarin.com

Vialidad Nacional nombró un interventor en la empresa porque el empresario K debe 500 millones de pesos al Estado.

Cristóbal López, más complicado con sus negocios. Foto Pedro Lázaro Fernández.

Sumando dificultades en sus negocios, Cristóbal López perdió el manejo de la Autopista Ricchieri Ezeiza-Cañuelas, concesión que obtuvo a través de la empresa Aecsa. La semana pasada Vialidad Nacional firmó la resolución de la intervención donde nombró a Roberto Pérez Vierira al frente del manejo del millonario negocio que, tal como informó Clarín en noviembre pasado, será rescindido por el Gobierno. La deuda que mantiene el empresario kirchnerista, actualizada y con la sumatoria de los intereses, asciende a 500 millones de pesos, confirmaron fuentes oficiales.

Con la firma de Javier Iguacel, se oficializó al resolución de la “intervención ampliada” sobre el manejo de la Autopista Ricchieri Ezeiza - Cañuelas. Esto significa que Cristóbal López perdió el manejo y administración del uno de los contratos más importantes que obtuvo durante el kirchnerismo. El Estado le contabiliza una deuda de $ 500 millones por los fondos correspondientes al Recurso de Afectación Específica (RAE), una tasa que deben pagar las concesionarias del dinero abonado en las los peajes que no se pagó, “el dinero que no pagaron lo usaron para pagarle a los accionistas, se financiaron ellos mismos y sólo una pequeña parte fue a obras”, señalaron fuentes del organismo vial a Clarín.

La decisión está tomada y es cuestión de semana para que se rescinda el contrato de AECSA -firma donde Esuvial es dueña en el 70 % de las acciones, esta empresa está constituida por CPC (constructora de López) en un 99,12% y Carlos De Sousa en el restante 0,08%. La sociedad es la responsable de la concesión de las autopistas Riccheri y Ezeiza - Cañuelas, y arrastra una antigua y millonaria deuda que el Grupo se niega a pagar. Por eso interpusieron medidas cautelares que no lograron impedir que el negocio llegue a su fin antes de lo previsto.

“Acá se está aplicando la ley, hay varios incumplimientos por parte de López que nos llevan a tomar esta decisión de rescindir”, dijo Iguacel en diálogo con Clarín. Entre las irregularidades que se tuvieron en cuenta para la intervención, se consignó que, la cantidad de multas que se aplicaron a la empresa no pueden -por ley- superar el 20% de la garantía que se colocó en el contrato, “y a la fecha el acumulado pendiente de multas impagas es de más del 400% “.

En este punto Vialidad Nacional responsabiliza a la gestión anterior, "López no pagó pero el Gobierno incumplió al no exigirle el pago de la deuda durante años”, indicaron a Clarín. 

Si bien, no es parte del contrato original, el RAE se incorporó a través de una adenda desde que López tiene el negocio de la autopista. Un porcentaje debía dirigirse a un fideicomiso para obras, “las autopistas dejaron de pagar este impuesto desde 2013 cuando Cristóbal ingresó en la concesión, hicieron una operatoria similar con el Impuesto al Combustible”, señaló una fuente oficial. En este último caso, el empresario K tiene una causa en el fuero penal económico por no pagar a la AFIP $ 8.000 millones que correspondían al ITC y con esos fondos financió parte del Grupo Indalo.

Vialidad usará la maquinaria de Báez (II)

Por Mariela Arias, Diego Cabot - LA NACION

Un juez dispuso la cesión de casi 1000 vehículos para obras.

Vista del playón de Austral Construcciones, donde están depositados los vehículos. Foto: Horacio Córdoba

Desde la sombra de un calabozo en la cárcel de Ezeiza, Lázaro Báez ve cómo se desploma su imperio, construido bajo sospechas de corrupción durante el gobierno kirchnerista. Ahora se suma su flota de maquinaria y vehículos, una de las más grandes de la Argentina: 986 unidades que pertenecen a Austral Construcciones están por ser entregadas a Vialidad Nacional para que las use en las obras que encare mientras dure el proceso judicial. Así lo confirmó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Entre esas 986 unidades se encuentran 141 camionetas, una tuneladora, 236 camiones, 88 motoniveladoras, 71 vibrocompactadores lisos, 56 rodillos neumáticos y 43 retroexcavadoras, entre otro tipo de maquinaria utilizada para la construcción de autopistas, pavimentaciones, bacheos y el mantenimiento de rutas. La mayor parte de la maquinaria se encuentra en un predio sobre la ruta 3 en el ingreso principal a la ciudad de Río Gallegos, en la sede operativa de Austral Construcciones.

Todo empezó en agosto pasado, cuando el Ministerio de Transporte, a través de Vialidad Nacional, pidió la guarda judicial de la maquinaria de Austral Construcciones.

Según las constancias del expediente, todo ese herramental vial estaba en desuso desde noviembre de 2015, cuando la empresa de Báez dejo de funcionar y presentó un procedimiento de crisis para poder despedir trabajadores.

Vialidad se presentó ante la Justicia y alegó que la paralización de todas las obras por parte de Austral Construcciones había generado un perjuicio al organismo. Luego de un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, el juez Sebastián Casanello le otorgó provisoriamente todo el equipamiento a Vialidad.

Un total de 43 retroexcavadoras y 236 camiones están arrumbados en el playón de la empresa. Foto: Horacio Córdoba

Austral Construcciones no se quedó quieta. Apeló la medida de Casanello y ahora las partes esperan la decisión de la cámara. En Vialidad son optimistas y creen que finalmente saldrá como ellos pidieron. De acuerdo con sus tiempos, cuando efectivamente sean entregados al organismo, el proceso de sacar los vehículos de los lugares donde están llevará 60 días.

De acuerdo con una auditoría, de las 986 unidades 459 se encuentran en buen estado de conservación, 206 están en condiciones regulares y 321, en mal estado. Gran parte de esta maquinaria sufre un considerable deterioro cuando no se utiliza, de ahí que Vialidad pidiera que se la entreguen.

Además de miles de metros cuadrados y cientos de propiedades, Lázaro Báez llegó a poseer casi 1000 vehículos a su nombre y el de sus empresas constructoras. Desde maquinaria de la construcción, autos y camionetas hasta coches de lujo y de colección. El empresario detenido desde hace un año en Ezeiza acopió vehículos sin parar. El 98% de ellos estaban registrados a nombre de la hoy investigada e intervenida Austral Construcciones SA.

Así se desprende de los informes de dominios de tipo nominal correspondientes a las constructoras Austral Construcciones SA, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, generados por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y solicitados y publicados por LA NACION en 2013. En ese momento, la cifra exacta era de 910 vehículos. Sin embargo, el propio Báez había afirmado luego de la publicación que el número era superior.

De los seis informes nominales analizados no surge información del costo de los rodados, pero en los balances de la empresa Austral Construcciones a los que accedió LA NACION se encuentran algunas curiosidades. En el balance de 2008, la empresa informó que tenía un capital de $ 34,8 millones en camiones, otros $ 21,3 millones en autos y camionetas y $ 94,2 millones en máquinas y equipos. Pero el gasto en combustibles y lubricantes, aun con toda esa flota, fue de "cero pesos".

En el balance de 2009, informó que tenía $ 35 millones en camiones, pero sólo $ 8,4 millones en autos y camionetas y $ 17,4 millones en máquinas y equipos. Pero esta vez sí tuvieron gastos, dado que se incluyeron $ 6,1 millones en combustibles y lubricantes.

Sin embargo, en los balances de 2010 y 2011 no aparece detalle de vehículos. Si se coteja esa información con los datos arrojados por los informes de dominios, surge que por lo menos 159 autos fueron registrados a nombre de Austral Construcciones SA en ese mismo lapso.

Diez años después, usarán la plata de la valija de Antonini para construir dos centros para niños

Por Claudio Savoia - Clarin.com

Un juez le pidió al Jefe de Gabinete que le diera un destino social a los casi 800 mil dólares descubiertos en una valija en Aeroparque. La ministra Stanley eligió el proyecto.

Septiembre de 2008: Guido Antonini Wilson en Miami, antes de una audiencia judicial pocas semanas después del secuestro en Aeroparque de una valija atribuida a él con casi 900 mil dólares.

Fue una madrugada fría y brumosa de agosto, hace casi diez años: recién aterrizado en Aeroparque, a uno de los pasajeros de un jet privado fletado por la empresa estatal Enarsa desde Caracas la Policía de Seguridad Aeroportuaria le encontró en su valija 790.550 dólares. ¿Su nombre? Guido Antonini Wilson, un ignoto empresario venezolano que viajaba en ese vuelo junto al presidente de la petrolera creada por el kirchnerismo, Exequiel Espinoza; al titular del ente controlador de los peajes y hombre de absoluta confianza de Néstor Kirchner y Julio De Vido, Claudio Uberti; y a directivos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

El escándalo por el portentoso hallazgo fue gigantesco. Empañó la campaña presidencial de Cristina Kirchner -a la que estaban destinados los dólares voladores, según declaró después Antonini Wilson- y causó un incidente diplomático con Estados Unidos, cuando la flamante presidenta acusó a Washington de proteger al supuesto dueño de aquella valija, a quien nadie había molestado en Buenos Aires ni impedido su sigilosa partida a Uruguay dos días después del episodio en Aeroparque.

Como en otras tantas causas de corrupción, el fuego de aquel incendio fue apagándose con el tiempo, mientras el dinero secuestrado a Antonini como prueba de un supuesto contrabando se mantenía bajo una burocrática guarda judicial. Hasta ahora: en septiembre del año pasado, el titular del juzgado en lo Penal Económico 2, Pablo Yadarola -que tiene la causa que involucra a Antonini Wilson-, ordenó el decomiso definitivo de la fortuna incautada hace una década y le pidió al Jefe de Gabinete Marcos Peña que estableciera “cuál sería el mejor destino en términos de utilidad pública (salud, educación, o cualquier otro)” para esa plata.

Aunque lógica y a todas luces tardía, la decisión de Yadarola no dejó de ser atrevida, ya que hasta ahora ningún juez había ordenado el decomiso de fondos en una causa sin sentencia firme. El magistrado lo convocó a Peña como "administrador general del país", según la competencia que le otorga la Constitución.

La jefatura de Gabinete inició entonces una ronda de consultas para destinar los dólares de Antonini a algún proyecto de impacto social. Entre otras ideas, se analizó utilizar la plata para la construcción de un centro para víctimas de violencia de género, pero finalmente la ministra de Desarollo Social Carolina Stanley propuso financiar la construcción de dos espacios de primera infancia en las localidades de Gran Tucumán y Tafí Viejo, de la provincia de Tucumán. "Allí se prevé la atención integral en doble jornada de más de 200 niños y niñas de 45 días a 4 años, junto con sus familias", explican a Clarín desde la Jefatura de Gabinete. "En un plazo aproximado de doce meses esperamos comprar los predios para los dos centros, adquirir los materiales para construir, contratar la mano de obra y comprar el equipamiento necesario para su funcionamiento".

El plan también contempla un convenio con la Asociación Civil Centro de Madres Cildañez, que además de participar y controlar el avance y los detalles de la obra trabajará en los centros de primera infancia cuando estén en funcionamiento.

"Además de ser el primer decomiso de dinero que vuelve al Estado, se trata de un caso emblemático que todo el mundo recuerda", dicen en las oficinas de Marcos Peña. "Estamos trabajado para lograr el recupero de activos en forma sistemática, para lo cual sería clave que el Senado apruebe el proyecto de extinción de dominio de bienes incautados en casos de corrupción, para tener más herramientas", presionan. Esa ley, que dio el primer paso en Diputados sin muchas objeciones, está paralizada en la Cámara Alta por la resistencia pertinaz de los bloques opositores.

De Venezuela a Aeroparque, y de una valija al conurbano tucumano, para atenuar las carencias de los bebés y chicos más pobres en la provincia que hace quince años le enseñó al país cómo era la cara del hambre. Puede ser el primer paso, pero si el Congreso y la Justicia no cambian, también el último.

Intervienen el Registro Civil de Cordoba tras hallar DNI truchos

Por Edgardo Litvinoff - La Voz

• Tienen el mismo número, pero distintas fotos o firmas. 
• El Ministerio de Justicia de Córdoba intervino el Registro Civil provincial.
• La Fiscalía Federal 2 imputó a 17 personas.

El Registro Provincial fue intervenido por el Ministerio de Justicia de Córdoba. (Facundo Luque / Archivo)

Es simple: si cada uno revisa su DNI observará que tiene un número, su foto, su firma y sus huellas digitales. Pero el año pasado, el Registro Nacional de las Personas –que centraliza los datos de cada habitante del país– detectó DNI y pasaportes con igual número, pero con distintas fotos o bien distintas firmas. Al parecer, la forma de confección de estos documentos fue tomar un trámite normal de cualquier ciudadano y cruzarlo con la foto y/o la firma de otro.

Estos casos de usurpación de identidad, según la auditoría del Registro Nacional, no se podrían haber hecho sin la connivencia de un oficial público. Se trata de nueve casos detectados en el Registro Provincial, pero también algunos en dependencias de la Municipalidad de Córdoba.

Todavía no se sabe para qué se podrían haber usado las identificaciones truchas, pero las sospechas son múltiples: desde prófugos que necesitan hacer trámites sin ser detectados hasta personas que querrían entrar a una cancha de fútbol, pese a estar inhibidos para hacerlo.

El sistema nacional es el que cuenta con el software que detecta y alerta sobre estos casos. Apenas realizada la auditoría, la dependencia nacional realizó la denuncia en la Justicia federal y remitió el caso a Córdoba.

El Ministerio de Justicia local, a cargo de Luis Angulo, inició una investigación administrativa que derivó, ayer, en la intervención del organismo de la calle Caseros, en la capital provincial. También decidió trasladar a esos 11 empleados a otras reparticiones. La interventora será Laura Echenique, la secretaria de Justicia del Ministerio.

“El ministro decidió intervenir inmediatamente y separar a los empleados”, dijo Echenique, y señaló que hay motivos suficientes para ello, pese a que debe respetarse la presunción de inocencia hasta tanto se esclarezca la situación.

Uno de los hechos que más llama la atención de los investigadores es que, aunque el sistema emitía un alerta por “Fotografía no aprobada”, los empleados igual continuaban con el trámite que derivaba en ese DNI o pasaporte truchos.

La auditoría del Registro Nacional también detectó estas maniobras en registros de Wilde y Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires.

En la Justicia

La causa judicial recayó en noviembre en la Fiscalía Federal 2, a cargo de Gustavo Vidal Lascano, quien al cabo de estos meses de investigación imputó a 17 personas: la mayoría son empleados del Registro Civil de Córdoba, pero incluyó también a los beneficiarios de esos documentos. La Provincia también se constituyó en querellante.

Tanto el fiscal como los funcionarios del Ministerio de Justicia de Córdoba coinciden en que el sistema informático es muy bueno, y en que, si bien no cierran la puerta a ninguna posibilidad, es muy difícil que se trate de un error de ese tipo. “Nos asesoramos muy bien y es casi imposible hackear el sistema; es infranqueable. Por eso tomamos esta decisión. La maniobra es curiosa por lo elemental y lo simple: uno se saca la foto y otro firma”, explicó Vidal Lascano.

De ahí la sospecha que recae sobre los empleados del Registro.

¿Advertidos?

Hay otro elemento que llama la atención de los investigadores. En diciembre se realizó un operativo para seguir a las personas que habían comenzado a realizar uno de estos trámites en el Registro Civil provincial. Era para sacar un pasaporte, que ya tenía otra versión de ese mismo documento. Pero llegaron el día y la hora establecidos para el turno, y esa persona no apareció. 

Tanto desde la Justicia como desde la Provincia creen que la situación es muy grave, debido a la inseguridad jurídica que podría provocar este tipo de “falla” o “trampa”, según lo que finalmente se determine. De cualquier manera, es un llamado de atención a la vulnerabilidad del sistema, que podría abrir la puerta a graves irregularidades y/o delitos.

En la Municipalidad

Sin imputados. El director del Registro Civil del municipio de Córdoba, Lucas Samame, dijo que la fiscalía lo llamó para explicar cómo funciona el sistema, señaló que si hay irregularidades se suele hacer la denuncia, y dijo no tener detalles de este caso. De todos modos, no hay municipales entre los imputados.

Detectaron más inmuebles que los Kirchner ocultaron

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

La AFIP ubicó otra propiedad de la firma y departamentos que no fueron informados.

Durante años, los Kirchner ganaron millones por el alquiler de sus inmuebles a tres inquilinos: Lázaro Báez, Cristóbal López y una ignota sociedad anónima que no registró actividad y fue declarada inactiva. Así surge de un informe que la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) envió a la Justicia sobre la sociedad Los Sauces y en el que alertó algo más: la ex familia presidencial es dueña de por lo menos otro inmueble en Río Gallegos sobre el que jamás informó al organismo y, por lo tanto, evadió impuestos.

"Efectuadas las consultas informáticas obrantes en el organismo no se observa la exteriorización del citado bien en las declaraciones juradas [del] impuesto a las ganancias", alertaron los investigadores de la AFIP, que accedieron a la escritura de compraventa de 2010 y a los datos de la parcela, y corroboraron que desde entonces "no se ha incorporado al activo (declarado al fisco) de la sociedad" Los Sauces y que por ende no tributó lo correspondiente.

Los sabuesos fueron más lejos. Cruzaron los registros que la Justicia obtuvo durante los allanamientos con los datos de la AFIP y detectaron que los Kirchner informaron nueve inmuebles para alquilar, pero que (además del que hasta ahora no había sido informado), otros dos abarcan en realidad cuatro departamentos cada uno. Así, los nueve inmuebles originales serían, en realidad, 16 propiedades en total.

Los técnicos de la AFIP detallaron que el inmueble sin declarar al fisco a nombre de Los Sauces SA queda en el número 66 de la calle 25 de Mayo de Río Gallegos y los Kirchner se lo compraron a Austral Construcciones, de Lázaro Báez.

Investigado como presunto testaferro de los Kirchner, Báez aparece una y otra vez en el informe de la AFIP sobre Los Sauces, la sociedad que el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo investigan, ante la sospecha de que sirvió para canalizar coimas, lavar dinero sucio y diversos negocios incompatibles con la función pública.

Por lo pronto, el informe expuso que Los Sauces facturó más de $ 22,2 millones entre 2009 y 2014 si se cuenta sólo a sus tres inquilinos más sustanciosos: Báez (que desembolsó $ 5,8 millones más IVA a través de sus constructoras Loscalzo y del Curto, y Kank y Costilla), Cristóbal López (que pagó $ 14,3 millones, más IVA, por medio de Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia), y la firma Solvencia Crediticia SA (más de $ 1,8 millón, más IVA; es decir, unos $ 2,2 millones), a pesar de que no registraba movimientos, según el Banco Central (BCRA), ni presentaba balances, por lo que la Inspección General de Justicia (IGJ) la declaró inactiva.

A esas primeras cifras, sin embargo, debe sumarse la facturación de 2015 y 2016. Registró otros $ 8,8 millones de López (también vía Alcalis e Inversora M&S, la firma que canalizó los $ 8000 millones que le adeuda a la AFIP), pero sólo $ 631.766,97 de Báez (con Kank y Costilla, y Austral Construcciones), justo cuando el ex empleado del Banco de Santa Cruz ya afrontaba múltiples problemas.

Así, entre 2009 y 2016, los ingresos de Los Sauces superaron un total de $ 31,6 millones, de los que López abonó el 73% ($ 23,1 millones) y Báez otro 20,2% ($ 6,4 millones), en línea con lo que expuso el peritaje contable que también requirió Bonadio y trascendió a mediados de enero. Pero con una diferencia: mientras los peritos basaron su análisis en los registros contables que se llevó la Justicia de varios allanamientos, los sabuesos cruzaron y cotejaron esos registros con los datos disponibles en las bases de la AFIP, sujetas al secreto fiscal.

Problemas de fechas

En esa línea, a la hora de repasar los inmuebles que integran el acervo de Los Sauces, los sabuesos detallaron que la sociedad sólo declaró ante la AFIP nueve inmuebles: tres en la ciudad de Buenos Aires, otros tres en Río Gallegos,dos en El Calafate y el restante el El Chaltén, provincia de Santa Cruz.

Sin embargo, los técnicos detectaron inconsistencias. Así, dos de los "inmuebles" en Río Gallegos corresponden a lotes donde los Kirchner son dueños de cuatro departamentos en cada uno. Es decir, ocho en total. Los Kirchner pusieron el lote, Báez construyó los edificios y se repartieron luego por mitades los departamentos, aunque después Báez se los alquiló a Kirchner.

El tercer inmueble en la capital santacruceña, en tanto, es la casa de la calle Mascarello 441 que la Justicia investiga por sospechas de lavado. ¿Por qué? Porque en octubre de 2011 esa propiedad la compró un socio de los Kirchner, Osvaldo Sanfelice, a través de la firma Negocios Patagónicos por $ 200.000, pero se la vendió a Los Sauces once meses después y seis veces más cara.

Al revisar toda la documentación, no obstante, la AFIP detectó una incongruencia temporal: "Los Sauces SA exteriorizó la incorporación a su patrimonio de dicha propiedad en el mes de agosto/2010 para el impuesto a las Ganancias". Es decir, abundó, "fecha anterior a las consignadas en las escrituras traslativas de dominio de las operaciones de compra y venta realizadas por Negocios Patagónicos".

Facturación bajo la lupa

Allí no se acabarían las inconsistencias en los registros de Los Sauces. ¿El primer dato llamativo? Desde 2006 jamás repartieron dividendos. Sólo "honorarios", "asignados íntegramente a Máximo Kirchner", por $ 1,1 millones.

Por el contrario, todos los miembros de la familia Kirchner -Néstor, Cristina, Máximo y Florencia- declararon haber hecho aportes para capitalizar la sociedad, aunque con el paso de los años esos fondos quedaron muy por debajo de lo que retiraron mediante "cuentas particulares de socios", lo que permite consignar esos retiros como préstamos, en vez de como ganancias.

Para Silvina Martínez, abogada de la diputada Margarita Stolbizer quien radicó la denuncia con la que comenzó la investigación sobre Los Sauces, sería una forma de entorpecer el seguimiento de la riqueza familiar. "Mediante artilugios de contabilidad ilegal", explicó, "los Kirchner lograron adquirir inmuebles utilizando una sociedad pantalla y a su vez retirar sumas millonarias de esa firma sin que se notara un incremento de su patrimonio".

¿Cómo fue en la práctica, según el informe de la AFIP? Los Kirchner dijeron que aportaron $ 11,6 millones a Los Sauces, pero se llevaron más de $ 17,3 millones -sin contar 2016-, muy por encima de las ganancias de la sociedad y sin recurrir al reparto de dividendos, como impone la ley.

La justicia investiga el incendio en la Linea Roca en Constitución

(Rieles.com) - El siniestro intencional se produjo en la noche del lunes

Un grupo de personas prendió fuego dos asientos de una formación de la línea General Roca que provenía de Berazategui. El atentado se produjo en la estación Constitución durante la noche del lunes por motivos que los investigadores tratan de descifrar.

El incendio comenzó minutos después de las 22, cuando la gente que había viajado en el último tren, ya se había bajado. El humo que comenzó a salir de uno de los vagones alarmó a los pocos presentes en la estación.

El hecho fue registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo ubicado en el hall central de la estación, cuyo personal dio aviso a las fuerzas de seguridad que intervino inmediatamente.

Para prender fuego los asientos se utilizó un dispositivo casero fabricado con combustible, aerosoles, fósforos y sahumerios.

La Policía Federal de la División Roca actuó de oficio. Los bomberos que llegaron rápidamente al lugar lograron apagar el incendio en pocos minutos. La investigación quedó a cargo de juez federal Ariel Lijo.

Fuente y fotografía: Infobae

Denuncian a la fundación del Argerich por el manejo de una playa de autos

Por Pablo Tomino - LA NACION

El Gobierno acusa a la ONG, que explotaba el estacionamiento con fines benéficos, de no hacer aportes al hospital de La Boca desde 2009. 

Era un estacionamiento de autos que funcionaba a beneficio del hospital Argerich, en la zona de Puerto Madero . Sin embargo, la Justicia investiga si detrás de esa actividad hubo un presunto fraude y un negocio irregular que facturaba cerca de $ 600.000 por mes.

El interventor de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (Agpse), Gonzalo Mórtola, que asumió su cargo el año pasado, con el macrismo, denunció penalmente a los responsables de la Fundación Hospital Argerich por la presunta explotación irregular de esa playa con capacidad para 250 vehículos, en la avenida Antártida Argentina, entre las instalaciones de la empresa Buquebus y el Hotel de los Inmigrantes, donde amarra la Fragata Libertad. Allí se cobraba una tarifa plana de $ 120, cuyo ticket decía: "Fundación Hospital Argerich", y habitualmente estaba colmada los días hábiles.

Lo recaudado debía ser destinado al centro de salud de La Boca, pero, según explicó a LA NACION el director del Argerich, Néstor Hernández, "desde 2009 hasta hoy no hubo ningún tipo de aportes de la fundación hacia la institución. Me preocupa que unos vivos usen nuestro nombre".

La fundación está presidida por el médico Donato Spaccavento, ex director del Argerich y cercano al matrimonio Kirchner, que al ser consultado por LA NACION negó que el estacionamiento significara "un negocio", y explicó que "pagábamos un canon mensual de $ 88.000 por mes para desarrollar esta actividad, y apenas alcanzaba para pagar el sueldo de cuatro empleados que había en el lugar. Hasta puse plata de mi bolsillo. En realidad, nosotros los denunciamos a ellos [en relación con la Agpse] ya que no quieren hacerse cargo de la gente que se queda sin trabajo. Hicimos un montón de cosas, no sólo en el Argerich, sino también por la comunidad".

De acuerdo con la denuncia penal presentada por Mórtola en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo de Sebastián Casanello, y a la que tuvo acceso LA NACION, la Agpse alertó sobre una "posible comisión delictiva por parte de las autoridades de la Fundación Argerich que consistía en la administración infiel, del estacionamiento otorgado de manera provisoria entre los años 2003 y 2008, y de manera definitiva entre el año 2008 y 2016 con el fin único e irrevocable de generar recursos monetarios genuinos tendientes a colaborar con las arcas del Argerich, ya sea a través de la dirección del centro de salud mencionado, así como también de su Asociación Cooperadora". Según indicó Hernández, director del Argerich, tras un requerimiento por escrito, tampoco la cooperadora recibió estos aportes.

La playa de Puerto Madero, que sí pagaba un canon para funcionar, era muy concurrida. Tenía una tarifa plana, más baja que los garajes comerciales de la zona, que facturan hasta cuatro veces más. "A primera hora de la mañana, después de atravesar la ciudad de norte a sur para llegar al microcentro, se formaban largas filas de vehículos sobre la avenida Antártida Argentina. En la puerta, un precario cartel de chapa pintado de blanco anunciaba la tarifa salvadora, ya que los garajes de la zona costaban tres veces más", contó Gastón Di Fiore, un cliente del lugar. Y agregó: "Allí, un hombre joven se encargaba de cobrar, mientras otro miraba de reojo desde un refugio y tomaba mate. Al final del día, los supuestos encargados ya no estaban para custodiar el vehículo".

Desde 2003

Surge de la denuncia presentada por el interventor del puerto de Buenos Aires que el otorgamiento de este estacionamiento se concretó el 1° de diciembre de 2003, "cuando Donato Spaccavento, en calidad de director del hospital Argerich, aceptó la propuesta que le formulara el entonces interventor de la Agpse, Luis Ángel Diez". En la denuncia, además, se especifica que en abril de 2004 "se presentó nuevamente el doctor Spaccavento, esta vez en calidad de presidente de la Fundación Hospital Argerich y solicitó se autorice a la fundación la explotación del estacionamiento argumentando que desde la mismas iban a apoyar de diferentes maneras al hospital Argerich".

Spaccavento envió información a LA NACION en la que detalló que la Fundación Hospital Argerich había tomado compromiso sociales que van "más allá del hospital", y tanto en 2014 como en 2015 llevaron adelante cursos de "formación de promotores socio-sanitarios", con una carga de 60 horas anuales. También detalló donaciones que la fundación le hizo al hospital hasta 2006, como sillas, camas, colchones y computadoras, además de obras de mejoras edilicias, y un recurso de amparo que presentó el 6 de enero contra la Agpse por el cierre del predio.

En el estatuto de la fundación se destaca que es una entidad sin fines de lucro y que tiene como objetivo brindar "la ayuda moral y material necesarias para al atención sanitaria de la comunidad", además de una labor de desarrollo complementaria del hospital Argerich.

Para los funcionarios de Pro se trata de otra situación irregular impulsada por los gobernantes salientes. "Hicimos la denuncia penal porque los responsables deben pagar por esta estafa", dijo Mórtola a LA NACION. La Agpse presentó como pruebas, además, dos escritos: uno firmado por el director del hospital Argerich, Hernández, en el que detalla que la entidad no recibió donaciones desde 2009, y otra de la cooperadora del centro de salud, firmada por su presidente Carlos Milanesi, que especifica el mismo descargo. La concesión fue quitada el 3 de enero pasado.

Vialidad Nacional se queda con las máquinas de Lázaro Báez

Por Lucía Salinas - Clarin.com

Lo definió el juez Casanello. También se usarán los autos y camionetas de Austral Construcciones.

Parte de las maquinarias de Austral Construcciones en Río Gallegos. Foto Maxi Failla.

En completo desuso desde noviembre de 2015, el parque automotor de Austral Construcciones SA (ACSA), la firma insignia de Lázaro Báez, se compone de 114 camionetas y 280 máquinas para obras viales. El juez Sebastián Casanello, después de un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, otorgará provisoriamente todos los vehículos a Vialidad Nacional. "Es una medida provisoria y siempre debe resguardarse la naturaleza de los bienes", indicaron fuentes judiciales a Clarín. El organismo que dirige Javier Iguacel pidió la guarda judicial en agosto del año pasado, con el argumneto de que por las obras inconclusas de Báez sufrieron el "mayor perjuicio".

El predio de Austral Construcciones en Río Gallegos. Foto: Emmanuel Fernández.

En el inmenso predio que se encuentra sobre la Ruta 3 en el ingreso principal de Río Gallegos, se encuentra la sede operativa de Austral Construcciones. Sin actividad desde fines de 2015 y con un reducido grupo de empleados que custodian el lugar, están estacionadas 114 camionetas y 239 máquinas viales, valuadas por el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) en $ 81.551.000. Además, en varias estancias la Justicia detectó 41 máquinas pesadas más por $ 17.221.000. Así, el parque automor de la constructora tiene un valor de $ 98.772.000.

Los vehículos integran el patrimonio de Báez ( $ 2.547 millones sólo en propiedades), que es materia de disputa pero sobre todo, de investigación judicial porque se sospecha del origen de los fondos con los que el empresario K incrementó durante el kirchnerismo su fortuna: en 2013 declaró tener sólo $ 66 millones.

La Justicia busca darle un "fin social" al patrimonio embargado preventivamente. ​Algunos municipios habían solicitado parte del parque automotor de la constructora, otros organismos nacionales requirieron estancias, incluso en el Sur algunos intendentes pidieron tener la guarda de algunos inmuebles. Por primera vez se otorgará parte de esta fortuna de Báez, en carácter provisorio, y con la condición de que "no sean desnaturalizados", a Vialidad Nacional.

El juez Casanello decidió esta semana, y después de un dictamen del fiscal Marijuan, que le dará la maquinaria de Austral a Vialidad Nacional con asiento en Río Gallegos. "Es para que la preserven además de darle uso ya que mucha maquinaria se deteriora si no se activa, también se puede usar para la campaña antártica, pero todo deberá ser coordinado por Vialidad", señalaron fuentes judiciales. La notificación se realizará en los próximos días. 

Después de un relevamiento del estado de la maquinaria que realizó Vialidad, tras un pedido de Casanello, ​el Distrito 23 del organismo con sede en Santa Cruz informó que 21 máquinas ya no pueden utilizarse. "No posee batería", "No arranca el motor". "Estado deteriorado". "Problemas eléctricos". "Diferencial roto". "Problemas de carrocería". Esas son sólo algunas de las descripciones del documento.

Para evitar que la maquinaria continúe desperdiciándose, la Justicia avanzó en su otorgamiento, que tiene como condición "no modificar su naturaleza", esto es debe priorizarse la preservación pese al uso. El ente nacional señaló en su pedido la necesidad de usar las máquinas para obras inconclusas y otras tareas que se realizan en las rutas.

La medida de entregar en guarda judicial bienes de Báez, podría replicarse en otras propiedades que Lázaro Báez, preso hace diez meses, tiene en el Sur. Por ejemplo, algunos inmuebles ociosos, como unos complejos de cabañas que se encuentran en 28 de Noviembre, "que podrían destinarse, entre otras cosas, para las víctimas de trata de personas", indicaron fuentes de la causa a Clarín.

Evalúan crear tribunales para los inmigrantes que delinquen

Por Mariano Obarrio - LA NACION

La Dirección de Migraciones y el Ministerio de Justicia analizan nuevos fueros o más secretarías para acelerar los procesos.

El gobierno de Mauricio Macri analiza ahora la creación de un nuevo fuero judicial migratorio o un cambio de estructuras en el fuero contencioso administrativo federal para agilizar los tiempos de expulsión de los extranjeros que hayan cometido delitos e impedir el ingreso al país de los que tengan antecedentes penales.

Sería el próximo paso para darle operatividad al DNU 70/2017, publicado anteayer en el Boletín Oficial, que dispuso mayores controles migratorios. "Se busca cumplir con la necesidad de darle mayor operatividad al sistema y agilizar los plazos de la Justicia para aplicar las nuevas disposiciones migratorias", comentó a LA NACION el director nacional de Migraciones, Horacio García. En la actualidad, los casos de migraciones se tramitan en el fuero contencioso administrativo federal.

En ese sentido, García y el ministro de Justicia, Germán Garavano, comenzaron un análisis de "ida y vuelta" para determinar si es necesario crear un nuevo fuero o buscar otra solución, con una nueva secretaría en los juzgados contenciosos administrativos de todo el país. La solución que se adopte se replicará a todo el territorio nacional.

El DNU, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los bloques parlamentarios de la oposición, que lo ratificarían en el Congreso, se orienta a endurecer los controles migratorios, agiliza la deportación de extranjeros vinculados al delito y prohíbe el ingreso de migrantes con antecedentes penales.

El Frente Renovador, de Sergio Massa, y el jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Pichetto, e incluso sectores del kirchnerismo apoyaron la medida, aunque en algunos casos criticaron que se haya adoptado por DNU y no haya sido debatida en el Congreso.

En principio había trascendido que García, que depende del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, impulsaba la creación de un fuero judicial migratorio. Sostiene que el fuero contencioso administrativo debe atender infinidad de causas de la administración nacional y se pierde el foco en los inmigrantes implicados en causas penales, por lo que los trámites tardan años.

Pero, con el paso de las horas, se comenzó a analizar con la cartera de Justicia la posibilidad de introducir cambios en las estructuras del fuero contencioso y, así, agilizar las causas. "Podría ser con la creación de secretarías sobre Migraciones", dijo a LA NACION una alta fuente oficial. "Se buscan plazos más cortos porque esas secretarías sólo se dedicarán a esos casos", añadió. También se le pedirá una opinión a la Corte Suprema de Justicia.

El DNU de Macri reglamenta "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a los casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina" al país.

Una oficina que concentra casi 100 denuncias

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

En Vialidad funciona la Unidad de Ética y Transparencia, a cargo de las auditorías.

La gestión de Cambiemos en la Dirección de Vialidad fue una de las que más denunció la mentada "herencia recibida". Se trata de un organismo que, por sus características, tiene oficinas en los lugares más remotos del país. Y que, en los últimos años, quedó sembrado de sospechas de corrupción.

El caso más resonante fue el que involucró a Santa Cruz, por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial para favorecer a Lázaro Báez . Pero en 2016, Vialidad recibió casi 100 denuncias anónimas por presuntas maniobras espurias de funcionarios y agentes vinculados a las obras públicas viales en diferentes distritos.

En abril pasado, el Gobierno creó la Unidad de Ética y Transparencia (UET) de Vialidad. Se trata de una "oficina móvil" de la Oficina Anticorrupción (OA), integrada por cinco personas que trabajan en auditorías internas. Ese equipo, tal como reveló LA NACION, ya recibió 96 denuncias anónimas de presuntos actos de corrupción en distintos puntos del país.

Muchas denuncias fueron desestimadas, pero en 59 oportunidades se efectuaron investigaciones sobre la base de los casos reportados, que dieron lugar a sumarios internos y suspensiones de funcionarios que todavía trabajan en Vialidad, sin goce de sueldo durante el proceso de auditoría. "El espíritu es hacer las denuncias para que se investigue, sea quien sea la persona implicada", aseguraron desde la dependencia.

La provincia con más denuncias fue Santa Cruz: hubo 23 casos reportados mientras la Justicia avanza con la megacausa por el direccionamiento de la obra pública a Báez, que ya tiene 12 procesados, entre otros a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Planificación Julio De Vido. Le siguen Misiones (15 denuncias), Neuquén (12 casos), Catamarca (11) y Corrientes (10).

Además del caso por presunta documentación trucha en la provincia de Buenos Aires, la UET de Vialidad hizo otras dos denuncias penales.

Una de las causas se abrió en Comodoro Py tras detectar desvíos de fondos con las expropiaciones para la ampliación de la autopista Presidente Perón, continuación del Camino del Buen Ayre.

Según fuentes oficiales, se detectó que familias de bajos recursos que vivían en lugares a expropiar vendieron sus inmuebles a presuntos testaferros de los agentes de Vialidad. Luego eran estos nuevos propietarios los que recibían las indemnizaciones millonarias del Estado. El juez Rodolfo Canicoba Corral investiga el caso.

Otra de las denuncias de la UET fue por una obra en Formosa donde descubrieron pagos millonarios por trabajos no realizados. Los responsables fueron denunciados por negociaciones incompatibles y falsedad ideológica en certificados de obra en un caso que lleva el juez Marcelo Martínez Di Giorgi.

El Gobierno tiene pensado replicar la experiencia de la UET de Vialidad en otras dependencias. Según manifestaron fuentes de la Oficina Anticorrupción a LA NACION, se iniciaron conversaciones con varias agencias del Gobierno, como la Aduana, el Senasa y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), donde hay sospechas de irregularidades. 

"Este tipo de asesoramiento es la mejor forma de prevenir la corrupción y atacarla desde adentro", dijo la titular de la OA, Laura Alonso.

Investigan delitos en licitaciones viales en la provincia

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

La Justicia identificó graves anomalías en decenas de contrataciones durante el último tramo del kirchnerismo.

Obras realizadas en el puente Avellaneda, bajo sospecha. Foto: Archivo.

El dueño de un galpón de materiales de construcción de Lomas del Mirador recibió una llamada desde las oficinas de la Dirección de Vialidad Nacional. Lo contactaron auditores para consultarlo por una vieja licitación. La comunicación lo descolocó. Su empresa jamás había participado de una contratación pública. Más tarde lo sorprendió ver documentación con su firma y el sello de su compañía. Todo era falso.

El empresario no fue el único sumido en el asombro. Por lo menos otros 10 hombres de negocios se enteraron de que sus firmas figuraron en licitaciones en las que no habían participado y que se habrían falsificado documentos para simular compulsas de precios que no existieron.

Esta y otras presuntas maniobras forman parte de una reciente causa penal, a raíz de una denuncia de Vialidad Nacional, que alertó sobre irregularidades en la obra pública del distrito de Buenos Aires durante los últimos años del kirchnerismo.

La Justicia pondrá así la lupa sobre las contrataciones que realizó la delegación del organismo nacional en la provincia. La causa recayó en la fiscalía de Paloma Ochoa, que impulsó la investigación, y en el juzgado de Daniel Rafecas, que prepara las primeras medidas de prueba para cuando termine la feria judicial.

Según pudo conocer LA NACION de fuentes judiciales, en la causa se denuncian presuntas licitaciones orquestadas para simular una aparente competencia entre proveedores, firmas y sellos truchos y la falsificación de pagarés. También se investiga si unos pocos empresarios obtuvieron la mayoría de los contratos sospechados.

La denuncia de Vialidad se originó tras una auditoría interna realizada durante 2016 sobre el Distrito N° 1 (Buenos Aires). El trabajo fue elaborado por personal de legales y por la Unidad de Ética y Transparencia (UET), una "oficina móvil" de la Oficina Anticorrupción en esa dependencia, que recibió al menos 100 denuncias anónimas.

La fiscal Ochoa, de turno durante la feria, pidió impulsar el caso y requirió que el titular de Vialidad, Javier Iguacel, ratifique su denuncia. También que presente más documentación, dado que la actual gestión cuenta con papeles que serán clave para la investigación. El juez Rafecas, que tiene delegado el expediente, prepara las primeras medidas de prueba para el regreso de la actividad judicial habitual, el próximo miércoles.

El informe al que accedió LA NACION alertó que existen elementos para sospechar que agentes viales "montaron una estructura ilícita para adjudicar contratos a proveedores predeterminados o, al menos, simular competencia en compras que, a la postre, ganaron sistemáticamente proveedores habituales de la provincia de Buenos Aires".

La auditoría exhibe una toma de veinte contrataciones públicas que exhiben falsificación de documentos y la confección de sellos y firmas apócrifas. Además advierte que entre los años 2013 y 2015, sobre un total de más de 500 procedimientos, sólo tres fueron mediante licitación pública, el mecanismo que garantiza la mayor publicidad y transparencia.

En tanto advirtieron una presunta concentración de proveedores. Es que el 72,6% del total de los fondos adjudicados se repartió entre 15 empresas, de las 95 firmas que alguna vez obtuvieron contratos.

Casos sospechados

Las contrataciones sospechadas son para obras y para la compra de insumos y materiales. En uno de los casos, para la adquisición de ropa de trabajo, cinco empresas presentaron presupuestos. Los auditores de Vialidad se contactaron con las firmas "perdedoras". Según consta en el expediente, el dueño de una compañía recibió fotos de la documentación y negó enfáticamente que la firma y el sello fueran suyos. Agregó que "jamás participó en una licitación con el organismo". Otro de los supuestos proveedores se llevó una sorpresa mayor: se encontró con un pagaré por $ 15.258 que -dijo- jamás había confeccionado.

En el caso de las obras de mantenimiento del puente Avellaneda, se realizó la licitación privada N° 56/2013. En aquel entonces, por ley era obligatorio llamar a licitación pública toda vez que una contratación superara los $ 800.000. Pero el llamado se hizo por $ 799.015. Cinco empresas retiraron el pliego (y firmaron una constancia), pero sólo una ofertó y se llevó el contrato. Al ser consultadas, las demás "oferentes" desconocieron la rúbrica que figuraba en la documentación y negaron haberse interesado alguna vez en esa obra.

En otras de las licitaciones privadas para la remodelación de oficinas se halló un caso burdo: uno de los que figuraba en la compulsa de precios vio que su sello, fraguado, tenía mal escrito su nombre. En lugar de "Moneto", aclaró, su apellido llevaba doble "T" (ver facsímil). Otro de los falsos proveedores aclaró que "no tiene capacidad para realizar trabajos de esa magnitud" ya que figuraba con una oferta por $ 600.000.

Una de las contrataciones fue para adquirir un dron "tipo cuadricóptero". De las empresas que concursaron, sólo una cumplía los requisitos y salió ganadora. Las otras negaron haber participado. "La firma no es nuestra, nunca retiramos el pliego", respondió una de ellas por escrito. En un caso de compra de mobiliario, uno de las empresas utilizadas de forma irregular aclaró que incluso estaba mal su razón social: no se llamaba "Muebles Caporaso", como estampó el sello trucho, sino "Establecimientos Caporaso".

Otras irregularidades

La Justicia deberá investigar si en las oficinas de Vialidad en Buenos Aires se acudió a "fraccionar" los montos de las contrataciones para eludir el proceso de licitación pública. Además, el Distrito 1° de Vialidad tampoco había comunicado sus compras a la Oficina Nacional de Contrataciones, para que difunda las convocatorias. Así, en la provincia de Buenos Aires, Vialidad se manejó "puertas adentro".

A priori, la causa señala a quince personas imputadas, entre ellas, el jefe de la División Administración del Distrito N° 1 Luis Lozano y otros cinco funcionarios que tuvieron distintos roles en las contrataciones. También otros diez empresarios beneficiados con fondos públicos, que ganaron contratos sospechados.

La Justicia deberá investigar si existieron negociaciones incompatibles y "falsedad material".

Polémica en la Justicia por el traspaso de los tribunales a la ciudad de Buenos Aires

Por María Julieta Rumi - LA NACION

La Asociación de Magistrados anticipó que se opondrá a la medida que fue acordada ayer entre la Casa Rosada y el gobierno porteño.

El ministro Garavano saluda a Rodríguez Larreta, ante la mirada del presidente Macri y del ministro Ocampo. Foto: DyN / Alberto Raggio.

El acuerdo de transferencia de una parte de los tribunales nacionales a la ciudad de Buenos Aires generó una importante polémica en el ámbito judicial. El presidente Mauricio Macri firmó ayer el convenio de traspaso con el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , y de inmediato, esa decisión fue cuestionada por la Asociación de Magistrados. La determinación de la Casa Rosada debe ser ratificada por el Congreso y aprobada luego en la Legislatura porteña. Sin embargo, la entidad que agrupa a jueces y fiscales anticipó su posición de hacer una presentación en la Justicia en caso de que el tema siga adelante.

"La Constitución no le dio a la Ciudad la facultad de tener su propia justicia, sino de ocuparse de cuestiones menores, porque no se habla de administración de justicia como en otras provincias. Nos oponemos al traspaso desde 1994. No sé qué hará el Congreso, pero si lo aprueban recurriríamos a la Justicia", dijo María Lilia Díaz Cordero, presidenta de la Asociación de Magistrados.

En cambio, el presidente del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, Enzo Pagani, tiene una visión diferente: "El artículo 129 de la Constitución estableció el carácter autónomo de la Ciudad y permitió que tuviera su propia constitución y tres poderes, si bien lo de la justicia es paulatino. Hoy la Justicia de la Ciudad sólo tiene dos fueros. Ahora se suman competencias penales, como los robos y hurtos, y la verdad es que no estamos inventando nada. Pasa en las otras provincias. No puede ser que hoy un juez de la Ciudad sea elegido por legisladores provinciales".

En tanto, el subsecretario de Justicia de la Ciudad, Jorge Enríquez, agregó que, por el llamado fallo Corrales, la Corte Suprema exhortó a las autoridades al traspaso de los tribunales ordinarios a la órbita de la Ciudad. "Es importante que la ciudad de Buenos Aires tenga una justicia cercana, con contenido oral, que privilegie a la víctima y no al expediente", indicó Enríquez.

Competencias porteñas

El ex ministro de Justicia Jorge Vanossi también se inclinó en favor de la transferencia judicial: "La ley Cafiero fue muy restrictiva al punto que hasta hace poco la policía seguía siendo la Policía Federal. Todo parece indicar que en la reforma del 94 estaba la voluntad expresa de que se ampliaran las competencias de la Ciudad".

Díaz Cordero, en cambio, afirmó que el trabajo judicial se verá afectado con el traspaso a la Ciudad: "Creo además que no es bueno para el ciudadano. Se va a ver resentida la atención: con la misma cantidad de personas se van a tener que hacer más cosas, los juzgados nacionales van a incrementar su tarea".

Más allá de la posición de esa entidad, que emitió un comunicado en rechazo al acuerdo, la transferencia de funciones judiciales también dividió las opiniones entre los funcionarios del Poder Judicial. "No se debe caer en reduccionismos a la hora de plantear este tipo de debates. El denominado traspaso comprende varios fueros y organismos, cada uno con distintas realidades y necesidades. Es evidente que el mayor o menor éxito del proceso estará en cabeza de los equipos técnicos a cargo de la planificación: si se lo ejecuta de manera eficiente y razonable, no hay razón para temer escenarios apocalípticos", dijo Ernesto Ahuad, secretario de la Justicia Nacional del Trabajo.

Por otro lado, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sebastián Picasso tuvo una visión menos optimista: "Creo que hay problemas constitucionales serios más allá de si la ciudad es provincia o no. Los jueces tiene inamovilidad y eso garantiza la independencia. Eso impediría que los transfieran a Ciudad". Otro actor que analizaba ayer la situación de la firma del convenio es el gremio de empleados judiciales, cuyo titular, Julio Piumato, aseguró: "Vamos a ver si tomamos medidas. Siempre estuvimos abiertos al diálogo, pero nunca nos convocaron".

Del editor: ¿qué significa? A diferencia de lo ocurrido con el traspaso de la Policía Federal, las objeciones judiciales pueden frenar una reforma.